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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2020-01938-00

Declaración de estado de excepción: facultades excepcionales del gobierno

Fecha
23 de noviembre de 2020
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2020-01938-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: Declarar que las Circulares No. 01-3-2020-000072 y No. 01-3-2020-000079 de 2020, cuyo asunto está referido a “Apoyos de alimentación. Plan de acción de bienestar al aprendiz en centros de formación en el marco de la contingencia COVID-19”, ambas, proferidas por el director de Formación Profesional del Servicio Nacional de Aprendizaje- SENA, se encuentran ajustadas a derecho. SEGUNDO: En firme esta decisión archívese el expediente, previas las anotaciones en el programa “SAMAI”.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2020-01938-00

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

23 de noviembre de 2020

DECLARACIÓN DE ESTADO DE EXCEPCIÓN – Facultades excepcionales del gobierno / DECLARACIÓN DE ESTADO DE EXCEPCIÓN – Reglas / DECLARACIÓN DE ESTADO DE EXCEPCIÓN – Sujetos al control político y judicial

Los denominados estados de crisis o estados de excepción, corresponden al régimen jurídico que consagra la Constitución Política para otorgarle a las autoridades administrativas, las herramientas jurídicas necesarias para enfrentar las circunstancias económicas, sociales, políticas o ambientales anormales o extraordinarias que amenacen o afecten gravemente la estabilidad institucional, la paz, el funcionamiento del Estado, a fin de conjurarlas e impedir la extensión de sus efectos, cuando no es posible afrontarlos con los instrumentos jurídicos ordinarios. (…). [F]ue necesario que el constituyente de 1991, trajera un diseño distinto que prefigurara una taxonomía de los estados de excepción, con mayores condicionamientos y controles. Así, se establecieron tres categorías de estados de anormalidad: el estado de guerra exterior (artículo 212), el estado de conmoción interior (artículo 213) y el estado de emergencia económica, social y ecológica (artículo 215). Para su puesta en marcha, el constituyente ordenó la expedición de una ley estatutaria que regulara la materia, con el fin de establecer sus límites y controles. En este orden se expidió la ley 137 de 1994, que en su artículo 2º, señaló como finalidad (i) “establecer los controles al ejercicio de las facultades excepcionales del Gobierno” y (ii) fijar “las garantías para proteger los derechos humanos de conformidad con los tratados internacionales”. Precisó la misma disposición que los hechos que autorizan el uso de las facultades excepcionales deben corresponder a “circunstancias extraordinarias hagan imposible el mantenimiento de la normalidad mediante los poderes ordinarios del Estado”. En relación con las reglas que la constitución, la ley y la jurisprudencia han señalado en relación con los estados de excepción, pueden destacarse las siguientes: (i) su declaratoria está sujeta a requisitos de forma y contenido, en tanto debe ser firmado por el presidente y sus ministros, quienes serán responsables por extralimitación o abusos en su expedición y obedecer a causas extraordinarias, imprevistas y graves; ii) los decretos legislativos que se expidan como consecuencia de su declaratoria, deben referirse a medidas estrictamente necesarias para superar la crisis, conexas y proporcionales a sus causas; (iii) durante su vigencia no pueden suspenderse los derechos ni las libertades fundamentales de las personas, consagradas en la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos y derecho internacional humanitario; (iv) su duración está definida en el tiempo, excepto el estado de guerra exterior, que se extiende mientras subsista la confrontación armada internacional; (v) las medidas deben respetar el principio de colaboración armónica entre las ramas y órganos del Estado, como el sistema de frenos y contrapesos que los gobierna; (vi) los decretos legislativos están sometidos, tanto al control político del Congreso de la República, como al judicial por parte de la Corte Constitucional, y de la jurisdicción contencioso-administrativa, que conoce del control inmediato de legalidad de los actos administrativos de carácter general que desarrollan los decretos legislativos.

DECLARACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA ECONÓMICA – Control de constitucionalidad

[L]o que interesa, para identificar el Estado de Emergencia, Económica, Social o Ecológica es la naturaleza de la causa inmediata de perturbación y la ubicación precisa de la deficiencia que impide resolver a través del régimen ordinario, el hecho o las situaciones imprevistas que inducen a la declaratoria del estado de excepción. Ahora bien, en relación con el asunto que nos convoca, se tiene que el 7 de enero de 2020 la Organización Mundial de la Salud identificó un nuevo coronavirus, denominado Sars-CoV-2 (en inglés severe acute respiratory syndrome coronavirus 2), y declaró este brote como emergencia de salud pública de importancia internacional, por lo que el 9 de marzo de 2020, esta misma organización solicitó a los países, la adopción de medidas urgentes con el objetivo de detener la transmisión y prevenir la propagación del virus y, declarando el 11 de marzo de 2020 el brote de la enfermedad COVID-19, como una pandemia global. (…). Sin embargo, a pesar de la declaratoria de emergencia sanitaria y ante el riesgo de una grave afectación de toda la población colombiana, el Gobierno Nacional, expidió el Decreto Legislativo 417 de 17 de marzo de 2020 “Por el cual se declara un Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional” con la finalidad de adoptar medidas extraordinarias dirigidas a conjurar los efectos de la crisis de la pandemia, en especial para apoyar al sector salud, y mitigar sus efectos económicos en el país. En relación con el Decreto 417 de 2020, la Corte Constitucional efectuó el control automático de constitucionalidad a través de la Sentencia C-145 de 2020, declarándolo exequible por considerar que el mismo cumplió con los presupuestos formales y materiales exigidos por la constitución política y la ley estatutaria de los estados de excepción. (…). En suma, concluye la Corte que el Gobierno nacional ejerció apropiadamente sus facultades constitucionales, pues declaró el estado de emergencia económica, social y ecológica con fundamento en: i) la grave situación de calamidad pública sanitaria, ii) su crecimiento exponencial, iii) los altos índices de mortalidad, iv) los efectos perjudiciales sobre el orden económico y social, que involucran afectaciones y amenazas intensas sobre los derechos constitucionales de los habitantes del país, y graves repercusiones sobre las finanzas del Estado, todo lo cual resulta ajustado a la realidad e impone el deber de adoptar las medidas extraordinarias necesarias para mitigar los efectos del brote del nuevo coronavirus.

CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD – Alcance / CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD – Características

[E]l control automático de constitucionalidad de los decretos legislativos que dicte el gobierno en ejercicio de las facultades extraordinarias, corresponde a la Corte Constitucional, por expresa disposición del artículo 214.6 superior. Así mismo, en virtud del artículo 20 de la Ley Estatutaria 137 de 1994 “Por la cual se reglamentan los Estados de Excepción en Colombia”, el control inmediato de legalidad sobre las medidas de carácter general dictadas por las autoridades administrativas como desarrollo de los decretos legislativos durante los Estados de Excepción, corresponde a la jurisdicción contencioso administrativa según se trate de autoridad territorial, caso en el cual su conocimiento está asignado a los tribunales administrativos, de conformidad con el artículo 151.14 del CPACA, o al Consejo de Estado, si el acto emana de una autoridad nacional, según lo dispuesto en el artículo 111.8 ejusdem. (…). Por consiguiente, la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo ha de efectuar el examen, de manera oficiosa, de todo acto administrativo, de alcance nacional, departamental o local, que desarrolle los decretos legislativos expedidos durante los estados de excepción, a efecto de verificar que tales determinaciones, adoptadas en ejercicio de la función administrativa, no desborden las finalidades y los límites establecidos por la Constitución, por la Ley y por el propio Gobierno Nacional en los decretos respectivos”. En otras palabras, se trata de un procedimiento especial regulado en ley estatutaria, de carácter excepcional y temporal, cuyo objeto recae sobre actos administrativos de carácter general, expedidos al amparo de los decretos legislativos dictados en un estado de excepción; y en el que corresponde al juez: i) analizar la existencia de relación de conexidad entre la regulación contenida en el acto objeto de control y los motivos que dieron lugar a la declaratoria de la emergencia económica, ii) determinar su conformidad con las normas superiores que le sirven de fundamento, entre otras, los mandatos constitucionales (arts. 212 a 215), la Ley Estatutaria de Estados de los Excepción, el decreto de declaratoria del estado de excepción y los decretos con carácter legislativo expedidos por el gobierno en virtud de la autorización constitucional para legislar por vía excepcional y iii) establecer si el acto está conforme con la garantía de protección de los derechos fundamentales de acuerdo con los tratados o convenios internacionales sobre derechos humanos incorporados al ordenamiento jurídico nacional. La jurisprudencia de la Sala Plena del Consejo de Estado, ha definido como características principales del control inmediato de legalidad de los actos administrativos generales proferidos al amparo de los decretos legislativos dictados durante los estados de excepción, las siguientes: (1) Es oficioso, pues en el evento de no efectuarse el envío, la autoridad judicial competente aprehenderá de oficio su conocimiento. (2) Es integral porque los actos administrativos se deben confrontar con todo el ordenamiento jurídico. (…).

En suma, el ejercicio del control integral de las medidas administrativas de carácter general que se expidan como desarrollo de los decretos legislativos durante los estados de excepción, comprende, como se indicó ut supra, la confrontación del acto: i) con las normas constitucionales que permiten la declaratoria de los estados de excepción (artículos 212 a 215 de la Constitución Política), ii) la ley estatutaria de los estados de excepción (Ley 137 de 1994), iii) los decretos legislativos expedidos por el Gobierno Nacional con ocasión de la declaratoria del estado de excepción, iv) las demás normas superiores a las que debe sujeción el acto objeto del control y v) un control de convencionalidad para determinar si la disposición que se expide dentro del marco del estado de excepción, vulnera el núcleo esencial de los derechos humanos consagrados en la CADH y en los tratados o convenios internacionales sobre derechos humanos incorporados al ordenamiento jurídico nacional. (3) Es autónomo porque la revisión del acto administrativo es posible, antes de que la Corte Constitucional se pronuncie sobre la exequibilidad del decreto declaratorio del estado de excepción y de los decretos legislativos que lo desarrollan, sin perjuicio “de que deban acatarse y respetarse los efectos del fallo de constitucionalidad respectivo si éste ya se ha proferido o en el momento en el cual se profiera, pero sin que ello suponga la existencia de prejudicialidad alguna del juicio de constitucionalidad que adelanta la Corte Constitucional en relación con el proceso que adelante el Juez Administrativo. (4) La sentencia que decide el control de legalidad hace tránsito a cosa juzgada relativa. (…). (5) Es un medio de control compatible con el contencioso objetivo de anulación y la nulidad por inconstitucionalidad. En suma, el control inmediato de legalidad definido en la Ley Estatutaria es un medio judicial con carácter excepcional y temporal que garantiza el orden jurídico en estados de anormalidad y preserva el equilibrio en el ejercicio de los poderes públicos en el estado constitucional de excepción.

CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD – Requisitos de procedibilidad

En orden a resolver si es procedente o no este medio de control, es menester verificar si se cumplen los requisitos de procedibilidad fijados en el artículo 136 del CPACA. (i) Que los actos sean dictados en ejercicio de la función administrativa. La Sala debe precisar, en primer lugar, que del contenido de las Circulares: 01-3-2020-000072 y 01-3-2020-000079 de 2020, estas constituyen actos administrativos, según la jurisprudencia más estable de la Corporación, en la medida que poseen contenido decisorio propio de los actos administrativos, es decir, constituyen órdenes que producen efectos jurídicos vinculantes y, por lo tanto, pasibles de control judicial. (…). [L]as Circulares No. 01-3-2020-000072 (1-6060) del 21 de abril de 2020 y la 01-3-2020-000079 (1-6060) del 30 de abril de 2020, constituyen actos administrativos, susceptibles de ser enjuiciados por vía del control inmediato de legalidad, en tanto imponen cargas, deberes y obligaciones a los funcionarios y aprendices del SENA atinentes a la entrega de los apoyos de alimentación para afrontar la emergencia por la COVID-19. (…). [L]as referidas medidas, corresponden al ejercicio de funciones administrativas propias del SENA, en especial las consagradas en el artículo 4, numerales 3 y 7 de la Ley 119 de1994, (…) las cuales ejerce, en el marco de su misión, prevista en el artículo 2º de dicha normativa. (…). (ii) Que el contenido del acto sea de carácter general. En cuanto al segundo de los requisitos, conviene recordar que, desde el punto de vista de su contenido, los actos administrativos se clasifican en actos administrativos generales o particulares, según que sus efectos estén dirigidos a una generalidad de personas o a un sujeto determinado o sujetos determinables. (…). En el presente asunto, las Circulares No. 01-3-2020-000072 y No. 01-3-2020-000079 de 2020, proferidas por el director de Formación Profesional del SENA, son de carácter general, impersonal o abstracto, pues si bien se observa que se dirigen a “DIRECTORES REGIONALES, SUBDIRECTORES DE CENTRO, COORDINADORES DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y COORDINADORES DEL GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN CENTROS DE FORMACIÓN”, también es lo cierto que las medidas adoptadas tienen como destinatarios a aquellos aprendices que estuvieran vinculados a la entidad al momento de la expedición de las circulares objeto de control, así como los que se llegaren a vincular con posterioridad a estas, y que puedan resultar como beneficiarios del apoyo de alimentación del Plan de Acción de Bienestar al Aprendiz de formación profesional o tecnológica del SENA, durante los meses de mayo, junio y julio de 2020, mientras permanezca la situación de aislamiento preventivo obligatorio. (…). (iii) Que el acto sea dictado por una autoridad nacional. Respecto del tercero de los requisitos, se advierte que el Servicio Nacional de Educación es un establecimiento público del orden nacional con personería jurídica, patrimonio propio e independiente, y autonomía administrativa, adscrito al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, de conformidad con el artículo 1º de la Ley 119 de 1994. Por tanto, al emanar las circulares objeto de examen, de una autoridad perteneciente al orden nacional, esta manifestación de voluntad tiene la misma jerarquía, razón por la que se encuentra cumplida dicha exigencia. (iv) Que el acto objeto de control sea proferido en desarrollo de un decreto legislativo.

Ahora bien, en punto al requisito de procedibilidad, según el cual, las medidas de carácter general adoptadas por las autoridades administrativas deben ser dictadas como “desarrollo de los decretos legislativos”, se advierte que esta expresión puede admitir dos interpretaciones a saber: a) que la locución “decreto legislativo” se refiera únicamente a los decretos consecuenciales destinados a conjurar la crisis y a impedir la extensión de sus efectos; o b) que dicha expresión cobije tanto el decreto declaratorio, que reviste al Gobierno de poderes excepcionales, como los decretos subsiguientes con los cuales se pretende reprimir el estado de anormalidad respectiva. Para la Sala, el alcance de esta expresión debe ser la segunda de las enunciadas, esto es, que la locución “decretos legislativos”, envuelve tanto el decreto declaratorio del estado de excepción como los decretos que se dictan para conjurar la crisis. (…). En el presente caso, contrario a lo afirmado por la Procuradora Delegada, las Circulares No: 01-3-2020-000072 y No: 01-3-2020-000079 de 2020 dictadas por el director de Formación Profesional del SENA son actos administrativos proferidos “como desarrollo de los decretos legislativos durante los Estados de Excepción”, en la medida que en sus consideraciones no solo se aludió al Decreto Legislativo 491 de 2020, sino que también se hizo referencia al Decreto Legislativo 417 de 2020. (…). [S]e evidencia que si bien el acto objeto de control puede tener como fundamento normativo competencias ordinarias propias de la entidad como las derivadas de la Ley 119 de 1994, el Decreto 249 de 2004, la Resolución 2203 de 2019 y el Decreto 457 de 2020 referente al aislamiento preventivo obligatorio, lo cierto es que la circunstancia que materialmente motivó a la entidad a dictar nuevas orientaciones de distribución presupuestal a los Centros de Formación Profesional del SENA, con el fin de otorgar “apoyos de alimentación” a los aprendices, tuvo su sustento principalmente en la declaratoria del estado de emergencia económica, social y ecológica en el país, acaecida por medio del Decreto Legislativo de 417 de 2020. Lo anterior, permite fijar el verdadero alcance del mecanismo de control judicial denominado “control inmediato de legalidad”, que no es otro que habilitar la revisión inmediata de la legalidad de los actos expedidos por las autoridades administrativas de los órdenes nacional, distrital, departamental y municipal, con fundamento en la declaratoria del estado de crisis correspondiente, como de los decretos consecuenciales dictados bajo su amparo, incluyendo aquellos actos administrativos expedidos en ejercicio de las competencias ordinarias pero dirigidos a conjurar la crisis e impedir la extensión de los efectos en estados de anormalidad.

CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD – Examen de competencia

En primer lugar, tenemos que las referidas circulares cumplen con los elementos formales de todo acto administrativo, que si bien, no son sustanciales, permiten su individualización, tales como: i) el encabezado: número y fecha; ii) epígrafe: resumen de las materias reguladas; iii) competencia expresa de las facultades que se ejercen; iv) el contenido de las materias reguladas u objeto de la disposición; v) vigencia, y vi) la firma de quien la suscribe (autoridad que la expide). En punto del análisis del elemento subjetivo, esto es, la competencia, se tiene que aunado a las funciones de la entidad ya expuestas según la Ley 119 de 1994, el Decreto 249 de 2004 “Por el cual se modifica la estructura del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA”, en su artículo 4, numeral 10, establece que la Dirección General del SENA tiene asignada la función de “Adoptar el Plan Nacional Integral de Bienestar de los aprendices del Sena”. (…). De acuerdo con lo anterior, claramente se advierte que el director de Formación Profesional del SENA, tiene la atribución de orientar la prestación del servicio público asignado al organismo, en cuanto a la distribución y asignación de los apoyos de sostenimiento, en este caso, de apoyos de alimentación a los aprendices del SENA, a través de las medidas adoptadas en los actos objeto de control.

CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD – Análisis de fondo / CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD – Juicio de conexidad

Para establecer si se cumple con el principio de conexidad, es necesario verificar si los actos objeto de control guardan relación directa y específica con el estado de emergencia declarado o el decreto legislativo específico que se invoca para conjurar la crisis , es decir, si las medidas adoptadas están directa y específicamente encaminadas a combatir las causas de la perturbación que dieron origen a la declaratoria del estado de emergencia económica, social y ecológica o se inscriben en el ámbito de los decretos legislativos dictados consecuencialmente para impedir la extensión de sus efectos. (…). En este orden, la Sala encuentra que los ajustes hechos a la distribución presupuestal del Plan Nacional Integral de Bienestar de los Aprendices del SENA, como medidas que contrarresten las consecuencias económicas y sociales como consecuencia de la COVID 19, en la prestación de los servicios de atención, formación y protección que tiene la entidad respecto de los aprendices del SENA guardan conexidad con las consideraciones expuestas en el Decreto 417 de 2020, bajos los títulos de “Presupuesto Fáctico”, “Presupuesto Valorativo” y “Justificación de la declaratoria del estado de excepción”, especialmente en lo relacionado con los datos y apreciaciones consignadas sobre “Aspectos económicos en el ámbito nacional y salud pública”. (…). Por tanto, las modificaciones introducidas por las circulares objeto de control se enmarcan en las circunstancias que sirvieron de justificación para que el gobierno nacional decretara dicho estado de excepción, así como en su finalidad de conjurar la crisis y evitar la extensión de sus efectos, en la medida en que procuran garantizar la alimentación en condiciones de bioseguridad para los aprendices del SENA, quienes son alumnos de la entidad, amparados en el derecho a la educación y al trabajo que les asiste, como sujetos de especial importancia y protección por parte del Estado, buscando salvaguardar su vida, salud e integridad personal. (…). A su vez, existe conexidad entre las medidas tomadas por los actos sub examine y sus consideraciones, referidas tanto a las preventivas adoptadas para mitigar el contagio por COVID-19 en el país, especialmente la emergencia sanitaria decretada por el Ministerio de Salud y protección Social, en la Resolución 385 de 2020, el aislamiento preventivo obligatorio del Decreto 457 de 2020 y la emergencia económica, social y ecológica declarada por el gobierno nacional en el Decreto Legislativo 417 de 2020. (…). [L]a Ley 119 de 1994 prevé en cuanto a las funciones y misionalidad de la entidad la prestación del servicio de educación a la población colombiana por medio de programas de formación profesional integral, en coordinación y en función de las necesidades sociales y para sectores desprotegidos de la población, objetivos que se han buscado concretar, entre otros, por medio de la expedición de la Resolución 2203 de 2019, en la que se adoptó el Plan Nacional Integral de Bienestar al Aprendiz del SENA, el cual se encuentra dirigido a los aprendices matriculados en formación laboral y formación tecnológica, de todos los niveles y jornadas, en sus diferentes modalidades: presencial, virtual o a distancia, de acuerdo a la capacidad presupuestal de cada Centro de Formación Profesional. En otras palabras, es el eje fundamental en los programas de formación profesional integral ofrecidos por el SENA, que compromete a la institución como un todo y a los Subdirectores de Centro como responsables de la implementación y ejecución del plan en los Centros de Formación Profesional.

De manera general puede decirse que el Plan Nacional de Bienestar al Aprendiz comprende tres (3) objetivos estratégicos, el primero, está orientado a implementar proyectos de acompañamiento para el desarrollo integral del aprendiz en su proceso formativo; el segundo, tiene como propósito incentivar al aprendiz en su proceso de formación profesional integral mediante la implementación de un programa de estímulos que se materializa en los objetivos operativos; y el tercero, entregar con oportunidad y calidad los servicios de bienestar al aprendiz documentando procedimientos que soporten una operación ágil y flexible. (…). En resumen, se debe señalar que los apoyos de alimentación que se autorizan son de manera extraordinaria y excepcional, para los meses de mayo, junio y julio de 2020, por un valor de $100.000, con destino a los aprendices del SENA que no perciban otro tipo de beneficio económico por parte del Estado. (…). Finalmente, debe entenderse que la mención genérica que se realiza en las circulares objeto de control al Decreto Legislativo 491 de 2020, guarda correspondencia con el artículo 3º ibidem , por cuanto se adopta el cronograma para la entrega de los apoyos de alimentación buscando que no sea de forma presencial, garantizando también el distanciamiento obligatorio entre los beneficiarios y los funcionarios de la entidad, por lo que prevalece el uso de las tecnologías de la información en el cumplimiento de las funciones, la atención y la prestación de los servicios por parte del SENA, que gira en torno al servicio público de educación que tiene a su cargo. En consecuencia, la Sala considera superada la conexidad material, con la emergencia económica, social y ecológica declarada por el gobierno nacional en el Decreto Legislativo 417 de 2020 y 491 de la misma anualidad.

CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD – Juicio de proporcionalidad

El artículo 13 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia prescribe que las medidas que se adopten en desarrollo de los estados de excepción deben ser proporcionales con la gravedad de los hechos que causaron la crisis. Así mismo, que la limitación en el ejercicio de los derechos y libertades sólo será admisible en el grado estrictamente necesario, para buscar el retorno a la normalidad. Este principio ha sido ampliamente explicado por la Corte Constitucional, como una herramienta hermenéutica integrada por tres elementos que metodológicamente, permiten explicar si una medida resulta razonable y proporcionada a saber: la idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto. (…). En este sentido, en punto a determinar la idoneidad de las medidas esto es, si son adecuadas para la obtención de los fines legítimos del Estado , se tiene que los fines perseguidos por el acto sometido a control buscan garantizar la efectividad de los derechos fundamentales de los aprendices del SENA, junto con sus respectivas familias y comunidades, garantizándoles un apoyo alimentario con el cual se mitigue y puedan superar la crisis económica y de salud por causa de la COVID 19, evitando a su vez, el contagio y la propagación de la enfermedad por coronavirus, lo cual se aviene a los postulados relacionados con la prestación eficiente, oportuna y célere de la función administrativa -Art. 209 C.P.-, el respeto al derecho a la vida y la integridad personal -Arts. 11 y 12 C.P.-, el derecho a la educación - Art 67 C.P. - y al trabajo en condiciones dignas -Art. 53 C.P.-, por lo que las medidas atienden un fin constitucionalmente legítimo. Ahora bien, corresponde enseguida determinar si las medidas adoptadas para prestar la atención a los aprendices del SENA en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, que incorporan los actos sub judice son idóneas para alcanzar dicho fin, en cuanto tengan el potencial de materializarlo; al respecto, basta señalar que las medidas se centran en redistribuir el presupuesto asignado a la entidad y que en principio se tenía destinado para actividades presenciales pero, ahora, para reforzar el sostenimiento de los aprendices en época de emergencia mediante el otorgamiento de apoyos de alimentación, por lo que se evidencia que tales medidas tienen la capacidad o aptitud, tanto en abstracto –adecuación presupuestal - como en concreto -efectividad y entrega de apoyo de alimentación- para materializar tales postulados constitucionales, brindando el apoyo institucional requerido para la protección de los derechos de sus beneficiarios. En cuanto a la necesidad, también resulta claro que del amplio catálogo de medidas que podrían adoptarse para tales efectos, estas son indispensables prima facie, de conformidad con las recomendaciones de la OMS y las autoridades sanitarias nacionales, pues incorporan en su ámbito de acción las instrucciones que permiten la entrega de los apoyos de alimentación en condiciones de bioseguridad para los aprendices del SENA para afrontar el impacto económico y de salud causado por la pandemia generada por la COVID-19, estimulando la permanencia en los procesos formativos, y así evitar la extensión de los efectos producidos por la emergencia en una posible deserción masiva de aprendices de la entidad.

Por último, en relación con la proporcionalidad en sentido estricto, se tiene también por cumplido este último requisito, toda vez que se trata de medidas que no afectan los derechos y libertades de los aprendices del SENA por el contrario les otorga un apoyo alimentario en condiciones de bioseguridad para continuar con sus procesos de formación, incluso mientras logran concretar un contrato de aprendizaje, lo que resulta ser razonable ante la gravedad cada vez mayor del daño a la salud pública y la crisis economía en general por la que atraviesa el país, con el fin de absorber las pérdidas económicas y de la fuerza laboral afectada por esta pandemia, garantizando la suficiencia y accesibilidad de los aprendices a los alimentos necesarios para su subsistencia, aspectos que se han visto afectados y diezmados como consecuencia de la rápida propagación del brote epidemiológico por COVID-19, siendo entonces las medidas que mejor logran el fin constitucional de prevenirlo, contenerlo y contrarrestar sus efectos en el marco de los servicios de atención, formación y protección que integran este programa que hace parte del plan misional de la entidad, hasta tanto se encuentre vacuna o tratamiento para menguarlo o erradicarlo definitivamente.

CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD – Juicio de igualdad y no discriminación

Este último requisito material tiene fundamento en el artículo 14 de la Ley Estatutaria de administración de justicia. Según dicha disposición, “las medidas adoptadas con ocasión de los Estados de Excepción no pueden entrañar discriminación alguna, fundada en razones de raza, lengua, religión, origen nacional o familiar, opinión política o filosófica”. Con este juicio se verifica que la medida de carácter general adoptada por la autoridad administrativa no imponga tratos diferenciados injustificados con base en otros criterios sospechosos señalados por la jurisprudencia constitucional. La Sala encuentra que este mandato tiene asidero también en el derecho fundamental a la igualdad y en el principio de no discriminación, consagrados en el artículo 13 superior, en cuanto las autoridades al expedir los actos administrativos no pueden incurrir en tratos o distinciones injustificadas, aceptando medidas de protección especial a favor de personas pertenecientes a grupos vulnerables cuando sea preciso para garantizar la igualdad material. En el asunto sub examine no se vislumbra trato diferenciado alguno entre sus destinatarios que pueda configurar una discriminación, menos aún distinciones caprichosas o arbitrarias con base en criterios o categorías sospechosas que marginen, excluyan o segreguen a algún grupo poblacional. A contrario sensu, la medida es una acción de tipo afirmativo que favorece a los aprendices del SENA que no gocen de otro tipo de beneficios económicos por parte del Estado y como se indicó, amplió el grupo de aprendices que en condiciones de normalidad no podrían ser beneficiarios, (…) a fin de brindarles la protección especial del Estado, de modo tal que se supera también este último juicio material.

NOTA DE RELATORÍA: Sobre la declaratoria de exequibilidad del Decreto 417 de 2020, ver: Corte Constitucional, sentencia C-145 de 20 de mayo de 2020, M.P. José Fernando Reyes Cuartas. Sobre los estados de excepción, ver: Corte Constitucional, sentencia C-802 de 2 de octubre de 2002, M.P. Jaime Córdoba Triviño. Sobre el control inmediato de legalidad y que constituye una limitación al poder de las autoridades administrativas, y es una medida eficaz con la cual se busca impedir la aplicación de normas ilegales, ver: Corte Constitucional, sentencia C-179 de 1994. En cuanto a las características principales del control inmediato de legalidad, consultar: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 16 de junio de 2009, C.P. Enrique Gil Botero, Rad. 11001-03-15-000-2009-00305-00(CA); sentencia de 20 de octubre de 2009, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, Rad. 11001-03-15-000-2009-00549-00 (CA). Con respecto al juicio de proporcionalidad, ver: Corte Constitucional, sentencia C-520 de 21 de septiembre 2016, M.P. María Victoria Calle. En cuanto a criterios de discriminación, ver: Corte Constitucional, sentencia C-723 de 25 de noviembre 2015, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. Sobre el alcance y la noción de acto administrativo, en lo que respecta a las instrucciones o circulares de servicio, consultar: Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión 22, sentencia de 28 de agosto de 2020, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, radicación: 11001-03-15-000-2020-01099-00. En cuanto a la clasificación de los actos administrativos, en generales o particulares, según que sus efectos estén dirigidos a una generalidad de personas o a un sujeto determinado o sujetos determinables, consultar: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”, sentencia del 4 de marzo de 2010, M.P. Alfonso Vargas Rincón, expediente 2003-00360-01(3875-03). En cuanto al principio de conexidad, para lo cual es necesario verificar si los actos objeto de control guardan relación directa y específica con el estado de emergencia declarado o el decreto legislativo específico que se invoca para conjurar la crisis, consultar: Consejo de Estado, Sección Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 24 de mayo de 2016, M.P. Guillermo Vargas Ayala, radicado 11001 03 15 0002015 02578-00.

FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 1 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 2 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 67 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 212 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 213 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 214 NUMERAL 6 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 215 / LEY 137 DE 1994 – ARTÍCULO 20 / LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 111 NUMERAL 8 / LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 136 / LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 185 / DECRETO 417 DE 2020 / LEY 1753 DE 2015 - ARTÍCULO 69 / DECRETO LEGISLATIVO 491 DE 2020 / LEY 119 DE 1994 – ARTÍCULO 2 / LEY 119 DE 1994 – ARTÍCULO 4 NUMERALES 3 Y 7 / LEY 2008 DE 2019 / DECRETO 2411 DE 2019

NORMA DEMANDADA: CIRCULAR No. 01-3-2020-000072 (1-6060) DE 2020 (21 de abril) SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE- SENA (Ajustada a derecho) / CIRCULAR No. 01-3-2020-000079 (1-6060) DE 2020 (30 de abril) SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE- SENA (Ajustada a derecho)

CONSEJO DE ESTADO

SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SALA ESPECIAL DE DECISIÓN No. 22

Consejero ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá, D.C., veintitrés (23) de noviembre de dos mil veinte (2020)

Radicación número: 11001-03-15-000-2020-01938-00 (2020-02045-00 Y 2020-03652)

Actor: DIRECTOR DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA

Demandado: CIRCULARES No. 01-3-2020-000072 Y No. 01-3-2020-000079 DE 2020

Referencia: CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD

FALLO

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 137 de 1994 y los artículos 136 y 185 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, procede la Sala Veintidós Especial de Decisión a dictar sentencia en el marco del control inmediato de legalidad respecto de las Circulares No. 01-3-2020-000072 (1-6060) del 21 de abril de 2020 cuyo asunto está referido a “Apoyos de alimentación. Plan de acción de bienestar al aprendiz en centros de formación en el marco de la contingencia COVID-19” y la 01-3-2020-000079 (1-6060) del 30 de abril de 2020, por medio de la cual se fijó el “alcance” de la anterior, ambas, proferidas por el Director de Formación Profesional del Servicio Nacional de Aprendizaje- SENA.

ANTECEDENTES

1.1. Actos sometidos a control

El Servicio Nacional de Aprendizaje- SENA en cumplimiento de lo previsto en el inciso segundo del artículo 136 del CPACA, remitió a esta Corporación, copia de las Circulares No. 01-3-2020-000072 (1-6060) del 21 de abril de 2020 y 01-3-2020-000079 (1-6060) del 30 de abril de 2020, cuyo texto es del siguiente tenor:

“CIRCULAR No: 01-3-2020-000072 21/04/2020

1-6060

Bogotá DC

PARA: DIRECTORES REGIONALES, SUBDIRECTORES DE CENTRO, COORDINADORES DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y COORDINADORES DEL GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN CENTROS DE FORMACIÓN

Asunto: Apoyos de alimentación - plan de acción de bienestar al aprendiz en centros de formación en el marco de la contingencia (sic) COVID – 19

En cumplimiento a las “medidas de urgencia para garantizar la atención y la prestación de los servicios por parte de las autoridades públicas", adoptadas hasta la fecha por el Gobierno Nacional mediante el Decreto 491 del 28 de marzo de 2020, “el aislamiento preventivo obligatorio" de todas las personas en Colombia ordenada en el Decreto 457 de 2020 y considerando que el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA debe dar cumplimiento a los requerimientos del Gobierno Nacional, así como atender a la comunidad SENA en medio de la emergencia sanitaria, se adoptan las siguientes medidas que tienen carácter temporal y extraordinario.

Como medida preventiva y excepcional, hasta que se supere la emergencia económica, social y ecológica por causa de la pandemia COVID - 19 (Coronavirus), el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, establece las siguientes orientaciones en materia de distribución del presupuesto de las actividades previstas para desarrollar el plan de acción de bienestar al aprendiz en centros de formación:

Apoyos de alimentación

Como se indica en la guía de plan de acción de bienestar al aprendiz publicada en el compromiso, Código GFPI - G - 026, el apoyo de alimentación se refiere al apoyo en especie de alimentos, que se brinda a los aprendices de formación laboral y formación tecnológica de oferta abierta en modalidad presencial. Según la misma guía el apoyo de alimentación en situaciones especiales, es aquel que se otorga a los aprendices que presentan una situación de estado de excepción, fuerza mayor, relacionadas con hechos de calamidad o desastre que demanden actuaciones inmediatas.

En el marco de esta situación excepcional y hasta que se supere la emergencia económica, social y ecológica por causa de la pandemia COVID - 19 (Coronavirus), el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA determina que podrán también ser beneficiarios de apoyo de alimentación los aprendices de etapa productiva a quienes se les ha suspendido el contrato de aprendizaje y aquellos que durante el tiempo de pandemia hayan finalizado su etapa lectiva y a la fecha de esta convocatoria no se han podido ubicar para iniciar su etapa productiva, también involucra a los aprendices de formación virtual y a distancia.

El apoyo de alimentación contemplado y aprobado mediante la presente circular, será entregado mediante bonos de cien mil pesos ($100.000) y cada aprendiz podrá recibir un bono mensual hasta por 3 meses.

Los Centros de formación serán responsables de:

Gestionar la adquisición de bonos de alimentación preferiblemente en almacenes de cadena o grandes superficies de la región, teniendo como referente la normatividad vigente para la contratación pública en especial lo contemplado en el artículo 6 y 7 del decreto 537 de abril de 2020.

Realizar la convocatoria para la asignación de los bonos de alimentación y publicar listados de priorización para la asignación y entrega de los bonos.

Generar estrategias para la entrega de los bonos de alimentación.

Tener en cuenta la circular No. 06 de la contraloría general de la república para el reporte de información de recursos destinados a atender la declaración del estado de emergencia sanitaria.

Por ningún motivo se debe realizar entrega de dinero en efectivo a los aprendices, funcionarios o contratistas (sic).

Posterior a esta convocatoria, el centro de formación de acuerdo a su disponibilidad presupuestal y a los lineamientos establecidos por la DG podrá adelantar nuevas convocatorias.

Los criterios de priorización para la entrega de bonos de alimentación son los siguientes:

PRIORIDAD DE ASIGNACIÓN
PUNTOS
Aprendiz víctima del conflicto armado (Ley HYPERLINK "http://normograma.sena.edu.co/normograma/docs/ley_1448_2011.htm%23Inicio" 1448 de 2011 - Decreto HYPERLINK "http://normograma.sena.edu.co/normograma/docs/decreto_4800_2011.htm%23Inicio" 4800 de 2011)
15
Aprendiz mujer víctima de violencia
15
Aprendiz en situación de discapacidad
15
Aprendiz embarazada o en periodo de lactancia
15
Aprendiz con nivel SISBEN 1
15
Aprendiz en etapa productiva a quien le suspendieron contrato de aprendizaje
15
Aprendiz que vive en área rural
10
Aprendiz madre cabeza de familia
10
Aprendiz que pertenece a poblaciones NARP ó comunidades indígenas
10
Aprendiz con nivel SISBEN 2
10
Aprendiz representante elegido según normatividad institucional
5
Aprendiz padre cabeza de familia
5

En todo caso los beneficiarios de bonos de alimentación no deben poseer simultáneamente, ningún tipo de beneficio por apoyos de sostenimiento, monitorias, Jóvenes en acción, contrato de aprendizaje, estrategia de producción de centros circular No. 01-3-2020-000062 o cualquier otro beneficio socioeconómico que entregue la entidad o el Estado.

Causales de terminación apoyo de alimentación

Se dejará de tener apoyo de alimentación cuando el aprendiz incurra en algunas de las siguientes situaciones:

Cuando sea sancionado por situaciones disciplinarias.

Inasistencias injustificadas al proceso de formación, acorde al procedimiento establecido en el reglamento al aprendiz.

Por interrupción del proceso formativo, de acuerdo con el reporte de SOFIA Plus.

Por estar aplazado, retiro voluntario o cancelación del proceso de formación, de acuerdo con el reporte de SOFIA Plus-.

Obtener un contrato de aprendizaje, o que cese la suspensión del mismo, un vínculo laboral o patrocinio durante el tiempo que se tenga el apoyo nutricional.

Por establecerse que ha hecho mal uso del apoyo alimenticio.

Por comprobarse que ha suministrado información falsa.

Cupos convocatoria apoyos de alimentación

Los cupos estimados para cada centro de formación se han determinado teniendo en cuenta:

Asignación realizada mediante apertura presupuestal. Es decir, con los recursos que ya tienen asignados los centros de formación y teniendo en cuenta que no se realizarán actividades presenciales que se tenían previstas, entre ellas: encuentros deportivos, de danzas, campamentos, convivencias etc. se realizará esta convocatoria. Remitirse Anexo 2

Asignación realizada mediante apertura presupuestal para monitorias. El 50% del rubro no comprometido, se destinará para financiar los bonos de alimentación de los aprendices, para lo cual el centro de formación deberá solicitar el respectivo traslado presupuestal

Para ambos casos se debe tramitar el traslado presupuestal, a través de la plantilla de modificación presupuestal, definida por el Grupo de Presupuesto de la Dirección Administrativa y Financiera.

[Firma]
Farid de Jesús Figueroa Torres
Director de Formación Profesional

Anexo Cuadro 1 - CRONOGRAMA CONVOCATORIA 01-2020 APOYOS DE ALIMENTACIÓN

ACTIVIDADES
RESPONSABLE
FECHA DE INICIO
FECHA FINALIZACIÓN
Notificación de cupos de apoyos de alimentación
Dirección de Formación Profesional
Abril 16 de 2020
Abril 16 de 2020
Publicar, divulgar y dar a conocer los términos y condiciones de la convocatoria.
Dirección General -
Dirección Regional -
Centros de Formación
Durante la vigencia de la convocatoria
Durante la vigencia de la convocatoria
Inscripción de los aprendices al correo electrónico del centro de formación
Aprendices
17 de abril de 2020
24 de abril de 2020
Generación diaria del Reporte de aprendices inscritos
Encargado de Apoyos de Sostenimiento del Centro de Formación
17 de abril de 2020
24 de abril de 2020
Publicar resultados de aprendices inscritos en el centro de formación
Encargado de Apoyos de Sostenimiento del Centro de Formación
Diariamente al finalizar el día hasta el 24 de abril por todos los medios posible
Diariamente al finalizar el día hasta el 24 de abril por todos los medios posible
Entrega de documentación soporte
Aprendices
Desde el momento de la inscripción 17 de abril de 2020
24 de abril del 2020
Calificación y Priorización de los aprendices Constitución Lista de elegibles
Equipo de bienestar al aprendiz del centro de formación, entre los que debe estar el responsable de apoyos de sostenimiento
18 de abril del 2020
28 de abril del 2020
Adjudicación de cupos de apoyo de alimentación
3 integrantes del equipo de bienestar al aprendiz del centro de formación, entre los que debe estar el responsable de apoyos de sostenimiento
28 de abril del 2020
30 de abril del 2020
Generación de resolución y Reporte de aprendices adjudicados con cupos de apoyos de alimentación, Firma y Radicación de la Resolución de adjudicación
Encargado Apoyos de
Sostenimiento del Centro de Formación
4 de mayo del 2020
5 de mayo del 2020
Divulgación de la Resolución notificación a los aprendices adjudicados, para notificación del beneficio.
Encargado Apoyos de
Sostenimiento del Centro de Formación
A partir de la fecha de la Resolución de Adjudicación

Reemplazos Convocatoria de
apoyos de alimentación
Encargado Apoyos de Sostenimiento del Centro de Formación

12 de mayo del 2020

Anexo Cuadro 2 - CUPOS Y RECURSOS POR CENTRO DE FORMACIÓN CONVOCATORIA I-
APOYOS DE ALIMENTACIÓN

Total cupos: por 3 meses (Mayo, Junio y Julio)

Dep gastoNombre unidad/sub unidadSaldo por ejecutar gastos bienestar corte a abril 13Ppto bonos de alimentación (20,5%) (ya está en centros de formación)50% del saldo por ejecutar Ppto de monitoriasPpto total máximo para apoyos de alimentación (bonos)No. de cupos totales para los 3 meses910142CENTRO DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES- LA SALADA - ANTIOQUIA664.977.041136.320.29310.553.695146.873.988489910342CENTRO PARA EL DESARROLLO AGROECOLÓGICO Y AGROINDUSTRIAL - ATLANTICO402.656.88482.544.66129.382.680111.927.341373910442CENTRO AGROEMPRESARIAL
Y MINERO-BOLIVAR217.381.64844.563.23827.551.33172.114.568240910542CENTRO INTERNACIONAL NAUTICO FLUVIAL Y PORTUARIO - BOLIVAR313.378.14064.242.51915.597.12479.839.642266911042CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACÁ231.868.23647.532.98811.216.76358.749.751195911142CENTRO MINERO- BOYACÁ453.179.40092.901.77711.776.968104.678.745348911242CENTRO PARA LA FORMACIÓN CAFETERA- CALDAS155.000.58031.775.11911.242.87443.017.992143911342CENTRO AGROPECUARIO- CAUCA137.461.92928.179.69522.295.50050.475.195168911442CENTRO BIOTECNOLÓGICO DEL CARIBE-CESAR1.245.539.276255.335.55222.838.052278.173.603927911542CENTRO AGROPECUARIO Y DE BIOTECNOLOGIA EL PORVENIR-CORDOBA361.239.30474.054.05723.478.37197.532.428325911642CENTRO DE FORMACIÓN
AGROINDUSTRIAL-HUILA809.475.750165.942.5294.430.398170.372.927567911742CENTRO AGROINDUSTRIAL DEL META1.322.063.507271.023.01916.407.364287.430.382958911842CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA- MAGDALENA1.336.097.672273.900.02330.920.474304.820.4971.016911942CENTRO DE FORMACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL Y MINERO - NORTE DE SANTANDER514.741.885105.522.0861.949.824107.471.910358912042CENTRO AGROINDUSTRIAL- QUINDIO141.336.79928.974.0442.325.60031.299.644104912142CENTRO ATENCIÓN SECTOR AGROPECUARIO-RISARALDA239.927.88549.185.21617.692.35466.877.570222912242CENTRO ATENCIÓN SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER44.459.0169.114.0983.525.07412.639.17242912342CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA-TOLIMA2.311.031.238473.761.40430.395.875504.157.2791.680912442CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA-VALLE718.999.651147.394.92826.617.656174.012.584580912542CENTRO LATINOAMERICANO
DE ESPECIES MENORES-VALLE253.580.60351.984.02437.637.39789.621.420298912642CENTRO NÁUTICO PESQUERO DE BUENAVENTURA-VALLE235.963.83648.372.5868.882.57557.255.161190912742CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL MINERO AMBIENTAL - ANTIOQUIA34.634.6727.100.1086.642.34813.742.45545920142CENTRO DE DISEÑO Y MANUFACTURA DEL CUERO - ANTIOQUIA132.570.87627.177.0307.752.66934.929.699116920242CENTRO DE FORMACIÓN EN DISEÑO, CONFECCIÓN Y MODA.-ANTIOQUIA164.145.94833.649.9194.959.00038.608.919128920342CENTRO PARA EL DESARROLLO DEL HABITAT Y LA CONSTRUCCIÓN- ANTIOQUIA309.215.91963.389.26316.024.39979.413.662264920442CENTRO DE TECNOLOGÍA DE LA MANUFACTURA AVANZADA - ANTIOQUIA363.235.79374.463.33835.225.271109.688.608365920542CENTRO TECNOLÓGICO DEL MOBILIARIO - ANTIOQUIA348.856.40471.515.56325.749.06197.264.623324920642CENTRO TEXTIL Y DE GESTIÓN INDUSTRIAL - ANTIOQUIA326.960.48467.026.89931.236.77698.263.675327920742CENTRO NACIONAL COLOMBO ALEMAN- ATLÁNTICO493.098.870101.085.26835.117.265136.202.533454920842CENTRO INDUSTRIAL Y DE AVIACIÓN-ATLÁNTICO457.533.49793.794.36737.974.272131.768.638439920942CENTRO DE TECNOLOGÍAS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y LA MADERA-BTA D.C229.102.84846.966.08416.247.53163.213.615210921042CENTRO DE ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES - BTA D.C486.905.07299.815.54027.237.996127.053.535423921142CENTRO DE GESTIÓN INDUSTRIAL -BTA D.C239.965.30449.192.88721.143.39270.336.279234921242CENTRO DE MANUFACTURA EN TEXTILES Y CUERO-BTA D C232.511.62447.664.8835.495.47753.160.359177921342CENTRO DE TECNOLOGÍAS DEL TRANSPORTE - BTA DC257.404.14852.767.85014.994.19167.762.041225921442CENTRO METALMECÁNICO- BTA D.C201.076.91241.220.7679.256.00350.476.770168921542CENTRO DE MATERIALES Y ENSAYOS-BTA D.C209.700.93142.988.69115.923.11958.911.809196921642CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA-BTA D C132.909.02427.246.3505.605.07632.851.426109921742CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA-BTA D.C224.250.03545.971.25716.625.15562.596.412208921842CENTRO PARA LA INDUSTRIA PETROQUIMICA-BOLÍVAR244.736.98050.171.08122.153.42272.324.503241921942CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL-CALDAS124.040.49925.428.302361.67425.789.97685922042CENTRO DE PROCESOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCIÓN - CALDAS117.240.67424.034.3386.432.86430.467.202101922142CENTRO DE TELEINFORMÁTICA Y PRODUCCIÓN INDUSTRIAL - CAUCA380.733.47678.050.36324.167.679102.218.041340922242CENTRO INDUSTRIAL Y DE ENERGIAS ALTERNATIVAS- GUAJIRA376.349.48877.151.6459.908.03587.059.680290922342CENTRO DE DISEÑO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA INDUSTRIAL - RISARALDA291.306.25259.717.7828.584.67068.302.452227922442CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO INTEGRALSANTANDER329.692.53267.586.96920.191.91387.778.882292922542CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA- SANTANDER135.551.05127.787.9657.719.43835.507.403118922642CENTRO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCION-TOLIMA407.713.58183.581.28429.751.006113.332.290377922742CENTRO DE ELECTRICIDAD Y AUTOMATIZACION INDUSTRIAL - CEAI-VALLE601.717.428123.352.07320.996.615144.348.687481922842CENTRO DE LA CONSTRUCCIÓN-VALLE187.984.30938.536.7839.458.60547.995.388159922942CENTRO DE DISEÑO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL- VALLE586.621.148120.257.33515.049.578135.306.913451923042CENTRO NACIONAL DE ASISTENCIA TÉCNICA A LA INDUSTRIA - ASTIN-VALLE237.693.62148.727.1924.912.08153.639.273178923142CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN Y LA INDUSTRIA - QUINDIO89.770.71518.402.9974.117.86322.520.86075923242CENTRO INDUSTRIAL Y DESARROLLO EMPRESARIAL DE SOACHA-CUNDINAMARCA461.311.68094.568.89438.302.838132.871.732442930142CENTRO DE COMERCIO- ANTIOQUIA515.146.184105.604.96843.395.126149.000.094496930242CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-ATLÁNTICO668.550.981137.052.95140.529.416177.582.367591930342CENTRO DE GESTIÓN DE MERCADOS, LOGÍSTICA Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN-BTA D.C662.828.550135.879.85318.778.654154.658.506515930442CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-BOLIVAR373.173.76576.500.62211.824.95088.325.572294930542CENTRO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL- BOYACÁ311.342.94063.825.30322.211.97586.037.277286930642CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-CALDAS181.886.87337.286.8099.218.06546.504.873155930742CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - CAUCA299.172.98761.330.46212.531.82073.862.282246930842CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-RISARALDA307.643.25263.066.86717.667.03480.733.900269930942CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURÍSTICOS - SANTANDER239.455.40049.088.35719.846.44668.934.803229931042CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-TOLIMA229.051.07246.955.47021.374.83268.330.302227931142CENTRO DE GESTIÓN TECNOLÓGICA DE SERVICIOS- VALLE608.960.980124.837.00126.606.578151.443.579504940142CENTRO DE SERVICIOS DE SALUD-ANTIOQUIA328.935.77267.431.83317.468.11484.899.947282940242CENTRO DE SERVICIOS Y
GESTIÓN EMPRESARIAL-
ANTIOQUIA596.837.878122.351.76538.478.496160.830.260536940342CENTRO DE FORMACIÓN DE TALENTO HUMANO EN SALUD-BTA D.C160.397.93132.881.5769.010.75741.892.333139940442CENTRO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA-BTA D.C749.479.616153.643.32143.794.114197.437.435658940542CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS-BTA D.C1.100.262.756225.553.86575.491.596301.045.4611.003940642CENTRO NACIONAL DE HOTELERIA, TURISMO Y ALIMENTOS-BTA D.C350.141.50071.779.00812.238.53284.017.540280950142COMPLEJO TECNOLÓGICO PARA LA GESTIÓN AGROEMPRESARIAL- ANTIOQUIA125.015.25625.628.12715.298.22940.926.356136950242COMPLEJO TECNOLÓGICO MINERO AGROEMPRESARIAL ANTIOQUIA202.745.78141.562.8857.419.83148.982.716163950342CENTRO DE LA INNOVACIÓN, LA AGROINDUSTRIA Y EL TURISMO-ANTIOQUIA389.993.28979.948.62420.417.420100.366.044334950442COMPLEJO TECNOLÓGICO AGROINDUSTRIAL, PECUARIO Y TURÍSTICO-ANTIOQUIA447.577.30091.753.34726.351.082118.104.429393950842CENTRO DE FORMACIÓN EN ACTIVIDAD FISICA Y CULTURA
• BTA D.C294.258.13260.322.91711.544.43871.867.355239950942CENTRO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL Y EMPRESARIAL- CUNDINAMARCA561.554.460115.118.66420.086.677135.205.341450

951042CENTRO AGROECOLÓGICO Y EMPRESARIAL- CUNDINAMARCA235.956.35248.371.0529.735.65658.106.708193951142CENTRO DE LA TECNOLOGÍA DEL DISEÑO Y LA PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL- CUNDINAMARCA267.277.28754.791.84421.453.95776.245.801254951242CENTRO DE BIOTECNOLOGIA AGROPECUARIA615.720.642126.222.73232.669.137158.891.869529951342CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL- CUNDINAMARCA441.374.52090.481.77743.710.279134.192.056447951442CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA- BOYACÁ115.043.19223.583.85415.940.52639.524.380131951542CENTRO PECUARIO Y AGROEMPRESARIAL-CALDAS150.653.13030.883.89214.606.47845.490.370151951642CENTRO TECNOLÓGICO DE LA AMAZONIA-CAQUETÁ333.741.80468.417.07031.991.500100.408.570334951742CENTRO PARA LA BIODIVERSIDAD Y EL TURISMO DEL AMAZONAS203.771.67341.773.19318.194.50059.967.693199951842CENTRO AGROFORESTAL Y ACUICOLA ARAPAIMA - PUTUMAYO471.082.79696.571.97320.531.500117.103.473390951942CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE388.865.23179.717.3727.804.50087.521.872291952042CENTRO AGROEMPRESARIAL- CESAR70.187.54314.388.44611.257.95825.646.40485952142CENTRO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MINERO- CESAR493.410.298101.149.11116.470.865117.619.976392952242CENTRO DE RECURSOS NATURALES, INDUSTRIA Y BIODIVERSIDAD-CHOCÓ280.925.34957.589.69719.674.88477.264.580257952342CENTRO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO DE CÓRDOBA-CÓRDOBA312.131.15363.986.8867.804.50071.791.386239952442CENTRO AGROEMPRESARIAL
Y ACUICOLA-GUAJIRA244.882.91650.200.99822.997.48873.198.486243952542CENTRO AGROEMPRESARIAL Y DESARROLLO PECUARIO DEL HUILA-HUILA87.688.13617.976.0683.600.99721.577.06471952642CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURÍSTICO DEL HUILA113.460.76023.259.45610.638.55733.898.012112952742CENTRO DE LA INDUSTRIA, LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS- HUILA365.858.17175.000.92517.806.29492.807.219309952842CENTRO DE GESTIÓN Y DESARROLLO SOSTENIBLE SURCOLOMBIANO-HUILA381.441.23078.195.4528.781.46786.976.919289952942CENTRO DE LOGÏSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURISTICA DEL MAGDALENA206.627.22542.358.58122.504.73764.863.318216953042CENTRO DE GESTIÓN Y DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DE ARAUCA234.579.04948.088.7059.341.45957.430.164191953142CENTRO DE PRODUCCIÓN Y TRANSFORMACION AGROINDUSTRIAL DE LA ORINOQUIA -VICHADA128.550.96526.352.94833.819.50060.172.448200953242CENTRO DE INDUSTRIA Y SERVICIOS DEL META280.739.46457.551.59028.674.90686.226.496287953342CENTRO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL, TURISTICO Y TECNOLÓGICO DEL GUAVIARE241.119.05849.429.40719.035.00068.464.407228953442CENTRO SUR COLOMBIANO DE LOGÍSTICA INTERNACIONAL-NARIÑO143.473.81729.412.1327.629.23437.041.366123953542CENTRO AGROINDUSTRIAL Y PESQUERO DE LA COSTA PACIFICA-NARIÑO307.139.66062.963.6307.479.28770.442.917234953642CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCIÓN LIMPIA - LOPE- NARIÑO325.633.60766.754.88926.227.37292.982.261309953742CENTRO DE LA INDUSTRIA, LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS- NORTE DE SANTANDER702.290.469143.969.54648.361.210192.330.756641953842CENTRO DE COMERCIO Y TURISMO - QUINDIO276.633.82756.709.9359.948.45766.658.392222953942CENTRO DE FORMACIÓN TURÍSTICA, GENTE DE MAR Y DE SERVICIOS -SAN ANDRES116.048.28023.789.8977.342.46431.132.361103954042CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO TECNOLÓGICO- SANTANDER135.111.93627.697.94717.460.91345.158.860150954142CENTRO AGROTURISTICO - SANTANDER300.361.23261.574.05322.699.18784.273.240280954242CENTRO DE LA INNOVACIÓN, LA TECNOLOGÏA Y LOS SERVICIOS-SUCRE277.462.27756.879.76713.130.00570.009.772233954342CENTRO DE TECNOLOGÍAS AGROINDUSTRIALES-VALLE162.481.34433.308.67613.029.70946.338.384154954442CENTRO DE BIOTECNOLOGIA INDUSTRIAL-VALLE335.353.63768.747.49616.451.67485.199.169283954542CENTRO AGROEMPRESARIAL Y TURÍSTICO DE LOS ANDESSANTANDER206.751.12242.383.98017.550.91859.934.898199954642CENTRO DE GESTIÓN AGROEMPRESARIAL DEL ORIENTE-SANTANDER176.311.93636.143.94719.849.89555.993.842186954742CENTRO AMBIENTAL Y ECOTURÍSTICO DEL NORORIENTE AMAZONICO - GUAINIA224.951.49246.115.05624.896.50071.011.556236954842CENTRO AGROPECUARIO Y DE SERVICIOS AMBIENTALES “JIRI - JIRIMO” - VAUPES82.040.89216.818.3831.720.00018.538.38361954942COMPLEJO TECNOLÓGICO, TURÍSTICO Y AGROINDUSTRIAL DEL OCCIDENTE ANTIOQUIA62.912.02812.896.9668.439.87021.336.83671Total general11741.731.360.2308.554.928.8472.201.604.72310.729.811.57535.706
“CIRCULAR No:

No: 01-3-2020-000079 30/04/2020

1-6060

Bogotá DC, Abril 30 de 2020

PARA: DIRECTORES REGIONALES, SUBDIRECTORES DE CENTRO, COORDINADORES DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y COORDINADORES DEL GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN CENTROS DE FORMACIÓN

Asunto: alcance a la circular No. 01-3-2020-000072 “Apoyos de alimentación - plan de acción de bienestar al aprendiz en centros de formación en el marco de la contingencia COVID - 19”

En línea con la circular No. 01-3-2020-000072 radicado 21/04/2020, que tiene como asunto. “Apoyos de alimentación - plan de acción de bienestar al aprendiz en centros de formación en el marco de la contingencia COVID - 19” y ante las inquietudes planteadas por algunos Subdirectores de centro y Directores regionales en la que se alerta sobre el cobro de comisiones o gastos administrativos que podrían derivar en una disminución considerable en el apoyo efectivo que reciban los aprendices beneficiarios de los bonos de alimentación, el comité directivo de la entidad ratifica que los centros de formación serán responsable de:

Gestionar la adquisición de bonos de alimentación de primera necesidad alimentaria, preferiblemente almacenes de cadena o grandes superficies de la región, teniendo como referente la normatividad vigente, dentro del estado de emergencia sanitaria decretada por la presidencia de la República, para la contratación pública en especial lo contemplado en el artículo 6 y 7 del decreto 537 de abril de 2020.

Realizar la convocatoria para la asignación de los bonos de alimentación y publicar listados de priorización para la asignación y entrega de los bonos.

Generar estrategias para la entrega de los bonos de alimentación de conformidad al Plan de bienestar del aprendiz.

Tener en cuenta la circular No. 06 de la Contraloría General de la República para el reporte de información de recursos destinados a atender la declaración del estado de emergencia sanitaria. De acuerdo a los tiempos establecidos.

Entregar un bono en físico o digital que podrán redimir en el establecimiento, almacén de cadena o grandes superficies que haya contratado el centro de formación para la compra de productos de primera necesidad.

Apoyo de alimentación adquirido mediante la plataforma de Colombia Compra Eficiente en lo concerniente a bienes y servicios de características técnicas uniformes de conformidad a lo establecido en el acuerdo marco de precios.

Y adicionalmente las Regionales y centros de formación que por razones logísticas que le impidan la asignación de los apoyos de alimentación según los ítems anteriormente establecidos, podrán adelantar consignación a una cuenta bancaria que esté a nombre del aprendiz o a la cédula directa del aprendiz mediante los canales de dispersión de recursos (giro electrónico entre otros) que establezcan los centros de formación.

En todo caso el Subdirector del centro de formación como ordenador del gasto, implementará los mecanismos de control que le permitan garantizar el buen uso de los recursos y su destinación adecuada de conformidad con la normatividad vigente. Entre otros aspectos se recomienda:

Establecer controles eficientes con el fin de garantizar que las ayudas "Bonos de Alimentación", sean invertidos por los Aprendices en las verdaderas necesidades de alimentación de los mismos, por cuanto el más alto riesgo que presenta la consignación de dineros a sus cuentas Bancarias del mecanismo establecido para tal efecto (sic).

Establecer eficientes mecanismos de control para evitar que se presenten errores de digitación, en el número de la cuenta y nombres y apellidos del Aprendiz, porque podrían presentarse situaciones que los recursos no lleguen a la cuenta o que no sean entregados por los errores mencionados.

Verificar que los Aprendices beneficiarios de estos apoyos de alimentación, no se encuentren como beneficiarios en otras bases de datos recibiendo algún otro tipo de apoyo o subsidio del Gobierno Nacional.

No se deben hacer consignaciones o prevendas alguna a funcionarios de planta y/o contratistas para ningún trámite relacionado con esta convocatoria.

Si excepcionalmente el centro de formación profesional requiere hacer modificaciones al cronograma deberá aprobar mediante acta de comité de centro el nuevo cronograma y sustentar las razones de modificación, en todo caso se debe garantizar la entrega del primer bono durante el mes de mayo.

En atención a las funciones que contempla el decreto 249 de 2004 corresponde a las Regionales “Vigilar y controlar que los Centros de Formación de su jurisdicción, cumplan con los planes y funciones”, por lo que se reitera la necesidad de establecer por parte de las Direcciones Regionales, controles selectivos a la gestión de los centros de formación en lo concerniente a la adquisición de los apoyos de alimentación, priorización y adjudicación de los cupos a los beneficiarios.

El valor del bono y demás indicaciones enviadas previamente, quedan en firme.

[Firma]
Farid de Jesús Figueroa Torres
Director de Formación Profesional”

1.2. TRÁMITE PROCESAL DEL MEDIO DE CONTROL

El conocimiento del medio de control inmediato de legalidad de la Circular No. 01-3-2020-000072 (1-6060) del 21 de abril de 2020 le correspondió al magistrado Luis Alberto Álvarez Parra, que mediante auto de 21 de mayo de 2020, avocó conocimiento por cuanto consideró que se cumplían los requisitos de procedibilidad que devienen de lo prescrito en el artículo 136 del CPACA; ordenó notificar al SENA y al Director de la Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado y ordenó correr traslado al Ministerio Público para que rindiera concepto, proveído que fue notificado el 27 de mayo del mismo año.

Por su parte, el conocimiento del medio de control inmediato de legalidad de la Circular N.º 01-3-2020-000079 (1-6060) del 30 de abril de 2020 le correspondió al Despacho de la magistrada María Adriana Marín, quien mediante auto de 26 de mayo de 2020 avocó conocimiento del control inmediato de legalidad. Sin embargo, el Ministerio Público, por medio de memorial enviado al correo electrónico de la Secretaría General de esta Corporación, el 1º de junio de 2020, solicitó remitir el proceso No. 11001-03-15-000-2020-02045-00 al identificado con el radicado No. 11001-03-15-000-2020-01938-00, MP. Luis Alberto Álvarez Parra, para que fuera estudiada su posible acumulación. En atención a lo anterior, por medio de auto de 22 de julio de 2020, se ordenó acumular los procesos, al advertir la conexidad material entre las Circulares, pues su objeto es el mismo, esto es, determinar los lineamientos por medio de los cuales se distribuye el presupuesto de las actividades previstas para desarrollar el plan de acción de bienestar al aprendiz en centros de formación profesional y se fijan los parámetros para la adjudicación de apoyos de alimentación a los aprendices del SENA, como consecuencia de la situación epidemiológica causada por la COVID- 19.
Finalmente, el Despacho del magistrado Julio Roberto Piza Rodríguez, previo a avocar conocimiento del control inmediato de legalidad de las Resoluciones No. 66-00460 del 24 de julio de 2020 “Por la cual se ordena la asignación presupuestal y desembolso para la vigencia 2020 de los aprendices adjudicados con el apoyo de alimentación en el Centro Atención Sector Agropecuario – SENA Regional Risaralda” y la No. 66-00598 del 11 de agosto de 2020 “Por la cual se ordena la cancelación de los aprendices beneficiarios con el apoyo de alimentación en el Centro Atención Sector Agropecuario – SENA Regional Risaralda”, proferidas por el Subdirector (E) del Centro Atención Sector Agropecuario Risaralda del SENA, por medio de auto de 14 de agosto de 2020, dispuso remitir el proceso para proveer sobre su posible acumulación al expediente 11001-03-15-000-2020-01938-00 acumulado, al considerar que los actos objeto de control tienen “relación directa de conexidad” con los actos objeto de debate en el proceso antes mencionado. Sin embargo, mediante auto de 14 de septiembre de 2020, se acumuló el proceso pero no se avocó conocimiento del control inmediato de legalidad respecto de dichos actos administrativos por cuanto su contenido es de carácter particular y concreto, por lo que no se enmarcan en el supuesto contenido en los artículos 20 de la Ley 137 de 1994 y 136 de la Ley 1437 de 2011.

1.3. Intervención del Servicio Nacional de Aprendizaje- SENA

El director de Formación Profesional del Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, por medio de apoderado judicial, realizó un recuento de los antecedentes administrativos que dieron origen al Plan Nacional Integral de Bienestar al Aprendiz, entre ellos, refirió: i) la Ley 119 de 1994 “Por la cual se reestructura el Servicio Nacional de Aprendizaje- SENA”, ii) el Decreto 249 de 2004 “Por el cual se modifica la estructura del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA.”, iii) el Decreto 1330 del 2019, modificatorio del Decreto 1075 de 2015 - Único del Sector Educativo, iv) la Resolución 70 de 2019 “Por la cual se reorganizan los Grupos Internos de Trabajo de la Dirección de Formación Profesional de la Dirección General del SENA, se establece su conformación, funciones y se dictan otras disposiciones”, y v) la Resolución 2203 de 2019, “Por la cual se adopta el Plan Nacional Integral de Bienestar de los aprendices del SENA”.

Señaló que el Plan Nacional Integral de Bienestar al Aprendiz, es una estrategia institucional para contribuir en la permanencia y el desempeño exitoso de los aprendices de la entidad en su proceso formativo con un enfoque territorial y diferencial, cuyo propósito es ofrecer a los aprendices matriculados “oportunidades para el fortalecimiento de su desarrollo humano integral mediante la implementación de programas, proyectos y actividades para el acompañamiento y reconocimiento de sus capacidades y talentos, que le permitan enfrentar con éxito las exigencias del mundo de la vida en el marco de la formación y su incorporación al mundo del trabajo”.

Destacó que es un plan dirigido a los aprendices matriculados en formación laboral y tecnológica, de todos los niveles y jornadas, en sus diferentes modalidades; presencial, virtual o a distancia, de acuerdo a la capacidad presupuestal de cada Centro de Formación Profesional, siendo estos últimos los encargados de incorporar las estrategias para la inclusión de aprendices pertenecientes a las comunidades minoritarias y vulnerables.

Precisó que los objetivos estratégicos del plan se contraen en ofrecer a los aprendices oportunidades para el fortalecimiento de su desarrollo humano integral. Así, dentro del objetivo estratégico 2 del plan están diseñados como objetivos operativos “3. Asignar apoyos socioeconómicos para aprendices en situación de vulnerabilidad social e inseguridad económica como medio para promover su excelencia académica y humana. (…) 5. Asignar apoyos de alimentación para aprendices.” Destacó, que dentro de los tipos de apoyo de alimentación que tiene la entidad, se incluye el de “Apoyo de alimentación en situaciones especiales: Es aquel que se otorga a los aprendices que presentan una situación de estado de excepción, fuerza mayor, relacionados con hechos de calamidad o desastre que demanden actuaciones inmediatas”.

Informó que mediante la Ley 2008 de 2019, por la cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1º de enero al 31 de diciembre de 2020, y el Decreto 2411 de 2019, “Por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2020”, se detallan las apropiaciones, se clasifican y definen los gastos de la entidad por valor de $3.873.683.972.460 los cuales están amparados así: con recursos propios la suma de $1.673.287.943.750 y con recursos de la Nación $2.200.396.028.710. Por lo anterior, manifestó que se elaboró la Resolución 10001 del 02 de enero de 2020, por la cual se distribuyó el presupuesto del SENA a 152 dependencias presupuestales para la presente vigencia fiscal.

Indicó que desde la Resolución 10001 del 2 de enero de 2020, se asignaron los recursos para ejecutar el Plan Nacional Integral de Bienestar de los Aprendices del SENA el cual se encuentra sustentado en la Resolución No. 2203 de 2019, por valor de $52.081.310.737, recursos que se asignan a los 117 Centros de Formación Profesional i) por el proyecto de inversión BPIN C-3603-1300-14 Mejoramiento del Servicio de Formación Profesional del SENA Nacional, ii) por la dependencia presupuestal interna SENA 42 "Bienestar Alumnos", y iii) por recursos de la Nación. Por tanto, manifestó que los recursos utilizados para la estrategia de apoyos de alimentación se ejecutaron correctamente.

De acuerdo con lo anterior, señaló que por medio de las circulares No: 01-3-2020-000072 y No: 01-3-2020-000079, objeto de control, “se establecieron las estrategias y directrices para otorgar en medio del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica (decretado por el Gobierno Nacional), apoyos de alimentación con el fin de contribuir en la permanencia y el desempeño exitoso de los aprendices de la Entidad en su proceso formativo”. Dichas circulares establecen: criterios para seleccionar a los aprendices, valor del apoyo, modalidad en la que pueden ser otorgados, responsabilidad de los centros de formación, criterios de priorización, cupos para la convocatoria, cronograma y recursos asignados.

En consecuencia, toda vez que las referidas circulares están soportadas en la misionalidad y en el programa interno del SENA – Bienestar al aprendiz, les anteceden las fuentes normativas citadas, la asignación y apertura presupuestal debidamente planeada desde el año 2019, esto es, al estar acorde con los lineamientos institucionales, la Ley y la Constitución Política, solicitó que “se proceda a archivar el presente Control Inmediato de Legalidad”, por encontrarse los actos objeto de control directa y específicamente encaminados a conjurar las causas de la perturbación de la implementación del Plan Nacional Integral de Bienestar al Aprendiz y entregar los beneficios alimentarios a los aprendices, estimulando la permanencia en los procesos formativos, y así evitar la extensión de los efectos producidos por el aislamiento, en una posible deserción masiva de aprendices en los procesos de formación.

Concepto del Ministerio Público

La agente del Ministerio Público rindió concepto, por medio de memorial radicado el 31 de agosto de 2020. En primera medida, advirtió que como la Circular No. 01-3-2020-000079 es un alcance de la Circular No. 01-3-2020-000072, su análisis se debe realizar en conjunto y como un solo acto, en tanto depende y es un complemento de la segunda, y como tal, su fundamento jurídico es el mismo. Así mismo, señaló que las referidas circulares son verdaderos actos administrativos, expedidos en ejercicio de la función administrativa, en atención a que modifican una situación jurídica a favor de un grupo o conjunto de personas indeterminadas, esto es, los beneficiarios del plan de acción de bienestar al aprendiz de formación profesional o tecnológica del SENA. En ese orden, son actos de carácter general y modifican una situación jurídica abstracta.

Precisó que, en las mencionadas circulares, el director de Formación Profesional del SENA establece orientaciones en materia de distribución del presupuesto de las actividades previstas para desarrollar el plan de acción de bienestar al aprendiz en centros de formación, teniendo como eje central los apoyos de alimentación, definido como un “apoyo en especie de alimentos, que se brinda a los aprendices de formación laboral y formación tecnológica de oferta abierta en modalidad presencial”. Pese a esto, señaló que el cambio que presenta la segunda circular de 30 de abril de 2020, es que, al momento de reglamentar las modalidades en que se entregarán dichos beneficios alimentarios a los aprendices, autoriza a las regionales y centros de formación para que puedan adelantar consignaciones en la cuenta bancaria que esté a nombre del aprendiz o a la cédula de éste, a efectos de garantizar que los apoyos de alimentación contemplados en la Circular No. 01-3-2020-000072, lleguen de forma efectiva al beneficiario, consignación que no había sido concebida inicialmente. En lo demás, mantuvo este auxilio en un escenario de situaciones especiales, con la ampliación del grupo de beneficiarios, el monto aprobado, las responsabilidades para su gestión en cabeza de los centros de formación, los criterios de priorización para su asignación, así como su incompatibilidad con otros beneficios socioeconómicos que entregue la entidad o el Estado, junto con las causales para su terminación.

No obstante, indicó que los actos sub examine no cumplen con el requisito formal de haber sido expedidos con fundamento o como desarrollo de un decreto legislativo. Al respecto, explicó que de una simple lectura desprevenida de la primera parte de la Circular No. 01-3-2020-000072 de 21 de abril de 2020, se indica:

“En cumplimiento a las “medidas de urgencia para garantizar la atención y la prestación de los servicios por parte de las autoridades públicas”, adoptadas hasta la fecha por el Gobierno Nacional mediante el Decreto 491 del 28 de marzo de 2020, “el aislamiento preventivo obligatorio” de todas las personas en Colombia ordenada en el Decreto 457 de 2020 y considerando que el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA debe dar cumplimiento a los requerimientos del Gobierno Nacional, así como atender a la comunidad SENA en medio de la emergencia sanitaria, se adoptan las siguientes medidas que tienen carácter temporal y extraordinario.”

De acuerdo con lo anterior, indicó que no se puede entender que las circulares objeto de control pretendan desarrollar los mandatos del Decreto Legislativo 491 de 2020, en tanto ninguno de los preceptos, tienen que ver con las modificaciones que se introdujeron en el decreto de excepción.

Al respecto, expuso que el Decreto Legislativo 491 de 2020 fue expedido por el Gobierno Nacional con la finalidad de proteger y garantizar los derechos y libertades de las personas, el funcionamiento eficiente y democrático de la administración y la observancia de los deberes del Estado y de los particulares, entre otros. Explicó que en este decreto se establecieron reglas para que todos los organismos y entidades que conforman las ramas del poder público en sus distintos órdenes, sectores y niveles, los órganos de control, los órganos autónomos e independientes del Estado, logren el cumplimiento de sus funciones, pese a las medidas sanitarias implementadas, específicamente, el aislamiento obligatorio, sin desconocer los derechos de los ciudadanos. Para tal fin, y en atención de las medidas sanitarias decretadas, y en especial al aislamiento preventivo obligatorio, dicha disposición impartió instrucciones relativas a la (i) prestación de los servicios en forma virtual y excepcionalmente en forma presencial, solo cuando ello fuera estrictamente necesario; (ii) notificación o comunicación de los actos administrativos que de estos emanen; (iii) ampliación de términos para atender las peticiones presentadas o que se encuentren en trámite; (iv) suspensión de términos de las actuaciones administrativas o jurisdiccionales en sede administrativa; (v) entre otros.

Señaló que del contenido del decreto legislativo en comento, sus mandatos giran en torno a la forma y procedimientos que se deben agotar para la prestación de los servicios y atención al ciudadano por parte de las autoridades, con el fin de hacer efectivas las medidas sanitarias tales como el distanciamiento social y el aislamiento preventivo, y en nada tienen que ver con las medidas extraordinarias a las que hacen referencia las circulares expedidas por el director de formación profesional del -SENA, por lo que advirtió que, si la Sala de Decisión decidiera analizar esas medidas extraordinarias a la luz del mencionado decreto legislativo no pasarían el examen de conexidad, necesidad y finalidad, por tanto, se impondría la declaración de ilegalidad.

En ese sentido explicó que se podría argumentar que estaríamos ante una falsa motivación en tanto la norma en que se fundamentaron los actos no fue desarrollada, lo que sería suficiente para declarar la ilegalidad por falsa motivación normativa y solicitar que se excluya del ordenamiento jurídico, teniendo en cuenta que, entre sus fundamentos normativos, se adujeron normas que no debían invocarse o que no fueron desarrolladas. No obstante, considera que la mención al Decreto 491 de 2020 debe entenderse como una simple referencia, pero que no es el fundamento normativo del acto, por lo que su simple mención no puede afectar la validez de las circulares que se pretenden analizar, pues aquella se expidió con fundamento en las facultades ordinarias del funcionario que la dictó, para lo cual, será necesario determinar si estaba facultado o no, asunto este que corresponde analizar al juez de lo contencioso solo sí, cualquier ciudadano, en ejercicio de su derecho de interponer acciones, para salvaguardar la legalidad de los actos de la administración, decide demandarlas.

Bajo ese entendido, concluyó que los actos objeto de control, son actos administrativos generales, dictados con fundamento en la función administrativa asignada al SENA, pero no desarrollan un decreto legislativo, por lo que insistió en declarar la improcedencia del medio de control toda vez que si los actos administrativos no son desarrollo de un decreto legislativo, el control inmediato de legalidad no se puede activar, no siendo posible pronunciarse sobre la validez del acto, porque ello implicaría una ampliación de la competencia del juez del control inmediato de legalidad por vía de interpretaciones que terminan desfigurando la finalidad de este mecanismo, para hacer juicios que terminarán desconociendo las facultades de regulación de la administración.

CONSIDERACIONES

2.1. COMPETENCIA

La Sala Veintidós Especial de Decisión del Consejo de Estado es competente para decidir el presente medio de control inmediato de legalidad, de conformidad con el trámite previsto en el artículo 185 del CPACA, en concordancia con los artículos 136 y 111, numeral 8º de dicha normativa y el artículo 29 del Acuerdo 80 del 12 de marzo de 2019- Reglamento interno del Consejo de Estado; y, según lo acordado por la Sala Plena, en la sesión No. 10 del 1º de abril de 2020, en la cual se adoptó la decisión de asignar a las salas especiales de decisión, la competencia para conocer y decidir los controles inmediatos de legalidad.

2.2. MEDIO DE CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD

Previo a efectuar el juicio de legalidad de las circulares No: 01-3-2020-000072 y No: 01-3-2020-000079 de 2020, proferidas por el director de Formación Profesional del SENA, la Sala hará una breve exposición acerca de tres aspectos fundamentales i) Los estados de excepción en Colombia ii) La declaratoria de emergencia económica, social y ecológica expedida a través del Decreto 417 del 17 de marzo de 2020 y iii) El alcance del control inmediato de legalidad, para luego proceder al estudio de fondo respectivo.

2.2.1. LOS ESTADOS DE EXCEPCIÓN EN COLOMBIA

Los denominados estados de crisis o estados de excepción, corresponden al régimen jurídico que consagra la Constitución Política para otorgarle a las autoridades administrativas, las herramientas jurídicas necesarias para enfrentar las circunstancias económicas, sociales, políticas o ambientales anormales o extraordinarias que amenacen o afecten gravemente la estabilidad institucional, la paz, el funcionamiento del Estado, a fin de conjurarlas e impedir la extensión de sus efectos, cuando no es posible afrontarlos con los instrumentos jurídicos ordinarios.

En la tradición jurídica nacional, tales potestades se han caracterizado por su carácter reglado, en tanto su ejercicio está sometido a un régimen de controles políticos y jurídicos con el fin evitar la ruptura del orden constitucional y el consecuente surgimiento de regímenes de facto, que amenacen los derechos y las libertades ciudadanas y atenten contra la vigencia del orden institucional.

Desde el comienzo del diseño de nuestras instituciones republicanas, se consagró el uso de “facultades extraordinarias” por parte del gobierno para enfrentar las situaciones de crisis, que en no pocas ocasiones se presentaron, como consecuencia del enfrentamiento de las distintas facciones de poder. Fue la Constitución de Cúcuta de 1821, la que inauguró este instrumento, al estatuirlo en el caso de guerra exterior (artículo 55) y conmoción interior (artículo 128); luego la Constitución Neogranadina de 1832, la desarrolló de forma más específica, dotándola de elementos propios (artículos 108-110 y 117); en tanto, la Constitución de 1843 se limitó a otorgar al ejecutivo la potestad de “reprimir” cualquier perturbación del orden público interno. Por su parte, en las Constituciones de 1853, 1858 (Confederación Granadina) y 1863 (Rionegro) no existieron instituciones de excepción, hasta que, con ocasión de la unificación de la república en la Constitución de 1886 se trajo la figura del “estado de sitio”, que fue reformulada en 1910, 1960 y 1968, en procura de racionalizar su uso.

En la segunda mitad del siglo XX, se advierte un uso permanente de esta institución, al punto que el país prácticamente se mantuvo bajo el régimen de excepción, dado que los distintos gobiernos la declararon sucesivamente. Primero, en vigencia del Frente Nacional (1958-1974), en razón del aumento de la protesta social y el surgimiento de grupos subversivos, con la cual se afrontó la denominada “violencia política”, que enfrentó a los partidos políticos Liberal y Conservador. Después, desde la ruptura del Frente Nacional y hasta la expedición de la Constitución de 1991, ante el crecimiento de la presencia guerrillera y la irrupción del narcotráfico y los grupos paramilitares, el país estuvo sistemáticamente bajo el “estado de sitio”, instrumento común de la acción gubernamental con serias repercusiones en materia de restricción de derechos y libertades públicas y ausencia de contrapesos propios del sistema democrático.

Así entonces, fue necesario que el constituyente de 1991, trajera un diseño distinto que prefigurara una taxonomía de los estados de excepción, con mayores condicionamientos y controles. De esta manera, se establecieron tres categorías de estados de anormalidad: el estado de guerra exterior (artículo 212), el estado de conmoción interior (artículo 213) y el estado de emergencia económica, social y ecológica (artículo 215).

Para su puesta en marcha, el constituyente ordenó la expedición de una ley estatutaria que regulara la materia, con el fin de establecer sus límites y controles. En este orden se expidió la ley 137 de 1994, que en su artículo 2º, señaló como finalidad (i) “establecer los controles al ejercicio de las facultades excepcionales del Gobierno” y (ii) fijar “las garantías para proteger los derechos humanos de conformidad con los tratados internacionales”. Precisó la misma disposición que los hechos que autorizan el uso de las facultades excepcionales deben corresponder a “circunstancias extraordinarias que hagan imposible el mantenimiento de la normalidad mediante los poderes ordinarios del Estado”.

En relación con las reglas que la constitución, la ley y la jurisprudencia han señalado respecto de los estados de excepción, pueden destacarse las siguientes: (i) su declaratoria está sujeta a requisitos de forma y contenido, en tanto debe ser firmado por el presidente y sus ministros, quienes serán responsables por extralimitación o abusos en su expedición y obedecer a causas extraordinarias, imprevistas y graves; ii) los decretos legislativos que se expidan como consecuencia de su declaratoria, deben referirse a medidas estrictamente necesarias para superar la crisis, conexas y proporcionales a sus causas; (iii) durante su vigencia no pueden suspenderse los derechos ni las libertades fundamentales de las personas, consagradas en la Constitución y los tratados internacionales que reconocen derechos humanos y derecho internacional humanitario; (iv) su duración está definida en el tiempo, excepto el estado de guerra exterior, que se extiende mientras subsista la confrontación armada internacional; (v) las medidas deben respetar el principio de colaboración armónica entre las ramas y órganos del Estado, como el sistema de frenos y contrapesos que los gobierna; (vi) los decretos legislativos están sometidos, tanto al control político del Congreso de la República, como al judicial por parte de la Corte Constitucional, y de la jurisdicción contencioso-administrativa, que conoce del control inmediato de legalidad de los actos administrativos de carácter general que desarrollan los decretos legislativos.

2.2.2. DECLARACIÓN DEL ESTADO DE EMERGENCIA ECONÓMICA, SOCIAL Y ECOLÓGICA ADOPTADA MEDIANTE EL DECRETO 417 del 17 DE MARZO DE 2020 POR PARTE DEL GOBIERNO NACIONAL Y SU ANÁLISIS DE CONSTITUCIONALIDAD – SENTENCIA C-145 DE 2020-

En punto a la emergencia económica, desde la reforma constitucional de 1968, el constituyente colombiano separó las nociones de “orden público político” y la de “orden público económico”, para diferenciar el estado de sitio (hoy conmoción interior) y el estado de emergencia económica. La Constitución de 1991, agregó a este último las nociones de orden social y ecológico, para identificar otros fenómenos constitutivos de alteración anormales, distintos de la alteración del orden político y la situación de guerra exterior. Así entonces, lo que interesa, para identificar el estado de emergencia económica, social o ecológica es la naturaleza de la causa inmediata de la perturbación y la ubicación precisa de la deficiencia que impide resolver a través del régimen ordinario los hechos o las situaciones imprevistas que inducen a la declaratoria del estado de excepción.

Ahora bien, en relación con el asunto que nos convoca, se tiene que el 7 de enero de 2020 la Organización Mundial de la Salud identificó un nuevo coronavirus, denominado Sars-CoV-2 (en inglés severe acute respiratory syndrome coronavirus 2), y declaró este brote como emergencia de salud pública de importancia internacional, por lo que el 9 de marzo de 2020, esta misma organización solicitó a los países, la adopción de medidas urgentes con el objetivo de detener la transmisión y prevenir la propagación del virus y, declarando el 11 de marzo de 2020 el brote de la enfermedad COVID-19, como una pandemia global.

Fue por ello que, mediante la Resolución No. 380 del 10 de marzo de 2020, el Ministerio de Salud y Protección Social adoptó, entre otras medidas sanitarias preventivas, el aislamiento y la cuarentena de las personas que habían arribado a Colombia desde la República Popular China, Francia, Italia y España. Ante la insuficiencia de las anteriores medidas, por Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, el Ministro de Salud y Protección Social, de acuerdo con lo establecido en el artículo 69 de la Ley 1753 de 2015, declaró el “estado de emergencia sanitaria” en todo el territorio nacional hasta el 30 de mayo de 2020 y, en virtud de ésta, adoptó una serie de medidas con el objeto de prevenir y controlar la propagación del COVID-19 y mitigar sus efectos.

Sin embargo, a pesar de la declaratoria de emergencia sanitaria y ante el riesgo de una grave afectación de toda la población colombiana, el Gobierno Nacional, expidió el Decreto 417 de 17 de marzo de 2020 “Por el cual se declara un Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional” con la finalidad de adoptar medidas extraordinarias dirigidas a conjurar los efectos de la crisis de la pandemia, en especial para apoyar al sector salud, y mitigar sus efectos económicos en el país.

En relación con el Decreto 417 de 2020, la Corte Constitucional efectuó el control automático de constitucionalidad a través de la Sentencia C-145 de 2020, declarándolo exequible por considerar que el mismo cumplió con los presupuestos formales y materiales exigidos por la constitución política y la ley estatutaria de los estados de excepción. En punto del juicio material del decreto, consideró que los hechos alegados para su declaratoria relacionados con la salud pública mundial por el surgimiento del virus denominado COVID-19, que se convirtió en una pandemia, obligó a tomar medidas preventivas como el aislamiento social y el confinamiento temporal obligatorio.

En este orden, la Corte verificó que esta situación ha traído como consecuencia graves afectaciones económicas y sociales, lo que obligó a buscar soluciones no solo frente a la pandemia, sino respecto de las consecuencias que se desprenden de la misma, de naturaleza económica y social. Igualmente, consideró que la situación internacional, como la caída en el precio del petróleo y la incertidumbre de los mercados, directa o indirectamente conectados con la pandemia global, impactan severamente la situación del país. Así entonces, para el alto tribunal, es evidente el impacto negativo que ha ocasionado el aumento vertiginoso de la enfermedad COVID 19, en la situación social y económica del país, lo cual ha traído graves consecuencias, como perjuicios a los comerciantes y empresarios, problemas de abastecimiento de bienes básicos, la atención menguada de los servicios públicos y el menoscabo de los habitantes del país, lo cual impone la adopción de medidas extraordinarias para enfrentar la situación de crisis producto de la pandemia y evitar su agravamiento en materia sanitaria y económica.

En suma, concluye la Corte que el Gobierno Nacional ejerció apropiadamente sus facultades constitucionales, pues declaró el estado de emergencia económica, social y ecológica con fundamento en: (i) la grave situación de calamidad pública sanitaria, (ii) su crecimiento exponencial, (iii) los altos índices de mortalidad, (iv) los efectos perjudiciales sobre el orden económico y social, que involucran afectaciones y amenazas intensas sobre los derechos constitucionales de los habitantes del país, y graves repercusiones sobre las finanzas del Estado, todo lo cual resulta ajustado a la realidad e impone el deber de adoptar las medidas extraordinarias necesarias para mitigar los efectos del brote del nuevo coronavirus.

2.2.3. ALCANCE DEL CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD

Como se explicó anteriormente, los estados de excepción, son regímenes excepcionales concebidos para situaciones de anormalidad, regidos bajo la égida del principio de legalidad que impone un sistema de facultades sujetas al ordenamiento jurídico y a los límites definidos en la constitución y la ley estatutaria de los estados de excepción. Es así como, en el estado de anormalidad institucional se deben reforzar los mecanismos de control, a fin de asegurar la vigencia del estado democrático de derecho.

En el marco del régimen de excepción, como se indicó ut supra, el control automático de constitucionalidad de los decretos legislativos que dicta el gobierno en ejercicio de las facultades extraordinarias, corresponde a la Corte Constitucional, por expresa disposición del artículo 214.6 superior. Así mismo, en virtud del artículo 20 de la Ley Estatutaria 137 de 1994 “Por la cual se reglamentan los Estados de Excepción en Colombia”, el control inmediato de legalidad sobre las medidas de carácter general dictadas por las autoridades administrativas como desarrollo de los decretos legislativos durante los Estados de Excepción, corresponde a la jurisdicción contencioso administrativa según se trate de autoridad territorial, caso en el cual su conocimiento está asignado a los tribunales administrativos, de conformidad con el artículo 151.14 del CPACA, o al Consejo de Estado, si el acto emana de una autoridad nacional, según lo dispuesto en el artículo 111.8 ejusdem.

La Corte Constitucional en sentencia C-179 de 1994, consideró que el control inmediato de legalidad constituye una limitación al poder de las autoridades administrativas, y es una medida eficaz con la cual se busca impedir la aplicación de normas ilegales. A su turno, esta Corporación ha precisado que la Ley 137 de 1994 pretendió instaurar un mecanismo de control automático de legalidad de los actos administrativos que opere de forma independiente de la fiscalización que lleva a cabo la Corte Constitucional respecto de la constitucionalidad de los decretos legislativos que les sirven de fundamento, como una garantía adicional de los derechos del ciudadano y de la legalidad abstracta. Por consiguiente, la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo ha de efectuar el examen, de manera oficiosa, de todo acto administrativo, de alcance nacional, departamental o local, que desarrolle los decretos legislativos expedidos durante los estados de excepción, a efecto de verificar que tales determinaciones, adoptadas en ejercicio de la función administrativa, no desborden las finalidades y los límites establecidos por la Constitución, por la Ley y por el propio Gobierno Nacional en los decretos respectivos”.

En otras palabras, se trata de un procedimiento especial regulado en ley estatutaria, de carácter excepcional y temporal, cuyo objeto recae sobre actos administrativos de carácter general, expedidos al amparo de los decretos legislativos dictados en un estado de excepción; y en el que corresponde al juez: i) analizar la existencia de relación de conexidad entre la regulación contenida en el acto objeto de control y los motivos que dieron lugar a la declaratoria de la emergencia económica, ii) determinar su conformidad con las normas superiores que le sirven de fundamento, entre otras, los mandatos constitucionales (arts. 212 a 215), la Ley estatutaria de Estados de los Excepción, el decreto de declaratoria del estado de excepción y los decretos con carácter legislativo expedidos por el gobierno en virtud de la autorización constitucional para legislar por vía excepcional y, iii) establecer si el acto está conforme con la garantía de protección de los derechos fundamentales de acuerdo con los tratados o convenios internacionales sobre derechos humanos incorporados al ordenamiento jurídico nacional.

La jurisprudencia de la Sala Plena del Consejo de Estado, ha definido como características principales del control inmediato de legalidad de los actos administrativos generales proferidos al amparo de los decretos legislativos dictados durante los estados de excepción, las siguientes:

Es oficioso, pues en el evento de no efectuarse el envío, la autoridad judicial competente aprehenderá de oficio su conocimiento.

Es integral porque los actos administrativos se deben confrontar con todo el ordenamiento jurídico y el escrutinio del juez comprende:

“… la revisión de aspectos como la competencia para expedirlo, el cumplimiento de los requisitos de forma y de fondo, la conexidad de las medidas que se dicten con las causas que dieron origen a su implantación, el carácter transitorio y la proporcionalidad de las mismas, así como su conformidad con el resto del ordenamiento jurídico, siempre bajo el entendido de que ellas hacen parte de un conjunto de medidas proferidas con la exclusiva finalidad de “conjurar la crisis e impedir la extensión de sus efectos”.

En este punto, la jurisprudencia ha precisado que si bien el control inmediato de legalidad tiene por finalidad establecer la conformidad del acto examinado para “con el resto del ordenamiento jurídico”, el control no es absoluto, pues no se trata de la confrontación del acto administrativo “con todo precepto existente de rango constitucional o legal”, sino de examinar su legalidad, como se indicó en precedencia, conforme las normas constitucionales que permiten la declaratoria de los estados de excepción (artículos 212 a 215 de la Constitución Política), la ley estatutaria de los estados de excepción (Ley 137 de 1994), los decretos expedidos por el Gobierno Nacional con ocasión de la declaratoria del estado de excepción, y las demás normas superiores a las que debe sujeción el acto objeto del control.

De otra parte, precisa la Sala que, en los estados de excepción, el derecho internacional de los derechos humanos (DIDH), constituye parámetro de control de convencionalidad ex officio, por lo que, se impone al juez el deber de analizar las medidas administrativas frente a las normas y principios internacionales, que rigen la legalidad del estado de excepción y garantizan el goce efectivo de los derechos humanos fundamentales.

Al respecto debe señalarse que, si bien el derecho internacional de los derechos humanos, permite la suspensión del ejercicio de ciertos derechos en situaciones de emergencia, siempre que se cumplan con los requisitos previstos en el artículo 4 del PIDCP y el artículo 27 de la CADH (Pacto de San José), la suspensión de garantías constituye una situación excepcional. Sin embargo, ello no significa que la misma “comporte la supresión temporal del Estado de derecho o que autorice a los gobernantes a apartar su conducta de la legalidad a la que en todo momento deben ceñirse”.

El artículo 27 de la CADH reviste especial importancia para el sistema de protección de los derechos humanos en situaciones excepcionales. Para la Corte Interamericana de Derechos Humanos “(…) ningún derecho reconocido por la Convención puede ser suspendido a menos que se cumplan las condiciones estrictas señaladas en el artículo 27.1., además, aún cuando estas condiciones estén satisfechas, el artículo 27.2 dispone que cierta categoría de derechos no se puede suspender en ningún caso. Por consiguiente, lejos de adoptar un criterio favorable a la suspensión de los derechos, la Convención establece el principio contrario, es decir, que todos los derechos deben ser respetados y garantizados a menos que circunstancias muy especiales justifiquen la suspensión de algunos, en tanto que otros nunca pueden ser suspendidos por grave que sea la emergencia”.

Bajo esta línea argumentativa, el control de convencionalidad ex officio que ejercen los jueces, en el marco de sus competencias, constituye una garantía indispensable para la protección de los derechos humanos en situaciones crisis o anormalidad, y para establecer la legalidad a la que debe sujetarse el régimen de excepción en una sociedad democrática en la que “los derechos y libertades inherentes a la persona, sus garantías y el Estado de Derecho constituyen una tríada, cada uno de cuyos componentes se define, completa y adquiere sentido en función de los otros”.

En suma, el ejercicio del control integral de las medidas administrativas de carácter general que se expidan como desarrollo de los decretos legislativos durante los estados de excepción, comprende, como se indicó ut supra, la confrontación del acto: i) con las normas constitucionales que permiten la declaratoria de los estados de excepción (artículos 212 a 215 de la Constitución Política), ii) la ley estatutaria de los estados de excepción (Ley 137 de 1994), iii) los decretos legislativos expedidos por el Gobierno Nacional con ocasión de la declaratoria del estado de excepción, iv) las demás normas superiores a las que debe sujeción el acto objeto del control y v) un control de convencionalidad para determinar si la disposición que se expide dentro del marco del estado de excepción, vulnera el núcleo esencial de los derechos humanos consagrados en la CADH y en los tratados o convenios internacionales sobre derechos humanos incorporados al ordenamiento jurídico nacional.

Es autónomo porque la revisión del acto administrativo es posible, antes de que la Corte Constitucional se pronuncie sobre la exequibilidad del decreto declaratorio del estado de excepción y de los decretos legislativos que lo desarrollan, sin perjuicio “de que deban acatarse y respetarse los efectos del fallo de constitucionalidad respectivo si éste ya se ha proferido o en el momento en el cual se profiera, pero sin que ellos suponga la existencia de prejudicialidad alguna del juicio de constitucionalidad que adelanta la Corte Constitucional en relación con el proceso que adelante el Juez Administrativo….”.

La sentencia que decide el control de legalidad hace tránsito a cosa juzgada relativa. En este sentido entonces, como la sentencia que resuelve el control de legalidad hace tránsito a cosa juzgada relativa es posible que la decisión administrativa sea nuevamente controvertida en la jurisdicción respecto de otras normas superiores no estudiadas y por aspectos diferentes a los analizados.

En relación con esta característica, la jurisprudencia de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha señalado lo siguiente:

“(…)Por ello los fallos que desestiman la nulidad de los actos objeto de control o que la decretan sólo parcialmente respecto de algunos de sus preceptos, aunque tienen efecto erga omnes, esto es oponible a todos y contra todos, por otro lado, tienen la autoridad de cosa juzgada relativa, es decir, sólo frente a los ítems de ilegalidad analizados y decididos en la sentencia.

En síntesis, la decisión adoptada en un fallo desestimatorio, en estos casos, en tanto se contrae a un estudio de legalidad limitado dado su carácter oficioso, ajeno a la naturaleza dispositiva del control judicial asignado a la justicia administrativa, no implica el análisis de todos los posibles motivos de contradicción con normas superiores y -por lo mismo- no impide ni es óbice para que a futuro se produzca otro pronunciamiento, que verse sobre reproches distintos que puedan edificarse sobre la misma norma”.

Es un medio de control compatible con el contencioso objetivo de anulación y la nulidad por inconstitucionalidad.

En suma, el control inmediato de legalidad definido en la Ley Estatutaria es un medio judicial con carácter excepcional y temporal que garantiza el orden jurídico en estados de anormalidad y preserva el equilibrio en el ejercicio de los poderes públicos en el estado constitucional de excepción.

2.3. ANÁLISIS DE PROCEDIBILIDAD DEL MEDIO DE CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD DE LAS CIRCULARES: 01-3-2020-000072 Y 01-3-2020-000079 DE 2020

En orden a resolver si es procedente o no este medio de control, es menester verificar si se cumplen los requisitos de procedibilidad fijados en el artículo 136 del CPACA.

QUE LOS ACTOS SEAN DICTADOS EN EJERCICIO DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA

La Sala debe precisar, en primer lugar, que del contenido de las Circulares: 01-3-2020-000072 y 01-3-2020-000079 de 2020, estas constituyen actos administrativos, según la jurisprudencia más estable de la Corporación, en la medida que poseen contenido decisorio propio de los actos administrativos, es decir, constituyen órdenes que producen efectos jurídicos vinculantes y, por lo tanto, pasibles de control judicial.

En efecto, las citadas circulares emitidas por el director de Formación Profesional del SENA, contienen decisiones con carácter vinculante dirigidas a los “DIRECTORES REGIONALES, SUBDIRECTORES DE CENTRO, COORDINADORES DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y COORDINADORES DEL GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN CENTROS DE FORMACIÓN”, así como a los centros de formación y beneficiarios del Plan de Acción de Bienestar al Aprendiz de formación profesional o tecnológica del SENA, con el fin de establecer: i) “orientaciones en materia de distribución del presupuesto de las actividades previstas para desarrollar el plan de acción de bienestar al aprendiz en centros de formación”, en relación con el apoyo de alimentación en atención a la COVID-19 ii) ampliar el grupo de aprendices beneficiarios, iii) aprobar su monto y forma de entrega, iv) fijar responsabilidades para su gestión en cabeza de los centros de formación v) establecer criterios para seleccionar a los aprendices beneficiarios, así como su incompatibilidad con otros beneficios socio-económicos que entregue la entidad o el Estado vi) las causales para su terminación vii) el cronograma para su asignación y viii) los recursos y cupos asignados a cada centro de formación.

De lo expuesto puede inferirse que las Circulares No. 01-3-2020-000072 (1-6060) del 21 de abril de 2020 y la 01-3-2020-000079 (1-6060) del 30 de abril de 2020, constituyen actos administrativos, susceptibles de ser enjuiciados por vía del control inmediato de legalidad, en tanto imponen cargas, deberes y obligaciones a los funcionarios y aprendices del SENA atinentes a la entrega de los apoyos de alimentación para afrontar la emergencia por la COVID-19.

Clarificado lo anterior, atendiendo al requisito de procedencia objeto de estudio, esto es, que las circulares objeto de control sean expedidas en ejercicio de la función administrativa se tiene que las referidas medidas, corresponden al ejercicio de funciones administrativas propias del SENA, en especial las consagradas en el artículo 4, numerales 3 y 7 de la Ley 119 de1994, esto es: HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0119_1994.html" \l "top" \o "Ir al inicio" “ (…)Organizar, desarrollar, administrar y ejecutar programas de formación profesional integral, en coordinación y en función de las necesidades sociales y del sector productivo. (…)” y “(…) Diseñar, promover y ejecutar programas de formación profesional integral para sectores desprotegidos de la población (…)” las cuales ejerce, en el marco de su misión, prevista en el artículo 2º de dicha normativa, en el que se indica que el SENA “(…) está encargado de cumplir la función que corresponde al Estado de invertir en el desarrollo social y técnico de los trabajadores colombianos, ofreciendo y ejecutando la formación profesional integral, para la incorporación y el desarrollo de las personas en actividades productivas que contribuyan al desarrollo social, económico y tecnológico del país” .

QUE EL CONTENIDO DEL ACTO SEA DE CARÁCTER GENERAL

En cuanto al segundo de los requisitos, conviene recordar que, desde el punto de vista de su contenido, los actos administrativos se clasifican en actos administrativos generales o particulares, según que sus efectos estén dirigidos a una generalidad de personas o a un sujeto determinado o sujetos determinables. Así lo ha sostenido esta corporación de tiempo atrás, al explicar que: “La diferencia entre los actos de contenido particular y general depende del grado de indeterminación que tengan los sujetos destinatarios del mismo, como lo ha precisado esta Sala: “Para diferenciar un acto administrativo general de uno particular es necesario tener presente los siguientes aspectos: El acto administrativo se entiende, entre otras perspectivas, como una decisión adoptada o expedida en función administrativa a través de la cual la autoridad crea, modifica o extingue una posición de una persona o conjunto de personas determinadas o indeterminadas frente a una norma de derecho (situación jurídica). El acto singular o particular no necesariamente tiene un destinatario único, por cuanto puede ir dirigido tanto a una persona como a un grupo determinado de personas; en tanto que el acto general se expide siempre para un grupo indeterminado de personas a quienes se les crea, modifica o extingue una situación jurídica, dependiendo de las conductas o roles que ellas mismas asuman”. (Subrayado fuera del original)

En ese sentido, la doctrina nacional ha señalado lo siguiente: “Debe tenerse en cuenta que la determinación o indeterminación de las personas no se refiere propiamente al número de ellas, sino al hecho de que estén o no individualizadas. Es decir, que puede existir un acto general que se refiera en la práctica a pocas personas, como es el caso de aquellos que reglamentan alguna situación referente a los ex presidentes de la república. Y viceversa, puede existir un acto individual que se refiera a muchas personas, pero identificadas de manera concreta como el acto por el cual la Universidad Nacional determina la lista de aspirantes admitidos a iniciar estudios académicos, que pueden ser varios miles pero identificarlos individualmente”.

En el presente asunto, las Circulares No. 01-3-2020-000072 y No. 01-3-2020-000079 de 2020, proferidas por el director de Formación Profesional del SENA, son de carácter general, impersonal o abstracto, pues si bien se observa que se dirigen a “DIRECTORES REGIONALES, SUBDIRECTORES DE CENTRO, COORDINADORES DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y COORDINADORES DEL GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN CENTROS DE FORMACIÓN”, también es lo cierto que las medidas adoptadas tienen como destinatarios a aquellos aprendices que estuvieran vinculados a la entidad al momento de la expedición de las circulares objeto de control, así como los que se llegaren a vincular con posterioridad a estas, y que puedan resultar como beneficiarios del apoyo de alimentación del Plan de Acción de Bienestar al Aprendiz de formación profesional o tecnológica del SENA, durante los meses de mayo, junio y julio de 2020, mientras permanezca la situación de aislamiento preventivo obligatorio, toda vez que, como se expuso, las circulares establecen; i) los criterios para seleccionar a los aprendices beneficiarios, así como su incompatibilidad con otros beneficios socio-económicos que entregue la entidad o el Estado ii) las causales para su terminación y iii) el cronograma para su asignación, requisitos que los aprendices deben observar para la consecución del benéfico. Por tanto, todo lo anterior, permite concluir que los actos no se dirigen a sujetos específicos o individualizados de manera concreta, razón por la cual los efectos y sus destinatarios son un universo de personas, como lo son los servidores de la entidad y los actuales y futuros aprendices del SENA.

QUE EL ACTO SEA DICTADO POR UNA AUTORIDAD NACIONAL

Respecto del tercero de los requisitos, se advierte que el Servicio Nacional de Educación es un establecimiento público del orden nacional con personería jurídica, patrimonio propio e independiente, y autonomía administrativa, adscrito al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, de conformidad con el artículo 1º de la Ley 119 de 1994. Por tanto, al emanar las circulares objeto de examen, de una autoridad perteneciente al orden nacional, esta manifestación de voluntad tiene la misma jerarquía, razón por la que se encuentra cumplida dicha exigencia.

QUE EL ACTO OBJETO DE CONTROL SEA PROFERIDO EN DESARROLLO DE UN DECRETO LEGISLATIVO

A juicio del Ministerio Público, en el presente caso, la Sala debe declarar improcedente el medio de control ante la falta de este requisito de procedibilidad conforme al artículo 136 del CPACA, por cuanto estima, que las Circulares No. 01-3-2020-000072 y No. 01-3-2020-000079 de 2020 no pueden ser objeto del control inmediato de legalidad, en tanto son actos expedidos con fundamento en las facultades ordinarias que tiene el SENA y, que si bien los actos objeto de control indican que se fundamentan en el Decreto Legislativo 491 de 2020, no lo desarrollan materialmente toda vez que las medidas adoptadas por la entidad no corresponden a las tomadas en el decreto de excepción.

Previo a efectuar el juicio de legalidad de estos actos, expedidos por el director de Formación Profesional del SENA, y en orden a resolver este planteamiento, la Sala procederá a reexaminar el presupuesto procesal consistente en que las medidas generales de naturaleza administrativa deben desarrollar un decreto legislativo dictado en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, pues de llegar a prosperar la objeción planteada por el Ministerio Público, la Sala se relevaría de acometer el estudio de fondo de la resolución objeto de examen.

Al respecto debe señalarse que el artículo 20 de la Ley Estatutaria de los Estados de Excepción, Ley 137 de 1994, que constituye la génesis de este medio de control, consagró su procedencia en los siguientes términos:

“Artículo 20 Control de legalidad. Las medidas de carácter general que sean dictadas en ejercicio de la función administrativa y como desarrollo de los decretos legislativos durante los Estados de Excepción, tendrán un control inmediato de legalidad, ejercido por la autoridad de lo contencioso administrativo en el lugar donde se expidan si se tratare de entidades territoriales o del Consejo de Estado si emanaren de autoridades nacionales.

Las autoridades competentes que los expidan enviarán los actos administrativos a la jurisdicción contencioso-administrativa indicada, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a su expedición”.

A su turno, la Ley 1437 de 2011, al diseñar el sistema de controles, trajo nuevamente este mecanismo procesal en el artículo 136, con una regulación similar a la prevista en la ley estatutaria, con la siguiente descripción:

“Artículo 136. Control inmediato de legalidad. Las medidas de carácter general que sean dictadas en ejercicio de la función administrativa y como desarrollo de los decretos legislativos durante los Estados de Excepción, tendrán un control inmediato de legalidad, ejercido por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en el lugar donde se expidan, si se tratare de entidades territoriales, o del Consejo de Estado si emanaren de autoridades nacionales, de acuerdo con las reglas de competencia establecidas en este Código.

Las autoridades competentes que los expidan enviarán los actos administrativos a la autoridad judicial indicada, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a su expedición. Si no se efectuare el envío, la autoridad judicial competente aprehenderá de oficio su conocimiento”.

Ahora bien, en punto al requisito de procedibilidad, según el cual, las medidas de carácter general adoptadas por las autoridades administrativas deben ser dictadas como “desarrollo de los decretos legislativos”, se advierte que esta expresión puede admitir dos interpretaciones a saber: a) que la locución “decreto legislativo” se refiera únicamente a los decretos consecuenciales destinados a conjurar la crisis y a impedir la extensión de sus efectos; o b) que dicha expresión cobije tanto el decreto declaratorio, que reviste al Gobierno de poderes excepcionales, como los decretos subsiguientes con los cuales se pretende reprimir el estado de anormalidad respectiva. Para la Sala, el alcance de esta expresión debe ser la segunda de las enunciadas, esto es, que la locución “decretos legislativos”, envuelve tanto el decreto declaratorio del estado de excepción como los decretos que se dictan para conjurar la crisis, por las siguientes razones:

1. Desde el punto de vista constitucional, la categoría “decreto legislativo”, se predica de ambos decretos, en la medida que sustancialmente tienen una misma naturaleza jurídica, esto es, tienen fuerza de ley, que es la connotación a la que se refiere esta locución. Ello deviene del parágrafo del artículo 215 de la Carta, que señala que “El gobierno enviará a la Corte Constitucional al día siguiente a su expedición, los decretos legislativos que dicte en uso de las facultades a que se refiere este artículo”, y las “facultades” no son otras que, de un lado, declarar un estado de anormalidad, si se presentan las circunstancias sobrevinientes y de extrema gravedad, y la de emitir los decretos encaminados a solucionar la crisis que devienen de los hechos que sirven de causa a dicha declaratoria. Refuerza la anterior tesis el criterio expuesto por la Corte Constitucional en los inicios de vigencia de esta institución, al decir en la Sentencia C-004 de 1992, que de acuerdo con el numeral 7 del artículo 241 superior, el control jurisdiccional de los “decretos legislativos” comprende, tanto el de los decretos que declaran el estado de excepción, como el de los que se dictan en desarrollo del mismo.

2. La hermenéutica gramatical del artículo 20 de la Ley 137 de 1994, en concordancia con el artículo 136 del CPACA, evidencia que el objeto del control inmediato de legalidad recae sobre los actos administrativos de carácter general expedidos en ejercicio de la función administrativa, y “como desarrollo de los decretos legislativos durante los Estados de Excepción”. Acudiendo a su etimología, se tiene que el verbo “desarrollar”, según el diccionario de la Real Academia Española, proviene del vocablo De –des- y arrollar, que significa: i) aumentar o reforzar algo de orden físico, intelectual o moral; ii) exponer con orden y amplitud una cuestión o un tema: iii) realizar o llevar a cabo algo; iv) suceder ocurrir o tener lugar. En este orden, cuando una medida administrativa, proferida por una autoridad, invoca razones o hechos contenidos en la declaratoria de emergencia económica, desde el punto gramatical, también implica que está desarrollando dicho decreto, en cuanto “aumenta o refuerza” o “expone con orden o amplitud” o “realiza o lleva a cabo algo” que, en este caso, se refiere a lo que allí se está disponiendo.

3. Ahora bien, con lo anterior, no se está afirmando que las autoridades administrativas, distintas al Gobierno Nacional, también están habilitadas para “desarrollar” directamente el decreto de Emergencia Económica Social y Ecológica, lo cual desquiciaría el sistema jurídico jerárquico que emana de la propia Carta, sino que la razón de ser del control inmediato de legalidad es justamente impedir que la autoridad administrativa, bajo el amparo del decreto de declaratoria del estado de anormalidad, como de los que lo desarrollan, caigan en desafueros y desborden sus competencias con grave lesión al estado de derecho, que tienen en este medio de control, un muro de contención, rápido y expedito.

4. No hay que olvidar que en los estados de crisis, aumenta el riesgo de que, so pretexto de conjurar los hechos constitutivos de la declaratoria del estado de excepción, las autoridades administrativas pueden incurrir en abusos o extralimitaciones, violaciones de derechos y libertades ciudadanas, ante lo cual es necesario un control judicial inmediato, eficaz y de amplio espectro frente a los actos administrativos dictados al amparo de aquel, justamente para verificar que no deriven en restricciones arbitrarias de las normas superiores en contra de la integridad del ordenamiento jurídico y la dignidad de las personas.

5. Lo anterior, se aviene al alcance y extensión del control inmediato de legalidad, que en reiterada jurisprudencia se ha dicho, en cuanto que este control, además de ser oficioso, autónomo y automático, se caracteriza por ser integral, que en términos jurídicos significa:

“Es integral, por cuanto es un juicio en el que se examina la competencia de la autoridad que expidió el acto, la conexidad del acto con los motivos que dieron lugar a la declaratoria del estado de excepción, la sujeción a las formas y la proporcionalidad de las medidas adoptadas para conjurar la crisis e impedir la extensión de los efectos del estado de excepción”.

Así, si un parámetro de análisis es “la conexidad del acto con los motivos que dieron lugar a la declaratoria del estado de excepción”, es porque se parte de la base que puede ocurrir que la autoridad, al adoptar las medidas correspondientes, invoque solo el decreto que declara la emergencia económica, social o ecológica para tomar alguna medida, que puede resultar ajena al mismo o lesiva del ordenamiento jurídico. En este orden, el control inmediato de legalidad consistirá en verificar si la autoridad tiene la competencia para emitir la regulación respectiva y de ser así, proceder a evaluar la conexidad, proporcionalidad y necesidad de la medida “mediante la confrontación del acto administrativo con las normas constitucionales que permiten la declaratoria de los estados de excepción (artículos 212 a 215 de la Constitución Política), la ley estatutaria de los estados de excepción (Ley 137 de 1994) y los decretos expedidos por el Gobierno Nacional con ocasión de la declaratoria del estado de excepción”.

6. En el presente caso, contrario a lo afirmado por la Procuradora Delegada, las Circulares No: 01-3-2020-000072 y No: 01-3-2020-000079 de 2020 dictadas por el director de Formación Profesional del SENA son actos administrativos proferidos “como desarrollo de los decretos legislativos durante los Estados de Excepción”, en la medida que en sus consideraciones no solo se aludió al Decreto Legislativo 491 de 2020, sino que también se hizo referencia al Decreto Legislativo 417 de 2020, al exponer en la Circular No: 01-3-2020-000072:

“En cumplimiento a las “medidas de urgencia para garantizar la atención y la prestación de los servicios por parte de las autoridades públicas", adoptadas hasta la fecha por el Gobierno Nacional mediante el Decreto 491 del 28 de marzo de 2020, “el aislamiento preventivo obligatorio" de todas las personas en Colombia ordenada en el Decreto 457 de 2020 y considerando que el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA debe dar cumplimiento a los requerimientos del Gobierno Nacional, así como atender a la comunidad SENA en medio de la emergencia sanitaria, se adoptan las siguientes medidas que tienen carácter temporal y extraordinario.

Como medida preventiva y excepcional, hasta que se supere la emergencia económica, social y ecológica por causa de la pandemia COVID - 19 (Coronavirus), el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, establece las siguientes orientaciones en materia de distribución del presupuesto de las actividades previstas para desarrollar el plan de acción de bienestar al aprendiz en centros de formación”.

7. Así lo precisó la entidad en su escrito de intervención, al explicar que en los actos sub examine “se establecieron las estrategias y directrices para otorgar en medio del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica (decretado por el Gobierno Nacional), apoyos de alimentación con el fin de contribuir en la permanencia y el desempeño exitoso de los aprendices de la Entidad en su proceso formativo”, por lo que se evidencia que si bien el acto objeto de control puede tener como fundamento normativo competencias ordinarias propias de la entidad como las derivadas de la Ley 119 de 1994, el Decreto 249 de 2004, la Resolución 2203 de 2019 y el Decreto 457 de 2020 referente al aislamiento preventivo obligatorio, lo cierto es que la circunstancia que materialmente motivó a la entidad a dictar nuevas orientaciones de distribución presupuestal a los Centros de Formación Profesional del SENA, con el fin de otorgar “apoyos de alimentación” a los aprendices, tuvo su sustento principalmente en la declaratoria del estado de emergencia económica, social y ecológica en el país, acaecida por medio del Decreto Legislativo de 417 de 2020.

Lo anterior, permite fijar el verdadero alcance del mecanismo de control judicial denominado “control inmediato de legalidad”, que no es otro que habilitar la revisión inmediata de la legalidad de los actos expedidos por las autoridades administrativas de los órdenes nacional, distrital, departamental y municipal, con fundamento en la declaratoria del estado de crisis correspondiente, como de los decretos consecuenciales dictados bajo su amparo, incluyendo aquellos actos administrativos expedidos en ejercicio de las competencias ordinarias pero dirigidos a conjurar la crisis e impedir la extensión de los efectos en estados de anormalidad.

En este orden de ideas, los actos administrativos cumplen con la totalidad de los requisitos de procedibilidad para su estudio a través del medio de control inmediato de legalidad, como se consideró ab initio de la presente actuación, y por lo tanto, procederá la Sala a continuación a verificar si la decisión se ajusta a las normas que la soportan, esto es, los Decretos Legislativos 417 de 2020 y 491 de 2020 y guarda relación con la realidad de los motivos que la originaron, así como la proporcionalidad de las medidas adoptadas bajo el régimen jurídico de excepción.

2.4. CONTROL DE LEGALIDAD DE LAS CIRCULARES No. 01-3-2020-000072 Y No. 01-3-2020-000079 DE 2020

De conformidad con lo expuesto, la Sala realizará el correspondiente estudio de legalidad las Circulares No. 01-3-2020-000072 y No. 01-3-2020-000079 de 2020, no sin antes advertir que los requisitos de validez del acto administrativo incluyen el examen de la competencia, así como los demás elementos formales y materiales, para que el control judicial cumpla con el estándar de integralidad que caracteriza a esta vía procesal.

En primer lugar, tenemos que las referidas circulares cumplen con los elementos formales de todo acto administrativo, que si bien, no son sustanciales, permiten su individualización, tales como: i) el encabezado: número y fecha; ii) epígrafe: resumen de las materias reguladas; iii) competencia expresa de las facultades que se ejercen; iv) el contenido de las materias reguladas u objeto de la disposición; v) vigencia, y vi) la firma de quien la suscribe (autoridad que la expide).

2.4.1. COMPETENCIA PARA DICTAR EL ACTO

En punto del análisis del elemento subjetivo, esto es, la competencia, se tiene que aunado a las funciones de la entidad ya expuestas según la Ley 119 de 1994, el Decreto 249 de 2004 “Por el cual se modifica la estructura del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA”, en su artículo 4, numeral 10, establece que la Dirección General del SENA tiene asignada la función de “Adoptar el Plan Nacional Integral de Bienestar de los aprendices del Sena”.

A su turno, se tiene que el director de Formación Profesional del SENA, tiene previstas dentro de sus funciones, en cuanto a lo que atañe a los actos sub judice, las previstas en el artículo 11 numerales 2, 3 y 19 del Decreto 249 de 2004, que disponen:

“Asistir a la Dirección General en el diseño de políticas, planes y programas de carácter general, para la formación profesional integral de los diferentes usuarios y la prestación de los servicios de la entidad en los diferentes sectores económicos y cadenas productivas, promoviendo la gestión de la calidad en los procesos y programas de formación profesional.
(…)
Formular políticas, e implantar estrategias, normas, procedimientos y medios de control para los diferentes procesos de la formación profesional, especialmente en la gestión, alistamiento, ejecución de la respuesta, seguimiento y evaluación, así como para los servicios a egresados.
(…)
Orientar la distribución y asignación de los apoyos de sostenimiento, en coordinación con los Centros de Formación Profesional”.

Asimismo, se observa que por medio de la Resolución No. 70 de 2019 "por la cual se reorganizan los Grupos Internos de Trabajo de la Dirección de Formación Profesional de la Dirección General del SENA, se establece su conformación, funciones y se dictan otras disposiciones" el director General del SENA creó los grupos de trabajo a cargo del Director de Formación Profesional de la entidad, acto que en su artículo 15 previó el denominado “Grupo de Bienestar al Aprendiz y atención al egresado”, y en el artículo 17 le asignó, entre otras, las siguientes funciones:

“1. Establecer la metodología para la elaboración del plan nacional integral de bienestar al aprendiz, con enfoque territorial y participativo que contribuyan a la formación integral de los aprendices Sena.

2. Establecer los lineamientos para la implementación, ejecución y evaluación del plan nacional integral de bienestar de los aprendices.

3. Realizar el seguimiento y control a la implementación del plan nacional integral de al aprendiz en coordinación con las Regionales y Centros de Formación, con el objeto de evaluar su ejecución y realizar la mejora continua correspondiente.

4. Establecer metodologías para identificar las causas de deserción durante el proceso formativo, analizar los resultados y proponer con los demás grupos de la Dirección de Formación Profesional, las acciones de mejora que deben ser implementadas.

5. Proponer y articular estrategias con el Grupo de Ejecución de Formación para lograr la permanencia de los aprendices en el proceso formativo y así disminuir los índices de deserción.
(...)
7. Establecer y mantener actualizado el procedimiento de Bienestar al aprendiz orientado a los aprendices de formación titulada en sus modalidades presencial, virtual y a distancia según el alcance para ellos establecido.

(...)
10. Establecer lineamientos y mantener actualizados los procedimientos de apoyo de sostenimiento para gestionar la distribución, asignación y reasignación de cupos de apoyos de sostenimiento regular a aprendices a nivel nacional de acuerdo a la reglamentación vigente, con el apoyo del Grupo de Gestión Administrativa de Formación para disponibilidad presupuestal y así garantizar la ejecución presupuestal con eficiencia y eficacia en el uso de los recursos.
(...)
12. Establecer la distribución de recursos presupuestales de apoyos de sostenimiento del Fondo de Industria y Construcción (FIC) de acuerdo a la programación Indicativa y a los aprendices que continúan de una vigencia a otra, con el beneficio.”.

De acuerdo con lo anterior, claramente se advierte que el director de Formación Profesional del SENA, tiene la atribución de orientar la prestación del servicio público asignado al organismo, en cuanto a la distribución y asignación de los apoyos de sostenimiento, en este caso, de apoyos de alimentación a los aprendices del SENA, a través de las medidas adoptadas en los actos objeto de control.

2.4.2. ANÁLISIS DE FONDO

Procede la Sala a estudiar la compatibilidad de los actos objeto de control con el ordenamiento jurídico vigente, para lo cual es preciso reseñar las medidas que se adoptan a través de las Circulares No: 01-3-2020-000072 y No: 01-3-2020-000079 de 2020.

Para una mayor claridad pueden resumirse las medidas adoptadas según el siguiente cuadro:

ACTO
Circular No. 01-3-2020-000072 del 21 de abril de 2020 del Director de Formación Profesional del Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA
Circular N.º 01-3-2020-000079 del 30 de abril de 2020 del Director de Formación Profesional del Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA

“PARA: DIRECTORES REGIONALES, SUBDIRECTORES DE CENTRO, COORDINADORES DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y COORDINADORES DEL GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN CENTROS DE FORMACIÓN”

“Asunto: Apoyos de alimentación - plan de acción de bienestar al aprendiz en centros de formación en el marco de la contingencia COVID – 19”

Establece “orientaciones en materia de distribución del presupuesto de las actividades previstas para desarrollar el plan de acción de bienestar al aprendiz en centros de formación”, en relación con el apoyo de alimentación.

Amplía el grupo de aprendices beneficiarios “de etapa productiva a quienes se les ha suspendido el contrato de aprendizaje y aquellos que durante el tiempo de pandemia hayan finalizado su etapa lectiva y a la fecha de esta convocatoria no se han podido ubicar para iniciar su etapa productiva, también involucra a los aprendices de formación virtual y a distancia.”

Aprueba su monto ($100.000) y duración (3 meses).

Determina su forma de entrega “ bonos de alimentación preferiblemente almacenes de cadena o grandes superficies” indicando que “Por ningún motivo se debe realizar entrega de dinero en efectivo a los aprendices, funcionarios o contratistas”.

Fija responsabilidades para su gestión en cabeza de los centros de formación.

Señala la forma en que se han determinado los cupos estimados para cada uno de los centros de formación.

Establece criterios de priorización para la asignación del apoyo.

Establece criterios de incompatibilidad con otros beneficios socio-económicos que entregue la entidad o el Estado.

Determina las causales para la terminación del apoyo alimentario.

Establece en el Anexo Cuadro 1 - CRONOGRAMA CONVOCATORIA 01-2020 APOYOS DE ALIMENTACIÓN.

Establece en el Anexo Cuadro 2 – CUPOS Y RECURSOS POR CENTRO DE FORMACIÓN CONVOCATORIA.

“PARA: DIRECTORES REGIONALES, SUBDIRECTORES DE CENTRO, COORDINADORES DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y COORDINADORES DEL GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN CENTROS DE FORMACIÓN”

“Asunto: alcance a la circular No. 01-3-2020-000072 “Apoyos de alimentación - plan de acción de bienestar al aprendiz en centros de formación en el marco de la contingencia COVID – 19”

“Ante las inquietudes planteadas por algunos Subdirectores de centro y Directores regionales en la que se alerta sobre el cobro de comisiones o gastos administrativos que podrían derivar en una disminución considerable en el apoyo efectivo que reciban los aprendices beneficiarios de los bonos de alimentación”, con ocasión de la Circular No. 01-3-2020-000072 del 21 de abril de 2020.

Autoriza que el apoyo de alimentación se pueda asignar por medio de “consignación a una cuenta bancaria del aprendiz o a la cédula (…) mediante (giro electrónico entre otros)”, cuando en las Regionales y centros de formación, por razones logísticas, no se puedan hacer las asignaciones de acuerdo con lo previsto en la circular.

Ratifica, amplia y precisa las responsabilidades de los centros de formación para la gestión de los apoyos alimentarios a los aprendices prevista en la Circular No. 01-3-2020-000072 del 21 de abril de 2020.

Determina que corresponde a los Subdirectores de los centros de formación, implementar mecanismos de control que permitan garantizar el buen uso de los recursos y su destinación adecuada precisando recomendaciones.

Indica que corresponde a las Direcciones Regionales, establecer controles selectivos a la gestión de los centros de formación en lo concerniente a la adquisición de los apoyos de alimentación, priorización y adjudicación de los cupos a los beneficiarios, de conformidad con lo previsto en el Decreto 249 de 2004.

Señala que si excepcionalmente el centro de formación profesional requiere hacer modificaciones al cronograma (Anexo 1 de la Circular No. 01-3-2020-000072 del 21 de abril de 2020) deberá aprobarlo mediante acta del comité y que en todo caso se debe garantizar la entrega del primer bono durante el mes de mayo.

Ahora bien, en cuanto a su examen material, a través de este medio de control inmediato de legalidad, se debe analizar si tales medidas se acompasan con los principios de i) conexidad, ii) proporcionalidad; y iii) no discriminación.

2.4.2.1 Juicio de conexidad material y finalidad

Para establecer si se cumple con el principio de conexidad, es necesario verificar si los actos objeto de control guardan relación directa y específica con el estado de emergencia declarado o el decreto legislativo específico que se invoca para conjurar la crisis, es decir, si las medidas adoptadas están directa y específicamente encaminadas a combatir las causas de la perturbación que dieron origen a la declaratoria del estado de emergencia económica, social y ecológica o se inscriben en el ámbito de los decretos legislativos dictados consecuencialmente para impedir la extensión de sus efectos. En este mismo sentido, la Corte Constitucional explicó que:

“El juicio de conexidad material está previsto en los artículos 215 de la Constitución y 47 de la LEEE. Con este juicio se busca establecer si las medidas adoptadas en el decreto legislativo guardan relación con las causas que generaron la declaratoria del Estado de Excepción. La conexidad implica, entonces, que la materia sobre la cual tratan las medidas guarda una relación directa y específica con la crisis que se afronta. La Corte Constitucional ha señalado que la conexidad debe ser evaluada desde dos puntos de vista, a saber: (i) interno, o la específica relación entre las medidas adoptadas y “las consideraciones expresadas por el Gobierno Nacional para motivar el decreto de desarrollo correspondiente”, y, (ii) externo, es decir, la relación entre el decreto legislativo de desarrollo y la declaratoria de emergencia. Por su parte, el juicio de finalidad está previsto en el artículo 10 de la LEEE. A la luz de este juicio, toda medida contenida en los decretos legislativos debe estar “directa y específicamente encaminada a conjurar las causas de la perturbación y a impedir la extensión de sus efectos”. (Subrayado fuera del original)

En este orden, la Sala encuentra que los ajustes hechos a la distribución presupuestal del Plan Nacional Integral de Bienestar de los Aprendices del SENA, como medidas que contrarresten las consecuencias económicas y sociales como consecuencia de la COVID 19, en la prestación de los servicios de atención, formación y protección que tiene la entidad respecto de los aprendices del SENA guardan conexidad con las consideraciones expuestas en el Decreto 417 de 2020, bajos los títulos de “Presupuesto Fáctico”, “Presupuesto Valorativo” y “Justificación de la declaratoria del estado de excepción”, especialmente en lo relacionado con los datos y apreciaciones consignadas sobre “Aspectos económicos en el ámbito nacional y salud pública”, las cuales fueron avaladas por la Corte Constitucional en la Sentencia C-145 de 2020, que resolvió la exequibilidad de la declaratoria de Emergencia Económica, Social y Ecológica, por encontrarla debidamente justificada en hechos ciertos, graves y extraordinarios, entre los que resalta:

Que ha quedado ampliamente justificado que la situación a la que está expuesta actualmente la población colombiana es tan grave e inminente que afecta la salud, el empleo, el abastecimiento de bienes básicos, la economía y el bienestar de todos los habitantes del territorio nacional por lo que se hace absolutamente necesario contar con las herramientas legales necesarias para enfrentar de manera eficaz la actual situación.

Que las medidas que debe adoptar el Gobierno nacional para conjurar esta crisis y evitar la extensión de sus efectos se requieren aplicar inmediatamente ante la inminencia de que los hechos cada día sean más complejos y afecten a un mayor número de habitantes del territorio nacional, pero además para atender oportunamente a los afectados tanto en materia sanitaria como económica.”

Por tanto, las modificaciones introducidas por las circulares objeto de control se enmarcan en las circunstancias que sirvieron de justificación para que el gobierno nacional decretara dicho estado de excepción, así como en su finalidad de conjurar la crisis y evitar la extensión de sus efectos, en la medida en que procuran garantizar la alimentación en condiciones de bioseguridad para los aprendices del SENA, quienes son alumnos de la entidad, amparados en el derecho a la educación y al trabajo que les asiste, como sujetos de especial importancia y protección por parte del Estado, buscando salvaguardar su vida, salud e integridad personal, de conformidad con lo establecido en el citado decreto, en cuanto a:

“Que el posible aumento de casos de contagio del nuevo Coronavirus COVID-19 constituye un reto de dimensiones inusuales para el Sistema Nacional de Salud, quien no sólo debe atender las necesidades de los directamente afectados, sino que tiene la responsabilidad de impedir la extensión de los efectos hacia todos los habitantes del país, lo cual exige la disposición de ingentes recursos económicos y la adopción de parte de todas las entidades del Estado y de los particulares de las acciones necesarias para restringir el contacto de los habitantes, con la finalidad, de garantizar las condiciones necesarias de atención en salud, evitar el contagio de la enfermedad y su propagación.

(…)

Que una de las principales medidas, recomendadas por la Organización Mundial de la Salud, es el distanciamiento social y aislamiento, para lo cual, las tecnologías de la información y las comunicaciones y los servicios de comunicaciones, en general, se convierten en una herramienta esencial para permitir la protección la vida y la salud de los colombianos.

Que con el propósito de limitar las posibilidades de propagación del nuevo virus Covid 19 y de proteger la salud del público en general y de los servidores públicos que los atienden, se hace necesario expedir normas de orden legal que flexibilicen la obligación de atención personalizada al usuario y se permita incluso la suspensión de términos legales en las actuaciones administrativas y jurisdiccionales.

Que con igual propósito de limitar las posibilidades de propagación del nuevo virus Covid 19 y de proteger la salud del público en general y de los servidores públicos que los atienden, se hace necesario expedir normas que habiliten actuaciones judiciales y administrativas mediante la utilización de medios tecnológicos.

(…)

Que los efectos económicos negativos generados por el nuevo coronavirus Covid-19 a los habitantes del territorio nacional requieren de la atención mediante la adopción de medidas extraordinarias encaminadas a atender las obligaciones de diferente naturaleza, como tributarias, financieras, entre otras, con el fin de proteger el sector salud, promover la industria y el comercio del país y permitan absorber las pérdidas económicas y fuerza laboral afectada por esta pandemia.

(…)

Que con el propósito de generar mecanismos ágiles que permitan atender eficientemente las necesidades de la población, afectada por la emergencia económica, social y ecológica derivada de la Pandemia COVID-19, se autoriza al Gobierno nacional a acudir al procedimiento de contratación directa siguiendo los principios de transparencia y legalidad, de tal forma que la entidades competentes de los sectores de salud, prosperidad social, educación, defensa y todos aquellos sectores que requieran para prestar atención a la población afectada, adquieran el suministro de bienes, la prestación de servicios o la ejecución de obras en el inmediato futuro, con el objetivo de prevenir, contener y mitigar los efectos de la Pandemia del nuevo coronavirus COVID-19.

(…)

Que con la finalidad de garantizar la suficiencia y accesibilidad de la población a los alimentos necesarios para su subsistencia, el gobierno nacional adoptará las acciones necesarias para garantizar el permanente funcionamiento del sistema de abastecimiento y seguridad alimentaria en todo el territorio nacional.

Que con el fin de dar aplicación a las medidas adoptadas se autoriza al Gobierno nacional para efectuar las operaciones presupuestales necesarias”.

A su vez, existe conexidad entre las medidas tomadas por los actos sub examine y sus consideraciones, referidas tanto a las preventivas adoptadas para mitigar el contagio por COVID-19 en el país, especialmente la emergencia sanitaria decretada por el Ministerio de Salud y protección Social, en la Resolución 385 de 2020, el aislamiento preventivo obligatorio del Decreto 457 de 2020 y la emergencia económica, social y ecológica declarada por el gobierno nacional en el Decreto Legislativo 417 de 2020, como a las normas legales y reglamentarias que rigen el funcionamiento de la entidad y su misión.

Al respecto, debe precisarse que el artículo 1º de la Constitución Política dispone que Colombia es un Estado social de derecho organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general; en su artículo 2º define que: “Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.”

Así mismo, la Carta en su artículo 67 determina que: “La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente. (…).”.

Es así, como se indicó en acápite anterior, que la Ley 119 de 1994 prevé en cuanto a las funciones y misionalidad de la entidad la prestación del servicio de educación a la población colombiana por medio de programas de formación profesional integral, en coordinación y en función de las necesidades sociales y para sectores desprotegidos de la población, objetivos que se han buscado concretar, entre otros, por medio de la expedición de la Resolución 2203 de 2019, en la que se adoptó el Plan Nacional Integral de Bienestar al Aprendiz del SENA, el cual se encuentra dirigido a los aprendices matriculados en formación laboral y formación tecnológica, de todos los niveles y jornadas, en sus diferentes modalidades: presencial, virtual o a distancia, de acuerdo a la capacidad presupuestal de cada Centro de Formación Profesional. En otras palabras, es el eje fundamental en los programas de formación profesional integral ofrecidos por el SENA, que compromete a la institución como un todo y a los Subdirectores de Centro como responsables de la implementación y ejecución del plan en los Centros de Formación Profesional.

De manera general puede decirse que el Plan Nacional de Bienestar al Aprendiz comprende tres (3) objetivos estratégicos, el primero, está orientado a implementar proyectos de acompañamiento para el desarrollo integral del aprendiz en su proceso formativo; el segundo, tiene como propósito incentivar al aprendiz en su proceso de formación profesional integral mediante la implementación de un programa de estímulos que se materializa en los objetivos operativos; y el tercero, entregar con oportunidad y calidad los servicios de bienestar al aprendiz documentando procedimientos que soporten una operación ágil y flexible.

En este sentido cabe destacar que, dentro de su segundo objetivo estratégico, el SENA brinda apoyos económicos a los aprendices que presentan condiciones de vulnerabilidad, de acuerdo con la disponibilidad presupuestal de cada Centro de Formación Profesional y los criterios socioeconómicos y académicos establecidos, sustentando las razones objetivas; así como también confiere apoyos de transporte de movilidad para coadyuvar el proceso formativo y apoyos de alimentación, entre otros, gastos de bienestar que deben ser ejecutados en el marco de los objetivos planteados en el Plan Nacional de Acción de Bienestar al aprendiz del Centro de Formación. Por consiguiente, los recursos para apoyos de alimentación y transporte se asignan, según informó la misma entidad, teniendo en cuenta el contexto y las necesidades de los Centros de Formación y se radica por apertura presupuestal, es decir anualmente.

El director de Formación Profesional del Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, explicó, que mediante la Ley 2008 de 2019 y el Decreto 2411 de 2019, se detallan las apropiaciones, se clasifican y definen los gastos para la entidad por valor de $3.873.683.972.460 los cuales están amparados así: con recursos propios la suma de $1.673.287.943.750 y con recursos Nación $2.200.396.028.710. Por lo anterior, manifestó que se elaboró la Resolución 10001 del 02 de enero de 2020, por la cual se distribuyó el presupuesto del SENA a 152 dependencias presupuestales para la presente vigencia fiscal y, en concreto, en cuanto al Plan Nacional Integral de Bienestar de los Aprendices del SENA, se asignaron los recursos para ejecutar por valor de $52.081.310.737, recursos que se distribuyeron a los 117 Centros de Formación Profesional, por el proyecto de inversión BPIN C-3603-1300-14 Mejoramiento del Servicio de Formación Profesional del SENA Nacional.

A su turno, y en lo que atañe al presente medio de control, por medio de la Circular No. 01-3-2020-000072 el director de Formación Profesional del SENA estableció orientaciones en materia de redistribución del referido presupuesto de las actividades previstas para desarrollar el plan de acción de bienestar al aprendiz en centros de formación, teniendo como eje central los apoyos de alimentación, previstos en la Resolución 2203 de 2019, definido como un “apoyo en especie de alimentos, que se brinda a los aprendices de formación laboral y formación tecnológica de oferta abierta en modalidad presencial”, lo cual la Sala destaca, tuvo su sustento en las circunstancias de emergencia por la que atraviesa el país producto de la COVID 19, con la clara intención de beneficiar a los aprendices del SENA e incluso ampliando el grupo de beneficiarios que en tiempos de normalidad puedan percibir el referido apoyo.

Por su parte, la Circular No. 01-3-2020-000079 determinó el alcance de la primera por cuanto al momento de reglamentar las modalidades en que se entregarían dichos beneficios alimentarios a los aprendices, los directores de los centros de formación del país plantearon inconvenientes administrativos en cuanto a la incursión de gastos adicionales de acuerdo con la forma de entrega de los apoyos a través de abonos por medio de almacenes y grandes superficies, por lo que se autorizó a las regionales y centros de formación para que pudieran adelantar consignaciones en la cuenta bancaria que estuviera a nombre del aprendiz o a la cédula de éste, a efectos de garantizar que los apoyos de alimentación contemplados llegaran de forma efectiva al beneficiario, consignación que no había sido concebida inicialmente.

En lo demás, el referido acto mantuvo este auxilio en el escenario de la situación especial producto de la COVID 19, con la ampliación del grupo de beneficiarios, el monto aprobado, y en todo caso ratificó las responsabilidades para su gestión y control en cabeza de los centros de formación, aspecto ante el cual refiere y remite a las previsiones de los artículos 6 y 7 del Decreto Legislativo 537 de abril de 2020 y la Circular No. 06 de 2020 de la Contraloría General de la República para la consecución de los apoyos alimentarios. Asimismo, estableció los criterios de priorización para su asignación, así como su incompatibilidad con otros beneficios socioeconómicos que entregara la entidad o el Estado, junto con las causales para su terminación, medidas que se consideran adecuadas y que buscan el control y vigilancia de los apoyos que se otorguen y de los propios recursos que se redestinan para tal fin.

En resumen, se debe señalar que los apoyos de alimentación que se autorizan son de manera extraordinaria y excepcional, para los meses de mayo, junio y julio de 2020, por un valor de $100.000, con destino a los aprendices del SENA que no perciban otro tipo de beneficio económico por parte del Estado; en este sentido el director de Formación Profesional del SENA especificó que tales recursos tienen su origen en la “Asignación realizada mediante apertura presupuestal. Es decir, con los recursos que ya tienen asignados los centros de formación y teniendo en cuenta que no se realizarán actividades presenciales que se tenían previstas, entre ellas: encuentros deportivos, de danzas, campamentos, convivencias etc (…)” así como también la “(…) asignación realizada mediante apertura presupuestal para monitorias. El 50% del rubro no comprometido, se destinará para financiar los bonos de alimentación de los aprendices, para lo cual el centro de formación deberá solicitar el respectivo traslado presupuestal”, asignaciones que corresponden a las contenidas en la Resolución 10001 del 02 de enero de 2020, por la cual se distribuyó el presupuesto del SENA, que en cuanto al Plan Nacional Integral de Bienestar de los Aprendices, determinó el valor de $52.081.310.737 por concepto de recursos para ejecutar.

Tales medidas se materializan en la expedición del cronograma para la entrega de los referidos apoyos (Anexo 1) y la redistribución presupuestal (anexo 2) respecto de los 117 Centros de Formación que tiene la entidad en el país, determinando el beneficio para 35.706 aprendices para un total de $10.729.811.575, recursos redestinados para este fin y con ello dar continuidad a la atención de la población beneficiaria y de mayor vulnerabilidad de la entidad como lo son sus aprendices, para atender sus necesidades oportunamente tanto en materia sanitaria como económica, evitando su deserción de los programas de formación y permitiendo mitigar los impactos económicos que afecten la situación de los aprendices del SENA en formación o de aquellos cuyo contrato de aprendizaje fuera suspendido con ocasión de la pandemia, preservando la fuerza laboral disminuida por la COVID-19 y garantizando la suficiencia y accesibilidad a los alimentos necesarios para su subsistencia, siendo medidas eficaces para enfrentar el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.

Finalmente, debe entenderse que la mención genérica que se realiza en las circulares objeto de control al Decreto Legislativo 491 de 2020, guarda correspondencia con el artículo 3º ibidem, por cuanto se adopta el cronograma para la entrega de los apoyos de alimentación buscando que no sea de forma presencial, garantizando también el distanciamiento obligatorio entre los beneficiarios y los funcionarios de la entidad, por lo que prevalece el uso de las tecnologías de la información en el cumplimiento de las funciones, la atención y la prestación de los servicios por parte del SENA, que gira en torno al servicio público de educación que tiene a su cargo. En consecuencia, la Sala considera superada la conexidad material, con la emergencia económica, social y ecológica declarada por el gobierno nacional en el Decreto Legislativo 417 de 2020 y 491 de la misma anualidad.

2.4.2.2. Juicio de proporcionalidad y necesidad

El artículo 13 de la Ley Estatutaria de los Estados de Excepción prescribe que las medidas que se adopten en desarrollo de los estados de excepción deben ser proporcionales con la gravedad de los hechos que causaron la crisis. Así mismo, que la limitación en el ejercicio de los derechos y libertades sólo será admisible en el grado estrictamente necesario, para buscar el retorno a la normalidad.

Este principio ha sido ampliamente explicado por la Corte Constitucional, como una herramienta hermenéutica integrada por tres elementos que metodológicamente, permiten explicar si una medida resulta razonable y proporcionada a saber: la idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto. Así, la Corte Constitucional en la Sentencia C-520 de 21 de septiembre 2016 explicó que “…los dos primeros suponen un análisis de medios a fines, en el que se estudia (i) si un medio es potencialmente adecuado para satisfacer un fin legítimo perseguido por el órgano que adopta la medida, y (ii) si existen medios alternativos que eviten la restricción de un principio o la hagan menos intensa; el tercero, a su turno, se concentra en determinar si esa medida satisface tan ampliamente un principio constitucional que se justifica una restricción (menor) de otro principio o fin constitucional”.

En este sentido, en punto a determinar la idoneidad de las medidas esto es, si son adecuadas para la obtención de los fines legítimos del Estado, se tiene que los fines perseguidos por el acto sometido a control buscan garantizar la efectividad de los derechos fundamentales de los aprendices del SENA, junto con sus respectivas familias y comunidades, garantizándoles un apoyo alimentario con el cual se mitigue y puedan superar la crisis económica y de salud por causa de la COVID 19, evitando a su vez, el contagio y la propagación de la enfermedad por coronavirus, lo cual se aviene a los postulados relacionados con la prestación eficiente, oportuna y célere de la función administrativa -Art. 209 C.P.-, el respeto al derecho a la vida y la integridad personal -Arts. 11 y 12 C.P.-, el derecho a la educación - Art 67 C.P. - y al trabajo en condiciones dignas -Art. 53 C.P.-, por lo que las medidas atienden un fin constitucionalmente legítimo.

Ahora bien, corresponde enseguida determinar si las medidas adoptadas para prestar la atención a los aprendices del SENA en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, que incorporan los actos sub judice son idóneas para alcanzar dicho fin, en cuanto tengan el potencial de materializarlo; al respecto, basta señalar que las medidas se centran en redistribuir el presupuesto asignado a la entidad y que en principio se tenía destinado para actividades presenciales pero, ahora, para reforzar el sostenimiento de los aprendices en época de emergencia mediante el otorgamiento de apoyos de alimentación, por lo que se evidencia que tales medidas tienen la capacidad o aptitud, tanto en abstracto –adecuación presupuestal - como en concreto -efectividad y entrega de apoyo de alimentación- para materializar tales postulados constitucionales, brindando el apoyo institucional requerido para la protección de los derechos de sus beneficiarios.

En cuanto a la necesidad, también resulta claro que del amplio catálogo de medidas que podrían adoptarse para tales efectos, estas son indispensables prima facie, de conformidad con las recomendaciones de la OMS y las autoridades sanitarias nacionales, pues incorporan en su ámbito de acción las instrucciones que permiten la entrega de los apoyos de alimentación en condiciones de bioseguridad para los aprendices del SENA para afrontar el impacto económico y de salud causado por la pandemia generada por la COVID-19, estimulando la permanencia en los procesos formativos, y así evitar la extensión de los efectos producidos por la emergencia en una posible deserción masiva de aprendices de la entidad.

Por último, en relación con la proporcionalidad en sentido estricto, se tiene también por cumplido este último requisito, toda vez que se trata de medidas que no afectan los derechos y libertades de los aprendices del SENA por el contrario les otorga un apoyo alimentario en condiciones de bioseguridad para continuar con sus procesos de formación, incluso mientras logran concretar un contrato de aprendizaje, lo que resulta ser razonable ante la gravedad cada vez mayor del daño a la salud pública y la crisis economía en general por la que atraviesa el país, con el fin de absorber las pérdidas económicas y de la fuerza laboral afectada por esta pandemia, garantizando la suficiencia y accesibilidad de los aprendices a los alimentos necesarios para su subsistencia, aspectos que se han visto afectados y diezmados como consecuencia de la rápida propagación del brote epidemiológico por COVID-19, siendo entonces las medidas que mejor logran el fin constitucional de prevenirlo, contenerlo y contrarrestar sus efectos en el marco de los servicios de atención, formación y protección que integran este programa que hace parte del plan misional de la entidad, hasta tanto se encuentre vacuna o tratamiento para menguarlo o erradicarlo definitivamente.

2.4.2.3. Juicio de igualdad y no discriminación

Este último requisito material tiene fundamento en el artículo 14 de la Ley Estatutaria de los Estados de Excepción. Según dicha disposición, “las medidas adoptadas con ocasión de los Estados de Excepción no pueden entrañar discriminación alguna, fundada en razones de raza, lengua, religión, origen nacional o familiar, opinión política o filosófica”. Con este juicio se verifica que la medida de carácter general adoptada por la autoridad administrativa no imponga tratos diferenciados injustificados con base en otros criterios sospechosos señalados por la jurisprudencia constitucional.

La Sala encuentra que este mandato tiene asidero también en el derecho fundamental a la igualdad y la prohibición de no discriminación, consagrados en el artículo 13 superior en cuanto las autoridades al expedir los actos administrativos no pueden incurrir en tratos o distinciones injustificadas, aceptando medidas de protección especial a favor de personas pertenecientes a grupos vulnerables cuando sea preciso para garantizar la igualdad material.

En el asunto sub examine no se vislumbra trato diferenciado alguno entre sus destinatarios que pueda configurar una discriminación, menos aún distinciones caprichosas o arbitrarias con base en criterios o categorías sospechosas que marginen, excluyan o segreguen a algún grupo poblacional. A contrario sensu, la medida es una acción de tipo afirmativo que favorece a los aprendices del SENA que no gocen de otro tipo de beneficios económicos por parte del Estado y como se indicó, amplió el grupo de aprendices que en condiciones de normalidad no podrían ser beneficiarios, siendo aplicable también ante las circunstancias de excepción a “los aprendices de etapa productiva a quienes se les ha suspendido el contrato de aprendizaje y aquellos que durante el tiempo de pandemia hayan finalizado su etapa lectiva y a la fecha de esta convocatoria no se han podido ubicar para iniciar su etapa productiva, también involucra a los aprendices de formación virtual y a distancia”, a fin de brindarles la protección especial del Estado, de modo tal que se supera también este último juicio material.

2.5. CONCLUSIÓN

Habida consideración que se demostró que las Circulares No: 01-3-2020-000072 y No: 01-3-2020-000079 de 2020 fueron expedidas por la autoridad con base en las competencias legales y reglamentarias y guardan perfecta armonía o conexidad material con las razones que justificaron la Emergencia Económica, Social y Ecológica declarada mediante el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020, resultan proporcionales y no violan ninguno de los límites sustantivos que rigen para las autoridades en vigencia de los estados de excepción ni el principio de no discriminación, esta Sala concluye que hay lugar a declarar su legalidad.

Por último, se permite recordar que, si bien la dinámica del control inmediato de legalidad supone un estudio integral del acto objeto de estudio, lo cierto es que “no puede pretenderse con ello que al ejercer tal control, el juez revise todo el ordenamiento jurídico”, por lo cual, los efectos de esta sentencia corresponden a los de la cosa juzgada relativa, esto es, solo operarán respecto de los aspectos analizados y decididos en esta oportunidad.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión Veintidós (22), administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: Declarar que las Circulares No. 01-3-2020-000072 y No. 01-3-2020-000079 de 2020, cuyo asunto está referido a “Apoyos de alimentación. Plan de acción de bienestar al aprendiz en centros de formación en el marco de la contingencia COVID-19”, ambas, proferidas por el director de Formación Profesional del Servicio Nacional de Aprendizaje- SENA, se encuentran ajustadas a derecho.

SEGUNDO: En firme esta decisión archívese el expediente, previas las anotaciones en el programa “SAMAI”.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala Veintidós Especial de Decisión del Consejo de Estado en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente)
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente de la Sala

(Firmado electrónicamente
(Firmado electrónicamente) con aclaración de voto)
MILTON CHAVES GARCÍA HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Magistrado Magistrado

(Firmado electrónicamente
(Firmado electrónicamente) con aclaración de voto)
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Magistrado Magistrada

Esta providencia fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos, conforme con lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

Al cual correspondió el proceso No. 11001-03-15-000-2020-01938-00
Al cual correspondió el proceso No. 11001-03-15-000-2020-02045-00
Resolución 2203 de 13 de diciembre de 2019 del Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA “Por la cual se adopta el Plan Nacional Integral de Bienestar de los aprendices del Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA y se deroga la Resolución 1228 de 2018.”. La Circular No. 01-3-2020-000072 (1-6060) indica que “se refiere al apoyo en especie de alimentos, que se brinda a los aprendices de formación laboral y formación tecnológica de oferta abierta en modalidad presencial”, y el apoyo de alimentación en situaciones especiales, que consiste en “aquel que se otorga a los aprendices que presentan una situación de estado de excepción, fuerza mayor, relacionadas con hechos de calamidad o desastre que demanden actuaciones inmediatas”. Al cual correspondió el proceso No. 11001-03-15-000-2020-03652-00. Según el Propósito del Plan Nacional Integral de Bienestar al Aprendiz adaptado mediante la Resolución 2203 de 2019.
"Por la cual se efectúa la desagregación Inicial del Presupuesto Ley para la vigencia fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre de 2020, en la Dirección General, las Regionales y los Centros de Formación Profesional del Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA"
ART. 185.- Trámite del control inmediato de legalidad de actos. (…) 1. La sustanciación y ponencia corresponderá a uno de los magistrados de la corporación y el fallo a la Sala Plena (…). ART. 136.- Control inmediato de legalidad. Las medidas de carácter general que sean dictadas en ejercicio de la función administrativa y como desarrollo de los decretos legislativos durante los estados de excepción, tendrán un control inmediato de legalidad, ejercido por la jurisdicción de lo contencioso administrativo en el lugar donde se expidan, si se tratare de entidades territoriales, o del Consejo de Estado si emanaren de autoridades nacionales, de acuerdo con las reglas de competencia establecidas en este código. (Subrayado fuera del original)
ART. 111.- Funciones de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. (…) 8. Ejercer el control inmediato de legalidad de los actos de carácter general dictados por autoridades nacionales con fundamento y durante los estados de excepción (…).
“(…) En la vida de los Estados también hay lugar para las situaciones excepcionales, esto es, para aquellos estados de anormalidad que ponen en peligro la existencia del Estado, la estabilidad institucional y la convivencia democrática, que no pueden enfrentarse con los instrumentos jurídicos ordinarios y que imponen la necesidad de una respuesta estatal diferente. Distintos mecanismos han contemplado los Estados para afrontar tales situaciones excepcionales. Unos, como ocurre en Estados Unidos e Inglaterra, amparándose en el efecto vinculante de su ininterrumpida tradición constitucional, no regulan expresamente la manera como se han de afrontar esos estados excepcionales. (…) Otros, como España y Colombia, consagran un derecho constitucional de excepción que comprende una regulación detenida del constituyente y una regulación complementaria del legislador. En ella se fijan los presupuestos para la declaratoria de un estado de anormalidad institucional, se señalan los límites de esas facultades, se configura el sistema de controles a que se somete al ejecutivo y supedita ese régimen a lo dispuesto en una ley de especial jerarquía”. Corte Constitucional. Sentencia C-802 del 2 de octubre 2002, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
“(…) La Carta Política de 1886 -con sus reformas- no estableció controles suficientes para prevenir su abuso. Su declaratoria, por ejemplo, era considerada un acto meramente político y no susceptible de control jurídico, esto es, una potestad completamente discrecional del Presidente de la República.

Así, frente a los abusos cometidos bajo la figura del estado de sitio durante la vigencia de la Constitución Política de 1886, que de exceptivo pasó a ser crónico, y en precaución ante la acumulación extraordinaria de poderes en manos del ejecutivo, la Carta Política de 1991 estableció un estricto régimen regulatorio de los estados de excepción para mantener la plena vigencia del Estado de Derecho, aún en periodos de anormalidad, en guarda del principio democrático, de la separación de poderes y de la primacía de los derechos fundamentales”. Corte Constitucional”. Sentencia C-156 del 9 de marzo de 2011, M.P. Mauricio González Cuervo. Según la definición de la RAE: “Enfermedad epidémica que se extiende a muchos países o que ataca a casi todos los individuos de una localidad o región”. HYPERLINK "https://dle.rae.es/pandemia" https://dle.rae.es/pandemia. Corte Constitucional. Sentencia C-145 de 20 de mayo de 2020. M.P: José Fernando Reyes Cuartas. Corte Constitucional. Sentencia C-802 de 2 de octubre de 2002. M.P.: Jaime Córdoba Triviño. Ibídem. Revisión constitucional del proyecto de ley estatutaria No. 91/92 Senado y 166/92 Cámara “Por la cual se regulan los estados de excepción en Colombia”. Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 20 de octubre de 2009, Radicación 11001-03-15-000-2009-00549-00 (CA). M.P. Mauricio Fajardo Gómez. Así lo precisó la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en sentencia de 23 de noviembre de 2010, Radicación número: 11001-03-15-000-2010-00196-00. CP. Ruth Stella Correa Palacio. Entre otras decisiones, se pueden consultar las siguientes: Sentencia de 16 de junio de 2009, Radicación número: 11001-03-15-000-2009-00305-00(CA). M.P. Enrique Gil Botero; sentencia de 20 de octubre de 2009, Radicación 11001-03-15-000-2009-00549-00 (CA) .M.P. Mauricio Fajardo Gómez. Cfr. artículo 20 de la LEEE y artículo 136 del CPACA. Cita original: Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 3 de mayo de 1999, Radicación número: CA-011. M.P. Ricardo Hoyos Duque, citada en sentencia de 20 de octubre de 2009, Radicación 11001-03-15-000-2009-00549-00 (CA). M.P. Mauricio Fajardo Gómez. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Artículo 4: “1. En situaciones excepcionales que pongan en peligro la vida de la nación y cuya existencia haya sido proclamada oficialmente, los Estados Partes en el presente Pacto podrán adoptar disposiciones que, en la medida estrictamente limitada a las exigencias de la situación, suspendan las obligaciones contraídas en virtud de este Pacto, siempre que tales disposiciones no sean incompatibles con las demás obligaciones que les impone el derecho internacional y no entrañen discriminación alguna fundada únicamente en motivos de raza, color, sexo, idioma, religión u origen social.
(…)”. Instrumento que hace parte de la denominada Carta Constitucional Internacional de los Derechos Humanos (Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 29 de octubre de 2019, proceso identificado con el número único de radicación 110010315000201802616-01 (Acumulado 110010315000201802672-00). Adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1966 y aprobado mediante la Ley 74 de 1968 publicada en el Diario Oficial No. 32.682, el cual fue promulgado mediante el Decreto 2110 de octubre 12 de 1988, y entró en vigor para Colombia a partir del 23 de marzo de 1976. Convención Americana sobre Derechos Humanos –Pacto de San José de Costa Rica-, fue aprobado mediante la Ley 16 de 30 de diciembre de 1972 “[…] Por medio de la cual se aprueba la Convención Americana sobre Derechos Humanos "Pacto de San José de Costa Rica", firmado en San José, Costa Rica el 22 de noviembre de 1969 […]”. Promulgado mediante Decreto 2110 de 12 de octubre de 1988, “Por el cual se promulgan algunos tratados internacionales”; en vigor para el Estado colombiano desde el 18 de julio de 1978. Artículo 27.

Suspensión de Garantías
1. En caso de guerra, de peligro público o de otra emergencia que amenace la independencia o seguridad del Estado parte, éste podrá adoptar disposiciones que, en la medida y por el tiempo estrictamente limitados a las exigencias de la situación, suspendan las obligaciones contraídas en virtud de esta Convención, siempre que tales disposiciones no sean incompatibles con las demás obligaciones que les impone el derecho internacional y no entrañen discriminación alguna fundada en motivos de raza, color, sexo, idioma, religión u origen social. 2. La disposición precedente no autoriza la suspensión de los derechos determinados en los siguientes artículos: 3 (Derecho al Reconocimiento de la Personalidad Jurídica); 4 (Derecho a la Vida); 5 (Derecho a la Integridad Personal); 6 (Prohibición de la Esclavitud y Servidumbre); 9 (Principio de Legalidad y de Retroactividad); 12 (Libertad de Conciencia y de Religión); 17 (Protección a la Familia); 18 (Derecho al Nombre); 19 (Derechos del Niño); 20 (Derecho a la Nacionalidad), y 23 (Derechos Políticos), ni de las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos. 3. Todo Estado parte que haga uso del derecho de suspensión deberá informar inmediatamente a los demás Estados Partes en la presente Convención, por conducto del Secretario General de la Organización de los Estados Americanos, de las disposiciones cuya aplicación haya suspendido, de los motivos que hayan suscitado la suspensión y de la fecha en que haya dado por terminada tal suspensión.
“La suspensión de garantías constituye también una situación excepcional, según la cual resulta lícito para el gobierno aplicar determinadas medidas restrictivas a los derechos y libertades que, en condiciones normales, están prohibidas o sometidas a requisitos más rigurosos. Esto no significa, sin embargo, que la suspensión de garantías comporte la suspensión temporal del Estado de Derecho o que autorice a los gobernantes a apartar su conducta de la legalidad a la que en todo momento deben ceñirse. Estando suspendidas las garantías, algunos de los límites legales de la actuación del poder público pueden ser distintos de los vigentes en condiciones normales, pero no deben considerarse inexistentes ni cabe, en consecuencia, entender que el gobierno esté investido de poderes absolutos más allá de las condiciones en que tal legalidad excepcional está autorizada. Como ya lo ha señalado la Corte en otra oportunidad, el principio de legalidad, las instituciones democráticas y el Estado de Derecho son inseparables (cf. La expresión " leyes " en el artículo 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Opinión Consultiva OC-6/86 del 9 de mayo de 1986. Serie A No. 6, párr. 32). Corte IDH. El habeas corpus bajo suspensión de garantías (artículos 27.2 25 y 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos)”. Opinión Consultiva OC-8/87 párr.24. Opinión Consultiva OC-8/87 del 30 de enero de 1987. El habeas corpus bajo suspensión de garantías (arts. 27.2, 25.1 y 7.6 Convención Americana sobre Derechos Humanos). La CIDH en sentencia del 26 de septiembre de 2006, en el caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile, al referirse a dicho control, señaló: “La Corte es consciente que los jueces y tribunales internos están sujetos al imperio de la ley y, por ello, están obligados a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces, como parte del aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermadas por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, y que desde un inicio carecen de efectos jurídicos.

En otras palabras, el Poder Judicial debe ejercer una especie de ‘control de convencionalidad’ entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En esta tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana”. Opinión Consultiva OC-8/87 del 30 de enero de 1987. El habeas corpus bajo suspensión de garantías (arts. 27.2, 25.1 y 7.6 Convención Americana sobre Derechos Humanos).
“Desde el caso Almonacid Arellano vs. Chile, la Corte IDH ha ido precisando el contenido y alcance del concepto de control de convencionalidad en su jurisprudencia, para llegar a un concepto complejo que comprende los siguientes elementos (o: las siguientes características): a) Consiste en verificar la compatibilidad de las normas y demás prácticas internas con la CADH, la jurisprudencia de la Corte IDH y los demás tratados interamericanos de los cuales el Estado sea parte; b) Es una obligación que corresponde a toda autoridad pública en el ámbito de sus competencias; c) Para efectos de determinar la compatibilidad con la CADH, no sólo se debe tomar en consideración el tratado, sino que también la jurisprudencia de la Corte IDH y los demás tratados interamericanos de los cuales el Estado sea parte; d) Es un control que debe ser realizado ex officio por toda autoridad pública; y e) Su ejecución puede implicar la supresión de normas contrarias a la CADH o bien su interpretación conforme a la CADH, dependiendo de las facultades de cada autoridad pública”.
(…)
“Los jueces y órganos vinculados a la administración de justicia en todos los niveles están en la obligación de ejercer ex officio un “control de convencionalidad” entre las normas internas y los tratados de derechos humanos de los cuales es Parte el Estado, evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y regulaciones procesales correspondientes”. Caso Gudiel Álvarez y otros (“Diario Militar”) Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de noviembre de 2012. Control de convencionalidad. Cuadernillo de Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos No. 7. Evolución de la Jurisprudencia de la Corte IDH: Precisiones conceptuales. Parámetro de convencionalidad se extiende a otros tratados de derechos humanos. Disponible en: HYPERLINK "https://www.jep.gov.co/Sala-de-Prensa/Documents/convencionalidad.pdf" https://www.jep.gov.co/Sala-de-Prensa/Documents/convencionalidad.pdf. Sentencia de 20 de octubre de 2009, Radicación 11001-03-15-000-2009-00549-00 (CA). M.P. Mauricio Fajardo Gómez. Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 24 de mayo de 2016. Radicación 11001 03 15 0002015 02578-00. M.P. Guillermo Vargas Ayala. Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 23 de noviembre de 2010. Radicación 11001-03-15-000-2010-00196-00 (CA). Sobre el alcance y la noción de acto administrativo, en lo que respecta a las instrucciones o circulares de servicio, en el sentido de que algunas expresiones de voluntad, como las contenidas en los memorandos, instructivos o circulares internas, pese a tener un valor meramente orientativo, instructivo o informativo, se les atribuye el carácter de acto administrativo enjuiciable y sobre la línea jurisprudencial de esta Corporación y la doctrina concordante, frente a la tesis que mayor vigencia y reiteración que ha sido la de sostener que estos pronunciamientos de la administración solo son enjuiciables si tienen la virtud de producir efectos jurídicos, puede consultarse, entre otras, la sentencia de 28 de agosto de 2020, dictada por la Sala 22 Especial de Decisión en el CIL, radicación: 11001-03-15-000-2020-01099-00, MP Luis Alberto Álvarez Parra, acto: Circular No. 4007 del 25 de marzo de 2020, proferida por el Viceministro de Energía.

El cual “se refiere al apoyo en especie de alimentos, que se brinda a los aprendices de formación laboral y formación tecnológica de oferta abierta en modalidad presencial”, y el apoyo de alimentación en situaciones especiales, que consiste en “aquel que se otorga a los aprendices que presentan una situación de estado de excepción, fuerza mayor, relacionadas con hechos de calamidad o desastre que demanden actuaciones inmediatas”. CONSEJO DE ESTADO- SECCIÓN SEGUNDA- SUBSECCIÓN “A”. Sentencia del 4 de marzo de 2010, Expediente No. 2003-00360-01(3875-03), M.P. Alfonso Vargas Rincón
Libardo Rodríguez R. Derecho Administrativo. General y colombiano. Vigésima Edición. Editorial Temis. Bogotá (Colombia). 2017. Pág. 35 a 36. Al respecto, la Corte Constitucional en sentencia C-802 del 2 de octubre de 2002, M.P. Jaime Córdoba Triviño, al realizar la revisión constitucional del Decreto Legislativo 1837 del 11 de agosto de 2002, por medio del cual se declaró el Estado de Conmoción Interior, consideró:
“c) No cabe duda, además, que el decreto declaratorio del estado de conmoción interior tiene la fuerza y el valor material de la ley, pues es un acto que produce innegables efectos jurídicos toda vez que habilita al Presidente de la República para ejercer facultades legislativas excepcionales, para tomar medidas como legislador extraordinario bajo un régimen jurídico de anormalidad. Es claro que en virtud del decreto declaratorio de la conmoción existe una competencia legislativa que se radica en el ejecutivo. El rango legislativo de este decreto no se deriva del hecho de que no suspenda ninguna ley, pues se pueden dictar decretos legislativos que no requieren suspender una ley, tal como ocurre con aquellos que, verbi gratia, decretan un impuesto.
“En suma, debe concluir la Corte que la Constitución ha establecido dos tipos de decretos legislativos: Los declarativos del estado de conmoción, con fuerza de ley porque constituyen una auto habilitación para legislar y los decretos de desarrollo de esas facultades excepcionales.
“d) Existe además una inescindibilidad indiscutible entre el decreto declaratorio del estado de conmoción y los decretos expedidos a su amparo. Uno y otros forman el régimen jurídico de los estados de excepción. El decreto declaratorio no es de menor jerarquía normativa; por el contrario, constituye el parámetro de control de los decretos que con fundamento en él dicte el Gobierno Nacional. Si uno y otros decretos legislativos forman un mismo régimen jurídico, es lógico entender que su control de constitucionalidad no podía difuminarse en dos órganos distintos y, menos aún, pertenecientes a la misma jurisdicción” (se resalta). Lo anterior fue ratificado por la Corte Constitucional en la sentencia C-145 del 20 de mayo de 2020. M.P. José Fernando Reyes Cuartas, en los siguientes términos: “La Corte ha establecido que la Constitución ha establecido dos tipos de decretos legislativos: los declarativos del estado de excepción con fuerza de ley porque constituyen una auto habilitación para legislar y los decretos de desarrollo de esas facultades excepcionales” (se resalta). Mediante la cual, la Corte revisó el Decreto 333 de febrero 24 de 1992, "por el cual se declara el Estado de Emergencia Social", en todo el territorio nacional, debido a la perturbación del clima laboral en el sector oficial “por la falta de alza oportuna de salarios, lo cual amenaza causar graves traumatismos en el funcionamiento de la administración pública y perturbar gravemente el orden social del país”. M.P.: Eduardo Cifuentes Muñoz.

En ambos casos, están sometidos al control constitucional a cargo de la Corte, el cual, como se indicó en la sentencia C-179 de 1994, recae “no sólo sobre los decretos declarativos de los tres estados excepcionales, sino también con respecto a cada uno de los decretos legislativos que expida el Gobierno, en desarrollo de las atribuciones que le confiere la Constitución, para ser utilizadas durante los periodos transitorios”. Línea jurisprudencial seguida, entre otras, en las sentencias C-447 de 1992, C-366 de 1994, C-122 de 1997, C-122 de 1999 y C-216 de 1999. Disponible en HYPERLINK "https://dle.rae.es/desarrollar?m=form" https://dle.rae.es/desarrollar?m=form
Consejo de Estado, Sentencia del 5 de marzo de 2012, Expediente 2010-000369-00 M.P. Hugo Bastidas Bárcenas
Consejo de Estado, Sentencia del 5 de marzo de 2012, Expediente 2010-000369-00 M.P. Hugo Bastidas Bárcenas
La Sala Novena Especial de Decisión en sentencia de 27 de mayo de 2020, mediante la cual declaró ajustada a derecho la Circular Externa núm. 11 del 19 de marzo de 2020 expedida por el Superintendente de la Economía Solidaria, por la cual imparten “instrucciones prudenciales en materia de cartera de créditos con el fin de mitigar los efectos derivados de la situación de emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio nacional declarada por el gobierno nacional mediante el Decreto Núm. 417 del 17 de marzo de 2020”, consideró, como acontece en el presente caso, que el acto objeto de análisis se expidió a partir de las circunstancias fácticas que determinaron la expedición el Decreto 417 de 2020 que declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, en el marco de los efectos económicos ocasionados por la emergencia sanitaria internacional, y por tanto, se cumplía con la totalidad de los requisitos de procedibilidad del medio de control inmediato de legalidad. Radicado: 11001-0315-000-2020-00964-00. C.P. Gabriel Valbuena Hernández. También puede verse como antecedente, la sentencia proferida por esta misma Sala Veintidós Especial de Decisión el 24 de julio de 2020, dentro del expediente con número de radicación 11001-03-15-000-2020-01664-00 que resolvió el control inmediato de legalidad respecto de la Resolución 06257 del 2 de abril de 2020 dictada por la Superintendencia de Transporte. Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 15 de octubre de 2013. Radicación: 1001-03-15-000-2010-00390-00(CA). C.P. Marco Antonio Velilla.
“Por el cual se modifica la estructura del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA.”
En ejercicio de sus funciones en especial las consagradas en el numeral 23 del artículo 4º y el artículo 32 del Decreto 249 de 2004, que señalan como función de la Dirección General del SENA, crear Grupos Internos de Trabajo permanentes o transitorios y definir su composición, su coordinación y funciones. Consejo de Estado, Sección Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 24 de mayo de 2016. Radicado 11001 03 15 0002015 02578-00. M.P: Guillermo Vargas Ayala. Corte Constitucional. Sentencia C-466 del 19 de julio de 2017, M.P. Carlos Bernal Pulido. El objetivo estratégico 2 del Plan Nacional de Bienestar al Aprendiz - Resolución 2203 de 2019 – contiene como objetivos operativos “3. Asignar apoyos socioeconómicos para aprendices en situación de vulnerabilidad social e inseguridad económica como medio para promover su excelencia académica y humana. (…) 5. Asignar apoyos de alimentación para aprendices”, dentro de los tipos de apoyo de alimentación que tiene la entidad, se incluye el de “Apoyo de alimentación en situaciones especiales:

Es aquel que se otorga a los aprendices que presentan una situación de estado de excepción, fuerza mayor, relacionados con hechos de calamidad o desastre que demanden actuaciones inmediatas”.
“por la cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1º de enero al 31 de diciembre de 2020”
“Por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2020”
"Por la cual se efectúa la desagregación Inicial del Presupuesto Ley para la vigencia fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre de 2020, en la Dirección General, las Regionales y los Centros de Formación Profesional del Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA"
"Por el cual se adoptan medidas en materia de contratación estatal, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica" (…)
Artículo 6. Adiciónese un inciso al parágrafo 1 del artículo 94 de la Ley 1474 de 2011, así: Adquisición en grandes superficies. Durante la vigencia de la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, con ocasión de la pandemia derivada del Coronavirus COVID-19, cuando se trate de la adquisición de bienes relacionados con la emergencia, las entidades públicas podrán adquirirlos mediante el instrumento de agregación de demanda de grandes superficies, en cuyo caso el valor de la transacción podrá ser hasta por el monto máximo de la menor cuantía de la respectiva Entidad Estatal. Artículo 7. Contratación de urgencia. Con ocasión de la declaratoria de estado de Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y de Protección Social y en los términos del artículo 42 de la Ley 80 de 1993, se entiende comprobado el hecho que da lugar a declarar la urgencia manifiesta por parte de las entidades estatales, para la contratación directa del suministro de bienes, la prestación de servicios o la ejecución de obras en el inmediato futuro, con el objetivo de prevenir, contener y mitigar los efectos de la Pandemia del coronavirus COVID-19, así como para realizar las labores necesarias para optimizar el flujo de los recursos al interior del sistema de salud. Las actuaciones contractuales adelantadas con fundamento en la urgencia manifiesta se regirán por la normatividad vigente. Las entidades excluidas de la Ley 80 de 1993 podrán contratar de manera directa los bienes y servicios enunciados en el inciso anterior.”
"Por la cual se efectúa la desagregación Inicial del Presupuesto Ley para la vigencia fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre de 2020, en la Dirección General, las Regionales y los Centros de Formación Profesional del Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA" y que se comunicó por medio de la Circular No.: 01-3-2020-000001 de 2 de enero de 2020 "PARA: DIRECTOR GENERAL, DIRECTORES DE AREA, JEFES DE OFICINA, DIRECTORES REGIONALES Y SUBDIRECTORES DE CENTRO Asunto: Resolución de Apertura Presupuesto 2020”. Según relación de apertura de gastos de funcionamiento aportada por el SENA en el escrito de contestación al presente trámite judicial. Archivo obrante en SAMAI en formato Excel con la denominación “RECIBE MEMORIALES POR CORREO E LECTRONICO: APERTURA FUNCIONAM IENTO-INVERSIÓN 2020 2[2].xlsx”.
“Artículo 3. Prestación de los servicios a cargo de las autoridades. Para evitar el contacto entre las personas, propiciar el distanciamiento social y hasta tanto permanezca vigente la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, las autoridades a que se refiere el artículo 1 del presente Decreto velarán por prestar los servicios a su cargo mediante la modalidad de trabajo en casa, utilizando las tecnologías de la información y las comunicaciones. Las autoridades darán a conocer en su página web los canales oficiales de comunicación e información mediante los cuales prestarán su servicio, así como los mecanismos tecnológicos que emplearán para el registro y respuesta de las peticiones.

En aquellos eventos en que no se cuente con los medios tecnológicos para prestar el servicio en los términos del inciso anterior, las autoridades deberán prestar el servicio de forma presencial. No obstante, por razones sanitarias, las autoridades podrán ordenar la suspensión del servicio presencial, total o parcialmente, privilegiando los servicios esenciales, el funcionamiento de la economía y el mantenimiento del aparato productivo empresarial. En ningún caso la suspensión de la prestación del servicio presencial podrá ser mayor a la duración de la vigencia de la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social. Parágrafo. En ningún caso, los servidores públicos y contratistas del Estado que adelanten actividades que sean estrictamente necesarias para prevenir, mitigar y atender la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19, y garantizar el funcionamiento de los servicios indispensables del Estado podrán suspender la prestación de los servicios de forma presencial. Las autoridades deberán suministrar las condiciones de salubridad necesarias para la prestación del servicio presencial.”
Corte Constitucional. Sentencia C-520 de 21 de septiembre 2016. MP. María Victoria Calle. Ibídem. Corte Constitucional. Sentencia C-723 de 25 de noviembre 2015. Magistrado Ponente: Luis Ernesto Vargas Silva. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 20 de octubre de 2009, Radicación 11001-03-15-000-2009-00549-00. C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

Referencia: Control inmediato de legalidad
Radicados: Acumulado 11001-03-15-000-2020-01938-00
Circulares No. 01-3-2020-000072 y N.º 01-3-2020-000079 de abril de 2020- SENA

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Referencia: Control inmediato de legalidad
Radicados: Acumulado 11001-03-15-000-2020-01938-00
Circulares No. 01-3-2020-000072 y 01-3-2020-000079 de abril de 2020- SENA

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