Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2020-02815-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2020-02815-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2020-02815-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2020-02815-00
Consejero ponente: William Hernandez Gomez
24 de marzo de 2022
Ra d ic a d o : 1 1 0 01- 0 3- 1 5- 0 0 0- 20 2 0- 0 2 81 5- 0 0
Ac c i o na nt e : A d il e m G uer rer o For t ic h
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
MAGISTRADO PONENTE: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Bogotá D.C., veinticuatro (24) de marzo de dos mil veintidós (2022)
F.T: 89
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2020-02815-00
Accionante: ADILEM GUERRERO FORTICH
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR, SALA DE
DECISIÓN NÚM. 001.
Temas: Acción de tutela en contra de providencia de nulidad y restablecimiento
del derecho, en la que se negó la reliquidación de prestaciones sociales con la
inclusión de la prima de riesgo como factor salarial. Ausencia de las causales
específicas de desconocimiento de precedente judicial y violación directa de la
Constitución Política.
FALLO DE PRIMERA INSTANCIA
ASUNTO
La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en sede de
tutela, decide la acción de la referencia.
HECHOS RELEVANTES
a) Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
La señora Adilem Esther Guerrero Fortich instauró demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho en contra del extinto Departamento Administrativo de
Seguridad (DAS), de la Fiscalía General de la Nación y de la Fiduprevisora S.A.,
para que se inaplicara el artículo 4. ° del Decreto 2646 de 1994; se declarara la
nulidad del Oficio núm. E-2310,18-201318066, por medio del cual le fue negado el
reconocimiento de la prima de riesgo como factor salarial, y , a título de
restablecimiento del derecho, se le reconociera y pagara, debidamente indexada,
la reliquidación de todas las primas legales y extralegales, prima de servicio,
vacaciones, prima de vacaciones, prima de navidad, cesantías e intereses de las
cesantías, desde el nacimiento del derecho y las que se causaran a futuro, y el
reajuste de los aportes a la seguridad social reliquidados con el salario realmente
devengado con inclusión de la prima de riesgo.
El 19 de diciembre de 2016 el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial
de Cartagena accedió a las pretensiones de la demanda, por lo cual la parte
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Ra d ic a d o : 1 1 0 01- 0 3- 1 5- 0 0 0- 20 2 0- 0 2 81 5- 0 0
Ac c i o na nt e : A d il e m G uer rer o For t ic h
demandada interpuso recurso de apelación en contra de la anterior decisión. El 25
de noviembre de 2018 el Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de Decisión núm.
001, revocó la sentencia de primera instancia y, en su lugar, negó las súplicas de
la demanda. Decisión que fue notificada por correo electrónico el 17 de enero de
2020.
b) Inconformidad
La accionante, Adilem Esther Guerrero Fortich, consideró que el Tribunal
Administrativo de Bolívar, Sala de Decisión Núm. 001, con ocasión a la expedición
de la sentencia del 25 de noviembre de 2018, vulneró sus derechos
fundamentales al debido proceso, igualdad y acceso a la administración de justicia
y, junto con ellos, los principios de supremacía del derecho sustancial sobre el
formal, favorabilidad laboral y seguridad jurídica. Para el efecto, afirmó que la
autoridad judicial precitada incurrió en los siguientes defectos:
1. Desconocimiento de precedente judicial, comoquiera que al proferir la decisión
mencionada aquella desconoció las siguientes sentencias: a) la SU-995 de 1999,
mediante la cual la Corte Constitucional realizó una interpretación amplia y no
restrictiva del concepto de salario; b) la proferida por el Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección A, el 7 de abril de 2011 en el proceso con radicado
2007-00249-01, por medio de la que se precisó que constituye salario no solo la
remuneración ordinaria, fija o variable, sino todo lo que recibe el trabajador en
dinero o en especie como contraprestación directa del servicio, sea cualquiera la
denominación que se adopte y c) la de unificación emitida por la misma Sección el
1.° de agosto de 2013, en la que si bien se unificaron los criterios en torno a la
prima de riesgo pagada a los funcionarios del DAS, como factor para el
reconocimiento de las pensiones de vejez, también se efectuó un estudio sobre la
naturaleza de esta prima, donde se concluyó que se trataba de un emolumento
que comportaba e integraba el salario de dichos servidores, puesto que lo recibían
de manera habitual y periódica como contraprestación de sus servicios y no por
mera liberalidad del empleador y, por lo tanto, hacía parte de la base salarial con
la que debían liquidarse las prestaciones sociales.
Adicionalmente, aseguró que la autoridad judicial accionada defendió una tesis
que resulta contradictoria con la jurisprudencia construida por el alto tribunal de lo
contencioso administrativo, la Corte Constitucional y los convenios internacionales
acogidos por Colombia, en los que se ha especificado que salario es toda
remuneración que percibe el trabajador como prestación de un servicio de forma
personal, directa y subordinada.
Aunado a ello, resaltó que la Sala accionada no preservó la autonomía e
independencia judicial del Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de
Cartagena, el cual, bajo una carga argumentativa razonable y suficiente, consideró
en el proceso ordinario que la prima de riesgo era factor salarial para la
reliquidación de las prestaciones sociales.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
2
Ra d ic a d o : 1 1 0 01- 0 3- 1 5- 0 0 0- 20 2 0- 0 2 81 5- 0 0
Ac c i o na nt e : A d il e m G uer rer o For t ic h
2. Defecto sustantivo, puesto que el Consejo de Estado en varios
pronunciamientos ha reconocido que la prima de riesgo es factor salarial y,
consecuentemente, deben reliquidarse las prestaciones con su inclusión; para
fundamentar lo anterior, refirió los fallos proferidos el 8 de noviembre de 2019, el
15 de noviembre de 2019 y el 5 de diciembre de 2019 por la Sección Primera de la
corporación precitada en las acciones de tutela con número de radicados 2019-
03508-01, 2019-04501-01 y 2019-03513-01.
3. Violación directa de la Constitución Política, ya que con la decisión adoptada se
quebrantaron los principios constitucionales de seguridad jurídica y favorabilidad
laboral, al omitir la máxima jurisprudencial señalada tanto por la Corte
Constitucional como por el Consejo de Estado sobre el concepto de salario y,
además al desatenderse los recientes precedentes y antecedentes que existen
sobre el reconocimiento de la prima de riesgo como factor salarial para la
liquidación de prestaciones sociales.
PRETENSIONES
La parte accionante solicitó amparar sus derechos fundamentales antes
mencionados y, en consecuencia, requirió dejar sin efectos la sentencia proferida
el 25 de noviembre de 2018 por el Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de
Decisión núm. 001, en el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicado 2014-00078, para, en su lugar, emitir una nueva providencia
en la que se acojan los parámetros expuestos por el Consejo de Estado en lo que
concierne al reconocimiento de la prima de riesgo como factor salarial.
TRÁMITE DE LA PRESENTE ACCIÓN DE TUTELA
El 24 de junio de 2020 la señora Adilem Esther Guerrero Fortich presentó,
mediante correo electrónico, la acción de la referencia y el 26 del mismo mes y
año pasó al despacho del magistrado sustanciador de la presente providencia. El
9 de julio de la misma anualidad aquel manifestó su impedimento para conocerla,
bajo la causal contenida en el ordinal 4.° del artículo 56 del Código de
Procedimiento Penal. El 27 de agosto de 2021 la Sala de Conjueces de la Sección
Segunda de esta corporación declaró infundado el impedimento.
En consecuencia, el 23 de febrero de 2022 la Secretaría General remitió el
expediente nuevamente al despacho del magistrado ponente, por lo que al día
siguiente admitió la acción de tutela en contra del Tribunal Administrativo de
Bolívar, Sala de Decisión núm. 001 y, adicionalmente, vinculó a la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado, la Fiduprevisora S.A, como vocera del
Patrimonio Autónomo Público PAP Fiduprevisora S.A., Defensa Jurídica del
extinto Departamento Administrativo de Seguridad DAS y su Fondo Rotatorio, y a
la Fiscalía General de la Nación.
CONTESTACIONES AL REQUERIMIENTO
Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de Decisión núm. 001.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
3
Ra d ic a d o : 1 1 0 01- 0 3- 1 5- 0 0 0- 20 2 0- 0 2 81 5- 0 0
Ac c i o na nt e : A d il e m G uer rer o For t ic h
El magistrado Luis Miguel Villalobos Álvarez, luego de hacer un recuento del
trámite surtido en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con
número de radicado 2014-00078, explicó que revocó la sentencia proferida el 19
de diciembre de 2016 por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de
Cartagena, al considerar que a la accionante no le asistía derecho a que la prima
de riesgo fuera incluida para liquidar las prestaciones sociales, comoquiera que
solo tiene el carácter de factor salarial para efectos de reconocimiento o
reliquidación pensional.
Adicionalmente, aseguró que no transgredió el debido proceso ni el principio de
seguridad jurídica invocados por la peticionaria, comoquiera que al proceso se le
impartió el trámite procesal pertinente de acuerdo con los argumentos y las
pruebas oportunamente allegadas, lo cual lo llevó a concluir que la prima de
riesgo, objeto de la litis, solo debe tenerse en cuenta como factor de
reconocimiento de pensiones de jubilación y vejez. En ese sentido, concluyó que
no se encontraban reunidos los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela
en contra de providencias judiciales, puesto que no se habían vulnerado los
derechos fundamentales reclamados, por lo que solicitó rechazar por
improcedente la acción de la referencia.
Fiduprevisora S.A., en calidad de vocera del Patrimonio Autónomo Público
PAP Fiduprevisora S.A., Defensa Jurídica del extinto Departamento
Administrativo de Seguridad – DAS, y la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado -ANDJE-
La señora Judith María Haydar Martínez, en calidad de apoderada especial de las
entidades referidas, se opuso a las pretensiones de la accionante y, en
consecuencia, solicitó negar la acción de tutela instaurada, para que se conserve
la decisión adoptada el 25 de noviembre de 2018 por el Tribunal Administrativo de
Bolívar, Sala de Decisión Núm. 001 dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 2014-00078.
Como argumento de lo anterior, manifestó que la acción de tutela no es el
mecanismo idóneo para controvertir la precitada sentencia, puesto que, por su
carácter residual y subsidiario, no es una tercera instancia, sobre todo cuando el
escrito carece de argumentación fáctica y jurídica y no se observa vulneración
alguna de derechos fundamentales ni los defectos alegados. Además, señaló que
la providencia discutida está basada en normas aplicables y vigentes, por lo que
conceder el amparo implicaría transgredir los principios de la autonomía judicial y
de la cosa juzgada, máxime cuando el accionante tuvo las oportunidades
procesales correspondientes, como el recurso de apelación, para presentar su
inconformidad durante el proceso.
Respecto de la prima de riesgo como factor salarial para liquidación de
prestaciones sociales, precisó que el Consejo de Estado ha definido que el juez es
totalmente autónomo para decidir la interpretación del tema, siempre que aquella
decisión se encuentre bien argumentada, para lo cual citó el fallo de tutela dictado
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
4
Ra d ic a d o : 1 1 0 01- 0 3- 1 5- 0 0 0- 20 2 0- 0 2 81 5- 0 0
Ac c i o na nt e : A d il e m G uer rer o For t ic h
el 2 de julio de 2019 en la acción de tutela con radicado 2019-01185-00. Añadió
que el Estado les otorga esa facultad de decidir la dirección y el sentido de cada
pronunciamiento sin que sea un ejercicio arbitrario que se aparte de la ley o la
Constitución Política.
Por lo anterior, indicó que el DAS no tuvo en cuenta la prima de riesgo como factor
salarial para las liquidaciones, debido a las diferentes disposiciones legales y
reglamentarias que así lo previeron, como lo es el artículo 18 del Decreto 1933 de
1989, por medio del cual se expidió el régimen prestacional especial para los
empleados de esa entidad; el artículo 1.° del Decreto 132 de 1994, a través del
cual se fijaron las normas en materia salarial, y el Decreto 1137 de 1994 en el que
se creó, en su artículo 1.°, una prima especial de riesgo con carácter permanente
para algunos empleados del DAS, entre otros.
Fiscalía General de la Nación
La profesional experto de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la entidad referida
Vanessa Cristancho García, luego de exponer las pretensiones del escrito de
tutela, aseguró que en la acción no se evidencia alguna vulneración de los
derechos fundamentales reclamados. Asimismo, resaltó que la accionante no
justificó la razón por la cual no agotó los otros mecanismos que tiene a su alcance.
De otra parte, reiteró los argumentos planteados por el Tribunal Administrativo de
Bolívar, en la sentencia hoy controvertida, consistentes en que la prima de riesgo
fue creada en el artículo 4.° del Decreto 1933 de 1989, en el que se dispuso que
aquella es otorgada a los trabajadores por la naturaleza peligrosa de su cargo,
como los pertenecientes al área de dirección superior, operativa, a los conductores
del área administrativa adscritos a los servicios de escolta, a las unidades de
operaciones especiales y a los grupos antiexplosivos. Además, indicó que en los
decretos 1933 de 1989 y 132, 1137 y 2646, todos de 1994, se precisó que esta
prima no constituye un factor salarial.
Aunado a ello, refirió que el Tribunal precitado aclaró que, a pesar de que en
algunos pronunciamientos el Consejo de Estado, con base en la normativa
precitada, negó la inclusión de aquella prima como factor salarial, a través de la
Sentencia de Unificación del 1.° de agosto de 2013 esta tesis fue modificada, por
lo que la reconoció como un factor salarial que debe tenerse en cuenta al
momento de liquidar la prestación pensional.
En ese orden de ideas, concluyó que el presente mecanismo es improcedente,
puesto que, en primer lugar, la accionante no cumple con el requisito de
subsidiariedad, comoquiera que no agotó los mecanismos de defensa judicial con
los que contaba para ventilar la controversia objeto de esta acción; en segundo
lugar, lo pretendido es retrotraer etapas procesales del asunto que ya surtió su
trámite en el proceso ordinario, lo cual es inconcebible por el carácter subsidiario
de la misma y, en tercer lugar, porque aquella no sustentó en debida forma las
causales específicas de procedencia de la acción de tutela en contra de
providencias judiciales.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
5
Ra d ic a d o : 1 1 0 01- 0 3- 1 5- 0 0 0- 20 2 0- 0 2 81 5- 0 0
Ac c i o na nt e : A d il e m G uer rer o For t ic h
En todo caso, advirtió que la autoridad judicial accionada respetó las garantías de
la accionante en las instancias llevadas a cabo y los parámetros jurisprudenciales
de la independencia y autonomía con la cual cuentan los jueces al momento de
dictar sentencia, por lo que no se apartó de lo contemplado en la sentencia SU-
072 de 2018. Por tanto, solicitó declarar improcedente la presente acción
constitucional.
CONSIDERACIONES
Competencia
La Subsección “A” de la Sección Segunda del Consejo de Estado es la
competente para conocer del asunto, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 1.° del Decreto 333 de 2021 1, el
cual regula que: «[…] [l]as acciones de tutela dirigidas contra los Jueces o
Tribunales serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia, al
respectivo superior funcional de la autoridad jurisdiccional accionada […]».
Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
Tratándose de la acción de tutela contra providencias judiciales la postura
reiterada y uniforme de la Corte Constitucional2 y del Consejo de Estado3 ha sido
admitir su procedencia excepcional, siempre que se cumplan los requisitos
generales de procedibilidad (exigencias generales) y las causales específicas de
procedencia (defectos).
La posición ha evolucionado en la jurisprudencia constitucional empezando por la
tesis de la vía de hecho fijada en las sentencias C-543 de 1992 y T-079 de 1993,
entre otras providencias, y su redefinición en la T-949 de 2003, hasta llegar a su
sistematización en la sentencia C-590 de 2005.
Por su parte, el Consejo de Estado, en sentencia de unificación por importancia
jurídica del 5 de agosto de 2014, con ponencia de Jorge Octavio Ramírez,
concluyó que la acción de tutela procede contra providencias judiciales siempre y
cuando se respete el principio de autonomía del juez natural, y se cumplan los
requisitos generales y específicos precisados por la Corte Constitucional.
Veamos:
1 Por medio del cual se modificaron los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de
2015 referente a las reglas de reparto de la acción de tutela.
2 Al respecto ver, entre otras, sentencias T-573 de 1997, T-567 de 1998, T-001 de 1999, T-377 de 2000, T-
1009 de 2000, T-852 de 2002, T-453 de 2005, T-061 de 2007, T-079 de 1993,T-231 de 1994, T-001 de 1999,
T-814 de 1999,T-522 de 2001, T-842 de 2001, SU-159 de 2002, T-462 de 2003,T-205 de 2004, T-701 de
2004, T-807 de 2004, T-1244 de 2004, T-056 de 2005, T-189 de 2005, T-800 de 2006, T-061 de 2007, T-018
de 2008, T-051 de 2009, T-060 de 2009, T-066 de 2009, T-889 de 2011, T- 010 de 2012, T- 1090 de 2012, T-
074 de 2012, T- 399 de 2013, T-482 de 2013, T- 509 de 2013, , T- 254 de 2014, T- 941 de 2014 y T-059 de
2015.
3Sentencia de unificación por importancia jurídica, proferida por la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo el 5 de agosto de 2014. M.P: Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Exp. n.º 11001-03-15-000-2012-
02201-01 (IJ) Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
6
Ra d ic a d o : 1 1 0 01- 0 3- 1 5- 0 0 0- 20 2 0- 0 2 81 5- 0 0
Ac c i o na nt e : A d il e m G uer rer o For t ic h
Requisitos generales: Los requisitos generales de procedibilidad son exigibles en
su totalidad, porque la ausencia de alguno de ellos impide el estudio de fondo de
la vía de hecho planteada. Estos son los siguientes:(i) la cuestión que se discute
tiene relevancia constitucional; (ii) se agotaron todos los medios de defensa
judicial con los que cuenta la persona afectada; (iii) se cumple el requisito de
inmediatez; (iv) cuando se alegue una irregularidad procesal, la misma debe ser
decisiva en la sentencia que se controvierte y afectar derechos fundamentales; (v)
se expresaron de manera clara los hechos y argumentos que controvierten la
providencia bajo estudio y (vi) la providencia objeto de la presente acción no fue
dictada dentro de una acción de tutela.
Causales específicas: Las causales específicas de procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial son aquellos defectos o errores en los cuales
puede incurrir la decisión cuestionada. Son las siguientes4: a) defecto orgánico,
que se presenta cuando el juez carece de forma absoluta de competencia; b)
defecto procedimental, el cual ocurre cuando la autoridad judicial actúa
completamente al margen del procedimiento establecido; c) defecto fáctico, esto
ocurre cuando: el juez carece de apoyo probatorio, la valoración es absolutamente
equivocada o no tiene en cuenta el material probatorio obrante en el expediente
para proferir la decisión; d) defecto material o sustantivo, el cual se origina cuando
exista un error judicial ostentoso, arbitrario y caprichoso que desconozca
lineamientos constitucionales y/o legales, específicamente ocurre cuando: se
decida con fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales, en contravía
de ellas o exista una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión; e) error inducido, cuando la autoridad judicial es víctima de engaño por
terceros y el mismo lo condujo a tomar una decisión que afecta derechos
fundamentales; f) decisión sin motivación; g) desconocimiento del precedente
judicial y h) violación directa de la Constitución Política.
Es importante advertir que si la decisión judicial cuestionada incurrió en alguna de
las causales específicas podrá ser razón suficiente para el amparo constitucional.
Problema jurídico
En el caso concreto se cumplen los requisitos generales de procedibilidad; por
tanto, la parte motiva se ocupará de analizar las causales específicas, que, para el
asunto bajo examen, se centran en el análisis del desconocimiento del precedente
judicial y violación directa de la Constitución Política, por ser los que más se
ajustan a los argumentos de inconformidad expuestos por la parte accionante.
Así las cosas, el problema jurídico en esta instancia puede resumirse en las
siguientes preguntas:
1. ¿Existe una posición unificada sobre la inclusión de la prima de riesgo,
devengada por los servidores del extinto Departamento Administrativo de
4Sentencias T-352 de 2012, T-103 de 2014, T-125 de 2012, T-176 de 2016, SU-573 de 2017, entre otras.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
7
Ra d ic a d o : 1 1 0 01- 0 3- 1 5- 0 0 0- 20 2 0- 0 2 81 5- 0 0
Ac c i o na nt e : A d il e m G uer rer o For t ic h
Seguridad (DAS), como factor salarial para la liquidación de las
prestaciones sociales?
2. En caso de una respuesta negativa al anterior interrogante, deberá
resolverse el siguiente: ¿El Tribunal se encontraba obligado a confirmar la
decisión adoptada por el juez de primera instancia o podía asumir la tesis
que considerara adecuada, de conformidad con su autonomía e
independencia judicial?
3. ¿La autoridad judicial precitada desconoció los principios de seguridad
jurídica y favorabilidad laboral contenidos en la Constitución Política?
Para resolver el problema así planteado, se abordará la siguiente temática: (I)
desconocimiento de precedente judicial, (II) posición del Consejo de Estado sobre
la prima de riesgo, (III) análisis de la postura adoptada en la sentencia discutida,
(IV) violación directa de la Constitución Política y (V) examen de la presunta
violación de la Constitución Política. Veamos:
• Primer y segundo problema jurídico
¿Existe una posición unificada sobre la inclusión de la prima de riesgo, devengada
por los servidores del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS),
como factor salarial para la liquidación de las prestaciones sociales?
¿El Tribunal se encontraba obligado a confirmar la decisión adoptada por el juez
de primera instancia o podía asumir la tesis que considerara adecuada, de
conformidad con su autonomía e independencia judicial?
I. Desconocimiento del precedente judicial
La Corte Constitucional ha sostenido que el desconocimiento del precedente
jurisprudencial constituye una causal de procedibilidad de la acción de tutela 8,
pues si bien es cierto los jueces gozan de autonomía para adoptar la decisión a
que haya lugar, también lo es que la misma tiene unos límites como es el respeto
por el precedente judicial. Debe precisarse que ese respeto no puede ser
entendido de manera absoluta, ya que se trata de armonizar y salvaguardar los
principios constitucionales. De allí que se ha admitido la separación de este
siempre que se expongan las razones por las cuales se aparta.
En sentencia T-446/13, la Corte Constitucional sostuvo que para el efecto deben
cumplirse dos requisitos: (I) hacer una referencia expresa del precedente aplicado
a casos similares y (II) exponer las razones suficientes por las que considera que
el mismo no resulta ajustado al asunto estudiado. En ese orden de ideas, cuando
un juez se aleja del precedente judicial sin exponer los motivos para hacerlo, tal
actuación implica una vulneración al derecho a la igualdad.
Por último, debe precisarse que el desconocimiento del precedente judicial puede
ser vertical, esto es, el que deben seguir los funcionarios judiciales que están en
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
8
Ra d ic a d o : 1 1 0 01- 0 3- 1 5- 0 0 0- 20 2 0- 0 2 81 5- 0 0
Ac c i o na nt e : A d il e m G uer rer o For t ic h
un nivel jerárquico inferior de los órganos de cierre dentro de su respectiva
jurisdicción o puede ser horizontal, el cual hace referencia a aquel que deben
seguir los jueces de la misma jerarquía.
II. Posición del Consejo de Estado en cuanto a la prima de riesgo
El Decreto 2646 de 1994 creó una prima especial mensual de riesgo con carácter
permanente para los empleados del extinto DAS que desempeñaran los cargos de
detective especializado, profesional o agente, criminalístico especializado,
profesional o técnico y conductores5, equivalente al 35 % de su asignación básica
mensual, la cual, según el artículo 4.º Ibidem, no constituye factor salarial.
Atendiendo el tenor literal de la norma, esta corporación, en un primer momento,
negó la inclusión de la referida prestación en la liquidación de las pensiones a
reconocer a favor de los servidores del extinto DAS.
Posteriormente, se dio un cambio en la posición sobre el tema6 y se dejó de lado
una lectura literal del Decreto 2646 de 1994, para dar paso a una interpretación
favorable de las normas que contemplan los factores salariales a tener en cuenta,
al momento de establecer el IBL de una prestación pensional, en aplicación de lo
dispuesto en el artículo 73 del Decreto 1848 de 1969.
En ese contexto, la corporación consolidó el criterio en torno a la prima de riesgo
de los servidores del DAS como factor para el reconocimiento de las pensiones de
jubilación o de vejez de quienes sean sujetos del régimen de transición. Por tal
motivo, se profirió la Sentencia de Unificación el 1.º de agosto de 2013, con
ponencia del M.P. Gerardo Arenas Monsalve, dentro del proceso con radicado
44001-23-31-000-2008-00150-01 (0070-11), providencia en la cual se precisó que
aquella constituye en forma visible una retribución directa y constante a los
detectives, criminalísticos y conductores en atención a las características
especiales de la labor que desarrollaban; por ende, goza de una naturaleza
salarial intrínseca, independientemente de que el Decreto 2646 de 1994 niegue tal
condición. La situación anterior fue sustentada bajo el principio de la primacía de
la realidad sobre las formalidades dispuesto para los sujetos de las relaciones
laborales, en virtud del artículo 53 de la Constitución Política.
Así entonces, pese a que el artículo 4.° del Decreto 2646 de 1994 excluyó
expresamente la prima de riesgo como factor salarial, fue a partir de la
jurisprudencia de esta corporación que se incluyó como un factor salarial a
efectos de liquidar la pensión de los mencionados exservidores del DAS. Sin
embargo, el reconocimiento de esta, como factor salarial, en la liquidación de las
demás prestaciones es un tema que no ha sido unificado por parte del Consejo de
Estado.
5 Que no estén asignados a tareas administrativas.
6 Ver sentencia de 10 de noviembre de 2010. Rad. 568-2008. MP. Gustavo Gómez Aranguren.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
9
Ra d ic a d o : 1 1 0 01- 0 3- 1 5- 0 0 0- 20 2 0- 0 2 81 5- 0 0
Ac c i o na nt e : A d il e m G uer rer o For t ic h
III. Análisis de la postura adoptada en la sentencia discutida
La señora Adilem Guerrero Fortich solicitó la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, igualdad y acceso a la administración de justicia
y, junto con ellos, los principios de supremacía del derecho sustancial sobre el
formal, favorabilidad laboral y seguridad jurídica, los cuales estimó vulnerados por
el Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de Decisión núm. 001, al expedir la
sentencia del 25 de noviembre de 2018.
Como fundamento de la anterior solicitud, en síntesis, consideró que la autoridad
judicial precitada desconoció lo dispuesto por la Corte Constitucional, en la
Sentencia SU-995 de 1999, y por el Consejo de Estado, Sección Segunda, en la
Sentencia de Unificación del 1.º de agosto de 2013 y en la providencia del 7 de
abril de 2011 proferida por la Subsección A de la Sección referida en el proceso
con número de radicado 2007-00249-01, pues en ellas se realizó una
interpretación amplia y no restrictiva del concepto de salario, por lo cual se
determinó que todas las sumas pagadas de manera habitual, generadas como
prestación directa de la labor ejecutada por el empleado, sin importar las
denominaciones asignadas por la ley o las partes contratantes, constituían salario.
Pues bien, con el fin de resolver el anterior desacuerdo y, en esa medida,
determinar si la autoridad judicial precitada incurrió en la causal de
desconocimiento de precedente judicial, es necesario exponer los argumentos que
utilizó el Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de Decisión núm. 001, al revocar
la sentencia proferida el 19 de diciembre de 2016 por el Juzgado Cuarto
Administrativo del Circuito Judicial de Cartagena en el medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho con número de radicado 2014-00078. Al respecto,
se advierte que la Sala accionada, en la providencia hoy censurada, afirmó que la
prima de riesgo fue implementada en el artículo 4.º del Decreto 1933 del 28 de
agosto de 1989 y desarrollada mediante los decretos 132, 1137 y 2644 de 1994,
en los cuales se determinó que aquella no constituía factor salarial.
Asimismo, explicó que el Consejo de Estado, anteriormente, atendiendo a la
interpretación literal de la norma, negaba la inclusión de la prima de riesgo, como
factor salarial, para la liquidación de las prestaciones sociales de los empleados
del DAS. Sin embargo, aclaró que dicha postura fue replanteada en la Sentencia
de Unificación del 1.º de agosto de 2013, en la cual la corporación judicial
precitada, al concluir que aquella prestación hacía parte de la contraprestación
directa que percibían los empleados del DAS en retribución de la actividad
desempeñada por ellos, le otorgó el carácter de factor salarial, pero únicamente
para efectos del reconocimiento pensional.
Posteriormente, en atención a los pronunciamientos del Consejo de Estado del 29
de agosto de 2019, del 10 de octubre de la misma anualidad y del 25 del mismo
mes y año, en las acciones de tutela con número de radicado, 2019-01686-01,
2019-02266-01 y 2019-03500-01, explicó que, por no existir un criterio unificado
respecto a la inclusión de la prima de riesgo como factor salarial para la liquidación
de las prestaciones sociales, debía atenderse a la autonomía e independencia
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
10
Ra d ic a d o : 1 1 0 01- 0 3- 1 5- 0 0 0- 20 2 0- 0 2 81 5- 0 0
Ac c i o na nt e : A d il e m G uer rer o For t ic h
judicial, basándose siempre en las herramientas jurídicas, de modo que no
significa que sea un ejercicio arbitrario, puesto que las decisiones deben proferirse
en el marco de la Constitución y la ley.
En esa medida, indicó que si bien es cierto que la señora Adilem Esther Guerrero
Fortich laboró para el Departamento Administrativo de Seguridad –DAS– en el
cargo de detective 208-06, durante el período comprendido entre el 7 de abril de
2011 y el 30 de abril de 2012, cuando devengó la prima de riesgo en un porcentaje
correspondiente al 35 % de su asignación básica mensual, también lo es que esta
prima solo procede como factor salarial para el reconocimiento de la pensión de
vejez o de jubilación, por lo que a aquella no le asistía derecho a que sus
prestaciones se reliquidaran con la inclusión de esta prima.
De lo anterior, se concluye que el Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de
Decisión núm. 001, revocó la decisión adoptada por el Juzgado Cuarto
Administrativo del Circuito Judicial de Cartagena porque consideró que en el caso
no era procedente acceder a las pretensiones de la demanda, en la medida en
que, en el marco normativo y en la jurisprudencia del Consejo de Estado, dicha
prima únicamente adquirió la connotación de factor salarial para efectos de liquidar
la pensión.
Bajo este escenario, resulta claro que la autoridad judicial accionada no
desconoció el análisis realizado por estos altos tribunales en las sentencia citadas
como desconocidas, en torno a la naturaleza del salario, sino que aquella en razón
a que no existía una posición unificada sobre la prima de riesgo como factor
salarial para liquidar las prestaciones sociales, decidió aplicar el criterio
consistente en que la prima de riesgo solo debía incluirse como factor salarial para
efectos de liquidar la prestación pensional.
Por lo anterior, se colige que no existe una posición unificada por parte del
máximo órgano de la jurisdicción de lo contencioso administrativo sobre el tema de
la prima de riesgo como factor salarial para liquidar las prestaciones sociales, pues
si bien es cierto que en la Sentencia de Unificación del 1.º de agosto de 2013 esta
corporación le otorgó la connotación de factor salarial a la prima de riesgo, lo
cierto es que esto solo se impuso para efectos del reconocimiento pensional. En
ese sentido, el Tribunal Administrativo de Bolívar podía resolver el caso, de
acuerdo con su criterio interpretativo.
En esa medida, ante la ausencia de un criterio unificado por parte del tribunal de
cierre de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, puede evidenciarse la
existencia de argumentos tanto a favor como en contra de las personas que
pretenden obtener el reconocimiento de la prima de riesgo como factor salarial en
la liquidación de las demás prestaciones diferentes a la pensión, motivo por el cual
la autoridad accionada adoptó el que consideró apropiado, en virtud a la libertad
de interpretación y autonomía del juez, es decir, optó por aplicar la tesis de que la
prima de riesgo solo constituía factor salarial para efectos de calcular la pensión.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
11
Ra d ic a d o : 1 1 0 01- 0 3- 1 5- 0 0 0- 20 2 0- 0 2 81 5- 0 0
Ac c i o na nt e : A d il e m G uer rer o For t ic h
En efecto, la autonomía e independencia de los jueces reconocida a nivel
constitucional (C.P. Artículos 228 y 230), son facultades que les otorga el Estado y
cuya limitación se enmarca por la constitución y las leyes. Desde esa perspectiva,
los jueces de la República, en su labor de administrar justicia, pueden, a través de
una carga argumentativa suficiente, clara y explícita, aplicar e interpretar los
mandatos abstractamente definidos por el legislador. De igual forma, apartarse de
los dictados de los fallos de sus superiores o adoptar una de las tesis cuando
sobre el mismo asunto versen diversas posiciones.
Es precisamente de esta prerrogativa de la cual se revisten los funcionarios
judiciales para optar por la interpretación que, según su leal saber y entender,
consideren más apropiada y frente a la cual le está vedado al juez constitucional
cualquier consideración; máxime cuando el juez natural, en un legítimo ejercicio de
la autonomía e independencia judicial, decide razonablemente una de las
posiciones que puede asumirse sobre el tema en discusión. En consecuencia,
dado que no existe sentencia de unificación, el juez de tutela no puede imponerle
una posición al juez a quien por ley corresponde el conocimiento del asunto.
Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que si bien es cierto que en la Sentencia
de Unificación del 1.° de agosto de 2013, mediante la cual se definió que la prima
de riesgo solo constituía salario para liquidar la pensión, se analizó ampliamente la
noción de salario, también lo es que este estudio únicamente se produjo para
efectos pensionales, por lo que el accionante no puede pretender que se aplique
dichas consideraciones a su caso en concreto de forma obligatoria, por cuanto se
trata de situaciones disimiles.
Ahora bien, se advierte que la accionante manifestó que la autoridad judicial
precitada no respetó la autonomía e independencia judicial del Juzgado Cuarto
Administrativo del Circuito Judicial de Cartagena, comoquiera que no confirmó la
postura adoptada por esta última autoridad, consistente en que la prima de riesgo
era factor salarial para la reliquidación de las prestaciones sociales.
No obstante, analizado este argumento, debe precisarse que era el Tribunal
Administrativo de Bolívar, Sala de Decisión núm. 001, el que debía adoptar la
última decisión en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, por ser el
juez de segunda instancia. En ese entendido, no se trata de que aquella autoridad
haya desconocido la autonomía del a quo, sino que al ser el órgano de cierre en el
caso era a quien le correspondía resolverlo definitivamente.
Finalmente, se aprecia que la accionante sostuvo que el Consejo de Estado, en
sede constitucional, acogió el criterio consistente en que la prima de riesgo sí
constituye factor salarial para liquidar prestaciones distintas a la pensión, para lo
cual citó las sentencias proferidas el 8 de noviembre de 2019, el 15 de noviembre
de 2019 y el 5 de diciembre de 2019 por la Sección Primera de la corporación
precitada, en las acciones con número de radicado 2019-03508-01, 2019-04501-
01 y 2019-03513-01.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
12
Ra d ic a d o : 1 1 0 01- 0 3- 1 5- 0 0 0- 20 2 0- 0 2 81 5- 0 0
Ac c i o na nt e : A d il e m G uer rer o For t ic h
Sin embargo, se advierte que las sentencias citadas fueron proferidas en sede de
tutela, por lo cual no constituyen precedente judicial de obligatorio acatamiento,
debido a que sus efectos son inter partes, por lo que su alcance es personal y
concreto. En todo caso, esta Subsección encuentra oportuno aclarar que en las
sentencias referidas se negó el amparo solicitado por la Fiduprevisora S.A. como
vocera del Patrimonio Autónomo Público Fiduprevisora S.A., Defensa Jurídica del
extinto Departamento Administrativo de Seguridad DAS, y la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado, dado que en ellas se protegió la autonomía e
independencia judicial7 y la posición razonable8. En esa medida, se denota que en
esas decisiones no se adoptó la tesis de que la prima de riesgo era factor salarial
para la liquidación de las prestaciones sociales. De manera que la autoridad
judicial era libre de adoptar la posición que estimara pertinente, siempre y cuando
lo hiciera bajo una exposición de motivos razonables, como en efecto ocurrió en
este caso.
Por consiguiente, la Subsección concluye que el Tribunal Administrativo de
Bolívar, Sala de Decisión núm. 001, no incurrió la causal específica de
desconocimiento de precedente judicial, toda vez que, en el ejercicio de su
autonomía e independencia, decidió denegar las pretensiones formuladas por la
hoy accionante en la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho. En esa
medida, en el siguiente acápite se analizará si se encuentra configurada la causal
de violación directa de la Constitución Política.
• Tercer problema jurídico
¿La autoridad judicial precitada desconoció los principios de seguridad jurídica y
favorabilidad laboral contenidos en la Constitución Política?
IV. Violación directa de la Constitución Política
De acuerdo con el artículo 4.º de la Constitución Política, la misma es norma de
normas, por lo que en caso de incompatibilidad prevalecen las disposiciones
constitucionales y las autoridades se encuentran en la obligación de respetar y
garantizar su cumplimiento. En ese orden de ideas, la jurisprudencia
constitucional9 ha establecido que se presenta violación directa de la Constitución
Política, como causal específica de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, cuando el juez desconoce la carta política por: 1. No
aplicar una de sus disposiciones o 2. Aplicar la ley, sin tener en cuenta un
mandato constitucional.
En el primero de los casos ha definido tres subreglas a saber: a) cuando dejó de
interpretarse y aplicarse una disposición legal conforme al precedente
constitucional, b) se trata de un derecho fundamental de aplicación inmediata y el
7 Consejo de Estado, Sección Primera. Radicado: 11001-03-15-000-2019-03508-01.
8 Consejo de Estado, Sección Primera. Radicado: 11001-03-15-000-2019-03513-01 y 11001-03-15-000-2019-
04501-01.
9 Ver entre otras: Corte Constitucional. Sentencias: T-949/03, SU198/13 y T-369/15.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
13
Ra d ic a d o : 1 1 0 01- 0 3- 1 5- 0 0 0- 20 2 0- 0 2 81 5- 0 0
Ac c i o na nt e : A d il e m G uer rer o For t ic h
juez no lo hace y c) el juez vulneró derechos fundamentales y no tuvo en cuenta la
interpretación de acuerdo con la Constitución Política. Así las cosas, a la autoridad
judicial corresponde determinar en cada caso concreto cuándo se presenta
violación directa de la Constitución Política dentro del proceso ordinario.
V. Examen de la presunta violación de la Constitución Política
La señora Adilem Guerrero Fortich manifestó que con la decisión reprochada se
desconocieron los principios constitucionales de seguridad jurídica y favorabilidad
laboral, al pasarse por alto la tesis jurisprudencial señalada por la Corte
Constitucional y el Consejo de Estado, sobre el concepto de salario.
Sin embargo, se advierte que este argumento no tiene vocación de prosperidad,
en tanto que, como ya se explicó en precedencia, la autoridad judicial accionada
no desconoció ningún lineamiento judicial trazado por el Consejo de Estado que
resulte aplicable al caso concreto y mucho menos alguna otra prerrogativa prevista
en el artículo 53 de la Constitución Política, por cuanto, ante la inexistencia de una
sentencia de unificación que armonizara las posiciones asumidas con respecto a
la prima de riesgo como factor salarial para liquidar las prestaciones sociales
distintas a la pensión, se itera que, en ejercicio de su autonomía e independencia
judicial, concluyó que no había lugar a acceder al reconocimiento de la prima de
riesgo en la liquidación de las prestaciones sociales causadas a su favor durante
el periodo que laboró en el extinto DAS, todas ellas de naturaleza periódica
distinta a la de orden pensional.
Así las cosas, al no haberse estructurado ninguna de las causales específicas de
procedibilidad aquí estudiadas, la Subsección negará el amparo solicitado por la
señora Adilem Esther Guerrero Fortich, a través de la acción de tutela instaurada
en contra del Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de Decisión núm. 001.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: Negar el amparo solicitado por la señora Adilem Esther Guerrero Fortich,
a través de la acción de tutela instaurada en contra del Tribunal Administrativo de
Bolívar, Sala de Decisión núm. 001, de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva de la presente providencia.
Segundo: La presente decisión podrá ser impugnada dentro de los tres días
siguientes a su notificación (art. 31 Dcto. 2591 de 1991). Si esta providencia no
fuere impugnada en tiempo oportuno, remítase el cuaderno original de la
actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
14
Ra d ic a d o : 1 1 0 01- 0 3- 1 5- 0 0 0- 20 2 0- 0 2 81 5- 0 0
Ac c i o na nt e : A d il e m G uer rer o For t ic h
Cuarto: Registrar la presente providencia en el programa “SAMAI”.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de
la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Firma electrónica
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firma electrónica
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Ausente con permiso
ARF
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
15
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.