Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2020-03051-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2020-03051-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2020-03051-00
Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez
22 de febrero de 2024
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO
SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA DOCE ESPECIAL DE DECISIÓN
Bogotá DC, veintidós (22) de febrero dos mil veinticuatro (2024)
Magistrado ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2020-03051-00 (REV)
Demandante: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN
PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA
PROTECCIÓN SOCIAL - UGPP
Demandado: SUBSECCIÓN A DE LA SECCIÓN SEGUNDA DEL
CONSEJO DE ESTADO Y FRANCISCO DE ASÍS ARCIA
MERCADO
Medio de control: ACCIÓN DE REVISIÓN DE RECONOCIMIENTO DE SUMAS
PERIÓDICAS – ARTÍCULO 20 DE LA LEY 797 DE 2003
Asunto: PENSIÓN GRACIA – RÉGIMEN DOCENTE
Temas: acción de revisión de reconocimiento de sumas periódicas – artículo 20 Ley 797 de 2003
– pensión gracia – el recurso extraordinario de revisión no constituye una tercera instancia – le
corresponde a la parte recurrente demostrar la configuración de las causales de revisión – se
declara infundado el recurso por no demostrarse la configuración de las causales de revisión.
Síntesis del caso: la parte actora pretende la revisión de un fallo proferido el 21 de junio de 2018
por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado en el cual se confirmó la
decisión de primera instancia que reconoció la pensión gracia de jubilación en favor del señor
Francisco de Asís Arcia Mercado; la parte recurrente invocó las causales contenidas en los
literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
La Sala Doce Especial de Decisión del Consejo de Estado1 decide el recurso
extraordinario de revisión interpuesto por la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -en adelante UGPP- en
contra de la sentencia de segunda instancia proferida el 21 de junio de 2018 por la
1 Las Salas Especiales de Decisión de la Sala Plena de lo Contencioso del Consejo de Estado son
competentes para conocer de los recursos de revisión contra las sentencias dictadas por las Secciones o
Subsecciones del Consejo de Estado, sin exclusión de la Sección que profirió la decisión, según lo
expresamente previsto en el artículo 249 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, el cual fue declarado exequible por la Corte Constitucional mediante sentencia C-450 de
2015, sumado a la decisión contenida en el auto de unificación jurisprudencial emitido por la Sala Plena de
lo Contencioso Administrativo de esta Corporación el 24 de mayo de 2023 en el proceso número 11001-
03-15-000-2020-00471-00, MP Milton Chaves García; por su parte, el artículo 29 del Reglamento Interno
de la Corporación asigna la decisión de estos asuntos a las Salas Especiales de Decisión.
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Expediente 11001-03-15-000-2020-03051-00 (REV)
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social - UGPP
Recurso extraordinario de revisión de la Ley 797 de 2003
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado dentro del expediente con
radicación número 73001-23-33-000-2013-00429-01, en la cual se resolvió lo siguiente:
“Primero. Se confirma la sentencia proferida el 30 de abril de 2014, por el Tribunal
Administrativo del Tolima, que accedió a las pretensiones que en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho presentó el señor
Francisco de Asís Arcia Mercado contra la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social.
Segundo. No se condena en costas de segunda instancia a la parte demandada.
Tercero. Se reconoce personería al doctor (…).
Cuarto. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de
origen y háganse las anotaciones pertinentes en el programa informático ‘Justicia
Siglo XXI’ (índice 18 SAMAI).
I. ANTECEDENTES
1. La demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
1) El señor Francisco de Asís Arcia Mercado promovió demanda en ejercicio del medio
de control jurisdiccional de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la UGPP
con el fin de obtener la nulidad de las Resoluciones números RDP 009181 del 12 de
septiembre de 20122 que negó el reconocimiento de una pensión gracia, RDP 019796
del 17 de diciembre de 20123 que resolvió el recurso de reposición y RDP 004820 del 4
de febrero de 20134 que decidió el recurso de apelación y confirmó en todas sus partes
el acto administrativo recurrido; a título de restablecimiento del derecho solicitó que se
ordene el reconocimiento y pago de dicha prestación social.
2) Como sustento fáctico de la demanda se expuso que el actor tiene la edad establecida
por la ley como requisito para la pensión gracia y cuenta con el tiempo de servicio como
docente oficial, motivo por el cual le solicitó a la UGPP el reconocimiento de esa
prestación, sin embargo, recibió respuesta negativa a través de los actos administrativos
antes referidos.
2 Proferida por la Subdirectora de Determinación de Derechos Pensionales de la UGPP.
3 Suscrita por el Subdirector de Atención al Pensionado con funciones de Subdirección de Determinación
de Derechos Pensionales de la UGPP.
4 Signada por el Director de Pensiones de la UGPP.
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Expediente 11001-03-15-000-2020-03051-00 (REV)
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social - UGPP
Recurso extraordinario de revisión de la Ley 797 de 2003
2. La sentencia de primera instancia
El 30 de abril de 2018, el Tribunal Administrativo del Tolima accedió a las pretensiones
de la demanda, por considerar que el señor Francisco de Asís Arcia Mercado reunía los
requisitos para acceder a la pensión gracia debido que se demostró que el demandante
prestó sus servicios como docente nacionalizado, que se vinculó con anterioridad al año
1980, que ha prestado el servicio como docente por más de 20 años y que tenía más de
50 años de edad.
3. El recurso de apelación
La parte demandada apeló la sentencia de primera instancia, expresó que el demandante
aportó a la actuación administrativa un certificado expedido por la Gobernación de Sucre
de 26 de marzo de 2012, en el cual consta que el tiempo de servicio prestado por el señor
Francisco de Asís Arcia Mercado en esa entidad territorial fue como docente del orden
nacional, por manera que existe una amalgama de condiciones que no permite la
sumatoria de tiempos de vinculación como docente nacional y los que eventualmente se
hubieran consolidado como docente nacionalizado al servicio del departamento con el fin
de forzar el cumplimiento de los requisitos exigidos para acceder a la pensión gracia que,
como bien es sabido, solo incumbe a los ámbitos departamental, municipal y distrital.
Por consiguiente, agregó, que la decisión debe ser revocada con el fin de evitar una doble
remuneración de carácter nacional y así garantizar la administración racional de los
recursos del Estado, con estricto cumplimiento del precepto constitucional que proscribe
recibir una doble asignación del erario.
4. La sentencia de segunda instancia
El 21 de junio de 2018, la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado
confirmó la decisión de primera instancia, con apoyo en el siguiente razonamiento:
1) La línea jurisprudencial de la Sección Segunda del Consejo de Estado sobre el
reconocimiento de la pensión gracia es clara y pacífica frente al tiempo de servicio que
debe ser del orden “territorial o nacionalizado” y haber iniciado antes del 31 de diciembre
de 1980.
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Expediente 11001-03-15-000-2020-03051-00 (REV)
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
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Recurso extraordinario de revisión de la Ley 797 de 2003
2) En efecto, en la sentencia S-699 de 1997, la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo explicó, ampliamente, las razones por las cuales la pensión gracia se
mantenía en favor de los docentes involucrados en el proceso de nacionalización,
siempre y cuando se demuestre el cabal cumplimiento de los requisitos exigidos para
acceder a ella y la vinculación territorial con anterioridad al 31 de diciembre de 1980.
Por lo tanto, es claro que para acceder al reconocimiento de la pensión gracia se debe
acreditar que el docente laboró al menos 20 años en establecimientos oficiales,
departamentales o municipales, en primera o en secundaria o como normalista o
inspector de instrucción pública o en calidad de docente nacionalizado, con alguna
posibilidad de adicionar tiempos de uno y otro cargo, siempre y cuando se demuestre que
se ostentó dicha vinculación con antelación al 31 de diciembre de 1980.
3) En este caso concreto, el demandante acreditó haber laborado 1 mes y 26 días como
docente territorial departamental con anterioridad al 31 de diciembre de 1980; en suma,
se deduce que el demandante se desempeñó como docente de vinculación territorial
departamental y territorial por espacio de 21 años y 4 días; además, se demostró que el
actor nació el 29 de enero de 1956, motivo por el cual cumple con los requisitos fijados
por la Ley 114 de 1913 para ser beneficiario del reconocimiento de la pensión gracia.
5. El recurso extraordinario de revisión
El 8 de julio de 2020 (índice 2 SAMAI), la UGPP interpuso recurso extraordinario de
revisión en contra de la referida sentencia de segunda instancia con sustento en las
causales previstas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 (SAMAI -
Índice 1), las cuales fundamentó en los siguientes términos:
1) La sentencia cuya revisión se solicita debe ser revocada, toda vez que el señor
Francisco de Asís Arcia Mercado ostentaba la condición de docente nacional, por lo cual
no tiene derecho a gozar de la pensión gracia, por cuanto pretende sumar a los tiempos
nacionalizados aquellos en los cuales tuvo una vinculación a la docencia oficial con
carácter nacional, cuando resulta claro que las leyes y la jurisprudencia excluyen esa
posibilidad.
2) La autoridad judicial se apartó del material probatorio que da cuenta de la
incompatibilidad para el señor Francisco de Asís Arcia Mercado para acceder al beneficio
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Expediente 11001-03-15-000-2020-03051-00 (REV)
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Recurso extraordinario de revisión de la Ley 797 de 2003
de la pensión gracia, ya que le correspondería a la Nación asumir los recursos para cubrir
una doble asignación, hecho que se encuentra proscrito según el artículo 128 de la
Constitución Política, los cuales son indispensables para la financiación del sistema de
seguridad social en pensiones.
3) Según la sentencia S-699 de 1996 de la Sala Plena Contenciosa del Consejo de
Estado, la pensión gracia no puede ser reconocida en favor de un docente de carácter
nacional, pues, constituye un elemento indispensable para su reconocimiento que el
maestro no reciba retribución alguna de la Nación por los servicios que preste, de manera
que los únicos beneficiarios de esta prerrogativa deben ser los educadores locales o
regionales, postura que ha sido reiterada en varios pronunciamientos posteriores,
especialmente en la sentencia de unificación de la Sección Segunda del Consejo de
Estado del 21 de junio de 2018, en la cual se señaló que lo esencialmente relevante para
el reconocimiento de esa pensión es la acreditación de la plaza a ocupar, es decir, que
sea de carácter territorial o nacionalizada, pero, en este caso el empleo desempeñado
por el beneficiario de la pensión en aquel periodo fue del orden nacional.
4) En este asunto concreto fue acreditado en el trámite judicial lo siguiente: i) que el
demandante tuvo con el Departamento de Sucre una vinculación laboral de carácter
nacional, entre el 5 de octubre al 29 de noviembre de 1975, según certificado expedido
por la gobernación de ese departamento y, ii) que el señor Francisco de Asís Arcia
Mercado tuvo una vinculación nacional con el Departamento del Tolima entre el 29 de
mayo de 1992 y el 8 de octubre de 2019, de conformidad con la información laboral
remitida por la Secretaría de Educación de Ibagué.
6. Oposición al recurso
El señor Francisco de Asís Arcia Mercado intervino para oponerse al recurso
extraordinario de revisión interpuesto, para lo cual adujo que la solicitud de la UGPP es
temeraria por cuanto la sentencia objeto de estudio demostró la verificación de todos los
requisitos legales para acceder al reconocimiento de la pensión gracia, concretamente a
la vinculación como docente antes del 31 de diciembre de 1980 y a la naturaleza de la
prestación de los servicios, agregó que la providencia censurada se profirió con apego a
la jurisprudencia unificada de la Sección Segunda de esta Corporación, contenida en la
sentencia de 21 de junio de 2018, expediente no. 25000-23-42-000-2013-04683-01, MP
Carmelo Perdomo Cuéter (índice 38 SAMAI).
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Expediente 11001-03-15-000-2020-03051-00 (REV)
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Recurso extraordinario de revisión de la Ley 797 de 2003
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad
que invalide lo actuado, la Sala procede a resolver el asunto sometido a consideración
con el siguiente derrotero: (i) objeto de la controversia y anuncio de la decisión, (ii)
generalidades del recurso extraordinario de revisión, (iii) el recurso extraordinario de
revisión contemplado en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, (iv) análisis del caso
concreto: las causales de revisión invocadas y, (v) condena en costas.
1. Objeto de la controversia y anuncio de la decisión
Presentada la demanda de manera oportuna5, corresponde a la Sala Doce Especial de
Decisión determinar si el análisis probatorio y jurídico efectuado en la sentencia dictada
por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado el 21 de junio de 2018
configuró o no las causales contenidas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797
de 2003, esto es, “cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido
proceso” y “cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo
con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables”,
respectivamente.
La Sala declarará infundado el recurso, pues, no se probaron las causales de revisión
invocadas, aunado al hecho de que lo que pretende el ente recurrente es revivir el análisis
probatorio y jurisprudencial surtido en el proceso ordinario de nulidad y restablecimiento
del derecho, con lo cual se evidenció su intención de convertir este asunto en una tercera
instancia, aspectos que lo tornan jurídicamente improcedente.
2. Generalidades del recurso extraordinario de revisión
1) El recurso extraordinario de revisión constituye una excepción al principio de
inmutabilidad de las sentencias ejecutoriadas que hacen tránsito a cosa juzgada, puesto
que con este se abre la posibilidad de controvertir un fallo en firme, siempre que se
configure alguno de los supuestos consagrados en el artículo 250 de la Ley 1437 de 2011,
5 La sentencia de segunda instancia del 21 de junio de 2018, proferida por la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, quedó ejecutoriada el 3 de agosto de 2018 a las 5:00 pm, por lo cual el
término para presentar el recurso extraordinario de revisión, de conformidad con el inciso final del artículo
251 de la Ley 1437 de 2011 inició el 4 de agosto de 2018 y venció el 4 de agosto de 2023; como el recurso
extraordinario se interpuso 8 de julio de 2020 (índice 1 SAMAI), se impone concluir que fue formulado
dentro de la oportunidad prevista en la mencionada disposición.
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Recurso extraordinario de revisión de la Ley 797 de 2003
sin perjuicio de las dos causales adicionales previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de
2003 atinentes a la posibilidad de revisar las sentencias que reconozcan prestaciones
periódicas con cargo a recursos públicos.
2) El objeto del recurso es procurar el restablecimiento de la justicia material, cuando se
advierte que esta ha sido afectada por situaciones o circunstancias exógenas que no
pudieron plantearse en el proceso correspondiente y que revisten tal gravedad que
autorizan al juez a romper el principio de la cosa juzgada, “(…) la revisión, más que un
recurso, es un medio para conseguir la realización de la justicia, pero no de la justicia
formal propia de las sentencias en firme contrarias a derecho, sino de aquella verdadera
que demandan el Preámbulo y los artículos 1º, 228 y 230 del estatuto superior”6.
3) El legislador estableció de manera taxativa las causales que habilitan la procedencia
del recurso extraordinario de revisión, contenidas en los artículos 250 de la Ley 1437 de
2011 y 20 de la Ley 797 de 20037.
4) El artículo 252 del CPACA dispone que el recurso debe interponerse mediante escrito
que deberá contener (i) la indicación de las partes y sus representantes, (ii) el nombre y
domicilio del recurrente, (iii) los hechos u omisiones que le sirvan de fundamento y, (iv)
la indicación precisa y razonada de la causal invocada8.
5) En atención a su carácter extraordinario, este recurso no es una “tercera instancia” en
la que puedan plantearse nuevamente argumentos de fondo en relación con la sentencia
que se pretende revisar, por tal razón las pretensiones y fundamentos deben limitarse a
demostrar la configuración de alguno de los supuestos contemplados en las causales
para su procedencia9.
6 Corte Constitucional, sentencia C-739 del 11 de julio de 2001, exp. D-3293, MP Álvaro Tafur Galvis.
7 En este caso, el recurso procede frente a las providencias que impongan al tesoro público o a fondos de
naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza,
en los supuestos contenidos en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, esto es, cuando el reconocimiento se
haya obtenido con violación del debido proceso y/o cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo
debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables. Al respecto,
ver: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintisiete Especial de
Decisión, sentencia del 5 de marzo de 2019, exp. 2018-00394-00, CP Rocío Araújo Oñate.
8 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 18 de noviembre de 2021, exp. 2013-
00212-01(REV), CP Fredy Ibarra Martínez.
9 Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 1º de diciembre de
1997, exp. REV 117, CP Libardo Rodríguez Rodríguez. Consultar, igualmente: Consejo de Estado, Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Trece Especial de Decisión, sentencia del 7 de abril de
2015, exp. 2006-00318-00(REV), CP Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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Expediente 11001-03-15-000-2020-03051-00 (REV)
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Recurso extraordinario de revisión de la Ley 797 de 2003
6) Ahora bien, los vicios o errores en los que se debe fundamentar el recurso son
eminentemente procedimentales, pues, ninguno está dirigido a cuestionar la labor
intelectual de juzgamiento “sino que todos involucran, bien sea una irregularidad de
carácter procesal (numeral 5, referido a la existencia de causal de nulidad originada en
la sentencia, y numeral 8, referido al desconocimiento de la cosa juzgada), o bien,
aspectos que atañen a la validez intrínseca o insuficiencia de los elementos de prueba
que determinaron el sentido de la decisión (numerales 1, 2, 3, 6 y 7), a excepción de la
causal del numeral 4, referida a la violencia o cohecho en que se pudo incurrir en el
pronunciamiento del fallo”10.
3. El recurso extraordinario de revisión contemplado en el artículo 20 de la Ley 797
de 2003
1) El artículo 20 de la Ley 797 del 29 de enero de 2003 introdujo en el ordenamiento
colombiano la posibilidad de revisión de las providencias judiciales que hubiesen
decretado el reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro público o de fondos
de naturaleza pública, en los siguientes términos:
“Artículo 20. Revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro
público o de fondos de naturaleza pública. Las providencias judiciales que en
cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al
tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas
periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas
por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus
competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor
General de la República o del Procurador General de la Nación.
La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una
transacción o conciliación judicial o extrajudicial.
La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso
extraordinario de revisión por el respectivo código y podrá solicitarse en
cualquier tiempo por las causales consagradas para este en el mismo código y
además:
a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido
proceso, y
b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de
acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente
aplicables11” (texto tachado declarado inexequible mediante la sentencia C-835
de 2003 – negrillas de la Sala).
10 Consejo de Estado, Sala Plena de Contencioso Administrativo, Sala Veintidós Especial de
Decisión, sentencia del 2 de febrero de 2016, expediente 2015-02342-00(REV), MP Alberto Yepes
Barreiro.
11 Apartes tachados fueron declarados inexequibles mediante la sentencia C-835 de 2003.
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Expediente 11001-03-15-000-2020-03051-00 (REV)
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Recurso extraordinario de revisión de la Ley 797 de 2003
2) Dicho mecanismo presenta aspectos que lo particularizan y que han sido advertidos
tanto por la jurisprudencia del Consejo de Estado como de la Corte Constitucional, entre
los cuales se tienen los siguientes:
a) Son susceptibles del recurso no solo sentencias ejecutoriadas, sino también otro tipo
de providencias que tengan como efecto el reconocimiento de una prestación, las cuales
pueden ser autos que terminan anormalmente el proceso y aquellos actos que sean
consecuencia de acuerdos tales como transacción y conciliación12.
b) Están legitimadas para su interposición el Gobierno Nacional, por conducto del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público,
del Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación (art. 20 de
la Ley 797 de 2003) y las entidades que realizan el reconocimiento de pensiones13.
c) Respecto de su alcance, la jurisprudencia ha precisado que no se extiende a reabrir el
debate probatorio, sino que, se trata de revisar el valor de las pensiones reconocidas en
contra de lo ordenado por la ley con el propósito de salvaguardar el equilibrio entre la
prestación y su legalidad, además, de velar por la protección de los recursos limitados
del Tesoro, la liquidez, solvencia y sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social, así
como también el principio de universalidad que lo inspira14.
d) Igualmente, se entienden excluidos de su alcance los asuntos relativos al
reconocimiento de prestaciones periódicas inferiores a las que se deben de acuerdo con
las normas que rigen la materia15.
4. El caso concreto
En el presente asunto, la UGPP invoca las causales consagradas en los literales a) y b)
del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, pues, supuestamente, algunos de los periodos de
servicio laborados por el señor Francisco de Asís Arcia Mercado no debieron tenerse en
12 Sobre el punto se puede consultar la sentencia C-835 de 2003 de la Corte Constitucional.
13 Consultar la sentencia SU-427 de 2016 de la Corte Constitucional.
14 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Cuatro Especial de Decisión,
sentencia del 1° de agosto de 2017, expediente 110010315000201602022 00 (REV).
15 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Veinticinco Especial de Decisión,
sentencia del 2 de julio de 2019, expediente 110010315000201700744 00.
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Recurso extraordinario de revisión de la Ley 797 de 2003
cuenta para el cómputo de la pensión gracia, sobre la base de considerar que durante
los mismos su vinculación era de carácter nacional y no territorial.
4.1 La causal de revisión prevista en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003
1) El artículo 20 de la Ley 797 de 2003 prevé que, además de las causales establecidas
de modo general para el recurso extraordinario de revisión, procede “cuando el
reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso”.
2) En relación con el debido proceso es importante anotar que está consagrado en el
artículo 29 de la Constitución Política como un derecho de rango fundamental, constituido
por todas las garantías que se deben respetar en las actuaciones adelantadas bien sea
en procesos judiciales o en trámites administrativos, y que están concebidas para
proteger a las personas dentro de dichos trámites y se logre la aplicación correcta de la
justicia16. Algunas de las garantías que hacen del parte del debido proceso son, entre
otras, el derecho a la jurisdicción, al juez natural, a la defensa, a un proceso público, a la
independencia del juez y a la independencia e imparcialidad del juez17.
3) En ese orden, la acción de revisión de sumas periódicas de dinero por violación del
literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 objeto de análisis se configurará si no se
respeta alguna de las garantías anteriormente mencionadas o de aquellas otras que
integran ese derecho constitucional fundamental.
4) Revisado el proceso se advierte que la causal no tiene vocación de prosperar, toda
vez que, en la demanda de revisión no se indicaron los motivos o razones por los cuales
se vulneró el principio – derecho constitucional fundamental del debido proceso con la
sentencia objeto de censura; contrario sensu, lo que persigue la entidad recurrente es
reabrir, injustificadamente, el debate probatorio y normativo para que el juez
extraordinario desplace la labor de los jueces ordinarios del proceso, aspecto que resulta,
a todas luces, improcedente.
En efecto, la valoración y las conclusiones contenidas en los fallos de primera y segunda
instancias a partir de las certificaciones emitidas por el Departamento de Sucre y el
Municipio de Ibagué no son argumentos suficientes para dar por acreditada la causal de
16 Ver: sentencia T-115 de 2018, T-010 de 2017.
17 Sentencia C-341 de 2014
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Expediente 11001-03-15-000-2020-03051-00 (REV)
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Recurso extraordinario de revisión de la Ley 797 de 2003
violación al debido proceso, pues, no se advierte que hayan existido trasgresiones a los
subprincipios que integran la garantía del derecho al debido proceso; por el contrario, del
análisis del expediente se tiene por acreditado que los jueces de instancia garantizaron
los derechos de defensa, de contradicción, de juez natural y de independencia, entre
otros.
Como se indicó previamente, ninguno de los argumentos contenidos en el escrito del
recurso extraordinario interpuesto corresponde a inconsistencias de orden procesal
cometidas durante el trámite del correspondiente proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho y, por el contrario, se enfocan en controvertir la interpretación realizada por
la sentencia atacada respecto de la naturaleza de la vinculación que tenía el demandante
con las entidades territoriales y los tiempos que fueron acumulados para el
reconocimiento prestacional.
5) En esa perspectiva, esta Sala Especial de Decisión estima que ninguno de esos
argumentos tiene vocación de prosperar debido a que no logran desvirtuar que el señor
Francisco de Asís Arcia Mercado contara con la aptitud legal requerida para que se
reconociera en su favor la referida prestación periódica.
Por consiguiente, la causal de revisión deviene improcedente, por cuanto, se insiste, con
fundamento en la misma la parte recurrente persigue controvertir las conclusiones
probatorias, jurídicas y normativas contenidas en las sentencias de primera y segunda
instancia en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral
administrativo.
En consecuencia, el cargo no prospera.
4.2 La causal de revisión prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de
2003
1) Como ya se explicó en precedencia, el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 establece
dos causales de revisión aplicables en contra de providencias judiciales que creen o
modifiquen un reconocimiento pensional, adicionales a las reguladas en el CPACA; una
de ellas, la alegada por la UGPP en este asunto, corresponde a que la cuantía del
derecho reconocido excede lo debido de acuerdo con la ley o las disposiciones legales
aplicables al asunto.
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Expediente 11001-03-15-000-2020-03051-00 (REV)
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Recurso extraordinario de revisión de la Ley 797 de 2003
2) Como se aprecia, aún sobre la base de una lectura desprevenida de la causal, esta
impone al juez de la revisión adentrarse en el fondo del asunto pensional resuelto,
cuestión excepcional en el trámite del recurso en tanto hace necesario establecer en esta
sede extraordinaria si la cuantía de la prestación reconocida está de acuerdo con lo
dispuesto en la ley, lo cual impone un análisis probatorio similar al de la instancia,
circunstancia excepcional que se explica, por expresa autorización del legislador, como
garantía de la correcta aplicación de las normas del sistema de seguridad social integral,
por razón de sus hondas repercusiones respecto del patrimonio público y la justicia social.
3) No obstante, debe advertirse que de la lectura integral del recurso extraordinario de
revisión no se observa sustentación alguna de la causal contenida en el literal b) del
artículo 20 de la Ley 797 de 2003, pues, la parte recurrente, simple y llanamente, se limitó
a argumentar que el señor José Alirio Ávila Perdomo no tenía derecho al reconocimiento
de la pensión gracia, porque era un docente con vinculación del orden nacional.
En este punto, de nuevo, la entidad recurrente en lugar de advertir una trasgresión de las
normas que regulan la pensión gracia cuestiona la valoración probatoria que hicieron los
jueces de primera y segunda instancias de las certificaciones emitidas por las entidades
territoriales de Sucre y de Ibagué.
4) La causal de revisión hace referencia expresa a la posibilidad que se le otorga al juez
extraordinario de analizar si “la cuantía del derecho reconocido excede lo debido de
acuerdo con la ley o las disposiciones legales aplicables al asunto”, sin que se le habilite,
en modo alguno, a valorar, criticar o modular el análisis probatorio de la sentencia
atacada, salvo que se advierta una falta o indebida aplicación o interpretación de la ley,
aspecto que no se alegó en este caso concreto; no obstante lo anterior, la Sala advierte
que en la sentencia de 21 de junio de 2018 la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado desarrolló, extensamente, las razones por las cuales el demandante
tenía derecho a la pensión gracia, en los siguientes términos:
“El artículo 15 de la Ley 91 de 1989 prevé como requisito para acceder al
derecho el haber estado vinculado a la docencia antes del 31 de diciembre de
1980.
En efecto, a folio 17 del expediente se encuentra probado que el señor
Arcia Mercado fue nombrado mediante Resolución 00292 de 7 de octubre
de 1975 a partir del 5 de octubre hasta el 29 de noviembre de 1975 por el
Secretario de Educación Pública del Departamento de Sucre, tal y como lo
certifica la Secretaría de Educación de la Gobernación de dicho ente
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Expediente 11001-03-15-000-2020-03051-00 (REV)
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Recurso extraordinario de revisión de la Ley 797 de 2003
territorial a folio 20, en la cual se afirma que prestó sus servicios en el nivel de
básica primaria, con vinculación de interino como nacionalizado, en la
Institución Educativa Jhon F. Kennedy ubicada en San Marcos.
Ahora bien, aclara la Sala que las documentales anteriores son
contundentes para generar el grado de suficiente certeza respecto a que
la naturaleza de la labor cumplida por el demandante con anterioridad a
1980 fue territorial departamental; lo anterior, independientemente de
cualquier certificación aislada en la que se pudiera sostener que ese lapso fue
del orden nacional, toda vez que, sobre la forma de definir la categoría que
ostenta un docente según su nombramiento, esta Corporación ha tenido la
oportunidad de precisar que el carácter territorial o nacional de los
nombramientos docentes no lo determina la ubicación del establecimiento
educativo en donde se presten los servicios y menos un registro documental
aparentemente erróneo, sino el ente gubernativo que en realidad profiere el acto
administrativo mediante el cual se genera el vínculo legal y la correspondiente
naturalización de la actividad desarrollada, lo cual es objeto de valoración por
las reglas de la sana crítica.
Es decir, con anterioridad al 31 de diciembre de 1980, como docente territorial
departamental, el demandante acreditó haber laborado 1 mes y 26 días.
(…) También se ha señalado que la pensión gracia dejó de ser un derecho para
aquellos educadores territoriales o nacionalizados que se vinculación a la
administración por primera vez, a partir del 1º de enero de 1981, pero a los
educadores territoriales o nacionalizados que hayan ejercido la docencia apta
para acceder a la pensión gracia, con anterioridad a la precitada fecha, no se
les puede desconocer el derecho y en consecuencia, si a 31 de diciembre de
1980 no estaban vinculados como docentes, pero tenían experiencia anterior,
se les puede adicionar el tiempo laborado con posterioridad en la misma
calidad, como se ha acreditado que sucedió en el presente asunto.
Igualmente, a folios 18 y 19 del expediente obra copia del Decreto 000440
de 28 de mayo de 1992, mediante el cual el Alcalde de Ibagué nombró al
señor Arcia Mercado como docente en primaria en la Escuela Urbana
Mixta San Pedro Alejandrino en ese municipio.
En el folio 21, también obra copia del formato único para la expedición de
certificado de historia laboral emitido por el Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio – Secretaría de Educación de Ibagué,
en el que se manifiesta que el señor Arcia, se vinculó en propiedad
mediante el Decreto 000440 desde el 29 de mayo de 1992 y hasta el 1º de
abril de 2013, fecha en la cual se expidió el certificado, se encontraba
activo.
(…) En suma se deduce que el demandante como docente de vinculación
territorial departamental y municipal, de manera fehaciente acreditó que laboró
como se reseña:
LAPSOS TIEMPO
LABORADO
Antes del 31 de 1 mes y 26 días.
diciembre de 1980
del 5 de octubre y
hasta el 29 de
noviembre de 1975
para el
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Expediente 11001-03-15-000-2020-03051-00 (REV)
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Recurso extraordinario de revisión de la Ley 797 de 2003
Departamento de
Sucre.
Desde el 29 de 20 años, 10 meses y
mayo de 1992 y 8 días.
hasta el 1º de abril
de 2013 (fecha en
la que seguía
activo), para el
Municipio de
Ibagué.
TOTAL TIEMPO 21 años y 4 días.
DE SERVICIOS
PROBADOS
Así las cosas, se logra evidenciar que el demandante demuestra a cabalidad el
cumplimiento de vinculación departamental anterior al 31 de diciembre de 1980
y además acreditó su desempeño docente municipal por más de 20 años de
servicios.
Finalmente está claro que el demandante demostró el requisito de la edad pues
nació el 29 de enero de 1956 y no existe el más mínimo reparo en el expediente
frente a su buena conducta” (negrillas adicionales).
Dicha decisión se apoyó en los correspondientes medios de convicción que dan cuenta
de las distintas vinculaciones de orden laboral que tuvo el señor José Alirio Ávila
Perdomo como docente territorial departamental y municipal.
5) Esta Sala Especial de Decisión destaca que los reparos del presente recurso
extraordinario de revisión no tienen vocación de prosperar, pues, el fallo atacado en
revisión extraordinaria sustenta con suficiencia que los periodos laborados en virtud de
los nombramientos realizados por la Secretaría de Educación del Departamento de Sucre
y la Secretaría de Educación del Municipio de Ibagué no implican que el correspondiente
tiempo de servicio sea del orden nacional, dado que no existe asomo de duda de que
quien fungió como ente nominador fue una entidad del nivel territorial, sin que en esto
tuviera nada que ver el Ministerio de Educación Nacional, así se extrae de la simple
lectura de la Resolución número 00292 de 7 de octubre de 1975 y del Decreto 000440
de 28 de mayo de 1992 proferidos por la Gobernación de Sucre y la Alcaldía de Ibagué,
respectivamente, y de la interpretación realizada por la jurisprudencia de la Sección
Segunda del Consejo de Estado con apoyo en los preceptos legales que rigen la materia:
“Sobre los tiempos nacionales (…).
La ley 114 de 1913 que creo la pensión de los docentes, estableció una serie
de requisitos para acceder a la misma, entre los cuales dispuso en el numeral
3º del artículo 4º, que el docente debe demostrar que ni recibe ni ha recibido
pensión o recompensa nacional.
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Recurso extraordinario de revisión de la Ley 797 de 2003
"Artículo 4º.-Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el
interesado compruebe: (...)
3. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa
de carácter nacional. Por consiguiente, lo dispuesto en este inciso no
obsta para que un Maestro pueda recibir a un mismo tiempo sendas
pensiones como tal, concedidas por la Nación o por un Departamento”.
El artículo 1º de la Ley 91 de 1989 clasificó a los docentes para efectos de las
prestaciones económicas, como territoriales, nacionales y nacionalizados.
"Artículo 1º.- Para los efectos de la presente Ley, los siguientes términos
tendrán el alcance indicado a continuación de cada uno de ellos:
1. Personal nacional. Son los docentes vinculados por nombramiento del
Gobierno Nacional.
2. Personal nacionalizado. Son los docentes vinculados por
nombramiento de entidad territorial antes del 1 de enero de 1976 y los
vinculados a partir de esta fecha, de conformidad con lo dispuesto por la Ley
43 de 1975.
3. Personal territorial. Son los docentes vinculados por nombramiento de
entidad territorial, a partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del
requisito establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975.”
Queda claro entonces, que no se ha establecido como requisito para acceder
a la pensión gracia, que el docente deba estar vinculado el día 31 de
diciembre de 1980, es decir, solo es necesario que haya prestado sus
servicios como docente antes del año 1981 en instituciones territoriales o
nacionalizadas, sin que se puedan computar tiempos de servicio de
carácter nacional, pues la finalidad principal de la pensión gracia, es
reconocer a aquellos docentes un beneficio económico para equilibrar los
ingresos percibidos entre éstos y los docentes nacionales, ante el déficit fiscal
en que se encontraban los entes territoriales para cubrir el pago por la
prestación de los servicios al magisterio” 18 (negrillas fuera de texto).
En consecuencia, conforme se deriva del ordenamiento legal aplicable, el artículo 1 de la
Ley 91 de 1989, uno de los criterios a considerar para efectos de constatar a qué orden
pertenece un docente, consiste en verificar la autoridad que realiza el nombramiento,
según lo cual no es posible aseverar que el señor Francisco de Asís Arcia Mercado fuera
un docente del orden nacional durante el lapso cuestionado por la UGPP, dado que fue
nombrado por autoridades de naturaleza departamental y municipal.
6) En relación con la prohibición de recibir una doble asignación proveniente del erario
nacional, es relevante traer a colación la sentencia de unificación de la Sección Segunda
proferida el 21 de junio de 201819 que concluyó, que no es factible inferir que los docentes
18 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 17 de noviembre de 2016, expediente no. 2114-
2016, CP Sandra Lisset Ibarra Vélez.
19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de unificación
jurisprudencial CE-SUJ-SII-11-2018, número interno 3805-2014.
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Recurso extraordinario de revisión de la Ley 797 de 2003
territoriales y/o nacionalizados se convierten en educadores nacionales porque los
recursos con los cuales se paguen sus salarios y prestaciones provengan de ese rubro
presupuestal:
“i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a las
entidades territoriales, en vigencia de la Carta de 1886 y hasta cuando
permanecieron en vigor en la Constitución de 1991, no obstante su origen o
fuente nacional, una vez se incorporaban a los presupuestos locales pasaban a
ser de propiedad exclusiva de los referidos entes en calidad de rentas
exógenas.
ii) Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los
recursos que les gira la Nación, provenientes del Sistema General de
Participaciones, por asignación directa del artículo 356 de la Carta Política
de 1991.
iii) La financiación de los gastos que generaban los Fondos Educativos
Regionales no solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las
entidades territoriales por concepto del situado fiscal, sino que también
correspondía a los entes locales destinar parte de su presupuesto para
atender al sostenimiento de los referidos fondos educativos (artículos 29
del Decreto 3157 de 1968; y 60, inciso 2º, de la Ley 24 de 1988).
iv) Así como los Fondos Educativos Regionales atendían los gastos que
generaban los servicios educativos de los docentes nacionales y
nacionalizados20, resulta factible colegir de manera razonada que lo propio
acontecía con algunas de las erogaciones salariales originadas por el
servicio que prestaban los educadores territoriales, ya que los recursos
destinados para tal fin provenían tanto de la Nación —situado fiscal—
como de las entidades territoriales, y además, en uno y otro caso, el
universo de esos recursos le pertenecía de forma exclusiva a los entes
locales dado que ingresaban a sus presupuestos en calidad de rentas
exógenas y endógenas.
v) Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o
nacionalizados se convierten en educadores nacionales (i) cuando en el
acto de su vinculación interviene, además del representante legal de la entidad
territorial, el delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional como
miembro de la junta administradora del respectivo fondo educativo regional, así,
este último, certifique la vacancia del cargo junto con la disponibilidad
presupuestal21; y (ii) por el argumento de que los recursos destinados para
su sostenimiento tienen su origen o fuente en la Nación.
vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer
con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador
ha previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con
la respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera
inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente
oficial es de carácter territorial.
vii) Origen de los recursos de la entidad nominadora. Lo esencialmente
20 Al respecto se puede consultar el Decreto 3157 (artículo 34) de 1968, la Ley 43 (artículo 6) de 1975, el
Decreto 102 de 1976, la Ley 24 (artículo 54) de 1988 y el Decreto 1706 (artículo 10) de 1989.
21 Artículo 73 (numerales 8 y 15) del Decreto 525 de 1990.
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relevante, frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación
de la plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o
nacionalizada, pues conforme a los lineamientos fijados por la Sala en esta
providencia, en lo que respecta a los educadores territoriales, el pago de
sus acreencias provenía directamente de las rentas endógenas de la
respectiva localidad, o de las exógenas —situado fiscal— cuando se
sufragaban los gastos a través de los Fondos Educativos Regionales; y
en lo que tiene que ver con los educadores nacionalizados, las
erogaciones que estos generaban se enmarcan en los recursos del
situado fiscal, hoy sistema general de participaciones” (negrillas de la
Sala).
De conformidad con el pronunciamiento antes transcrito, el criterio jurisprudencial
unificado aplicable en este caso concreto es claro en reiterar que en relación con el origen
de los recursos de la entidad nominadora lo esencialmente relevante es el carácter
territorial o nacionalizado de la plaza docente a ocupar, dado que, independientemente
de que los salarios y prestaciones se paguen al maestro con cargo al Sistema General
de Participaciones provenientes de la Nación lo cierto es que los entes territoriales se
convierten en los titulares de esos recursos a partir del momento en que ingresan a su
presupuesto, de ahí que ese hecho tampoco se convierte en un criterio para considerar
que dicho maestro fungiera como servidor público del orden nacional, de manera que los
referidos 21 años y 4 días laborados sí podían y debían ser tenidos en cuenta válidamente
para efectos del cómputo de los 20 años de servicio que se requieren para el
reconocimiento de la pensión gracia.
7) En ese contexto fáctico y probatorio, esta Sala Especial de Decisión considera que en la
providencia cuestionada en modo alguno se reconoció una prestación que excediera lo
debido de acuerdo con la ley o las disposiciones legales aplicables al asunto, pues, está
plena y debidamente sustentada desde los puntos de vista fáctico, probatorio y jurídico,
para cuya constatación basta una simple lectura desprevenida de su texto, lo cual
conduce a concluir, fácil y necesariamente, que no presenta ninguna falencia ni error de
los que pregona la demandante del presente proceso de revisión extraordinaria, dado
que sí era posible contabilizar los periodos cuestionados en la medida en que se trataba
de tiempos servidos a una institución educativa de carácter territorial o nacionalizada.
4.3 Conclusiones
1) La Sala estima que el recurso extraordinario de la referencia es manifiestamente
infundado, pues, no se acreditaron los supuestos de la causal de revisión contenida en
el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
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2) Aunado a lo anterior, la parte recurrente tampoco sustentó de manera expresa y
específica la causal prevista en el literal b) de la mencionada norma, por lo tanto, no
cuenta con los necesarios elementos de juicio para analizar la procedencia de dicha
causal.
3) Por el contrario, se advierte que la sentencia materia de examen se encuentra
debidamente soportada en los elementos fácticos, probatorios y jurídicos aplicables al
caso, sobre la base de una debida y ponderada valoración probatoria en el ámbito de la
autonomía funcional de la Sala que la profirió, para cuya constatación basta una lectura
atenta de la providencia, sin que la sentencia impugnada esté afectada, en modo alguno,
de nulidad, como equivocadamente sostiene la parte recurrente en este proceso.
4) De conformidad con las anteriores razones, no prospera el recurso aludido porque no
se acreditaron los supuestos de hecho que configuran las causales de revisión invocadas.
5. Condena en costas
En los términos de los artículos 255 del CPACA y 366 (numeral 4) del Código General
del Proceso, la UGPP debe asumir las costas porque se le declara infundado el recurso
extraordinario de revisión; la condena incluye las agencias en derecho que se fijan, en
atención al concepto y los criterios definidos para su causación en el Acuerdo PSAA16-
10554 de 2016 del Consejo Superior de la Judicatura, en un (1) salario mínimo legal
mensual vigente a la fecha de ejecutoria de esta sentencia y en favor del señor Francisco
de Asís Arcia Mercado.
En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, EN SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SALA DOCE ESPECIAL DE DECISIÓN, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
1º) Declárase infundado el recurso extraordinario de revisión promovido por la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social -UGPP- contra la sentencia de segunda instancia proferida el veintiuno
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Recurso extraordinario de revisión de la Ley 797 de 2003
(21) de junio de 2018 por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado
dentro del expediente con radicación número 73001-23-33-000-2013-00429-01.
2º) Condénase en costas a la UGPP, por Secretaría liquídense e inclúyase, por
concepto de agencias en derecho, la suma equivalente a un (1) salario mínimo legal
mensual vigente a la fecha de ejecutoria de esta sentencia para el señor Francisco de
Asís Arcia Mercado.
3º) Cumplido lo anterior y ejecutoriada esta providencia, archívese el expediente, previas
las correspondientes constancias secretariales de rigor.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Presidente
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado Magistrado
Con salvamento parcial de voto
WILSON RAMOS GIRÓN JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Magistrado Magistrado
Con salvamento parcial de voto
Constancia: la presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados de la Sala
Doce Especial de Decisión del Consejo de Estado en la plataforma SAMAI, en consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de conformidad con los
artículos 1 y 2 de la Ley 2213 de 2022.
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