Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2020-03152-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2020-03152-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2020-03152-00
Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello
2 de diciembre de 2022
Recurso extraordinario de revisión
Radicado: 11001-03-15-000-2020-03152-00 (5013)
CONSEJO DE ESTADO
SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA ESPECIAL DE DECISIÓN Nro. 13
CONSEJERO PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá, dos (02) de diciembre de dos mil veintidós (2022)
Referencia Recurso extraordinario de revisión
Radicación 11001-03-15-000-2020-03152-00 (5013)
Demandante UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN
PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE
PROTECCIÓN SOCIAL -UGPP-
Demandado ALONSO QUINTÍN GUTIÉRREZ RIVERO
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
Procede la Sala Especial de Decisión Nro. 13 a decidir el recurso extraordinario de
revisión interpuesto por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de Protección Social -UGPP- contra la sentencia del 19
de julio de 2018, proferida por la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de
Estado dentro del proceso de radicado Nro. 15001-23-33-000-2013-00822-01
(4280-2016), por medio de la cual, en últimas, se reconoció la pensión gracia a
Alonso Quintín Gutiérrez Rivero.
ANTECEDENTES
1. Proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
1.1. Demanda
A través de apoderado judicial y en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, Alonso Quintín Gutiérrez Rivero presentó demanda
para obtener la nulidad de las Resoluciones Nro. UGM 29873 del 30 de enero y
UGM 40291 del 28 de marzo, y del Auto 6066 del 27 de diciembre, todos de 2012,
por medio de los que se le negó el reconocimiento y pago de la pensión gracia, se
resolvió de manera desfavorable el recurso de reposición interpuesto, y se ordenó
el archivo de la actuación administrativa, respectivamente.
Como consecuencia de esa declaración solicitó, a título de restablecimiento del
derecho, (i) el reconocimiento y pago de la pensión gracia a partir del 27 de mayo
de 1997 con la inclusión del promedio de salarios devengados durante el año
anterior a la consolidación del estatus pensional; (ii) la indexación de las sumas
reconocidas; y (iii) el cumplimiento del fallo en los términos del artículo 192 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en
adelante C.P.A.C.A.).
Lo anterior, porque, en su sentir, cumplió con los requisitos legales exigidos para el
reconocimiento pensional. Por una parte, porque prestó sus servicios docentes al
Departamento de Boyacá durante 33 años, 7 meses y 15 días.
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Por otra, porque prestó el servicio con decoro y honestidad puesto que (i) un hecho
aislado no puede ser considerado como determinante y gestor de mala conducta de
un docente, y (ii) en el ordenamiento jurídico se proscribieron las penas vitalicias
que permitan la pérdida de derechos, así como todo tipo de responsabilidad
objetiva.
Finalmente, señaló que la acción disciplinaria conforme al Decreto 2480 de 1986
caduca en 1 año si se trata de incumplimiento de deberes y obligaciones, y de 5
cuando se relaciona con mala conducta, términos que se cuentan a partir del último
acto constitutivo de la falta, y que en todo caso, tratándose de educadores oficiales,
los términos corresponden en las mismas condiciones a 1 y 3 años respectivamente.
1.2. Sentencia de primera instancia
El 5 de noviembre de 2015, la Sala Nro. 1 del Tribunal Administrativo de Boyacá,
negó las pretensiones de la demanda. Luego de señalar la inexistencia de mala
conducta1 concluyó que no se cumplió con la vinculación territorial o nacionalizada
antes del 31 de diciembre de 1980: la vinculación fue de orden nacional, razón por
la que no podía computarse para el reconocimiento pensional.
Fue cierto que el tiempo de servicio registrado por el entonces actor fue superior a
33 años; no obstante, uno de los nombramientos efectuados para el efecto fue
nacional al intervenir en la nominación el delegado del FER 2.
Finalmente, condenó en costas al demandante, en aplicación de lo previsto en el
artículo 365 del Código General del Proceso.
1.3. Sentencia de segunda instancia. Decisión objeto de revisión
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado mediante sentencia
del 19 de julio de 2018 revocó la sentencia apelada, declaró la nulidad de las
resoluciones UGM 29873 del 30 de enero y UGM 40291 del 28 de marzo, ambas
de 2012 y, consecuencialmente, reconoció y ordenó pagar la pensión gracia a
Alonso Quintín Gutiérrez Rivero “equivalente al 75% del promedio de todos los factores
salariales devengados en el año inmediatamente anterior a la consolidación de su estatus pensional,
esto es entre el 18 de mayo de 1996 al 17 de mayo de 1997, pero con efectos fiscales a partir del 17 de
junio de 2008, por prescripción trienal”.
Como fundamento de la decisión, y luego de exponer el contexto normativo de la
pensión gracia, señaló que a partir de la sentencia de unificación del 21 de junio de
2018, proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado dentro del proceso
de radicado Nro. 3805-2014 CE-SUJ-SII-11-2018. M.P. Carmelo Perdomo Cuéter,
operó un cambio argumentativo y hermenéutico respecto de uno de los elementos
determinantes para el reconocimiento de la pensión gracia, ya que a partir de ese
1 Para arribar a esa conclusión consideró que (i) un hecho aislado e irregular de un docente no podía, al tenor
de la jurisprudencia de la corporación, constituir mala conducta que hiciera perder el derecho a la pensión
gracia, a menos que se verificara, en cada caso concreto, su gravedad; (ii) cuando la conducta objeto de
análisis merodea la esfera del derecho penal debe representarse en sentencia condenatoria para acarrear
la pérdida del derecho; (iii) la suspensión del empleo registrada mediante el Decreto 138 del 6 de marzo de
1984 no era mala conducta porque el Juzgado Primero Superior de Tunja estimó, en dos oportunidades,
que no existía mérito para dictar fallo condenatorio en contra del entonces actor por lo que se decretó el
sobreseimiento temporal; (iv) la suspensión del empleo impuesta a través del Decreto 1212 del 8 de
noviembre de 1985 se trató de los mismos hechos por los cuales le fue archivada la actuación penal.
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Decreto 813 del 12 de agosto de 1977 a través del cual se designó al señor Gutiérrez Rivero como Rector
del Colegio Departamental Regional Juan José Rondón en el municipio de Soata; acto firmado por el
Gobernador de Boyacá, su Secretario de Educación, y el Delegado Regional del Ministerio de Educación.
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pronunciamiento lo relevante es la naturaleza de la plaza docente -territorial o
nacionalizada- con independencia de la manera cómo se financien los sueldos del
docente.
Lo anterior, entre otras cosas, porque, tal como se expuso en el fallo de unificación
que se acogió:
(i) Los docentes territoriales y/o nacionalizados no se convierten en educadores
nacionales, cuando en el acto de vinculación, interviene, además del
representante legal de la entidad territorial, el delegado permanente del
Ministerio de Educación Nacional, como miembro de la Junta Administradora
del respectivo Fondo Educativo Regional – en lo sucesivo FER-, aun cuando
este último, certifique la vacancia del cargo junto con la disponibilidad
presupuestal.
(ii) La acreditación de la plaza a ocupar, es decir, que sea de carácter territorial o
nacionalizada, es lo verdaderamente importante para el reconocimiento de la
pensión gracia, porque el pago de las acreencias de los educadores
territoriales procedía de rentas endógenas de la respectiva localidad o de las
exógenas –situado fiscal- cuando se sufragaban los gastos a través de FER,
mientras que para los educadores nacionalizados, las erogaciones responden
al espectro de los recursos del Situado Fiscal, hoy Sistema General de
Participaciones.
Examinado el caso concreto a la luz de esas premisas se concluyó que el actor sí
cumplió con el tiempo de servicio requerido para acceder al reconocimiento de la
pensión gracia.
Primero, porque existió una vinculación territorial -no nacional- anterior al 31 de
diciembre de 1980, como lo demostraba el Decreto Nro. 350 del 27 de abril de 1997,
mediante el cual se nombró al señor Gutiérrez Rivero como profesor del Colegio
Regional Juan José Rondón de Soata3, cargo del que tomó posesión el 17 de mayo
de 1977.
Segundo, porque la vinculación de la parte actora como rector del Colegio
Departamental Regional Juan José Rondón en el Municipio de Soata, que tuvo lugar
con ocasión de la designación efectuada mediante el Decreto Nro. 813 del 12 de
agosto de 1977, sí era computable para la pensión gracia pues se trataba de
vinculación nacionalizada bajo la dirección del Departamento de Boyacá, tal como
se señaló en el Formato Único para Expedición de Certificado de Historia Laboral
consecutivo 7877 del 14 de abril de 2011.
Finalmente, se estimó que se cumplían los requisitos de edad y de buena conducta
en el desempeño como docente: el señor Gutiérrez Rivero cumplió 50 años de edad
el 13 de enero de 1996 -esto es, antes de la solicitud de reconocimiento pensional
que formuló a la UGPP- y carecía de antecedentes disciplinarios, conforme lo
certificado por el Líder de la Oficina de Gestión de Carrera de la Secretaría de
Educación de Boyacá el 16 de mayo de 2011; el certificado de antecedentes
disciplinarios No. 26244219 del 27 de mayo de 2011; y, la certificación expedida por
la Secretaria del Juzgado 3º Penal del Circuito de Tunja con Funciones de
Conocimiento, según el cual, al actor se le archivó la actuación relacionada con el
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Institución que figuraba como colegio nacionalizado dentro de la red de servicios educativos del
Departamento de Boyacá.
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punible de falsedad a través de proveído del 22 de mayo de 1985, confirmada por
el Tribunal Superior de Tunja mediante providencia del 8 de agosto del mismo año.
2. Recurso extraordinario de revisión
2.1. Demanda
La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de Protección Social -UGPP-, a través de apoderada judicial, solicitó
se revoque la sentencia del 19 de julio de 2018, proferida por la Sección Segunda,
Subsección B del Consejo de Estado, dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho de carácter laboral identificado con el radicado Nro.
15001-23-33-000-2013-00822-01 (4280-2016), que accedió a las pretensiones de
la demanda y reconoció la pensión gracia al señor Alonso Quintín Gutiérrez Rivero.
Para el efecto, se invocó la causal prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003,
literales a) y b), según los cuales procede la revisión de pensiones cuando (i) el
reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso o (ii) cuando la
cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o
convención colectiva que le eran legalmente aplicables.
Todo, porque no era procedente el reconocimiento de la pensión gracia. A su juicio,
el tiempo de docencia comprendido entre el 18 de agosto de 1977 y el 15 de enero
de 2011 no podía computarse acceder a la pensión gracia al tratarse de una
vinculación nacional efectuada a través del Decreto 813 del 12 de octubre de 1984
dada la “intervención de una autoridad nacional [la del delegado del Ministerio Nacional] el cual fue
pagado con recursos del situado fiscal, actual Sistema General de Participaciones” . Cuestión que
se confirmaba porque “la Gobernación del Departamento de Boyacá́ , actuaba con disponibilidad
presupuestal, para nombrar docentes del Fondo Educativo Regional, fondo que administraba la
educación con los RECURSOS DE LA NACIÓN, por lo que no podía predicarse una vinculación
Nacionalizada del peticionario”.
Siendo así las cosas, se vulneró el debido proceso al momento de efectuar el
reconocimiento pensional pues se impuso una carga prestacional sin fundamento
legal y con grave afectación del interés general.
2.2. Intervención del señor Alonso Quintín Gutiérrez Rivero
Oscar Mauricio Vargas Quintero, curador ad lítem del señor Alonso Quintín
Gutiérrez Rivero4, se opuso a las pretensiones de la demanda pues los tiempos
servidos por el docente fueron de carácter nacionalizado, razón por la que sí podían
computarse para el reconocimiento de la pensión gracia que solicitó en el proceso
ordinario respectivo.
Ese carácter nacionalizado de la vinculación se deriva de la aplicación al caso
concreto de las reglas establecidas por la Sección Segunda del Consejo de Estado
en la sentencia de unificación de junio de 2018.
2.3. Intervención del Ministerio Público
El agente del ministerio Público guardó silencio.
4
Designación efectuada mediante auto del 11 de marzo de 2022 (índice 48 del SAMAI) y aceptada mediante
escrito del 24 del mismo mes y año (índice 54 del SAMAI).
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CONSIDERACIONES
1. Competencia
De acuerdo con los artículos 111 y 249 del C.P.A.C.A., la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado tiene competencia para conocer
de los recursos extraordinarios de revisión contra las sentencias dictadas por las
Secciones y Subsecciones de esta Corporación5.
Se agrega que, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 107 del
C.P.A.C.A. 6, mediante el Acuerdo 80 de 20197, que compiló, entre otros, el Acuerdo
321 de 2014, emanado de la Sala Plena del Consejo de Estado, se reglamentó la
creación de salas especiales de decisión, encargadas de resolver los recursos
extraordinarios de revisión interpuestos contra las sentencias de las Secciones o
Subsecciones de esta Corporación8.
Luego, la Sala Especial de Decisión Nro. 13 de esta Corporación es competente
para conocer el presente recurso extraordinario de revisión.
2. Legitimación por activa
La UGPP se encuentra habilitada para adelantar el presente trámite de conformidad
con lo establecido en el numeral 6 del artículo 6 del Decreto 575 de 2013, según el
cual:
“Artículo 6. Funciones. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) cumplirá las siguientes funciones:
(…)
6. Adelantar o asumir, cuando haya lugar, las acciones previstas en el artículo 20 de la Ley
797 de 2003 o normas que la adicionen o modifiquen”.
3. Oportunidad de la acción
El inciso cuarto del artículo 251 de la Ley 1437 de 2011 prevé el término de
caducidad del recurso extraordinario de revisión para los casos previstos en el
5 “Artículo 111 CPACA. Funciones de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. La Sala de lo
Contencioso administrativo en pleno tendrá las siguientes funciones: “(…).2. Resolver los recursos
extraordinarios de revisión contra las sentencias dictadas por las secciones o subsecciones y los demás que
sean de su competencia”.
“Artículo 248 CPACA. Procedencia. El recurso extraordinario de revisión procede contra las sentencias
ejecutoriadas dictadas por las secciones y subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del
Consejo de Estado, por los Tribunales Administrativos y por los jueces administrativos”.
“Artículo 249 CPACA. Competencia. De los recursos de revisión contra las sentencias dictadas por las
secciones o subsecciones del Consejo de Estado conocerá la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo
sin exclusión de la sección que profirió la decisión”.
6 “Artículo 107 C.P.A.C.A. Integración y composición. (…)”.
“Créanse en el Consejo de Estado las salas especiales de decisión, además de las reguladas en este
Código, encargadas de decidir los procesos sometidos a la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo,
que esta les encomiende, salvo de los procesos de pérdida de investidura y de nulidad por
inconstitucionalidad. Estas Salas estarán integradas por cuatro (4) Magistrados, uno por cada una de las
secciones que la conforman, con exclusión de la que hubiere conocido del asunto, si fuere el caso.
“La integración y funcionamiento de dichas salas especiales, se hará de conformidad con lo que al respecto
establezca el reglamento interno”.
7 Publicado en el diario oficial, edición 50.913 de 1º de abril de 2019.
8
“Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019. Artículo 29.- Las Salas Especiales de Decisión decidirán los siguientes
asuntos de competencia de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo: 1. Los recursos extraordinarios
de revisión interpuestos contra las sentencias de las Secciones o Subsecciones del Consejo de Estado”.
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artículo 20 de la Ley 797 de 2003 en “cinco años siguientes a la ejecutoria de la providencia
judicial”.
En el presente asunto, la sentencia del 19 de julio de 2018, proferida por la Sección
Segunda del Consejo de Estado, quedó ejecutoriada el 19 de septiembre de la
misma anualidad, según constancia de ejecutoria expedida por el Secretario de la
Sección el 9 de noviembre de ese mismo año -2018-.
Por lo tanto, como la demanda se presentó el 15 de julio de 2020 huelga concluir
que se realizó oportunamente.
4. Problema jurídico
Le corresponde a esta Sala Especial de Decisión establecer si en el caso concreto
se configuran las causales establecidas en los literales a) y b) del artículo 20 de la
Ley 797 de 2003, esto es, por haberse obtenido el reconocimiento pensional con
violación del debido proceso y/o haberse reconocido el derecho por una cuantía
superior a la que corresponde según la ley aplicable.
Para el efecto, se procederá, en primer lugar, con la exposición de las
características y la finalidad del recurso especial de revisión; posteriormente, se
presentarán las causales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 -que fueron las
aducidas en la demanda-; y, finalmente, se examinará el caso concreto a la luz de
esas premisas.
5. Recurso especial de revisión. Características y finalidad
La revisión de las providencias judiciales que hayan decretado el reconocimiento de
sumas periódicas a cargo del Tesoro Público o de fondos de naturaleza pública se
encuentra establecida en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 en los siguientes
términos:
“ARTÍCULO 20. REVISIÓN DE RECONOCIMIENTO DE SUMAS PERIÓDICAS A CARGO
DEL TESORO PÚBLICO O DE FONDOS DE NATURALEZA PÚBLICA. Las providencias
judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan
al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de
dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o
la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por
conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, del Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación.
La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una transacción o
conciliación judicial o extrajudicial.
La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de
revisión por el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier tiempo por las causales
consagradas para este en el mismo código y además:
a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y
b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley,
pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables” 9
Esa revisión, cuyo trámite es el del recurso extraordinario de revisión, tiene un
carácter sui generis10, pues, más allá de que puede dar lugar a la infirmación de una
9
Los apartes tachados fueron declarados inexequibles por la Corte Constitucional en la sentencia C-835 de
2003.
10 Tal como se señaló en la sentencia C-835 de 2003.
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sentencia ejecutoriada, presenta unos aspectos particulares que le dan entidad
propia. Dentro de esas notas características pueden referirse las siguientes:
• Procedencia. El recurso procede no solo frente a sentencias ejecutoriadas
sino también respecto de otro tipo de providencias cuyo efecto sea el
reconocimiento de una prestación (v.gr., autos que terminan anormalmente el
proceso, o actos que sean consecuencia de acuerdos, tales como transacción
y conciliación). De ahí, entonces, que las providencias denegatorias del
derecho no serían susceptibles del recurso.
Con todo, el recurso no procede para la revisión de derechos reconocidos en
cuantías que estén por debajo de lo dispuesto por la ley, pacto o convención
aplicable.
• Legitimación por activa. La legitimación para su interposición recae en el
Gobierno Nacional, por medio del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social,
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la
República o del Procurador General de la Nación, al tenor de lo previsto en el
artículo 20 de la Ley 797 de 2003. También se encuentran legitimadas las
entidades que realizan el reconocimiento de pensiones públicas.
• Propósito del recurso. El objetivo principal del recurso es la protección del
patrimonio público, el interés general y el equilibrio financiero del sistema
pensional11
• Alcance del recurso. El análisis que se efectúa en el recurso de revisión
impide que el proceso se utilice como instancia adicional para la resolución de
aspectos que fueron abordados en el proceso ordinario correspondiente. No
se trata de un mecanismo para la exposición y resolución de simples
discrepancias respecto de las determinaciones adoptadas en las instancias.
Por eso, como lo ha expresado esta corporación, “no se trata de una tercera
instancia que admita reabrir el debate sobre el derecho a una prestación, pues su marco se
encuentra circunscrito a revisar los aspectos concernientes al reconocimiento del derecho
(literal a) y a la liquidación de aquel (literal b), cuando se reconoció con vulneración del debido
proceso o de la Ley, o en un valor mayor al que corresponde 12”
5.1. Reconocimiento obtenido con violación al debido proceso
De acuerdo con lo establecido en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003,
el recurso especial de revisión procede cuando el reconocimiento con cargo al
tesoro público o a fondos de naturaleza pública se obtuvo con violación al debido
proceso.
11 Y es que tal como lo ha sostenido esta corporación: “[la] revisión de los montos de las pensiones reconocidas
en contra de lo establecido por la ley, en orden a salvaguardar el equilibrio entre la prestación y su legalidad,
así́ como también proteger los recursos limitados del tesoro público, la liquidez, solvencia y sostenibilidad
del sistema de seguridad social y el principio de universalidad que lo gobierna”. Consejo de Estado, Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión Nro. 4, M.P.: Lucy Jeannette Bermúdez
Bermúdez, sentencia del 1° de agosto de 2017. radicado: 11001-03-15-000-2016-02022-00.
12 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión Nro. 19, M.P.:
William Hernández Gómez, sentencia del 31 de mayo de 2021, radicado: 11001-03-15-000-2020-03092-00.
En similar sentido, ver, entre otras, las sentencias proferidas por: Sala Especial de Decisión Nro. 4 el 3 de
noviembre de 2020 con ponencia de la consejera Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez dentro del radicado
Nro. 11001-03-15-000-2020-03151-00; Sala Especial de Decisión Nro. 25 el 8 de noviembre de 2021 con
ponencia de la consejera Marta Nubia Velásquez Rico dentro del radicado Nro. 11001-03-15-0002020-
04141-00.
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Así, la causal se configurará cuando en el reconocimiento de la prestación se
desconoció alguna o algunas de las garantías que integran el debido proceso,
dentro de las cuales se encuentran las siguientes: (i) el derecho a juez natural o
funcionario competente, (ii) el derecho a ser juzgado según las normas de cada
juicio o procedimiento, (iii) el derecho a la defensa y/o contradicción -que incluye,
entre otros, la presentación y participación en la producción de las pruebas, la
defensa técnica, el proceso público y sin dilaciones injustificadas, la motivación de
la decisión, el derecho a impugnar la decisión- , y (iv) el derecho a la independencia
o imparcialidad del juez.
Aspectos todos esos relevantes si se tiene presente que el debido proceso
constituye una garantía para todas las personas durante el trámite de las
actuaciones administrativas o judiciales en que ellas intervengan, según el artículo
29 constitucional.
5.2. Cuantía del derecho reconocido: exceso de lo debido
Por su parte, el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 prevé que el recurso
de revisión procederá “cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo
con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables”.
En la exposición de motivos de la referida norma se advirtió́ sobre la necesidad de
“construir esquemas sociales solidarios, financieramente viables y sostenibles en el tiempo, y,
equitativos para todos los ciudadanos”. Entonces la finalidad del artículo en mención era
reducir el déficit fiscal y hacer que el sistema pensional sea factible en términos
económicos, de allí́ que se permitiera la revisión de prestaciones periódicas a cargo
del erario, cuya cuantía exceda lo debido de acuerdo con las normas vigentes.
6. Caso concreto
Según se anotó, la UGPP edificó las causales de revisión sobre la misma base
argumentativa: el supuesto incumplimiento de los requisitos legales para acceder a
la pensión gracia por parte del señor Gutiérrez Rivero, específicamente, el relativo
al tiempo de servicio pues, a su juicio, el periodo comprendido entre el 18 de agosto
de 1977 y el 15 de enero de 2011 no podía computarse acceder a la pensión gracia
al tratarse de una vinculación nacional -no territorial ni nacionalizada-.
Para esta Sala Especial de Decisión, esa argumentación corresponde a la utilización
del mecanismo extraordinario a modo de instancia adicional. Lo pretendido es que
se resuelvan las discrepancias interpretativas que la UGPP tiene con la sentencia
del 19 de julio de 2018, específicamente con la regla aplicada para establecer el
carácter territorial o nacionalizado de una plaza educativa. Considérese que:
• Al determinarse el problema jurídico sobre el cual recaería la decisión de la
causa apelada, la sentencia recurrida indicó que se debía determinar “[s]i para
el reconocimiento de la pensión gracia es viable el cómputo de servicios docentes prestados
a partir de nombramientos en los cuales haya intervenido el Fondo Educativo Regional –FER,
si particularmente se requiere de la vinculación al 31 de diciembre de 1980; y cómo se acredita
de manera idónea la prestación del servicio docente en tal condición. // Con la resolución de
los planteamientos anteriores, se definirá si el demandante tiene derecho al reconocimiento
de su pensión gracia, o si por el contrario, no cumple con el requisito de tiempo de servicio de
conformidad con la ley como lo asevera la entidad demandada [hoy parte demandante en el
proceso de la referencia]”.
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Luego, es claro que desde ese mismo momento se propuso el análisis de la
problemática que vía el recurso de la referencia se pretende discutir.
• Posteriormente, en la misma sentencia se hizo referencia a la improcedencia
del cómputo de tiempos de servicios de carácter nacional para el
reconocimiento de la pensión gracia.
Prueba de esto es que, con sustento en la legislación y jurisprudencia
aplicable, se advirtió que el beneficio de la pensión gracia solo cubre a los
docentes cuya vinculación sea territorial o nacionalizada, descartando a los
educadores del orden nacional.
Por demás, se precisó que para ser beneficiario de la pensión gracia lo que
debía analizarse y comprobarse era el tipo de nombramiento, la autoridad que
hace la designación, la institución educativa a la cual se prestaron los servicios
docentes y su naturaleza y, claro, los tiempos de servicios requeridos por la
Ley 114 de 2013, pero no la denominación que se le dé ni la forma que adopta
conforme a las certificaciones.
Así, mal puede hablarse del establecimiento de una regla que permitiera el
cómputo de tiempos de carácter nacional para el reconocimiento de la
prestación.
• Adicionalmente, la decisión recurrida acogió las consideraciones del fallo de
unificación de la Sección Segunda de 21 de junio de 2018, en el que se
destacó la importancia y preeminencia de la naturaleza jurídica de la plaza
docente a ocupar para el reconocimiento de la pensión gracia; providencia en
la que se fijaron las siguientes reglas:
“…(ii) la calidad de docente territorial o nacionalizado es otorgada por la ley, y no se
pierde, o cambia a nacional, cuando en el acto de vinculación del docente haya
intervenido el delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional ante el
respectivo fondo educativo regional o haya certificado la disponibilidad presupuestal o
la vacancia definitiva del cargo; (iii) en consecuencia, lo esencialmente relevante, frente
al reconocimiento de la aludida prestación, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto
es, que sea de carácter territorial o nacionalizada, pues en lo que respecta a los
educadores territoriales, el pago de sus acreencias provenía directamente de las rentas
endógenas de la respectiva localidad, o de las exógenas -situado fiscal- cuando se
sufragaban los gastos a través de los fondos educativos regionales, y en lo que tiene
que ver con los educadores nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se
enmarcan en los recursos del situado fiscal, hoy sistema general de participaciones…”.
• Y fue a la luz de esas reglas que se valoró el contenido de los decretos de
vinculación -identificados con los Nros. 350 del 27 de abril, y 813 del 12 de
agosto, ambos de 1977.
En efecto, y para lo que aquí interesa, el juez de segunda instancia tuvo en
cuenta que en el segundo de los actos administrativos de vinculación participó
el Delegado del Ministerio de Educación Nacional, razón por la que se anotó
lo siguiente en la providencia cuestionada:
“De igual manera, resulta diáfano para la Sala, que el nombramiento inicial como
docente del actor ocurrió antes del 31 de diciembre de 1980 cargo del que tomó
posesión el 17 de mayo de 1977, seguida de vinculación inmediata como Rector de
institución educativa a partir del 18 de agosto de 1977.
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También es claro, que la autoridad que nominó al demandante como docente para
dichos periodos fue el Gobernador de Boyacá, y que también intervino en el segundo
nombramiento el Delegado Regional del Ministerio de Educación.
De este modo, y conforme al criterio unificado de esta sección contenido en la sentencia
dictada el 21 de junio de 2018 dentro del proceso 25000-23-42-000-2013-04683-01
(3805-2014), se tiene que el demandante acreditó en debida forma que su vinculación
y permanencia en el servicio oficial docente, siéndolo en calidad de educador
nacionalizado, bajo la dirección del Departamento de Boyacá. Lo anterior, teniendo en
cuenta las bases jurisprudenciales sentadas en la sentencia de unificación, que para el
caso concreto permiten relievar que los nombramientos que tuvo fueron
nacionalizados”.
En esa medida, se repite, en la sentencia recurrida sí se valoró lo referenciado por
la hoy actora. Cuestión diferente es que, en aplicación de las reglas de unificación
acogidas y a la luz de las cuales se examinó el caso concreto, mal pudiera
considerarse el tiempo entre el 18 de agosto de 1977 y el 15 de enero de 2011 como
de carácter nacional.
Por lo tanto, es claro que lo pretendido es reabrir el debate para discutir la regla de
unificación aplicada en la sentencia cuestionada; propósito para el cual no se
estableció el recurso especial de revisión.
7. Costas
De acuerdo con lo previsto en el artículo 188 del C.P.A.C.A. la sentencia dispondrá
sobre la condena en costas “salvo en los procesos que se ventile un interés público”.
Para la Sala Especial de Decisión este es un proceso en el que se ventila un interés
público como lo es la protección del erario, razón por la que es improcedente la
condena en costas. Así es preciso observar que, como lo ha establecido la
jurisprudencia de la corporación, “el ejercicio del mecanismo de revisión de que trata el artículo
20 de la Ley 797 de 2003, constituye una herramienta para afrontar los graves casos de corrupción
en esta materia y evitar el detrimento del Tesoro Público y un mecanismo de defensa de los principios
de eficiencia, universalidad, solidaridad, integralidad, unidad y participación que rigen el servicio
público esencial de seguridad social, además de una garantía del principio de sostenibilidad
financiera del sistema pensional 13”.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sala Especial de Decisión Nro. 13, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
1. Declarar infundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de Protección Social -UGPP- contra la sentencia del 19 de julio
de 2018, proferida por la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de
Estado dentro del proceso de radicado Nro. 15001-23-33-000-2013-00822-01
(4280-2016).
13 Cfr., entre otras: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión
Nro. 19, sentencia del 18 de agosto de 2021, M.P.: William Hernández Gómez, radicado Nro.: 11001-03-15-
000-2020-03549-00. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de
Decisión Nro. 9, sentencias del 22 de noviembre de 2021, 10 de diciembre de 2021, y, 25 de febrero de
2022, M.P.: Gabriel Valbuena Hernández, radicados Nro.: 11001-03-15-000-2020-03231-00, 11001-03-15-
000-2019-05024-00, y, 11001-03-15-000-2019-04468-00, respectivamente.
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2. No condenar en costas.
3. En firme esta providencia, archívese el expediente.
Cópiese, notifíquese y cúmplase,
La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala Especial Decisión
Nro. 13 en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Magistrada Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ MARTIN BERMUDEZ MUÑOZ
Magistrado Magistrado
ACLARA EL VOTO ACLARA EL VOTO
(Firmado electrónicamente)
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
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