Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2020-03194-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2020-03194-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2020-03194-00
Consejero ponente: Milton Chaves Garcia
22 de marzo de 2022
Radicado: 11001 03 15 000 2020 03194 00
Demandante: UGPP
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA QUINTA ESPECIAL DE DECISIÓN
Consejero ponente: MILTON CHAVES GARCÍA
Bogotá D.C., veintidós (22) de marzo de dos mil veintidós (2022)
Referencia: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
Radicado: 11001 03 15 000 2020 03194 00
Demandante: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN
PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA
PROTECCIÓN SOCIAL – UGPP
Demandado: RITA NELLY VARÓN DE GUZMÁN
Temas: Recurso extraordinario de revisión. Causales a) y b) del artículo
20 de la Ley 797 de 2003
Recurso extraordinario de revisión
La Sala decide el recurso extraordinario de revisión interpuesto mediante apoderado
judicial por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social – UGPP contra la sentencia del 16 de agosto de
2018, proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, que
revocó el fallo del 9 de septiembre de 2016, del Tribunal Administrativo del T olima y,
como consecuencia, accedió a las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1. Antecedentes administrativos y demanda
La señora Rita Nelly Varón de Guzmán solicitó a la Unidad Administrativa Especial
de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP,
el reconocimiento y pago de la pensión gracia.
Mediante Resolución nro. RDP 003226 de 27 de enero de 2015, la UGPP negó la
solicitud al considerar que los tiempos de servicio prestados desde el año de 1993
correspondían a una vinculación nacional. Decisión que confirmó en Resolución RDP
013271 de 7 de abril de 2015.
La señora Rita Nelly Varón de Guzmán presentó demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la UGPP con el fin de que se declarara la nulidad
de los anteriores actos administrativos y, como consecuencia, se ordenara el
reconocimiento y pago de la pensión gracia.
El Tribunal Administrativo del Tolima, mediante sentencia del 9 de septiembre de
2016, negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la demandante, al
considerar que la señora Varón de Guzmán solo acreditó un tiempo cercano a los 6
años bajo la vinculación nacionalizada, el resto de los tiempos de servicios aportados
fueron de carácter nacional, por lo que resultan insuficientes para el reconocimient o
de la pensión gracia.
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siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
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Demandante: UGPP
La señora Varón de Guzmán interpuso recurso de apelación contra la anterior
decisión, al considerar que no se tuvo en cuenta que su relación laboral, legal y
reglamentaria se dio con la docencia departamental y municipal, nunca con
nombramiento nacional.
2. Sentencia recurrida en revisión
El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, en sentencia del 16 de
agosto de 2018, revocó el fallo de primera instancia y, como consecuencia, ordenó a
la UGPP el reconocimiento y pago de una pensión gracia a favor de la demandante,
equivalente al 75 % del promedio de todos los factores salariales devengados en el
año inmediatamente anterior a la consolidación del estatus pensional. Los
argumentos fueron los siguientes:
Indicó que la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante sentencia del 21 de
junio de 2018 unificó su jurisprudencia y determinó que “(…) lo esencialmente
relevante, frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la
plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada, máxime si se
tiene en cuenta que, en lo que respecta a los educadores territoriales, el pago de sus
acreencias provenían directamente de las rentas endógenas de la respectiva
localidad, o de las exógenas –situado fiscal- cuando se sufragaban los gastos a
través de los Fondos Educativos Regionales; y en lo que tiene que ver con los
educadores nacionalizados las erogaciones que estos generaban se enmarcan en
los recursos del situado fiscal, hoy Sistema General de Participaciones.”
Que la demandante acreditó la prestación del servicio bajo la modalidad de
vinculación nacionalizada según la certificación de la Secretaría de Educación del
Departamental del Tolima y que el segundo periodo certificado, se logró determinar
que la autoridad que nominó a la demandante fue el alcalde Municipal, por lo que, a
la luz de la sentencia de Unificación de 21 de junio de 2018, dicho nombramiento fue
de carácter territorial bajo la dirección del Municipio de Guamo, Tolima.
Señaló que la señora Varón de Guzmán demostró plenamente los requisitos
necesarios para acceder a la pensión gracia, esto es, el haber prestado los servicios
como docente en planteles territoriales por 20 años y con anterioridad a 1980, toda
vez que fue vinculada el 1° de marzo de 1978, cumplió 50 años de edad el 8 de
marzo de 2005 y se observó buena conducta en su desempeño como docente.
II. RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
1. Escrito del recurso extraordinario de revisión
La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social – UGPP, el 17 de julio de 2020, interpuso
recurso extraordinario de revisión contra la sentencia del 16 de agosto de 2018,
proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, porque
consideró que se encuentra incursa en las causales a) y b) del artículo 20 de la Ley
797 de 2003, al reconocer un derecho pensional a la señora Rita Nelly Varón de
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Radicado: 11001 03 15 000 2020 03194 00
Demandante: UGPP
Guzmán sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en el ordenamiento
jurídico.
Lo anterior, porque la línea jurisprudencial que el Consejo de Estado ha desarrollado
al respecto indica que no es dable contabilizar tiempos de servicio con vinculación de
carácter nacional para conceder la pensión de gracia.
Que acorde con las pruebas aportadas en el expediente prestacional y las que se
aportaron en sede judicial, los tiempos de servicios discontinuos laborados por la
señora Rita Nelly Varón de Guzmán con la Gobernación del Departamento del
Tolima desde el 1° de marzo de 1978, hasta el 30 de mayo de 1984, son de carácter
nacional.
Adujo que, según los decretos de nombramiento, expedidos por la Gobernación del
Departamento del Tolima para los respectivos periodos discontinuos, se evidencia
que se actuaba con disponibilidad presupuestal, para nombrar docentes del Fondo
Educativo Regional, fondo que administraba la educación con los recursos de la
nación, por ello no podía predicarse una vinculación nacionalizada en dichos
periodos, por el contrario, fueron de vinculación como docente nacional.
Que el periodo comprendido entre el 29 de marzo de 1993, hasta el 28 de febrero de
2014, al servicio del municipio del Guamo, Tolima, también fue de vinculación
nacional, toda vez que, a partir del año 1993, la educación ya había sufrido el
proceso de transformación y se encontraba totalmente a cargo de la Nación, de lo
cual concluye que estos tiempos se prestaron con vinculación de tipo nacional, razón
por la cual es válido afirmar que los mismos no se pueden tener en cuenta para el
otorgamiento de la pensión gracia. Además, en la certificación de 4 de octubre de
2019, expedida por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio la
vinculación de la docente corresponde a tiempos nacionales pagados con dineros del
situado fiscal provenientes directamente de la Nación.
2. Trámite procesal
En auto del 26 de agosto de 2020, se admitió el recurso extraordinario de revisión
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interpuesto por la UGPP, se ordenaron las notificaciones de rigor , se negó la medida
cautelar solicitada y, por secretaría, se requirió al Tribunal Administrativo del Tolima,
para que remitiera en calidad de préstamo, el expediente dentro del cual se tramitó el
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado número: 73001-23-
000-2015-00384-00.
Mediante auto del 24 de febrero de 2021, se tuvieron como pruebas los documentos
aportados con la demanda y la contestación.
3. Contestación al recurso
La señora Luz Nelly Varón de Guzmán contestó la demanda. Propuso como
excepciones la de inepta demanda, proposición jurídica incompleta y buena fe.
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Se ordenó notificar personalmente, a través de los diferentes canales virtuales, a la señora Rita Nelly Varón de
Guzmán, al Ministerio Público y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
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Radicado: 11001 03 15 000 2020 03194 00
Demandante: UGPP
Aseguró que con el presente recurso la parte actora busca configurar una tercera
instancia, pues no hace referencia a la cuantía, sino que se remite al marco histórico
de la pensión gracia, para mostrar su inconformidad con la decisión de segunda
instancia.
Que acorde con las pruebas aportadas al proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho, se puede evidenciar, que la señora Varón de Guzmán trabajó en el
municipio del Guamo, Tolima, como docente alfabetizadora, en plazas de origen
territorial.
Aseguró que el comportamiento personal y laboral de la señora Varón de Guzmán
siempre se rigió por lineamientos de buena fe. Que las mesadas pensionales a cargo
de la UGPP han sido percibidas conforme a derecho y como consecuencia de un
proceso judicial en el cual brindaron todas las garantías a las partes.
4. Concepto del Ministerio Público
El Ministerio Público guardó silencio.
III. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
2
De conformidad con lo previsto en el inciso 1 del artículo 249 del CPACA , de los
recursos de revisión contra las sentencias dictadas por las secciones o subsecciones
del Consejo de Estado, conocerá la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo sin
exclusión de la sección que profirió la decisión.
El Acuerdo 321 del 2 de diciembre de 2014, expedido por la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, reglamentó la integración y
funcionamiento de las Salas Especiales de Decisión de que trata el artículo 107 de la
Ley 1437 de 2011.
Por su parte, el numeral 1 del artículo 29 del Acuerdo 080 de 2019, asigna la
competencia a las Salas Especiales de Decisión de los recursos extraordinarios de
revisión interpuestos contra las sentencias de las Secciones o Subsecciones del
Consejo de Estado.
De acuerdo con lo anterior, a la Sala Quinta Especial de Decisión del Consejo de
Estado le corresponde conocer del recurso extraordinario de revisión interpuesto por
la UGPP contra la sentencia del 16 de agosto del 2018, proferida por el Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección B.
2
Adicionado por el artículo 68 de la Ley 2080 de 2021 en virtud del cual las reglas de competencia también se
aplicarán para conocer de la solicitud de revisión de las decisiones judiciales proferidas en esta jurisdicción,
regulada en el artículo 20 de la ley 797 de 2003.
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Demandante: UGPP
2. Oportunidad del recurso
En el caso concreto, el recurso extraordinario de revisión se presentó el 17 de julio
de 2020, es decir, en vigencia del CPACA, por lo que, es procedente revisar el
término de interposición, conforme con lo previsto en el artículo 251 ejusdem, según
el cual, en los casos previstos en la Ley 797 de 2003 el recurso debe interponerse
3
dentro de los 5 años siguientes a la ejecutoria de la respectiva sentencia .
Comoquiera que la sentencia que se cuestiona quedó ejecutoriada el 25 de
4
septiembre de 2018 y el recurso extraordinario de revisión se presentó el 17 de julio
de 2020, es claro que la demanda se presentó dentro del término.
3. Legitimación en la causa
Respecto de la Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social – UGPP, recae el interés jurídico que se debate
en el sub examine, en tanto que, fue la parte demandada vencida dentro del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho objeto de reproche.
Aunado a ello, el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, establece que el Gobierno
Nacional por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador
General de la Nación, pueden solicitar ante el Consejo de Estado o la Corte Suprema
de Justicia la revisión de las providencias judiciales que reconozcan prestaciones
periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública.
Acorde con la facultad establecida en el ordinal 6 del artículo 6 del Decreto 5021 de
28 de diciembre de 2009, el Gobierno delegó en la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –UGPP-, la
función de adelantar o asumir, cuando haya lugar, las acciones previstas en el
artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
En consecuencia, la UGPP tiene legitimación en la causa por activa para promover el
presente recurso extraordinario de revisión.
Por su parte, la señora Luz Nelly Varón de Guzmán, está legitimada, pues fue parte
demandante en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho en el cual se
profirió la sentencia que ahora se cuestiona.
3
“Artículo 251. Término para interponer el recurso. El recurso podrá interponerse dentro del año siguiente a la
ejecutoria de la respectiva sentencia.
En los casos contemplados en los numerales 3 y 4 del artículo precedente, deberá interponerse el recurso dentro
del año siguiente a la ejecutoria de la sentencia penal que así lo declare.
En el caso del numeral 7, el recurso deberá presentarse dentro del año siguiente a la ocurrencia de los motivos
que dan lugar al recurso.
En los casos previstos en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el recurso deberá presentarse dentro de los cinco
(5) años siguientes a la ejecutoria de la providencia judicial o en los casos de que ella no se requiera, dentro del
mismo término contado a partir del perfeccionamiento del acuerdo transaccional o conciliatorio”.
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Según consta a folio 169 del cuaderno en préstamo.
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Demandante: UGPP
La Sala procede a pronunciarse respecto de: (i) la naturaleza y marco legal de la
acción extraordinaria de revisión y, (ii) el alcance y requisitos de las causales a) y b)
del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
4. Naturaleza y marco legal del recurso extraordinario de revisión
En los términos del artículo 249 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, el recurso extraordinario de revisión procede contra las
sentencias ejecutoriadas dictadas por las Secciones y Subsecciones de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por los Tribunales
Administrativos y por los jueces administrativos, en los eventos contemplados en el
5
artículo 250 del CPACA .
Respecto de la naturaleza del recurso extraordinario de revisión, la Corte
Constitucional ubica al recurso extraordinario de revisión como una verdadera acción
contra decisiones injustas, a fin de restablecer la justicia material 6, en el mismo
sentido, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, a
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través de la Sala Especial Número Tres , explicó que, en general, es un medio de
impugnación excepcional contra la sentencia, que permite el rompimiento del
principio de cosa juzgada. Se propone con el fin de restablecer tanto el imperio de la
justicia como la vigencia del ordenamiento jurídico, que pueden resultar
quebrantados por las sentencias injustas.
Dicho recurso, sin embargo, no es el mecanismo para cuestionar la actividad
interpretativa, ni la valoración probatoria del juez, ni para que el afectado con la
sentencia proponga cuestiones que no alegó oportunamente en el proceso originario.
Es un instrumento para discutir y ventilar ciertos hechos procesales externos a la
labor funcional del juez, que pueden llegar a afectar el principio de justicia material.
De ahí que, el ámbito de revisión esté restringido por las causales que el legislador
ha determinado de manera taxativa, causales que, en todo caso, por tratarse de
situaciones excepcionales contra el valor de la cosa juzgada, no admiten
interpretaciones más allá de lo que en buena ley se deduce de su texto.
5
“Artículo 250. Causales de revisión. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, son
causales de revisión:
1. Haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales se
hubiera podido proferir una decisión diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor
o caso fortuito o por obra de la parte contraria.
2. Haberse dictado la sentencia con fundamento en documentos falsos o adulterados.
3. Haberse dictado la sentencia con base en dictamen de peritos condenados penalmente por ilícitos cometidos
en su expedición.
4. Haberse dictado sentencia penal que declare que hubo violencia o cohecho en el pronunciamiento de la
sentencia.
5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de
apelación.
6. Aparecer, después de dictada la sentencia a favor de una persona, otra con mejor derecho para reclamar.
7. No tener la persona en cuyo favor se decretó una prestación periódica, al tiempo del reconocimiento, la aptitud
legal necesaria o perder esa aptitud con posterioridad a la sentencia o sobrevenir alguna de las causales legales
para su pérdida.
8. Ser la sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre las partes del proceso en que
aquella fue dictada. Sin embargo, no habrá lugar a revisión si en el segundo proceso se propuso la exce pción de
cosa juzgada y fue rechazada”.
6
Sentencia C-418 de 1994.
7
Ver, sentencia del 6 de septiembre de 2016, expediente con radicado número: 11001031500020130199800.
M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas, Sala Especial de Decisión número 3.
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Demandante: UGPP
El artículo 20 de la Ley 797 de 2003 8 estableció la procedencia del recurso
extraordinario de revisión, bajo unas causales especiales, en los siguientes términos:
ARTÍCULO 20. REVISIÓN DE RECONOCIMIENTO DE SUMAS PERIÓDICAS A CARGO DEL
TESORO PÚBLICO O DE FONDOS DE NATURALEZA PÚBLICA. <Apartes tachados
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INEXEQUIBLES > Las providencias judiciales en cualquier tiempo hayan decretado o decreten
reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de
cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el
Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud
del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda
y Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación.
La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una transacción o
conciliación judicial o extrajudicial.
La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión por
el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier tiempo por las causales consagradas para
este en el mismo código y además:
a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y
b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o
convención colectiva que le eran legalmente aplicables.
Como características del recurso extraordinario de revisión, cuando se promueve con
fundamento en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, se pueden extraer que:
• Procede contra providencias judiciales o acuerdos originados en una
transacción o conciliación judicial o extrajudicial que reconozcan pensiones o
el pago de sumas periódicas de dinero a cargo del tesoro público o de fondos
de naturaleza pública.
• La legitimación en la causa por activa es calificada. La acción solo puede
formularla el Gobierno Nacional por conducto del Ministerio del Trabajo y
Seguridad Social (hoy están separados los Ministerios del Trabajo y de Salud
y Protección Social), de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de
la República o del Procurador General de la Nación.
Con fundamento en el ordinal 6 del artículo 6 del Decreto 5021 de 28 de
diciembre de 2009 10, delegó como función de la Unidad Administrativa Especial
de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social la
de adelantar o asumir, cuando haya lugar, las acciones previstas en el artículo
20 de la Ley 797 de 2003.
• Las corporaciones judiciales competentes para conocer y tramitar la acción
son el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia, conforme a sus
competencias.
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“Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993
y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales.”
9
En sentencia C -835 de 2003
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“Por el cual se establece la estructura y organización de la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP– y las funciones de sus dependencias.”
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Demandante: UGPP
• El trámite que se le debe dar a la acción es el previsto para el recurso
extraordinario de revisión señalado en el Código Contencioso Administrativo
CCA (hoy Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo – CPACA) o en el Código Procesal del Trabajo y la Seguridad
Social, según la corporación ante la que se formule.
• Las causales en las que puede fundamentarse la acción son las previstas en
los referidos códigos. También existen causales especiales, pues, además, la
acción extraordinaria procede cuando el reconocimiento de sumas periódicas
se obtenga con violación al debido proceso o la cuantía del derecho
reconocido exceda lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención
colectiva que le eran legalmente aplicables.
4.1. Causal a) artículo 20 de la Ley 797 de 2003
Acorde con lo previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el recurso
extraordinario de revisión también procede cuando la sentencia cuestionada, reajustó
o reliquidó una pensión con cargo al tesoro público o los fondos de naturaleza
pública, con violación al debido proceso.
El derecho al debido proceso se constituye como una garantía para todas las
personas durante el trámite de las actuaciones administrativas o judiciales en que
intervengan, cuya aplicación tiene fundamento en el artículo 29 constitucional 11. Para
la efectividad del postulado constitucional, cobra especial importancia y relevancia, el
respeto, la atención y aplicación de las normas y procedimientos establecidos
previamente en la Constitución, en la Ley y demás reglamentos que el legislador o la
autoridad competente establezca en cada caso.
Cabe destacar que, en el recurso extraordinario de revisión, la parte demandante se
encuentra obligada a aportar los elementos sobre los cuales edifica su petición,
concretamente, señalar aquellas conductas que considera violatorias del debido
proceso y que dan lugar a la configuración de la causal.
4.2. Causal b) artículo 20 de la Ley 797 de 2003
El literal b) de la Ley 797 de 2003 prevé que el recurso extraordinario de revisión es
procedente, “cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de
acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.” 12
En la exposición de motivos de la referida norma se advirtió sobre la necesidad de
“(…) construir esquemas sociales solidarios, financieramente viables y sostenibles en
13
el tiempo, y, equitativos para todos los ciudadanos (…)” . Entonces la finalidad del
artículo en mención era reducir el déficit fiscal y hacer que el sistema pensional
11
“Artículo 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.
(…)”.
12
La Corte Constitucional, mediante sentencia C-835 de 2003, M.P. Dr. Jaime Araujo Rentería, declaró
inexequible la expresión “en cualquier tiempo”, contenida en el primero y tercero incisos del artículo 20 de la ley
797 de 2003. En lo demás este artículo fue declarado exequible, respecto de los cargos formulados y bajo los
supuestos reseñados en el numeral 5 de las consideraciones y fundamentos de esta sentencia.
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http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=7222
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Demandante: UGPP
factible en términos económicos, de allí que se permitiera la revisión de prestaciones
periódicas a cargo del erario público, cuya cuantía exceda lo debido de acuerdo con
las normas vigentes.
Como lo ha indicado ésta Corporación en otras oportunidades, la causal invocada
otorga al juez extraordinario la posibilidad excepcional de: (i) revisar las decisiones
judiciales que han reconocido pensiones por montos que no corresponden a la ley y,
en consecuencia, de (ii) revocar las reconocidas en igual forma, toda vez que
mantener una prestación periódica cuya suma exceda lo que legalmente
corresponde atenta contra el interés general y el principio de universalidad que
gobiernan el sistema de seguridad social, lo que repercute en detrimento de los
recursos estatales, que son de la sociedad misma; por consiguiente, la función del
fallador se encamina a examinar el equilibrio existente entre la prestación y su
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legalidad, en aras de velar por la sostenibilidad del referido sistema .
5. Planteamiento del problema jurídico
En los términos del recurso extraordinario de revisión, a la Sala le corresponde
estudiar si la sentencia del 16 de agosto de 2018, proferida por el Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección B, está incursa en las causales de revisión a)
y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
Para lo anterior, la Sala procederá a establecer si los argumentos planteados por la
parte recurrente se enmarcan dentro de los presupuestos para alegar las causales
invocadas, esto es, si a la UGPP se le ordenó el reconocimiento de una pensión a
favor de la señora Luz Nelly Varón de Guzmán, con violación al debido proceso y en
cuantía que excede lo debido de acuerdo con la ley.
6. De la solución al problema jurídico planteado
La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social – UGPP pidió que se dejara sin efecto la
sentencia del 16 de agosto de 2018, proferida por el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección B, que revocó el fallo del 9 de septiembre de 2016, del
Tribunal Administrativo del Tolima y, como consecuencia, ordenó el reconocimiento
de la pensión gracia a favor de la señora Luz Nelly Varón de Guzmán.
La petición de la UGPP se funda en que, la sentencia cuestionada se encuentra
incursa en las causales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, porque la
señora Varón de Guzmán no tiene derecho a la pensión gracia, por no haber
acreditado 20 años de servicio en la docencia con vinculación de carácter
departamental, municipal, distrital o nacionalizado.
De las actuaciones del proceso que da origen a la decisión cuestionada, se pude
destacar que: (i) en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho instaurado
por Luz Nelly Varón de Guzmán contra la UGPP se cuestionó el derecho al
reconocimiento de la pensión gracia, concretamente el cumplimiento del requisito de
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Se reitera criterio expuesto por el CONSEJO DE ESTADO, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala
Veintitrés Especial de Decisión, en la Sentencia del 1° de octubre de 2019, C.P. Carlos Alberto Zambrano
Barrera, radicado nro. 11001-03-15-000-2014-03281-00(REV).
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Radicado: 11001 03 15 000 2020 03194 00
Demandante: UGPP
tiempo de servicio como docente territorial; (ii) el Tribunal Administrativo del Tolima,
en la sentencia de primera instancia, negó las súplicas de la demanda al considerar
que la actora solo acreditó un tiempo cercano a los 6 años bajo la vinculación de
nacionalizada, el resto de los tiempos de servicios aportados, fueron de carácter
nacional; (iii) la señora Varón de Guzmán presentó recurso de apelación,
cuestionando los argumentos por los cuales no se tuvo en cuenta el tiempo de
servicio; (iv) la sentencia de segunda instancia, hoy objeto de revisión, consideró que
la señora Varón de Guzmán si cumplió con los 20 años de servicio como docente
territorial y, en consecuencia, es beneficiaria de la pensión gracia.
Sin embargo, en la demanda del recurso extraordinario de revisión, la UGPP insiste
en que los tiempos de servicio acreditados por la señora Varón de Guzmán no tienen
el carácter de territorial, porque considera que los salarios y prestaciones fueron
sufragados con recursos del orden nacional. Es decir, que la pretensión de la parte
actora es que se haga un nuevo análisis sobre el reconocimiento prestacional.
Teniendo en cuenta los argumentos expuestos en el recurso extraordinario de
revisión, la Sala estima pertinente aclarar la posición jurisprudencial vigente sobre el
reconocimiento de la pensión gracia, al momento de proferirse la sentencia
cuestionada, concretamente en lo que se refiere a la manera en que se debe
acreditar el tipo de vinculación, por estar íntimamente ligado con el origen de los
recursos con los cuales se financió a la docente, con el fin de establecer si la pensión
gracia reconocida a la señora Luz Nelly Varón de Guzmán se dio con violación del
debido proceso o excediendo lo dispuesto en la ley, como lo alega la UGPP y, por
ende, si se configuraron las causales establecidas en los literales a) y b) del artículo
20 de la Ley 797 de 2003.
La sentencia de unificación CE-SUJ-SII-11-2018 del 21 de junio de 2018.
La Sección Segunda del Consejo de Estado en sentencia de 21 de junio de 2018,
expediente número 2013-04683-01, profirió sentencia de unificación en la que, en
cuanto a la plaza ocupada por los docentes, la naturaleza de los recursos de la
entidad nominadora y el reconocimiento de la pensión gracia, estableció las
siguientes subreglas:
“3.5. Conclusiones preliminares: reglas de unificación.
i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a las entidades
territoriales, en vigencia de la Carta de 1886 y hasta cuando permanecieron en vigor en la
Constitución de 1991, no obstante su origen o fuente nacional, una vez se incorporaban a
los presupuestos locales pasaban a ser de propiedad exclusiva de los referidos entes en
calidad de rentas exógenas.
ii) Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los recursos
que les gira la Nación, provenientes del sistema general de participaciones, por
asignación directa del artículo 356 de la Carta Política de 1991.
iii) La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos regionales no solo
dependía de los recursos que giraba la Nación a las entidades territoriales por concepto
del situado fiscal, sino que también correspondía a los entes locales destinar parte de su
presupuesto para atender al sostenimiento de los referidos fondos educativos (artículos
29 del Decreto 3157 de 1968; y 60, inciso 2, de la Ley 24 de 1988).
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Demandante: UGPP
iv) Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que generaban los
servicios educativos de los docentes nacionales y nacionalizados resulta factible colegir
de manera razonada que lo propio acontecía con algunas de las erogaciones salariales
originadas por el servicio que prestaban los educadores territoriales, ya que los recursos
destinados para tal fin provenían tanto de la Nación -situado fiscal- como de las entidades
territoriales, y además, en uno y otro caso, el universo de esos recursos le pertenecía de
forma exclusiva a los entes locales dado que ingresaban a sus presupuestos en calidad
de rentas exógenas y endógenas.
v) Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se
convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación interviene,
además del representante legal de la entidad territorial, el delegado permanente del
Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta administradora del respectivo
fondo educativo regional, así, este último, certifique la vacancia del cargo junto con la
disponibilidad presupuestal; y (ii) por el argumento de que los recursos destinados para
su sostenimiento tienen su origen o fuente en la Nación.
vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer
con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha
previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la
respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera
inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente
oficial es de carácter territorial.
vii) Origen de los recursos de la entidad nominadora. Lo esencialmente relevante,
frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la plaza a
ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada, pues conforme a los
lineamientos fijados por la Sala en esta providencia, en lo que respecta a los
educadores territoriales, el pago de sus acreencias provenía directamente de las
rentas endógenas de la respectiva localidad, o de las exógenas -situado fiscal-
cuando se sufragaban los gastos a través de los fondos educativos regionales; y
en lo que tiene que ver con los educadores nacionalizados, las erogaciones que
estos generaban se enmarcan en los recursos del situado fiscal, hoy sistema
general de participaciones.
En los anteriores términos ha de entenderse rectificada cualquier decisión que en sentido
disímil haya adoptado alguna de las salas de subsección en el pretérito.”
(Negrillas de la Sala)
El anterior precedente jurisprudencial es aplicable al caso concreto, porque es la
posición vigente del órgano de cierre de la jurisdicción contenciosa administrativa en
materia laboral y, los supuestos fácticos y jurídicos son similares, como se pasa a
evidenciar:
En la sentencia de unificación se fijaron las reglas que se deben aplicar a los casos
de reconocimiento de la pensión gracia, cuando los recursos con los que se
financiaron los salarios del docente provienen del situado fiscal, como en el caso de
la señora Varón de Guzmán.
Aunado a ello, el precedente unificado aclaró cuál es la prueba que acredita la
calidad de docente territorial o nacionalizado, lo cual es aplicable al presente caso
porque la UGPP afirma que el certificado de tiempos de servicio de la señora Luz
Nelly Varón de Guzmán establece que su vinculación fue de tipo nacional, mientras
que en la sentencia recurrida se indicó que, de los actos de nombramiento de la
docente se podía observar que su vinculación era de carácter territorial.
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Demandante: UGPP
Por otra parte, no es necesario acreditar si los recursos con los que se pagaron los
salarios de los docentes provenían del situado fiscal o del Sistema General de
Participaciones para determinar si un docente es nacionalizado o territorial, pues
dichos recursos entraban a ser parte del presupuesto de los entes territoriales. Los
actos administrativos de nombramiento y actas de posesión prueban dos
circunstancias: (i) que prestaba el servicio en una plaza del orden territorial; y (ii) su
vinculación, ya que concretamente la sentencia de unificación indica que “Se
requiere copia de los actos administrativos donde conste el vínculo”, es decir, que
fuera claro de los mencionados actos, que la vinculación era de tipo territorial o
nacionalizado. También se puede acreditar dicha condición, para efectos del
reconocimiento de la pensión gracia, con “la respectiva certificación de la autoridad
nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el tipo de vinculación al cual
se encuentra sometido el docente oficial es de carácter territorial.”
Configuración de las causales invocadas en el caso concreto
Acorde con las pruebas aportadas al expediente, se encuentra acreditado que:
• La señora Luz Nelly Varón de Guzmán nació el 8 de noviembre de 1955 y
cumplió los 50 años de edad el 8 de noviembre de 2005.
• Prestó sus servicios al departamento del Tolima como docente alfabetizadora
en el Centro de Educación de Adultos “Rehabilitación” en el municipio del
Guamo, Tolima, así:
Del 1° de marzo al 30 de noviembre de 1978.
Del 1° de febrero al 30 de junio de 1979.
Del 1° de febrero al 30 de junio de 1980
Del 1° de julio al 30 de noviembre de 1980.
Del 1° de febrero al 30 de junio de 1981
Del 1° de julio al 30 de noviembre de 1981.
Del 1° de febrero al 30 de junio de 1982
Del 1° de julio al 3 de noviembre de 1982.
Del 1° de febrero al 30 de junio de 1983
Del 1° de julio al 30 de noviembre de 1983.
Del 1° de febrero al 30 de marzo de 1984.
• Prestó sus servicios como docente en la escuela Sor Josefa del Castillo del
municipio del Guamo, Tolima, del 1° de julio al 15 de octubre de 1991 y del 13
de octubre al 1° de diciembre de 1992, para cubrir una licencia ordinaria.
• Mediante Decreto nro. 065 del 24 de marzo de 1993, el Alcalde Municipal del
Guamo, Tolima, nombró a la señora Varón de Guzmán en propiedad, como
docente de básica primaria en la E.R.M. Guamal de ese municipio y, se
posesionó en el cargo el 29 de los mismos mes y año.
Acorde con lo anterior, se advierte que, la señora Varón de Guzmán cumple con el
requisito de estar vinculada antes del 31 de diciembre de 1980, porque ingresó a
laborar al Centro de Educación de Adultos “Rehabilitados” del Guamo, Tolima el 1°
de marzo de 1978. En cuanto al requisito consistente en 20 años de servicio, de la
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Demandante: UGPP
relación de tiempos, tal y como se indicó en la sentencia objeto de revisión, se
advierte, que la señora Varón de Guzmán trabajó en dos periodos discontinuos, el
primero en programas de alfabetización, para lo cual aportó la certificación de la
Secretaría de Educación del departamento de Tolima y el segundo, mediant e el
Formato Único para Expedición de certificado de Historia Laboral del 28 de agosto de
2014 y 22 de noviembre de 2010, además se aportaron los actos de nombramiento y
posesión.
Para la Sala, el reconocimiento de la pensión gracia a favor de la señora V arón de
Guzmán, que ordenó el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, en la
sentencia del 16 de agosto de 2018, no se dio con violación al debido proceso, por lo
siguiente:
La Sala advierte que en la decisión cuestionada la Sección Segunda, Subs ección B
del Consejo de Estado, tuvo como fundamento la sentencia de unificación del 21 de
junio de 2018, en la cual se concluyó que lo relevante, frente al reconocimiento de la
pensión gracia, es la naturaleza de la plaza a ocupar, esto es, que sea de car ácter
territorial o nacionalizada, más no el origen de los recursos con los cuales se paga
los salarios y prestaciones de los docentes.
Con base en lo anterior, determinó que la señora Luz Nelly Varón de Guzmán
acreditaba los requisitos para el reconocimiento de la pensión gracia, porque
demostró la prestación del servicio en dos periodos discontinuos, mediante la
certificación de la Secretaría de Educación del departamento del Tolima y mediante
el Formato Único para Expedición de Certificado de Historia Laboral de 28 de agosto
de 2014 y 22 de noviembre de 2010, a juicio de la autoridad judicial “(…) en el
primero según lo estableció la vinculación de la demandante se dio en programas de
alfabetización, y respecto del segundo, se certificó como <<nacional>> por parte de
la Secretaría de Educación y Cultura del Departamento del Tolima, y a su vez, fueron
allegados los respectivos actos de nombramiento y posesión”.
Según la UGPP, los tiempos de servicios discontinuos laborados por la señora Rita
Nelly Varón de Guzmán, desde el 1 de marzo de 1978, hasta el 30 de mayo de 1984,
son de carácter nacional, porque según los decretos de nombramiento proferidos por
la Gobernación del Tolima, se actuaba con disponibilidad presupuestal, para nombrar
docentes del Fondo Educativo Regional, fondo que administraba la educación con
los recursos de la nación. Que igualmente, el periodo comprendido entre el 29 de
marzo de 1993, hasta el 28 de febrero de 2014, al servicio del Municipio de Guamo
Tolima, fue de carácter nacional porque partir del año 1993, la educación ya había
sufrido el proceso de transformación y se encontraba totalmente a cargo de la
Nación.
Sin embargo, la certificación expedida por el Jefe de la Seccional de Educación de
Adultos y Especial de la Secretaría de Educación del Departamento del Tolima y los
actos de nombramiento, la vinculación de la señora Varón de Guzmán fue de
carácter territorial, ante el departamento del Tolima y el municipio del Guamo.
Aunado a lo anterior, como se explicó en un acápite anterior, en relación con los
Fondos Educativos Regionales – FER, los recursos provenientes de la Nación,
cedidos a las entidades territoriales, eran incorporados por ellas a los presupuestos
locales como de su propiedad exclusiva -renta exógena-, para el funcionamiento de
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los referidos fondos, razón por la cual los tiempos de servicio acreditados por la
señora Varón de Guzmán, deben tenerse en cuenta para efectos del reconocimiento
pensional.
La Sala tampoco advierte que la pensión reconocida exceda lo debido, conforme con
la ley que resulta aplicable.
En el caso concreto, se dispuso el reconocimiento de la pensión gracia a favor de la
señora Luz Nelly Varón de Guzmán, en los siguientes términos:
“SEGUNDO.- Como consecuencia de la anterior declaración, y a título de
restablecimiento del derecho, se ordena a la UGPP reconocer y pagar la pensión gracia a
Rita Nelly Varón de Guzmán, equivalente al 75% del promedio de todos los factores
salariales devengados en el año inmediatamente anterior a la consolidación del estatus
pensional, esto es entre el 29 de julio de 2007 al 29 de julio de 2008, pero con efectos
fiscales a partir del 25 de septiembre de 2011, por prescripción trienal.”
Lo primero que debe indicarse es que el recurso extraordinario de revisión, la UGPP
no mostró su inconformidad con las sumas a reconocer, pues sus alegaciones se
centraron en los tiempos de servicios acreditados.
En todo caso, la Sala advierte que el reconocimiento pensional de la señora Varón
de Guzmán, está acorde a la ley. Acorde con la sentencia de unificación CE-SUJ-SII-
11-2018 del 21 de junio de 2018, para liquidar la pensión gracia se deben incluir
todos los factores salariales que el docente hubiese percibido en el año anterior al
cumplimiento de los requisitos de tiempo y edad, vale decir los que regían para el
momento en que consolidó el derecho y no de la época del retiro como ocurre en el
caso del reconocimiento de las pensiones ordinarias, en cuyo caso existe afiliación y,
por ende, aportes que conducen a mejorar en el monto de la pensión al momento de
la desvinculación, de conformidad con lo establecido por el artículo 4º de la Ley 4ª de
196615 y el artículo 5º del Decreto reglamentario 1743 del mismo año.
Así, la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado reconoció a la señora
Rita Nelly Varón de Guzmán una pensión gracia en cuantía del 75% del Ingreso
Base de Liquidación, en la cual se debían incluir los factores salariales que devengó
en el año de servicios anterior a la adquisición del estatus, esto es, el entre el 29 de
julio de 2007 al 29 de julio de 2008, razón por la que se considera que esta acorde
con el criterio fijado en la ley y la jurisprudencia.
En suma, los cargos no prosperan y, en consecuencia, se impone declarar infundado
el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la Unidad Administrativa Especial
de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP
contra la sentencia del 16 de agosto de 2018, proferida por el Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección B, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho radicado con nro. 730012300020150038401.
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“Por la cual se provee de nuevos recursos a la Caja Nacional de Previsión Social, se reajustan las pensiones
de jubilación e invalidez y se dictan otras disposiciones.”
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Condena en costas
Lo primero que debe señalarse es que el artículo 255 de la Ley 1437 de 2011, fue
modificado por el artículo 70 de la Ley 2080 de 2021, para prever que “Si se declara
infundado el recurso, se condenará en costas y perjuicios al recurrente”.
Sin embargo, el numeral cuarto del artículo 86 de la referida Ley 2080 de 2021, al
referirse sobre su vigencia, precisó “en estos mismos procesos, los recursos interpuestos,
la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los
términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que
se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se
decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los
términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones.”
Teniendo en cuenta que, en el caso concreto, el recurso extraordinario de revisión se
encontraba en curso para la fecha en que entró en vigencia la Ley 2080 de 2021, no
sería aplicable la modificación que introdujo al artículo 255 de la Ley 1437 de 2011.
En esa medida, de conformidad con lo previsto en los artículos 188 16 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 365 numeral 8 17
del Código General del Proceso, no se condenará en costas a la parte recurrente,
pues no se encuentran probadas en el proceso18.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sala Quinta Especial de Decisión, administrando justicia, en nombre
de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: Declarar infundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto por
la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social - UGPP contra la sentencia del 16 de agosto de
2018, proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, dentro
del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado con nro.
730012300020150038401, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
SEGUNDO: Sin condena en costas.
16
ARTÍCULO 188. CONDENA EN COSTAS. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del
Código de Procedimiento Civil.
17
ARTÍCULO 365. CONDENA EN COSTAS. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que
haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas:
(…)
8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su
comprobación.
18
Al respecto, ver sentencia C- 157 del 21 de marzo de 2013, Corte Constitucional.
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Radicado: 11001 03 15 000 2020 03194 00
Demandante: UGPP
TERCERO: En firme esta providencia, devolver al despacho de origen para lo de su
cargo.
Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente de la Sala
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
ROCÍO ARAÚJO OÑATE WILLIAM HERNANDEZ GÓMEZ
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN NICOLÁS YEPES CORRALES
Aclaro y Salvo Parcialmente el voto
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