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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2020-03230-00

Recurso extraordinario especial de revisión: para controvertir sentencias sobre pensiones

Fecha
19 de agosto de 2021
Consejero ponente
José Roberto Sáchica Méndez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2020-03230-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -UGPP- contra la sentencia proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, el 21 de junio de 2018, dentro del expediente radicado bajo el número 17001-23-33-000-2014-00296-01, actor María Fanny Hernández Silva. SEGUNDO: Sin condena en costas. TERCERO: En firme esta providencia, ARCHÍVESE la presente actuación

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2020-03230-00

Consejero ponente: José Roberto Sáchica Méndez

19 de agosto de 2021

RECURSO EXTRAORDINARIO ESPECIAL DE REVISIÓN – Para controvertir sentencias sobre pensiones

Es oportuno señalar que el recurso de revisión presentado por la UGPP y que ocupa la atención de la Sala, está consagrado en el artículo 20 de la Ley 797 del 29 de enero de 2003, el cual está restringido a: i) una parte activa calificada, tal como se vio en el acápite de legitimación en la causa; ii) procede específicamente por dos causales que tienen como finalidad la protección y restablecimiento del patrimonio público; iii) está cobijado por el trámite previsto en el CPACA para el recurso extraordinario de revisión; y, iv) el objeto y alcance se encuentra limitado a la revisión de las sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza reconocidas a una persona y a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública. (..) En ese sentido, conviene recordar que si bien, en principio, el ejercicio de esta clase de recurso entra en colisión con la institución de la cosa juzgada y la seguridad jurídica, este mecanismo se instituyó como una excepción soportado en un fin legítimo asociado a la violación del debido proceso o la infracción de la ley en tanto el fallo impone una condena cuya cuantía reconocida excede lo ordenado por la ley, pacto o convención que le eran legalmente aplicables.

FUENTE FORMAL: LEY 797 DE 2003 – ARTÍCULO 20

RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN – No constituye una tercera instancia en la que se pueda reabrir el debate probatorio

Las particularidades anotadas, obligan a insistir en que bajo el alcance de este recurso no se habilita al juez que lo decide, para extender o reabrir el debate probatorio en relación con el derecho a una prestación, pues de lo que se trata es de efectuar la verificación de las causales ya indicadas, a efectos de velar por la protección de los recursos limitados y finitos del tesoro público, así como la liquidez, solvencia y sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social, fundado en valores como el de la solidaridad y el principio de universalidad que lo inspira. (…) En el marco restricto del recurso que ha sido promovido, le correspondía a la UGPP demostrar, como lo indica la norma, que la cuantía excedió lo debido de acuerdo con la ley, o que la cuantía del derecho reconocido quebrantó la norma legal, pacto o convención colectiva. No se trata, por supuesto, simplemente indicar que el derecho reclamado por la demandante no le asistía, pues al final de cuentas, ya fue el juez de la causa quien definió tal situación como actividad propia de la función jurisdiccional a su cargo. Pero la exigencia anotada no ha sido traída a juicio, y bien por el contrario, aún con el solo tenor literal de la providencia recurrida, es fácil advertir que nada indica que la sentencia acusada haya reconocido una prestación pensional en cuantía superior a la permitida por las normas legales, pacto o convención colectiva, lo que significa que lo que pretende la UGPP es cuestionar la valoración probatoria y la interpretación hermenéutica hecha por el juez, atinente al derecho que le fue reconocido a la señora Hernández Silva, acción que se aparta del objeto, contenido y finalidad del mecanismo procesal que ha impulsado la citada entidad pública. (…) De aquí que el recurso de revisión no está llamado a tener éxito, pues el afectado no puede hacer del mismo una instancia adicional del proceso ordinario -ni siquiera cuando se invoca la vulneración al debido proceso (literal a del artículo 20 de la Ley 797 de 2013)-, tal como lo sugiere el escrito del recurso de la referencia.

FUENTE FORMAL: LEY 797 DE 2003 – ARTÍCULO 20 LITERAL A

CONSEJO DE ESTADO

SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SALA VEINTITRÉS ESPECIAL DE DECISIÓN

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá D.C., diecinueve (19) de agosto de dos mil veintiuno (2021)

Radicación número: 11001-03-15-000-2020-03230-00(REV)

Actor: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL (UGPP)

Demandado: MARÍA FANNY HERNÁNDEZ SILVA

Referencia: RECURSO DE REVISIÓN (SENTENCIA)

Temas: RECURSO DE REVISIÓN DE RECONOCIMIENTO DE SUMAS PERIÓDICAS A CARGO DEL TESORO PÚBLICO O DE FONDOS DE NATURALEZA PÚBLICA – estudio de la causal prevista en el literal b del artículo 20 de la Ley 797 del 29 de enero de 2003.

Procede la Sala a resolver el recurso interpuesto por la Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (en adelante UGPP) contra la sentencia que dictó la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado el 21 de junio de 2018, por medio de la cual confirmó el fallo proferido en primera instancia por el Tribunal Administrativo de Caldas el 23 de noviembre de 2015, que accedió al reconocimiento de la pensión gracia a favor de la señora María Fanny Hernández Silva.

I. A N T E C E D E N T E S

Demanda inicial

1.- La señora María Fanny Hernández Silva, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, presentó demanda contra la UGPP, con el fin de obtener la nulidad de las Resoluciones RDP 9393 del 19 de marzo de 2014, por medio de la cual la Subdirectora de Determinación de Derechos Pensionales de la UGPP le negó el reconocimiento de la pensión gracia y RDP 16281 del 23 de mayo siguiente, a través de la cual la Directora de Pensiones de la misma entidad confirmó la decisión. A título de restablecimiento solicitó el reconocimiento y pago de la pensión gracia de jubilación, así como la indexación de las sumas de dinero que le fueren reconocidas, y que se cumpliera el fallo en los términos del artículo 192 de la Ley 1437 del 18 de enero de 2011.

Fundamentos de las pretensiones

2.- El Tribunal Administrativo de Caldas, mediante sentencia del 23 de noviembre de 2015, accedió a la declaratoria de nulidad de los actos acusados y, en consecuencia, ordenó a la UGPP reconocerle a la señora María Fanny Hernández Silva, en calidad de docente, la correspondiente pensión gracia con la inclusión de los factores salariales devengados en el año anterior a la obtención del estatus pensional, con efecto fiscal a partir del 10 de febrero de 2011, y condenó en costas a la parte vencida.

A juicio del Tribunal, la parte demandante prestó sus servicios como docente con anterioridad al 31 de diciembre de 1980, dado que laboró en plaza nacionalizada en el departamento del Huila desde el 1º de abril de 1975 hasta el 14 de marzo de 1994. Luego, prestó sus servicios en la “Escuela la Presentación del municipio de Pensilvania” (Caldas) entre el 18 de abril de 1994 hasta el 31 de enero de 1998. En ese orden, la sumatoria de los tiempos de servicio prestados que vienen de referirse, acreditan un total de 22 años, 8 meses y 28 días, lo que significa que en los términos de la Ley 114 del 4 de diciembre de 1913 tiene derecho a la pensión gracia por contar con los requisitos legales para acceder a la prestación, en tanto supera 20 años en la docencia oficial de carácter departamental, distrital, municipal o nacionalizado. No obstante lo anterior, indicó que debido a que transcurrieron más de 3 años entre la obtención del estatus jurídico -5 de mayo de 1995- hasta la presentación de la solicitud de reconocimiento de la pensión gracia -10 de febrero de 2014-, las mesadas anteriores al 10 de febrero de 2011 se encuentran prescritas.

3.- La UGPP interpuso recurso de apelación contra la anterior decisión, a fin de que fuera revocada y, en su lugar, se negaran las pretensiones de la demanda. Para ello sostuvo que la parte demandante no tenía derecho a la pensión gracia, en la medida en que no cumplió con el tiempo establecido en la ley, es decir, no prestó los servicios de docencia durante 20 años en instituciones educativas del orden departamental, municipal, distrital o nacionalizado. Ello, en consideración a que el certificado de historia laboral expedido el 30 de julio de 1996, por la Secretaría de Educación del departamento del Huila fue claro al indicar que ésta prestó sus servicios a dicho ente como educadora a partir del 1º de abril de 1975 al 14 de marzo de 1994 y fue nombrada mediante Decreto 432 del 28 de abril de 1975. En cambio, el certificado de información laboral 4321 del 31 de diciembre de 2013, proferido por la Secretaría de Educación de Caldas da cuenta que la demandante fue nombrada como docente en propiedad en la Escuela la Presentación del municipio de Pensilvania, a través del Decreto 30 del 12 de abril de 1994, bajo una vinculación del orden nacional. En ese orden, no es posible computar tiempos de servicio del orden departamental, municipal, distrital o nacionalizado con los del orden nacional, por lo que es dable concluir que la señora María Fanny Hernández Silva apenas completó 18 años, 11 meses y 14 días de servicio en una institución educativa del orden departamental, municipal, distrital o nacionalizada, de conformidad con lo señalado por la Secretaría de Educación del departamento del Huila.

La Sentencia objeto del recurso extraordinario de revisión
4.- El Consejo de Estado – Sección Segunda, Subsección B profirió sentencia el 21 de junio de 2018, mediante la cual confirmó la decisión de primera instancia, expedida por el Tribunal Administrativo de Caldas. Al respecto, señaló:

4.1.- La pensión gracia fue creada por la Ley 114 del 4 de diciembre de 1913, para educadores que cumplieran 20 años de servicio en establecimientos educativos oficiales del orden territorial o nacionalizado, contaran con 50 años de edad y acreditaran buena conducta en el ejercicio de la docencia. Esta prestación es compatible con la pensión de jubilación, en tanto y en cuanto basta que los docentes cumplan 20 años de servicio en instituciones educativas del orden departamental, distrital, municipal o nacionalizados, sin que sea posible acumular tiempos del orden nacional.

4.2.- Precisó que de acuerdo con el artículo 15 de la Ley 91 del 29 de diciembre de 1989, por medio de la cual se creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, se señaló que “los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubiere desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aun en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación”.

Es decir, el derecho a la pensión gracia lo mantienen los docentes nacionalizados y territoriales vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980, siempre que demuestren haber ejercido la docencia mínimo por 20 años en dichos establecimiento y que tengan 50 años de edad.

4.3.- Sostuvo que la jurisprudencia actual de la Corporación, sobre el reconocimiento de la pensión gracia, es clara y pacífica frente a la importancia del tiempo de servicio, bajo el entendido que la docencia se haya cumplido en un establecimiento educativo territorial o nacionalizado, sin importar si la prestación fue continúa o discontinúa, ni su modo de vinculación, y al margen de que haya estado o no en servicio activo para el 31 de diciembre de 1980, dado que esa fecha es el límite máximo para que el educador se vincule, según la norma legal.

4.4.- En ese orden, el fallador de segunda instancia adujo que, en relación con el reconocimiento de la pensión gracia de la señora María Fanny Hernández Silva, se constató, que: i) la demandante prestó sus servicios como docente a la Secretaría de Educación del departamento del Huila desde el 1º de abril de 1975 hasta el 14 de marzo de 1994 y su vinculación fue del orden nacionalizado, según certificados expedidos el 30 de julio de 1996 y el 15 de noviembre de 2013; ii) también, que la actora fue nombrada como educadora en el Nivel Secundaria en el Colegio Normal La Presentación del municipio de Pensilvania (Caldas), mediante Decreto 30 del 12 de abril de 1994, expedido por el Alcalde y el Secretario General de ese municipio. Tomó posesión del cargo por medio de Acta 15 del 18 de abril de 1994 y continúo prestando sus servicios desde ese momento hasta el 31 de enero de 1998, bajo vinculación “de docente nacional (…) por haber ingresado después del 1º de enero de 1990 en virtud de la Ley 91 de 1989”, según la historia laboral del 31 de diciembre de 2013, suscrita por la Secretaría de Educación de Caldas.

4.5.- De aquí que, en un análisis desprevenido de los certificados de tiempo de servicio prestados por la parte demandante, se podía colegir que sus vinculaciones fueron del orden nacional y nacionalizado. Empero, debía tenerse en cuenta que el carácter nacional fue atribuido a que la actora ingresó como educadora después del 1º de enero de 1990 al Colegio Normal La Presentación del municipio de Pensilvania (Caldas), pero el acto de nombramiento fue expedido y suscrito por las autoridades territoriales y no por las del orden nacional, particularmente por el Ministerio de Educación, lo cual permitía entender que se trató de plazas nacionalizadas, máxime cuando estaba claro que la señora María Fanny Hernández Silva se vinculó a la docencia con anterioridad al 31 de diciembre de 1980, cumpliendo así con el tiempo de los 20 años de servicio fijado en la ley para tener derecho al pago de la pensión gracia.

El recurso extraordinario de revisión presentado y su trámite

5.- En escrito presentando el 21 de julio de 2020, la UGPP interpuso recurso extraordinario de revisión contra la sentencia del 21 de junio de 2018, proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, con fundamento en la causal prevista en literal b del artículo 20 de la Ley 797 del 29 de enero de 2003. La norma dispone:

“Las providencias judiciales que hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación.

“La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una transacción o conciliación judicial o extrajudicial.

“La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión por el respectivo código y podrá solicitarse por las causales consagradas para este en el mismo código y además:

“(…)

“b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables”.

5.1.- Para el efecto, la UGPP manifestó que la señora María Fanny Hernández Silva prestó sus servicios en el departamento del Huila desde el 1 de abril de 1975 hasta el 14 de marzo de 1994, bajo vinculación de carácter nacionalizada, según certificados expedidos el 15 de noviembre de 2013 y el 20 de septiembre de 2018 por la Secretaría de Educación del Huila. Y, en el departamento de Caldas desde el 18 de abril de 1994 hasta el 30 de septiembre de 1998, bajo vinculación de carácter nacional, según certificados proferidos el 31 de diciembre de 2013 y el 11 de septiembre de 2019 por la Secretaría de Educación de Caldas.

5.2.- En ese orden, sostuvo que la causal de revisión invocada procede, por cuanto la sentencia objeto del recurso de revisión ordenó el reconocimiento y pago de una pensión gracia a la señora María Fanny Hernández Silva, a la cual no tenía derecho, en consideración a que los periodos laborados por ésta no fueron en su totalidad con vinculación del orden departamental, municipal, distrital o nacionalizado, completando apenas 18 años, 11 meses y 14 días de servicio en una entidad nacionalizada. De aquí que su reconocimiento comporta una afectación del erario público y una violación a la Ley 114 del 4 de febrero de 1994, la cual consagra como requisitos de la pensión gracia, entre otros, 20 años de docencia con vinculación del orden departamental, municipal, distrital o nacionalizada.

5.3.- Finalmente, la UGPP manifestó que, en cumplimiento de la sentencia del 21 de junio de 2018, mediante Resolución RDP 044010 del 14 de noviembre próximo, reconoció a la señora María Fanny Hernández Silva una pensión gracia en cuantía de $253,562 m/cte, a partir del 5 de mayo de 1995 y con efectos fiscales desde el 10 de febrero de 2011, por prescripción trienal, sin acreditar retiro del servicio por ser del ramo docente.

Trámite procesal e intervenciones

6.- De cara al trámite del recurso extraordinario de revisión, en auto del 22 de octubre de 2020, se admitió la demanda y se dispuso correr traslado a su extremo procesal, así como notificar al Ministerio Público, para lo pertinente.

7.- La parte demandada y el Ministerio Público guardaron silencio.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

Competencia

8.- Como se indicó en los antecedentes de esta providencia, el recurso de la referencia fue presentado el 21 de julio de 2020, esto es, en vigencia de la Ley 1437 del 18 de enero 2011. Además, la Corporación es competente para proferir la presente decisión, en virtud de lo dispuesto en la regla especial del artículo 20 de la Ley 797 del 29 de enero de 2003, a cuyo tenor:

“Las providencias judiciales que hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación.

“(…)”.

9.- En armonía con el artículo 29 del Acuerdo 080 del 12 de marzo de 2019, le corresponde a esta Sala 23 Especial de Decisión resolver el recurso extraordinario de revisión.

Formulación del problema jurídico

10.- En esta oportunidad, corresponde a la Sala determinar si en el presente caso se configura la causal prevista en el literal b del artículo 20 de la Ley 797 del 29 de enero de 2003 y, en caso afirmativo, infirmar la sentencia del 21 de junio de 2018, proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, por medio de la cual se confirmó el fallo del 23 de noviembre de 2015, dictado por el Tribunal Administrativo del Caldas, que ordenó a la UGPP reconocer la pensión gracia a la señora María Fanny Hernández Silva y, en consecuencia, expedir la providencia de reemplazo a que haya lugar.

10.1- Con el fin de abordar el problema jurídico planteado, atañe a la Sala: i) formular algunas precisiones sobre los presupuestos procesales de esta sentencia, ii) pronunciarse sobre la procedencia, el objeto y alcance del recurso de revisión de que trata el artículo 20 de la referida Ley 797 y, finalmente, iii) analizar el caso concreto.

Oportunidad

11.- De acuerdo con lo previsto en el inciso 3º del artículo 251 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el recurso de que trata el artículo 20 de la Ley 797 del 29 de enero de 2003, deberá promoverse dentro de los cinco (5) años “siguientes a la ejecutoria de la providencia judicial o en los casos de que ella no se requiera, dentro del mismo término contado a partir del perfeccionamiento del acuerdo transaccional o conciliatorio”.

11.1.- En ese orden, la Sala encuentra que, de cara al trámite del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, la sentencia del 21 de junio de 2018, proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, fue notificada personalmente el 18 de julio de 2018, por lo que el término antes indicado comenzó a computarse a partir de su ejecutoria, esto es, desde el 25 de julio próximo, de modo que el término respectivo se extiende hasta el 25 de julio de 2023. Esto significa que, como la demanda fue presentada el 21 de julio de 2020, según quedó consignado en los antecedentes de esta providencia, no hay duda del ejercicio oportuno del recurso.

Legitimación en la causa por activa y por pasiva

12.- Respecto del presupuesto referido a la legitimación en la causa, debe decirse que el artículo 20 de la referida Ley 797, facultó al Gobierno Nacional para que, por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Contralor General de la República o Procurador General de la Nación, solicite ante el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia la revisión de aquellas providencias judiciales donde se reconozcan sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública.

12.1.- Ahora, el Gobierno Nacional, con fundamento en el ordinal 6º del artículo 6º del Decreto 5021 del 28 de diciembre de 2009, delegó como función de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -UGPP- adelantar o asumir, cuando haya lugar, las acciones previstas en el artículo 20 de la Ley 797 del 29 de enero de 2003 -numeral 6° del artículo 6° del Decreto 575 del 22 de marzo de 2013-.

12.2.- En virtud de lo anterior, la UGPP está legitimada en la causa por activa.

12.3.- Por su parte, se tiene que la señora María Fanny Hernández Silva está legitimada en la causa por pasiva, como parte procesal beneficiada con la declaración y condena impuesta en el fallo del 21 de junio de 2018, dictado por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, a través del cual se ordenó a la UGPP reconocerle una pensión gracia.

Procedencia, objeto y alcance del recurso de revisión

13.- Al explicar el objeto y alcance del recurso extraordinario de revisión es lugar común indicar que se trata de un medio de impugnación excepcional que permite cuestionar las sentencias ejecutoriadas y en firme de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. A través de este recurso se procura el restablecimiento de la justicia material, cuando quiera que se acredite de manera inequívoca la configuración de alguna de las causales taxativamente señaladas en el artículo 250 del CPACA. De manera especial debe resaltarse que este recurso se abre paso bajo la condición de que se trate de situaciones exógenas que no pudieron plantearse en el proceso correspondiente, aspecto que excluye la posibilidad de soportarse en cuestionamientos sobre el criterio con que el juez interpretó o aplicó la ley en la sentencia, pues no corresponde a nueva instancia en la que se discuta la materialidad del conflicto y, por tanto, no es el mecanismo para cuestionar la actividad interpretativa ni la valoración probatoria del juez, y menos aún para que el afectado con la sentencia proponga cuestiones que no alegó oportunamente en el proceso originario. Por el contrario, es un instrumento para discutir y ventilar ciertos hechos procesales externos a la labor funcional del juez que pueden llegar a afectar el principio de la justicia material.

Al compás de estas reglas, la Ley 797 del 29 de enero de 2003 prevé una revisión especial, cuando el reconocimiento de sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza reconocidas a una persona y a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública (i) se haya obtenido con violación al debido proceso o (ii) la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva.

14.- Su naturaleza excepcional, impone considerar que las causales del recurso no pueden ser imputables al propio recurrente. Por ello, reiterando lo dicho, la jurisprudencia de esta Corporación ha señalado que el recurso no comporta una nueva instancia, ni es una oportunidad para que las partes subsanen conductas omisivas o negligentes en las que hubiesen incurrido durante el trámite del proceso incluidas las de orden probatorio. Tampoco se trata de discutir errores sustanciales que puedan derivar de la la falta de aplicación, la aplicación indebida o la interpretación errónea de una norma sustancial, o que pudieron afectar la labor hermenéutica del juez.

15.- Con este contexto legal, es oportuno señalar que el recurso de revisión presentado por la UGPP y que ocupa la atención de la Sala, está consagrado en el artículo 20 de la Ley 797 del 29 de enero de 2003, el cual está restringido a: i) una parte activa calificada, tal como se vio en el acápite de legitimación en la causa; ii) procede específicamente por dos causales que tienen como finalidad la protección y restablecimiento del patrimonio público; iii) está cobijado por el trámite previsto en el CPACA para el recurso extraordinario de revisión; y, iv) el objeto y alcance se encuentra limitado a la revisión de las sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza reconocidas a una persona y a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública. Así lo dispuso el referido artículo:

“ARTÍCULO 20. REVISIÓN DE RECONOCIMIENTO DE SUMAS PERIÓDICAS A CARGO DEL TESORO PÚBLICO O DE FONDOS DE NATURALEZA PÚBLICA.  Las providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación.

“La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una transacción o conciliación judicial o extrajudicial.

“La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión por el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier tiempo por las causales consagradas para este en el mismo código y además:

“a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y

“b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables”.

16.- En ese sentido, conviene recordar que si bien, en principio, el ejercicio de esta clase de recurso entra en colisión con la institución de la cosa juzgada y la seguridad jurídica, este mecanismo se instituyó como una excepción soportado en un fin legítimo asociado a la violación del debido proceso o la infracción de la ley en tanto el fallo impone una condena cuya cuantía reconocida excede lo ordenado por la ley, pacto o convención que le eran legalmente aplicables.

17.- Las particularidades anotadas, obligan a insistir en que bajo el alcance de este recurso no se habilita al juez que lo decide, para extender o reabrir el debate probatorio en relación con el derecho a una prestación, pues de lo que se trata es de efectuar la verificación de las causales ya indicadas, a efectos de velar por la protección de los recursos limitados y finitos del tesoro público, así como la liquidez, solvencia y sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social, fundado en valores como el de la solidaridad y el principio de universalidad que lo inspira.

18.- La exposición de motivos que dio origen a la referida Ley 797 del 29 de enero de 2003, previó que la causal de revisión que ocupa la atención de la Sala, se estableció con el propósito de contrarrestar los graves casos de corrupción que en materia de reconocimiento pensional se presentaban en el país y evitar los perjuicios que por esta razón sufriera el erario. La siguiente fue la explicación que al respecto se adujo:

“Artículos 20 y 21. Revisión y revocatoria de pensiones. Estos artículos contemplan la posibilidad de revisar las decisiones judiciales, las conciliaciones o las transacciones que han reconocido pensiones irregularmente o por montos que no corresponden a la ley. Así mismo, se contempla la posibilidad de revocar las pensiones irregularmente otorgadas. De esta manera, se permite afrontar los graves casos de corrupción en esta materia y evitar los grandes perjuicios que pueda sufrir la Nación” (Resalta la Sala).

19.- Así las cosas, las causales de revisión del artículo 20 explicado, básicamente tienen que ver con la probanza que acredite haber mediado hechos de fraude o corrupción, condicionando o predisponiendo el sentido de la decisión, así como hipótesis en la que se acredite la violación del debido proceso.

El caso concreto

20.- En el marco restricto del recurso que ha sido promovido, le correspondía a la UGPP demostrar, como lo indica la norma, que la cuantía excedió lo debido de acuerdo con la ley, o que la cuantía del derecho reconocido quebrantó la norma legal, pacto o convención colectiva. No se trata, por supuesto, simplemente indicar que el derecho reclamado por la demandante no le asistía, pues al final de cuentas, ya fue el juez de la causa quien definió tal situación como actividad propia de la función jurisdiccional a su cargo.

Pero la exigencia anotada no ha sido traída a juicio, y bien por el contrario, aún con el solo tenor literal de la providencia recurrida, es fácil advertir que nada indica que la sentencia acusada haya reconocido una prestación pensional en cuantía superior a la permitida por las normas legales, pacto o convención colectiva, lo que significa que lo que pretende la UGPP es cuestionar la valoración probatoria y la interpretación hermenéutica hecha por el juez, atinente al derecho que le fue reconocido a la señora Hernández Silva, acción que se aparta del objeto, contenido y finalidad del mecanismo procesal que ha impulsado la citada entidad pública.

21.- Se enfatiza que lo correspondiente al derecho a la pensión de gracia de la señora María Fanny Hernández Silva fue un asunto zanjado ante el juez ordinario, tanto en primera como en segunda instancia, y resulta evidente que la parte recurrente busca un nuevo análisis de los aspectos ya definidos al punto que bajo el presente recurso se han vuelto a plantear los mismos argumentos que fueron exhibidos al recurrir en apelación la sentencia del 23 de noviembre de 2015. Con este derrotero, la UGPP hace un uso indebido del mecanismo de revisión para insistir en que la beneficiaria no tenía derecho a la pensión gracia, en la medida en que no cumplió con el tiempo establecido por la ley, por no prestar los servicios de docencia durante 20 años en instituciones educativas del orden departamental, municipal, distrital o nacionalizado, aspecto que ya fue valorado y definido por el juez especializado.

22.- De aquí que el recurso de revisión no está llamado a tener éxito, pues el afectado no puede hacer del mismo una instancia adicional del proceso ordinario -ni siquiera cuando se invoca la vulneración al debido proceso (literal a del artículo 20 de la Ley 797 de 2013)-, tal como lo sugiere el escrito del recurso de la referencia.

23.- Ahora, no sobra dejar consignado el hecho de que la lectura de la sentencia del 21 de junio de 2018, mediante la cual la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado confirmó la del 23 de noviembre de 2015, proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, ofrece evidencia clara de que cada uno de los aspectos que la UGPP planteó en el recurso de apelación fueron estudiados y definidos, con el debido sustento legal y probatorio, de modo que se garantizó el principio de congruencia mandatorio en la labor de la judicatura.
24.- Por lo expuesto, al tener por objeto el recurso extraordinario de revisión dar continuidad a un debate que ya fue zanjado en las instancias respectivas, desdibujando la finalidad del mismo, la Sala debe declararlo infundado, tal como lo hará en la parte resolutiva.

Costas

25.- De conformidad con lo establecido en el artículo 188 del CPACA la liquidación y ejecución de la condena en costas se sujetará a las reglas previstas en el procedimiento civil. En este orden de ideas, el artículo 365 del Código General del Proceso en el numeral 1 dispone que se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, las que serán liquidadas de manera concentrada por el juez que haya conocido del proceso en primera o única instancia.

Así, el artículo 361 ejusdem prevé que las costas están integradas por la totalidad de las expensas y gastos sufragados causados durante el trámite de la controversia, así como por las agencias en derecho, las cuales, en virtud del numeral 4 del artículo 366 de la misma normativa, se fijan con observancia de las tarifas establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura en el artículo 6 del Acuerdo No. 1887 de 2003.

Adicionalmente, debe señalarse que, bajo las reglas del CGP, la condena en costas no requiere de la apreciación o calificación de una conducta temeraria de la parte a la que se imponen, toda vez que en el régimen actual dicha condena se determina con fundamento en un criterio netamente objetivo, en este caso frente a la parte a la que se le declara infundado el recurso extraordinario de revisión, “siempre que exista prueba de su existencia, de su utilidad y de que correspondan a actuaciones autorizadas por la ley”.
No obstante, no pasa por alto la Sala que el mismo artículo 365 del CGP en su numeral 8 dispone que únicamente habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación. En ese orden, en atención a que en el asunto de la referencia, mediante auto del 22 de octubre de 2020, se dispuso correr traslado del recurso a la señora María Fanny Hernández Silva -demandante en el proceso en el que se profirió la sentencia objeto de revisión- y el mismo fue debidamente notificado -según consta en el sistema SAMAI-, lo cierto es que ésta no designó apoderado judicial ni se hizo partícipe en el proceso, razón por la cual, al no evidenciarse causación alguna de gastos por la parte contraria, la Sala se abstendrá de condenar a la parte actora al pago de costas y agencias en derecho, en atención a las reglas aplicables en la materia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintitrés (23) Especial de Decisión, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -UGPP- contra la sentencia proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, el 21 de junio de 2018, dentro del expediente radicado bajo el número 17001-23-33-000-2014-00296-01, actor María Fanny Hernández Silva.

SEGUNDO: Sin condena en costas.
TERCERO: En firme esta providencia, ARCHÍVESE la presente actuación

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ROCÍO ARAÚJO OÑATE STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
(Aclaración de voto)

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ CARMELO PERDOMO CUÉTER
(Aclaración de voto)

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

VF

ACLARACIÓN DE VOTO / RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN – Debió declararse infundado pero por el hecho de que el reconocimiento a la pensión estuvo ajustado a la ley y no porque el asunto fue debatido en la instancia ordinaria

Expongo las razones por las cuales aclaro mi voto frente a la decisión proferida el 19 de agosto de 2021, estimo que era procedente el recurso extraordinario de revisión, pues es claro que si lo que se alega es que la sentencia que se revisa concedió una pensión que no es procedente se trata de una cuantía que excede lo debido de acuerdo con la ley. En este caso se debía declarar infundado el recurso porque el reconocimiento a la pensión estuvo ajustado a la ley, no porque el asunto haya sido debatido en la instancia ordinaria. Valga precisar que la causal de revisión que invocó la UGPP es la prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003. [L]a finalidad que tuvo el legislador para establecer estas causales especiales de revisión es permitir a las entidades reconocedoras de prestaciones económicas que, a través de este mecanismo, se propenda por la protección del erario ante decisiones judiciales que lo afectan. Así las cosas, se tiene que las causales a que se refiere el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 tienen una finalidad económica y social que debe ser atendida al momento de examinar la sentencia recurrida, por lo que en este evento se debía declarar infundado el recurso porque el reconocimiento de la pensión estuvo ajustado a la ley, no porque el asunto haya sido debatido en la instancia ordinaria.

NOTA DE RELATORÍA: Sobre las causales de revisión frente a las cuales se ha hecho referencia a los antecedentes administrativos, consultar: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala 26 Especial de Decisión, sentencia del 5 de febrero de 2019, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, radicación 11001-03-15-000-2018-01886-00. En cuanto a la forma como deben interpretarse las causales de revisión, consultar: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala 22 Especial de Decisión, sentencia del 5 de febrero de 2019, C.P. Alberto Yepes Barreiro, radicación 11001-03-15-000-2018-001884-00 (REV).

FUENTE FORMAL: LEY 797 DE 2003 – ARTÍCULO 20 LITERAL B

CONSEJO DE ESTADO

SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SALA VEINTITRÉS ESPECIAL DE DECISIÓN

ACLARACIÓN DE VOTO DE OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá, D.C., once (11) de enero de dos mil veintidós (2022)

Radicación: 11001-03-15-000-2020-03230-00

Actor: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL (UGPP)

Demandado: MARÍA FANNY HERNÁNDEZ SILVA

Referencia: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN

ACLARACIÓN DE VOTO

De manera respetuosa expongo las razones por las cuales aclaro mi voto frente a la decisión proferida el 19 de agosto de 2021 que dispuso “(…) DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -UGPP- contra la sentencia proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, el 21 de junio de 2018, dentro del expediente radicado bajo el número 17001-23-33-000-2014-00296-01, actor María Fanny Hernández Silva”.

Los motivos de la aclaración se concretan en lo siguiente:

La UGPP formuló recurso extraordinario de revisión con fundamento en la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 contra la sentencia proferida el 21 de junio de 2018 por la Subsección B de la Sección Segunda de esta Corporación, que confirmó la decisión de primera instancia y ordenó a dicha entidad reconocer y pagar a la señora María Fanny Hernández, en calidad de docente, la pensión gracia.

Ello, por considerar que la señora Hernández Silva no tenía derecho a dicha pensión, en consideración a que los períodos laborados por ésta no fueron en su totalidad con vinculación del orden departamental, municipal, distrital o nacionalizado, completando apenas 18 años, 11 meses y 14 días de servicio en una entidad nacionalizada, por lo que su reconocimiento comportaba una afectación del erario.

La sentencia objeto del recurso extraordinario de revisión concluyó que la señora Hernández Silva reunía los requisitos para el reconocimiento de dicha pensión y debía tenerse en cuenta que el carácter nacional fue atribuido a que la actora ingresó como educadora después del 1 de enero de 1990 al Colegio Normal La Presentación del municipio de Pensilvania, Caldas, pero el acto de nombramiento fue expedido y suscrito por las autoridades territoriales y no por las del orden nacional, particularmente por el Ministerio de Educación, lo cual permitía entender que se trató de plazas nacionalizadas, máxime cuando la señora María Fanny Hernández Silva se vinculó a la docencia con anterioridad al 31 de diciembre de 1980, cumpliendo así con el tiempo de los 20 años de servicio fijado en la ley para tener derecho al pago de la pensión gracia.

La Sala Especial, al abordar el estudio del caso concreto, dijo lo siguiente:
“(…)

20.- En el marco restricto del recurso que ha sido promovido, le correspondía a la UGPP demostrar, como lo indica la norma, que la cuantía excedió lo debido de acuerdo con la ley, o que la cuantía del derecho reconocido quebrantó la norma legal, pacto o convención colectiva. No se trata, por supuesto, simplemente indicar que el derecho reclamado por la demandante no le asistía, pues al final de cuentas, ya fue el juez de la causa quien definió tal situación como actividad propia de la función jurisdiccional a su cargo.

Pero la exigencia anotada no ha sido traída a juicio, y bien por el contrario, aún con el solo tenor literal de la providencia recurrida, es fácil advertir que nada indica que la sentencia acusada haya reconocido una prestación pensional en cuantía superior a la permitida por las normas legales, pacto o convención colectiva, lo que significa que lo que pretende la UGPP es cuestionar la valoración probatoria y la interpretación hermenéutica hecha por el juez, atinente al derecho que le fue reconocido a la señora Hernández Silva, acción que se aparta del objeto, contenido y finalidad del mecanismo procesal que ha impulsado la citada entidad pública.

21.- Se enfatiza que lo correspondiente al derecho a la pensión de gracia de la señora María Fanny Hernández Silva fue un asunto zanjado ante el juez ordinario, tanto en primera como en segunda instancia, y resulta evidente que la parte recurrente busca un nuevo análisis de los aspectos ya definidos al punto que bajo el presente recurso se han vuelto a plantear los mismos argumentos que fueron exhibidos al recurrir en apelación la sentencia del 23 de noviembre de 2015. Con este derrotero, la UGPP hace un uso indebido del mecanismo de revisión para insistir en que la beneficiaria no tenía derecho a la pensión gracia, en la medida en que no cumplió con el tiempo establecido por la ley, por no prestar los servicios de docencia durante 20 años en instituciones educativas del orden departamental, municipal, distrital o nacionalizado, aspecto que ya fue valorado y definido por el juez especializado.

22.- De aquí que el recurso de revisión no está llamado a tener éxito, pues el afectado no puede hacer del mismo una instancia adicional del proceso ordinario -ni siquiera cuando se invoca la vulneración al debido proceso (literal a del artículo 20 de la Ley 797 de 2013)-, tal como lo sugiere el escrito del recurso de la referencia.

23.- Ahora, no sobra dejar consignado el hecho de que la lectura de la sentencia del 21 de junio de 2018, mediante la cual la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado confirmó la del 23 de noviembre de 2015, proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, ofrece evidencia clara de que cada uno de los aspectos que la UGPP planteó en el recurso de apelación fueron estudiados y definidos, con el debido sustento legal y probatorio, de modo que se garantizó el principio de congruencia mandatorio en la labor de la judicatura.

(…)”.

De manera respetuosa estimo que era procedente el recurso extraordinario de revisión, pues es claro que si lo que se alega es que la sentencia que se revisa concedió una pensión que no es procedente se trata de una cuantía que excede lo debido de acuerdo con la ley. En este caso se debía declarar infundado el recurso porque el reconocimiento a la pensión estuvo ajustado a la ley, no porque el asunto haya sido debatido en la instancia ordinaria.

Valga precisar que la causal de revisión que invocó la UGPP es la prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, causales frente a las cuales esta Corporación, en reiterada jurisprudencia, ha referido a los antecedentes legislativos de dicha disposición en los siguientes términos:

“Esta Corporación ha señalado que en la exposición de motivos que dio origen a esta ley, en especial, en lo referente a la enunciación de las causales de procedencia del recurso extraordinario de revisión, se estableció que su propósito consistía en afrontar graves casos de corrupción en materia de reconocimiento pensional y evitar los perjuicios que por esa causa pueda sufrir el erario. La siguiente fue la explicación que se adujo sobre ese particular:

“[…]

Artículos 20 y 21. Revisión y revocatoria de pensiones. Estos artículos contemplan la posibilidad de revisar las decisiones judiciales, las conciliaciones o las transacciones que han reconocido pensiones irregularmente o por montos que no corresponden a la ley. Así mismo, se contempla la posibilidad de revocar las pensiones irregularmente otorgadas. De esta manera, se permite afrontar los graves casos de corrupción en esta materia y evitar los grandes perjuicios que pueda sufrir la Nación.

[…]”

De lo anterior se desprende que la finalidad que tuvo el legislador para establecer estas causales especiales de revisión es permitir a las entidades reconocedoras de prestaciones económicas que, a través de este mecanismo, se propenda por la protección del erario ante decisiones judiciales que lo afectan. Cabe recordar que esta Corporación ha explicado lo siguiente frente a la manera en que las autoridades judiciales deben interpretar dichas causales de revisión:

“5. De las causales de revisión invocadas por la UGPP

(…)

5.2. De la causal de revisión consagrada en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

El literal b) de la Ley 797 de 2003 prevé que las pensiones con cargo al erario deben ser revisadas “Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables”.

De acuerdo con la exposición de motivos del proyecto que condujo a la expedición de la Ley 797 de 2003, la causal obedeció a la necesidad «[…] de construir esquemas sociales solidarios, financieramente viables y sostenibles en el tiempo, y, equitativos para todos los ciudadanos […]».

En efecto, uno de los principales propósitos de esta Ley y, en particular, del artículo 20 ibídem, era el de reducir el déficit fiscal y hacer del sistema pensional un sistema posible, realizable, en términos económicos, de tal forma que fuera posible la revisión, entre otras, de aquellas prestaciones periódicas cuya cuantía excediera lo debido de acuerdo con las normas vigentes. En ese orden de ideas, las causales de procedencia de la acción de revisión deben interpretarse de conformidad con la teleología a la que responde dicho instrumento procesal.

En sentido similar, esta Corporación explicó que la causal se erige como una herramienta legal útil, que persigue fortalecer el principio de la moralidad administrativa y que permite corregir los reconocimientos pensionales que se han efectuado en exceso y que afectan los principios que orientan el Sistema General de Pensiones, en especial, el principio de solidaridad y equilibrio financiero.

A lo anterior se suma que el sistema pensional debe ser sostenible fiscalmente, de tal forma que garantice la estabilidad a largo plazo de las finanzas públicas y se procure el cumplimiento de los principios de rentabilidad, sostenibilidad y conveniencia, en cuanto a la determinación del gasto, de tal forma que prevalezca el interés general sobre el particular.

(…).” (subrayas ajenas)

Así las cosas, se tiene que las causales a que se refiere el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 tienen una finalidad económica y social que debe ser atendida al momento de examinar la sentencia recurrida, por lo que en este evento se debía declarar infundado el recurso porque el reconocimiento de la pensión estuvo ajustado a la ley, no porque el asunto haya sido debatido en la instancia ordinaria.

En estos términos dejo expuesto mi aclaración de voto.

Fecha ut supra,

(firmado electrónicamente)
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado

ACLARACIÓN DE VOTO / RECURSO EXTRAORDINARIO ESPECIAL DE REVISIÓN- El marco teórico del fallo desconoce la naturaleza y finalidad de este medio especial de impugnación

Si bien comparto plenamente la decisión de declarar infundado el recurso extraordinario especial de revisión, por no haberse acreditado por parte de la entidad demandante que la sentencia cuya infirmación se solicitó haya decretado una prestación a la cual la parte actora no tuviera derecho o que superara el monto establecido en las normas que regulan la materia, considero que el marco teórico consignado en el fallo desconoce la naturaleza de este particular medio de impugnación de sentencias ejecutoriadas y, con ello, limita su contenido y alcance. Concretamente me apartó de las consideraciones según las cuales su estudio “impone considerar que las causales del recurso no pueden ser imputables al propio recurrente”. (…). Tampoco comparto la conclusión, según la cual este recurso especial “básicamente tiene que ver con la probanza que acredite haber mediado hechos de fraude o corrupción, condicionando o predisponiendo el sentido de la decisión.” A mi juicio, desconoce igualmente la naturaleza y la finalidad de este medio especial de impugnación de providencias que han hecho tránsito a cosa juzgada, el argumento según el cual “No se trata, por supuesto, simplemente indicar que el derecho reclamado por la demandante no le asistía, pues al final de cuentas, ya fue el juez de la causa quien definió tal situación como actividad propia de la función jurisdiccional a su cargo.” (…). Los razonamientos señalados desconocen que la norma invocada por la parte actora -UGPP– es la consagrada en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, que consagra un recurso especial de revisión de las providencias judiciales que imponen al tesoro público o a fondos de naturaleza pública el cubrimiento de sumas periódicas o pensiones y ordena que se tramite por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión por el respectivo código, según la jurisdicción a la que corresponda. Por este especial mecanismo se deben revisar igualmente las sentencias que hayan reconocido sumas de dinero con desconocimiento de lo establecido por la Corte Constitucional en la sentencia C-258 de 2013, ante la inexistencia del mecanismo especial dispuesto en el Acto Legislativo 01 de 2005. (…). Esta importante distinción no quedó contemplada en la sentencia y, contrario a ello, se condicionó la prosperidad del recurso a la existencia de abuso del derecho o fraude a la ley, con el agravante de que se desconoció su naturaleza objetiva y se le hizo depender de la diligencia de la parte en el proceso previo, cerrándole el paso al medio de impugnación en el evento de incuria, con lo cual se desconoce la doctrina constitucional construida por la Corte sobre esta figura jurídica. (…). No queda, en consecuencia, espacio para efectuar análisis de carácter subjetivo o simplemente procedimental. Tampoco para decir que una interpretación abiertamente contraria a las normas no tiene cabida en este recurso, pues precisamente fue diseñado por el legislador para este tipo de eventualidades. (…). Se trata de establecer, objetivamente, si la prestación económica se obtuvo en forma contraria a la Constitución o a las normas legales o pactos o convenciones colectivas. (…). [E]l legislador dotó a las entidades públicas que tienen a su cargo el reconocimiento y pago de pensiones de un instrumento judicial encaminado a corregir aquellos que, en contravía de la ley, suponen erogaciones decretadas sin el lleno de los requisitos establecidos o que exceden lo que en derecho corresponde a sus beneficiarios, cuestión que afecta la liquidez y solvencia del sistema pensional y, por esta misma vía, atenta contra el interés general y el principio de universalidad que gobierna el sistema de la seguridad social.

Por ello el análisis que corresponde realizar al juez de la revisión en estos casos es absolutamente objetivo, no se analiza si la parte actuó en forma diligente en las instancias del proceso y sí es procedente el examen sobre si la interpretación efectuada en la sentencia fue absolutamente respetuosa del ordenamiento jurídico o no, pues las finalidades de los mecanismos judiciales de defensa no se pueden ni olvidar ni confundir con las otras figuras procesales, dada la especificidad de cada una.

NOTA DE RELATORÍA: Sobre el recurso extraordinario de revisión y que mediante éste se pretende establecer objetivamente, si la prestación económica se obtuvo en forma contraria a la Constitución o a las normas legales o pactos o convenciones colectivas y que, por ello, produce una objetiva desproporción y falta de razonabilidad en la prestación, consultar: Corte Constitucional, sentencia C-258 del 7 de mayo de 2013, M.P. Jorge Ignacio Pretetl Chaljub. Sobre el interés general y el principio de universalidad que gobierna el sistema de la seguridad social, consultar: Corte Constitucional, sentencia C-760 del 10 de agosto de 2004, M.P. Rodrigo Uprimny Yepes.

FUENTE FORMAL: ACTO LEGISLATIVO 01 DE 2005 / LEY 797 DE 2003 - ARTICULO 20 LITERAL B / LEY 2080 DE 2021 – ARTÍCULO 69 / LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 253

CONSEJO DE ESTADO

SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SALA VEINTITRÉS ESPECIAL DE DECISIÓN

ACLARACIÓN DE VOTO DE ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Bogotá, D.C., once (11) de enero de dos mil veintidós (2022)

Radicación número: 11001-03-15-000-2020-03230-00(REV)

Actor: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL (UGPP)

Demandado: MARÍA FANNY HERNÁNDEZ SILVA

Referencia: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN

ACLARACIÓN DE VOTO_____________________________________________

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 129 de la Ley 1437 de 2011, y con el acostumbrado respeto por las providencias de la Sala Especial de Decisión, me permito exponer las razones por las cuales suscribo la providencia del vocativo de la referencia con aclaración de voto, previa reseña de los antecedentes del caso.
I. ANTECEDENTES

1.1. Recurso extraordinario especial de revisión

El 21 de julio de 2020, la UGPP interpuso recurso extraordinario especial de revisión contra la sentencia del 21 de junio de 2018, proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, con fundamento en la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 del 29 de enero de 2003, por medio de la cual confirmó el fallo del Tribunal Administrativo de Caldas, en sentencia del 23 de noviembre de 2015 que reconoció a la accionante la pensión gracia, con inclusión de los factores salariales devengados en el año anterior a la obtención del estatus pensional, con efectos fiscales a partir del 10 de febrero de 2011 y condenó en costas a la parte vencida.

La UGPP señaló que la señora María Fanny Hernández Silva prestó sus servicios como docente en el departamento del Huila desde el 1º de abril de 1975 hasta el 14 de marzo de 1994, bajo vinculación de carácter nacionalizada, según certificados expedidos el 15 de noviembre de 2013 y el 20 de septiembre de 2018 por la Secretaría de Educación del Huila.

Posteriormente, la referida señora laboró en el departamento de Caldas desde el 18 de abril de 1994 hasta el 30 de septiembre de 1998, “bajo vinculación de carácter nacional”, según certificados expedidos el 31 de diciembre de 2013 y el 11 de septiembre de 2019 por la Secretaría de Educación de la referida entidad territorial.

En ese orden, sostuvo que la causal de revisión invocada procede, por cuanto la sentencia objeto del recurso de revisión ordenó el reconocimiento y pago de una pensión gracia a la señora María Fanny Hernández Silva, a la cual no tenía derecho, en consideración a que los periodos laborados por ésta no fueron en su totalidad con vinculación del orden departamental, municipal, distrital o nacionalizado, completando apenas 18 años, 11 meses y 14 días de servicio en una entidad nacionalizada.

De lo anterior concluyó que el reconocimiento de la prestación económica comporta una afectación del erario y una violación a la Ley 114 del 4 de febrero de 1994, la cual consagra como requisitos de la pensión gracia, entre otros, acreditar veinte (20) años de docencia con vinculación del orden departamental, municipal, distrital o nacionalizada.

Finalmente, la UGPP manifestó que, en cumplimiento de la sentencia del 21 de junio de 2018, expidió la Resolución RDP 044010 del 14 de noviembre de de 2020, por medio de la cual reconoció a la señora María Fanny Hernández Silva una pensión gracia en cuantía de $253,562 m/cte, a partir del 5 de mayo de 1995, con efectos fiscales desde el 10 de febrero de 2011, por prescripción trienal, sin acreditar retiro del servicio, por ser del ramo docente.

II. SENTENCIA OBJETO DE ACLARACIÓN

La Sala Veintitrés (23) Especial de Decisión, por medio de la sentencia dictada el 19 de agosto de la presente anualidad, declaró infundado el recurso extraordinario, por considerar que no se acreditó el reconocimiento de una pensión gracia en cuantía superior a la que correspondía en aplicación de las normas que regulan la materia.

Lo anterior, en consideración a que el carácter nacional que certificó el departamento de Caldas obedeció a que la actora ingresó como educadora después del 1º de enero de 1990 al Colegio Normal La Presentación del municipio de Pensilvania (Caldas), pero el acto de nombramiento fue expedido y suscrito por las autoridades territoriales y no por las del orden nacional, lo cual permitía entender que se trató de plazas nacionalizadas, máxime cuando estaba claro que la señora María Fanny Hernández Silva se vinculó a la docencia con anterioridad al 31 de diciembre de 1980, cumpliendo así con el tiempo de los 20 años de servicio fijado en la ley para tener derecho al pago de la pensión gracia.

En la sentencia se consideró que la parte actora no podía hacer uso del recurso como si se tratara de una tercera instancia, toda vez que el debate fue zanjado en el juicio ordinario.

II. RAZONES QUE MOTIVAN LA ACLARACIÓN DE VOTO

Si bien comparto plenamente la decisión de declarar infundado el recurso extraordinario especial de revisión, por no haberse acreditado por parte de la entidad demandante que la sentencia cuya infirmación se solicitó haya decretado una prestación a la cual la parte actora no tuviera derecho o que superara el monto establecido en las normas que regulan la materia, considero que el marco teórico consignado en el fallo desconoce la naturaleza de este particular medio de impugnación de sentencias ejecutoriadas y, con ello, limita su contenido y alcance.

Concretamente me apartó de las consideraciones según las cuales su estudio “impone considerar que las causales del recurso no pueden ser imputables al propio recurrente” y “no se trata de discutir errores sustanciales que puedan derivar en la falta de aplicación, la aplicación indebida o la interpretación errónea de una norma sustancial, que pudieron afectar la labor hermenéutica del juez.”

Tampoco comparto la conclusión, según la cual este recurso especial “básicamente tiene que ver con la probanza que acredite haber mediado hechos de fraude o corrupción, condicionando o predisponiendo el sentido de la decisión.”

A mi juicio, desconoce igualmente la naturaleza y la finalidad de este medio especial de impugnación de providencias que han hecho tránsito a cosa juzgada, el argumento según el cual “No se trata, por supuesto, simplemente indicar que el derecho reclamado por la demandante no le asistía, pues al final de cuentas, ya fue el juez de la causa quien definió tal situación como actividad propia de la función jurisdiccional a su cargo.”

Los razonamientos señalados desconocen que la norma invocada por la parte actora -UGPP– es la consagrada en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, que consagra un recurso especial de revisión de las providencias judiciales que imponen al tesoro público o a fondos de naturaleza pública el cubrimiento de sumas periódicas o pensiones y ordena que se tramite por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión por el respectivo código, según la jurisdicción a la que corresponda.

Por este especial mecanismo se deben revisar igualmente las sentencias que hayan reconocido sumas de dinero con desconocimiento de lo establecido por la Corte Constitucional en la sentencia C-258 de 2013, ante la inexistencia del mecanismo especial dispuesto en el Acto Legislativo 01 de 2005, que básicamente se encuentra encaminado a que se dejen sin efectos pensiones adquiridas con abuso del derecho y fraude a la ley, constituyéndose en una causal adicional de revisión, con respecto a las previstas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

Esta importante distinción no quedó contemplada en la sentencia y, contrario a ello, se condicionó la prosperidad del recurso a la existencia de abuso del derecho o fraude a la ley, con el agravante de que se desconoció su naturaleza objetiva y se le hizo depender de la diligencia de la parte en el proceso previo, cerrándole el paso al medio de impugnación en el evento de incuria, con lo cual se desconoce la doctrina constitucional construida por la Corte sobre esta figura jurídica.

En efecto, cuando se invocan las causales del artículo 20 de la Ley 797 de 2020 y las consagradas en el Acto Legislativo 01 de 2005, se exige un examen desde la óptica objetiva que se traduce en que se obtuvo un reconocimiento con desconocimiento del debido proceso, se reconoció una prestación por encima de los límites legales establecidos o se hizo utilizando documentos falsos o adulterados o con abuso del derecho o fraude a la ley que impone la contrastación de lo efectivamente reconocido con lo que era dable ordenar según las normas que consagran los requisitos y la cuantía de la prestación.

No queda, en consecuencia, espacio para efectuar análisis de carácter subjetivo o simplemente procedimental. Tampoco para decir que una interpretación abiertamente contraria a las normas no tiene cabida en este recurso, pues precisamente fue diseñado por el legislador para este tipo de eventualidades.

La posición anterior aparece ampliamente sustentada en la Sentencia C-835 de 2003, que revisó la constitucionalidad del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 y que sobre este precepto señaló que, el recurso procede “cuando el litigio versa sobre problemas de interpretación del derecho; como por ejemplo, el régimen jurídico aplicable, la aplicación de un régimen de transición; o la aplicación de un régimen especial frente a uno general” concluyendo que “estos litigios deben ser definidos por los jueces competentes de conformidad con el artículo 20 de la Ley 797 de 2003.”

Se trata de establecer, objetivamente, si la prestación económica se obtuvo en forma contraria a la Constitución o a las normas legales o pactos o convenciones colectivas y que, por ello, “produce una objetiva desproporción y falta de razonabilidad en la prestación.”

Corrobora igualmente lo expuesto, la reciente reforma, contenida en el artículo 69 de la Ley 2080 de 2021 que modificó el 253 de la Ley 1437 de 2011, en punto de las consecuencias jurídicas que se derivan en los eventos de encontrar fundada una de las causales previstas en el precepto objeto de análisis, así:

i) De acreditarse el supuesto de hecho consagrado en la causal prevista en el literal a), se deberá declarar la nulidad de la sentencia o de la actuación afectada con la circunstancia que dio lugar a la revisión y se devolverá el proceso a la autoridad judicial de origen, para que rehaga lo actuado o dicte sentencia de nuevo, según corresponda.

ii) En el evento de haberse demostrado el supuesto de hecho consagrado el literal b) se invalidará la sentencia y se dictará la que en derecho corresponda.

La diferencia que se advierte en la consecuencia jurídica aplicable en cada caso deviene de la consagración jurídica de supuestos fácticos disimiles para cada causal, de carácter in procedendo el primero e in judicando el segundo.

Tal reglamentación, a su vez, impone el cumplimiento, por la parte solicitante, de una carga argumentativa mínima encaminada a establecer si la revisión que se pretende es por violación del núcleo esencial del debido proceso, examinado desde una perspectiva constitucional de las garantías consagradas en el artículo 29 de la Constitución Política, o si de lo que se trata es de que la prestación económica se reconoció en exceso o no se tenía derecho al reconocimiento y pago ordenados y, al haberse otorgado con violación de las normas sustantivas que consagran la prestación, se afecta el erario y la sostenibilidad del sistema pensional, pilares del sistema general de seguridad social.

Sobre la causal contemplada en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, que es la que se invocó en el sub examine, la misma procede “(…) b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.”

En la exposición de motivos del proyecto de ley que dio origen a esta disposición, se señaló que la posibilidad de revocar las pensiones irregularmente otorgadas es uno de los instrumentos que permiten afrontar la corrupción y evitar los perjuicios que pueda sufrir la Nación.

De acuerdo con esta finalidad, el legislador dotó a las entidades públicas que tienen a su cargo el reconocimiento y pago de pensiones de un instrumento judicial encaminado a corregir aquellos que, en contravía de la ley, suponen erogaciones decretadas sin el lleno de los requisitos establecidos o que exceden lo que en derecho corresponde a sus beneficiarios, cuestión que afecta la liquidez y solvencia del sistema pensional y, por esta misma vía, atenta contra el interés general y el principio de universalidad que gobierna el sistema de la seguridad social.
Por ello el análisis que corresponde realizar al juez de la revisión en estos casos es absolutamente objetivo, no se analiza si la parte actuó en forma diligente en las instancias del proceso y sí es procedente el examen sobre si la interpretación efectuada en la sentencia fue absolutamente respetuosa del ordenamiento jurídico o no, pues las finalidades de los mecanismos judiciales de defensa no se pueden ni olvidar ni confundir con los otras figuras procesales, dada la especificidad de cada una.

En los anteriores términos dejó sustentada mi aclaración de voto.

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
Fecha ut supra

Providencia obrante en medio magnético.
Acuerdo 080 de 2019. “Artículo 29. Las Salas Especiales de Decisión decidirán los siguientes asuntos de competencia de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo: “1. Los recursos extraordinarios de revisión interpuestos contra las sentencias de las Secciones o Subsecciones del Consejo de Estado
Según consta en el sistema de gestión de documentos de SAMAI, proceso con número de radicado 17001-23-33-000-2014-00296-01.

Consejo de Estado, Sala Cuarta Especial de Decisión, sentencia de 1º de septiembre de 2020, expediente 11001-03-15-000-2020-00266-00 (REV), sentencia de 29 de abril de 2015, expediente 26239. Sentencia del 1 de agosto de 2017, proferida por la Sala Especial de Decisión No. 4 dentro de expediente con número de radicado 11001-03-15-000-2016-02022-00. Publicada en la Gaceta del Congreso No. 428 del 11 de octubre de 2002. Véase también el siguiente enlace: https://normativa.colpensiones.gov.co/colpens/docs/xp_exm_l0797003.htm#Art%C3%ADculos%2020%20y%2021
Publicada en la Gaceta del Congreso No. 428 del 11 de octubre de 2002. Véase también el siguiente enlace: https://normativa.colpensiones.gov.co/colpens/docs/xp_exm_l0797003.htm#Art%C3%ADculos%2020%20y%2021
De conformidad con el artículo 281 del Código General del Proceso, “La sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este código contempla y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley”. El artículo 365 C.G.P.: “En los procesos y en las actuaciones posteriores aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: 1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código (…)”. C.G.P. ARTÍCULO 366. LIQUIDACIÓN. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas: 1. El secretario hará la liquidación y corresponderá al juez aprobarla o rehacerla. 2. Al momento de liquidar, el secretario tomará en cuenta la totalidad de las condenas que se hayan impuesto en los autos que hayan resuelto los recursos, en los incidentes y trámites que los sustituyan, en las sentencias de ambas instancias y en el recurso extraordinario de casación, según sea el caso. 3. La liquidación incluirá el valor de los honorarios de auxiliares de la justicia, los demás gastos judiciales hechos por la parte beneficiada con la condena, siempre que aparezcan comprobados, hayan sido útiles y correspondan a actuaciones autorizadas por la ley, y las agencias en derecho que fije el magistrado sustanciador o el juez, aunque se litigue sin apoderado. Los honorarios de los peritos contratados directamente por las partes serán incluidos en la liquidación de costas, siempre que aparezcan comprobados y el juez los encuentre razonables. Si su valor excede los parámetros establecidos por el Consejo Superior de la Judicatura y por las entidades especializadas, el juez los regulará. 4. Para la fijación de agencias en derecho deberán aplicarse las tarifas que establezca el Consejo Superior de la Judicatura. Si aquellas establecen solamente un mínimo, o este y un máximo, el juez tendrá en cuenta, además, la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y otras circunstancias especiales, sin que pueda exceder el máximo de dichas tarifas. 5. La liquidación de las expensas y el monto de las agencias en derecho solo podrán controvertirse mediante los recursos de reposición y apelación contra el auto que apruebe la liquidación de costas. La apelación se concederá en el efecto diferido, pero si no existiere actuación pendiente, se concederá en el suspensivo. 6.

Cuando la condena se imponga en la sentencia que resuelva los recursos de casación y revisión o se haga a favor o en contra de un tercero, la liquidación se hará inmediatamente quede ejecutoriada la respectiva providencia o la notificación del auto de obedecimiento al superior, según el caso. De acuerdo con la Corte Constitucional “La condena en costas no resulta de un obrar temerario o de mala fe, o siquiera culpable de la parte condenada, sino que es resultado de su derrota en el proceso o recurso que haya propuesto, según el artículo 365. Al momento de liquidarlas, conforme al artículo 366, se precisa que tanto las costas como las agencias en derecho corresponden a los costos en los que la parte beneficiaria de la condena incurrió en el proceso, siempre que exista prueba de su existencia, de su utilidad y de que correspondan a actuaciones autorizadas por la ley. De esta manera, las costas no se originan ni tienen el propósito de ser una indemnización de perjuicios causados por el mal proceder de una parte, ni pueden asumirse como una sanción en su contra”. Sentencia C-157/13. MP. Mauricio González Cuervo. Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace HYPERLINK "http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador" \h http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala 26 Especial de Decisión. C.P. Hernando Sánchez Sánchez. Sentencia del 5 de febrero de 2019. Expediente radicación nro. 11001 03 15 000 2018 01886 00. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 21 de junio de 2018, C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas, número único de radicación 11001 03 25 000 2014 00830 00. Que se puede consultar en la Gaceta del Congreso 350 del 23 de agosto de 2003, páginas 12 a 17. Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala 22 Especial de Decisión. Sentencia del 5 de febrero de 2019. C.P. Alberto Yepes Barreiro. Expediente radicación nro. 11001 03 15 000 2018 001884 00 (REV).
“ARTÍCULO 129. FIRMA DE PROVIDENCIAS, CONCEPTOS, DICTÁMENES, SALVAMENTOS DE VOTO Y ACLARACIONES DE VOTO. Las providencias, conceptos o dictámenes del Consejo de Estado, o de sus salas, secciones, subsecciones, o de los Tribunales Administrativos, o de cualquiera de sus secciones, una vez acordados, deberán ser firmados por los miembros de la corporación que hubieran intervenido en su adopción, aún por los que hayan disentido. Al pie de la providencia, concepto o dictamen se dejará constancia de los Magistrados ausentes. Quienes participaron en las deliberaciones, pero no en la votación del proyecto, no tendrán derecho a votarlo. Los Magistrados discrepantes tendrán derecho a salvar o aclarar el voto. Para ese efecto, una vez firmada y notificada la providencia, concepto o dictamen, el expediente permanecerá en secretaría por el término común de cinco (5) días. La decisión, concepto o dictamen tendrá la fecha en que se adoptó. El salvamento o aclaración deberá ser firmado por su autor y se agregará al expediente. Si dentro del término legal el Magistrado discrepante no sustentare el salvamento o la aclaración de voto, sin justa causa, perderá este derecho.”

Ver numeral 14 de la sentencia que suscribo con aclaración de voto.
Ver párrafo contenido en el numeral 19 de la sentencia.
Esta afirmación quedó contenida en el numeral 20 de la sentencia.
Corte Constitucional, Sentencia C-258 del 7.05.2013, M.P. Jorge Ignacio Pretetl Chaljub
“Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales”
Imprenta Nacional. Gaceta Legislativa 56. Consecutivo 4-816. Exposición de motivos Proyecto de Ley 56 de 2002-Senado. Artículos 20 y 21. Revisión y revocatoria de pensiones. Estos artículos contemplan la posibilidad de revisar las decisiones judiciales, las conciliaciones o las transacciones que han reconocido pensiones irregularmente o por montos que no corresponden a la ley.
Corte Constitucional, Sentencia C-760 del 10.08.2004, M.P. Rodrigo Uprimny Yepes

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