Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2020-03358-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2020-03358-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2020-03358-00
Consejero ponente: Roberto Augusto Serrato Valdes
24 de noviembre de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA VEINTE ESPECIAL DE DECISIÓN
Bogotá D.C., veintucuatro (24) de noviembre de dos mil veintidos (2022)
CONSEJERO PONENTE: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Referencia: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
Radicación: 11001-03-15-000-2020-03358-00
Demandante: UNIDAD ADMINISTRATIVA DE GESTIÓN PENSIONAL Y
CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL
(UGPP)
Demandado: ALIDA CHAPARRO BARRERA
Tema: ACCIÓN ESPECIAL DE REVISIÓN – PENSIÓN GRACIA – TIEMPO DE
SERVICIOS - FUENTE DE FINANCIACIÓN RECURSOS - SITUADO
FISCAL y SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES – REITERACIÓN
DE JURISPRUDENCIA
Sentencia que resuelve recurso extraordinario de revisión
La Sala decide el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la Unidad
Administrativa de Gestión Pensional y Parafiscales de la Protección Social -
en adelante UGPP- en contra de la sentencia de 21 de julio de 2018, proferida por
la Subsección «B», de la Sección Segunda, del Consejo de Estado, dentro del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 25000-23-42-000-
2014-00446-01.
I.- ANTECEDENTES
I.1.- La demanda ordinaria
1. La señora Alida Chaparro Barrera, por intermedio de apoderado judicial, en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en
el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo -en adelante CPACA-, instauró demanda en contra UGPP con miras a
obtener la nulidad de la Resolución RDP 051827 del 8 de noviembre de 2013, que
le negó el reconocimiento de la pensión gracia, de la Resolución RDP 54596 de 29
de noviembre siguiente, que negó el recurso de reposición y concedió el de
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Demandante: UGPP
Demandado: Alida Chaparro Barrera
apelación y de la Resolución RDP 55628 del 6 de diciembre del mismo año, por
medio de la cual se confirmó tal pronunciamiento1.
2. Como consecuencia de la declaratoria de nulidad, y a título de restablecimiento
del derecho del derecho, la demandante solicitó el reconocimiento, pago y
reliquidación de la pensión gracia a partir del 26 de junio de 2012, con inclusión de
todos los factores salariales devengados el año anterior en el que adquirió el estatus
pensional, junto con los reajustes legales correspondientes.
I.2. Los hechos
3. La señora Alida Chaparro Barrera indicó que nació el 13 de marzo de 1955,
motivo por el cual adquirió su estatus pensional el 13 de marzo de 2005.
4. Afirmó que prestó sus servicios: (i) en el departamento del Casanare, como
docente nacionalizada, desde el 15 de marzo de 1975 hasta el 19 de febrero de
1976; en interinidad del 1° de septiembre al 26 de octubre de 1982, del 2 de mayo
al 15 de junio de 1983 y del 13 de mayo al 13 de junio de 1985, y, en propiedad,
desde el 10 de junio de 1987 hasta el 17 de mayo de 1988, y (ii) en el Distrito Capital,
nombrada en propiedad, entre el 8 de febrero de 1993 y el 21 de febrero de 2006 y
desde el 19 de junio de 2008, sin haberse retirado del servicio para el momento de
presentación de la demanda.
5. Indicó que, con fecha 20 de septiembre de 2013, bajo radicado
SOP201300043901, solicitó ante la UGPP el reconocimiento de la pensión gracia
que le fue negada mediante Resolución RDP 051827 del 8 de noviembre de 2013.
En contra de la anterior decisión, la demandante interpuso recurso de reposición y,
en subsidio, de apelación. El primero fue resuelto a través de la Resolución RDP
054596 del 29 de noviembre siguiente, confirmando la decisión. La apelación se
resolvió a través de la Resolución RDP 055628 del 6 de diciembre de la misma
anualidad, acto que también mantuvo incólume la negativa a su petición.
6. Expuso que cumple los requisitos para el reconocimiento y pago de la pensión
gracia definidos en las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y 91 de 1989,
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Revisada la copia digital del expediente 25000-23-42-000-2014-00446-00, índice 16 digital en SAMAI.
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por haber prestado sus servicios como docente oficial del orden nacionalizado,
desde antes del 31 de diciembre de 1980, por más de veinte años, y afirmó contar
con más de 50 años de edad.
I.3. La UGPP
7. La entidad accionada no contestó la demanda.
I.4. La sentencia de primera instancia
8. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, con fecha 21 de mayo de 2015,
profirió fallo de primera instancia en el que señaló que el problema jurídico a resolver
era el consistente en determinar «[…] si a la demandante le asiste razón jurídica
para reclamar ante la [UGPP] el reconocimiento de la pensión gracia en
cumplimiento de los requisitos exigidos por las Leyes 114 de 1913 y 116 de 1928,
entre otras normas, o al contrario, carece de fundamento pues no completó el
tiempo de servicios como docente en planteles departamentales, distritales y
municipales por un término no menor de veinte (20) años».
9. El aludido Tribunal dictó sentencia en la que: (i) declaró la nulidad de las
Resoluciones RDP 051827 de 8 de noviembre, RDP 054596 de 29 de noviembre y
RDP 055628 de 6 de diciembre, todas del 2013; (ii) ordenó a la UGPP el
reconocimiento y pago en favor de la señora Alida Chaparro Barrera de la pensión
gracia, -equivalente al 75 % del promedio de todos los factores salariales devengados en
el año inmediatamente anterior a la consolidación del status, esto es, 21 de septiembre de
2011 al 21 de septiembre de 2012 (conforme certificación salarial visible a folio 109 – sueldo
y primas de vacaciones, navidad y especial)-, a partir del 21 de septiembre de 2012, y
(iii) dispuso que el monto de la condena se actualizara y ajustara en los términos de
los artículos 187 (inciso final) y 192 del CPACA.
10. Para arribar a las anteriores decisiones, el referido Tribunal concluyó que la
demandante acreditó el requisito de 50 años de edad; demostró no haber incurrido
en mala conducta, según sus antecedentes disciplinarios, y comprobó que estuvo
vinculada por más de 20 años de servicios y como docente del orden nacionalizado
con anterioridad al 31 de diciembre de 1980, esto último, de conformidad con los
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certificados expedidos por las secretaría de Educación del departamento del
Casanare.
11. Afirmó que: «[…] la accionante adquirió el estatus pensional en la fecha en que
cumplió 20 años de servicios, esto es, el 21 de septiembre de 2012, tal como se
constató de las certificaciones laborales expedidas por el departamento de
Casanare y Distrito Capital que obran en los folios 7, 121 y 122 del expediente».
12. Asimismo, consideró que no había lugar a la prescripción trienal «[…] comoquiera
que entre la fecha de adquisición de estatus pensional de la demandante (21 de
septiembre de 2012) y la presentación de la solicitud de reconocimiento de dicha
prestación (20 de septiembre de 2013) no transcurrieron tres (3) años».
I.5. El recurso de apelación
13. La apoderada de la UGPP interpuso recurso de apelación, en el que reiteró que
la demandante no acreditó su vinculación como docente al servicio oficial en el
orden municipal, distrital, departamental o nacionalizado con anterioridad al 31 de
diciembre de 1980.
14. Agregó que, según los certificados aportados al proceso, la señora Alida
Chaparro Barrera se vinculó como docente en los periodos comprendidos entre el
8 de febrero de 1993 y el 21 de febrero de 2006 y nuevamente desde el 19 de junio
de 2008, sin haberse retirado a la fecha de presentación de la demanda, por ello,
en su criterio, no se debía acceder a las pretensiones porque no se cumplen los
requisitos establecidos en la Ley 114 de 1913, al tratarse de una docente del orden
nacional.
I.6. Concepto del Ministerio Público
15. El agente del Ministerio Público rindió concepto en el que solicitó confirmar la
decisión de primera instancia, comoquiera que la demandante laboró como docente
nacionalizada en el departamento del Casanare, desde antes del 1° de enero de
1981 y, además, acreditó haber prestado 20 años de servicio por lo que la actora sí
tiene derecho al reconocimiento pensional.
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16. Refirió, igualmente, que para tener derecho a la pensión gracia la ley no exige
que los tiempos a computar sean continuos o que el vínculo laboral sea en
propiedad sino que correspondan al servicios prestados en el plaza territorial o
nacionalizada.
I.7.La sentencia de la segunda instancia
17. La Subsección «B», de la Sección Segunda, del Consejo de Estado, mediante
sentencia de 21 de junio de 2018 -ejecutoriada el 10 de agosto de 20182- confirmó en
su integridad el fallo apelado.
18. Alpronunciarse frente al caso concreto, luego de examinar las pruebas
aportadas, estimó que:
«[…] la demandante ha probado de manera idónea la prestación de servicio docente,
puesto que tal como se refleja en los certificados laborales y los actos de
nombramiento y posesión, laboró como docente interina nacionalizada y
posteriormente como docente territorial, pues la vinculación como docente no lo
determina la localización de los planteles educativos en donde se presten los
servicios sino el ente gubernativo que profiera y suscriba el acto de nombramiento y
en el caso particular fueron suscritos por la Secretaría de Educación del
Departamento de Casanare y la de Bogotá D. C.
En el anterior orden, cuestiona el apelante de manera puntual, que la demandante no
tiene derecho a la pensión gracia, pues no cumple con el requisito de haber cumplido
20 años contínuos o discontínuos como docente nacionalizado o departamental o
distrital.
Frente a tales cargos, la Sala precisa que la posición jurisprudencial es clara en
cuanto a que la vinculación territorial o nacionalizada debe darse hasta el 31 de
diciembre de 1980, pero ello no quiere decir, que inexorablemente el docente deba
encontrarse en situación administrativa de servicio activo, como quiera que lo
importante para la pensión gracia, es el tiempo de servicio, sin importar ni su
modalidad ni continuidad; pudiéndose entonces, acumular periodos discontinuos que
hubieren sido consolidados antes del límite temporal descrito.
De este modo, encuentra la Sala, que contrario a lo afirmado en la alzada, el tiempo
servido por la actora como docente nacionalizada y en interinidad, si debe ser tenido
en cuenta para efectos de la pensión gracia, pues, dentro del expediente en su
momento en la actuación administrativa, militan documentos que en su conjunto
permiten confirmar el ejercicio de la profesión docente en tal modalidad, y que se hizo
en una institución educativa nacionalizada, lo actos de nombramiento, las actas de
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F. 397 del expediente proceso ordinario.
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posesión mencionadas en el acápite probatorio y los certificados de historia laboral
reseñados previamente.
De esta manera, la Sala recobra la clara posición jurisprudencial en cuanto a que la
vinculación territorial o nacionalizada en los términos definidos en la Ley 91 de 1989,
hace alusión a que el límite del nombramiento es el 31 de diciembre de 1980, sin que
puntualmente deba estar en servicio activo en tal fecha, como quiera que lo
importante para la pensión gracia, es el tiempo de servicio sin importar ni su
modalidad ni continuidad; pudiéndose entonces, acumular periodos discontinuos que
hubieren sido consolidados antes del límite temporal descrito.
En virtud de las anteriores consideraciones, tal como lo concluyó el Tribunal de
primera instancia, y el Agente del Ministerio Público ante esta Corporación; la
documentación obrante en la actuación es concluyente en cuanto a que la actora
cumplió con la vinculación como docente antes del 31 de diciembre de 1980, pues es
válido el periodo de interinidad cumplido del 15/03/0975 al 19/02/1976.
19. Por último, se abstuvo de condenar en costas a la parte demandada.
II. EL RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
II.1. El recurso extraordinario – causal invocada
20. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Parafiscal de la
Seguridad Social - UGPP, por conducto de apoderado judicial, y mediante escrito
presentado el 28 de julio de 2020, instauró recurso extraordinario de revisión en el
que solicitó se efectuaran las siguientes declaraciones:
«PRIMERO: Infirmar las sentencias proferidas por el Consejo de Estado Sala de lo
Contencioso Administrativo Sección Segunda – Subsección “B”, de fecha 21 de junio
de 2018 confirmatoria de la expedida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subseción “B” de 21 de mayo de 2015, dentro del medio de Control
de Nulidad y Restablecimiento del Derecho instaurada por la señora Alida Chaparro
Barrera, contra la Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Parafiscales - UGPP,
radicado con el No. 25000234200020140044600, y en su lugar:
SEGUNDO: Declarar que a la señora Alida Chaparro Barrera, no le asiste derecho
al reconocimiento de la pensión gracia, por cuanto no cumple con 20 años de
docencia departamental, distrital, municipal o nacionalizada, dado que en las
sentencias objeto de revisión le fueron computados tiempos laborados de carácter
dada la financiación efectuada por la NACIÓN, y por lo tanto no hay lugar al pago de
valor alguno en virtud de tal prestación.
TERCERA: Ordénese que a la señora Alida Chaparro Barrero, a restituirle a la
Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social – UGPP, los dineros percibidos y recibidos en virtud de la orden
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judicial, y el reconocimiento ilegal de la pensión gracia con la correspondiente
indexación.
CUARTA: Ordénese a la señora Alida Chaparro Barrero, que el pago que efectúe
a la Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social – UGPP, lo haga de forma actualizada e indexada de conformidad
con el artículo 187 del CPACA, así como los intereses moratorios estipulados en el
artículo 192 ibídem, sobre los valores pagados por concepto del reconocimiento de la
pensión gracia.»
21. En criterio del aludido apoderado, en el sub lite se configura la causal prevista
en el artículo 20, letra b), de la Ley 797 de 2003, precepto según el cual procede la
revisión de providencias judiciales «[…] cuando la cuantía del derecho reconocido
excediere lo debido de acuerdo con la ley».
22. Como sustento de sus pretensiones, el apoderado de la entidad recurrente
manifiesta que, en cumplimiento de la orden judicial, la UGPP emitió la Resolución
RDP 043670 del 8 de noviembre de 2018, a través de la cual reconoció a la señora
Alida Chaparro Barrera la pensión gracia, en cuantía de $1.570.815, a partir del 21
de septiembre de 2012.
23. Afirma que, consultada la página web de la Oficina de Bonos Pensionales – OBP-
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la señora Alida Chaparro Barrera, a
partir del año 2006, recibe una pensión de jubilación, por parte del Fondo de
Prestaciones Sociales del Magisterio – en adelante Fomag-, administrado por la
Fiduprevisora.
24. Indica que la providencia objeto de revisión transgredió la Declaración Universal
de los Derechos Humanos de 1948 o Convenio No. 102 y 128 de la OIT sobre la
Seguridad Social; la Constitución Política: preámbulo, artículos 1, 2, 4, 6, 13, 48,
121,123 inciso 2º y 124, 209; las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933, la
Ley 43 de 1975, la Ley 91 de 1989, y el Decreto 224 de 1972.
25. Sostiene el recurrente que la sentencia del Consejo de Estado, objeto de este
recurso extraordinario, confirmó la decisión de reconocimiento y pago de la pensión
gracia a la señora Alida Chaparro Barrera, con base en tiempos de servicio
prestados como docente nacional de acuerdo con «[…] los Decretos 0215 de 1975,
14 de marzo, suscrito con la intervención de una autoridad nacional – Intendente
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Nacional de Casanare y Decreto 0033 de 1987, 3 de junio, del mismo Intendente y
el delegado Regional del Ministerio de Educación Nacional».
26. Estima que el pronunciamiento atacado vulneró los artículos 1° y 4° de la Ley 114
de 1913 y 3° de la Ley 37 de 1933, y señala que la decisión que se profirió implica:
(i) la disminución del erario; (ii) compromete el derecho a la seguridad social
amparado por la normativa convencional, al reconocer un derecho que no está
ajustado a la ley aplicable, y (iii) atenta contra la sostenibilidad financiera del sistema
pensional, que además goza de protección constitucional.
27. Adujo el recurrente que los tiempos servidos por la señora Alida Chaparro Barrera
son nacionales con cargo al situado fiscal, por lo que no podían ser incluidos para
el reconocimiento de la pensión gracia.
28. En este sentido argumenta que:
«Se evidencia que en los tiempos de servicio certificados como prestados por la
docente, para tal momento la educación ya había sufrido el proceso de
transformación y se encontraba totalmente a cargo de la Nación. Esa circunstancia
se convalida con las diferentes certificaciones ya relacionadas, en las que se indica
que estos tiempos se prestaron con vinculación de tipo NACIONAL, razón por la cual
es válido afirmar que los mismos no pueden ser tenidos en cuenta para el
otorgamiento de la prestación.
Debe recordarse que los fondos educativos regionales administraban la educación
con los RECURSOS DE LA NACIÓN, por lo que el acto administrativo que nombra a
la docente, correspondía en realidad a una vinculación de docente oficial de carácter
NACIONAL.
[…]
Por lo que es del caso precisar respecto al situado fiscal, que entre el 19 de diciembre
de 1968 y hasta el 12 de agosto de 1993, los recursos del situado fiscal en ningún
momento dejaron de ser recursos de la nación, por tratarse de una mera distribución
de los ingresos corrientes de la nación (ICN) hacia los Fondos Educativos Regionales
– FER, para que las entidades territoriales, en calidad de administradoras de dichos
fondos (no como propietarios de los mismos). Atendieran con los recursos del situado
fiscal, obligaciones o servicios a cargo de la nación.
Aunado a lo anterior y como quiera que los representantes de los entes territoriales
(gobernadores y alcaldes) que hacían parte de los FER, expedían actos de
nombramiento y remoción docente (nacional y nacionalizado), cuando los recursos
de financiación provenían del situado fiscal, y tales nombramientos los realizaba
como delegado o agente del gobierno central (art. 9 de la Ley 29 de 1989, art. 1º
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Decreto 102 de 1976) y bajo el aval del representante del Ministerio de Educación
Nacional y no como nominador de docentes territoriales, lo anterior contrario a la regla
definida por el Consejo de Estado en la sentencia de unificación proferida el 21 de
junio de 20183, que señala:
(…) v) Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o
nacionalizados se convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto
de su vinculación interviene, además del representante legal de la entidad
territorial, el delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional como
miembro de la junta administradora del respectivo fondo educativo regional,
así, este último, certifique la vacancia del cargo junto con la disponibilidad
presupuestal, y (ii) por el argumento de que los recursos destinados para su
sostenimiento tienen su origen o fuente en la Nación. (…)
De acuerdo con la regla sentada por esta Corporación, no es acertada por cuanto
considera siempre como docente nacionalizado (y no nacional) cuando el
nombramiento docente interviene el delegado del Ministerio de Educación Nacional,
sin importar, además que la fuente de financiamiento sea nacional, desconociendo la
naturaleza de los recursos del situado fiscal y que los mismos únicamente podían
estar destinados atender servicios a cargo de la nación, ya sea para cubrir los gastos
de sus docentes nacionales y los nacionalizados.
Es del caso precisar que por disposición legal los recursos del situado fiscal, se
ejecutaban a través de los denominados FER con presupuesto y contabilidad
independiente (Decreto Ley 3157 de 1968 artículos 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 y 36)
para diferenciarlos de los recursos que eventualmente los entes territoriales y los
departamentos dispusieran en los FER para atender sus propias obligaciones.
De las cuales, establecen:
• Que en cada uno de los Departamentos, en el Distrito Especial y en las áreas
metropolitanas se crearon los FER, como entidades del orden nacional
administrados bajo el sistema de desconcentración administrativa.
• Los FER estaban constituidos por aportes de la Nación (Situado Fiscal), los
Departamentos, el Distrito Especial y los Municipios.
• Las pensiones de jubilación del personal docente de los planteles de
educación, no eran inmutables a los FER, si no al Gobierno Nacional,
Departamental o Municipal, según la calidad jurídica de las personas
(docentes) que las hubieran reclamado y con cargo a los recursos previstos
para atender dichas obligaciones (Nación – Situado Fiscal; Departamental o
Municipal – recursos propios).
• Los FER eran administrador por las autoridades del respectivo
Departamento, Distrito Especial o área Metropolitana con la supervisión de
un delegado del Ministerio de Educación Nacional.
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Sentencia de Unificación SUJ-11S2 del 21 de junio de 2018. M.P. Carmelo Perdomo Cuéter. Expediente No. 25000-23-42-
000-2013-04683-01 (3805-2014).
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• Los dineros del FER (correspondiente al situado fiscal) se administraban en
forma separada de los fondos comunes del Departamento, o Distrito o Área
Metropolitana y se debía llevar una contabilidad especial.
• De cada FER se hacía un presupuesto anual que debía ser sometido a la
aprobación del Ministerio de Educación Nacional.
• El Ministerio de Educación Nacional podía delegar, a través de contrato, la
administración de los planteles nacionales dependientes de él, a las
secretarias de Educación de los Departamentos o Distrito Especial de
Bogotá, o de las Áreas Metropolitanas que se constituyan y aportar al FER,
las respectivas sumas necesarias para atender al sometimiento de dichos
establecimientos, dentro de las modalidades establecidas en el respectivo
contrato. (porque dichos planteles continuaban siendo nacionales).
Lo anterior no cambiaba la naturaleza de las obligaciones respectivas, que
eran nacionales y debían ser atendidas con recursos nacionales (Situado
Fiscal).
• La Contraloría General de la República, era la competente para ejercer el
control fiscal en relación con los recursos del Situado Fiscal administrados
por los FER, toda vez que dichos recursos seguían siendo del orden nacional
y se destinaban a atender exclusivamente obligaciones de planteles del
orden nacional.
No obstante, la Contraloría General de la Republica podía delegar este
control en las contralorías departamentales. [Esto indica que los recursos del
Situado Fiscal aun después de estar distribuidos en los FER, nunca perdían
su origen y su carácter de recursos nacionales, y por lo tanto era la
Contraloría General la que tenía la competencia para hacer control fiscal
sobre los mismos].
• Conforme al artículo 36 del Decreto ley 3157 de 1968, “(…) En la constitución
y funcionamiento de los fondos y en la delegación administrativa de planteles
educativos nacionales se debe consultar el criterio de integración de los
esfuerzos de la Nación, Departamentos, Distritos y Municipios y aplicar el
principio de centralización de la política educativa y descentralización de la
administración educativa”
• Ahora bien, con la expedición de la Ley 43 de 1975, por medio de la cual se
nacionalizó la educación oficial de primaria y secundaria, en su artículo 6º se
determinó que a los FER les correspondía la administración de los recursos
del presupuesto nacional previstos en esa misma ley para la atención de los
gastos de funcionamiento de los planteles educativos, “con sujeción a los
planes que establezca el Ministerio de Educación Nacional”.
• Los FER fueron reestructurados mediante el Decreto 102 de 1976, a través
del cual se pretendió armonizar la centralización de la política educativa y la
descentralización administrativa propuesta por la Ley 28 de 1974 y la
nacionalización de la educación primaria y secundaria oficial ordenada por la
Ley 43 de 1975, norma que estableció en su artículo 8º que cada FER tendría
tesorería propia, así: “Artículo 8° Cada Fondo Educativo Regional tendrá su
propia Tesorería, a cargo de la cual estará el manejo de los dineros del
situado fiscal educativo y de los demás aportes financieros transferidos al
Fondo (...)” (Se resalta)
• De acuerdo con lo anterior, se tiene que los FER eran parte de la estructura
del sector educativo NACIONAL, cuya función era la administración de
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Demandante: UGPP
Demandado: Alida Chaparro Barrera
recursos del presupuesto general de la Nación DESTINADOS a la educación
A CARGO de la NACIÓN.
En el mismo Decreto 102 del 22 de enero de 1976, en su artículo 1º se
determinó que los planteles a cargo de la NACIÓN serían administrados por
el FER, para lo cual se revisarían y adicionarían los contratos con
gobernadores, intendentes, comisarios y el Alcalde del Distrito Especial de
Bogotá. [Esto implica una administración delegada más no una cesión de
obligaciones ni de recursos].
• Y por su parte, el artículo 12º del aludido Decreto 102 de 1976, precisó en
relación con la naturaleza nacional de los docentes de los planteles
nacionales cuya administración fue delegada a los FER, lo siguiente:
“Artículo 12. Los cargos docentes y administrativos de los planteles
nacionales cuya administración se delega por virtud del presente Decreto,
son cargos nacionales y estarán sometidos al régimen salarial y prestacional
del orden nacional docente o administrativo correspondiente.
“Los funcionarios actualmente en ejercicio en los mencionados planteles no
necesitarán nuevo nombramiento por razón de la descentralización ordenada
en el presente Decreto, pero a partir de la fecha quedan bajo la jurisdicción y
la autoridad de las Juntas Administradoras de los F.E.R., en la entidad
territorial a la cual pertenezca el plantel para el cual hayan sido nombrados
por el Ministerio de Educación Nacional”.
No obstante la delegación, regulada por este Decreto, para la administración
de los colegios nacionales a cargo de los FER, los docentes de dichos
planteles del orden nacional, no perdieron la calidad de docentes nacionales.
Y se continuaron atendiendo con recursos del situado fiscal.
Posteriormente, mediante la Ley 29 de 15 de febrero1989 “Por la cual se
modifica parcialmente la Ley 24 de 1988, y otras disposiciones”, siendo la Ley
24 de 11 de febrero de 1988 por la cual se reestructuró el Ministerio de
Educación Nacional, en su artículo 9º (modificado), estableció que el Alcalde
Mayor del Distrito Especial de Bogotá, y los alcaldes municipales podrían
nombrar, trasladar, remover, controlar y,
en general administrar el personal docente y administrativo de los
establecimientos educativos nacionales o nacionalizados, plazas oficiales de
colegios cooperativos, privados, jornadas adicionales, ajustándose a los
cargos vacantes de las plantas de personal que APRUEBE EL GOBIERNO
NACIONAL y las disponibilidades presupuestales correspondientes;
asimismo, dicha norma asignó a los gobernadores, intendentes, comisarios y
Alcalde Mayor de Bogotá, las funciones de nombrar, remover, controlar y, en
general, administrar el personal administrativo, nacional y nacionalizado, de
los equipos de educación fundamental, precisando que los salarios y
prestaciones sociales de este personal, CONTINUARÍAN A CARGO DE LA
NACIÓN (nacionales y nacionalizados).
No obstante lo anterior, conforme a la misma Ley 29 de 1989, continuaba el
delegado del Ministerio de Educación Nacional, como integrante de la Junta
Administradora del Fondo Educativo Regional, quien asistía con voz pero sin
voto.
Y por su parte, el parágrafo 2º del artículo 9º de la multicitada Ley 29 de 1989,
estableció que: “(…) La Nación no asume responsabilidad alguna por los
nombramientos que excedan las plantas de personal aprobadas por el
Gobierno Nacional para la respectiva jurisdicción municipal y para la
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jurisdicción de la Isla de San Andrés, ni nacionalizará el personal así
designado”(Negrillas fuera del texto)
De otro lado, ya en vigencia de la Ley 60 de 1993, se incorporaron los FER a
las entidades territoriales, con dicha incorporación se dispuso la cesión de
los recursos del situado fiscal de la educación por parte de la Nación a las
entidades territoriales, y la cesión de las obligaciones y servicios a las
referidas entidades territoriales. Así
mismo, conforme al Decreto Reglamentario 2886 de 1994 se determinó la
transición para el funcionamiento y gobierno de los FER en cabeza de las
aludidas entidades territoriales. (...)”
No se comparte la conclusión del fallador de tener los tiempos NACIONALES a
NACIONALIZADOS, dado que teniendo en cuenta la reciente sentencia de unificación
de 21 de junio de 2018, proferida por el Consejo de Estado, se considera que ésta no
hizo distinción en el manejo y naturaleza jurídica del Situado Fiscal, antes y después
de la Ley 60 de 1993. Por ello, las transferencias que la Nación efectuaba a las
entidades territoriales en vigencia del acto legislativo 01 de 1968, desarrollado por la
Ley 46 de 1971, por concepto de Situado Fiscal, no eran recursos propios de las
entidades territoriales, y por ende no puede ser calificados como recursos cedidos
por la Nación a las mencionadas entidades territoriales.
Además, se resalta que no se puede dejar de lado, que los representantes de los
entes territoriales (gobernadores) que hacían parte de los FER, expedía actos de
nombramiento y remoción docente (nacional y nacionalizado), cuando los recursos
de financiación provenían del situado fiscal, para lo cual dichos nombramientos los
realizaban como “delegado” o agente del gobierno central, y bajo el aval del
representante del Ministerio de Educación Nacional, uy no como nominadores de
docentes territoriales4. […]».
II.2. Trámite del recurso extraordinario de revisión
29. El recurso extraordinario de revisión objeto de análisis fue radicado ante la
Secretaría General del Consejo de Estado el 28 de julio de 2020, y luego de
efectuarse el correspondiente reparto, se asignó el conocimiento del mismo a la
Sala Veinte Especial de Decisión, bajo el radicado 11001-03-15-000-2020-03358-
00.
30. En decisión del 1° de octubre de 20215, se admitió el recurso extraordinario y se
ordenó solicitar del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección «B» que allegara copia digital del expediente ordinario con radicado
25000-23-42-000-2014-00446-006.
4
Ley 29 de 1989, art. 9, Decreto 102 de 1976, art. 1, Decreto 3157 de 1968 art. 34.
5
Índice 8 del expediente digital en SAMAI.
6
Se aclara que originalmente se solicitó el expediente 2014-90446-00, porqué así quedó consignado el radicado en la
sentencia objeto de revisión; no obstante, en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca al darle trámite a la solicitud de esta
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31. Mediante auto de 18 de diciembre de 20207 se tuvo por contestada la demanda8,
y se resolvió sobre el decreto y práctica de pruebas.
II.3. Contestación del recurso extraordinario de revisión
32. La señora Alida Chaparro Barrera, por intermedio de su apoderado judicial, se
opuso a las pretensiones del presente recurso extraordinario de revisión,
proponiendo como excepciones las que denominó: (i) improcedencia del recurso, al
estimar que sus causales son taxativas y ninguna aplica para el presente caso; (ii)
cobro de lo no debido, toda vez que el reconocimiento y pago de la pensión gracia
se hizo efectivo a partir del 21 de septiembre de 2012, como lo dispuso la autoridad
judicial y la UGPP, mediante Resolución RDP043670 del 8 de noviembre de 2018,
por lo que la beneficiaria de la prestación actuó de buena fe, y (iii) cosa juzgada, en
la medida que la UGPP nuevamente reabre el debate, sobre el cumplimiento de los
requisitos para el reconocimiento de la pensión gracia, lo que fue objeto de
controversia en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 2014-00446-
00, en el que se analizó la prueba documental aportada.
33. Reiteró el derecho que le asiste al reconocimiento de la pensión gracia por
acreditar en su totalidad los requisitos para acceder a dicha prestación, toda vez
que estuvo vinculada como docente nacionalizada antes del 31 de diciembre de
1980, bajo nombramiento departamental y no de carácter nacional, y atendiendo lo
dispuesto en la ley 91 de 1989.
34. Recalca que la vinculación posterior a 1990, conforme se encuentra certificada
en su historia laboral, no fue objetada por la UGPP.
II.4. Intervención del agente del Ministerio Público
35. El Procurador Segundo Delegado ante el Consejo de Estado guardó silencio9.
Corporación, se tuvo en cuenta el número bajo el cual aparece registrado en el sistema de información Siglo XXI, que es el
2014-00446-00.
7
Índice 20 del expediente digital en SAMAI.
8
Índice 18, expediente digital SAMAI.
9
Ver índice 15 del expediente digital SAMAI – Reparto comunicado por el Procurador Primero Delegado ante el Consejo de
Estado.
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III. CONSIDERACIONES DE LA SALA
III.1. Competencia y oportunidad
36. El artículo 248 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo -en adelante CPACA-, dispone que el recurso extraordinario de
revisión procede en contra de las sentencias ejecutoriadas dictadas por las
Secciones y Subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo
de Estado, por los Tribunales Administrativos y por los jueces administrativos.
37. En tratándose del recurso extraordinario de revisión instaurado en contra de las
sentencias proferidas por las Secciones y Subsecciones del Consejo de Estado, el
artículo 249 del CPACA prevé que la competencia radica en la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, sin exclusión de la Sección que
profirió la decisión.
38. En ese sentido, es oportuno mencionar que, de conformidad con el artículo 107
ibidem, las Salas Especiales de Decisión del Consejo de Estado decidirán los
procesos sujetos al conocimiento de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo
de la Corporación que esta última les encomiende, salvo en los procesos de pérdida
de investidura y de nulidad por inconstitucionalidad.
39. Al respecto, se tiene que el artículo 29 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 –
Reglamento Interno del Consejo de Estado–, al asignar los asuntos de conocimiento de
las Salas Especiales de Decisión de esta Corporación, dispuso lo siguiente:
«ARTÍCULO 29.- Las Salas Especiales de Decisión decidirán los siguientes
asuntos de competencia de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo:
1. Los recursos extraordinarios de revisión interpuestos contra las sentencias
de las Secciones o Subsecciones del Consejo de Estado. […]». (negrilla fuera del
texto)
40. Por otra parte, el artículo 251 del CPACA prevé que este recurso extraordinario
debe interponerse dentro del año siguiente a la ejecutoria de la respectiva sentencia,
mediante demanda que debe reunir los requisitos establecidos en el artículo 252
ejusdem, con indicación precisa y razonada de la causal en que se funda,
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acompañada de los documentos necesarios y de las pruebas documentales que el
recurrente tenga en su poder y que pretenda hacer valer.
41. También precisa la norma que, en tratándose de los asuntos previstos en el
artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el recurso deberá interponerse dentro de los cinco
(5) años siguientes a la ejecutoria de la providencia judicial.
42. En el presente caso, la Unidad Administrativa de la Gestión Pensional y
Parafiscales de la Protección Social - UGPP, mediante escrito presentado el 28 de
julio de 2020, interpuso el recurso extraordinario de revisión en contra de la
sentencia de 21 de julio de 2018, proferida por la Subsección «B», de la Sección
Segunda, del Consejo de Estado, dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 25000-23-42-000-2013-00446-01
[ejecutoria del 10 de agosto de 2018], con fundamento en la causal consagrada en
el artículo 20, letra b), de la Ley 797 de 2003.
43. En consecuencia, la Sala es competente para decidir el recurso extraordinario de
revisión de la referencia, en la medida en que el mismo fue instaurado
oportunamente y fue promovido en contra de una sentencia ejecutoriada proferida
por la Subsección «B», de la Sección Segunda, del Consejo de Estado, motivo por
el cual se cumplen los presupuestos procesales para el estudio de fondo del mismo.
III.2. Aspectos generales del recurso extraordinario de revisión
44. El recurso extraordinario de revisión, como excepción al principio de la cosa
juzgada que ampara las sentencias ejecutoriadas, ha sido instituido por el legislador
para enmendar los errores o ilícitos cometidos en la expedición de tales
providencias.
45. El citado recurso procede por las causales taxativas que en cada caso haya
definido el legislador, y tiene como propósito garantizar la justicia real y material
como valor fundante del Estado de Derecho, tal y como lo sostuvo la Corte
Constitucional en sentencia C-871 de 2003, en la cual señaló lo siguiente:
«Con todo, el principio de la cosa juzgada no tiene carácter absoluto pues puede
llegar a colisionar con la justicia material del caso concreto. Para enfrentar tal
situación se ha consagrado la acción de revisión, la cual permite en casos
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excepcionales dejar sin valor una sentencia ejecutoriada en aquellos casos en que
hechos o circunstancias posteriores a la decisión judicial revelan que ésta es injusta.
En este sentido puede afirmarse que la revisión se opone al principio “res iudicata
pro veritate habertur” para evitar que prevalezca una injusticia, pues busca aniquilar
los efectos de la cosa juzgada de una sentencia injusta y reabrir un proceso ya
fenecido […]».
46. Así las cosas, y en la medida en que a través de este recurso se puede ver
alterada la certeza brindada por la cosa juzgada, el mismo procede por las causales
taxativamente señaladas por la ley, imposibilitando alegar o acudir a otras10;
taxatividad que resulta razonable, pues se trata de un mecanismo que modifica
providencias que se consideraban inmutables y definitivas, razón por la cual los
motivos que dan lugar a la revisión deben ser aplicados e interpretados en sentido
restringido11.
III.2.1. De las causales especiales de revisión previstas en la Ley 797 de 2003
47. Comoquiera que en el presente proceso se invoca una causal de revisión prevista
en la Ley 797 de 2003, es menester indicar que dicha ley previó dos razones
cualificadas de revisión para efectos de controvertir providencias judiciales que
reconocen la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de
cualquier naturaleza con cargo al tesoro público o a fondos de naturaleza pública.
El siguiente, es el texto de la norma:
«Artículo 20. Revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del
tesoro público o de fondos de naturaleza pública. Las providencias judiciales
que en cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan
al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas
periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por
el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus
competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor
General de la República o del Procurador General de la Nación.
La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una
transacción o conciliación judicial o extrajudicial.
10 Corte Constitucional. Sentencia C – 0004 de 20 de enero de 2003. Magistrado Ponente: doctor Eduardo Montealegre
Lynett.
11 Ibidem.
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La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario
de revisión por el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier tiempo por las
causales consagradas para este en el mismo código y además:
a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido
proceso, y
b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo
con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables12
[…]» (negrilla fuera del texto) (los apartes subrayados fueron declarados inexequibles por la
Corte Constitucional mediante sentencia C-835 de 2003)
48. La Corte Constitucional, en la sentencia C-835 de 200313, señaló que la transcrita
norma estableció una acción de revisión sui generis, cuyo ejercicio tiene las
siguientes características: (i) está restringido a una parte activa calificada, es decir,
son determinadas entidades las llamadas a instaurarla; (ii) procede únicamente por
dos causales específicas que tienen por finalidad la protección y recuperación del
patrimonio público, y (iii) su objeto es delimitado y el análisis se dirige a establecer
la legalidad de las sumas periódicas que han sido reconocidas.
49. Esta Sala recuerda que en la exposición de motivos del Proyecto de Ley 56 de
2002 – Senado, que dio origen a la promulgación de la Ley 797 de 2003, en lo
referente a la enunciación de las causales de procedencia del recurso extraordinario
de revisión, destacó que el objeto de la regulación no es otro que afrontar los graves
casos de corrupción en materia de reconocimiento pensional y evitar la continuidad
del pago de pensiones que hayan sido reconocidas por montos superiores a
aquellos determinados por la ley14.
50. En los términos que se señalan a continuación se motivó el proyecto de
articulado:
«Artículos 20 y 21. Revisión y revocatoria de pensiones. Estos artículos
contemplan la posibilidad de revisar las decisiones judiciales, las conciliaciones
o las transacciones que han reconocido pensiones irregularmente o por montos
que no corresponden a la ley. Así mismo, se contempla la posibilidad de revocar las
pensiones irregularmente otorgadas. De esta manera, se permite afrontar los graves
12 La expresión subrayada fue declarada inexequible por la Corte Constitucional en sentencia C-835 de 23 de septiembre de
2003, como se explicará infra.
13 Corte Constitucional. Sentencia C – 835 de 23 de enero de 2003. M.P.: Jaime Araújo Rentería.
14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia de 21 de junio de
2018. Radicación: 11001 03 25 000 2014 00830 00. M.P.: Rafael Francisco Suárez Vargas.
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casos de corrupción en esta materia y evitar los grandes perjuicios que pueda sufrir la
Nación15. […]» (negrilla fuera del texto)
51. Con fundamento en lo anterior, esta Corporación ha precisado que el legislador
dotó -tanto a las entidades públicas pagadoras de pensiones como a los entes de control-
de herramientas judiciales que les habilitan la posibilidad de solicitar la corrección
de los reconocimientos pensionales que se encuadren en dichas causales.
52. Tales herramientas se establecieron con el propósito de fortalecer el principio de
moralidad que debe preceder la actividad de reconocimiento pensional y buscan
enfrentar la corrupción, así como la sostenibilidad fiscal del sistema, debido a que
el pago de las pensiones se sustenta en los recursos del erario, lo que impone un
examen más exigente y riguroso frente a los montos que se autorizan16.
53. Visto lo anterior, la Sala procederá a efectuar el análisis de fondo tanto de los
argumentos expuestos en la demanda como en la contestación de la misma, para,
luego, determinar si, en el presente caso, se configura la causal extraordinaria de
revisión invocada por el recurrente.
III.3. Problema jurídico
54. Corresponde a la Sala determinar si, en el presente caso, se configura la causal
de revisión prevista en la letra b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, esto es, si
la cuantía del derecho reconocido en la sentencia objeto de revisión excede lo
debido de acuerdo con el ordenamiento jurídico, en tanto que, a juicio del recurrente,
para el reconocimiento de la pensión gracia se tuvieron en cuenta los tiempos
servidos por la señora Alida Chaparro Barrera como docente oficial pero que fueron
pagados con recursos públicos de la Nación, motivo por el cual no se cumplían los
requisitos de la Ley 114 de 1913.
55. Para resolver lo anterior, se analizarán: (i) los requisitos para reconocer la
pensión gracia; (ii) la situación de los docentes nombrados por autoridades
territoriales con cargo a los recursos del situado fiscal o del sistema general de
participaciones y los Fondos Educativos Regionales (FER); (iii) la pensión gracia en
15 Gaceta del Congreso 350 del 23 de agosto de 2003, páginas 12 a 17.
16 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sala Cuarta Especial de Decisión. Sentencia de 1 de agosto
de 2017. Radicación: 2016 – 2022. M.P.: Lucy Jeannette Bermúdez.
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Radicación: 11001-03-15-000-2020-03358-00
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el caso concreto, y posteriormente se emitirá pronunciamiento en relación con (iv)
la configuración o no de la causal contenida en el literal b), del artículo 20, de la Ley
793 de 2003.
III.3.1. Los requisitos para reconocer la pensión gracia
56. La pensión gracia de jubilación fue creada por la Ley 114 de 191317, en favor de
los maestros de las escuelas primarias oficiales que hayan prestado sus servicios
en el magisterio por un término no menor de 20 años; sin embargo, posteriormente
se extendió a los empleados y profesores de las escuelas normales y a los
inspectores de instrucción pública, en virtud del artículo 6º de la Ley 116 de 1928,
norma que determinó que, para el cómputo de los años de servicio, se podían sumar
los servicios prestados en diversas épocas, tanto en el campo de la enseñanza
primaria como en la normalista, al igual que el de la inspección en el sistema
educativo.
57. Igualmente, el artículo 3º, inciso segundo, de la Ley 37 de 1933, extendió el
reconocimiento de esta pensión a los docentes que hayan completado los años de
servicio señalados en la ley en establecimientos de enseñanza secundaria.
58. Posteriormente, el artículo 15, numeral 2, literal a), de la Ley 91 de 1989 18, dispuso
que los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980, que por mandato de
17
Señaló la Ley 114 de 1913, lo siguiente:
[…] Artículo 1º.- Los Maestros de Escuelas Primarias oficiales que hayan servido en el magisterio por un término no menor
de veinte años, tienen derecho a una pensión de jubilación vitalicia, en conformidad con las prescripciones de la presente
Ley. Artículo 15 Ley 91 de 1989 Artículo 19 Ley 4 de 1992
[…]
Artículo 4º.- Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el interesado compruebe:
1. Que en los empleos que ha desempeñado se ha conducido con honradez y consagración.
2. (Derogado por la Ley 45 de 1931).
3. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional. Por consiguiente, lo dispuesto
en este inciso no obsta para que un Maestro pueda recibir a un mismo tiempo sendas pensiones como tal, concedidas por la
Nación o por un Departamento Ver Artículo 19 Ley 4 de 1992 Artículo 6 Ley 60 de 1993 Decreto Nacional 224 de 1972
Nota: Esta vigente el régimen de excepción para el personal docente en materia de edad. En el sector docente la edad y el
tiempo de servicios es la misma para el hombre y la mujer o sea 50 años y 20 años de servicios.
4. Que observe buena conducta.
1. (Derogado artículo 8 Ley 45 de 1931).
6. Que ha cumplido cincuenta años, o que se halla en incapacidad por enfermedad u otra causa, de ganar lo necesario para
su sostenimiento […].
18
Artículo 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y nacionalizado y el que se vincule con
posterioridad al 1 de enero de 1990 será regido por las siguientes disposiciones: […]
2.- Pensiones:
Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de
1933 y demás normas que las hubieren desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia,
se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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las precitadas normas tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia,
se les reconocería tal prestación siempre que cumplieran con todos los requisitos
para el efecto, resaltando que la misma será compatible con la pensión ordinaria de
jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación.
59. En el mismo sentido, el artículo 15 de la Ley 91 de 1989 reitera que, dentro del
grupo de beneficiarios de la pensión gracia, no quedan incluidos los docentes
nacionales19 sino, exclusivamente, los nacionalizados que cumplieran la totalidad de
requisitos establecidos en la Ley 114 de 1913.
60. En armonía con lo anterior, la Sala Plena del Consejo de Estado20 en la sentencia
de 26 de agosto de 1997, precisó que a esta prestación sólo acceden aquellos
docentes que hubieran prestado los servicios en planteles municipales, distritales o
departamentales y los que tienen el carácter de docentes nacionalizados, de tal
manera que quedan excluidos del beneficio de la pensión gracia, los docentes
nacionales, es decir, los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno
Nacional.
Caja Nacional de Previsión Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación,
aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación […]”.
19
“El numeral 3º del artículo 4º de la ley 114 de 1913 prescribe que para gozar de la gracia de la pensión es preciso que el
interesado, entre otras cosas, compruebe “Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter
nacional…”. De lo anterior se establece, de manera inequívoca, que la pensión gracia no puede ser reconocida a favor de un
docente nacional, pues constituye requisito indispensable para su viabilidad que el maestro no reciba retribución alguna de la
Nación por servicios que le preste, o que no se encuentre pensionado por cuenta de ella. Por ende, los únicos beneficiarios
de tal prerrogativa eran los educadores locales o regionales […]”. Consejo de Estado, Sección Segunda - Subsección "A".
Consejero Ponente: Nicolás Pájaro Peñaranda. Bogotá, D.C., 7 de octubre de 2004. Radicación Número: 25000-23-25-000-
2001-9281-01(5365-03). Actor: Gonzalo Castillo Hernández. Demandado: Caja Nacional de Previsión Social.
20
“[…] También, que dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan incluidos los docentes nacionales sino,
exclusivamente, los nacionalizados que, como dice la Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta el 31 de
diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia (…) siempre y cuando cumplan con la totalidad
de requisitos”. Y, por último, que sin la ley 91 de 1989, en especial la norma contenida en el literal A, numeral 2, de su artículo
15, dichos servidores no podrían beneficiarse del reconocimiento de tal pensión, pues habiéndose nacionalizado la educación
primaria y secundaria oficiales, dicha prestación, en realidad, no tendría el carácter de graciosa que inicialmente le asignó la
ley. […]”. Consejero ponente: Magistrado Nicolás Pájaro Peñaranda.
En el mismo sentido, entre otras, esta Corporación ha señalado lo siguiente: “De lo anterior, se infiere que el derecho a la
pensión gracia lo mantienen los docentes nacionalizados y territoriales que se hubieren vinculado hasta el 31 de diciembre
de 1980, descartándose así para aquellos que siendo nacionales hubieren sido nombrados dentro de dicho límite temporal.
Es claro entonces, que el tiempo de servicio corresponde a 20 años que deben ser prestados exclusivamente en instituciones
educativas territoriales o nacionalizadas.” Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. Consejera Ponente: Sandra
Lisset Ibarra Vélez. Bogotá D.C, 6 de abril de 2017. Radicación Número: 52001-23-31-000-2014-00270-01(0585-16).
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21
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III.3.2. La situación de los docentes nombrados por autoridades territoriales
con cargo a los recursos del situado fiscal o del sistema general de
participaciones y los Fondos Educativos Regionales -FER-
61. Destaca la Sala que, el asunto objeto de controversia había generado diferentes
criterios de interpretación tanto en el interior de la Sección Segunda de esta
Corporación como en toda la jurisdicción de lo contencioso administrativo, lo que
conllevó a que la Sección Segunda profiriera la sentencia de unificación SUJ-11-
S2 de 21 de junio de 201821, en la que se abordó lo concerniente al origen y
naturaleza jurídica de los recursos girados a las entidades territoriales provenientes,
en su momento, del situado fiscal y, posteriormente, del sistema general de
participaciones; y, además, se debatió la incidencia de los fondos educativos
regionales (FER) frente al tema del reconocimiento de la pensión gracia. La
sentencia en comento precisó lo siguiente:
«3.5. Conclusiones preliminares: reglas de unificación.
i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a las entidades
territoriales, en vigencia de la Carta de 1886 y hasta cuando permanecieron en vigor
en la Constitución de 1991, no obstante [,] su origen o fuente nacional, una vez se
incorporaban a los presupuestos locales pasaban a ser de propiedad exclusiva de los
referidos entes en calidad de rentas exógenas.
ii) Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los recursos que les
gira la Nación, provenientes del sistema general de participaciones, por asignación
directa del artículo 356 de la Carta Política de 1991.
iii) La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos regionales no
solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las entidades territoriales por
concepto del situado fiscal, sino que también correspondía a los entes locales destinar
parte de su presupuesto para atender al sostenimiento de los referidos fondos
educativos (artículos 29 del Decreto 3157 de 1968; y 60, inciso 2.º, de la Ley 24 de
1988).
iv) Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que generaban los
servicios educativos de los docentes nacionales y nacionalizados 22, resulta factible
colegir de manera razonada que lo propio acontecía con algunas de las erogaciones
salariales originadas por el servicio que prestaban los educadores territoriales, ya que
los recursos destinados para tal fin provenían tanto de la Nación —situado fiscal—
como de las entidades territoriales, y además, en uno y otro caso, el universo de esos
recursos le pertenecía de forma exclusiva a los entes locales dado que ingresaban a
21
Consejero Ponente: Carmelo Perdomo Cuéter, radicado 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
22
Al respecto se puede consultar el Decreto 3157 (artículo 34) de 1968, la Ley 43 (artículo 6) de 1975, el Decreto 102 de
1976, la Ley 24 (artículo 54) de 1988, y el Decreto 1706 (artículo 10) de 1989.
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sus presupuestos en calidad de rentas exógenas y endógenas.
v) Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se
convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación interviene,
además del representante legal de la entidad territorial, el delegado permanente del
Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta administradora del
respectivo fondo educativo regional, así, este último, certifique la vacancia del cargo
junto con la disponibilidad presupuestal23; y (ii) por el argumento de que los recursos
destinados para su sostenimiento tienen su origen o fuente en la Nación.
vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con
suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto
como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva
certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el
tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter
territorial.
vii) Origen de los recursos de la entidad nominadora. Lo esencialmente relevante, frente
al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es,
que sea de carácter territorial o nacionalizada, pues conforme a los lineamientos fijados
por la Sala en esta providencia, en lo que respecta a los educadores territoriales, el
pago de sus acreencias provenía directamente de las rentas endógenas de la
respectiva localidad, o de las exógenas —situado fiscal— cuando se sufragaban los
gastos a través de los fondos educativos regionales; y en lo que tiene que ver con los
educadores nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se enmarcan en los
recursos del situado fiscal, hoy sistema general de participaciones.
En los anteriores términos ha de entenderse rectificada cualquier decisión que en
sentido disímil haya adoptado alguna de las salas de subsección en el pretérito. […]».
62. Cabe señalar que la aludida sentencia de unificación dispuso la aplicación
retrospectiva a los casos pendientes de resolución de las anteriores reglas, no así
en relación con los ya resueltos por la jurisdicción contencioso administrativa, dado
que sobre estos opera el principio de cosa juzgada.
63. Del mismo modo, se resalta que el tema central en la unificación radicó en
determinar que los FER atendían los gastos que generaban los servicios educativos
de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, y que los fondos
destinados para tal fin provenían de la Nación -situado fiscal- y de las entidades
territoriales, razón por la cual los docentes territoriales y/o nacionalizados no se
convierten en educadores nacionales, por el origen de los recursos de la entidad
nominadora si provienen de la Nación, ni tampoco porque el Ministerio de
23
Artículo 73 (numerales 8 y 15) del Decreto 525 de 1990.
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Educación certifique la disponibilidad presupuestal. En tal sentido, debe recordarse
que esa situación no muta el tipo de vinculación del docente, pues este se
encuentra determinado por el carácter de la plaza que se va a ocupar24.
64. El anterior análisis se ratificó por la Corte Constitucional en la sentencia SU-014
de 202025, cuando al pronunciarse respecto del origen de los recursos necesarios
para atender el proceso de nacionalización de la educación a cargo de los entes
territoriales, el Alto Tribunal indicó lo siguiente:
«52. De la normatividad transcrita y atendiendo las particularidades del presente
asunto, es posible concluir que la Ley 43 de 1975 y el Decreto 102 de 1976 introdujeron
importantes modificaciones en cuanto al funcionamiento de los Fondos Educativos
Regionales. Efectivamente, la primera determinó que los recursos para atender el
proceso de nacionalización de la educación a cargo de los entes territoriales serían
administrados por los mencionados Fondos; el segundo estableció que, en virtud de la
descentralización administrativa del servicio de educación, los planteles con carácter
nacional y los que se nacionalizaran a partir de la fecha de expedición del acto, serían
administrados por los FER.
Por otra parte, queda claro que estos organismos se componían de recursos
provenientes de las entidades territoriales y de la Nación; además, que en virtud del
señalado proceso de nacionalización, esta última aplicó al pago de la educación
primaria y secundaria los rubros del Situado Fiscal y de la participación en el impuesto
a las ventas.
[…]
76. Así las cosas, el entendimiento sistemático de las normas transcritas permite
concluir que los FER se encontraban conformados por recursos de los territorios y de
la Nación por concepto del magisterio nacional y nacionalizado. En otras palabras, a
pesar de la evolución normativa de los Fondos, se conservaron incólumes las
transferencias procedentes de los gobiernos regionales y del nacional26; por lo que,
contrario a lo interpretado por las autoridades judiciales accionadas, estos organismos
no administraban exclusivamente recursos del presupuesto general de la Nación.
[…]
80. […]
Lo expuesto también permite concluir que la circunstancia de que los recursos del
Situado Fiscal pudiesen ser considerados hacienda del gobierno central o con origen
24
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 14 de abril de 2021, 11001-0325-000-2016-01176-
00(5253-16), UGPP vs Julio César Peña, acción especial de revisión, causal de revisión literal b) del artículo 20 de la Ley 797
de 2003.
25
Corte Constitucional, M. P. José Fernando Reyes Cuartas. 22 de enero de 2020. Acción de tutela de Carmen Sofía Pérez
Acevedo contra el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
26
Situado Fiscal, impuesto a las ventas y caudales para el sostenimiento de los educadores nacionales.
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en el mismo, no influye en la determinación de la calidad nacional del educador. En
todo caso, se destaca que dicha transferencia fue aplicada desde la Ley 46 de 1971 a
la educación primaria (territorial), y luego de la Ley 43 de 1975 se continuó destinando
a la educación nacionalizada, por lo que, de llegarse a advertir que el profesor era
pagado con fondos del Situado Fiscal, efectivamente sería posible llegar a la conclusión
de que no se trataba de un nombramiento nacional. A la par, el proceso de
nacionalización del magisterio territorial no implicó la conversión automática a la
categoría de docentes nacionales, ya que, como sabemos, tenían un régimen
prestacional diferente.
81. Así pues, el punto de partida para evaluar la categorización de la educación lo
determina la naturaleza jurídica del vínculo definido en el artículo 1º la Ley 91 de
198927, esto es, la plaza a ocupar, no la fuente de financiación. Y tal autorizado
criterio proviene de la interpretación recientísima del Consejo de Estado28». (negrilla
fuera del texto).
65. Para la Sala, a partir de los antecedentes legales y jurisprudenciales expuestos
con antelación, no cabe duda que el origen de los recursos o fuente de financiación,
no es el determinante de la naturaleza del vínculo del docente oficial, sino la plaza
a ocupar en los términos definidos por el artículo 1° de la Ley 91 de 1989.
66. En armonía con lo anterior, a manera de corolario, para tener derecho a la
pensión gracia se requiere cumplir con los siguientes requisitos: (i) tener más de 50
años de edad; (ii) haber trabajado como docente oficial territorial (municipal, distrital
o departamental) o nacionalizado, por más de 20 años contínuos o discontínuos;
(iii) haber trabajado como docente oficial territorial antes del 1° de enero de 1981; y
(iv) desempeñarse con honradez, consagración y buena conducta durante este
tiempo.
III.3.3 El reconocimiento de la pensión gracia en el caso concreto
67. La señora Alida Chaparro Barrera nació el 13 de marzo de 1955, lo que significa
que cumplió 50 años el 13 de marzo de 2005. Por ende, para la fecha en que solicitó
el reconocimiento de la pensión gracia -20 de septiembre de 2013-, cumplía con el
27
“Artículo 1. Para los efectos de la presente Ley, los siguientes términos tendrán el alcance indicado a continuación de cada
uno de ellos: // Personal nacional. Son los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno Nacional. // Personal
nacionalizado. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad territorial antes del 1 de enero de 1976 y los
vinculados a partir de esta fecha, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975. // Personal territorial. Son los
docentes vinculados por nombramiento de entidad territorial, a partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito
establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975”.
28
En particular, esta es la postura consolidada recientemente por el Consejo de Estado. Al respecto, la Sección Segunda del
Consejo de Estado, en la citada providencia de unificación de sección del 18 de junio de 2018, indicó: “Lo determinante no
es de dónde provienen los fondos si no la plaza a ocupar”. (Énfasis añadido).
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25
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requisito contemplado en el numeral 6° del artículo 4 de la Ley 114 de 1993,
respecto de la edad.
68. En relación con el tiempo de servicio prestado por la demandante, antes del 1°
de enero de 1981, que es el periodo objetado por la UGPP, de interés para el sub
judice, obran las siguientes pruebas en el expediente del proceso ordinario:
✓ Decreto 215 de 14 de marzo de 1975 «por el cual se hacen unos
nombramiento de Personal Docente Secundaria al servicio de la Secretaría de
Educación de la Intendencia Nacional de Casanare» (ff. 9 y 10).
✓ Decreto 50 de 19 de febrero de 1976, se le aceptó la renuncia a la
demandante, quien laboraba en el Colegio Juan José Rondón de Paz de
Ariporo, como profesora aspirante, a partir del 14 de febrero de 1976 (f. 150).
✓ Resolución 1001 del 3 de septiembre de 1982, que la nombró como docente
interina en la Concentración Urbana Marco Fidel Suárez en el municipio de
Yopal, por el término de 56 días - desde el 1° de septiembre hasta el 26 de
octubre de 1982- (f. 12).
✓ Resolución 226 del 16 de mayo de 1985, que la nombró en interinidad, por
el término de 32 días, esto fue, entre el 13 de mayo y el 13 de junio de 1985
(f. 13).
✓ Decreto 33 de 3 de junio de 1987 la nombró como profesora de la
concentración rural de Santa Fe de Morichal, en el municipio de Yopal, del que
tomó posesión a partir del 10 de junio siguiente según consta en el acta 22 (ff.
14 y 15).
✓ Decreto 7 del 18 de mayo de 1988, se le aceptó la renuncia a partir del 17
de mayo de 1988, al cargo que venía desempeñando (f. 16).
✓ Constancia expedida por la directora administrativa de la secretaría de
educación de Casanare de 20 de noviembre de 2013, respecto de su
vinculación como docente nacionalizada en el departamento de Casanare (ff.
7 y 8).
✓ Certificado de 10 de enero de 2014 de Fomag-secretaría de educación del
Casanare, respecto de la vinculación como docente nacionalizada, por los
periodos comprendidos entre el 14 de marzo de 1975 y el 14 de febrero de
1976, entre el 1° de septiembre y 26 de octubre de 1982, entre el 2 de mayo y
15 de junio de 1983, entre el 13 de mayo y 13 de junio de 1985, y entre el 10
de junio de 1987 y el 17 de mayo de 1988 y el (ff. 4 a 6)
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69. Así
las cosas, la señora Alida Chaparro Barrera prestó sus servicios como
docente, antes del 1° de enero de 1989, así:
Tipo de Lugar Acto Administrativo Periodo
nombramiento
Docente Institución Educativa Decreto 215 de Del 14/03/75 al
departamental Juán José Rondón de 14/03/75 firmado por 14/02/76
Paz de Ariporo el Intendente Nacional
de Casanare y el
secretario de
educación.
(aportado y se
menciona en la
certificación y
constancia)
Docente interino Concentración urbana Resolución 1001 del Del 01/09/82 al
Marco Fidel Suárez de 03/09/82, suscrito por 26/10/82
Yopal el Intendente de
Casanare, como
Presidente de la Junta
Administradora FER
del Casanare,
secretario de
educación y el
delegado del MEN
ante el FER de
Casanare.
(aportado y se
menciona en la
certificación y
constancia)
Docente interino Concentración urbana Resolución 361 del Del 02/05/83 al
Marco Fidel Suárez de 26/04/83 15/06/83
Yopal
(no se aporta)
Docente interino Concentración urbana Resolución 226 del Del 13/05/85 al
Marco Fidel Suárez de 16/05/85 suscrito por 13/06/85
Yopal el Intendente de
Casanare, como
Presidente de la Junta
Administradora FER
del Casanare,
secretario de
educación y el
delegado del MEN
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Demandado: Alida Chaparro Barrera
ante el FER de
Casanare.
(aportado y se
menciona en la
certificación y
constancia)
Docente Concentración urbana Decreto 33 del Del 10/06/87 al
Santa Fe de Morichal 03/06/87 suscrito por 17/05/88
de Yopal el Intendente de
Casanare, como
Presidente de la Junta
Administradora FER
del Casanare,
secretario de
educación y el
delegado del MEN
ante el FER de
Casanare.
(aportado y se
menciona en la
certificación y
constancia)
70. Del mismo modo, las certificaciones allegadas son unívocas en señalar la clase
de vinculación del docente –Nacionalizado- y al tiempo de servicio, prestado –25 años
y 6 meses-.
71. Posteriormente, según «FORMATO ÚNICO PARA EXPEDICIÓN DE
CERTIFICADO DE HISTORIA LABORAL», expedida por la Alcaldía Mayor de
Bogotá D. C. – secretaría de educación, la señora Alida Chaparro Barrera se vinculó
como docente en primaria del Distrito Capital y fue nombrada en propiedad, desde
el 8 de febrero de 1993 hasta el 21 de febrero de 2006. Nuevamente fue reintegrada
a partir del 19 de junio de 2008, resaltando que su vínculo continuaba vigente al
momento de la presentación de la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho (ff. 17 y 18 expediente ordinario).
72. Del material probatorio recaudado en el expediente, es dable arribar a las
siguientes conclusiones: (i) la señora Alida Chaparro Barrera trabajó como docente
oficial por más de 20 años; (ii) el primer periodo prestado como docente por la
señora Chaparro Barrera inició antes del 31 de diciembre de 1980; (iii) la citada
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señora laboró como docente de primaria, y (iv) no registra inhabilidades y acreditó
desempeñarse con buena conducta.
73. La Sala pone de relieve que el artículo 1º de la Ley 91 de 1989 29 clasificó a los
docentes, para efectos de las prestaciones económicas, como territoriales,
nacionales y nacionalizados, en los siguientes términos:
[…] Artículo 1º.- Para los efectos de la presente Ley, los siguientes términos tendrán el
alcance indicado a continuación de cada uno de ellos:
1. Personal nacional. Son los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno
Nacional.
2. Personal nacionalizado. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad
territorial antes del 1 de enero de 1976 y los vinculados a partir de esta fecha, de
conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975.
3. Personal territorial. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad
territorial, a partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito establecido
en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975 […]
74. En este orden de ideas, la Sala resalta que las certificaciones allegadas acreditan
plenamente que la señora Alida Chaparro Barrera prestó sus servicios en las sedes
educativas oficiales de Juán José Rondón de Paz de Ariporo, Marco Fidel Suárez de
Yopal y Santafé de Morichal de Yopal, del departamento del Casanare, y que tenía
un vínculo docente -de carácter nacionalizado- con las ya referidas instituciones, el
mismo que mantuvo al trabajar posteriormente como docente en el Distrito Capital
de Bogotá.
III.3.4 De la configuración o no de la causal contenida en el literal b) del artículo
20 de la Ley 793 de 2003 - la cuantía del derecho reconocido excede lo debido
de acuerdo con la ley -
75. Con fundamento en las anteriores premisas, la Sala concluye que no se
configura la causal del literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, por cuanto el
reconocimiento de la pensión gracia en favor de la señora Alida Chaparro Barrera
se otorgó al amparo del ordenamiento jurídico superior, puesto que la entonces
accionante logró demostrar que cumplía con todos los requisitos exigidos para ser
29
«Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio».
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beneficiaria de dicha prestación, en tanto que prestó sus servicios en dos etapas.
76. La primera, comprendida entre el 14/03/75 y el 17/05/88 – con sus interrupciones
– periodo correspondiente a los servicios docentes prestados en el nivel primaria en
el hoy departamento del Casanare en plazas territoriales, y la segunda, por su
trabajo como docente de primaria en propiedad en el Distrito Capital de Bogotá
desde el 8 de febrero de 1993 hasta el 21 de febrero de 2006 y nuevamente
reintegrada a partir del 19 de junio de 2008 hasta la adquisición de su estatus
pensional -lo que ocurrió 21 de septiembre de 2012-.
77. De manera que, si bien es cierto que existe certeza en torno a que a la señora
Alida Chaparro Barrera actuó como docente oficial en los años 1982, 1985, 1987 y
1988 en razón de un nombramiento que se realizó con la intervención del Fondo
Regional de Casanare -FER-, ello no se traduce en que su vínculo laboral responda
a la categoría de docente de carácter nacional, puesto que, como se ha venido
explicando a lo largo de esta providencia, lo verdaderamente importante para
efectos del reconocimiento de la pensión gracia es el carácter territorial o
nacionalizado de la respectiva plaza educativa, al margen del origen de los recursos
que financiaban los salarios y prestaciones de los educadores.
78. Significa lo anteriormente expuesto que, aunque a la señora Alida Chaparro
Becerra se le cancelaron sus salarios con recursos del situado fiscal y del sistema
general de participaciones, ello no se traduce en que su vínculo laboral responda a
la categoría de docente de carácter nacional, puesto que, como se ha venido
explicando a lo largo de esta providencia, lo verdaderamente importante para
efectos del reconocimiento de la pensión gracia es el carácter territorial o
nacionalizado de la respectiva plaza educativa, al margen del origen de los recursos
que financiaban los salarios y prestaciones de los educadores, tal como ya se ha
señalado en anteriores pronunciamientos que definieron controversias similares a
las que ocupan la atención de la Sala30.
79. En este orden de ideas, la señora Alida Chaparro Barrera logró acreditar los
requisitos necesarios para acceder a la pensión gracia, consistentes en: (i) haber
prestado los servicios como docente territorial por más de 20 años, vinculada antes
30
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencias del 14 de abril de 2021, radicados:11001-0325-000-2016-
01176-00(5253-16) y 1101-0325-000-2016-00303-00 (1721-16), UGPP vs Julio César Peña y UGPP vs María Stella Corrales
de Díaz, acción especial de revisión, causal de revisión letras a y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
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Demandante: UGPP
Demandado: Alida Chaparro Barrera
del 31 de diciembre de 1980, esto es, desde el 14 de marzo de 1975; (ii) contar con
50 años de edad, pues nació el 13 de marzo de 1955, y (iii) observar buena conducta
en su desempeño en calidad de docente.
III.4. De la condena en costas
80. La Sala de Decisión estima que no obstante la falta de prosperidad del recurso
de revisión impetrado, no habrá lugar a condenar en costas, por tratarse de una
controversia de interés público y en atención a lo establecido en el artículo 188 de
la Ley 1437 de 201131 -CPACA-.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sala Veinte Especial de Decisión, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión
interpuesto por Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Parafiscales de
la Protección Social - UGPP- en contra de la sentencia de 21 de junio de 2018,
proferida por la Subsección «B», de la Sección Segunda, del Consejo de
Estado, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado
25000-23-42-000-2013-00446-01, según lo expuesto en las consideraciones de
esta decisión.
SEGUNDO: NEGAR la condena en costas, por las razones expuestas en la parte
motiva de este proveído.
TERCERO: ARCHIVAR el expediente del recurso extraordinario de revisión,
cumplido lo anterior y previas las anotaciones pertinentes en el sistema de
información de gestión de procesos y manejo documental Justicia XXI y SAMAI.
31
Que establece: «Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en
costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil».
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Radicación: 11001-03-15-000-2020-03358-00
Demandante: UGPP
Demandado: Alida Chaparro Barrera
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en sesión de la fecha.
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente Aclara voto
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGUELLO JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Consejera de Estado Consejero de Estado
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Consejero de Estado
Aclara voto
CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sala Veinte Especial de Decisión
en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con la ley. P (6)
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