Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2020-03428-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2020-03428-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2020-03428-00
Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez
21 de junio de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA VEINTITRÉS (23) ESPECIAL DE DECISIÓN
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá, D.C., veintiuno (21) de junio de dos mil veintidós (2022)
Expediente: 11001-03-15-000-2020-03428-00 (5424)
Demandante: Unidad Administrativa de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -
UGPP-
Demandado: Abelardo Enrique Flórez de la Cruz
Referencia: Recurso extraordinario de revisión
Procede la Sala a resolver el recurso extraordinario de revisión interpuesto contra
la sentencia del 10 de diciembre de 2015 proferida por la Sección Segunda,
Subsección B del Consejo de Estado, por medio de la cual se confirmó la sentencia
de primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico el 19 de
diciembre de 2013, en el proceso con radicación No. 08001-23-33-000-2013-00054-
01.
I. ANTECEDENTES
Demanda inicial, su fundamento y trámite
1. El señor Abelardo Enrique Flórez de la Cruz, en ejercicio de la acción de
nulidad y restablecimiento del derecho, presentó demanda contencioso
administrativa en contra del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y de la Unidad
Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección
Social (en adelante UGPP), con la finalidad de obtener la nulidad de la Resolución
No. 0001609 del 7 de noviembre de 2008, dictada por el Ministerio de la Protección
Social, Grupo Interno de Trabajo para la Gestión del Pasivo Pensional de Puertos
de Colombia, por medio de la cual se le ordenó a pagar el valor de la cotización por
servicios médicos1.
2. Se explicó en la demanda inicial2 que el señor Abelardo Enrique Flórez de la
Cruz prestó sus servicios a la empresa Puertos de Colombia - Terminal Marítimo y
Fluvial de Barranquilla, durante 16 años, 11 meses y 29 días, hasta el 28 de
noviembre de 1992, fecha en la cual se le reconoció y ordenó pagar pensión de
1 Sentencia del 19 de diciembre de 2013. Visible en expediente digital, anexos de la demanda. SAMAI, índice
No. 5.
2 Visible en el expediente del Tribunal Administrativo de Atlántico. Cuaderno No. 1, primera parte. (SAMAI, índice
No. 35)
1
Radicación: 11001-03-15-000-2020-03428-00 (5424)
Demandante: UGPP
Demandado: Abelardo Enrique Flórez de la Cruz
Referencia: Recurso extraordinario de revisión
Jubilación según Resolución No. 0204 de 16 de diciembre de 1992, la cual dispuso
que durante el tiempo en que el señor Flórez de la Cruz disfrute de su pensión,
gozaría de los servicios médicos asistenciales al igual que sus familiares inscritos.
3. Mediante Resolución No. 001609 de fecha 7 de noviembre de 2008, se le
ordenó al señor Flórez de la Cruz pagar el valor de la cotización para los servicios
médicos y reintegrar lo que el Estado había pagado por ese concepto.
4. El señor Flórez de la Cruz solicitó la nulidad del anterior acto, soportado en
la vulneración de las reglas dispuestas para la revocatoria de los actos
administrativos de carácter particular; con ello solicitó a título de restablecimiento
del derecho, el reintegro de los servicios médicos asistenciales reconocidos en la
Resolución 0204 de 1992, así como el reintegro de los descuentos efectuados en
su mesada pensional por concepto de cotización para servicios, debidamente
indexados, o en su defecto, con los intereses que establece el artículo 141 de la Ley
100 de 1993.
5. Al contestar la demanda, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público3
propuso la excepción de falta de legitimación por pasiva, afirmando que:
(i) No fue empleador del señor Flórez de la Cruz, ni es la entidad que administra
su pensión, de manera que, no teniendo vínculo jurídico alguno respecto de las
obligaciones laborales, prestacionales o pensiónales que se discuten, mal puede
endilgársele responsabilidad en relación con la presunta vulneración del derecho
reclamado.
(ii) La condición de superior jerárquico de la UGPP derivada de su calidad de
entidad adscrita al Ministerio, no supone la injerencia de este último en las
decisiones que aquella debe adoptar en el marco de las funciones que le fueron
atribuidas por la ley.
(iii) El Ministerio no expidió la resolución cuya nulidad se pretende y a
consecuencia de lo cual se procura el restablecimiento.
(iv) No existe una norma legal que le imponga al Ministerio la carga de asumir la
eventual responsabilidad por la supuesta vulneración del derecho reclamado.
6. La UGPP en su contestación defendió la legalidad del acto administrativo
demandado y, entre otras cosas, explicó que “…no expidió la Resolución 01609 de
noviembre 7 de 2008 cuya nulidad se pretende … por lo que desconoce el proceder
de la Entidad que emitió el acto cuestionado” 4 .
3 Visible en el expediente del Tribunal Administrativo de Atlántico (SAMAI, índice No. 35). Cuaderno No. 1,
segunda parte. Págs. 18 a 28.
4 Expediente del Tribunal Administrativo de Atlántico (SAMAI, índice No. 35). Cuaderno No. 1, segunda parte.
Págs. 40 a 53.
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Radicación: 11001-03-15-000-2020-03428-00 (5424)
Demandante: UGPP
Demandado: Abelardo Enrique Flórez de la Cruz
Referencia: Recurso extraordinario de revisión
7. El 20 de septiembre de 2013 se llevó a cabo la audiencia inicial5 en la que el
Tribunal Administrativo del Atlántico, entre otras definiciones:
(i) Determinó que las excepciones propuestas por la UGPP debían resolverse
en la sentencia (las que denominó: Deber de cotizar al sistema integral de salud; El acto
acusado se ajusta a los lineamientos constitucionales y legales; Inexistencia de derecho
adquirido, y Prescripción).
(ii) Declaró probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva
propuesta por el Ministerio de Hacienda y Crédito público.
8. Las anteriores decisiones del a quo quedaron ejecutoriadas en audiencia en
tanto no fueron recurridas por ninguna de las partes.
Sentencia de primera instancia
9. El Tribunal Administrativo del Atlántico, en sentencia del 19 de diciembre de
6
2013 , accedió a las súplicas de la demanda.
10. Determinó el Tribunal que el Ministerio de la Protección Social, Área de
Pensiones del Grupo Interno de Trabajo para la Gestión del Pasivo Social de
Puertos de Colombia, revocó directamente el acto de carácter individual y concreto
que había concedido inicialmente la pensión al señor Abelardo Enrique Flórez de la
Cruz (Resolución No. 0204 de 1992), sin su consentimiento y sin darse las
condiciones legales para ello, de manera que se imponía declarar la nulidad de la
Resolución No. 001609 de 2008.
11. A título de restablecimiento del derecho, el Tribunal condenó a la UGPP, a:
(i) Seguir pagando al señor Abelardo Enrique Flórez de la Cruz los servicios
médicos asistenciales reconocidos mediante la Resolución No. 0204 de 1992,
desde la fecha que se abstuvo de continuar pagando ese beneficio, hasta tanto se
produzca -en caso de así suceder- un fallo judicial que declare la nulidad de ese
acto administrativo.
(ii) Reintegrar el valor de los descuentos efectuados en su mesada pensional
por concepto de cotización para los servicios médicos, los cuales deberán ser
reconocidos desde el 19 de junio de 2009, toda vez que las sumas anteriores a esa
fecha se encuentran afectadas por el fenómeno de la prescripción trienal,
tomándose como base para la determinación de ello, la fecha de presentación de la
conciliación prejudicial (19 de junio de 2012).
12. Inconforme con esta decisión, la UGPP interpuso recurso de apelación7
indicando que, en tanto la resolución demandada tenía por finalidad ajustar una
situación individual a la Constitución y a la Ley, no había necesidad de acudir para
5 Expediente del Tribunal Administrativo de Atlántico (SAMAI, índice No. 35). Cuaderno No. 1, segunda parte.
Págs. 18 a 28.
6
Anexos de la demanda (SAMAI, índice No. 5.). Págs. 28 a 42.
7 Expediente del Tribunal Administrativo de Atlántico (SAMAI, índice No. 35). Cuaderno No. 3, segunda parte.
Págs. 272 a 280.
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Radicación: 11001-03-15-000-2020-03428-00 (5424)
Demandante: UGPP
Demandado: Abelardo Enrique Flórez de la Cruz
Referencia: Recurso extraordinario de revisión
el efecto ante la autoridad judicial ni al procedimiento establecido en el artículo 73
del Código Contencioso Administrativo, ello, atendiendo a las irregularidades
advertidas en el reconocimiento de la pensión al señor Flórez de la Cruz y,
especialmente. por cuanto “…las normas que sirvieron de sustento para la extensión del
beneficio debatido en este proceso a favor del señor ABELARDO FLÓREZ y otros
pensionados fueron declaradas inexequibles”.
13. Señaló además que no es “…posible legalmente, que la Unidad Administrativa
UGPP, que ha asumido el pasivo pensional a cargo de GIT [Grupo Interno de Trabajo para
la Gestión del Pasivo Social de Puertos de Colombia], sea obligada a reintegrar las
cotizaciones en salud, máxime cuando esta entidad no percibe ni administra estas
cotizaciones, lo cual determina la imposibilidad por parte de esta entidad de devolver
recursos que no administra”.
La sentencia objeto del recurso extraordinario de revisión
14. Mediante providencia del 10 de diciembre de 20158, el Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección B, resolvió el recurso de apelación interpuesto y
confirmó integralmente la sentencia del 19 de diciembre de 2013. Señaló
principalmente que la decisión de revocatoria parcial del acto de reconocimiento
pensional no obedeció a que el beneficiario de la pensión hubiese desarrollado
conductas ilegales, engañosas o fraudulentas, sino que se fundamentó en una
interpretación del régimen aplicable al caso, asunto que, conforme a lo señalado por
la Corte Constitucional en la Sentencia C-835 de 2003, debe ser dilucidado por el
juez competente.
15. En este sentido, explicó el ad quem que en el caso concreto los vicios
alegados por la administración atacaban directamente la legalidad del acto, pero no
hicieron alusión a aquellos contemplados bajo el concepto de ilicitud tipificado en la
ley, de manera que la autoridad no tenía facultad legal para revocar o modificar
unilateralmente el derecho pensional reconocido, como en efecto lo hizo.
16. Sobre la alegación que introdujo la UGPP en el sentido de estar
imposibilitada para reintegrar los valores por concepto de aportes en salud en tanto
no percibe ni administra esas cotizaciones, el ad quem guardó silencio.
El recurso extraordinario de revisión presentado y su trámite
17. A través de escrito presentado el 31 de julio de 20209, la UGPP, interpuso
recurso extraordinario de revisión contra la anterior sentencia, invocando las
causales de revisión contempladas en el artículo 20, literales a y b, de la Ley 797
de 2003, esto es, “cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido
proceso” y “cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con
la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables”.
8 Anexos de la demanda (SAMAI, índice No. 5.). Págs. 2 a 26.
9 SAMAI, índice No. 5.
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Demandante: UGPP
Demandado: Abelardo Enrique Flórez de la Cruz
Referencia: Recurso extraordinario de revisión
18. Bajo el recurso interpuesto, la UGPP indicó que no es la entidad llamada a
responder por los pagos impuestos en la condena, toda vez que los servicios
médicos asistenciales del trabajador se encontraban a cargo del Fondo Pasivo
Social de la Empresa Puertos de Colombia, y luego pasaron al Fondo del Pasivo
Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia a cargo del Ministerio de Salud. En
este sentido explicó lo siguiente:
“Es clara la procedencia de la acción propuesta, por cuanto las sentencias
objeto de revisión, ordenaron continuar pagando los servicios médicos
asistenciales al señor Abelardo Enrique Flórez de la Cruz y devolver los
valores descontados de la mesada por tal concepto, sin tener en cuenta
que la UGPP no era la entidad llamada a responder por estos pagos
como se narró en los hechos del recurso, teniendo en cuenta que los
servicios médicos asistenciales de los trabajadores de la Empresa Puertos
de Colombia que se beneficiaron de las convenciones colectivas se
encontraban a cargo del Fondo Pasivo Social de la Empresa Puertos de
Colombia de acuerdo con lo establecido en el artículo 8 del Decreto 1689 de
1989, y que luego pasaron al Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles
Nacionales de Colombia-en cabeza del Ministerio de Salud”.
19. Afirma que se configuraron las causales previstas en los literales a) y b) del
artículo 20 de la Ley 797 de 2003, toda vez que se violó el debido proceso al no
haberse ordenado la vinculación al proceso de la Nación - Ministerio de Salud y de
la Protección Social, así como del Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles
Nacionales de Colombia, quienes asumieron las obligaciones de las prestaciones
asistenciales de salud de los extrabajadores de la Empresa Puertos de Colombia.
En tal sentido, indicó que son esas Entidades quienes deben asumir las condenas
impuestas, de manera que la decisión recurrida conllevó a que se generara una
obligación económica que la UGPP no debe asumir, y en consecuencia, un
empobrecimiento del erario en detrimento de los demás actores del sistema
pensional. Lo anterior fue sustentado en los siguientes términos:
“…el medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho
instaurado por el señor Abelardo Enrique Flórez de la Cruz contra la Unidad
Administrativa de Gestión Pensional y Parafiscales de la Protección Social
– UGPP (…) violó el debido proceso como quiera que conforme a lo
señalado en el artículo 171 numeral 3º del CPACA, y el artículo 61 del
C.G.P., el juez (…) al momento de examinar la admisibilidad de la demanda,
debió ordenar la vinculación de la Nación-Ministerio de Salud y de la
Protección Social y el Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles
Nacionales de Colombia, que eran y son las entidades legitimadas para
concurrir a dicho proceso (…) dado que son las que asumieron las
obligaciones de las prestaciones asistenciales de salud de los
extrabajadores de la Empresa Puertos de Colombia, jamás la UGPP, a quien
solo le compete las obligaciones pensionales.
En consecuencia, al ordenarse en las sentencias objeto de revisión el pago
del servicio médico asistencial derivado de la Resolución No. 204 de 1992,
por la Empresa Puertos de Colombia al señor Abelardo, junto con la
continuidad en el pago, y además a reintegrarle los valores descontados de
la mesada pensional por concepto de cotización desde el 19 de junio de
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Demandante: UGPP
Demandado: Abelardo Enrique Flórez de la Cruz
Referencia: Recurso extraordinario de revisión
2009 en adelante, como quiera que le impone una carga a la UGPP que
no le corresponde, ya que no es la competente, y no está legitimada
legalmente para responder por los pagos periódicos ordenados, como
quiera que éstos no están en cabeza de la UGPP, sino del Ministerio de
Salud y la Protección Social y el Fondo de Pasivo Social de
Ferrocarriles Nacionales de Colombia (…)
Además, es importante resaltar que el Tribunal (…) debía haber efectuado
por lo menos, el estudio y análisis de las normas (…) que determinan con
claridad que entidad debía seguir asumiendo la obligación reconocida al
demandado con relación a los servicios médicos asistenciales, como lo es
el Ministerio de Salud y el mencionado Fondo, no la UGPP, pero el fallador
ni siquiera tuvo en cuenta dicha normatividad o hizo alusión a la misma, lo
que conlleva a una clara violación del debido proceso como se señaló
precedentemente y además generó un obligación económica en cabeza de
la UGPP, sin respaldo constitucional o legal alguno, que genera un
empobrecimiento de las arcas públicas del erario público (sic) en detrimento
de los actores del sistema pensional que administrada la Unidad”.
(resaltado fuera de texto)
20. Con fundamento en lo anterior, solicitó: (i) infirmar el fallo impugnado, (ii)
declarar que la UGPP no es la competente y no está legitimada para cumplir la
condena impuesta y (iii) declarar que la Nación - Ministerio de Salud y Protección
Social y el Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia, son
las competentes y legitimadas para dar cumplimiento a la condena.
Trámite procesal e intervenciones
21. El 22 de octubre de 2020 se inadmitió la demanda para que la parte
recurrente (i) allegara copia de la sentencia recurrida con su constancia de
ejecutoria y (ii) acreditara haber enviado el recurso y sus anexos a la parte
demandada; el 15 de diciembre de 2020 la UGPP subsanó la demanda y fue
admitida a través de auto del 1º de marzo de 202110, donde se ordenó notificar y
correr traslado de la demanda al señor Abelardo Enrique Flórez de la Cruz y al
Ministerio Público.
22. En auto del 2 de junio de 202111 se decretaron como pruebas los documentos
allegados por la parte actora12, y se ordenó (i) al Tribunal Administrativo de Atlántico
aportar el expediente con radicación No. 08001233100520130005400, actor:
Abelardo Enrique Flórez de la Cruz, demandado: UGPP, y (ii) al Ministerio del
Trabajo y Protección Social aportar copia de la “Convención Colectiva de Trabajo
suscrita entre la empresa Puertos de Colombia y los Sindicatos de los Terminales Marítimos
de la Costa Atlántica y oficina de Conservación de Bocas de Ceniza, vigente para los años
1991 – 1993”. Copia de la convención colectiva y del expediente judicial fueron
10 SAMAI, índice No. 13.
11 SAMAI, índice No. 24.
12 (i) Copia del expediente prestacional del señor Abelardo Enrique Flórez; (ii) La sentencia del 19 de diciembre
de 2013 proferida por el Tribunal Administrativo de Atlántico; y (iii) La sentencia del 10 de diciembre de 2015
proferida por la Sección Segunda - Subsección B del Consejo de Estado.
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Radicación: 11001-03-15-000-2020-03428-00 (5424)
Demandante: UGPP
Demandado: Abelardo Enrique Flórez de la Cruz
Referencia: Recurso extraordinario de revisión
allegados por las Entidades requeridas los días 22 de junio13 y 14 de julio de 202114
respectivamente.
23. El señor Abelardo Enrique Flórez de la Cruz contestó la demanda15
oponiéndose a las pretensiones; señaló, en síntesis, que durante todo el proceso
judicial no se cometió ninguna irregularidad toda vez que la UGPP sí es la llamada
a pagar el valor de la condena y reintegrar al pensionado los descuentos realizados
conforme a la competencia que le fue asignada por el artículo 311 de la Ley 1819
de 2016.
24. Indicó, además, que el Juez consideró innecesario llamar al proceso al
Ministerio de Salud y a Ferrocarriles Nacionales por no tener estas entidades alguna
relación legal o contractual con el pensionado, asunto que además afirmó resultaba
“irrelevante e innecesario y no tendría ninguna repercusión en el normal transcurrir
del proceso”, por cuanto el Consejo de Estado ha señalado que si bien los llamados
a efectuar la devolución de los dineros pagados por aportes parafiscales al sistema
de protección social, son las administradoras del sistema de protección social
beneficiarias, “su vinculación en calidad de llamadas en garantía a los procesos de nulidad
y restablecimiento del derecho en los que se debate la legalidad de tales actos, es
innecesaria, ya que en caso de declararse la (anulación), a órdenes de la UGPP las
administradoras deberán devolver los dineros que recibieron indiferentemente de que
hayan sido llamadas o no”.
25. El Ministerio Público guardó silencio.
II. CONSIDERACIONES
Competencia de la Sala
18. Conforme al artículo 248 del CPACA, el recurso extraordinario de revisión
procede contra las sentencias ejecutoriadas dictadas por el Consejo de Estado, los
tribunales y los jueces administrativos.
19. Frente a la competencia asignada al Consejo de Estado, el artículo 249 del
CPACA dispone que la Sala Plena conocerá del recurso extraordinario de revisión
interpuesto contra las sentencias dictadas por sus secciones o subsecciones, sin
exclusión de aquella que profirió la decisión que se cuestiona. En armonía con lo
anterior, se destaca que el artículo 10716 del CPACA creó las Salas Especiales de
Decisión para resolver los procesos asignados por competencia a la Sala Plena de
lo Contencioso Administrativo, o aquellos que ésta les encomiende.
13 SAMAI, índice No. 30.
14 SAMAI, índice No. 35.
15 SAMAI, índice No. 22.
16 “Créanse en el Consejo de Estado las salas especiales de decisión, además de las reguladas en este Código,
encargadas de decidir los procesos sometidos a la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, que esta les
encomiende, salvo de los procesos de pérdida de investidura y de nulidad por inconstitucionalidad. Estas Salas
estarán integradas por cuatro (4) Magistrados, uno por cada una de las secciones que la conforman, con
exclusión de la que hubiere conocido del asunto, si fuere el caso. La integración y funcionamiento de dichas
salas especiales, se hará de conformidad con lo que al respecto establezca el reglamento interno […]”
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Radicación: 11001-03-15-000-2020-03428-00 (5424)
Demandante: UGPP
Demandado: Abelardo Enrique Flórez de la Cruz
Referencia: Recurso extraordinario de revisión
20. Con fundamento en lo anterior, la Sala Plena del Consejo de Estado, a través
de los Acuerdos 321 de 2 de diciembre de 2014 y 080 de 2019, reglamentó la
integración17 y funcionamiento de las Salas Especiales de Decisión y les asignó,
entre otras, la competencia para resolver18 los recursos extraordinarios de revisión
interpuestos contra las sentencias de las secciones o subsecciones de esta
Corporación. Por tanto, la Sala es competente para resolver el presente asunto.
Oportunidad del recurso
18. El artículo 251 -inciso cuarto- del CPACA dispone que el término de
caducidad del recurso extraordinario de revisión para los casos específicos de la
Ley 797 de 200319 es de cinco años contados a partir de la ejecutoria de la
correspondiente providencia judicial, o en los casos de que ella no se requiera,
dentro del mismo término contado a partir del perfeccionamiento del acuerdo
transaccional o conciliatorio.
19. En el caso que se analiza, el recurso extraordinario de revisión se interpuso
contra una sentencia de segunda instancia proferida por la Sección Segunda -
Subsección B del Consejo de Estado, la cual quedó debidamente ejecutoriada el 3
de febrero de 2016 según la constancia emitida por el Secretario de esa Sección20,
de modo que el recurso debía interponerse a más tardar el 4 de febrero del año
202121. Como el recurso fue presentado el 31 de julio de 2020, se interpuso dentro
de la oportunidad legal.
Legitimación por activa para formular el recurso bajo las causales de la Ley
797 de 2003
20. El artículo 20 de la Ley 797 de 2003 facultó al Gobierno para que, por
conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y
Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador General de
la Nación, soliciten ante el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia la
17 Artículo 28. “Las Salas Especiales de Decisión creadas por el artículo 107 de la Ley 1437 de 2011 estarán
integradas por un (1) magistrado de cada una de las Secciones de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo. La designación de un nuevo magistrado no modificará la integración de las Salas Especiales de
Decisión. El nuevo Magistrado entrará a formar parte de la Sala a que pertenecía quien se retiró. La
conformación o modificación de la integración de cada una de estas Salas será publicada en el sitio web del
Consejo de Estado. La Sala Plena podrá variar la conformación de las Salas Especiales de Decisión, previa
publicación en el sitio web del Consejo de Estado…”.
18 Artículo 29. Las Salas Especiales de Decisión decidirán los siguientes asuntos de competencia de la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo: 1. Los recursos extraordinarios de revisión interpuestos contra las
sentencias de las Secciones o Subsecciones del Consejo de Estado…”
19 “Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de
1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales”
20 Anexos de la demanda (SAMAI, índice No. 5). Pág. 1.
21 Sin perjuicio de lo anterior, se precisa, que mediante Decreto 564 del 2020 dispuso que “Los términos de
prescripción y de caducidad previstos en cualquier norma sustancial o procesal para ejercer derechos, acciones,
medios de control o presentar demandas ante la Rama Judicial o ante los tribunales arbitrales, sean de días,
meses o años, se encuentran suspendidos desde el 16 de marzo de 2020 hasta el día que el Consejo Superior
de la Judicatura disponga la reanudación de los términos judiciales” y que el acuerdo PCSJA20-11567 del 5 de
julio de 2020 ordenó levantar la suspensión de términos a partir del 1 de julio de 2020.
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Radicación: 11001-03-15-000-2020-03428-00 (5424)
Demandante: UGPP
Demandado: Abelardo Enrique Flórez de la Cruz
Referencia: Recurso extraordinario de revisión
revisión de aquellas providencias judiciales donde se reconozcan prestaciones
periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública 22.
21. Por su parte, el Gobierno Nacional, con fundamento en el ordinal 6º del
artículo 6º del Decreto 5021 de 28 de diciembre de 200923, delegó expresamente
como función de la UGPP la de adelantar o asumir las acciones previstas en el
artículo 20 de la Ley 797 de 2003, delegación reiterada bajo el mismo numeral y
artículo del Decreto 575 de 201324.
22. En consecuencia, atendiendo a la delegación indicada, se acredita la
legitimación de la UGPP para promover el presente recurso de revisión conforme a
la regla de legitimación por activa cualificada dispuesta por el artículo 20 de la Ley
797 de 2013.
Problema jurídico
23. De conformidad con los argumentos que sustentan el recurso interpuesto, los
cargos de revisión y la contestación de la parte demandada, el presente asunto se
circunscribe a determinar si, por el hecho de no haberse vinculado al proceso judicial
a la Nación - Ministerio de Salud y de la Protección Social, así como al Fondo de
Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia, se configura alguna de las
causales de revisión dispuestas por el artículo 20 de la Ley 797 de 2013, esto es,
haber incurrido la providencia en una violación del debido proceso, o en el
reconocimiento de una pensión en una cuantía que excede la dispuesta por la ley,
las cuales fueron aducidas por la UGPP como demandante en sede de revisión.
24. De esta forma y con el objetivo de verificar si resulta fundado el recurso, la
Sala propone consignar algunas precisiones en relación con: (i) el recurso
extraordinario de revisión, (ii) la revisión de sentencias que reconocen pensiones,
(iii) las causales de revisión de los es literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797
de 2003; para, finalmente, (v) abordar el caso concreto y determinar la eventual
procedencia de las causales de revisión invocadas.
El recurso extraordinario de revisión
12. Como reiteradamente lo ha explicado la jurisprudencia del Consejo de
Estado25, el recurso extraordinario de revisión consiste en un medio de impugnación
22 La norma señala expresamente que, bajo tales causales, la decisión podrá ser revisada “…por el Consejo de
Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto
del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General
de la República o del Procurador General de la Nación”.
23 “Por el cual se establece la estructura y organización de la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP– y las funciones de sus dependencias”.
24 “Por el cual se modifica la estructura de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) y se determinan las funciones de sus
dependencias”.
25 Sobre las generalidades del recurso extraordinario de revisión pueden consultarse, entre muchas otras:
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencias de 2 de marzo de 2010, Rad. REV-
2001-00091, 6 de abril de 2010, Rad. REV-2003-00678, 20 de octubre de 2009, Rad. REV-2003-00133, 12 de
julio de 2005, Rad. REV-1997-00143-02, 14 de marzo de 1995, Rad. REV-078, 16 de febrero de 1995, Rad.
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Radicación: 11001-03-15-000-2020-03428-00 (5424)
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excepcional que permite cuestionar las sentencias ejecutoriadas y en firme de la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, con miras a procurar el
restablecimiento de la justicia material, cuando quiera que se acredite de manera
inequívoca la configuración de alguna de las causales taxativamente señaladas en
la Ley26, las que, por su gravedad, permiten romper el principio de cosa juzgada de
las decisiones ejecutoriadas27.
13. De esta forma, el recurso de revisión posee una connotación extraordinaria
no sólo porque se encuentra dirigido a desestimar la intangibilidad e irreversibilidad
de las sentencias ejecutoriadas y amparadas por la cosa juzgada material, sino
también, por cuanto solo es procedente en la medida en que se configure alguna de
las causales definidas por la ley, lo cual implica, que:
(i) Las facultades del juez que conoce del recurso extraordinario se
circunscriben al estudio de los planteamientos esgrimidos por el recurrente.
(ii) El recurrente debe sustentar el recurso con argumentos dirigidos a la
construcción del supuesto que permita determinar la configuración de la causal que
se aduce28.
14. De ahí que la competencia del juez de la revisión es excepcional, restrictiva
y está sometida a las causales taxativamente listadas por la Ley. Así, a su cargo
esta la tarea de verificar que se cumpla de manera estricta con la totalidad de los
requisitos definidos para la configuración de la causal de revisión alegada29 bajo los
supuestos de hecho aducidos por el recurrente para el efecto.
15. Adicionalmente, se destaca que, atendiendo a su objeto y naturaleza, el
recurso extraordinario de revisión constituye un nuevo trámite independiente y ajeno
al proceso donde se dictó la decisión cuestionada, lo cual torna en improcedente su
uso como un medio para plantear reproches sobre el fondo del asunto a modo de
una instancia adicional, estando en consecuencia proscrita la posibilidad de:
(i) Cuestionar bajo el recurso la interpretación normativa y la valoración
probatoria que sustentó la decisión del juez natural, siendo objeto exclusivo de
discusión, aquellos asuntos que refieran o se relacionen con las causales taxativas
de procedencia establecidas en la ley30.
REV-070, 20 de abril de 1993, Rad. REV-045 y 11 de febrero de 1993, Rad. REV-037; Sección Tercera,
sentencia de 22 de abril de 2009, Rad. 35995 y Sección Quinta, sentencia de 15 de julio de 2010, Rad. 2007-
00267.
26 Consejo de Estado, Sala Cuarta Especial de Decisión, sentencia del 1º de septiembre de 2020, Exp. 11001-
03-15-000-2020-00266-00 (REV); sentencia del 29 de abril de 2015, Exp. 26239.
27 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 20 de octubre de 2009,
expediente No. 11001-03-15-000-2003-00133-00 (REV) y Sección Tercera, Subsección B, Sentencia de 29 de
agosto de 2014, expediente No. 34016,
28 Artículo 252 del CPACA. “Requisitos del recurso. El recurso debe interponerse mediante escrito que deberá
contener: (…) 3. Los hechos u omisiones que le sirvan de fundamento. 4. La indicación precisa y razonada de
la causal invocada.”
29 Así lo indicó la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación, en sentencia de 8 de mayo
de 2018. Expediente No. 1998-153-01(REV), C.P. Alberto Yepes Barreiro.
30 La taxatividad deviene de lo restrictivo y específico de su examen. Al respecto la jurisprudencia destacó: “Las
causales que pueden proponerse como fundamento de este recurso, enlistadas de manera taxativa en el artículo
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(ii) Reabrir el debate objeto de análisis en las respectivas instancias para
subsanar posibles errores en que pudieron incurrir las partes en la demanda, en su
contestación o en su actividad probatoria31.
La revisión de sentencias que reconocen pensiones o prestaciones periódicas
16. La Ley 797 de 2003 instituyó en su artículo 20 la revisión especial de aquellas
sentencias que decreten el reconocimiento de sumas periódicas o pensiones a
cargo del tesoro público -o fondos de naturaleza pública-, en los siguientes términos:
“… Las providencias judiciales que hayan decretado o decreten
reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza
pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones
de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la
Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del
Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la
República o del Procurador General de la Nación.
La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de
una transacción o conciliación judicial o extrajudicial.
La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso
extraordinario de revisión por el respectivo código y podrá solicitarse por las
causales consagradas para este en el mismo código y además:
a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido
proceso, y
b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de
acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente
aplicables…”. (negrillas propias)
17. Como se observa, si bien esta revisión especial tiene también por finalidad
que se infirme una sentencia ejecutoriada, presenta unas particularidades que le
otorgan una entidad propia en relación con su interposición, objeto y tramite, siendo
calificada por la jurisprudencia como una acción sui generis32, toda vez que:
188 del Código Contencioso Administrativo, dan cuenta de la naturaleza eminentemente procedimental de los
vicios o errores que, de conformidad con la ley procesal, son los únicos que permiten la revisión de la sentencia
por la vía del recurso extraordinario que se analiza […]” Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia
de 1° de diciembre de 2010. Radicación número: 11001-03-15-000-2008-00480-00 (REV).
31 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencias del 28 de abril de 2009, Exp.
REV-00116, C.P. Martha Sofía Sanz Tobón; 20 de octubre de 2009, Exp. Rev-00133, C.P. Enrique Gil Botero y
de 2 de marzo de 2010, Exp. REV-00091, C.P. Mauricio Torres Cuervo, entre otras.
32 Corte Constitucional. Sentencia C-835 de 2003. MP Jaime Araújo Rentería. Respecto de sus particularidades,
puede verse también: Consejo de Estado, Sección Segunda. Auto de 27 de marzo de 2014 Rad. 11001-03-25-
000-2012-00561-00(2129-12) M.P. Gerardo Arenas Monsalve.
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(i) La legitimación por activa es exclusiva de aquellas entidades públicas
cualificadas que identifica la norma, y que, como se ha definido33, en el presente
caso se predica favorablemente respecto de la UGPP como entidad recurrente.
(ii) Su objetivo es la salvaguarda del erario, y por ende, se centra “… en la revisión
de los montos de las pensiones reconocidas en contra de lo establecido por la ley, en orden
a salvaguardar el equilibrio entre la prestación y su legalidad, así como también proteger
los recursos limitados del tesoro público, la liquidez, solvencia y sostenibilidad del sistema
de seguridad social y el principio de universalidad que lo gobierna”34, de manera que
procede cuando se excede la cuantía del derecho reconocido o éste se obtiene con
violación al debido proceso.
(iii) La reclamación está vinculada con la posibilidad de cuestionar, únicamente,
los fallos judiciales que decreten el pago de sumas periódicas de dinero, o
pensiones de cualquier naturaleza, pagadas con cargo al tesoro público.
18. Respecto del último punto anotado y con fundamento en la exposición de
motivos de la Ley 797 de 2003, el Consejo de Estado ha explicado que la finalidad
de esta especial revisión tiene por objeto dotar a las entidades públicas pagadoras
y a los entes de control de una herramienta judicial para solicitar la corrección de
“las decisiones judiciales, las conciliaciones o las transacciones que han reconocido
pensiones irregularmente o por montos que no corresponden a la ley. Así mismo, se
contempla la posibilidad de revocar las pensiones irregularmente otorgadas. De esta
manera, se permite afrontar los graves casos de corrupción en esta materia y evitar los
grandes perjuicios que pueda sufrir la Nación” 35. (Subrayas propias).
19. En consecuencia, el Consejo de Estado ha explicado que atendiendo al
propósito de la norma y los requisitos generales que la misma define, el recurso
extraordinario especial de revisión, bajo los supuestos de la Ley 797 de 2003,
resulta improcedente respecto de aquellas providencias judiciales que decreten
cualquier reconocimiento económico a favor del administrado distinto a una suma
periódica de dinero o pensión, o que teniendo tal naturaleza, no deban pagarse con
cargo a los recursos del tesoro público o de fondos de naturaleza pública36.
20. Sobre el concepto de sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier
naturaleza, el Consejo de Estado ha explicado que las prestaciones periódicas son
aquellos pagos corrientes y habituales que le corresponden al beneficiario,
normalmente originados en una relación laboral o con ocasión de ella, y que se
componen tanto por prestaciones sociales como no sociales, de manera que dentro
de los actos que reconocen prestaciones periódicas, están comprendidos todos
aquellos que reconocen prestaciones de cualquier naturaleza que periódicamente
33 Numerales 20 a 22.
34 De acuerdo con la exposición de motivos del proyecto de ley 56 de 2002 -Senado, que culminó con la
promulgación de la Ley 797 de 2003, según se refiere en Consejo de Estado. Sala Especial de Decisión. No. 4,
sentencia del 1º de agosto de 2017. C.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Radicación. 11001-03-15-000-
2016-02022-00 (REV).
35 Consejo de Estado. Sala Cuatro Especial de Decisión, sentencia del 5 de diciembre de 2017, C.P. Lucy
Jeannette Bermúdez Bermúdez. Exp. 2017-01529 (REV).
36 Ibidem.
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sufragará el beneficiario, como pensiones, salarios u otros beneficios, siempre y
cuando la periodicidad en la retribución se encuentre vigente 37.
La causal del literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003
21. Esta causal habilita a la entidad recurrente para que cuestione la sentencia
que reconoce, reajusta o reliquida una pensión o prestación periódica con cargo al
tesoro público -o fondos de naturaleza pública- con violación al derecho
constitucional al debido proceso -artículo 29 de la Carta-, el cual ha explicado esta
Corporación y la Corte Constitucional, comprende fundamentalmente tres
elementos:
i) El derecho al juez natural o funcionario competente;
ii) El derecho a ser juzgado según las formas de cada juicio o
procedimiento, esto es, conforme con las normas procesales dictadas
para impulsar la actuación judicial o administrativa; y,
iii) Las garantías de audiencia y defensa que incluyen el derecho a ofrecer
y producir la prueba, la presunción de inocencia, el derecho a la defensa
técnica, el derecho a un proceso público y sin dilaciones, el derecho a
que se produzca una decisión motivada, el derecho a impugnar la
decisión y la garantía de non bis in ídem”38.
22. De acuerdo con lo anterior, la Sala reitera39 que para la configuración de esta
causal de revisión, el recurrente debe acreditar de forma inequívoca que la pensión
o prestación periódica fue expedida con ocasión del desconocimiento o trasgresión
de alguno de los núcleos fundamentales que componen el derecho al debido
proceso, sin que sea procedente proponer argumentos de derecho sustancial o que
37 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 8 de mayo de 2008. Exp. 0932-07, en el
mismo sentido se había pronunciado la misma Subsección en sentencias del 12 de octubre de 2006, Exp. 4145-
05 P3, y del 28 de junio de 2012, Exp. 1352-10. También puede verse: Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A, sentencia del 13 de febrero de 2014, Exp. 66001233100020110011701 (0798-2013).
38 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión 22. Sentencia del 5 de febrero de 2019. Exp. 2018-01884-00
C.P. Alberto Yepes Barreiro. Ver también: Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-341 de 4 de junio de
2014. M.P. Mauricio González Cuervo. En este último se explica: “(i) El derecho a la jurisdicción, que a su vez
conlleva los derechos al libre e igualitario acceso a los jueces y autoridades administrativas, a obtener
decisiones motivadas, a impugnar las decisiones ante autoridades de jerarquía superior, y al cumplimiento de
lo decidido en el fallo; (ii) el derecho al juez natural, identificado como el funcionario con capacidad o aptitud
legal para ejercer jurisdicción en determinado proceso o actuación, de acuerdo con la naturaleza de los hechos,
la calidad de las personas y la división del trabajo establecida por la Constitución y la ley; (iii) El derecho a la
defensa, entendido como el empleo de todos los medios legítimos y adecuados para ser oído y obtener
una decisión favorable. De este derecho hacen parte, el derecho al tiempo y a los medios adecuados
para la preparación de la defensa; los derechos a la asistencia de un abogado cuando sea necesario, a
la igualdad ante la ley procesal, a la buena fe y a la lealtad de todas las demás personas que intervienen
en el proceso; (iv) el derecho a un proceso público, desarrollado dentro de un tiempo razonable, lo cual exige
que el proceso o la actuación no se vea sometido a dilaciones injustificadas o inexplicables; (v) el derecho a la
independencia del juez, que solo es efectivo cuando los servidores públicos a los cuales confía la Constitución
la tarea de administrar justicia, ejercen funciones separadas de aquellas atribuidas al ejecutivo y al legislativo y
(vi) el derecho a la independencia e imparcialidad del juez o funcionario, quienes siempre deberán decidir
con fundamento en los hechos, conforme a los imperativos del orden jurídico, sin designios anticipados ni
prevenciones, presiones o influencias ilícitas…” (negrillas fuera del texto).
39 Consejo de Estado. Sala Segunda Especial de Decisión. Sentencia del 24 de septiembre de 2021. C.P. César
Palomino Cortés. Exp. 11001-03-15-000-2018-01426-00 (REV).
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tengan por finalidad subsanar actuaciones de las partes propias de las instancias
ordinarias del proceso judicial.
La causal del literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003
23. Las pensiones reconocidas con cargo al erario pueden ser revisadas “Cuando
la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o
convención colectiva que le eran legalmente aplicables”40, causal respecto de la cual el
Consejo de Estado41 ha explicado, que:
(i) Tiene como propósito fortalecer el principio de moralidad del que debe estar
precedido el reconocimiento de una pensión, el cual debe sustentarse en un examen
exigente y riguroso frente a los montos autorizados pues, de lo contrario, un exceso
en tales sumas que contraríe lo dispuesto legalmente, afecta la liquidez y solvencia
del sistema pensional.
(ii) Aun cuando la revisión de una decisión judicial colisiona con los principios de
cosa juzgada y seguridad jurídica, éstos deben ceder excepcionalmente ante el fin
legítimo de identificar y ajustar la pensión cuya cuantía exceda aquella derivada del
derecho reconocido conforme a la ley42.
(iii) El juez extraordinario debe propender por el equilibrio que debe existir entre
la prestación y la legalidad de la misma, de manera que, en cada caso, deberá
analizar si lo pedido en el recurso extraordinario de revisión recae efectivamente
sobre una pensión otorgada en monto que legalmente no corresponde, o si por el
contrario, constituye una mera discrepancia propia de las instancias ordinarias, cuya
finalidad consiste en plantear discusiones de orden interpretativo, o relacionadas
con el reconocimiento del derecho en sí mismo, las cuales son ajenas a la
acreditación en su cuantía de una “…evidente disparidad con lo previsto u ordenado por
la ley”, finalidad que delimita la procedencia del recurso.
El caso concreto
24. A riesgo de ser repetitivos, la UGPP interpone acción de revisión solicitando
la infirmación de la sentencia del 10 de diciembre de 2015 proferida por la Sección
Segunda, Subsección B del Consejo de Estado, por medio de la cual se confirmó la
sentencia de primera instancia del 19 de diciembre de 2012 del Tribunal
Administrativo del Atlántico, cuya parte resolutiva declaró la nulidad de la Resolución
No. 001609 de 2008, a través de la cual se le ordenó al señor Flórez de la Cruz
pagar el valor de la cotización para los servicios médicos y reintegrar lo que el
Estado había pagado por ese concepto, modificando con ello la Resolución No.
40 Este artículo fue analizado por la Corte Constitucional con ocasión de la acción pública de inconstitucionalidad
que formuló el ciudadano Jorge Miguel Pauker Gálvez contra los artículos 19 y 20 de la Ley 797 de 2003 y que
declaró inexequible la expresión “en cualquier tiempo”, contenida en el primero y tercero incisos del artículo 20
de la ley 797 de 2003. En lo demás este artículo fue declarado exequible.
41 Consejo de Estado. Sala Especial de Decisión 4. Sentencia del 1° de agosto de 2017. Exp. 11001-03-15-000-
2016-02022-00. C.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
42 Al respecto puede verse también: Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 24 de
junio de 2021. C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas. Exp. 11001-03-25-000-2018-01568-00 (5123-18).
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0204 de 1992 que había reconocido inicialmente su pensión con inclusión de la
referida prestación adicional.
25. Se advierte que la entidad recurrente no discute la nulidad del acto
administrativo decretada por en la sentencia; la inconformidad y sustento del recurso
extraordinario de revisión consiste en que la UGPP afirma no ser la llamada, en
sede del restablecimiento del derecho, a responder por las condenas impuestas por
el fallo impugnado. Para ello alega una violación del proceso al no haberse integrado
el contradictorio mediante la vinculación al Ministerio de Salud y el Fondo del Pasivo
Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia, quienes, en su opinión y bajo la
interpretación de la normatividad aplicable, son las obligadas a los pagos y reintegro
de los descuentos por concepto de los servicios médicos asistenciales. Con este
cargo indica, además, se ha generado un pago que legalmente la UGPP no debe
asumir, comprometiendo su patrimonio y el sistema pensional.
26. En el marco restricto de los argumentos del recurso, la Sala observa que la
presente acción no está llamada a prosperar, como pasa a explicarse a
continuación.
27. En la sentencia del 19 de diciembre de 2013 proferida por el Tribunal
Administrativo del Atlántico, a la par que se declaró la nulidad de la Resolución No.
001609 de fecha siete (7) de noviembre de 2008, la citada corporación judicial
dispuso a título de restablecimiento del derecho, que la UGPP:
(i) “…continúe pagando al señor ABELARDO ENRIQUE FLÓREZ DE LA CRUZ, los
servicios médicos asistenciales reconocidos mediante la Resolución No. 0204 de fecha
dieciséis (16) de diciembre de 1992, emitida por la Empresa Puertos de Colombia, desde
la fecha que se abstuvo de continuar pagando el mencionado beneficio con ocasión de la
expedición del acto acusado”
(ii) “…reintegrarle al señor ABELARDO ENRIQUE FLÓREZ DE LA CRUZ, el valor de
los descuentos efectuados en su mesada pensional, por concepto de cotización para los
servicios médicos, los cuales deberán ser reconocidos desde día diecinueve (19) de junio
de 2009 en adelante, como quiera que las sumas anteriores a la mencionada fecha se
encuentran afectadas por el fenómeno de la prescripción trienal…”
28. La anterior decisión fue confirmada integralmente por el Consejo de Estado
en segunda instancia.
29. De esta forma, la decisión judicial objeto del recurso de anulación decretó la
nulidad de la Resolución No. 001609 de 2008, que a su vez había revocado el
beneficio a recibir los servicios médicos asistenciales otorgados al actor con el
reconocimiento de su pensión, lo que conllevó a que la Resolución No. 0204 de
1992 tuviese plenos efectos sin solución de continuidad desde su expedición, y por
ende, los servicios médicos asistenciales debían ser pagados como de hecho se
venía haciendo con anterioridad a la expedición del acto anulado, incluyendo el
reintegro de los descuentos efectuados con base en el acto anulado. En
consecuencia, respecto de la causal del literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de
2003 aducida por el recurrente, esto es, el reconocimiento de una pensión o
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prestación periódica en cuantía que excede lo dispuesto por la ley, debe indicarse
que:
(i) Frente a la condena consistente en reintegrar “el valor de los descuentos
efectuados en su mesada pensional, por concepto de cotización para los servicios
médicos”, aunque se argumentara que el reintegro ordenado no corresponde a un
efecto propio del acto administrativo que reconoció el derecho al demandado, lo
cierto es que no se trata del reconocimiento y pago de una pensión -derecho que
no fue discutido en el proceso- ni de una prestación periódica o habitual, sino de un
pago único concreto al tratarse de un reembolso. Por tanto, atendiendo a que la
condena por este concepto corresponde a un reconocimiento económico a favor del
administrado distinto a una suma periódica de dinero o pensión, resulta
improcedente su estudio en sede de revisión bajo la causal alegada.
(ii) En relación con la condena relativa a continuar “pagando al señor ABELARDO
ENRIQUE FLÓREZ DE LA CRUZ, los servicios médicos asistenciales reconocidos
mediante la Resolución No. 0204 de fecha dieciséis (16) de diciembre de 1992”, por cuanto
corresponde a un beneficio que el demandado seguirá sufragando en la medida que
continúe vigente su derecho sobre esa prestación, se trata de una prestación
periódica. No obstante, la Sala encuentra que aun cuando la decisión acusada
condenó a la UGPP al pago de esas sumas de dinero, lo cierto es que no reconoció,
reajustó o reliquidó la prestación periódica indicada a favor del demandado, que si
fue el asunto que definió y decretó la Resolución No. 0204 de 1992, mediante la
cual se reconoció al demandado el correspondiente derecho pensional incluyendo
los servicios médicos asistenciales. Dicho de otra manera, la sentencia cuestionada
restableció un derecho preexistente, amparado en un acto administrativo.
Es importante recordar que el proceso judicial decidido por la sentencia acusada no
tuvo por objeto el examen ni la definición de los derechos prestacionales
reconocidos al demandado; no, la finalidad del proceso judicial y lo decidido en la
sentencia, se circunscribió a determinar si la UGPP estaba legitimada para revocar
directamente el acto administrativo de contenido particular que reconoció la
prestación al demandado sin consentimiento de este último. Por tanto, en la medida
que el proceso judicial no tuvo por objeto definir los aspectos cualitativos de la
prestación reconocida por un acto administrativo al demandado, es forzoso concluir
que la decisión acusada no reconoció, reajustó o reliquidó esa prestación, y mucho
menos, determinó su cuantía o aspecto cuantitativo, de manera que no es viable
afirmar que el fallo pudiere incurrir en un exceso sobre el particular, aspecto frente
al cual se circunscribe la causal estudiada, y por ende, cuya configuración se
descarta.
(iii) En la medida que el fallo judicial acusado no reconoció, reajustó o reliquidó
los servicios médicos asistenciales, no es posible predicar que hubiese incurrido en
un desequilibrio entre dicha prestación y su legalidad, por cuanto no fue objeto de
decisión.
30. En relación con la causal del literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003,
consistente en una presunta violación al debido proceso, debe indicarse que la
UGPP, conociendo las pretensiones de la demanda desde su notificación, nunca
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negó que el pago de los servicios médicos asistenciales venía realizándose a favor
del demandado, y mucho menos, que no estuviera legitimada para responder por
esa prestación, la cual, se reitera, no fue reconocida, reajustada o reliquidada por el
fallo judicial acusado.
31. Igualmente, si bien el acto administrativo anulado (Resolución No. 001609 de
2008) fue expedido por el Grupo Interno de Trabajo para la Gestión del Pasivo Social
de Puertos de Colombia, oficina del Ministerio de la Protección Social, es palmario
que de conformidad con el artículo 63 del Decreto Ley 4107 de 201143, el cual
dispone que “A partir del 1° de diciembre de 2011, la Unidad de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP, deberá asumir el
reconocimiento de las pensiones a cargo del Grupo Interno de Trabajo para la gestión del
Pasivo Social de Puertos de Colombia”, y el artículo 1 del Decreto 1194 de 201244
conforme al cual el traslado de competencias efectuado a la UGPP “…comprende los
procesos judiciales que estaban a cargo de la Nación, Ministerio de la Protección Social,
Grupo Interno de Trabajo para la Gestión del Pasivo Social de Puertos de Colombia,
relacionados con la liquidada Empresa Puertos de Colombia y/o Foncolpuertos”, la
legitimación en la causa por pasiva de la UGPP no fue un asunto discutido en
ninguna de las instancias del procedimiento ordinario.
32. De hecho y como se ha explicado, la violación del derecho debido proceso
argumentada por la UGPP no se fundamenta en una ausencia de legitimación en la
causa, pues nunca discutió su posición como demandada ni su responsabilidad
respecto del acto demandado en sede de nulidad y restablecimiento del derecho;
lo que argumenta es una presunta omisión frente a la integración del contradictorio,
toda vez que estima era necesario vincular al proceso al Ministerio de Salud y el
Fondo del Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia, quienes deben
asumir las reclamaciones por conceptos no pensionales como se predica de los
servicios médicos asistenciales, bajo lo dispuesto en los decretos 1094 de 2013,
1194 de 2012, 4107 de 2011 y 1689 de 1997.
33. Sobre el particular, se resalta que al contestar la demanda la UGPP no
propuso las excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva ni de
ausencia de integración del contradictorio; de hecho, obra en el expediente que
solamente después de proferida la sentencia de segunda instancia por el Consejo
de Estado, la UGPP impulsó un “INCIDENTE DE NULIDAD POR FALTA DE
INTEGRACIÓN DEL LITISCONSORCIO NECESARIO”45, el cual fue declarado
43 Decreto 4107 de 2011, “Por el cual se determinan los objetivos y la estructura del Ministerio de Salud y
Protección Social y se integra el Sector Administrativo de Salud y Protección Social”. Expedido en ejercicio de
las facultades extraordinarias conferidas por la Ley 1444 de 2011, que reorganizó la Administración Pública
Nacional y escindió el Ministerio de la Protección Social en Ministerio de Trabajo y Ministerio de Salud y
Protección Social.
44 Por el cual se reglamenta el artículo 63 del Decreto Ley 4107 de 2011. Conforme a sus consideraciones, la
norma fue proferida ante la necesidad de “…determinar que conforme a lo previsto en el artículo 63 del Decreto
Ley 4107 de 2011, a partir del 1 de diciembre de 2011, el traslado de las competencias a la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social UGPP, comprende los
procesos derivados de las actuaciones administrativas relativas a reconocimientos pensionales que estaban a
cargo de la Nación, Ministerio de la Protección Social Grupo interno de Trabajo para la Gestión del Pasivo Social
de Puertos de Colombia, relacionadas con la liquidada Empresa Puertos de Colombia y/o Foncolpuertos así
como, los procesos judiciales que estaban en curso a la fecha de entrada en vigencia del precitado decreto, con
el fin de garantizar el ejercicio y la continuidad de la defensa judicial, técnica y material en dichos procesos”.
45 Visible en expediente del Tribunal Administrativo de Atlántico (SAMAI, índice No. 35). Cuaderno No. 3, cuarta
parte. Págs. 191 a 197.
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Radicación: 11001-03-15-000-2020-03428-00 (5424)
Demandante: UGPP
Demandado: Abelardo Enrique Flórez de la Cruz
Referencia: Recurso extraordinario de revisión
improcedente por el Tribunal Administrativo del Atlántico en decisión del 28 de
febrero de 201746.
34. En esa oportunidad, la UGPP manifestó al Tribunal que la decisión adoptada
“dentro de este proceso contiene una obligación que configura una VIOLACIÓN AL DEBIDO
PROCESO, dado que se condenó a una entidad diferente, UGPP, a continuar pagando al
demandante, el señor ABELARDO FLÓREZ DE LA CRUZ los servicios médicos
asistenciales y cuya condena compromete los recursos del MINISTERIO DE SALUD Y
PROTECCIÓN SOCIAL – FOSYGA entidad que no fue vinculada al proceso. Así mismo, la
obligación impuesta de cesar los descuentos por aportes en salud, compromete la
competencia del FOPEP entidad que tampoco fue integrada a la litis”.
35. Así, la presunta violación al debido proceso y nulidad por falta de integración
del contradictorio, fue negada por el Tribunal, explicando que tal circunstancia es un
hecho exceptivo consagrado en el artículo 97 del CPC y 100 del CGP, el cual debió
ser presentado y expuesto en la respectiva contestación de la demanda como lo
ordena el numeral 3º del artículo 175 del CPACA, carga procesal y medio de
defensa que no fue ejercido por la UGPP hasta después de proferirse el fallo, de
manera que “…al existir en los Estatutos Procesales unas etapas específicas y concretas
para proponer las nulidades y las excepciones, y al no haberlas formulado en su momento
y exponerlas de forma extemporánea por quien ahora propone la nulidad, se impone, de
conformidad con el artículo 284 del CPACA, rechazarla de plano y así se dispondrá en la
parte resolutiva”47.
36. De las pruebas recaudadas y de las distintas actuaciones procesales, se
observa, además, que en ninguna de las dos instancias la UGPP alegó una indebida
integración del contradictorio, argumento que solamente adujo al momento de
presentar el incidente de nulidad anotado después de haberse proferido la sentencia
de segunda instancia, y por ende de forma extemporánea. La evidencia que ofrece
el expediente así lo acredita, al punto que habiéndose definido la falta de
legitimación en la causa propuesta por la citada cartera ministerial, la UGPP guardó
silencio y no elevó protesta alguna.
37. Y es que si bien al sustentar el recurso de apelación la UGPP manifestó que
“esta entidad no percibe ni administra estas cotizaciones, lo cual determina la imposibilidad
por parte de esta entidad de devolver recursos que no administra”, lo cierto es que no
afirmó la necesidad de vincular a un tercero ni hizo referencia alguna a las entidades
que ahora afirma debían asumir la condena, pero además, de conformidad con el
artículo 61 del CGP, el juez únicamente podrá citar a los eventuales litisconsortes
“de oficio o a petición de parte, mientras no se haya dictado sentencia de primera instancia”,
lo que determina que la UGPP, al no haber alegado la falta de integración del
contradictorio al contestar la demanda, como excepción previa, ni bajo reposición
frente al auto admisorio de la demanda, ni bajo ninguna otra actuación durante el
46 Expediente del Tribunal Administrativo de Atlántico (SAMAI, índice No. 35). Cuaderno No. 3, cuarta parte.
Págs. 243 y ss.
47 Por su parte el artículo 207 del CPACA dispone que “Agotada cada etapa del proceso, el juez ejercerá el
control de legalidad para sanear los vicios que acarrean nulidades, los cuales, salvo que se trate de hechos
nuevos, no se podrán alegar en las etapas siguientes”.
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Radicación: 11001-03-15-000-2020-03428-00 (5424)
Demandante: UGPP
Demandado: Abelardo Enrique Flórez de la Cruz
Referencia: Recurso extraordinario de revisión
transcurso de la primera instancia, debe asumir las consecuencias derivadas del
incumplimiento de sus cargas procesales.
38. En consecuencia, considera la Sala que los argumentos de la Entidad
demandante no se encuentran dirigidos a evidenciar una vulneración directa de
alguna de las garantías que entraña el debido proceso, sino que tienen por finalidad
exclusiva el estudio de una inconformidad que no fue alegada oportunamente por la
UGPP pese a haber contado con la posibilidad de utilizar los mecanismos
procesales que la legislación instituye para su discusión y definición por el juez
ordinario.
39. Así las cosas, en tanto y en cuanto el recurso extraordinario de revisión no
puede ser instituido como una tercera instancia para subsanar las eventuales
falencias de las partes en el ejercicio de sus derechos, sino que su finalidad se
circunscribe exclusivamente a enmendar aquellos vicios que afectan
sustancialmente el orden legal, no hay duda que, en la medida que los argumentos
expuestos en sede de revisión se fundamentan en las omisiones del mismo
recurrente, en tanto se limitan a afirmar, bajo la interpretación del régimen aplicable,
una falta de integración del contradictorio que nunca alegó a su favor durante el
proceso ordinario, tales argumentos se tornan insuficientes para efectos de afirmar
una violación al debido proceso e infirmar los efectos de una sentencia que está
amparada por el principio de cosa juzgada.
40. Todo lo anterior permite concluir a la Sala que el fallo judicial acusado no
reconoció, reajustó o reliquidó los servicios médicos asistenciales, por lo que no es
posible predicar que hubiese incurrido en un desequilibrio entre dicha prestación y
su legalidad, como tampoco incurrió en la aludida violación al debido proceso, pues
lo que se evidencia es una omisión por parte de la UGPP frente a las cargas que le
correspondían como sujeto procesal y como responsable del acto demandado y
declarado nulo, no siendo la sede de revisión un escenario para subsanar esas
desatenciones.
41. Por tanto, la Sala declarará infundado el recurso extraordinario de revisión
interpuesto en contra de la sentencia del 10 de diciembre de 2015 proferida por la
Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado, por medio de la cual se
confirmó la sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo
del Atlántico el 19 de diciembre de 2013. Así mismo, se negarán las demás
pretensiones por ser consecuenciales de la prosperidad del recurso.
Costas
42. De conformidad con lo establecido en el artículo 188 del CPACA -atendiendo
a que el presente proceso inició con anterioridad a la reforma de la Ley 2080 de
2021-, la liquidación y ejecución de la condena en costas se sujeta a las reglas
previstas en el procedimiento civil. En este orden de ideas, el artículo 365 del CGP,
numeral 1, dispone que se condenará en costas a la parte vencida en el proceso48,
48 El artículo 365 C.G.P.: “En los procesos y en las actuaciones posteriores aquellos en que haya controversia
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Radicación: 11001-03-15-000-2020-03428-00 (5424)
Demandante: UGPP
Demandado: Abelardo Enrique Flórez de la Cruz
Referencia: Recurso extraordinario de revisión
las que serán liquidadas de manera concentrada por el juez que haya conocido del
proceso en primera o única instancia.
43. Además, el artículo 361 ejusdem prevé que las costas están integradas por
la totalidad de las expensas y gastos causados durante el trámite de la controversia,
así como por las agencias en derecho, las cuales, de conformidad con el numeral 4
del artículo 366 de la misma normativa, se fijan con observancia de las tarifas
establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura en el Acuerdo 10554 de
201649.
44. Debe señalarse que, bajo las reglas del CGP., la condena en costas se
soporta en un criterio netamente objetivo; en este caso, frente a la parte a la que se
le declara infundado el recurso extraordinario de revisión, “siempre que exista prueba
de su existencia, de su utilidad y de que correspondan a actuaciones autorizadas por la
ley”50.
45. Con fundamento en lo expuesto, en el presente caso corresponde condenar
en costas y perjuicios a la parte recurrente, no obstante, solo lo hará por concepto
de agencias en derecho, por encontrarse acreditado que la parte pasiva tuvo que
ejercer el derecho de defensa a través de apoderado judicial.
46. En consecuencia, la parte actora será condenada al pago de agencias en
derecho, en atención a las reglas vigentes en la materia al momento de la
interposición del recurso, de manera que, en los términos del numeral 9 del Acuerdo
No. 10554 de 2016, se fija como agencias en derecho a cargo de la UGPP como
parte recurrente, la suma equivalente de tres (3) salarios mínimos legales vigentes
(SMLMV) a la fecha de ejecutoria de esta sentencia, a favor del señor Abelardo
Enrique Flórez de la Cruz como parte demandada, teniendo en cuenta la naturaleza,
calidad y duración de la gestión, que correspondió a la contestación de la demanda
y el seguimiento a este trámite extraordinario. No se incluirá suma alguna por
concepto de gastos y expensas por no aparecer causadas.
III. PARTE RESOLUTIVA
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sala Veintitrés Especial de Decisión, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: 1. Se condenará en costas a la parte vencida en el
proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación
o revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código (…)”.
49 El Acuerdo 1887 de 2003 fue derogado por el Acuerdo 10554 de agosto 5 de 2016.
50 De acuerdo con la Corte Constitucional “La condena en costas no resulta de un obrar temerario o de mala fe,
o siquiera culpable de la parte condenada, sino que es resultado de su derrota en el proceso o recurso que haya
propuesto, según el artículo 365. Al momento de liquidarlas, conforme al artículo 366, se precisa que tanto las
costas como las agencias en derecho corresponden a los costos en los que la parte beneficiaria de la condena
incurrió en el proceso, siempre que exista prueba de su existencia, de su utilidad y de que correspondan a
actuaciones autorizadas por la ley. De esta manera, las costas no se originan ni tienen el propósito de ser una
indemnización de perjuicios causados por el mal proceder de una parte, ni pueden asumirse como una sanción
en su contra”. Sentencia C-157/13. MP. Mauricio González Cuervo.
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Radicación: 11001-03-15-000-2020-03428-00 (5424)
Demandante: UGPP
Demandado: Abelardo Enrique Flórez de la Cruz
Referencia: Recurso extraordinario de revisión
FALLA:
PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión
interpuesto por la UGPP contra la sentencia del 10 de diciembre de 2015 proferida
por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, por medio de la cual se
confirmó la sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo
del Atlántico el 19 de diciembre de 2013, en el proceso con radicación No. 08001-
23-33-000-2013-00054-01.
SEGUNDO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.
TERCERO: CONDENAR en costas a la UGPP; FIJAR como agencias en derecho
a su cargo y en favor del señor Abelardo Enrique Flórez de la Cruz, la suma
equivalente de tres (3) salarios mínimos legales vigentes (SMLMV) a la fecha de
ejecutoria de esta sentencia. Por Secretaría, LIQUIDAR lo correspondiente.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ROCÍO ARAÚJO OÑATE STELLA JEANNETTE CARVAJAL
(aclaración de voto) (salvamento parcial de voto)
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ CARMELO PERDOMO CUETER
(salvamento parcial de voto)
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE51
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF
51 Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado y
que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera que el
certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.
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