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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2020-03522-00

Fecha
16 de diciembre de 2021
Consejero ponente
Stella Jeannette Carvajal Basto
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2020-03522-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO.- DECLÁRASE IMPROCEDENTE el control inmediato de legalidad de la Resolución No. 692 de 20 de marzo de 2020, expedida por el Director General de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá -CORPOBOYACÁ-, «Por la cual se suspenden términos en las actuaciones administrativas de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, CORPOBOYACÁ». SEGUNDO.-

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2020-03522-00

Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto

16 de diciembre de 2021

Expediente: 11001-03-15-000-2020-03522-00
Control inmediato de legalidad

CONSEJO DE ESTADO
SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA VEINTISIETE ESPECIAL DE DECISIÓN

Consejera Ponente: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá, D. C., dieciséis (16) de diciembre de dos mil veintiuno (2021)

Radicación: 11001-03-15-000-2020-03522-00

Asunto: Control inmediato de legalidad de la Resolución No. 692 de 20 de
marzo de 2020, proferida por el Director General de la
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, CORPOBOYACÁ,
«Por la cual se suspenden términos en las actuaciones
administrativas de la Corporación Autónoma Regional de
Boyacá, CORPOBOYACÁ»

FALLO CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD

La Sala Veintisiete Especial de Decisión del Consejo de Estado, luego de que
fuera negado el proyecto presentado por la Consejera de Estado doctora Rocío
Araújo Oñate, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, en
especial las conferidas por los artículos 20 de la Ley 137 de 1994 y 136 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA),
ejerce el control inmediato de legalidad de la Resolución Nº 692 de 20 de marzo
de 2020, dictada por el Director General de CORPOBOYACÁ.

I. ANTECEDENTES

1. Acto sometido a control inmediato de legalidad

El Director General de CORPOBOYACÁ, remitió la Resolución Nº 692 de 20 de
marzo de 2020, «Por la cual se suspenden términos en las actuaciones
administrativas de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá,
CORPOBOYACÁ», cuyo texto es el siguiente:
«RESOLUCIÓN No. 692

(20 DE MARZO DE 2020)

Por la cual se suspenden términos en las actuaciones administrativas de la
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, CORPOBOYACÁ.

LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE
BOYACA - CORPOBOYACÁ, EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES, EN
ESPECIAL, LAS CONFERIDAS EN LA LEY 99 DE 1993, EL DECRETO 1076 DE
2015, Y,

CONSIDERANDO

Que mediante Resolución No. 385 de fecha 12 de marzo de 2020 se declaró por parte
del Ministerio de Salud y de Protección Social en todo el territorio Nacional la
emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID19 y se adoptan otras medidas
para hacer frente al virus.

Que a su turno, el Gobierno Departamental de Boyacá mediante Decreto No. 176 del
12 de marzo de 2020 estableció acciones de contención del COVID-19 y la prevención
de padecimientos asociados al primer pico epidemiológico de 2020 de enfermedades
respiratorias en el Departamento de Boyacá.

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Control inmediato de legalidad

Así mismo, mediante Decreto No. 180 del 16 de marzo de 2020 se declara la situación
de calamidad en el Departamento de Boyacá, por un periodo de tres (3) meses,
contados a partir de la declaratoria de la misma.

Que en el marco de las medidas de prevención ordenadas por el Gobierno Nacional,
regional y local la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ
“CORPOBOYACÁ”, expidió la Resolución No. 672 del 16 de marzo de 2020.

Que mediante resolución No. 0691 del 20 de marzo de 2020, se determinó:

“ARTÍCULO PRIMERO: Los Subdirectores, Secretario General y Jurídico y los jefes
de las territoriales deberán proyectar o expedir los actos administrativos (de acuerdo a
sus competencias) tendientes a suspender los términos administrativos o modificar su
aplicación, de acuerdo a las características y situaciones particulares de cada trámite
y a lo dispuesto en esta resolución. Para el efecto deberán procurar la continuación de
aquellos trámites que por sus características lo permitan.

Parágrafo: Las disposiciones adoptadas deberán tener efectos a partir del 24 y hasta
el 31 de marzo de 2020 (…)”.

Que a través de la Resolución 690 del 20 de marzo de 2020, se suspendieron los
términos de la programación de visitas y realización de las mismas de los trámites
correspondientes a la administración del recurso hídrico de competencia de la
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental que se adelantan en la Jurisdicción
de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, CORPOBOYACÁ.

Que el artículo 23 de la Ley 99 de 1993, establece como función de las
CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES administrar, dentro del área de su
jurisdicción, el ambiente y los recursos naturales renovables y propender por su
desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y las políticas del
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Que el artículo 30 Ibídem preceptúa que todas las Corporaciones Autónomas
Regionales tendrán por objeto la ejecución de las políticas, planes, programas y
proyectos sobre ambiente y recursos naturales renovables, así como dar cumplida y
oportuna aplicación a las disposiciones legales vigentes sobre su disposición,
administración, manejo y aprovechamiento, conforme a las regulaciones, pautas y
directrices expedidas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Que el artículo 30 Ibídem preceptúa que todas las Corporaciones Autónomas
Regionales tendrán por objeto la ejecución de las políticas, planes, programas y
proyectos sobre ambiente y recursos naturales renovables, así como dar cumplida y
oportuna aplicación a las disposiciones legales vigentes sobre su disposición,
administración, manejo y aprovechamiento, conforme a las regulaciones, pautas y
directrices expedidas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Que de conformidad con el artículo 31 numeral 2 de la precitada norma, corresponde
a las CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES, ejercer la función de máxima
autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo con las normas de
carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazadas por el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Que, por su parte, el numeral 9º del mismo artículo señala que corresponde a esta
Corporación otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales
requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos
naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar
el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos
forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer
vedas para la caza y pesca deportiva.

Que el numeral 11 ibídem establece dentro de la competencia de la Corporación el
ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de las actividades
de exploración, explotación, beneficio, transporte, uso y depósito de los recursos
naturales no renovables, incluida la actividad portuaria con exclusión de las
competencias atribuidas al Ministerio del Medio Ambiente, así como de otras
actividades, proyectos o factores que generen o puedan generar deterioro ambiental.
Esta función comprende la expedición de la respectiva licencia ambiental. Las
funciones a que se refiere este numeral serán ejercidas de acuerdo con el artículo 58
de esta Ley.

Que a su turno el numeral 12 ibídem precisa como funciones de las Corporaciones
"Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del

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agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá
el vertimiento, emisión o incorporación sustancias o residuos líquidos, sólidos y
gaseosos, las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los
vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal
desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su
empleo para otros usos, estas funciones comprenden [la] expedición de las
respectivas licencias ambientales, permisos concesiones, autorizaciones y
salvoconductos, y en el numeral 17 se establece: "Imponer y ejecutar a prevención y
sin perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas
de policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de violación a las normas de
protección ambiental y de manejo de recursos naturales renovables y exigir, con
sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de daños causados”.

Que en el artículo 3 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo se prevé que todas las autoridades deberán interpretar y aplicar las
disposiciones que regulan las actuaciones y procedimientos administrativos a la luz de
los principios consagrados en la Constitución Política, en la Parte Primera de este
Código y en las leyes especiales. Las actuaciones administrativas se desarrollarán,
especialmente, con arreglo a los principios del debido proceso, igualdad,
imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, responsabilidad, transparencia,
publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad.

Que considerando que en la Corporación Autónoma Regional de Boyacá -
CORPOBOYACÁ, se adelantan diversas actuaciones administrativas, que por
disposición legal se enmarcan en términos procesales, los cuales son de obligatorio
cumplimiento tanto para la Corporación como para los interesados, titulares, y
personas intervinientes, se hace necesario ordenar la suspensión de los términos
procesales en los trámites y procedimientos administrativos relacionados a
continuación consagrados en la Ley 99 de 1993, Decreto 1076 de 2015 Único
Reglamentario del Sector Ambiente, Ley 1333 de 2009 y demás normas que los
reglamentan y/o desarrollan; y durante el periodo citado en la parte resolutiva del
presente acto administrativo:

Subdirección de Administración de Recursos Naturales

 Licencias Ambientales, Planes de Manejo Ambiental y sus respectivos
trámites de modificación.
 Permisos, concesiones o autorizaciones ambientales para el uso,
aprovechamiento de los recursos naturales renovables de competencia de la
Subdirección de Administración de Recursos Naturales, de conformidad con la
delegación establecida en la Resolución No. 3893 del 28 de noviembre de
2016.
 Procesos sancionatorios ambientales consagrados en la Ley 1333 de 2009.
 Visitas de evaluación, control y seguimiento ambiental programadas en [el]
marco de las funciones de la Subdirección de Administración de Recursos
Naturales.
 Trámites de control y seguimiento ambiental relacionados con [el]
cumplimiento a requerimientos efectuados a los titulares o personas
intervinientes.

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental

 Registro de generadores de residuos peligrosos.
 Validación y modificación de registros de generadores de residuos
peligrosos.
 Realizar el control y seguimiento de la ejecución del PGIRS en lo
relacionado con las metas de aprovechamiento.
 Permisos de Prospección y Exploración de Agua Subterránea.
 Concesiones de Agua Superficial y Subterránea, Evaluación de Planos,
Recibo de obras, y Evaluaciones de Programa de Uso Eficiente y Ahorro de
Agua de acuerdo con la delegación efectuada a través de la Resolución
3893 del 28 de noviembre de 2016.
 Permisos de Ocupación de Cauce.
 Permisos de Vertimiento.
 Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimiento.
 Permisos de Recolección de especímenes de especies silvestres de la
diversidad biológica con fines de investigación científica no comercial.
 Permisos de Estudio para la recolección de especímenes de especies
silvestres de la diversidad biológica con fines de Elaboración de Estudios
Ambientales.
 Instrumentos Económicos

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Control inmediato de legalidad

Oficinas Territoriales de Soata, Socha, Pauna y Miraflores

 Permisos, concesiones o autorizaciones ambientales para el uso,
aprovechamiento de los recursos naturales renovables de competencia de
las Oficinas Territoriales, de conformidad con la delegación establecida en la
Resolución No. 3893 del 28 de noviembre de 2016.
 Procesos sancionatorios ambientales consagrados en la Ley 1333 de 2009
de conformidad con la delegación establecida en la Resolución No. 3893 del
28 de noviembre de 2016.
 Visitas de evaluación, control y seguimiento ambiental programadas en [el]
marco de la delegación establecida en la Resolución No. 3893 del 28 de
noviembre de 2016.
 Trámites de control y seguimiento ambiental relacionados con [el]
cumplimiento a requerimientos efectuados a los titulares o personas
intervinientes de conformidad con la delegación establecida en la Resolución
No. 3893 del 28 de noviembre de 2016.
 Concesiones de Agua, Evaluación de Planos, Recibo de obras, y
Evaluaciones de Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua de acuerdo
con la delegación efectuada a través de la Resolución 3893 del 28 de
noviembre de 2016.
 Trámites de control y seguimiento ambiental relacionados con [el]
cumplimiento a requerimientos efectuados a los titulares o personas
intervinientes de conformidad con la delegación establecida en la Resolución
No. 3893 del 28 de noviembre de 2016.
 Concesiones de Agua, Evaluación de Planos, Recibo de obras, y
Evaluaciones de Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua de acuerdo
con la delegación efectuada a través de la Resolución 3893 del 28 de
noviembre de 2016.

Que, en mérito de lo expuesto, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: SUSPENDER desde el 24 de marzo hasta el 31 de marzo
de 2020, inclusive, los términos procesales en los procesos administrativos de
carácter ambiental en curso consagrados en la Ley 99 de 1993, Decreto 1076 de
2015 Único Reglamentario del Sector Ambiente, Ley 1333 de 2009 y demás normas
que los reglamentan y/o desarrollan; y que se relacionan seguidamente, fechas en
que no correrán los términos para todos los efectos legales:

Subdirección de Administración de Recursos Naturales

 Licencias Ambientales, Planes de Manejo Ambiental y sus respectivos
trámites de modificación.
 Permisos, concesiones o autorizaciones ambientales para el uso,
aprovechamiento de los recursos naturales renovables de competencia de la
Subdirección de Administración de Recursos Naturales, de conformidad con
la delegación establecida en la Resolución No. 3893 del 28 de noviembre de
2016.
 Procesos sancionatorios ambientales consagrados en la Ley 1333 de 2009.
 Visitas de evaluación, control y seguimiento ambiental programadas en [el]
marco de las funciones de la Subdirección de Administración de Recursos
Naturales.
 Trámites de control y seguimiento ambiental relacionados con [el]
cumplimiento a requerimientos efectuados a los titulares o personas
intervinientes.

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental

 Registro de generadores de residuos peligrosos.
 Validación y modificación de registros de generadores de residuos
peligrosos.
 Realizar el control y seguimiento de la ejecución del PGIRS en lo
relacionado con las metas de aprovechamiento.
 Permisos de Prospección y Exploración de Agua Subterránea.
 Concesiones de Agua Superficial y Subterránea, Evaluación de Planos,
Recibo de obras, y Evaluaciones de Programa de Uso Eficiente y Ahorro de
Agua de acuerdo con la delegación efectuada a través de la Resolución
3893 del 28 de noviembre de 2016.
 Permisos de Ocupación de Cauce.
 Permisos de Vertimiento.

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 Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimiento.
 Permisos de Recolección de especímenes de especies silvestres de la
diversidad biológica con fines de investigación científica no comercial.
 Permisos de Estudio para la recolección de especímenes de especies
silvestres de la diversidad biológica con fines de Elaboración de Estudios
Ambientales.
 Instrumentos Económicos.

Oficinas Territoriales de Soata, Socha, Pauna y Miraflores

 Permisos, concesiones o autorizaciones ambientales para el uso,
aprovechamiento de los recursos naturales renovables de competencia de
las Oficinas Territoriales, de conformidad con la delegación establecida en la
Resolución No. 3893 del 28 de noviembre de 2016.
 Procesos sancionatorios ambientales consagrados en la Ley 1333 de 2009
de conformidad con la delegación establecida en la Resolución No. 3893 del
28 de noviembre de 2016.
 Visitas de evaluación, control y seguimiento ambiental programadas de
conformidad con la delegación establecida en la Resolución No. 3893 del 28
de noviembre de 2016.
 Trámites de control y seguimiento ambiental relacionados con [el]
cumplimiento a requerimientos efectuados a los titulares o personas
intervinientes de conformidad con la delegación establecida en la Resolución
No. 3893 del 28 de noviembre de 2016.
 Concesiones de Agua, Evaluación de Planos, Recibo de obras, y
Evaluaciones de Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua de acuerdo
con la delegación efectuada a través de la Resolución [No.] 3893 del 28
noviembre de 2016.

PARÁGRAFO PRIMERO. - La presente decisión no ampara los términos legalmente
establecidos como de obligatorio cumplimiento, entre éstos la contestación de
derechos de petición, ni interrumpe los términos de prescripción o caducidad.

PARÁGRAFO SEGUNDO.- Durante el citado periodo no se realizarán, ni
programarán visitas, salvo situaciones urgentes o que de acuerdo con su gravedad e
intensidad deban ser atendidas de manera prioritaria.

ARTÍCULO SEGUNDO: Lo dispuesto en la presente Resolución, podrá ser objeto de
modificación y/o ajuste en cualquier tiempo, teniendo en cuenta la evolución de las
circunstancias que dieron origen a su expedición.

ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo de conformidad con
lo establecido en el artículo 90 de la Resolución [No.] 1457 de 2005 de esta
Corporación, divulgándolo en la página Web de la Entidad como medio para
garantizar su conocimiento por parte de los usuarios y se deberá fijar copia de la
misma en las respectivas carteleras de la Corporación en todas sus sedes.

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar y remitir copia de la presente resolución al
Departamento de Boyacá y a los Municipios del área de la jurisdicción de
CORPOBOYACÁ, para su conocimiento y difusión a través de los medios que para
el efecto posean.

ARTÍCULO QUINTO: El presente acto administrativo rige a partir de la fecha de su
publicación y deroga la Resolución [No.] 690 del 20 de marzo de 2020.

ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso
alguno en el marco de lo establecido en el artículo 75 del Código de procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo».

2. Trámite procesal

2.1. Auto que avoca conocimiento

Por auto de 10 de agosto de 2020, la Magistrada Rocío Araújo Oñate avocó el
conocimiento de la Resolución Nº 692 de 20 de marzo de 2020, «Por la cual se
suspenden términos en las actuaciones administrativas de la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá, CORPOBOYACÁ», dictada por el Director
General de CORPOBOYACÁ, con el fin de efectuar el control inmediato de

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legalidad previsto en los artículos 20 de la Ley Estatutaria 137 de 1994 y 136 del
CPACA.

Esa decisión dispuso la notificación al Director General de CORPOBOYACÁ, a la
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y al Ministerio Público e invitó a
la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, y al Instituto Colombiano
de Derecho Procesal, ICDP, para que rindieran concepto respecto del acto objeto
del medio de control, dentro de un término de diez (10) días.

Asimismo, se solicitó a la entidad emisora que dentro de los diez (10) días
siguientes a la notificación, remitiera los antecedentes administrativos de la
Resolución Nº 692 de 20 de marzo de 2020.

En el mismo auto se ordenó a la Secretaría General de la Corporación que fijara
un aviso por el término de diez (10) días, y a través de los diferentes medios
virtuales, con el fin de permitir que cualquier ciudadano interviniera para defender
o impugnar la legalidad del referido acto administrativo.

También dispuso que, expirado ese término, corriera traslado al Ministerio Público
para que dentro de los diez (10) días siguientes rindiera concepto.

En cumplimiento de lo anterior, la Secretaría General del Consejo de Estado libró
las correspondientes notificaciones y comunicaciones el 14 de agosto de 2020. El
18 de agosto de 2020, se efectuó la fijación del aviso por el término de diez (10)
días.

El 2 de septiembre de 2020, se corrió traslado al Ministerio Público por diez (10)
días, para que rindiera concepto. El expediente pasó al despacho para fallo el 18
de septiembre de 2020.

Mediante auto de 1 de octubre de 2020, se ordenó a la Secretaría General
notificar a la ANLA y al ICDP, el auto de 10 de agosto de 2020, con el fin de que
intervinieran en la actuación rindiendo concepto respecto de la Resolución No. 692
del 20 de marzo de 2020, dentro de los diez (10) días siguientes al recibo de la
notificación. Adicionalmente ordenó notificar a la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado, a CORPOBOYACÁ y al Ministerio Público. Por último, dispuso
que por Secretaría General se efectuara la publicación y fijación del auto que
avocó conocimiento del acto administrativo objeto del control inmediato de
legalidad por el término de diez (10) días, para que cualquier ciudadano
interviniera, por escrito, para defender o impugnar la legalidad del acto.

2.2. Solicitud de unificación de jurisprudencia

En escrito de 14 de septiembre de 2020, el Ministerio Público, a través de la
Procuradora Séptima Delegada, solicitó a la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado avocar el conocimiento del presente asunto
para unificar su criterio jurisprudencial en relación con la improcedencia del control
inmediato de legalidad de los actos administrativos que no invocan como
fundamento para su expedición un decreto legislativo proferido durante el estado
de excepción.

Argumentó que las Salas Especiales de Decisión Sexta y Décima, a través de
providencias de 21 y 8 de junio de 20202, respectivamente, resolvieron no avocar
el conocimiento de las Resoluciones No. 691 del 20 de marzo de 2020 y No. 690
del 19 de marzo de 2020, proferidas por el Director de CORPOBOYACÁ, al

1 Consejo de Estado, Sala Sexta Especial de Decisión, exp. Nº 11001-03-15-000-2020-01012-00,

C.P. Carlos Enrique Moreno Rubio.
2 Consejo de Estado, Sala Décima Especial de Decisión, exp. Nº 11001-03-15-000-2020-01017-00,

C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.

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considerar que el control inmediato de legalidad no resultaba procedente dado que
las resoluciones no desarrollaban ninguno de los decretos legislativos proferidos
durante el estado de excepción. En este orden de ideas, sostuvo que tampoco
debe avocarse conocimiento de la Resolución No. 692 de 2020, pues las
resoluciones en mención son inescindibles a esta última.

2.3. Auto que resuelve la solicitud de unificación

Por auto de 9 de febrero de 2021, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado3, resolvió no avocar el conocimiento del control inmediato
de legalidad de la Resolución No. 692 de 20 de marzo de 2020, para unificar la
jurisprudencia, al considerar que no existe divergencia o contradicción por parte de
las Salas Especiales de Decisión de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo.

Aseguró que no existe unidad de materia ni relación inescindible entre el acto
administrativo objeto de control y las Resoluciones No. 690 y 691 de 2020, por lo
que la decisión en cuanto a la procedibilidad del control inmediato de legalidad no
debe necesariamente correr la misma suerte. Además, se encontró que las
mencionadas resoluciones no guardan identidad fáctica y jurídica, por lo que las
decisiones adoptadas en cada uno de los procesos no comportan ni constituyen
reglas de la jurisprudencia o criterios jurisprudenciales que resulten aplicables de
manera general, con carácter vinculante y obligatorio, para todos los actos
administrativos que se expiden en el marco temporal del estado de excepción.

En ese sentido, aseveró que no se advierte que las decisiones hayan sido
contradictorias entre las Salas Especiales de Decisión, dado que se trata de
resoluciones que no guardan identidad o similitud y, además, se sustentaron en
razones diferentes para concluir que los actos no desarrollaban un decreto
legislativo durante el Estado de excepción.

Por último, advirtió que los argumentos expuestos por la procuradora delegada en
la solicitud de unificación de jurisprudencia revelan su inconformidad con las
razones que fundaron la decisión de avocar el conocimiento del control inmediato
de legalidad de la Resolución No. 692 de 2020, cuestión que es ajena a las
previsiones del artículo 271 del CPACA, a su objeto y finalidad.

2.4. Auto de cambio de ponente

En sesión de 23 de julio de 2021, la doctora Rocío Araújo Oñate puso a
consideración de la Sala el proyecto de fallo para resolver el control inmediato de
legalidad, y al no obtener la mayoría requerida para su aprobación, se dictó auto
de 9 de agosto de 2021, con el fin de dar aplicación a lo dispuesto en el numeral 6
del artículo 50 del Acuerdo No. 080 de 2019 y, en consecuencia, remitir el
expediente al magistrado que sigue en turno para el trámite que corresponda.

Por auto de 19 de agosto de 2021, se remitió el expediente al despacho de la
Consejera Stella Jeannette Carvajal Basto.

4. Intervenciones

4.1. Corporación Autónoma Regional de Boyacá, CORPOBOYACÁ

En escrito de 7 de septiembre de 2020, el Director General de CORPOBOYACÁ
en respuesta al auto que resolvió avocar el conocimiento del control inmediato de
legalidad manifestó que por Resolución N° 385 de 12 de marzo de 2020, el
Ministerio de Salud y Protección Social declaró el estado de emergencia sanitaria

3El Consejero William Hernández Gómez presentó salvamento de voto. Los consejeros Julio
Roberto Piza Rodríguez, Gabriel Valbuena Hernández y Nicolás Yepes Corrales aclararon su voto.

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en todo el territorio nacional hasta el 30 de mayo de 2020, la cual fue modificada
por la Resolución No. 407 del 13 de marzo de 2020, así como las demás
resoluciones expedidas con posterioridad.

Refirió que el Gobierno Departamental de Boyacá mediante Decreto No. 176 del
12 de marzo de 2020, estableció las acciones de contención del COVID-19 y la
prevención de padecimientos asociados al primer pico epidemiológico de 2020 de
enfermedades respiratorias en el departamento de Boyacá.

Sostuvo que por Decreto 180 de 16 de marzo de 2020 se declaró la situación de
calamidad en el departamento de Boyacá, por un periodo de tres (3) meses,
contados a partir de la declaratoria de la misma.

Indicó que por esa razón y en aras de cumplir las disposiciones a nivel nacional,
CORPOBOYACA expidió la Resolución No. 672 de 16 de marzo de 2020,
mediante la cual suspendió todas sus actividades. Además, sostuvo que por
Resolución No. 691 de 20 de marzo de 2020, se determinó que los subdirectores,
secretario general y jurídico y los jefes de las territoriales debían proyectar o
expedir los actos administrativos tendientes a suspender los términos
administrativos o modificar su aplicación, de acuerdo con las características y
situaciones particulares de cada trámite y lo dispuesto en dicha resolución.

Manifestó que de conformidad con el artículo 23 de la Ley 99 de 1993, las
Corporaciones Autónomas Regionales son entes corporativos de carácter público,
«encargados por la ley de administrar, dentro del área de su jurisdicción, el medio
ambiente y los recursos naturales renovables y propender por su desarrollo
sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y las políticas del
Ministerio del Medio Ambiente». Agregó que sus funciones están determinadas en
la Ley 99 de 1993 y en los Decretos 2811 de 1974 y 1076 de 2015.

Aseguró que los aspectos reglados en la Resolución No. 692 de 20 de marzo de
2020, objeto de control, hacen parte de las funciones de la entidad y responden a
los lineamientos dados por el Gobierno Nacional y las autoridades
departamentales y locales para atender la pandemia por el COVID-19.

Refirió que la suspensión de los términos ordenada implicó que durante el periodo
de 24 de marzo al 31 de marzo de 2020, no se realizaran ni programaran visitas,
salvo situaciones urgentes, y que se recibieran solicitudes de concesiones y
permisos, así como los demás trámites, recursos de reposición, peticiones o
reclamos, respecto a la administración del recurso hídrico, únicamente a través de
correo electrónico.

Indicó que la Resolución No. 692 de 20 de marzo de 2020, no desconoce el
ordenamiento jurídico, ni los límites determinados por el Gobierno Nacional en el
Decreto 417 de 17 de marzo de 2020 y el Gobernador de Boyacá en el Decreto
180 de 2020. Por el contrario, sostuvo que obedece a su función como garante de
sus administrados y órgano rector en materia ambiental en su jurisdicción, ya que
al suspender la atención presencial de público e informar los canales de los que
puede hacer uso la ciudadanía para solicitar información, radicar quejas y
presentar denuncias, se tuvieron en cuenta los factores que afectaban la vida
diaria, como las restricciones de movilidad que impuso el Gobierno Nacional en
medio de la emergencia sanitaria derivada del COVID-19, entendiendo que la
recepción de información y el papel de la comunidad en el ejercicio efectivo de las
funciones de la Corporación se verían afectados al estar cerrados los canales
habituales de recepción de información.

En este sentido, refirió que aun cuando se decidió suspender la atención
presencial, también promovió la recepción de quejas o denuncias de la comunidad
mediante canales virtuales, por lo que se garantizaron los derechos fundamentales
a la igualdad y a solicitar y recibir información. Adicionalmente, resaltó que no se

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Expediente: 11001-03-15-000-2020-03522-00
Control inmediato de legalidad

suspendieron los términos en algunos asuntos y trámites que, por sus
características, resultaban necesarios para la protección y el goce de los recursos
ambientales del departamento de Boyacá.

Así las cosas, concluyó que «la resolución objeto de estudio busca la protección
de los derechos de los ciudadanos, evitando que aún frente a la situación que
genera la emergencia decretada por el Gobierno nacional, el ejercicio de sus
derechos ante esta entidad no se vea disminuido ni afectado. Estando en
concordancia esta resolución con la totalidad de los pronunciamientos y
lineamientos emitidos por el Gobierno Nacional».

4.2. Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA

Por memorial de 15 de octubre de 2020, el apoderado judicial de la entidad
presentó concepto sobre la conformidad con el ordenamiento jurídico de la
Resolución No. 692 de 20 de marzo de 2020.

En primer lugar, hizo referencia a los antecedentes normativos del acto
administrativo, indicando que antes de expedirse el Ministerio de Salud y
Protección Social había declarado la emergencia sanitaria por causa del COVID-
19 hasta el 30 de mayo de 2020, mediante la Resolución No. 385 de 12 de marzo
de 2020.

Sostuvo que la Gobernación de Boyacá mediante Decreto 180 de 16 de marzo de
2020, declaró la situación de calamidad pública en esa entidad territorial por un
periodo 3 meses.

Indicó que el Director General de CORPOBOYACÁ mediante Resolución No. 672
de 16 de marzo de 2020, suspendió todas las actividades programadas por esa
autoridad ambiental regional, incluidas las funciones administrativas, de asesoría,
coordinación, apoyo, control y seguimiento, atención al público de forma
presencial, y demás que tienen que ver con las actividades misionales desde el 17
al 20 de marzo de 2020, exceptuando aquellas que por su gravedad e intensidad
deban ser atendidas de manera urgente y prioritaria.

Refirió que posteriormente el Presidente de la República en ejercicio de sus
facultades constitucionales y legales, por medio del Decreto 417 de 17 de marzo
de 2020, declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica por
causa del COVID-19. Además, señaló que por Resolución No. 691 de 20 de marzo
de 2020, la Dirección General de CORPOBOYACÁ determinó que los
subdirectores, secretario general, jurídico y los jefes territoriales debían proyectar
o expedir los actos administrativos tendientes a suspender los términos
administrativos o modificar su ampliación, procurando la continuación de aquellos
trámites que por sus características lo permitan.

En segundo lugar, sostuvo que de la lectura de la resolución objeto de control
inmediato de legalidad se infiere que se justifica en: (i) el decreto del Estado de
Emergencia Económica, Social y Ecológica por causa del COVID-19; (ii) la
necesidad de tomar medidas pertinentes y urgentes para disminuir el riesgo de
propagación del contagio de la enfermedad y, por último, (iii) el ejercicio de la
competencia señalada en el artículo 2.2.2.3.2.3 del Decreto 1076 de 2015, en
cuanto al trámite de otorgamiento de licencias ambientales.

En tercer término, indicó que la decisión de ordenar la suspensión de los términos
procesales es una medida coherente con la realidad del país y que se dictó en
cumplimiento de la Resolución No. 691 de 20 de marzo de 2020, expedida por el
Director General de CORPOBOYACÁ, a lo que agregó que durante la emergencia
se consideró como prioridad general salvaguardar los derechos superiores a la
vida e integridad personal de sus funcionarios, colaboradores, usuarios y grupos
de interés, por lo que se impusieron medidas de restricción a la movilidad que le

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Expediente: 11001-03-15-000-2020-03522-00
Control inmediato de legalidad

impedían al personal de la Corporación ingresar a las instalaciones, desplazarse a
terreno para efectuar visitas técnicas y realizar atención al público, por lo que se
debieron suspender las actividades administrativas, salvo algunas excepciones.

Manifestó que como quiera que la orden de suspensión de actividades por parte
de la Corporación se dictó mediante la Resolución No. 672 de 16 de marzo de
2020, en aras de garantizar el debido proceso administrativo, el acceso a la
administración de justicia y el principio de seguridad jurídica, se hacía necesario
que a partir de esa fecha, es decir, de manera concomitante, se suspendieran
también los términos en sus actuaciones permisivas y sancionatorias, lo que fue
materializado hasta el 20 de marzo de 2020 con la emisión de la Resolución No.
692.

Por último, advirtió su desacuerdo con lo dispuesto en el artículo 1º parágrafo
primero de la Resolución No. 692 de 20 de marzo de 2020, en donde se indicó
que la suspensión de términos procesales no interrumpe los términos de
prescripción y caducidad, pues considera que tal determinación desconoce el
debido proceso administrativo, dado que al suspenderse los términos de las
actuaciones administrativas deben correr la misma suerte los términos de
caducidad, prescripción o firmeza. Además, señaló que mediante Decreto
Legislativo 491 de 28 de marzo de 2020, emitido por el Presidente de la República
se ordenó la suspensión de términos en las actuaciones administrativas o
jurisdiccionales en sede administrativa, aclarando que «durante el término que
dure la suspensión y hasta el momento en que se reanuden las actuaciones no
correrán los términos de caducidad, prescripción o firmeza previstos en la Ley que
regule la materia».

Agregó que a través del Decreto Legislativo 564 de 15 de abril de 2020, se
determinó que los términos de caducidad y prescripción previstos en cualquier
norma sustancial o procesal para ejercer derechos, acciones, medios de control o
presentar demandas ante la Rama Judicial o ante los tribunales arbitrales, sean de
días, meses o años se encuentran suspendidos desde el 16 de marzo de 2020
hasta el día en que el Consejo Superior de la Judicatura disponga de la
reanudación de los términos procesales.

Finalmente, indicó que la Corte Constitucional en la sentencia C-242 de 9 de julio
de 2020, declaró la exequibilidad condicionada de la suspensión de términos en
las actuaciones administrativas señalada en el artículo 6 del Decreto Legislativo
491 de 2020, indicando que es una medida necesaria dado que para las
autoridades del Estado es imposible realizar las actuaciones con la misma
celeridad que antes de la emergencia sanitaria y, proporcional, pues a pesar de
afectar la celeridad de los trámites que por mandato superior deben tener los
procedimientos, lo cierto es que se trata de una medida que no aplica para
actuaciones que versen sobre cuestiones iusfundamentales, por lo que solo se
puede acudir a dicha figura frente asuntos de índole legal o reglamentario.

5. Concepto del Ministerio Público

La Procuradora Séptima Delegada ante el Consejo de Estado emitió el concepto
No. 185 de 14 de septiembre de 2020, respecto de la Resolución No. 692 de 20 de
marzo de 2020, en el que solicitó inhibirse de pronunciarse sobre su legalidad, con
sustento en los siguientes argumentos:

En primer lugar, sostuvo que con anterioridad a la expedición de la Resolución No.
692 de 2020, objeto de control, se profirieron otros actos que deben ser vistos
como sus antecedentes, esto es, las Resoluciones Nos. 690 de 19 de marzo de
2020 y 691 de 20 de marzo de 2020, entre las cuales, en principio, se advierte una
relación inescindible con la que ahora es objeto de control, todas ellas
relacionadas con la suspensión de los términos administrativos, respecto de las

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Expediente: 11001-03-15-000-2020-03522-00
Control inmediato de legalidad

cuales no se avocó el conocimiento por otras Salas Especiales de Decisión,
determinación que también se debe adoptar en el asunto bajo examen.

Señaló que el Consejo de Estado es competente para adelantar el control
inmediato de legalidad, porque conforme a lo establecido en la Ley 99 de 1993 y
en la jurisprudencia constitucional, las Corporaciones Autónomas Regionales son
autoridades del orden nacional, de carácter público, dotadas de autonomía
administrativa y financiera, patrimonio propio y personería jurídica.

Posteriormente, se refirió al cumplimiento de los requisitos formales de
procedencia del control inmediato de legalidad, respecto de los cuales indicó que
la Resolución No. 692 de 20 de marzo de 2020:

(i) Es un acto administrativo de carácter general, en tanto fue expedido con la
finalidad de suspender los términos procesales en los procedimientos
administrativos de carácter ambiental en curso, entre el 24 y el 31 de marzo de
2020, de modo que su ámbito normativo no va dirigido a una persona en
específico.

(ii) Se expidió en desarrollo de la función que le fue atribuida a las Corporaciones
Autónomas Regionales por el artículo 30 de la Ley 99 de 1993, esto es, la
ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos sobre medio ambiente y
recursos naturales renovables, así como dar cumplida y oportuna aplicación a las
disposiciones legales vigentes sobre su disposición, administración, manejo y
aprovechamiento, según los parámetros que fije el Ministerio de Ambiente.

(iii) No obedece al desarrollo de un decreto legislativo en un estado de excepción,
porque fue expedida en razón a la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio
de Salud y Protección Social, a través de la Resolución No. 385 de 12 de marzo
de 2020 y las medidas sanitarias implementadas para hacerle frente al COVID-19,
las cuales fueron dictadas para restablecer el orden público sanitario, y no en
virtud de las medidas para mitigar los efectos de esas medidas sanitarias -estado
de excepción (Decreto 417 de 2020)-.

Por lo anterior, expuso su inconformidad con la decisión de avocar el conocimiento
del control inmediato de legalidad de la Resolución No. 692 de 2020, pues
considera que por el solo hecho de que el fundamento del acto sea la emergencia
sanitaria y que se haya expedido durante la vigencia del estado de excepción
declarado por el Decreto 417 de 2020, sin hacer referencia a éste, no permite
inferir que el acto sea desarrollo del decreto que declaró el estado de emergencia
económica, social y ecológica.

Al respecto, resaltó que las motivaciones de la resolución bajo estudio fueron (i) la
declaratoria de emergencia sanitaria efectuada por la Resolución No. 385 de 2020;
(ii) los Decretos Departamentales 176 y 180 de 2020; (iii) la expedición de las
Resoluciones Nos. 672, 691 y 692 de 2020 por el Director de CORPOBOYACÁ;
(iv) los artículos 23, 30 y 31 de la Ley 99 de 1993; (v) el artículo 3 del CPACA; (vi)
el Decreto 1076 de 2015 y (vii) la Ley 1333 de 2009.

Así las cosas, el Ministerio Público solicitó al Consejo de Estado inhibirse de
pronunciarse de fondo porque la Resolución No. 692 de 2020 no desarrolla un
decreto legislativo, por lo que no puede ser objeto del control inmediato de
legalidad, en tanto es un acto expedido con base en las medidas o facultades
ordinarias de policía que tienen las diversas autoridades para cumplir las medidas
en el marco de la emergencia sanitaria.

Además, pidió que se sometiera el proceso a conocimiento de la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, a efectos de unificar el criterio de las distintas Salas
Especiales de Decisión en relación con la procedencia del medio de control
inmediato de legalidad respecto de aquellos actos administrativos que enuncian en

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Control inmediato de legalidad

sus fundamentos normativos el decreto que declara un estado de excepción sin
que desarrolle decreto legislativo alguno, o sin que exista mención a él, o porque
se dictó en su vigencia, solicitud que, como se indicó en precedencia, fue negada
por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado por auto
de 9 de febrero de 2021 (2.3 supra).

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

La Sala Veintisiete Especial de Decisión del Consejo de Estado es competente
para decidir el presente control inmediato de legalidad, de conformidad con lo
dispuesto en el numeral 8º del artículo 111 del Código de Procedimiento y de lo
Contencioso Administrativo, en armonía con lo establecido en el artículo 23 del
Acuerdo No. 080 de 2019 -Reglamento del Consejo de Estado-, y en el Acuerdo
de la Sala Plena del Consejo de Estado aprobado en sesión No. 10 del 1º de abril
de 2020, mediante el cual se asignó a las Salas Especiales de Decisión la
competencia para conocer y decidir los controles inmediatos de legalidad en
aplicación del artículo 29 del Reglamento del Consejo de Estado.

2. Planteamiento del problema jurídico

La Sala debe determinar si es procedente abordar el estudio de fondo del control
inmediato de legalidad de la Resolución No. 692 de 20 de marzo de 2020,
expedida por el Director General de CORPOBOYACÁ, por cumplir los requisitos
formales previstos en los artículos 20 de la Ley Estatutaria 137 de 1994 y 136 del
CPACA.

3. El control inmediato de legalidad como mecanismo de control de
constitucionalidad y los requisitos formales de procedencia

El artículo 4 superior señala que la Constitución es norma de normas y en caso de
incompatibilidad entre la Carta Política y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán
las disposiciones constitucionales. Este artículo establece expresamente el
principio de supremacía constitucional, cuyo entendimiento se debe articular con la
noción de valor normativo, es decir, que la Constitución tiene una aplicación
directa y prevalente en el ordenamiento jurídico, sin que sea necesario algún tipo
de desarrollo legislativo.

La supremacía y el valor normativo de la Constitución, por sí mismos, no son
suficientes para que ese ordenamiento fundacional tenga plena aplicabilidad y
vigencia. Es necesario contar con un mecanismo que, en el proceso de formación
y consolidación del Estado de Derecho, se ha denominado el control de
constitucionalidad, cuya principal finalidad es la defensa de la Constitución.

Para Jorge Reinaldo A. Vanossi4, el control de constitucionalidad se refiere «a la
existencia, dentro de un régimen constitucional, de diversos mecanismos
destinados a hacer efectiva la supremacía de la Constitución, o sea, una
pluralidad de instrumentos» (negrillas por fuera del texto original).

La Constitución Política de 1991, incorpora diversas manifestaciones del control
de constitucionalidad, a saber: (i) la función entregada a la Corte Constitucional en
virtud de las competencias asignadas en el control abstracto y concreto de
constitucionalidad (art. 241 de la Constitución); (ii) la atribución del Consejo de
Estado a través de la acción de pérdida de investidura de congresistas y la acción
pública de nulidad por inconstitucionalidad (arts. 184 y 237 numeral 2 de la

4 Teoría Constitucional. Supremacía y control de constitucionalidad. Tomo II, ediciones Depalma,

Buenos Aires, 2000 (primera edición 1976), p. 99.

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Control inmediato de legalidad

Constitución); (iii) la facultad de los Tribunales Administrativos, en única instancia,
de conocer las objeciones por motivos de inconstitucionalidad y legalidad de los
proyectos de ordenanza departamental y de acuerdo municipal, formuladas por los
gobernadores y los alcaldes, respectivamente (arts. 305 numeral 9 y 315 numeral
6 de la Constitución)5; (iv) el control por vía de excepción de inconstitucionalidad
cuya competencia recae en las autoridades judiciales y administrativas (art. 4 de la
Constitución) y (v) la competencia de todas las autoridades judiciales para conocer
acciones de tutela (art. 86 de la Constitución).

Otro de esos mecanismos de defensa de la Constitución, de creación legal, es el
control inmediato de legalidad previsto en el artículo 20 de la Ley Estatutaria 137
de 19946, en virtud del cual «las medidas de carácter general que sean dictadas
en ejercicio de la función administrativa y como desarrollo de los decretos
legislativos durante los Estados de Excepción, tendrán un control inmediato de
legalidad, ejercido por la autoridad de lo contencioso administrativo en el lugar
donde se expidan si se tratare de entidades territoriales o del Consejo de Estado si
emanaren de autoridades nacionales. Las autoridades competentes que los
expidan enviarán los actos administrativos a la jurisdicción contencioso-
administrativa indicada, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a su
expedición».

La Corte Constitucional en sentencia C-179 de 19947, declaró la exequibilidad de
esa disposición, al considerar que esas previsiones «encajan dentro de lo
contemplado en el artículo 237 de la Carta, que le atribuye al Consejo de Estado
las funciones de tribunal supremo de lo contencioso administrativo, y el
conocimiento de las acciones de nulidad por inconstitucionalidad de los decretos
dictados por el Gobierno Nacional, cuya competencia no corresponda a la Corte
Constitucional, al igual que el cumplimiento de las demás funciones que le asigne
la ley». Agregó que ese control «constituye una limitación al poder de las
autoridades administrativas, y es medida eficaz con la cual se busca impedir
la aplicación de normas ilegales» (negrillas por fuera del texto original).

Con la entrada en vigencia del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (CPACA), el artículo 136 reprodujo el artículo 20 de la
Ley 137 de 1994, e incorporó en el artículo 185 un trámite expedito y sumario para
el control inmediato de legalidad, el cual se caracteriza por no tener un carácter
adversarial. De allí que algunas expresiones como auto admisorio de la demanda
o acto demandado, no sean propias de un control automático en el que se avoca o
no el conocimiento del asunto, se garantiza el derecho de participación a través de
la fijación de un aviso para que cualquier ciudadano u organizaciones públicas,
privadas o expertos defiendan o impugnen la constitucionalidad y legalidad del
acto administrativo, es obligatorio que el Ministerio Público rinda concepto y
termina con la adopción de una sentencia.

Así las cosas, el control inmediato de legalidad, en tanto manifestación del control
de constitucionalidad, habilita a la jurisdicción contencioso administrativa para
examinar desde el punto de vista formal y material las medidas administrativas de
contenido general expedidas por las autoridades nacionales y territoriales,
llámense reglamentos o actos administrativos, en desarrollo de los decretos
legislativos dictados durante los estados de excepción, como una contención

5 El artículo 151 del CPACA dispone: «Competencia de los tribunales administrativos en única
instancia. Los tribunales administrativos conocerán de los siguientes procesos privativamente y en
única instancia: […] 4. De las observaciones que formula el gobernador del departamento acerca
de la constitucionalidad y legalidad de los acuerdos municipales, y sobre las objeciones por los
mismos motivos, a los proyectos de ordenanzas; 5. De las observaciones que los gobernadores
formulen a los actos de los alcaldes, por razones de inconstitucionalidad o ilegalidad; 6. De las
objeciones que formulen los alcaldes a los proyectos de acuerdos municipales o distritales, por ser
contrarios al ordenamiento jurídico».
6 Por la cual se reglamentan los Estados de Excepción en Colombia.
7 M.P. Carlos Gaviria Díaz.

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Control inmediato de legalidad

adicional al control jurídico que ejerce la Corte Constitucional respecto de los
decretos legislativos.

Conforme a lo anterior, la competencia para asumir el conocimiento del control
inmediato de legalidad ejercido por el Consejo de Estado con fundamento en los
artículos 20 de la Ley Estatutaria 137 de 1994 y 136 del CPACA, exige, en cada
caso, la verificación de tres condiciones, a saber: (i) que las medidas de carácter
general sean emanadas de autoridades nacionales, (ii) que sean dictadas en
ejercicio de la función administrativa y (iii) como desarrollo de los decretos
legislativos durante los estados de excepción8.

4. Estudio y solución del caso concreto

4.1. La verificación de los requisitos formales que habilitan el análisis de fondo de
los actos administrativos, se encaminan a constatar, en esta oportunidad, que la
Resolución No. 692 de 20 de marzo de 2020, dictada por el Director General de
CORPOBOYACÁ, «Por la cual se suspenden términos en las actuaciones
administrativas de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá,
CORPOBOYACÁ», se haya dictado con competencia de la autoridad y con el
cumplimiento de los presupuestos contenidos en los artículos 20 de la Ley
Estatutaria 137 de 1994 y 136 del CPACA, esto es, (i) que las medidas emanen de
una autoridad nacional, (ii) que se trate de un acto administrativo de contenido
general y sea dictado en ejercicio de la función administrativa y (iii) como
desarrollo de los decretos legislativos durante los estados de excepción.

Si bien, en un primer momento se avocó el conocimiento del control inmediato de
legalidad por auto de 10 de agosto de 2020, esa circunstancia per se no habilita
de manera automática el estudio de fondo del asunto, en tanto surtido el trámite de
intervención ciudadana y recibido el concepto de la Procuraduría General de la
Nación, es posible contar con mayores elementos de juicio que permiten decantar
si el acto bajo examen es susceptible de estudio a través de este medio
automático de control concebido para revisar las normas administrativas que sean
desarrollo de un decreto legislativo en un estado de excepción, o si, por el
contrario, su análisis de legalidad se debe realizar por vía de acción a través de
los mecanismos judiciales consagrados en el CPACA.

4.2. Descendiendo al asunto bajo estudio, la Sala observa que el presupuesto de
la competencia como elemento subjetivo de la validez del acto administrativo,
entendida por la doctrina como «la medida de la potestad que corresponde a cada
órgano, siendo siempre una determinación normativa»9, se encuentra cumplido en
esta oportunidad.

En efecto, de conformidad con el artículo 29 de la Ley 99 de 1993 (numeral 1º) y el
artículo 54 de los Estatutos de CORPOBOYACÁ, algunas de las funciones del
Director General son dirigir, coordinar y controlar las actividades de la entidad.

De igual manera, la Resolución No. 2387 de 5 de agosto de 2019, «Por la cual se
modifica el manual de funciones y competencias laborales para los empleos de la
planta de personal de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá-
CORPOBOYACÁ»10, le asignó la función de dirigir, coordinar, controlar y evaluar
la ejecución y cumplimiento de los objetivos y políticas de la Corporación y ejercer
su representación legal (IV. Descripción de las Funciones Esenciales, numeral 1º).

8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 23 de noviembre

de 2010, exp. 11001-03-15-000-2010-00347-00 (CA).
9 Eduardo García de Enterría y Tomás-Ramón Fernández, Curso de Derecho Administrativo I,

decimosexta edición, Navarra, 2013 (reimpresión 2014), Thomson Reuters – Civitas, editorial
Aranzadi, p. 596.
10 En: https://www.corpoboyaca.gov.co/cms/wp-content/uploads/2019/08/resolucion-2387-2019.pdf

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Control inmediato de legalidad

Además, cabe resaltar que de acuerdo con el artículo 23 de la Ley 99 de 1993, la
función de las Corporaciones Autónomas Regionales es administrar, dentro del
área de su jurisdicción, el ambiente y los recursos naturales renovables y
propender por su desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones
legales y las políticas del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Por su parte, el artículo 31 de la misma normativa establece que corresponde a las
Corporaciones entre otras funciones, otorgar concesiones, permisos,
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso,
aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el
desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar
permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el
uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca
deportiva (numeral 9). Así mismo, le asigna las funciones de evaluación, control y
seguimiento ambiental de las actividades de exploración, explotación, beneficio,
transporte, uso y depósito de los recursos naturales no renovables, incluida la
actividad portuaria con exclusión de las competencias atribuidas al Ministerio del
Medio Ambiente, así como de otras actividades, proyectos o factores que generen
o puedan generar deterioro ambiental (numeral 11). Ejercer evaluación, control y
seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos
naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación
de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera
de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que
puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los
recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos,
estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias
ambientales, permisos concesiones, autorizaciones y salvoconductos. Así como,
imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas por
la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas en la
ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de
recursos naturales renovables (numeral 17).

Varios de dichos procedimientos se encuentran regulados en el Decreto 1076 de
2015, Único Reglamentario del Sector Ambiente, así como por la Ley 1333 de
2009, específicamente en cuanto a las infracciones en materia ambiental, el
procedimiento administrativo sancionatorio, las medidas preventivas y las
sanciones.

Lo anterior, permite concluir de conformidad con el artículo 121 de la Constitución
Política, que la expedición de la Resolución No. 692 de 20 de marzo de 2020,
mediante la cual se suspendieron los términos procesales en los procesos
administrativos contemplados en la Ley 99 de 1993, en el Decreto 1076 de 2015
Único Reglamentario del Sector Ambiente, en la Ley 1333 de 2009 y demás
normas que los reglamentan y/o desarrollan que se encuentran a cargo de las
Subdirecciones de Administración de Recursos Naturales, de Ecosistemas y
Gestión Ambiental y Oficinas Territoriales de Soata, Socha, Pauna y Miraflores, se
expidió de conformidad con las atribuciones contenidas en la ley y el reglamento,
razón por la cual el presupuesto de la competencia se encuentra cumplido.

4.3. Ahora bien, conforme con lo establecido en el artículo 50, numeral 7 de la
Constitución Política, artículo 40 de la Ley 489 de 1998 y artículo 23 de la Ley 99
de 1993, así como en las sentencias C-423 de 199411, C-593 de 199512 y C-596
de 199813 y el Auto de unificación A089 de 199814, entre otros, las Corporaciones
Autónomas Regionales son entidades administrativas del orden nacional que
cuentan con autonomía financiera, patrimonial, administrativa y política, por lo que
se encuentra cumplida la condición formal de aplicación consistente en que se
11 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
12 M.P. Fabio Morón Díaz
13 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
14 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.

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trate de una autoridad nacional y que haya sido expedido en ejercicio de la función
administrativa.

4.4. De igual manera, la Sala encuentra que la Resolución No. 692 de 20 de
marzo de 2020, es un acto administrativo de carácter general, dado que fue
expedido con la finalidad de suspender los términos en las actuaciones
administrativas que se encontraban a su cargo entre el 24 y el 31 de marzo de
2020, lo cual tiene un impacto tanto en los funcionarios de CORPOBOYACÁ, en
los usuarios y entidades que intervienen en los trámites, como en los terceros
interesados, por lo que es claro que va dirigido a una pluralidad indeterminada de
personas, en los términos precisados por la jurisprudencia de esta Corporación15.

Así las cosas, se cumple el requisito de que el acto administrativo sea de
contenido general.

4.5. Finalmente, el presupuesto relativo a que el acto administrativo se dicte como
desarrollo de un decreto legislativo en un estado de excepción no se encuentra
cumplido, por lo que el control inmediato de legalidad de la Resolución No. 692 de
20 de marzo de 2020, es improcedente.

Al respecto, valga indicar que la intención del legislador estatutario fue establecer
unas precisas condiciones para habilitar este control automático de legalidad, y
con ello no vaciar de contenido los medios de control a los que se puede acudir
por vía de acción, a lo que se debe agregar que la sola circunstancia de que el
acto administrativo se expida durante la vigencia de un estado de excepción o
incluya alguna mención de un decreto legislativo, no es un principio de razón
suficiente para concluir que se debe asumir el conocimiento en este escenario
judicial. Es necesario realizar la valoración y el análisis, caso a caso, con el fin de
establecer si los requisitos formales de procedencia se cumplen, especialmente, si
obedece al desarrollo de un decreto legislativo para lo cual el juez contencioso
debe acudir a los criterios formal y material con el fin de determinar la
competencia.

De allí que en esa valoración sea relevante la distinción entre las competencias
ordinarias atribuidas a las autoridades administrativas, y las que de manera
extraordinaria se activan en el marco de los estados de excepción cuya concreción
en los actos administrativos que desarrollen un decreto legislativo deben ser
objeto de estudio a través del control inmediato de legalidad, sin perjuicio de que
posteriormente puedan ser susceptibles de control por vía de acción siempre que
se invoquen normas jurídicas superiores respecto de las cuales no se haya
efectuado el examen16.

Sobre ese particular, en reciente sentencia de 20 de enero de 2021, la Sala
Veintitrés Especial de Decisión del Consejo de Estado17, sostuvo:

«Una de las implicaciones que se derivan de que el control inmediato de legalidad no
proceda sobre los actos que no se hayan expedido en desarrollo de un decreto
legislativo es que las medidas adoptadas en ejercicio de competencias ordinarias no
pueden ser objeto de este escrutinio. Dicho de otra manera, con independencia de que
las medidas se adopten en el marco temporal y fáctico de un estado de excepción, si el
acto se expide en ejercicio competencias ordinarias, no es procedente el control
inmediato de legalidad. Así, por ejemplo, no es procedente el control inmediato de los
actos dictados por las autoridades públicas en los que se limitan a desarrollar las
funciones que legal y constitucionalmente les han sido atribuidas previamente, es decir,
aquellas que están fijadas en los instrumentos de legislación ordinaria y no de
excepción.

15 Sentencia de 8 de mayo de 2020, M.P. Hernando Sánchez Sánchez, exp. 2020-01061-00.
16 El artículo 189 del CPACA dispone: «Efectos de la sentencia. (…) Las que declaren la legalidad

de las medidas que se revisen en ejercicio del control inmediato de legalidad, producirán efectos
erga omnes solo en relación con las normas superiores frente a las cuales se haga el examen».
17 M.P. José Roberto Sáchica Méndez.

16

Expediente: 11001-03-15-000-2020-03522-00
Control inmediato de legalidad

La distinción entre los medios de control es por ello fundamental. Para los actos
expedidos en ejercicio de competencias ordinarias está instituido el contencioso de
anulación, previsto en los artículos 137 y 138 del CPACA. Por su parte, para los actos
que se expiden en ejercicio de competencias o facultades atribuidas en estados de
excepción se consagra el control inmediato de legalidad del artículo 136 del mismo
estatuto, sin perjuicio de que éstos también pueden demandarse a través de los medios
de control de nulidad, y nulidad y restablecimiento del derecho por la violación de
normas jurídicas superiores diferentes a las que se analicen en el marco del examen
inmediato de legalidad».

De conformidad con el marco expuesto, la Sala encuentra que la Resolución No.
692 de 2020, no se expidió con el propósito de desarrollar un decreto legislativo
dictado en un estado de excepción, razón suficiente para concluir que este medio
de control no es procedente con el fin de estudiar de fondo la medida de
suspensión de los términos administrativos. Verificados los contenidos y las
razones que llevaron a la autoridad emisora del acto administrativo objeto de
control inmediato de legalidad, es posible constatar que el principal sustento para
suspender los términos de las actuaciones administrativas de la entidad fue la
declaratoria de emergencia sanitaria efectuada por el Ministerio de Salud y
Protección Social a través de la Resolución No. 385 de 2020, en la que se ordenó
a las entidades públicas y privadas adoptar las medidas de prevención y control
sanitario para evitar la propagación del COVID-19 (art. 2, numeral 2.6), teniendo
como principal finalidad el distanciamiento y el aislamiento social.

Además, conforme con el análisis que se realizó en la verificación de la
competencia de la autoridad administrativa emisora del acto, se encontró que éste
se sustenta en las facultades ordinarias conferidas por medio de la Ley 99 de
1993, “Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector
Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos
naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA y se dictan
otras disposiciones”, el Decreto 1076 de 2015, “Por medio del cual se expide el
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible” y la
Ley 1333 de 2009 “Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio
ambiental y se dictan otras disposiciones”.

También se hizo mención a los Decretos No. 176 de 12 de marzo de 2020 y 180
de 16 de marzo de 2020, dictados por el Gobernador del Departamento de Boyacá
por medio de los cuales se establecieron acciones de contención del COVID-19 y
la prevención de padecimientos asociados al primer pico epidemiológico de 2020
de enfermedades respiratorias y se declaró la situación de calamidad pública por
un periodo de tres (3) meses.

En ese orden de consideraciones, la Sala en los mismos términos del concepto del
Ministerio Público, declarará la improcedencia del control inmediato de legalidad
del acto administrativo objeto de estudio, al encontrar que no cumple la condición
normativa consistente en desarrollar un decreto legislativo dictado en un estado de
excepción, en los términos indicados en los artículos 20 de la Ley 137 de 1994 y
136 de Ley 1437 de 2011.

Por último, valga indicar que esta decisión no enerva la posibilidad de que la
Resolución No. 692 de 20 de marzo de 2020, sea demandada en ejercicio del
respectivo medio de control.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sala Cuarta Especial de Decisión del Consejo de
Estado, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la
ley,

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Expediente: 11001-03-15-000-2020-03522-00
Control inmediato de legalidad

F A L L A:

PRIMERO.- DECLÁRASE IMPROCEDENTE el control inmediato de legalidad de
la Resolución No. 692 de 20 de marzo de 2020, expedida por el Director General
de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá -CORPOBOYACÁ-, «Por la cual
se suspenden términos en las actuaciones administrativas de la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá, CORPOBOYACÁ».

SEGUNDO.- NOTIFÍQUESE esta providencia a la Corporación Autónoma
Regional de Boyacá, CORPOBOYACÁ y a la Procuraduría General de la Nación,
en los términos del artículo 186 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.

TERCERO.- PUBLÍQUESE esta providencia en la página web del Consejo de
Estado.

CUARTO.- Ejecutoriada esta providencia, ARCHÍVESE el expediente.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
ROCÍO ARAÚJO OÑATE STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta de la Sala Magistrada
SALVA EL VOTO

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Magistrada Magistrado

(Firmado electrónicamente)
MARÍA ADRIANA MARÍN
Magistrada

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