Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2020-03659-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2020-03659-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2020-03659-00
Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello
29 de junio de 2023
Recurso extraordinario de revisión
Radicado: 11001-03-15-000-2020-03659-00 (5767)
CONSEJO DE ESTADO
SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA ESPECIAL DE DECISIÓN Nro. 13
CONSEJERO PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá, veintinueve (29) de junio de dos mil veintitrés (2023)
Referencia Recurso extraordinario de revisión
Radicación 11001-03-15-000-2020-03659-00 (5767)
Demandante UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN
PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE
PROTECCIÓN SOCIAL -UGPP-
Demandado MIRYAM LEONOR FERNÁNDEZ CRISTANCHO
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
Procede la Sala Especial de Decisión Nro. 13 a decidir el recurso extraordinario de
revisión interpuesto por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de Protección Social -UGPP- contra la sentencia del 29
de agosto de 2018, proferida por la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de
Estado dentro del proceso de radicado Nro. 15001-23-33-000-2013-00804-01, por
medio de la cual, en últimas, se reconoció la pensión gracia a Miryam Leonor
Fernández Cristancho.
ANTECEDENTES
1. Proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
1.1. Demanda
A través de apoderado judicial y en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, Miryam Leonor Fernández Cristancho presentó
demanda para obtener la nulidad de las Resoluciones Nro. RDP 039804 del 29 de
agosto, RDP 042211 del 11 de septiembre, y RDP 042325 del 12 de septiembre,
todas de 2013, por medio de las que se le negó el reconocimiento y pago de la
pensión gracia, y se resolvieron de manera desfavorable los recursos de reposición
y apelación interpuestos, respectivamente.
Como consecuencia de esa declaración solicitó, a título de restablecimiento del
derecho, (i) el reconocimiento, a través del FOPEP, de la pensión gracia en cuantía
del 75% del promedio de salarios devengados durante el año anterior a la
consolidación del estatus pensional; (ii) la cancelación de las mesadas pensionales
desde que adquirió el estatus pensional, las cuales debían indexarse; (iii) los
intereses moratorios a los que hubiere lugar; y, (iv) el cumplimiento del fallo en los
términos del artículo 192 del C.P.A.C.A.
Lo anterior, porque, en su sentir, cumplió con los requisitos legales exigidos para el
reconocimiento pensional, específicamente el relativo al tiempo de servicios, pues
se vinculó a la docencia desde el 14 de marzo de 1978 -esto es, antes del 31 de
diciembre de 1980- y prestó dicho servicio por 20 años. Para ello señaló que:
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• Nació el 28 de septiembre de 1957 y prestó sus servicios por más de 20 años
como docente del orden territorial, pues laboró al servicio del departamento
de Boyacá1, del municipio de Somondoco (Boyacá)2, del municipio de
Duitama (Boyacá) mediante órdenes de prestación de servicios3, y del
municipio de Duitama (Boyacá) 4.
• No obstante, la UGPP negó el reconocimiento de la pensión gracia porque
no se cumplía con el tiempo de servicios en la docencia oficial del orden
departamental, distrital o municipal, sumado a lo cual resultaba improcedente
tener en cuenta los periodos de docencia desarrollados bajo la modalidad de
contratos de prestación por servicios.
1.2. Sentencia de primera instancia
El 16 de marzo de 2015, la Sala Nro. 1 del Tribunal Administrativo de Boyacá, negó
las pretensiones de la demanda porque no se reunían los requisitos legales para el
reconocimiento de la pensión gracia: no se cumplió con el tiempo de servicio mínimo
exigido para el reconocimiento pensional.
Además, porque el tiempo laborado bajo la modalidad de contratos de prestación
de servicios, esto es, el laborado al servicio del municipio de Duitama (Boyacá)
desde 1994 a 1998 no podía ser computado para la pensión gracia al no tratarse de
una vinculación legal y reglamentaria o a una relación laboral reconocida
judicialmente.
1.3. Sentencia de segunda instancia. Decisión objeto de revisión
La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado mediante sentencia
del 29 de agosto de 2018 revocó la sentencia apelada, declaró la nulidad de los
actos administrativos acusados y, consecuencialmente, reconoció la pensión gracia
a la señora Fernández Cristancho en cuantía “equivalente al 75% del promedio de lo
devengado en el año inmediatamente anterior a la consolidación de su estatus de pensionada con
la inclusión de los factores salariales, a partir del 8 de julio de 2009, pero con efectos fiscales desde
el 30 de julio de 2010 por prescripción trienal” y ordenó su reajuste anual con base en el
IPC del año inmediatamente anterior.
Como fundamento de la decisión, y luego de exponer el contexto normativo de la
pensión gracia, concluyó que la accionante sí cumplió con el tiempo de servicio
requerido para acceder al reconocimiento pensional.
Primero, porque existió una vinculación territorial -no nacional- anterior al 31 de
diciembre de 1980, como se desprendía de la respuesta del 10 de septiembre de
2014 suscrita por la Institución Educativa José Santos Gutiérrez y de la certificación
del 30 de noviembre de 2012 emitida por la misma institución educativa de carácter
departamental.
1 Del 14 de mayo de 1978 al 30 de marzo de 1980.
2 Del 30 de agosto de 1990 al 1° de marzo de 1993.
3
La vinculación bajo esta modalidad correspondió a los siguientes periodos: (i) del 1° de febrero de 1994 al
30 de noviembre de ese mismo año; (ii) del 1° de febrero de 1995 al 30 de noviembre de esa anualidad; (iii)
del 5 de febrero al 5 de diciembre de 1996, (iv) del 1° de febrero al 31 de diciembre de 1997, (v) del 21 de
enero al 14 de diciembre de 1998; y, (vi) del 21 de enero al 11 de diciembre de 1999.
4 Del 17 de enero de 2000 al 29 de octubre de 2013.
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Segundo, porque el periodo de docencia comprendido entre 1994 y 1999 bajo las
órdenes de prestación de servicios Nro. 021, 33, 10 -junto con su otrosí-, 024, y la
orden sin número que acreditó el tiempo del año 1998, sí era computable para el
reconocimiento pensional al tenor de lo establecido por la jurisprudencia de las
secciones A y B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, con base en lo cual
concluyó:
De acuerdo con lo anterior, se equivoca el a quo cuando afirma que el tiempo laborado por la
demandante entre el 1 de febrero de 1994 y el 11 de diciembre de 1999, no puede ser tenido
en cuenta para completar los 20 años de servicio que exige la norma para que se reconozca
la pensión gracia, porque durante dicho lapso se entienden configurados los elementos de la
relación laboral que son inherentes a la labor de los maestros, sumado a que la ley que regula
la prestación reclamada, no exige para su reconocimiento un nombramiento bajo una relación
legal y reglamentaria, sino que se demuestre suficientemente haber servido al magisterio
como docente departamental, municipal o distrital en diversas épocas, tal como ocurre en el
sub judice.
Tercero, porque, en aplicación de la sentencia de unificación dictada por la Sección
Segunda del Consejo de Estado el 21 de junio de 2018, la participación del delegado
del Ministerio de Educación Nacional ante el FER de Somondoco -visible en el
Decreto 046- no otorgaba per se la calidad de docente nacional a la señora
Fernández Cristancho ya que:
“…en términos de la citada providencia, una vez los recursos del Sistema General de
Participaciones son transferidos a las entidades territoriales, estos se incorporan a sus
presupuestos locales, es decir, pasan a ser de su exclusiva propiedad, como sus titulares
directos, por mandato de la Constitución Política de 1996 (art. 356). Luego entonces, no queda
duda de que los dineros girados a las entidades territoriales provenientes del Sistema General
de Participaciones, con el propósito de cubrir gastos en educación y otros sectores, hacen
parte de los recursos propios de los entes territoriales, razón por la cual el carácter del docente
nombrado y pagado con dichos recursos es territorial y no nacional.”
2. Recurso extraordinario de revisión
2.1. Demanda
La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de Protección Social -UGPP-, a través de apoderada judicial, solicitó
se revoque la sentencia del 29 de agosto de 2018, proferida por la Sección Segunda,
Subsección A del Consejo de Estado, dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho de carácter laboral identificado con el radicado Nro.
15001-23-33-000-2013-00804-01, que accedió a las pretensiones de la demanda y
reconoció la pensión gracia a la señora Miryam Leonor Fernández Cristancho.
Para el efecto, se invocó la causal prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003,
literales a) y b), según los cuales procede la revisión de pensiones cuando (i) el
reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso o (ii) cuando la
cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o
convención colectiva que le eran legalmente aplicables.
Todo, porque no era procedente el reconocimiento de la pensión gracia. A su juicio:
• Antes del 31 de diciembre de 1980, la señora Fernández Cristancho no estuvo
vinculada como docente territorial, sino como docente nacional, pues en el
Decreto 345 de 1978 participó el delegado del Ministerio de Educación
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Nacional; cuestión que se refuerza porque se actuó con disponibilidad
presupuestal del FER.
• De conformidad con la certificación del 22 de mayo de 2013, emitida por la
Secretaría de Educación de Boyacá, los tiempos de servicios discontinuos
desde el 8 de agosto de 1989 al 15 de diciembre de 1993 fueron prestados en
calidad de docente nacional. No obstante, el juez de segunda instancia apreció
erróneamente esa información y los tuvo como periodos de docencia territorial.
• El período comprendido entre 1994 y 1999 tampoco podía ser computado para
efectos del reconocimiento pensional por haberse prestado al amparo de
contratos u órdenes de prestación de servicios y no a la luz de una relación
legal y reglamentaria o laboral reconocida judicialmente.
Esa conclusión fue sostenida por la entidad en el lineamiento Nro. 208 del 2
de octubre de 2019 al señalar, en términos generales, que “[l]as vinculaciones de
contratos de prestación de servicios, orden de prestación de servicios y ordenes de
autorización laboral NO serán válidas para el reconocimiento de pensión gracia en sede
administrativa, salvo que se declare judicialmente, una relación laboral con la administración
pública…”.
• Por último, el periodo comprendido entre el 17 de enero de 2000 y el 22 de
septiembre de 2014 también era de carácter nacional, por lo que no podía
computarse para el tiempo de servicio de la pensión gracia.
Ello, “habida cuenta que para la nueva vinculación a partir del año 2000, la educación ya
había sufrido el proceso de transformación y se encontraba totalmente a cargo de la Nación,
de lo cual se concluye que estos tiempos se prestaron con vinculación de tipo NACIONAL,
razón por la cual es válido afirmar que los mismos no pueden ser tenidos en cuenta para el
otorgamiento de la prestación.” (Resalto del original).
No obstante, el Consejo de Estado “olvidó verificar que conforme lo consagrado en el
artículo 10° de la Ley 43 de 1975, a partir del 1° de enero de 1976, la creación de nuevas
plazas o cargos docentes, debían tener una aprobación previa del Gobierno Nacional –
Ministerio de Educación Nacional y su financiación estaba a cargo de la Nación, por lo que
dichos cargos se entendían con carácter NACIONAL, con cargo al situado fiscal que
continuaba atendiendo obligaciones o servicios a cargo de la Nación, por lo que no podía
entenderse que estos eran recursos propios del municipio.”
Siendo así las cosas, se vulneró el debido proceso al momento de efectuar el
reconocimiento pensional pues se impuso una carga prestacional sin fundamento
legal y con grave afectación del interés general.
2.2. Intervención de la señora Miryam Leonor Fernández Cristancho
La señora Miryam Leonor Fernández Cristancho no intervino en el proceso de la
referencia pese a la notificación del auto admisorio al correo electrónico informado
por la parte actora5.
2.3. Intervención del Ministerio Público6
La Procuradora Tercera Delegada ante el Consejo de Estado se opuso a las
pretensiones de la demanda. Luego de efectuar un recuento normativo de la
5
Índice 8 del SAMAI.
6 Índice 18 del SAMAI.
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pensión gracia -en el que determinó los beneficiarios y requisitos para el
reconocimiento de la prestación- y de relacionar las reglas de unificación
establecidas por la Sección Segunda del Consejo de Estado en sentencia de
unificación del 21 de junio de 2018, concluyó que en el caso concreto los tiempos
de servicio tenidos en cuenta correspondieron a los de docencia territorial, y no
nacional como se afirmó en la demanda.
Adicionalmente, como se estableció en la providencia de unificación, “no es el origen
de los recursos con que se financia el pago de los servicios docentes lo que determina la naturaleza
del vínculo (nacional, territorial o nacionalizado) para efectos de acceder al reconocimiento de la
pensión gracia, es el hecho de que acredite que la plaza a ocupar sea de carácter territorial o
nacionalizada, pues, en lo que respecta a los educadores territoriales o nacionalizados, el pago de
sus salarios y prestaciones provenían directamente de los recursos propios del ente territorial, o de
los procedentes del situado fiscal cuando se realizaban los pagos a través de los Fondos Educativos
Regionales, situación que se demostró́ en este caso toda vez que, la nominación provino de los entes
territoriales y las plazas en las que prestó los servicios la docente fue dichos municipios, quedando
probado que el vínculo fue de carácter nacionalizado.”
Por último, señaló que sí era posible computar los tiempos de docencia
desarrollados bajo la modalidad de órdenes o contratos de prestación de servicios
puesto que, a la luz de la jurisprudencia de la corporación, “bajo esta modalidad ejercen
las mismas funciones que los vinculados en propiedad mediante un acto legal y reglamentario, lo
importante es que dicho servicio haya sido prestado en establecimientos del nivel territorial o
nacionalizado.” Todo, por cuanto la Ley 114 de 1913 retribuye a quien ejerciera la labor
docente sin importar la naturaleza ni la clase de vinculación.
CONSIDERACIONES
1. Competencia
De acuerdo con los artículos 111 y 249 del C.P.A.C.A., la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado tiene competencia para conocer
de los recursos extraordinarios de revisión contra las sentencias dictadas por las
Secciones y Subsecciones de esta Corporación7.
Se agrega que, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 107 del
C.P.A.C.A. 8, mediante el Acuerdo 80 de 20199, que compiló, entre otros, el Acuerdo
321 de 2014, emanado de la Sala Plena del Consejo de Estado, se reglamentó la
creación de salas especiales de decisión, encargadas de resolver los recursos
7 “Artículo 111 CPACA. Funciones de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. La Sala de lo
Contencioso administrativo en pleno tendrá las siguientes funciones: “(…).2. Resolver los recursos
extraordinarios de revisión contra las sentencias dictadas por las secciones o subsecciones y los demás que
sean de su competencia”.
“Artículo 248 CPACA. Procedencia. El recurso extraordinario de revisión procede contra las sentencias
ejecutoriadas dictadas por las secciones y subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del
Consejo de Estado, por los Tribunales Administrativos y por los jueces administrativos”.
“Artículo 249 CPACA. Competencia. De los recursos de revisión contra las sentencias dictadas por las
secciones o subsecciones del Consejo de Estado conocerá la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo
sin exclusión de la sección que profirió la decisión”.
8 “Artículo 107 C.P.A.C.A. Integración y composición. (…)”.
“Créanse en el Consejo de Estado las salas especiales de decisión, además de las reguladas en este
Código, encargadas de decidir los procesos sometidos a la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo,
que esta les encomiende, salvo de los procesos de pérdida de investidura y de nulidad por
inconstitucionalidad. Estas Salas estarán integradas por cuatro (4) Magistrados, uno por cada una de las
secciones que la conforman, con exclusión de la que hubiere conocido del asunto, si fuere el caso.
“La integración y funcionamiento de dichas salas especiales, se hará de conformidad con lo que al respecto
establezca el reglamento interno”.
9 Publicado en el diario oficial, edición 50.913 de 1º de abril de 2019.
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extraordinarios de revisión interpuestos contra las sentencias de las Secciones o
Subsecciones de esta Corporación10.
Luego, la Sala Especial de Decisión Nro. 13 de esta Corporación es competente
para conocer el presente recurso extraordinario de revisión.
2. Legitimación por activa
La UGPP se encuentra habilitada para adelantar el presente trámite de conformidad
con lo establecido en el numeral 6 del artículo 6 del Decreto 575 de 2013, según el
cual:
“Artículo 6. Funciones. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) cumplirá las siguientes funciones:
(…)
6. Adelantar o asumir, cuando haya lugar, las acciones previstas en el artículo 20 de la Ley
797 de 2003 o normas que la adicionen o modifiquen”.
3. Oportunidad de la acción
El inciso cuarto del artículo 251 de la Ley 1437 de 2011 prevé el término de
caducidad del recurso extraordinario de revisión para los casos previstos en el
artículo 20 de la Ley 797 de 2003 en “cinco años siguientes a la ejecutoria de la providencia
judicial”.
En el presente asunto, la sentencia del 29 de agosto de 2018, proferida por la
Sección Segunda del Consejo de Estado, quedó ejecutoriada el 4 de octubre de la
misma anualidad, según constancia de ejecutoria expedida por el Secretario de la
Sección el 9 de noviembre de ese mismo año -2018-.
Por lo tanto, como la demanda se presentó el 13 de agosto de 2020 huelga concluir
que se realizó oportunamente.
4. Problema jurídico
Le corresponde a esta Sala Especial de Decisión establecer si en el caso concreto
se configuran las causales establecidas en los literales a) y b) del artículo 20 de la
Ley 797 de 2003, esto es, por haberse obtenido el reconocimiento pensional con
violación del debido proceso y/o haberse reconocido el derecho por una cuantía
superior a la que corresponde según la ley aplicable.
Para el efecto, se procederá, en primer lugar, con la exposición de las
características y la finalidad del recurso especial de revisión; posteriormente, se
presentarán las causales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 -que fueron las
aducidas en la demanda-; y, finalmente, se examinará el caso concreto a la luz de
esas premisas.
5. Recurso especial de revisión. Características y finalidad
La revisión de las providencias judiciales que hayan decretado el reconocimiento de
sumas periódicas a cargo del Tesoro Público o de fondos de naturaleza pública se
10
“Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019. Artículo 29.- Las Salas Especiales de Decisión decidirán los siguientes
asuntos de competencia de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo: 1. Los recursos extraordinarios
de revisión interpuestos contra las sentencias de las Secciones o Subsecciones del Consejo de Estado”.
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encuentra establecida en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 en los siguientes
términos:
“ARTÍCULO 20. REVISIÓN DE RECONOCIMIENTO DE SUMAS PERIÓDICAS A CARGO
DEL TESORO PÚBLICO O DE FONDOS DE NATURALEZA PÚBLICA. Las providencias
judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan
al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de
dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o
la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por
conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, del Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación.
La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una transacción o
conciliación judicial o extrajudicial.
La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de
revisión por el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier tiempo por las causales
consagradas para este en el mismo código y además:
a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y
b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley,
pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables” 11
Esa revisión, cuyo trámite es el del recurso extraordinario de revisión, tiene un
carácter sui generis12, pues, más allá de que puede dar lugar a la infirmación de una
sentencia ejecutoriada, presenta unos aspectos particulares que le dan entidad
propia. Dentro de esas notas características pueden referirse las siguientes:
• Procedencia. El recurso procede no solo frente a sentencias ejecutoriadas
sino también respecto de otro tipo de providencias cuyo efecto sea el
reconocimiento de una prestación (v.gr., autos que terminan anormalmente el
proceso, o actos que sean consecuencia de acuerdos, tales como transacción
y conciliación). De ahí, entonces, que las providencias denegatorias del
derecho no serían susceptibles del recurso.
Con todo, el recurso no procede para la revisión de derechos reconocidos en
cuantías que estén por debajo de lo dispuesto por la ley, pacto o convención
aplicable.
• Legitimación por activa. La legitimación para su interposición recae en el
Gobierno Nacional, por medio del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social,
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la
República o del Procurador General de la Nación, al tenor de lo previsto en el
artículo 20 de la Ley 797 de 2003. También se encuentran legitimadas las
entidades que realizan el reconocimiento de pensiones públicas.
• Propósito del recurso. El objetivo principal del recurso es la protección del
patrimonio público, el interés general y el equilibrio financiero del sistema
pensional13
11 Los apartes tachados fueron declarados inexequibles por la Corte Constitucional en la sentencia C-835 de
2003.
12 Tal como se señaló en la sentencia C.835 de 2003.
13 Y es que tal como lo ha sostenido esta corporación: “[la] revisión de los montos de las pensiones reconocidas
en contra de lo establecido por la ley, en orden a salvaguardar el equilibrio entre la prestación y su legalidad,
así́ como también proteger los recursos limitados del tesoro público, la liquidez, solvencia y sostenibilidad
del sistema de seguridad social y el principio de universalidad que lo gobierna”. Consejo de Estado, Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión Nro. 4, M.P.: Lucy Jeannette Bermúdez
Bermúdez, sentencia del 1° de agosto de 2017. radicado: 11001-03-15-000-2016-02022-00.
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• Alcance del recurso. El análisis que se efectúa en el recurso de revisión
impide que el proceso se utilice como instancia adicional para la resolución de
aspectos que fueron abordados en el proceso ordinario correspondiente. No
se trata de un mecanismo para la exposición y resolución de simples
discrepancias respecto de las determinaciones adoptadas en las instancias.
Por eso, como lo ha expresado esta corporación, “no se trata de una tercera
instancia que admita reabrir el debate sobre el derecho a una prestación, pues su marco se
encuentra circunscrito a revisar los aspectos concernientes al reconocimiento del derecho
(literal a) y a la liquidación de aquel (literal b), cuando se reconoció con vulneración del debido
proceso o de la Ley, o en un valor mayor al que corresponde 14”
5.1. Reconocimiento obtenido con violación al debido proceso
De acuerdo con lo establecido en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003,
el recurso especial de revisión procede cuando el reconocimiento con cargo al
tesoro público o a fondos de naturaleza pública se obtuvo con violación al debido
proceso.
Así, la causal se configurará cuando en el reconocimiento de la prestación se
desconoció alguna o algunas de las garantías que integran el debido proceso,
dentro de las cuales se encuentran las siguientes: (i) el derecho a juez natural o
funcionario competente, (ii) el derecho a ser juzgado según las normas de cada
juicio o procedimiento, (iii) el derecho a la defensa y/o contradicción -que incluye,
entre otros, la presentación y participación en la producción de las pruebas, la
defensa técnica, el proceso público y sin dilaciones injustificadas, la motivación de
la decisión, el derecho a impugnar la decisión- , y (iv) el derecho a la independencia
o imparcialidad del juez.
Aspectos todos esos relevantes si se tiene presente que el debido proceso
constituye una garantía para todas las personas durante el trámite de las
actuaciones administrativas o judiciales en que ellas intervengan, según el artículo
29 constitucional.
5.2. Cuantía del derecho reconocido: exceso de lo debido
Por su parte, el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 prevé que el recurso
de revisión procederá “cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo
con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables”.
En la exposición de motivos de la referida norma se advirtió sobre la necesidad de
“construir esquemas sociales solidarios, financieramente viables y sostenibles en el tiempo, y,
equitativos para todos los ciudadanos” . Entonces la finalidad del artículo en mención era
reducir el déficit fiscal y hacer que el sistema pensional factible en términos
económicos, de allí que se permitiera la revisión de prestaciones periódicas a cargo
del erario, cuya cuantía exceda lo debido de acuerdo con las normas vigentes.
14 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión Nro. 19, M.P.:
William Hernández Gómez, sentencia del 31 de mayo de 2021, radicado: 11001-03-15-000-2020-03092-00.
En similar sentido, ver, entre otras, las sentencias proferidas por: Sala Especial de Decisión Nro. 4 el 3 de
noviembre de 2020 con ponencia de la consejera Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez dentro del radicado
Nro. 11001-03-15-000-2020-03151-00; Sala Especial de Decisión Nro. 25 el 8 de noviembre de 2021 con
ponencia de la consejera Marta Nubia Velásquez Rico dentro del radicado Nro. 11001-03-15-0002020-
04141-00.
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6. Caso concreto
Según se anotó, la UGPP edificó las causales de revisión sobre la misma base
argumentativa: el supuesto incumplimiento de los requisitos legales para acceder a
la pensión gracia por parte de la señora Fernández Cristancho, específicamente, el
relativo al tiempo de servicio: algunos de los periodos laborados no podían tenerse
en cuenta por tratarse de vinculaciones de carácter nacional -no territorial ni
nacionalizada-; otros, no podían considerarse para el reconocimiento pensional por
haber sido prestados bajo la modalidad de contratos u órdenes de prestación de
servicios.
Para esta Sala Especial de Decisión, esa argumentación corresponde a la utilización
del mecanismo especial a modo de instancia adicional. Lo pretendido es que se
resuelvan las discrepancias interpretativas que la UGPP tiene con la sentencia del
29 de agosto de 2018, específicamente con (i) la regla aplicada para establecer el
carácter territorial o nacionalizado de una plaza educativa, y (ii) la posibilidad de
computar tiempos servidos bajo la modalidad de contratos de prestación de
servicios.
En efecto, frente al primero de los problemas, la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, siguiendo las reglas establecidas por la
jurisprudencia, refirió la improcedencia del cómputo de vinculaciones de carácter
nacional para efectos del reconocimiento de la pensión gracia. Por eso, mal puede
hablarse del establecimiento de una regla contraria dentro de la sentencia
cuestionada.
Además, fue a la luz de esa regla que se valoró el material probatorio allegado al
plenario. Téngase en cuenta, de una parte, que el contenido de los actos de
vinculación fue el que determinó la naturaleza territorial de las diferentes plazas en
las que prestó el servicio docente la señora Fernández Cristancho. Fue por eso que
en la sentencia se señaló sobre el particular lo siguiente:
“Revisados los documentos obrantes en el dossier, la Sala advierte que la señora Miryam
Leonor Fernández Cristancho tuvo varias vinculaciones como docente; la primera,
comprendida entre el 14 de marzo de 1978 y el 30 de noviembre de 1989 con la Institución
Educativa de orden departamental José Santos Gutierrez, la segunda, del 30 de agosto de
1990 al 30 de marzo de 1993 en el colegio nacionalizado José Benigno Perilla del municipio
de Somondoco; la tercera, del 8 de julio al 15 de diciembre de 1993, nuevamente en la
Institución Educativa de José Santos Gutierrez; y la última, desde el 1 de febrero de 1994
hasta el 22 de septiembre de 2014 en el Colegio Técnico Municipal Simón Bolívar de Duitama
(con breves interrupciones).
Igualmente, que la labor la cumplió en calidad de docente departamental, nacionalizada y
municipal, tal como se advierte de la certificación emitida por la Institución Educativa José
Santos Gutiérrez el día 10 de septiembre de 2014 15, las Resoluciones 16 012, 013 y 028 de
1978 y 008, 009 y 033 de 1979, los Decretos de nombramiento 046 de 1991, 190 de 1999,
actas de posesión y el certificado expedido por la Secretaria de Educación del municipio de
Duitama de fecha 18 de abril de 2013 17; en las cuales consta que los nombramientos fueron
efectuados por entidades del orden departamental y municipal.”
Adicionalmente, fue por esa razón -determinación del carácter de docente
departamental a partir del contenido de los actos de vinculación- que dejó de lado
15 Nota original: F. 118 c. ppal.
16
Nota original: Ff. 119 a 130 del c. ppal. Dentro de dichos actos se reconoce horas extra a la demandante y
se especifica que la institución educativa es de carácter departamental.
17 Nota original: F. 34 vuelto, del cuaderno denominado «expediente administrativo».
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el carácter de docente nacional que se refirió en la certificación del 22 de mayo de
2013. Sobre el particular anotó:
“Luego entonces, no puede sostenerse válidamente que la vinculación de la demandante es
nacional, como aparece en el certificado de tiempo de servicios del 22 de mayo de 2013 18,
como quiera que en los términos del artículo 1 de la Ley 91 de 1989 y la jurisprudencia
desarrollada por esta corporación, la docente no fue nombrada por el Gobierno Nacional,
Ministerio de Educación Nacional, sino por actos suscritos por los municipios relacionados en
párrafos precedentes.”
En esas condiciones bien puede señalarse que la Corporación de instancia sí valoró
la certificación correspondiente. Cuestión diferente, es que la parte actora pretenda
que se llegue a una conclusión diferente, aspecto que, como se anotó, no
corresponde a la finalidad del recurso especial de la referencia, el que, se insiste,
no es una instancia adicional para discutir o debatir las conclusiones a las que los
jueces de instancia arribaron mediante la presentación de discrepancias
interpretativas respecto de ellas.
Esto se refuerza al considerar que la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado desechó expresamente la tesis según la cual se estaba en
presencia de docentes nacionales en los eventos de intervención del delegado del
Ministerio de Educación Nacional en los actos de vinculación, o pago de los
servicios docentes con cargo a los FER.
Fue por eso sobre el particular se afirmó lo siguiente:
“De otro lado, y en aplicación de la sentencia de unificación del 21 de junio de 2018, se aclara
que pese a que en el Decreto 046 de 1992 emitido por el alcalde del municipio de Somondoco,
el delegado del Ministerio de Educación Nacional ante el FER de Boyacá, expidió certificado
en el que indicó que existía disponibilidad presupuestal para el cargo de la demandante, dicha
circunstancia por sí misma, no le otorgó a la docente la calidad de nacional. Textualmente
señaló:
(…)
Denótese que en términos de la citada providencia, una vez los recursos del Sistema General
de Participaciones son transferidos a las entidades territoriales, estos se incorporan a sus
presupuestos locales, es decir, pasan a ser de su exclusiva propiedad, como sus titulares
directos, por mandato de la Constitución Política de 1996 (art. 356). Luego entonces, no queda
duda de que los dineros girados a las entidades territoriales provenientes del Sistema General
de Participaciones, con el propósito de cubrir gastos en educación y otros sectores, hacen
parte de los recursos propios de los entes territoriales, razón por la cual el carácter del docente
nombrado y pagado con dichos recursos es territorial y no nacional.”
Ahora bien, en lo que respecta al segundo de los reproches, esto es, la posibilidad
de que para el reconocimiento pensional se computen los tiempos ejecutados bajo
la modalidad de contratos de prestación de servicios, es preciso concluir que lo
pretendido por la UGPP es discutir la tesis del juez de segunda instancia.
Téngase en cuenta que en la sentencia se expuso el fundamento para poder
computar esos tiempos de servicio. Es más, ese fue uno de los problemas jurídicos
propuestos por la Sección Segunda, Subsección A como premisas a resolver para
desatar la apelación.
18 Nota original: Ff. 3 a 6 c. pruebas.
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Nótese que el problema jurídico asociado se estableció de la siguiente manera: ¿El
tiempo servido en virtud de contratos de prestación de servicios es computable para efectos de la
pensión gracia?
Y ese problema se resolvió de manera desfavorable a la UGPP al consignarse lo
siguiente, previa la relación in extenso de la posición que sobre el particular
sostenían las Subsecciones A y B de la Sección Segunda del Consejo de Estado:
“De acuerdo con lo anterior, se equivoca el a quo cuando afirma que el tiempo laborado por la
demandante entre el 1 de febrero de 1994 y el 11 de diciembre de 1999, no puede ser tenido
en cuenta para completar los 20 años de servicio que exige la norma para que se reconozca
la pensión gracia, porque durante dicho lapso se entienden configurados los elementos de la
relación laboral que son inherentes a la labor de los maestros, sumado a que la ley que regula
la prestación reclamada, no exige para su reconocimiento un nombramiento bajo una relación
legal y reglamentaria, sino que se demuestre suficientemente haber servido al magisterio
como docente departamental, municipal o distrital en diversas épocas, tal como ocurre en el
sub judice.”
Siendo así las cosas, es claro que lo pretendido es discutir esa posición; proceder
que, como se anotó, resulta extraño al recurso especial de revisión de la referencia.
7. Costas
De acuerdo con lo previsto en el artículo 188 del C.P.A.C.A. la sentencia dispondrá
sobre la condena en costas “salvo en los procesos que se ventile un interés público”.
Para la Sala Especial de Decisión este es un proceso en el que se ventila un interés
público como lo es la protección del erario, razón por la que es improcedente la
condena en costas. Así es preciso observar que, como lo ha establecido la
jurisprudencia de la corporación, “el ejercicio del mecanismo de revisión de que trata el artículo
20 de la Ley 797 de 2003, constituye una herramienta para afrontar los graves casos de corrupción
en esta materia y evitar el detrimento del Tesoro Público y un mecanismo de defensa de los principios
de eficiencia, universalidad, solidaridad, integralidad, unidad y participación que rigen el servicio
público esencial de seguridad social, además de una garantía del principio de sostenibilidad
financiera del sistema pensional 19”. Adicionalmente, tampoco se causaron pues la señora
Fernández Cristancho no concurrió al presente proceso.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sala Especial de Decisión Nro. 13, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
1. Declarar infundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de Protección Social -UGPP- contra la sentencia del 29 de agosto
de 2018, proferida por la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de
Estado dentro del proceso de radicado Nro. 15001-23-33-000-2013-00804-01.
2. No condenar en costas.
19 Cfr., entre otras: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión
Nro. 19, sentencia del 18 de agosto de 2021, M.P.: William Hernández Gómez, radicado Nro.: 11001-03-15-
000-2020-03549-00. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de
Decisión Nro. 9, sentencias del 22 de noviembre de 2021, 10 de diciembre de 2021, y, 25 de febrero de
2022, M.P.: Gabriel Valbuena Hernández, radicados Nro.: 11001-03-15-000-2020-03231-00, 11001-03-15-
000-2019-05024-00, y, 11001-03-15-000-2019-04468-00, respectivamente.
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3. En firme esta providencia, archívese el expediente.
Cópiese, notifíquese y cúmplase,
La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala Especial Decisión
Nro. 13 en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Magistrada Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ MARTIN BERMUDEZ MUÑOZ
Magistrado Magistrado
ACLARA EL VOTO
(Firmado electrónicamente)
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
12
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