Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2020-03661-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2020-03661-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Control inmediato de legalidad
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2020-03661-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2020-03661-00
Consejero ponente: Sandra Lisset Ibarra Vélez
23 de agosto de 2021
CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD / RESOLUCIÓN 1094 DE 2020 – Expedida por Corporación Autónoma Regional del Tolima (CORTOLIMA) / ESTADOS DE EXCEPCIÓN / ESTADO DE EMERGENCIA ECONÓMICA, SOCIAL Y ECOLÓGICA
El Constituyente de 1991 reguló de manera detallada y minuciosa las facultades adicionales y extraordinarias que el Presidente de la República puede asumir en momentos de crisis, esto con el fin de evitar su ejercicio desmedido, como ocurría en vigencia de la Constitución Nacional de 1886. En virtud de ello, el texto superior consagró de manera expresa tres Estados de Excepción: el de «Guerra Exterior» -art 212-, el de «Conmoción Interna» -art 213- y el de «Emergencia» -art 215-; así mismo, creó rigurosos y excepcionales o extraordinarios mecanismos de escrutinio políticos y jurídicos a dichos instrumentos, para garantizar su sujeción al imperio de la Constitución y de la ley. […] En resumen, de acuerdo con el artículo 215 constitucional, cuando sobrevengan hechos distintos a los constitutivos de «guerra exterior» y de «conmoción interior», a los aluden los artículos 212 y 213 del texto superior, que perturben o amenacen perturbar en forma grave e inminente el orden económico, social y ecológico del país, o que constituyan grave calamidad pública, podrá ser declarado el Estado de Emergencia por el Presidente de la República, por períodos de hasta 30 días que pueden ser prorrogados 2 veces más y que sumados no podrán exceder de 90 días en el año.
FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 212 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 213 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 215
FACULTAD EXCEPCIONAL DEL EJECUTIVO PARA EXPEDIR DECRETOS LEGISLATIVOS CON FUERZA MATERIAL DE LEY
Desde el punto de vista normativo, quizá el rasgo más significativo de los Estados de Excepción, incluido el de Emergencia Económica, Social y Ecológica, es la facultad que se le atribuye al señor Presidente de la República para «dictar decretos con fuerza de ley». En el caso específico del Estado de Emergencia, el artículo 215 superior señala, que además del «decreto declarativo», que es el que declara o establece la situación de emergencia, el Gobierno Nacional puede dictar decretos con fuerza de ley, denominados «decretos legislativos», destinados exclusivamente a conjurar, remediar, o solucionar la crisis y a impedir la extensión de sus efectos.
FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 215
ESTADOS DE EXCEPCIÓN / ESTADO DE EMERGENCIA ECONÓMICA, SOCIAL Y ECOLÓGICA / DECRETOS LEGISLATIVOS – Desarrollados por las diferentes autoridades públicas
Naturalmente, el Gobierno Nacional, bien sea a través del señor Presidente de la República, o por medio de otra autoridad subordinada a él, como por ejemplo, sus ministros de despacho, los directores de departamentos administrativos, los superintendentes, los directores de agencias estatales, etc., así como los diferentes órganos autónomos e independientes y, las autoridades territoriales, podrán reglamentar y/o desarrollar, en el ámbito de sus jurisdicciones, lo dispuesto en los «Decretos Legislativos» expedidos para conjurar el «Estado de Emergencia». Para ello, en uso de la tradicional facultad reglamentaria establecida en el artículo 189.11 de la Constitución, y de las competencias reguladoras e instructivas de cada uno de estos órganos o entidades, podrán expedir los correspondientes actos administrativos generales, los cuales pueden adoptar las diferentes formas jurídicas establecidas en el ordenamiento jurídico, tales como, reglamentos, decretos, resoluciones, ordenanzas, acuerdos, directivas, ordenes de gerencia, circulares, etc., para hacer aún más concretas las medidas provisionales o permanentes tendientes a superar las circunstancias que provocaron el Estado de Excepción.
NOTA DE RELATORÍA: La decisión expone los controles a los poderes excepcionales del ejecutivo en el Estado de Emergencia (control político, control constitucional automático, control inmediato de legalidad).
CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD – Alcance y competencia
El control inmediato de legalidad es el mecanismo procesal previsto en la Ley Estatutaria 137 de 1994 y en la Ley 1437 de 2011, para examinar «las medidas de carácter general que sean dictadas» por las diferentes autoridades, tanto del orden nacional, como territorial, en ejercicio de la función administrativa, para desarrollar o reglamentar los Decretos Legislativos proferidos durante los Estados de Excepción. […] Por lo tanto, el Consejo de Estado es el competente para revisar, enjuiciar o controlar, en forma inmediata, «las medidas de carácter general que sean dictadas [por las autoridades del orden nacional] en ejercicio de la función administrativa y como desarrollo de los decretos legislativos durante los Estados de Excepción»; mientras que los actos administrativos de naturaleza general proferidos por las autoridades territoriales en desarrollo de los «Decretos Legislativos» durante los regímenes de excepción, serán revisados, enjuiciados o controlados, de manera inmediata, por el tribunal administrativo con jurisdicción en la entidad territorial que los expida.
FUENTE FORMAL: LEY 137 DE 1994 – ARTÍCULO 20 / LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 111
NOTA DE RELATORÍA: Sobre las características del control inmediato de legalidad, ver: Consejo de Estado, sentencias de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del 28 de enero de 2003, exp. 2002-0949-01, M. P. Alier Eduardo Hernández Enríquez; del 7 de octubre de 2003, exp. 2003-0472-01, M. P. Tarsicio Cáceres Toro, del 16 de junio de 2009, exp. 2009-00305-00, y del 9 de diciembre de 2009, exp. 2009-0732-00, M. P. Enrique Gil Botero.
CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD – Requisitos de procedibilidad
De acuerdo con las normas trascritas (artículos 20 de la Ley 137 de 1994 y 111.8 y 136 de la Ley 1437 de 2011), es posible afirmar que los presupuestos o requisitos de procedencia del medio de control excepcional e inmediato de legalidad son, en términos generales: (i) que el objeto o materia a estudiarse o revisarse lo constituyan medidas o actos administrativos de naturaleza y/o contenido general; (ii) que dichos actos administrativos generales, sean dictados en ejercicio de la función administrativa; y (iii) que además de que sean emitidos en ejercicio de la función administrativa, que desarrollen uno o más de los Decretos Legislativos proferidos durante el Estado de Excepción.
FUENTE FORMAL: LEY 137 DE 1994 – ARTÍCULO 20 / LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 111 / LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 136
REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD DEL MEDIO DE CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD – Que el objeto o materia a estudiarse o revisarse lo constituyan medidas o actos de naturaleza y/o contenido general
En ese orden de ideas, el primer presupuesto o requisito para activar el control excepcional e inmediato de legalidad, es que el objeto o materia a estudiarse o revisarse, lo constituya una «medida» o «acto» de naturaleza y/o contenido general, pero ¿qué se entiende por «medida» o «acto» de las autoridades públicas? y ¿cuándo esas «medidas» o «actos» son de estirpe general? […] Por consiguiente, para este Despacho, el control inmediato de legalidad recae sobre: (i) toda decisión administrativa, manifestación o declaración de voluntad, de ciencia o cognición, que en el marco de nuestro Estado Social de Derecho y en desarrollo del principio de legalidad, (ii) producen las autoridades públicas, bien sean órganos administrativos o particulares en el desempeño de la función pública, (iii) en ejercicio de sus atribuciones constitucionales, legales y/o reglamentarias, (iv) tendiente a la producción de efectos jurídicos externos vinculantes, que constituye verdadera fuente de derecho dotada de fuerza normativa, (v) independientemente de la forma que adopte, es decir, si es decreto, resolución, circular, directiva, instructivo, orden de gerencia, etc., y (vi) encaminado o circunscrito al propósito de desarrollar, de manera real material o verdadera, los decretos legislativos expedidos por el Gobierno Nacional para conjurar el Estado de Excepción. Ahora bien, en lo que tiene que ver con el segundo interrogante, la Sala recuerda, que por «acto administrativo general» la jurisprudencia contenciosa y la doctrina especializada en la materia, han coincidido de manera pacífica y uniforme en identificarlo como aquel que tiene la virtualidad de ser «creador de situaciones jurídicas generales, impersonales y objetivas […] en cuanto contiene reglas de derecho y no decisiones individuales o concretas», es decir, que tiene carácter normativo de índole general, constituye «norma de aplicación abstracta», como reglamentador, determinador o desarrollador (si se quiere) de reglas legislativas, por lo que también ha sido llamados «acto regla».
REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD DEL MEDIO DE CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD – Que el acto general a controlarse hubiese sido dictado en ejercicio de la función administrativa / FUNCIÓN ADMINISTRATIVA
Amén de las diferentes definiciones y caracterizaciones de la noción de «función administrativa» elaboradas por la jurisprudencia y por la doctrina especializada, y por ende, de las innumerables discrepancias sobre este tema, la Sala entiende que de manera general la «función administrativa» es toda aquella actividad que -desde el punto de vista orgánico y funcional- no es ni judicial ni legislativa, y que es ejercida por las autoridades públicas para la realización de los fines, misión y funciones que les han sido asignadas por la Constitución, la Ley y/o el reglamento.
REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD DEL MEDIO DE CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD – Que el acto general, además de haber sido dictado en ejercicio de la función administrativa, materialmente desarrolle los Decretos Legislativos expedidos por el Gobierno Nacional para conjurar el Estado de Excepción
En este punto, la Sala se pregunta: ¿cuándo una medida o acto, expedido por una autoridad pública en ejercicio de la función administrativa en los Estados de Excepción, desarrolla un Decreto Legislativo?. Para atender a ese interrogante, se hace necesario partir de un criterio o visión sustancial que se fundamente en el contenido del acto controlado y no solamente en la simple constatación de las normas que en él se invoquen para su expedición, de manera tal que se privilegie el estudio del contenido de su motivación -en lo fáctico y en lo jurídico- y de la decisión administrativa que adopta. Esta perspectiva interpretativa sustancial o material, trasciende y supera la visión formal, exegética o literal, según la cual, para establecer si un acto administrativo desarrolla un Decreto Legislativo, sólo es necesario verificar que en sus considerandos se les cite o invoque de manera expresa. No se desconoce la utilidad práctica y necesaria del criterio formal, para este estudio inicial, pero en algunas ocasiones dicho esquema metodológico no es suficiente ni definitivo para establecer la procedencia del medio de control inmediato de legalidad, restándole efectividad a ese mecanismo excepcional de escrutinio judicial al actuar de la administración y, en consecuencia, es necesario revisar integralmente el acto, para efectos de determinar si cumple este requisito. Lo anterior, por cuanto lo significativo, a la hora de establecer si un acto administrativo desarrolla un Decreto Legislativo -cuando se está estudiando la procedibilidad del medio de control inmediato de legalidad- es consultar si las motivaciones, si las consideraciones, si la propia decisión administrativa, se relaciona de manera directa e íntima con las materias que constituyen la causa de la declaratoria del Estado de Excepción, y por supuesto, con las temáticas reguladas en los Decretos Legislativos.
METODOLOGÍA PARA DESARROLLAR EL CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD
Definida la procedencia del control inmediato de legalidad, y agotadas las etapas previstas en el artículo 185 de la Ley 1437 de 2011, el juez de lo contencioso administrativo -Consejo de Estado o Tribunales Administrativos- proferirá sentencia, en la cual declarará ajustado a derecho, o anulará total o parcialmente el acto estudiado. Sin embargo, ni el constituyente de 1991 ni el legislador, determinaron los elementos esenciales o criterios de valoración respecto de los cuales se debe centrar el control inmediato de legalidad de los actos administrativos de naturaleza general dictados en desarrollo de Decretos Legislativos, a diferencia de lo que ocurre con el control automático de constitucionalidad de los Decretos Legislativos, en donde la Ley Estatutaria de los Estados de Excepción trae expresamente definidos los criterios a la luz de los cuales se ejerce el escrutinio excepcional de constitucionalidad, por tal motivo, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación, a través de distintos pronunciamientos se ha encargado de definir dichos aspectos. Como primer punto para determinar el alcance del control inmediato de legalidad, esta Corporación ha estimado que, el mencionado juicio no puede guiarse por los mismos parámetros en virtud de los cuales la Corte Constitucional efectúa el control de constitucionalidad respecto de los Decretos Legislativos proferidos con ocasión de la declaratoria de Estados de Excepción, debido a la naturaleza distinta y particular de los actos objeto de control en cada procedimiento, en el entendido que, para determinar su constitucionalidad el alto tribunal constitucional debe confrontarlo con el texto superior en su integridad, circunstancia que se aleja del ámbito de competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. En ese orden, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha considerado en distintos pronunciamientos que, el control integral que el legislador exige para el proceso previsto en los artículos 20 de la Ley 137 de 1994 y 136 de la Ley 1437 de 2011, cuya principal característica es la oficiosidad, no implica confrontar el acto administrativo respecto del ordenamiento jurídico en general, ni el análisis de todas las causales de nulidad, dada la complejidad que representaría dicho ejercicio, en ese orden, ha establecido que los parámetros para desarrollar el control automático de legalidad son de dos tipos, los formales y los materiales.
FUENTE FORMAL: LEY 137 DE 1994 – ARTÍCULO 20 / LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 136 / LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 185
NOTA DE RELATORÍA: Sobre los aspectos formales y materiales del acto administrativo objeto de control inmediato de legalidad, ver: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 2 de noviembre de 1999, Consejero Ponente Dr. Carlos Arturo Orjuela Góngora, radicación N°. CA-011.
NOTA DE RELATORÍA: Sobre el alcance del control inmediato de legalidad, ver: Consejo de Estado, sentencia del 23 de noviembre de 2010, consejera ponente doctora Ruth Stella Correa Palacio, radicación nro. 11001-03-15-000-2010-00196-00.
CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD / PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD / PROPORCIONALIDAD DE LAS MEDIDAS
Así las cosas, a partir de las características y finalidad especiales del medio de control inmediato de legalidad señaladas en acápites antecedentes, y habiéndose determinado los aspectos que implica el estudio de proporcionalidad, estima la Sala que, el debido ejercicio del juicio de aspectos materiales de los actos administrativos de carácter general dictados por las distintas autoridades administrativas con ocasión de los Decretos Legislativos expedidos en los Estados de Excepción, en los términos de lo dispuesto en los artículos 20 de la Ley 137 de 1994 y 136 de la Ley 1437 de 2011, requiere un juicio de idoneidad, un juicio de necesidad y un juicio de proporcionalidad en estricto sentido, para lo cual, el operador judicial deberá tener en consideración los siguientes aspectos del acto enjuiciado: i) Idoneidad: corresponde determinar si las disposiciones normativas expedidas por los distintos entes administrativos en desarrollo de Decretos Legislativos se encuentran dirigidas a cumplir el propósito de tales normas dictadas en virtud de facultades extraordinarias, es decir, conjurar el estado de emergencia; además estas deben ser, adecuadas, idóneas o eficaces para tal efecto. ii) Necesidad: Se deberá definir si existen otros medios idóneos para desarrollar las medidas adoptadas por medio de Decretos Legislativos para conjurar el Estado de Excepción declarado, y si los otros medios existentes, suponen una restricción menos severa de los derechos fundamentales. iii) Proporcionalidad en estricto sentido: Incumbe en este punto establecer si a través del acto administrativo de carácter general materia de análisis, se crea un conflicto entre principios o derechos, y de ser así, se deberá establecer si los beneficios resultan superiores a la afectación que se genera a estos.
NOTA DE RELATORÍA: Sobre el principio de proporcionalidad, ver: Corte Constitucional, sentencia C-720 de 2007.
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL TOLIMA (CORTOLIMA) – Naturaleza
En consonancia con las disposiciones normativas previamente referenciadas, los estatutos de la entidad establecen que CORTOLIMA es un ente público del orden nacional sujeto a un régimen especial con jurisdicción en las entidades territoriales que componen el Departamento del Tolima y su domicilio principal está ubicado en el municipio de Ibagué -artículo 3°-; que el Director General de la entidad es la primera autoridad ejecutiva y representante legal de la entidad -artículo 53-; y que entre las funciones del Director están, entre otras, las señaladas en la Ley 99 de 1993 -artículo 60-.
ACTO OBJETO DE CONTROL – Objeto, motivación y finalidad
De la lectura integral de la norma estudiada en esta providencia, se observa con claridad que, a través de esta, se dispusieron medidas relacionadas con: 1). La presencialidad parcial del personal de la Corporación; 2). Prelación del trabajo en casa para los funcionarios y contratistas; 3). habilitación de medios virtuales para atención de procedimientos relacionados con el funcionamiento de la entidad, así como para atender los trámites, procesos, presentaciones y reuniones; y 4). Levantamiento de la suspensión de términos. En ese sentido, las disposiciones transitorias analizadas están fundamentadas en el Decreto Legislativo 417 del 17 de marzo de 2020, a través del cual, el Presidente de la República declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional con el fin de adoptar medidas extraordinarias para conjurar los efectos de negativos generados por la propagación del coronavirus COVID-19; y en específico, en los Decretos Legislativos 440 de 20 de marzo y 491 de marzo 28 de 2020, por los cuales el Gobierno Nacional adoptó medidas de urgencia en materia de contratación estatal, así como para garantizar la atención y la prestación de los servicios por parte de las entidades públicas en el marco de la emergencia, respectivamente. Así, el objeto del acto administrativo estudiado, esto es, garantizar el derecho a la vida y salud, así como el debido proceso de los empleados y contratistas de CORTOLIMA y de los sujetos procesales que intervienen en los procesos a cargo de la entidad, está respaldado por normas de naturaleza superior que gozan de absoluta vigencia. Por tanto, sobre este aspecto no se advierten irregularidades que generen la nulidad de la norma analizada. […] Por último, en cuanto a la finalidad de las medidas de carácter general impartidas por medio del acto administrativo objeto del presente asunto, estima la Sala que, estas se encuentran dirigidas a evitar o prevenir el mayor contagio de la población por el coronavirus COVID-19 y con ello, conjurar los motivos que dieron lugar a la declaratoria de emergencia sanitaria y emergencia económica, social y ecológica por el Gobierno Nacional, y de ese modo, garantizar el cumplimiento de principios y derechos constitucionales como el debido proceso en las actuaciones adelantadas en CORTOLIMA. […] En ese contexto, es claro que la Resolución 1094 del 10 de agosto de 2020 de CORTOLIMA pretende la efectividad de los fines esenciales del Estado previstos en el artículo 2° de la Constitución de Política y guarda sustento en las normas generales expedidas por el Gobierno Nacional para conjurar el Estado de Emergencia. Entonces, el acto administrativo en cuestión, tiene como fin la garantía del interés general, y en esa medida, no se evidencia beneficio o provecho oculto e ilegitimo por parte del funcionario que intervino en su expedición.
FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 2
CONSEJO DE ESTADO
SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA DÉCIMA ESPECIAL DE DECISIÓN
Consejera ponente: SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ
Bogotá D.C., veintitrés (23) de agosto de dos mil veintiuno (2021)
Radicación número: 11001-03-15-000-2020-03661-00(CA)
Actor: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL TOLIMA (CORTOLIMA)
Demandado: RESOLUCIÓN 1094 DEL 10 DE AGOSTO DE 2020
Medio de control: CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD
Norma que se revisa: Resolución 1094 de 10 de agosto de 2020, expedida por la Directora General de la Corporación Autónoma Regional del Tolima -CORTOLIMA-, «por la cual se profieren unas medidas en torno al funcionamiento de la Corporación Autónoma Regional del Tolima -CORTOLIMA- derivadas de la emergencia sanitaria a causa del Coronavirus CO VID 19»
Decisión: Declarar que la norma analizada está ajustada a derecho
El Consejo de Estado, a través de su Sala Especial de Decisión Nro. 10, procede a emitir sentencia en la causa judicial de la referencia, aclarando que el presente asunto fue repartido al Despacho sustanciador el 7 de mayo de 2021.
ANTECEDENTES
El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud -OMS-, calificó el coronavirus COVID-19 como una pandemia debido a la velocidad de su propagación en más de 114 países, por lo que recomendó a los países adoptar medidas preventivas para detener la transmisión del virus. En virtud de dicha circunstancia, el Ministro de Salud y Protección Social, en ejercicio de sus atribuciones contenidas en los artículos 2 del Decreto Ley 4107 de 2011, 69 de la Ley 1753 de 2015 y 2.8.8.1.4.3 del Decreto Reglamentario 780 de 2016, expidió la Resolución 385 de 12 de marzo de 2020, mediante la cual declaró «la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional hasta el 30 de mayo de 2020». La mencionada Resolución 385 de 12 de marzo de 2020, ordenó a los jefes y representantes legales de entidades públicas y privadas, entre otras, adoptar las medidas de prevención y control para evitar la propagación del COVID-19, tales como la «prestación del servicio a través del teletrabajo».
Con el fin de controlar la situación repentina e inesperada generada por transmisión del COVID-19 en Colombia, que ha afectado de manera grave el orden económico y social, el Presidente de la República, con la firma de todos los ministros, expidió el Decreto Declarativo 417 de 17 de marzo de 2020, mediante el cual declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional, por el término de 30 días calendario, de acuerdo con el artículo 215 de la Constitución, y señaló, que por medio de Decretos Legislativos adoptaría las medidas con fuerza material de ley, dirigidas a fortalecer las acciones para conjurar los efectos de la crisis en todos los ámbitos o sectores de la vida nacional, así como a mejorar la situación de los contagiados y evitar una mayor propagación del COVID-19. Entre las motivaciones del Gobierno Nacional para declarar el Estado de Excepción, están las siguientes:
«Que una de las principales medidas, recomendadas por la Organización Mundial de la Salud, es el distanciamiento social y aislamiento, para lo cual, las tecnologías de la información y las comunicaciones y los servicios de comunicaciones, en general, se convierten en una herramienta esencial para permitir la protección de la vida y la salud de los colombianos».
(…)
«Que con el propósito de limitar las posibilidades de propagación del nuevo virus Covid 19 y de proteger la salud del público en general y de los servidores públicos que los atienden, se hace necesario expedir normas de orden legal que flexibilicen la obligación de atención personalizada al usuario y se permita incluso la suspensión de términos legales en las actuaciones administrativas y jurisdiccionales». (Subrayas fuera de texto).
Por otro lado, el Presidente de la República en ejercicio de las facultades previstas en los artículos 189 numeral 4, 303 y 315 de la Constitución Política y el artículo 199 de la Ley 1801 de 2016 profirió el Decreto Ordinario 457 de 22 de marzo de 2020, a través del cual ordenó el aislamiento preventivo obligatorio de todos los habitantes del territorio nacional entre el 25 de marzo y el 13 de abril de 2020, como medida efectiva para preservar la vida y salud de las personas y disminuir el riesgo de transmisión del coronavirus COVID-19, que además ha sido recomendada por la Organización Mundial de la Salud ante la ausencia de medidas farmacológicas para combatir el mencionado virus. La medida en mención fue extendida hasta el 30 de agosto de 2020, con algunas excepciones a la restricción de circulación, por medio de los Decretos Ordinarios 531 de 8 de abril de 2020, 593 de 24 de abril de 2020, 636 de 6 de mayo de 2020, 689 de 22 de mayo de 2020, 749 de 28 de mayo de 2020, 878 de 25 de junio de 2020, 990 de 9 de julio de 2020 y 1076 de 28 de julio de 2020.
El 20 de marzo de 2020, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 440 de 2020, «por el cual se adoptan medidas de urgencia en materia de contratación estatal, con ocasión del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica derivada de la Pandemia COVID- 19», en el que dispuso medidas relacionadas con los procesos precontractuales y contractuales, así:
«ARTÍCULO 1. Audiencias públicas. Para evitar el contacto entre las personas y propiciar el distanciamiento individual, durante el estado de emergencia económica, social y ecológica, las audiencias públicas que deban realizarse en los procedimientos de selección podrán realizarse a través de medios electrónicos, garantizando el acceso a los proponentes, entes de control, y a cualquier ciudadano interesado en participar.
La entidad estatal deberá indicar y garantizar los medios electrónicos y de comunicación que serán utilizados, así como los mecanismos que empleará para el registro de toda la información generada, conforme al cronograma establecido en el procedimiento.
En todo caso, debe garantizarse el procedimiento de intervención de los interesados, y se levantará un acta lo acontecido en la audiencia.
Para la adquisición de bienes y servicios de características técnicas uniformes, mediante el procedimiento de selección abreviada por subasta inversa, el evento se podrá adelantar por medios electrónicos. En virtud de lo anterior, la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente pondrá a disposición de las Entidades Estatales una aplicación para adelantar las subastas electrónicas en el Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP 11. En ausencia de la aplicación, las entidades estatales podrán adquirir de manera directa la plataforma electrónica dispuesta en el mercado para dichos efectos.
PARÁGRAFO 1. En los procesos de selección que se encuentren en trámite, no es necesario modificar el pliego de condiciones para este fin. Sin embargo, mínimo dos días hábiles antes de la realización, la entidad deberá informar la metodología y condiciones para el desarrollo de las audiencias.
ARTÍCULO 2. Procedimientos sancionatorios. Durante el estado de emergencia económica, social y ecológica, las audiencias programadas de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo HYPERLINK "https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=43292" \l "86" 86 de la Ley 1474 de 2011 se podrán realizar a través de medios electrónicos, los cuales deberán garantizar el acceso de los contratistas y de quienes hayan expedido la garantía.
La Entidad Estatal debe elegir y garantizar los medios electrónicos y de comunicación que utilizará, así como los mecanismos para el registro de la información generada.
Sin perjuicio de lo anterior, el ordenador del gasto o funcionario competente podrá decretar la suspensión de términos, inclusive los iniciados con anterioridad a la vigencia de este Decreto.»
El 28 de marzo de 2020, el Presidente de la República, con la firma de su ministro de Justicia y del Derecho, a través del Decreto Legislativo 491, «por el cual se adoptan medidas de urgencia para garantizar la atención y la prestación de los servicios por parte de las autoridades y los particulares que cumplan funciones públicas y se toman medidas para la protección laboral y de los contratistas de prestación de servicios de las entidades públicas, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica», en el cual dispuso medidas relacionadas con la prestación de servicios a cargo de las autoridades durante el período de aislamiento preventivo obligatorio mediante la modalidad de trabajo en casa, la notificación y comunicación de los actos administrativos y la suspensión de términos en procedimientos administrativo. Dentro de las disposiciones del Decreto Legislativo 491 de 28 de marzo de 2020, pertinentes para el presente asunto, se destacan las siguientes:
«Artículo 3. Prestación de los servicios a cargo de las autoridades. Para evitar el contacto entre las personas, propiciar el distanciamiento social y hasta tanto permanezca vigente la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, las autoridades a que se refiere el artículo 1 del presente Decreto velarán por prestar los servicios a su cargo mediante la modalidad de trabajo en casa, utilizando las tecnologías de la información y las comunicaciones.
Las autoridades darán a conocer en su página web los canales oficiales de comunicación e información mediante los cuales prestarán su servicio, así como los mecanismos tecnológicos que emplearán para el registro y respuesta de las peticiones.
En aquellos eventos en que no se cuente con los medios tecnológicos para prestar el servicio en los términos del inciso anterior, las autoridades deberán prestar el servicio de forma presencial. No obstante, por razones sanitarias, las autoridades podrán ordenar la suspensión del servicio presencial, total o parcialmente, privilegiando los servicios esenciales, el funcionamiento de la economía y el mantenimiento del aparato productivo empresarial.
En ningún caso la suspensión de la prestación del servicio presencial podrá ser mayor a la duración de la vigencia de la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social.
Parágrafo. En ningún caso, los servidores públicos y contratistas del Estado que adelanten actividades que sean estrictamente Necesarias para prevenir, mitigar y atender la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19, y garantizar el funcionamiento de los servicios indispensables del Estado podrán suspender la prestación de los servicios de forma presencial. Las autoridades deberán suministrar las condiciones de salubridad necesarias para la prestación del servicio presencial.
Artículo 4. Notificación o comunicación de actos administrativos. Hasta tanto permanezca vigente la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, la notificación o comunicación de los actos administrativos se hará por medios electrónicos. Para el efecto en todo trámite, proceso o procedimiento que se inicie será obligatorio indicar la dirección electrónica para recibir notificaciones, y con la sola radicación se entenderá que se ha dado la autorización.
En relación con las actuaciones administrativas que se encuentren en curso a la expedición del presente Decreto, los administrados deberán indicar a la autoridad competente la dirección electrónica en la cual recibirán notificaciones o comunicaciones. Las autoridades, dentro de los tres (3) días hábiles posteriores a la expedición del presente Decreto, deberán habilitar un buzón de correo electrónico exclusivamente para efectuar las notificaciones o comunicaciones a que se refiere el presente artículo.
El mensaje que se envíe al administrado deberá indicar el acto administrativo que se notifica o comunica, contener copia electrónica del acto administrativo, los recursos que legalmente proceden, las autoridades ante quienes deben interponerse y los plazos para hacerlo. La notificación o comunicación quedará surtida a partir de la fecha y hora en que el administrado acceda al acto administrativo, fecha y hora que deberá certificar la administración.
En el evento en que la notificación o comunicación no pueda hacerse de forma electrónica, se seguirá el procedimiento previsto en los artículos 67 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.
Parágrafo. La presente disposición no aplica para notificación de los actos de inscripción o registro regulada en el artículo 70 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Artículo 6º. Suspensión de términos de las actuaciones administraciones o jurisdiccionales en sede administrativa. Hasta tanto permanezca vigente la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social las autoridades administrativas a que se refiere el artículo 1º del presente Decreto, por razón del servicio y como consecuencia de la emergencia, podrán suspender, mediante acto administrativo, los términos de las actuaciones administrativas o jurisdiccionales en sede administrativa. La suspensión afectará todos los términos legales, incluidos aquellos establecidos en términos de meses o años.
La suspensión de los términos se podrá hacer de manera parcial o total en algunas actuaciones o en todas, o en algunos trámites o en todos, sea que los servicios se presten de manera presencial o virtual, conforme al análisis que las autoridades hagan de cada una de sus actividades y procesos, previa evaluación y justificación de la situación concreta.
En todo caso los términos de las actuaciones administrativas o jurisdiccionales se reanudará a partir del día hábil siguiente a la superación de la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social.
Durante el término que dure la suspensión y hasta el momento en que se reanuden las actuaciones no correrán los términos de caducidad, prescripción o firmeza previstos en la Ley que regule la materia.
Parágrafo 1º. La suspensión de términos a que se refiere el presente artículo también aplicará para el pago de sentencias judiciales.
Parágrafo 2º. Los Fondos Cuenta sin personería jurídica adscritos a los ministerios, que manejen recursos de seguridad social y que sean administrados a través de contratos fiduciarios, podrán suspender los términos en el marco señalado en el presente artículo.
Durante el tiempo que dure la suspensión no correrán los términos establecidos en la normatividad vigente para la atención de las prestaciones y en consecuencia no se causarán intereses de mora.
Parágrafo 3º. La presente disposición no aplica a las actuaciones administrativas o jurisdiccionales relativas a la efectividad de derechos fundamentales. (…)
Artículo 15. Prestación de servicios durante el período de aislamiento preventivo obligatorio. Durante el período de aislamiento preventivo obligatorio las autoridades dispondrán las medidas necesarias para que los servidores públicos y docentes ocasionales o de hora cátedra de instituciones de educación superior públicas cumplan sus funciones mediante la modalidad de trabajo en casa, haciendo uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones.
En ningún momento la declaratoria de Emergencia Económica, Social y Ecológica y la declaratoria de Emergencia Sanitaria, así como las medidas que se adopten en desarrollo de las mismas, podrán suspender la remuneración mensual o los honorarios a los que tienen derecho los servidores públicos o docentes ocasionales o de hora cátedra de instituciones de educación superior pública, respectivamente.
Parágrafo. Cuando las funciones que desempeña un servidor público, un docente ocasional o de hora cátedra no puedan desarrollarse mediante el trabajo en casa, las autoridades competentes podrán disponer que, durante la Emergencia Sanitaria, y excepcionalmente, éstos ejecuten desde su casa actividades similares o equivalentes a la naturaleza del cargo que desempeñan.
Artículo 16. Actividades que cumplen los contratistas de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión. Durante el período de aislamiento preventivo obligatorio las personas naturales vinculadas a las entidades públicas mediante contrato de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, continuarán desarrollando sus objetos y obligaciones contractuales mediante trabajo en casa y haciendo uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Aquellos contratistas cuyas obligaciones sólo se puedan realizar de manera presencial, continuarán percibiendo el valor de los honorarios durante el período de aislamiento preventivo obligatorio, previa verificación por parte del supervisor de la cotización al Sistema General de Seguridad Social. Esto sin perjuicio de que una vez superados los hechos que dieron lugar a la Emergencia Sanitaria cumplan con su objeto y obligaciones en los términos pactados en sus contratos.
La declaratoria de Emergencia Económica, Social y Ecológica y la declaratoria de Emergencia Sanitaria, así como las medidas que se adopten en desarrollo de las mismas no constituyen causal para terminar o suspender unilateralmente los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión celebrados con el Estado.
Parágrafo. Para la recepción, trámite y pago de los honorarios de los contratistas, las entidades del Estado deberán habilitar mecanismos electrónicos.»
Posteriormente, el Gobierno Nacional, a través de los Decretos Ordinarios 531 del 8 de abril; 593 del 24 de abril; 636 del 6 de mayo; 749 del 28 de mayo; 847 del 14 de junio; 878 del 25 de junio; 990 del 9 de julio de 2020; y 1076 del 28 de julio de 2020, se postergó «el aislamiento preventivo obligatorio» establecido en el Decreto Ordinario N° 457 de 22 de marzo de 2020, hasta el 1° de septiembre de 2020.
Debido a que los efectos generados por el COVID-19 desde el punto de vista de salud pública y en el aspecto económico resultaron ser más gravosos de lo que inicialmente podía preverse, las medidas extraordinarias adoptadas en virtud del Decreto Declarativo 417 de 17 de marzo de 2020 resultaron insuficientes, en consecuencia, el Presidente de la República con la firma de todos los ministros, expidió el Decreto 637 de 6 de mayo de 2020, por el cual extendió el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica por el término de 30 días calendario, con el fin de tomar medidas extraordinarias adicionales, necesarias para conjurar la crisis ocasionada por la pandemia mencionada.
La Corte Constitucional, a través de sentencia C-145 de 20 de mayo de 2020, declaró exequible el Decreto 417 de 17 de marzo de 2020 declaratorio del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, al considerar que la magnitud de la calamidad pública y sanitaria, sus efectos económicos y sociales, así como el efecto negativo en la protección efectiva de los derechos constitucionales, revelan la necesidad de usar las potestades constitucionales extraordinarias, las cuales fueron ejercidas por el Presidente de la República dentro del margen razonable de análisis que establece la Constitución, sin incurrir en valoración arbitraria o en un error de apreciación manifiesto.
Por otra parte, la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-162 de 4 de junio de 2020, declaró exequible el Decreto 440 de 2020, por el cual se adoptan medidas de urgencia en materia de contratación estatal, con ocasión del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica derivada de la Pandemia COVID-19.
Así mismo, la Corte Constitucional, a través de la Sentencia C- 242 de 9 de julio de 2020, declaró exequible los artículos 3, 4, 6°,15 y 16 del Decreto Legislativo 491 de 28 de marzo de 2020, en el entendido que las medidas en ellos establecidas sólo aplicarán por el término de duración de la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social.
Para asegurar que al interior de la entidad se cumpliesen las medidas adoptadas por el Ejecutivo en los Decretos Legislativos 440 de 20 de marzo y 491 de 28 de marzo de 2020, la Directora General de la Corporación Autónoma Regional del Tolima -CORTOLIMA expidió la Resolución 1044 del 24 de julio de esa anualidad, en la que estableció medidas relacionadas con 1). suspensión de asistencia y atención al público en general; 2). trabajo en casa para los funcionarios de la entidad; 3). habilitación de medios virtuales para atención de procedimientos propios de la entidad; 4). suspensión de trámites y actuaciones administrativas; y, 5). procesos relacionados con el funcionamiento de la corporación; la cual fue avocada para su Control Inmediato de Legalidad por el Despacho de la Consejera de Estado, Dra. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, bajo el radicado es el 2020-03803.
CORTOLIMA remitió copia simple de la Resolución 1094 del 10 de agosto de 2020, para que el Consejo de Estado adelante el correspondiente control inmediato de legalidad, según lo establecido en el artículo 136 de la Ley 1437 de 2011.
Teniendo en cuenta que las Resoluciones 1044 del 24 de julio y 1094 del 10 de agosto de 2020 establecen medidas íntimamente relacionadas, la Consejera Ponente mediante auto de 9 de septiembre de 2020 remitió el expediente de la referencia, relativo al control inmediato de legalidad de la Resolución Nro. 1094 del 10 de agosto de 2020 expedida por la Directora General de CORTOLIMA, al despacho de la Magistrada Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, para que se estudiara la posible acumulación al expediente 2020-03803.
Mediante auto de 7 de mayo de 2021 proferido por la Consejera de Estado Dra. María Adriana Marín, se devolvió el proceso de la referencia al despacho de origen al advertirse que, «por un error mecanográfico contenido en la parte resolutiva, el proceso fue equivocadamente remitido por la Secretaría» a ese Despacho y no al de la doctora Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
La Secretaría General de esta Corporación, en cumplimiento del auto de 7 de mayo de 2021, remitió al Despacho el asunto de la referencia el 7 de mayo de 2021, para el trámite de rigor.
Dado que para esa fecha en el proceso 2020-03803 ya se había emitido sentencia y, en consecuencia, no procedía la acumulación de los expedientes, el Despacho Sustanciador mediante auto de 31 de mayo de 2021, avocó conocimiento de la Resolución Nro. 1094 del 10 de agosto de 2020 expedida por la Directora General de CORTOLIMA para su control inmediato de legalidad.
EL TEXTO DEL ACTO ADMINISTRATIVO OBJETO DE CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD
La Resolución 1094 del 10 de agosto de 2020 expedida por la Directora General de CORTOLIMA es del siguiente tenor literal:
«RESOLUCIÓN 1094 DE 10 DE AGOSTO DE 2020
“Por la cual se profieren unas medidas en torno al funcionamiento de la Corporación Autónoma Regional del Tolima — CORTOLIMA- derivadas de la emergencia sanitaria a causa del Coronavirus CO VID 19”
LA DIRECTORA GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL TOLIMA— CORTOLIMA
En uso de sus facultades legales, estatutarias y (…)
:
RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: Presencialidad- A partir del 11 de agosto de 2020 se reanudaran las actividades presenciales del personal vinculado a la Corporación Autónoma Regional del Tolima — CORTOLIMA, así como las visitas y salidas de campo. La presencialidad en las oficinas de la Corporación, no podrá superar el 20% del total del personal vinculado bajo cualquier modalidad.
ARTICULO SEGUNDO: Trabajo en Casa - Conforme lo esbozado en la parte considerativa del presente acto administrativo, se continuará priorizando el trabajo desde casa. Los Subdirectores, Directores Territoriales y Jefes de Oficina en asocio con la Oficina de Gestión Humana, continuaran realizando la coordinación interna con el personal a su cargo, cuya presencia no sea indispensable en la sede de trabajo, mediante la utilización de medios digitales y del uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información y las comunicaciones, garantizando el cumplimiento de las funciones del empleo y lo pactado en las evaluaciones de desempeño.
Parágrafo 1: Los Subdirectores, Directores Territoriales y Jefes de Oficina, establecerán y valoraran el personal a su cargo, con los respectivos horarios y tumos, que por necesidad del servicio o que por circunstancias operativas no pueda desarrollar totalmente sus actividades desde su lugar de residencia, requiriendo de su presencia en las oficinas de la Corporación, sin que se supere el 20 % del total del personal vinculado bajo cualquier modalidad, para lo cual deberán cumplir estrictamente los protocolos de seguridad.
Parágrafo 2: Se podrán desarrollar salidas al campo, visitas técnicas, operativos de rescate, de decomiso y en general todas aquellas que sean necesarias e indispensables para el desarrollo la actividad misional de la Corporación, debiéndose emitir la debida justificación por el Subdirector, Director Territorial o Jefe de Oficina correspondiente, contando con el aval de la oficina de seguridad y salud en el trabajo, llevando a cabo todos los protocolos de seguridad ya establecidos, para proteger a este personal y su entorno del contagio del virus CO VI D-19.
Parágrafo 3: Para el caso de los Contratistas de Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión, seguirán cumpliendo con su objeto contractual, bajo el plan de actividades establecido por los Supervisores, estos últimos verificarán el cumplimiento del mismo, teniendo en cuenta las alternativas de cumplir sus obligaciones de Manera no presencial En caso de requerirse su presencia en las oficinas de la Corporación o la realización de visitas, deberán cumplir con el protocolo de seguridad establecido.
ARTICULO TERCERO: Levantamiento de la suspensión de términos- A partir del 11 de agosto de 2020, se levanta la suspensión de términos que se hayan establecido desde la expedición de Resolución 0574 de marzo 16 de 2020 hasta la fecha.
ARTICULO CUARTO: Atención al público- Se mantendrá la suspensión de la atención presencial al público en las sedes de la Corporación.
Parágrafo 1: Excepcionalmente y teniendo en cuenta el levantamiento de suspensión de términos se atenderán de manera presencial, los asuntos derivados de entrega física de facturación, así como de los procesos coactivos, sancionatorios y disciplinarios.
Parágrafo 2: Las personas que acrediten ser parte debidamente reconocidas, en este tipo de actuaciones o que verse citación alguna para comparecer a diligencia alguna, podrán ingresar siempre y cuando acaten todos los protocolos de seguridad, sin acompañante alguno (salvo si es con su Apoderado), en los horarios establecidos de atención que fijen las oficinas respectivas, solo al lugar autorizado y por un período de tiempo limitado. Lo anterior sin perjuicio de las normas en materia de movilidad y sus restricciones que establezca el Gobierno Nacional y los Alcaldes municipales.
Parágrafo 3: Se garantizará el acceso a las oficinas de personal de órganos de control, así como del personal de aseo, vigilancia, mantenimiento y soporte de equipos e instalaciones, los cuales deberán cumplir con los protocolos de seguridad establecidos y coordinado con la Subdirección Administrativa y Financiera.
ARTICULO QUINTO: Utilización de canales virtuales y medios tecnológicos- Se tendrá prioridad para que en cada uno de los trámites, procesos, actuaciones administrativas, presentación de informes, reuniones y sesiones relacionadas con la misión, competencias y funcionamiento de la Corporación, se adelanten de manera virtual, todo ello enmarcado dentro de las disposiciones normativas consagradas especialmente en el Decreto Legislativo 491 de 2020 y demás normas concordantes.
Parágrafo 1: Correspondencia virtual - Se tendrán como válidos y se propiciara preferiblemente el uso de los correos habilitados ventanilla@cortolima.qov.co, notificacionludicial@cortolima.gov.co tanto para recepción como para entrega de correspondencia, garantizando por parte de la Subdirección Administrativa y Financiera el reparto oportuno a cada una de las dependencias respectivas.
Parágrafo 2: Correspondencia física — Excepcionalmente en los eventos de que no sea posible la recepción de correspondencia de forma virtual, se podrá recibir correspondencia física únicamente en la ventanilla única de atención de las sedes la Corporación, se establecerá por la Subdirección Administrativa y Financiera las reglas especiales y horarios para el recibo y entrega de correspondencia física con destino a las distintas dependencias, atendiendo las condiciones de bioseguridad necesarias para el efecto y dando cumplimiento al protocolo de seguridad adoptado por la Corporación. Se continuara con la entrega de correspondencia física externa, cuando no sea posible de manera virtual.
ARTICULO SEXTO: Procesos relacionados con el funcionamiento de la Corporación — Para los procesos, procedimientos y trámites derivados del funcionamiento de la Corporación, se tendrán en cuenta las siguientes disposiciones:
6.1.- Hasta tanto permanezca vigente la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, la notificación o comunicación de los actos administrativos se hará por medios electrónicos; Para el efecto en todo trámite, proceso o procedimiento que se inicie será obligatorio indicar la dirección electrónica para recibir notificaciones, y con la sola radicación se entenderá que se ha dado la autorización. En los eventos que no se puedan realizar la notificación o comunicación virtualmente, se dará aplicación a lo esbozado en la Ley 1437 de 2011 (CPACA) y el Decreto Legislativo 491 de 2020.
6.2.- Las solicitudes de licencias, concesiones, permisos, autorizaciones y conceptos, se harán a través de los medios virtuales dispuestos por la Corporación, deberán cumplir con los requisitos previstos en las normas vigentes y anexar en medio magnético la documentación exigida. Sera necesario la indicación del correo electrónico para efectos de notificaciones y/o comunicaciones.
6.3.- El control y seguimiento ambiental a las licencias, concesiones, permisos, autorizaciones y conceptos según corresponda, se continuaran realizando. En caso de requerirse la realización de la visita, el Subdirector o Director Territorial deberán emitir la debida justificación, el personal vinculado a la Corporación deberá dar cumplimiento al protocolo de seguridad establecido y se tendrá el acompañamiento del proceso de Gestión Humana que verificara el cumplimiento de este protocolo.
6.4.- Los trámites administrativos que permiten el funcionamiento de la Corporación, relacionados entre otros con los procesos de planificación interna, recaudos, facturación, pagos, expedición de calificaciones, cierres contables, novedades de nómina, reconocimientos de derechos salariales y prestacionales, trámites de evaluación del desempeño, planes de bienestar, programas de capacitaciones, entre otros, preferiblemente deberán realizarse a través de trabajo no presencial utilizando para ellos los medios tecnológicos y virtuales que se tengan dispuestos para ello. Se podrá llevar a cabo la expedición y entrega de facturas de manera física, garantizando la efectividad en la entrega de la misma y dando aplicabilidad a los lineamientos normativos al respecto, acatando lo establecido en el artículo cuarto del presente acto administrativo.
6.5. Los registros, reportes e informes que deban presentar los usuarios de la Corporación, deberán ser presentados en medio magnético con sus respectivos anexos, a través de los correos habilitados para tal fin.
6.6. Los procesos sancionatorios, coactivos y disciplinarios sin perjuicio de lo esbozado en el artículo cuarto del presente acto administrativo, se llevaran conforme la normatividad al respecto, estos se adelantaran de manera virtual, garantizando por los funcionarios a cargo el debido proceso de los sujetos procesales. Conforme lo establece el artículo 4 de la presente Resolución, será presencial cuando el respectivo acto procesal o asunto no se pueda llevar a cabo por medio de los canales virtuales, de lo cual se deberá dejar constancia.
6.7.- En los trámites que se requiera la realización obligatoria de audiencias y/o reuniones que requieran la presencialidad de un número de personas superior al establecido en los protocolos de seguridad, y que se considere no se pueden adelantar de forma virtual, se deberá dejar la constancia en el expediente y comunicar la suspensión del trámite a los interesados, teniendo en cuenta la circunstancias derivadas del Covid 19 y que el trámite se reanudara una vez estén dadas las garantías de bioseguridad que lo posibiliten.
6.8.- Los procesos precontractuales y contractuales se continuarán adelantando a través de la plataforma SECOP II y por medios virtuales. Las actuaciones deberán estar enmarcadas dentro de la normatividad y principios de la Contratación Estatal y se tomarán los lineamientos del Decreto N°440 del 20 de marzo de 2020, Decreto 491 del 29 de marzo de 2020, Decreto 537 del 12 de abril de 2020 y demás normas concordantes, garantizando el acceso a la información de los procesos de selección publicados.
ARTICULO SEPTIMO: Cumplimento de medidas de seguridad - Exhortar nuevamente o todo el personal vinculado a la Corporación para que acaten las disposiciones emanadas por la autoridades nacionales, departamentales y municipales en materia de prevención y mitigación del riesgo del virus COVID-19. De manera especial reiterar el cumplimiento de los protocolos de seguridad adoptados por la Corporación, especialmente el establecido en la Resolución 0660 del 19 de mayo de 2020.
ARTICULO OCTAVO: Por intermedio de la Subdirección Administrativa y Financiera, impártanse los lineamientos que sean necesarios para el cumplimiento del presente acto administrativo, así como de los protocolos de seguridad y la atención respectiva si se presentaren casos positivos de COVID 19 o sospecha de este, dentro del personal vinculado a la Corporación.
ARTICULO NOVENO: Exhórtese a los Subdirectores, Directores Territoriales y Jefes de Oficina, para que brinden las respectivas orientaciones al personal a su cargo, en el cumplimiento del presente acto administrativo, con el fin de que se tomen las medidas de protección, prevención y mitigación del riesgo del virus COVID-19. Parágrafo: Los Subdirectores, Directores Territoriales y Jefes de Oficina y Supervisores, continuaran llevando la matriz de seguimiento de cumplimiento de funciones y obligaciones, para el debido seguimiento a las funciones y obligaciones de Funcionarios y Contratistas de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, además de un manejo y control adecuado de la entrega, custodia y devolución de los documentos que sean utilizados por Funcionarios y Contratistas para el trabajo en casa.
ARTICULO DECIMO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición, modifica las disposiciones dadas por la Corporación que le sean contrarias. Se divulgará por los distintos canales virtuales de comunicación tales como página web de la entidad, correos electrónicos, redes sociales institucionales, entre otros.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Ibagué., a los 10 días del mes de agosto de 2020
OLGA LUCIA ALFONSO LANINI»
INTERVENCIONES
3.1. INTERVENCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL TOLIMA -CORTOLIMA-
La Corporación Autónoma Regional del Tolima -CORTOLIMA-, no intervino en el proceso de la referencia.
3.2. CONCEPTOS DEL MINISTERIO PÚBLICO
3.2.1. CONCEPTO No. 101 DE 28 DE JUNIO DE 2021
El Ministerio Público, a través de la Procuradora Segunda Delegada ante el Consejo de Estado solicitó declarar improcedente el control de legalidad respecto de la Resolución 1094 del 10 de agosto de 2020 expedida por la Directora General de CORTOLIMA, con fundamento en las siguientes consideraciones:
El estudio de las medidas adoptadas en la resolución sometida a control muestra, que esta fue expedida en virtud de las competencias ordinarias que le asignan la ley y los estatutos de la Corporación a su Directora General, para adoptar medidas sobre el funcionamiento de la entidad y la organización del trabajo de sus servidores y contratistas.
Sobre el particular manifiesta el Ministerio Público que, si bien en el acto administrativo analizado se indica que se desarrolla el Decreto Legislativo 491 de 2020, lo cierto es que en estricto sentido no adopta medidas que conlleven el ejercicio de poderes extraordinarios o excepcionales otorgados por el Gobierno Nacional en virtud de la emergencia económica, social o ecológica, pues se limita a desarrollar la competencia ordinaria de la Directora General de CORTOLIMA.
En sustento de lo anterior, la Procuradora Delegada citó las sentencias C-179 de 1994, C-802 de 2002 y C-670 de 2015 de la Corte Constitucional, según las cuales el uso de facultades extraordinarias o excepcionales conferidas sólo puede tener ocurrencia ante la insuficiencia de las medidas ordinarias. Igualmente, hizo alusión a varios autos del Consejo de Estado, en los que se decide no avocar conocimiento de actos administrativos para su control inmediato de legalidad, por haber sido expedidos en desarrollo de las competencias ordinarias de las entidades públicas, verbigracia, el auto de 20 de abril de 2020 proferido en el expediente 11001- 03-15-000-2020-00960-00(CA)B, con ponencia de la Consejera de Estado María Adriana Marín; y el auto de 21 de abril de 2020 dictado en el expediente 11001-03-15-000-2020-01190-00(CA)A, con ponencia del Consejero de Estado Jaime Enrique Rodríguez Navas. Por último, relacionó el fallo de 28 de septiembre de 2020 proferido en el expediente 11001-03-15-000-2020-03069-00, por el que se declaró la improcedencia del medio de control respecto de una resolución que, pese a invocar un decreto legislativo en sus fundamentos, no lo desarrollaba.
3.2.2. CONCEPTO No. 154 DE 28 DE JUNIO DE 2021
El Ministerio Público, a través del Procurador Tercero Delegado ante el Consejo de Estado solicitó declarar la legalidad de la Resolución 1094 del 10 de agosto de 2020 expedida por la Directora General de CORTOLIMA, en virtud de los siguientes argumentos:
El acto administrativo objeto de análisis fue expedido con el cumplimiento de los requisitos de forma exigidos por la jurisprudencia del Consejo de Estado y la doctrina especializada, esto es, el encabezado, epígrafe o resumen de las materias reguladas, la competencia y referencia de las facultades que se ejercen, el objeto de las materias reguladas, la parte resolutiva y la firma de quien lo suscribe.
La resolución fue proferida en ejercicio de la función administrativa, porque se expidió en el marco funcional señalado por las normas que otorgan las competencias a la Directora General de CORTOLIMA, que la habilitan para la expedición de este tipo de actos. La norma analizada cumple con el factor conexidad, dado que desarrolla el Decreto Legislativo 491 de 2020, en cuanto tiene por finalidad específica adoptar un conjunto de «medidas de urgencia para garantizar la atención y la prestación de los servicios por parte de las autoridades públicas y los particulares que cumplan funciones públicas y se toman medidas para la protección laboral y de los contratistas de prestación de servicios de las entidades públicas.».
En cuanto a la entrada en vigencia del acto, el Delegado del Ministerio Público precisó que en el artículo 10º de la resolución analizada, se dispuso que esta «rige a partir de la fecha de su expedición», lo cual contraría el artículo 65 de la Ley 1437 de 2011, según el cual los actos administrativos de carácter general -como lo es la Resolución 1094 del 10 de agosto de 2020 de CORTOLIMA- rigen y son oponibles a los destinatarios y a la comunidad en general; por lo cual pide que dicha expresión sea anulada.
CONSIDERACIONES
COMPETENCIA
Por tratarse del control inmediato de legalidad de un acto administrativo de naturaleza general, expedido por una autoridad del orden nacional, en ejercicio de la función administrativa y como desarrollo de los Decretos Legislativos 440 de 20 de marzo y 491 de marzo 28 de 2020, el Consejo de Estado, a través de sus Salas Especiales de Decisión, es competente para conocer de este proceso, con fundamento en los artículos 20 de la Ley 137 de 1994 -por la cual se reglamentan los Estados de Excepción en Colombia- y, 111.8 y 136 de la Ley 1437 de 2011 -Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo-.
OBJETO DE ESTE PROCESO
Corresponde a la Sala Especial de Decisión Nro. 10 del Consejo de Estado definir si la Resolución 1094 del 10 de agosto de 2020 expedida por la Directora General de CORTOLIMA, se encuentra ajustada al ordenamiento jurídico, de conformidad con los criterios formales y materiales establecidos por esta Corporación para la aplicación del control inmediato de legalidad.
Previo a efectuar el correspondiente control de legalidad respecto de la medida de suspensión prevista por la Corporación Autónoma Regional del Tolima -CORTOLIMA- mediante la normas objeto del presente asunto, la Sala estima pertinente, para otorgar la mayor claridad posible a esta providencia, hacer referencia concreta de los siguientes aspectos puntuales: (i) el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, en la Constitución de 1991; (ii) la facultad excepcional del Ejecutivo para expedir decretos ley con fuerza material de ley, en los Estados de Excepción; (iii) el desarrollo que de los decretos legislativos hacen las diferentes autoridades públicas; (iv) el control a los poderes excepcionales del Ejecutivo (y de la administración en general) en los Estados de Emergencia; (v) el control político; (vi) el control constitucional automático y sus parámetros de aplicación; y (vii) el control inmediato de legalidad y sus parámetros de aplicación o desarrollo.
ESTADO DE EMERGENCIA ECONÓMICA, SOCIAL Y ECOLÓGICA
El Constituyente de 1991 reguló de manera detallada y minuciosa las facultades adicionales y extraordinarias que el Presidente de la República puede asumir en momentos de crisis, esto con el fin de evitar su ejercicio desmedido, como ocurría en vigencia de la Constitución Nacional de 1886. En virtud de ello, el texto superior consagró de manera expresa tres Estados de Excepción: el de «Guerra Exterior» -art 212-, el de «Conmoción Interna» -art 213- y el de «Emergencia» -art 215-; así mismo, creó rigurosos y excepcionales o extraordinarios mecanismos de escrutinio políticos y jurídicos a dichos instrumentos, para garantizar su sujeción al imperio de la Constitución y de la ley.
El artículo 215 de la Constitución regula el «Estado de Emergencia» de la siguiente manera:
«Cuando sobrevengan hechos distintos de los previstos en los artículos HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991_pr007.html" \l "212" 212 y HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991_pr007.html" \l "213" 213 que perturben o amenacen perturbar en forma grave e inminente el orden económico, social y ecológico del país, o que constituyan grave calamidad pública, podrá el Presidente, con la firma de todos los ministros, declarar el Estado de Emergencia por períodos hasta de treinta días en cada caso, que sumados no podrán exceder de noventa días en el año calendario.
Mediante tal declaración, que deberá ser motivada, podrá el Presidente, con la firma de todos los ministros, dictar decretos con fuerza de ley, destinados exclusivamente a conjurar la crisis y a impedir la extensión de sus efectos.
Estos decretos deberán referirse a materias que tengan relación directa y específica con el estado de emergencia, y podrán, en forma transitoria, establecer nuevos tributos o modificar los existentes. En estos últimos casos, las medidas dejarán de regir al término de la siguiente vigencia fiscal, salvo que el Congreso, durante el año siguiente, les otorgue carácter permanente.
El Gobierno, en el decreto que declare el Estado de Emergencia, señalará el término dentro del cual va a hacer uso de las facultades extraordinarias a que se refiere este artículo, y convocará al Congreso, si éste no se hallare reunido, para los diez días siguientes al vencimiento de dicho término.
El Congreso examinará hasta por un lapso de treinta días, prorrogable por acuerdo de las dos cámaras, el informe motivado que le presente el Gobierno sobre las causas que determinaron el Estado de Emergencia y las medidas adoptadas, y se pronunciará expresamente sobre la conveniencia y oportunidad de las mismas.
El Congreso, durante el año siguiente a la declaratoria de la emergencia, podrá derogar, modificar o adicionar los decretos a que se refiere este artículo, en aquellas materias que ordinariamente son de iniciativa del Gobierno. En relación con aquellas que son de iniciativa de sus miembros, el Congreso podrá ejercer dichas atribuciones en todo tiempo.
El Congreso, si no fuere convocado, se reunirá por derecho propio, en las condiciones y para los efectos previstos en este artículo.
El Presidente de la República y los ministros serán responsables cuando declaren el Estado de Emergencia sin haberse presentado alguna de las circunstancias previstas en el inciso primero, y lo serán también por cualquier abuso cometido en el ejercicio de las facultades que la Constitución otorga al Gobierno durante la emergencia.
El Gobierno no podrá desmejorar los derechos sociales de los trabajadores mediante los decretos contemplados en este artículo.
Parágrafo. El Gobierno enviará a la Corte Constitucional al día siguiente de su expedición los decretos legislativos que dicte en uso de las facultades a que se refiere este artículo, para que aquella decida sobre su constitucionalidad. Si el Gobierno no cumpliere con el deber de enviarlos, la Corte Constitucional aprehenderá de oficio y en forma inmediata su conocimiento». (Subraya la Sala).
En resumen, de acuerdo con el artículo 215 constitucional, cuando sobrevengan hechos distintos a los constitutivos de «guerra exterior» y de «conmoción interior», a los aluden los artículos 212 y 213 del texto superior, que perturben o amenacen perturbar en forma grave e inminente el orden económico, social y ecológico del país, o que constituyan grave calamidad pública, podrá ser declarado el Estado de Emergencia por el Presidente de la República, por períodos de hasta 30 días que pueden ser prorrogados 2 veces más y que sumados no podrán exceder de 90 días en el año.
FACULTAD EXCEPCIONAL DEL EJECUTIVO PARA EXPEDIR DECRETOS LEGISLATIVOS CON FUERZA MATERIAL DE LEY
Desde el punto de vista normativo, quizá el rasgo más significativo de los Estados de Excepción, incluido el de Emergencia Económica, Social y Ecológica, es la facultad que se le atribuye al señor Presidente de la República para «dictar decretos con fuerza de ley». En el caso específico del Estado de Emergencia, el artículo 215 superior señala, que además del «decreto declarativo», que es el que declara o establece la situación de emergencia, el Gobierno Nacional puede dictar decretos con fuerza de ley, denominados «decretos legislativos», destinados exclusivamente a conjurar, remediar, o solucionar la crisis y a impedir la extensión de sus efectos.
EL DESARROLLO DE LOS DECRETOS LEGISLATIVOS POR LAS DIFERENTES AUTORIDADES PÚBLICAS
Naturalmente, el Gobierno Nacional, bien sea a través del señor Presidente de la República, o por medio de otra autoridad subordinada a él, como por ejemplo, sus ministros de despacho, los directores de departamentos administrativos, los superintendentes, los directores de agencias estatales, etc., así como los diferentes órganos autónomos e independientes y, las autoridades territoriales, podrán reglamentar y/o desarrollar, en el ámbito de sus jurisdicciones, lo dispuesto en los «Decretos Legislativos» expedidos para conjurar el «Estado de Emergencia». Para ello, en uso de la tradicional facultad reglamentaria establecida en el artículo 189.11 de la Constitución, y de las competencias reguladoras e instructivas de cada uno de estos órganos o entidades, podrán expedir los correspondientes actos administrativos generales, los cuales pueden adoptar las diferentes formas jurídicas establecidas en el ordenamiento jurídico, tales como, reglamentos, decretos, resoluciones, ordenanzas, acuerdos, directivas, ordenes de gerencia, circulares, etc., para hacer aún más concretas las medidas provisionales o permanentes tendientes a superar las circunstancias que provocaron el Estado de Excepción.
EL CONTROL A LOS PODERES EXCEPCIONALES DEL EJECUTIVO EN EL ESTADO DE EMERGENCIA
Como se destacó en el acápite precedente, la Constitución Política de 1991 estableció un sistema robusto de controles, tanto políticos como jurídicos, sobre las medidas y decisiones extraordinarias adoptadas por el Ejecutivo y las autoridades públicas en general, durante los Estados de Emergencia, a los cuales se referirá la Sala a continuación:
CONTROL POLÍTICO
El artículo 215 Superior señala, que en el decreto que declare el «Estado de emergencia», el Gobierno Nacional convocará al Congreso, si éste no se hallare reunido. La aludida norma establece: (i) que el Congreso examinará el informe motivado que le presente el Gobierno sobre las causas que determinaron el Estado de Emergencia y las medidas adoptadas, y se pronunciará expresamente sobre su conveniencia y oportunidad. (ii) En caso de que no fuere convocado, se reunirá por derecho propio, en las condiciones y para los efectos señalados; y, (iii) que el Presidente de la República y los ministros serán responsables cuando declaren el Estado de Emergencia sin haberse presentado alguna de las circunstancias previstas en la norma, y lo serán también por cualquier abuso cometido en el ejercicio de las facultades que la Constitución otorga al Gobierno durante la emergencia.
En ese sentido, es al Congreso de la República a quien le compete examinar, por razones de conveniencia y oportunidad, los «decretos declarativos», es decir, los que expida el Gobierno Nacional para declarar o establecer el Estado de Emergencia.
El propósito de este control es deducir la responsabilidad política del Presidente de la República y de los ministros, por la declaratoria de los Estados de Emergencia sin la ocurrencia de los supuestos contemplados en los preceptos constitucionales, o por el abuso en el ejercicio de las facultades excepcionales.
CONTROL CONSTITUCIONAL AUTOMÁTICO
El parágrafo del artículo 215 Constitucional señala que «el Gobierno enviará a la Corte Constitucional al día siguiente de su expedición, los decretos legislativos (…), para que aquella decida sobre su constitucionalidad. Si el Gobierno no cumpliere con el deber de enviarlos, la Corte Constitucional aprehenderá de oficio y en forma inmediata su conocimiento». Así mismo, el artículo 241.7 Superior establece que «a la Corte Constitucional se le confía la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución (…). Con tal fin, cumplirá las siguientes funciones: (…) 7.- Decidir definitivamente sobre la constitucionalidad de los decretos legislativos que dicte el Gobierno con fundamento en los artículos HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991_pr007.html" \l "212" 212, HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991_pr007.html" \l "213" 213 y HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991_pr007.html" \l "215" 215 de la Constitución». En esos mismos términos, el artículo 55 de la Ley 137 de 1994 señala, que «la Corte Constitucional ejercerá el control jurisdiccional de los decretos legislativos dictados durante los Estados de Excepción de manera automática, de conformidad con el numeral 7 del artículo 241 de la Constitución, dentro de los plazos establecidos en su artículo 242 y de acuerdo con las condiciones previstas en el Decreto 2067 del 4 de septiembre de 1991 o normas que lo modifiquen».
Por lo tanto, la Corte Constitucional es la competente para revisar, enjuiciar o controlar, los «Decretos Legislativos» que expida el Gobierno Nacional en desarrollo de un “Estado de Emergencia”. Sin embargo, a partir de la sentencia C-004 de 1992, la Corte Constitucional también ha venido asumiendo el control, tanto formal como material, no solo de los «Decretos Legislativos» que se dictan al abrigo de las facultades extraordinarias atribuidas al Ejecutivo en los Estados de Excepción, sino que también, de los «decretos declaratorios», que son los que declaran la situación de emergencia.
EL CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD
El control inmediato de legalidad es el mecanismo procesal previsto en la Ley Estatutaria 137 de 1994 y en la Ley 1437 de 2011, para examinar «las medidas de carácter general que sean dictadas» por las diferentes autoridades, tanto del orden nacional, como territorial, en ejercicio de la función administrativa, para desarrollar o reglamentar los Decretos Legislativos proferidos durante los Estados de Excepción.
De acuerdo con el artículo 20 de la Ley 137 de 1994: «las medidas de carácter general que sean dictadas en ejercicio de la función administrativa y como desarrollo de los decretos legislativos durante los Estados de Excepción, [como lo es el estado de Emergencia, Económica, Social y Ecológica], tendrán un control inmediato de legalidad, ejercido por la autoridad de lo contencioso administrativo en el lugar donde se expidan, si se tratare de entidades territoriales, o del Consejo de Estado si emanaren de autoridades nacionales. Las autoridades competentes que los expidan enviaran los actos administrativos a la jurisdicción contencioso-administrativa indicada, dentro de las 48 horas siguientes a su expedición».
Por su parte, el artículo 111 de la Ley 1437 de 2011 señaló, que «la Sala [Plena] de lo Contencioso administrativo» del Consejo de Estado, «tendrá» entre otras, «las siguientes funciones: […] 8. Ejercer el control inmediato de legalidad de los actos de carácter general dictados por autoridades nacionales con fundamento y durante los estados de excepción».
Adicionalmente, el artículo 136 de la Ley 1437 de 2011, en términos similares al artículo 20 de la Ley 137 de 1994, estableció que «las medidas de carácter general que sean dictadas en ejercicio de la función administrativa y como desarrollo de los decretos legislativos durante los Estados de Excepción, [como lo es el estado de Emergencia, Económica, Social y Ecológica], tendrán un control inmediato de legalidad, ejercido por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en el lugar donde se expidan, si se tratare de entidades territoriales, o del Consejo de Estado si emanaren de autoridades nacionales, de acuerdo con las reglas de competencia establecidas en este Código. Las autoridades competentes que los expidan enviarán los actos administrativos a la autoridad judicial indicada, dentro de las 48 horas siguientes a su expedición. Si no se efectuare el envío, la autoridad judicial competente aprehenderá de oficio su conocimiento».
Finalmente, el artículo 185 de la Ley 1437 de 2011, establece al respecto lo siguiente:
«Artículo 185. Trámite del control inmediato de legalidad de actos. Recibida la copia auténtica del texto de los actos administrativos a los que se refiere el control inmediato de legalidad de que trata el artículo 136 de este Código o aprendido de oficio el conocimiento de su legalidad en caso de inobservancia del deber de envío de los mismos, se procederá así:
1. La sustanciación y ponencia corresponderá a uno de los Magistrados de la Corporación y el fallo a la Sala Plena.
2. Repartido el negocio, el Magistrado Ponente ordenará que se fije en la Secretaría un aviso sobre la existencia del proceso, por el término de diez (10) días, durante los cuales cualquier ciudadano podrá intervenir por escrito para defender o impugnar la legalidad del acto administrativo. Adicionalmente, ordenará la publicación del aviso en el sitio web de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.
3. En el mismo auto que admite la demanda, el Magistrado Ponente podrá invitar a entidades públicas, a organizaciones privadas y a expertos en las materias relacionadas con el tema del proceso a presentar por escrito su concepto acerca de puntos relevantes para la elaboración del proyecto de fallo, dentro del plazo prudencial que se señale.
4. Cuando para la decisión sea menester el conocimiento de los trámites que antecedieron al acto demandado o de hechos relevantes para adoptar la decisión, el Magistrado Ponente podrá decretar en el auto admisorio de la demanda las pruebas que estime conducentes, las cuales se practicarán en el término de diez (10) días.
5. Expirado el término de la publicación del aviso o vencido el término probatorio cuando este fuere procedente, pasará el asunto al Ministerio Público para que dentro de los diez (10) días siguientes rinda concepto.
6. Vencido el traslado para rendir concepto por el Ministerio Público, el Magistrado o Ponente registrará el proyecto de fallo dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha de entrada al Despacho para sentencia. La Sala Plena de la respectiva Corporación adoptará el fallo dentro de los veinte (20) días siguientes, salvo que existan otros asuntos que gocen de prelación constitucional». (Subraya la Sala).
Por lo tanto, el Consejo de Estado es el competente para revisar, enjuiciar o controlar, en forma inmediata, «las medidas de carácter general que sean dictadas [por las autoridades del orden nacional] en ejercicio de la función administrativa y como desarrollo de los decretos legislativos durante los Estados de Excepción»; mientras que los actos administrativos de naturaleza general proferidos por las autoridades territoriales en desarrollo de los «Decretos Legislativos» durante los regímenes de excepción, serán revisados, enjuiciados o controlados, de manera inmediata, por el tribunal administrativo con jurisdicción en la entidad territorial que los expida.
NATURALEZA, FINALIDAD Y CARACTERÍSTICAS DEL CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD
Esta Corporación ha definido como características del control inmediato de legalidad las siguientes:
Es un proceso judicial, porque el artículo 20 de la Ley 137 de 1994 otorgó competencia a la jurisdicción de lo contencioso administrativo para tramitar dicho mecanismo de escrutinio o revisión de las medidas de carácter general, expedidas por las autoridades nacionales y territoriales, en ejercicio de la función administrativa, para desarrollar los decretos legislativos expedidos por el Gobierno Nacional durante los estados de Excepción. De ahí́ que la providencia que decida el control inmediato de legalidad es una sentencia judicial.
Es automático e inmediato, dado que, tan pronto se expide el correspondiente acto administrativo general para desarrollar los Decretos Legislativos expedidos por el Gobierno Nacional durante los Estados de Excepción, la entidad de la cual emanó dicho acto, debe enviarlo a la jurisdicción contenciosa dentro de las 48 horas siguientes, para que se ejerza el control correspondiente, so pena de que la autoridad judicial competente asuma, de oficio, el conocimiento del asunto. Por lo tanto, ni siquiera es necesario que el acto se haya divulgado.
Es autónomo, por cuanto, es posible que se controlen los actos administrativos generales expedidos para desarrollar los Decretos Legislativos proferidos por el Gobierno Nacional durante los Estados de Excepción, antes de que la Corte Constitucional se pronuncie sobre la constitucionalidad del decreto que lo declaró y de los Decretos Legislativos que expida el Presidente de la República para conjurarlo.
Es integral, por cuanto es un juicio en el que se examina la competencia de la autoridad que expidió el acto, la conexidad del acto con los motivos que dieron lugar a la declaratoria del Estado de Excepción y con el propio Decreto Legislativo, la sujeción a las formas y la proporcionalidad de las medidas adoptadas para conjurar la crisis e impedir la extensión de los efectos del Estado de Excepción. Es de aclarar que, aunque en principio, podría pensarse que el control integral supone que el acto administrativo general expedido para desarrollar los Decretos Legislativos proferidos por el Gobierno Nacional durante los Estados de Excepción se confronta frente a todo el ordenamiento jurídico, hay que tener en cuenta que, debido a la complejidad y extensión de este, el control inmediato de legalidad queda circunscrito a las normas invocadas en la sentencia con la que culmina el proceso.
Es compatible con las acciones públicas de nulidad y nulidad por inconstitucionalidad, según sea el caso. De modo que el acto administrativo general expedido para desarrollar los decretos legislativos proferidos por el Gobierno Nacional durante los estados de excepción puede demandarse posteriormente a través de los medios de control mencionados, siempre que se alegue la violación de normas diferentes a las examinadas en el trámite del control inmediato de legalidad.
Es un control participativo, pues, los ciudadanos podrán intervenir para defender o controvertir la legalidad de los actos administrativos objeto de revisión.
La sentencia que decide el control inmediato de legalidad hace tránsito a cosa juzgada relativa -artículo 189 del CPACA-. En cuanto a dicha característica, esta Corporación ha señalado que los fallos que desestiman la nulidad de los actos objeto de control o que la decretan sólo parcialmente respecto de algunos de sus preceptos, aunque tienen efecto «erga omnes», esto es, oponible a todos y contra todos, por otro lado, tienen la autoridad de cosa juzgada relativa, es decir, sólo frente a los ítems de ilegalidad analizados y decididos en la sentencia. Entonces, la decisión adoptada en un fallo desestimatorio, en estos casos, en tanto se contrae a un estudio de legalidad limitado dado su carácter oficioso, ajeno a la naturaleza dispositiva del control judicial asignado a la justicia administrativa, no implica el análisis de todos los posibles motivos de contradicción con normas superiores y -por lo mismo- no es óbice para que a futuro se produzca otro pronunciamiento, que verse sobre reproches distintos que puedan edificarse sobre la misma norma.
REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD O DE PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD
De acuerdo con las normas trascritas (artículos 20 de la Ley 137 de 1994 y 111.8 y 136 de la Ley 1437 de 2011), es posible afirmar que los presupuestos o requisitos de procedencia del medio de control excepcional e inmediato de legalidad son, en términos generales: (i) que el objeto o materia a estudiarse o revisarse lo constituyan medidas o actos administrativos de naturaleza y/o contenido general; (ii) que dichos actos administrativos generales, sean dictados en ejercicio de la función administrativa; y (iii) que además de que sean emitidos en ejercicio de la función administrativa, que desarrollen uno o más de los Decretos Legislativos proferidos durante el Estado de Excepción.
Que el objeto o materia a estudiarse o revisarse lo constituyan «medidas» o «actos» de naturaleza y/o contenido general
Según lo dispuesto en los artículos 20 de la Ley 137 de 1994 y 111.8 y 136 de la Ley 1437 de 2011, anteriormente trascritos, el Legislador quiso que el control automático de constitucionalidad sobre los decretos legislativos expedidos durante el Estado de Excepción, a cargo de la Corte Constitucional, fuese complementado por un escrutinio judicial de legalidad excepcional e inmediato, en cabeza de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, sobre las «medidas» o «actos» de carácter general, dictadas por las autoridades públicas para desarrollar, materializar o aplicar los referidos Decretos Legislativos.
En ese orden de ideas, el primer presupuesto o requisito para activar el control excepcional e inmediato de legalidad, es que el objeto o materia a estudiarse o revisarse, lo constituya una «medida» o «acto» de naturaleza y/o contenido general, pero ¿qué se entiende por «medida» o «acto» de las autoridades públicas? y ¿cuándo esas «medidas» o «actos» son de estirpe general?
Frente al primer aspecto, la Sala resalta que en los artículos 20 de la Ley 137 de 1994 y 136 de la Ley 1437 de 2011, el Legislador utilizó la expresión «medidas», mientras que en los artículos 111.8 y 185 de la Ley 1437 de 2011, escogió las fórmulas lingüísticas de «actos» y de «actos administrativos», respectivamente, por lo tanto, al usar de manera indistinta ambos vocablos, se entiende que para efectos del control inmediato de legalidad, la Ley se está refiriendo a la institución del «acto administrativo» en un sentido lato o amplio, conjugando o incluyendo sin distingo, todos los criterios ideados para su definición o conceptualización, esto es, orgánico, funcional, material y teleológico. Por consiguiente, para este Despacho, el control inmediato de legalidad recae sobre: (i) toda decisión administrativa, manifestación o declaración de voluntad, de ciencia o cognición, que en el marco de nuestro Estado Social de Derecho y en desarrollo del principio de legalidad, (ii) producen las autoridades públicas, bien sean órganos administrativos o particulares en el desempeño de la función pública, (iii) en ejercicio de sus atribuciones constitucionales, legales y/o reglamentarias, (iv) tendiente a la producción de efectos jurídicos externos vinculantes, que constituye verdadera fuente de derecho dotada de fuerza normativa, (v) independientemente de la forma que adopte, es decir, si es decreto, resolución, circular, directiva, instructivo, orden de gerencia, etc., y (vi) encaminado o circunscrito al propósito de desarrollar, de manera real material o verdadera, los decretos legislativos expedidos por el Gobierno Nacional para conjurar el Estado de Excepción.
Ahora bien, en lo que tiene que ver con el segundo interrogante, la Sala recuerda, que por «acto administrativo general» la jurisprudencia contenciosa y la doctrina especializada en la materia, han coincidido de manera pacífica y uniforme en identificarlo como aquel que tiene la virtualidad de ser «creador de situaciones jurídicas generales, impersonales y objetivas […] en cuanto contiene reglas de derecho y no decisiones individuales o concretas», es decir, que tiene carácter normativo de índole general, constituye «norma de aplicación abstracta», como reglamentador, determinador o desarrollador (si se quiere) de reglas legislativas, por lo que también ha sido llamados «acto regla».
Que el acto general a controlarse hubiese sido dictado en ejercicio de la «función administrativa»
Amén de las diferentes definiciones y caracterizaciones de la noción de «función administrativa» elaboradas por la jurisprudencia y por la doctrina especializada, y por ende, de las innumerables discrepancias sobre este tema, la Sala entiende que de manera general la «función administrativa» es toda aquella actividad que -desde el punto de vista orgánico y funcional- no es ni judicial ni legislativa, y que es ejercida por las autoridades públicas para la realización de los fines, misión y funciones que les han sido asignadas por la Constitución, la Ley y/o el reglamento.
Que el acto general a revisarse, además de haber sido dictado en ejercicio de la función administrativa, materialmente desarrolle los Decretos Legislativos expedidos por el Gobierno Nacional para conjurar el Estado de Excepción
En este punto, la Sala se pregunta: ¿cuándo una medida o acto, expedido por una autoridad pública en ejercicio de la función administrativa en los Estados de Excepción, desarrolla un Decreto Legislativo?
Para atender a ese interrogante, se hace necesario partir de un criterio o visión sustancial que se fundamente en el contenido del acto controlado y no solamente en la simple constatación de las normas que en él se invoquen para su expedición, de manera tal que se privilegie el estudio del contenido de su motivación -en lo fáctico y en lo jurídico- y de la decisión administrativa que adopta.
Esta perspectiva interpretativa sustancial o material, trasciende y supera la visión formal, exegética o literal, según la cual, para establecer si un acto administrativo desarrolla un Decreto Legislativo, sólo es necesario verificar que en sus considerandos se les cite o invoque de manera expresa. No se desconoce la utilidad práctica y necesaria del criterio formal, para este estudio inicial, pero en algunas ocasiones dicho esquema metodológico no es suficiente ni definitivo para establecer la procedencia del medio de control inmediato de legalidad, restándole efectividad a ese mecanismo excepcional de escrutinio judicial al actuar de la administración y, en consecuencia, es necesario revisar integralmente el acto, para efectos de determinar si cumple este requisito.
Lo anterior, por cuanto lo significativo, a la hora de establecer si un acto administrativo desarrolla un Decreto Legislativo -cuando se está estudiando la procedibilidad del medio de control inmediato de legalidad- es consultar si las motivaciones, si las consideraciones, si la propia decisión administrativa, se relaciona de manera directa e íntima con las materias que constituyen la causa de la declaratoria del Estado de Excepción, y por supuesto, con las temáticas reguladas en los Decretos Legislativos.
El cumplimiento de los presupuestos procesales referenciados, debe ser verificado, prima facie, en el primer auto del proceso, con el fin de establecer si en cada caso particular, es procedente o no, ejercer el juicio de legalidad de un acto administrativo a través del medio de control previsto en el artículo 20 de la Ley 137 de 1994 y 136 de la Ley 1437 de 2011, y en virtud de ello, mediante providencia motivada, proceder a avocar su conocimiento en el evento en que se encuentren satisfechas dichas exigencias; de lo contrario, corresponde declarar de plano la improcedencia del control inmediato de legalidad. Pese a lo anterior, el magistrado sustanciador, luego de haber iniciado el proceso, puede declarar la improcedencia de dicho trámite procesal, en caso de advertir que el acto administrativo cuya legalidad se analiza no reúne los tres elementos señalados, esto, en cumplimiento de la obligación de ejercer un control de legalidad o saneamiento por no resultar viable proferir decisión de fondo.
METODOLOGÍA PARA DESARROLLAR EL CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD
Definida la procedencia del control inmediato de legalidad, y agotadas las etapas previstas en el artículo 185 de la Ley 1437 de 2011, el juez de lo contencioso administrativo -Consejo de Estado o Tribunales Administrativos- proferirá sentencia, en la cual declarará ajustado a derecho, o anulará total o parcialmente el acto estudiado. Sin embargo, ni el constituyente de 1991 ni el legislador, determinaron los elementos esenciales o criterios de valoración respecto de los cuales se debe centrar el control inmediato de legalidad de los actos administrativos de naturaleza general dictados en desarrollo de Decretos Legislativos, a diferencia de lo que ocurre con el control automático de constitucionalidad de los Decretos Legislativos, en donde la Ley Estatutaria de los Estados de Excepción trae expresamente definidos los criterios a la luz de los cuales se ejerce el escrutinio excepcional de constitucionalidad, por tal motivo, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación, a través de distintos pronunciamientos se ha encargado de definir dichos aspectos.
Como primer punto para determinar el alcance del control inmediato de legalidad, esta Corporación ha estimado que, el mencionado juicio no puede guiarse por los mismos parámetros en virtud de los cuales la Corte Constitucional efectúa el control de constitucionalidad respecto de los Decretos Legislativos proferidos con ocasión de la declaratoria de Estados de Excepción, debido a la naturaleza distinta y particular de los actos objeto de control en cada procedimiento, en el entendido que, para determinar su constitucionalidad el alto tribunal constitucional debe confrontarlo con el texto superior en su integridad, circunstancia que se aleja del ámbito de competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
En ese orden, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha considerado en distintos pronunciamientos que, el control integral que el legislador exige para el proceso previsto en los artículos 20 de la Ley 137 de 1994 y 136 de la Ley 1437 de 2011, cuya principal característica es la oficiosidad, no implica confrontar el acto administrativo respecto del ordenamiento jurídico en general, ni el análisis de todas las causales de nulidad, dada la complejidad que representaría dicho ejercicio, en ese orden, ha establecido que los parámetros para desarrollar el control automático de legalidad son de dos tipos, los formales y los materiales.
ASPECTOS FORMALES DEL ESTUDIO INMEDIATO DE LEGALIDAD: VERIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE VALIDEZ DEL ACTO
De acuerdo con el contexto planteado, esta Corporación, en su calidad de máximo tribunal de lo contencioso administrativo ha señalado en reiterada jurisprudencia que, el eficaz ejercicio del control inmediato de legalidad requiere desarrollar un análisis tanto de aspectos formales como materiales del acto administrativo. Sobre el particular se ha considerado lo siguiente:
«…el control de legalidad que ejerce esta jurisdicción sobre los actos administrativos de carácter general dictados en desarrollo de los decretos legislativos expedidos durante los Estados de Excepción es integral, es decir, incluye la revisión de aspectos como la competencia para expedirlo, al cumplimiento de los requisitos de forma y de fondo, la conexidad de las medidas que se dicten con las causas que dieron origen a su implantación, el carácter transitorio y la proporcionalidad de las mismas, así como su conformidad con el resto del ordenamiento jurídico, siempre bajo el entendido de que ellas hacen parte de un conjunto de medidas proferidas con la exclusiva finalidad de "conjurar la crisis e impedir la extensión de sus efectos”.»
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado en sentencia de 23 de noviembre de 2010 se refirió al alcance del control inmediato de legalidad en los siguientes términos:
«El control inmediato, de que trata el artículo 20 de la Ley 137 de 1994, es un mecanismo de control a cargo de la Jurisdicción de lo Contencioso, cuya finalidad es evaluar la legalidad de los actos administrativos de carácter general expedidos al amparo de un estado de excepción. Se debe, pues, analizar la existencia de relación de conexidad entre la regulación contenida en el acto objeto de control y los motivos que dieron lugar a la declaratoria de la emergencia económica. Asimismo, se impone determinar su conformidad con las normas superiores que le sirven de fundamento, que son entre otras los mandatos constitucionales que regulan los estados de excepción (arts. 212 a 215), la Ley estatutaria de Estados de Excepción, el decreto de declaratoria del estado de excepción y -claro está- los decretos con carácter legislativo expedidos por el gobierno en virtud de la autorización constitucional para legislar por vía excepcional.
Examen jurisdiccional automático y oficioso que supone verificar lo relativo a la competencia de la autoridad que lo expidió, la realidad de los motivos, la adecuación a los fines y la sujeción a las formas, la proporcionalidad de las medidas expedidas en el marco del estado de excepción.»
De acuerdo con los pronunciamientos citados, se observa que, a juicio de esta Corporación el control formal de los actos administrativos que se debe efectuar en el marco del medio de control inmediato de legalidad, implica el análisis de aspectos concretos del acto tales como: (i) la competencia del funcionario que lo expidió, (ii) la veracidad de los motivos en que se fundó, (iii) que su objeto sea lícito, (iv) la legalidad de la finalidad que pretende alcanzar y (v) su adecuación a las formalidades exigidas para su expedición.
Al establecer de manera clara y precisa que el control inmediato de legalidad, en cuanto a los aspectos formales del acto administrativo, implica un juicio o comprobación de aspectos puntuales como la competencia, la motivación, el objeto, finalidad y los elementos formales propiamente dichos, la Sala pretende evitar posibles excesos por parte de los operadores judiciales al ejercer la oficiosidad propia del medio de control analizado, y brindar certidumbre sobre el particular a la comunidad jurídica en general, para, de esta forma propiciar el adecuado y eficaz ejercicio del proceso judicial previsto en los artículos 20 de la Ley 137 de 1994 y 136 de la Ley 1437 de 2011.
ASPECTOS MATERIALES DEL ESTUDIO INMEDIATO DE LEGALIDAD: CONEXIDAD Y PROPORCIONALIDAD
En lo referido al juicio de aspectos materiales que se debe efectuar en el ejercicio del medio de control inmediato de legalidad, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, de manera pacífica, a través de los pronunciamientos previamente citados, ha considerado que en desarrollo de dicha etapa se deben abordar dos componentes a saber: (i) conexidad, y (ii) proporcionalidad.
Así, esta Corporación ha entendido por conexidad, la necesaria correlación o correspondencia directa y específica, que debe existir entre las disposiciones adoptadas por el Ejecutivo a través del acto administrativo objeto de control inmediato de legalidad, y los fundamentos constitucionales invocados, el Decreto Declarativo del Estado de Excepción, y los Decretos Legislativos por medio del cual, se implementan medidas para superarlo.
En cuanto al análisis de la proporcionalidad de las medidas, se trae colación la definición del principio de proporcionalidad, efectuada por la Corte Constitucional mediante sentencia C-720 de 2007, en la cual, señaló:
«Este principio parte de la base de que el Estado sólo puede restringir los derechos fundamentales – como el derecho a la libertad personal - cuando tiene razones constitucionales suficientes y públicas para justificar su decisión. En efecto, en un Estado constitucional de Derecho, el poder público no es el titular de los derechos. Por el contrario, el Estado constitucional existe, esencialmente, para proteger y garantizar los derechos fundamentales de los cuales son titulares, en igualdad de condiciones, todas las personas. En este sentido, ningún órgano o funcionario público puede restringir los derechos fundamentales sino cuando se trata de una medida estrictamente necesaria y útil para alcanzar una finalidad constitucionalmente valiosa y cuando el beneficio en términos constitucionales es superior al costo que la restricción apareja. Cualquier restricción que no supere este juicio carecerá de fundamento constitucional y, por lo tanto, debe ser expulsada del mundo del derecho». (subrayas fuera de texto)
Ahora bien, al realizar el análisis de proporcionalidad, la jurisprudencia constitucional ha reconocido la necesidad de analizar tres aspectos concretos, esto es: (i) la idoneidad, (i) la necesidad y, (iii) la proporcionalidad en sentido estricto. Sobre dichos aspectos, el referido órgano judicial dispuso:
«En cuanto al contenido del principio, la Corte Constitucional ha señalado que tres subprincipios o elementos dan forma a este patrón utilizado para establecer la exequibilidad de las medidas legislativas que limitan derechos fundamentales: (i) idoneidad, en cuya sede es preciso establecer la existencia de un fin constitucionalmente legítimo al cual se encuentre orientada la restricción objeto de control y, en segundo término, que el instrumento ideado –esto es, la restricción misma- resulte adecuado para la consecución de dicho propósito. (ii) Necesidad, momento en el cual se analiza la eventual existencia de otros medios que supongan una limitación menos severa al derecho fundamental. (iii) Proporcionalidad en sentido estricto, en el cual se indaga por la relación entre los costos y los beneficios constitucionales que se obtienen con la medida enjuiciada». (Subrayas fuera de texto)
Así las cosas, a partir de las características y finalidad especiales del medio de control inmediato de legalidad señaladas en acápites antecedentes, y habiéndose determinado los aspectos que implica el estudio de proporcionalidad, estima la Sala que, el debido ejercicio del juicio de aspectos materiales de los actos administrativos de carácter general dictados por las distintas autoridades administrativas con ocasión de los Decretos Legislativos expedidos en los Estados de Excepción, en los términos de lo dispuesto en los artículos 20 de la Ley 137 de 1994 y 136 de la Ley 1437 de 2011, requiere un juicio de idoneidad, un juicio de necesidad y un juicio de proporcionalidad en estricto sentido, para lo cual, el operador judicial deberá tener en consideración los siguientes aspectos del acto enjuiciado:
Idoneidad: corresponde determinar si las disposiciones normativas expedidas por los distintos entes administrativos en desarrollo de Decretos Legislativos se encuentran dirigidas a cumplir el propósito de tales normas dictadas en virtud de facultades extraordinarias, es decir, conjurar el estado de emergencia; además estas deben ser, adecuadas, idóneas o eficaces para tal efecto.
Necesidad: Se deberá definir si existen otros medios idóneos para desarrollar las medidas adoptadas por medio de Decretos Legislativos para conjurar el Estado de Excepción declarado, y si los otros medios existentes, suponen una restricción menos severa de los derechos fundamentales.
Proporcionalidad en estricto sentido: Incumbe en este punto establecer si a través del acto administrativo de carácter general materia de análisis, se crea un conflicto entre principios o derechos, y de ser así, se deberá establecer si los beneficios resultan superiores a la afectación que se genera a estos.
Entonces, del recuento normativo, jurisprudencial y doctrinal desarrollado en este proveído, considera esta Sala de decisión que, para el correcto ejercicio del control inmediato de legalidad, se deberá: (i) analizar los aspectos formales del acto administrativo, esto es, la competencia, motivación, objeto, finalidad y las formalidades propiamente dichas; y (ii) realizar un juicio de los aspectos materiales esto es: (a) la conexidad y (b) la proporcionalidad, etapa en la que además se verificará la idoneidad, y la necesidad.
EL CASO EN CONCRETO
Una vez definidas las características y elementos fundamentales del medio de control inmediato de legalidad, la Sala abordará el correspondiente juicio automático y oficioso de la Resolución 1094 del 10 de agosto de 2020 expedida por la Directora General de CORTOLIMA; en aplicación de la metodología expuesta en acápites antecedentes.
Reitera la Sala que la Resolución 1094 del 10 de agosto de 2020 expedida por la Directora General de CORTOLIMA es pasible de ser revisada a través del control inmediato de legalidad, dado que, reúne los presupuestos procesales para tal efecto, de conformidad con lo expuesto en el auto de 31 de mayo de 2021, por medio del cual la Consejera Sustanciadora de este asunto avocó el conocimiento de la citada norma para su estudio de legalidad, al estimar que: (i) se trata de un acto administrativo de naturaleza general, (ii) expedido en ejercicio de funciones administrativas y (iii) tiene por finalidad desarrollar los Decretos Legislativos expedidos por el Gobierno Nacional durante un Estado de Excepción.
Por lo anterior, la Sala no abordará en esta ocasión el estudio de procedibilidad del control inmediato de legalidad, dado que dicho aspecto ya fue desarrollado en extenso en las etapas previas del proceso. En consecuencia, corresponde verificar la existencia de vicios o irregularidades en los elementos de validez de Resolución 1094 del 10 de agosto de 2020 - análisis de aspectos formales-, y si las medidas adoptadas cumplen con los criterios de conexidad, así como de idoneidad, necesidad y proporcionalidad de estricto sentido -análisis de aspectos materiales-.
16. VERIFICACIÓN DE LOS ASPECTOS FORMALES DE LA RESOLUCIÓN 1094 DEL 10 DE AGOSTO DE 2020 DE CORTOLIMA
16.1. COMPETENCIA DE LA DIRECTORA GENERAL DE CORTOLIMA PARA PROFERIR EL ACTO ADMINISTRATIVO ANALIZADO
La Directora General de CORTOLIMA, señora Olga Lucia Alfonso Lanini, expidió la Resolución 1094 del 10 de agosto de 2020 en la medida que actuó en el marco de las competencias funcionales a ella atribuidas como «primera autoridad ejecutiva» de la entidad.
Al respecto, es necesario precisar que la Constitución Política de 1991, en su artículo 150, numeral 7, dispuso que el legislador debía reglamentar la creación y funcionamiento de las Corporaciones Autónomas Regionales dentro de un régimen de autonomía. En desarrollo de ese mandato constitucional, el artículo 23 de la Ley 99 de 1993 definió la naturaleza jurídica de estas entidades regionales, como «entes corporativos de carácter público, creados por la ley, integrado por las entidades territoriales que por sus características constituyen geográficamente un mismo ecosistema o conforman una unidad geopolítica, biogeográfica o hidro geográfica, dotados de autonomía administrativa y financiera, patrimonio propio y personería jurídica, encargados por la ley de administrar, dentro del área de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y las políticas del Ministerio del Medio Ambiente». A su turno, el artículo 24 de la citada Ley dispone, que las Corporaciones Autónomas Regionales tendrán tres órganos principales de dirección y administración a saber, (i) la Asamblea Corporativa; (ii) el Consejo Directivo; y (iii) el Director General. Adicionalmente, el artículo 28 de la señalada normativa establece, que el Director General «será el representante legal de la Corporación y su primera autoridad ejecutiva». A su turno, el artículo 29 de la mencionada Ley 99 de 1993 preceptúa, que las funciones del Director General de las Corporaciones Autónomas regionales serán, entre otras, las de «Dirigir, coordinar y controlar las actividades de la entidad y ejercer su representación legal» y «Ordenar los gastos, dictar los actos, realizar las operaciones y celebrar los contratos y convenios que se requieran para el normal funcionamiento de la entidad».
En consonancia con las disposiciones normativas previamente referenciadas, los estatutos de la entidad establecen que CORTOLIMA es un ente público del orden nacional sujeto a un régimen especial con jurisdicción en las entidades territoriales que componen el Departamento del Tolima y su domicilio principal está ubicado en el municipio de Ibagué -artículo 3°-; que el Director General de la entidad es la primera autoridad ejecutiva y representante legal de la entidad -artículo 53-; y que entre las funciones del Director están, entre otras, las señaladas en la Ley 99 de 1993 -artículo 60-.
En virtud de lo anterior, la Sala concluye que el acto administrativo objeto del presente proceso de Control Inmediato de Legalidad, esto es, la 1094 del 10 de agosto de 2020, fue suscrita por la Directora General de CORTOLIMA en ejercicio de las facultades legales y reglamentarias atribuidas como «primera autoridad ejecutiva» de la entidad.
Así las cosas, en cuanto a la competencia del funcionario que intervino en la expedición del acto administrativo analizado, no se observan vicios o irregularidades que puedan generar su anulación.
16.2.- OBJETO, MOTIVACIÓN Y FINALIDAD DE LA RESOLUCIÓN 1094 DEL 10 DE AGOSTO DE 2020
De la lectura integral de la norma estudiada en esta providencia, se observa con claridad que, a través de esta, se dispusieron medidas relacionadas con: 1). La presencialidad parcial del personal de la Corporación; 2). Prelación del trabajo en casa para los funcionarios y contratistas; 3). habilitación de medios virtuales para atención de procedimientos relacionados con el funcionamiento de la entidad, así como para atender los trámites, procesos, presentaciones y reuniones; y 4). Levantamiento de la suspensión de términos.
En ese sentido, las disposiciones transitorias analizadas están fundamentadas en el Decreto Legislativo 417 del 17 de marzo de 2020, a través del cual, el Presidente de la República declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional con el fin de adoptar medidas extraordinarias para conjurar los efectos de negativos generados por la propagación del coronavirus COVID-19; y en específico, en los Decretos Legislativos 440 de 20 de marzo y 491 de marzo 28 de 2020, por los cuales el Gobierno Nacional adoptó medidas de urgencia en materia de contratación estatal, así como para garantizar la atención y la prestación de los servicios por parte de las entidades públicas en el marco de la emergencia, respectivamente.
Así, el objeto del acto administrativo estudiado, esto es, garantizar el derecho a la vida y salud, así como el debido proceso de los empleados y contratistas de CORTOLIMA y de los sujetos procesales que intervienen en los procesos a cargo de la entidad, está respaldado por normas de naturaleza superior que gozan de absoluta vigencia. Por tanto, sobre este aspecto no se advierten irregularidades que generen la nulidad de la norma analizada.
En lo referido a la motivación, considera esta Corporación que el acto administrativo «sub judice» cuenta con el respaldo fáctico y jurídico para la adopción de las medidas en él contenidas, como pasa a mostrarse de manera esquemática, en el siguiente cuadro comparativo:
Medida que se adopta mediante la Resolución 1094 del 10 de agosto de 2020
Motivación
Reanudación de actividades presenciales, en un 20% del total de personal
Que el Ministerio de Justicia y del Derecho, profiere el Decreto Legislativo No 491 del 28 de marzo de 2020 "Por el cual se adoptan medidas de urgencia para garantizar la atención y la prestación de los servicios por parte de las autoridades públicas y los particulares que cumplan funciones públicas y se toman medidas para la protección laboral y de los contratistas de prestación de servicios de las entidades públicas, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica". Que los Ministerios de Trabajo y Salud y Protección Social y el Director Administrativo de la Función Pública Circular, profirieron la Circular externa 100-009 de mayo 07 de 2020, en donde se indican las acciones para implementar en la administración pública las medidas establecidas en el protocolo general de bioseguridad adoptado en la Resolución 666 del 24 de abril de 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social.(…)
Que el Presidente de la Republica mediante directiva 003 del 22 de mayo de 2020, exhorta a las demás ramas del poder público, a los entes autónomos, a los organismos de control y vigilancia y a las entidades territoriales a adoptar las medidas que permitan priorizar el trabajo en casa, tal como lo señala el Protocolo General de Bioseguridad para todas las actividades económicas, sociales y sectores de la administración pública, adoptado mediante la Resolución 666 del 24 de abril de 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social (…)
Que como consecuencia de lo mencionado en el considerando anterior, se profiere Resolución 1044 del 24 de julio de 2020 "Por la cual se profieren unas medidas en torno al funcionamiento de la Corporación Autónoma Regional del Tolima derivadas de la emergencia sanitaria a causa el Covid 19", entre otras medidas suspendió la asistencia y atención al público en general, a las oficinas de la Corporación Autónoma Regional del Tolima - CORTOLIMA, así como las visitas, reuniones y salidas de campo del personal vinculado a la Corporación, hasta el día 10 de agosto de 2020, además de la suspensión de términos en algunos procesos y trámites administrativos. (…)
Que dentro del contexto anterior, la Corporación Autónoma Regional del Tolima — CORTOLIMA, mantendrá la regla de que el personal vinculado desarrolle sus funciones y actividades bajo el esquema de trabajo en casa, privilegiando la virtualidad, alternado con el presencial y organizado por turnos, sin afectar la continuidad del servicio y sin dejar de lado la misionalidad de la Corporación como autoridad ambiental en el departamento del Tolima. (…)
Priorización del trabajo en casa, salvo para las salidas al campo, visitas técnicas, operativos de rescate, de decomiso y en general todas aquellas diligencias que sean necesarias e indispensables para el desarrollo la actividad misional de la Corporación.
Levantamiento de la suspensión de términos
Atención presencial excepcional, únicamente para atender , los asuntos derivados de entrega física de facturación, así como de los procesos coactivos, sancionatorios y disciplinarios.
Utilización priorizada de canales virtuales y medios tecnológicos, para la radicación de correspondencia; notificaciones o comunicaciones de los actos administrativos; solicitudes de licencias, concesiones, permisos, autorizaciones y conceptos, así como para su control y seguimiento ambiental; trámites administrativos; radicación de registros, reportes e informes; procesos sancionatorios, coactivos y disciplinarios; realización de audiencias; procesos precontractuales y contractuales.
Por último, en cuanto a la finalidad de las medidas de carácter general impartidas por medio del acto administrativo objeto del presente asunto, estima la Sala que, estas se encuentran dirigidas a evitar o prevenir el mayor contagio de la población por el coronavirus COVID-19 y con ello, conjurar los motivos que dieron lugar a la declaratoria de emergencia sanitaria y emergencia económica, social y ecológica por el Gobierno Nacional, y de ese modo, garantizar el cumplimiento de principios y derechos constitucionales como el debido proceso en las actuaciones adelantadas en CORTOLIMA.
En ese sentido se reitera que, como lo ha dicho esta Corporación en otras oportunidades al estudiar situaciones parecidas a la que ahora ocupa la atención de la Sala, las autoridades administrativas fueron autorizadas por el legislador extraordinario, a través del Decreto Legislativo 491 de 28 de marzo de 2020, para suspender los servicios presenciales y dar prioridad al trabajo en casa y al uso de las tecnologías de la información para adelantar los procesos y actividades a su cargo, así como para establecer excepciones en relación con las diligencias que deban ser adelantadas personalmente, como salidas de campo, visitas técnicas, operaciones de rescates, entre otras. En similar sentido, el Decreto Legislativo 440 de 20 de marzo establece los lineamientos para adelantar los procesos precontractuales y contractuales a través de la plataforma SECOP II y demás medios virtuales disponibles.
Así por ejemplo, en la sentencia proferida dentro del expediente 2020-3803 al estudiar la legalidad de la Resolución No. 1044 del 24 de julio de 2020 de CORTOLIMA, que antecedió al acto administrativo demandado, y por la cual se ordenó el trabajo en casa del personal de la Corporación, se suspendieron temporalmente las diligencias presenciales -salvo algunas excepciones-, así como la atención al público y los trámites y actuaciones administrativas de la entidad que impliquen presencialidad; y se ordenó dar prioridad a los medios virtuales en todo lo demás, esta Corporación dijo:
«[L]a Directora General de CORTOLIMA identificó las premisas normativas y fácticas que sirven de sustento a las decisiones plasmadas en la RESOLUCIÓN 1044 DEL 24 DE JULIO DE 2020 que tuvieron como finalidad al adoptar dichas medidas en torno al funcionamiento de la entidad y lograr su normal funcionamiento, de cara a la preservación de la salud y la vida de los servidores, contratistas y usuarios de la entidad, para lograr el distanciamiento social y evitar en lo posible el contacto físico entre personas, como una forma de prevención y mitigación de la propagación del coronavirus COVID-19, de allí que pueda admitirse que la decisión administrativa examinada se encuentra debidamente motivada al guardar sustento con las disposiciones generales emanadas por el Gobierno Nacional en época de anormalidad y en la que la Directora General estructuró una lógica silogística, en la que lo jurídico se marida con los hechos, como dinámica que guía igualmente la motivación del acto administrativo.
Es claro entonces que, dentro de la motivación del acto en conocimiento de legalidad, toma como fundamentos hechos y normas relacionadas con la conocida “pandemia” y el DECRETO 417 DE 17 DE MARZO por el cual el presidente de la República declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional, al igual que lo dispuesto en el DECRETO LEGISLATIVO 491 DE 2020.»
En ese contexto, es claro que la Resolución 1094 del 10 de agosto de 2020 de CORTOLIMA pretende la efectividad de los fines esenciales del Estado previstos en el artículo 2° de la Constitución de Política y guarda sustento en las normas generales expedidas por el Gobierno Nacional para conjurar el Estado de Emergencia. Entonces, el acto administrativo en cuestión, tiene como fin la garantía del interés general, y en esa medida, no se evidencia beneficio o provecho oculto e ilegitimo por parte del funcionario que intervino en su expedición.
16.3.- VERIFICACIÓN DE LOS DEMÁS REQUISITOS FORMALES
Analizada en su integridad y con mucho detalle la Resolución 1094 del 10 de agosto de 2020, encuentra la Sala, que para su expedición se dio cumplimiento al procedimiento establecido para tal fin, en el sentido de que, fue proferida en virtud de las directrices y potestades establecidas a través de los Decretos Legislativos 440 de 20 de marzo y 491 de marzo 28 de 2020 expedidos en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica declarada mediante el Decreto Declarativo 417 de 17 de marzo de 2020.
Adicionalmente, se evidencia que la resolución en mención fue publicada en la página web de CORTOLIMA, en los términos del artículo 65 de la Ley 1437 de 2011, es decir, que cumplió a cabalidad con el requisito de publicidad para efectos de su vigencia y oponibilidad.
Por lo demás, el acto administrativo objeto del presente asunto reúne los demás elementos formales de todo acto administrativo, identificados por la doctrina especializada, tales como: el encabezado, número, fecha, epígrafe o resumen de las materias reguladas, la competencia o la referencia expresa de las facultades que se ejercen, el contenido de las materias reguladas u objeto de la disposición, la parte resolutiva y la firma de quien lo suscribe.
Entonces, del análisis de los elementos de existencia y validez de la Resolución 1094 del 10 de agosto de 2020, no se advierten vicios o irregularidades de forma o en el procedimiento de expedición que configuren alguna de las causales de nulidad previstas en el artículo 137 de la Ley 1437 de 2011, en ese orden se concluye, que en cuanto a los aspectos formales, el acto administrativo mencionado se encuentra ajustado al ordenamiento jurídico.
ESTUDIO DE ASPECTOS MATERIALES DE LA RESOLUCIÓN 1094 DEL 10 DE AGOSTO DE 2020
De acuerdo con la metodología expuesta por la Sala en apartes antecedentes, una vez verificada la inexistencia de vicios que afecten alguno de los aspectos formales del acto administrativo, corresponderá al juez del control inmediato de legalidad, analizar los aspectos materiales determinados por la jurisprudencia del Consejo de Estado, esto es, conexidad y proporcionalidad.
17.1.- ESTUDIO DE CONEXIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO ANALIZADO
Compete a esta Sala de Decisión definir la existencia de correlación o correspondencia directa entre las medidas adoptadas mediante la norma objeto del presente análisis, con las causas que dieron lugar a la declaratoria de Estado de Excepción y los Decretos Legislativos 440 de 20 de marzo y 491 de marzo 28 de 2020, en los cuales se encuentra sustentada.
Se aclara, que si bien la Resolución 1094 del 10 de agosto de 2020 de CORTOLIMA fue motivada además, en normas de naturaleza ordinaria como las Resoluciones 385 de 12 de marzo de 2020 y 844 del 20 de mayo de 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social, la Circular externa 100-009 de mayo 07 de 2020 de los Ministerios de Trabajo y Salud y Protección Social y el Director Administrativo de la Función Pública, y el Decreto 1076 de 28 de julio de 2020, el presente estudio de conexidad no tendrá en cuenta dichas disposiciones, por cuanto, no desarrollan facultades extraordinarias conferidas a las autoridades administrativas con ocasión de la declaratoria de Estado de Excepción y, en ese sentido, escapa a la naturaleza o finalidad del medio de control inmediato de legalidad.
Ahora bien, se destaca que a través del Decreto Legislativo 440 de 20 de marzo, el Gobierno Nacional adoptó medidas de urgencia en materia de contratación estatal, tendientes a evitar el contacto entre las personas y propiciar el distanciamiento individual, durante el estado de emergencia económica, social y ecológica. Para el efecto, en su artículo 1° estableció el uso del SECOP II para adelantar los procesos precontractuales y contractuales. Mientras que en el artículo 2° dispuso el uso de medios electrónicos para adelantar las audiencias programadas durante el estado de emergencia.
De otro lado, con la expedición del Decreto Legislativo 491 de 28 de marzo de 2020, el Gobierno Nacional pretende proteger los derechos a la vida y la salud de servidores públicos, contratistas, particulares que ejercen funciones públicas y usuarios de los servicios prestados por las entidades estatales, ante los riesgos generados por la propagación del coronavirus COVID-19 en todo el territorio nacional, al implementar mecanismos de aislamiento social, trabajo en casa y atención al público a través de las tecnologías de la información y las comunicaciones -arts. 3, 15 y 16°-, para lo cual dispone la habilitación de canales virtuales para la notificación o comunicación de actos administrativos -art. 4°-, la suspensión de términos procesales en actuaciones administrativas y jurisdiccionales durante la vigencia del estado de emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y la Protección Social, según la necesidad de cada entidad -art. 6°-.
De la confrontación del contenido de la Resolución 1094 de 10 de agosto de 2020 y los Decretos Legislativos 440 de 20 de marzo y 491 de 28 de marzo de 2020, se observa de manera palmaria y evidente la existencia de una correlación o coordinación directa entre las medidas implementadas mediante el acto administrativo sometido al presente control de legalidad y los decretos de naturaleza extraordinaria en que aquella se encuentra fundamentada, pues, mientras que estos autorizaron la suspensión de la atención presencial, el trabajo en casa, y la prestación de los servicios y el adelantamiento de los procesos relacionados con el funcionamiento de la Corporación a través de medios virtuales o tecnológicos, a través de aquella se adoptaron las medidas concretas, en CORTOLIMA, para la ejecución de dichos mandatos.
Así las cosas, se colige que, el acto administrativo objeto del proceso de la referencia, expedido por la Directora General de la Corporación Autónoma Regional del Tolima -CORTOLIMA-, para 1). La presencialidad parcial del personal de la Corporación; 2). Prelación del trabajo en casa para los funcionarios y contratistas; 3). habilitación de medios virtuales para atención de procedimientos relacionados con el funcionamiento de la entidad, así como para atender los trámites, procesos, presentaciones y reuniones; y 4). Levantamiento de la suspensión de términos; las cuales claramente desarrollan el contenido de los Decretos Legislativos 440 de 20 de marzo y 491 de marzo 28 de 2020 y, en ese orden, la resolución enjuiciada se encuentra ajustada al criterio de conexidad que es el primer aspecto material que se analiza en desarrollo del medio de control inmediato de legalidad.
17.2.- ESTUDIO DE PROPORCIONALIDAD DE LAS MEDIDAS ADOPTADAS MEDIANTE LA RESOLUCIÓN 1094 DE 10 DE AGOSTO DE 2020
La Sala abordará a continuación, el análisis de proporcionalidad de la Resolución 1094 de 10 de agosto de 2020, expedida por la Directora General de la Corporación Autónoma Regional del Tolima -CORTOLIMA-; para tal efecto se efectuarán los juicios de idoneidad y necesidad de las medidas contenidas en su texto.
En ese orden, se tiene que a través del artículo 1° del acto administrativo analizado, CORTOLIMA ordenó la reanudación parcial de las actividades presenciales, en una capacidad máxima del 20% del personas vinculado bajo cualquier modalidad. A su turno, el artículo 2° priorizó el trabajo en casa, mediante la utilización de medios digitales y tecnológicos, y reglamentó lo relacionado con la presencialidad. Así, dispuso que el Subdirector, Director Territorial o Jefe de Oficina correspondiente, podrán autorizar las salidas al campo, visitas técnicas, operativos de rescate, de decomiso y en general todas aquellas que sean necesarias e indispensables para el desarrollo la actividad misional de la Corporación, según la necesidad del servicio. Mientras que, en el artículo 4° mantiene la suspensión de atención presencial al público y señala los términos en que, excepcionalmente, se atenderán asuntos bajo esa modalidad y con estricto cumplimiento de los protocolos de bioseguridad.
Sobre el particular, recuerda la Sala que las medidas dispuestas en los artículos 1°, 2° y 4° de la resolución enjuiciada, desarrollan los artículos 3°, 15 y 16 del Decreto Legislativo 491 del 28 de marzo de 2020, por el cual el Gobierno Nacional habilitó a las autoridades para autorizar el trabajo en casa de sus servidores públicos y contratistas, así como para permitir la prestación del servicio de forma presencial en por necesidades del servicio o cuando las actividades a desarrollar no se puedan realizar por medios virtuales o tecnológicos, para lo cual las autoridades deberán suministrar las condiciones de salubridad necesarias para ello.
En cuanto al artículo 3° de la Resolución 1094 de 10 de agosto de 2020, que levanta la suspensión de términos ordenada mediante la Resolución 0574 de 2020 de CORTOLIMA, se encuentra que este se fundamenta en el artículo 6° del Decreto Legislativo 491 de 2020, que autorizó a las autoridades para suspender o reanudar términos procesales, «conforme al análisis que las autoridades hagan de cada una de sus actividades y procesos, previa evaluación y justificación de la situación concreta».
Por su parte, el artículo 5° de la resolución objeto de control prevé la utilización de canales virtuales y medios tecnológicos para adelantar los trámites, procesos, actuaciones administrativas, presentación de informes, reuniones y sesiones relacionadas con la misión, competencias y funcionamiento de la Corporación. Esta norma, a su vez, permite la radicación de correspondencia en forma física, cuando no sea posible su recepción de forma virtual. Sobre el particular, la Sala encuentra que esta medida se soporta en el artículo 3° del Decreto Legislativo 491 de 2020 -referente a la prestación de los servicios a cargo de las autoridades desde sus viviendas- en tanto dispone la habilitación de canales oficiales de comunicación e información para la prestación del servicio, así como de mecanismos tecnológicos para el registro y respuesta de peticiones.
De su lado, el artículo 6° de la Resolución 1094 de 10 de agosto de 2020 señala una serie de medidas referidas a los procedimientos y trámites derivados del funcionamiento de la entidad, las cuales se analizarán por tema, a continuación.
El numeral 6.1 establece la notificación y comunicación de los actos administrativos a través de medios virtuales y, en los eventos que no se puedan realizar de esa forma, se dará aplicación a lo esbozado en la Ley 1437 de 2011. Lo anterior se encuentra fundamentado en el artículo 4° -Notificación o comunicación de actos administrativos- del Decreto Legislativo 491 de 2020, el cual fue declarado exequible condicionadamente por la Corte Constitucional en la Sentencia C-242 de 2020, bajo el entendido de que, «ante la imposibilidad manifiesta de una persona de suministrar una dirección de correo electrónico, podrá indicar un medio alternativo para facilitar la notificación o comunicación de los actos administrativos, por ejemplo, a través de una llamada telefónica, el envío de un mensaje de texto o de voz al celular o un aviso por una estación de radio comunitaria.». En consecuencia, atendiendo a lo ordenado por la Corte Constitucional, la legalidad del numeral 6.1. del artículo 6 del acto controlado se condicionará bajo el entendido de que, ante la imposibilidad de efectuar la notificación o comunicación de los actos administrativos de forma electrónica, estas se podrán realizar, también, a través de otros medios idóneos, verbigracia, de una llamada telefónica, el envío de un mensaje de texto o de voz al celular o un aviso por una estación de radio comunitaria.
Las determinaciones adoptadas en los numerales 6.2., 6.3., 6.4, 6.5, y 6.6 reglamentan, a su turno, (i) la tramitación, control y seguimiento de las solicitudes de licencias, concesiones, permisos, autorizaciones y conceptos; (ii) la utilización de medio virtuales para adelantar los trámites administrativos que permiten el funcionamiento de la Corporación; (iii) la presentación de los registros, reportes e informes; y (iv) la forma de adelantar los procesos sancionatorios, coactivos y disciplinarios. El estudio de las disposiciones descritas muestra que estas encuentran su sustento en los artículos 3° -Prestación de los servicios a cargo de las autoridades- y 15 -Prestación de servicios durante el período de aislamiento preventivo obligatorio-, del Decreto Legislativo 491 de 2020, toda vez que permiten a los usuarios y al personal vinculado a la entidad, adelantar trámites de forma virtual.
El numeral 6.7 del artículo estudiado, prevé la suspensión de los trámites que impliquen la realización de audiencias y reuniones presencialmente y que no puedan ser adelantadas de forma virtual, hasta tanto estén dadas las garantías de bioseguridad que lo posibiliten. Al respecto, se observa que ello se fundamenta en el artículo 6° del citado Decreto Legislativo 491 de 2020, que autoriza a las autoridades para ordenar la suspensión de términos de las actuaciones administrativas o jurisdiccionales en sede administrativa «de manera parcial o total en algunas actuaciones o en todas, o en algunos trámites o en todos (…) conforme al análisis que las autoridades hagan de cada una de sus actividades y procesos, previa evaluación y justificación de la situación concreta».
Respecto del numeral 6.8, que establece que los procesos precontractuales y contractuales se continuarán adelantando a través de la plataforma SECOP II y por medios virtuales, es claro que desarrolla el artículo 1° del Decreto Legislativo 440 de 2020, que señala que las audiencias públicas que deban realizarse en los procedimientos de selección podrán realizarse a través de medios electrónicos, garantizando el acceso a los proponentes, entes de control, y a cualquier ciudadano interesado en participar.
Por último, los artículos 7° y 8° de la resolución se limitan a exhortar al personal vinculado a la Corporación a cumplir con los protocolos de bioseguridad, y dispone que la Subdirección Administrativa y Financiera a disponer los lineamientos necesarios al interior de la entidad para el cumplimiento de las medidas adoptadas mediante la Resolución 1094 de 10 de agosto de 2020.
En este punto, la Sala considera que es importante, resaltar que los artículos 3°, 4°, 6°, 15 y 16 del Decreto Legislativo 491 de 28 de marzo de 2020 fueron declarados exequibles por la Corte Constitucional en la sentencia C-242 de 2020, al considerar que las medidas en ellos adoptadas son proporcionales y necesarias, por cuanto las restricciones de movilidad a causa del Covid-19, han creado una dificultad logística y técnica que permita garantizar la atención presencial, el debido proceso y la celeridad en todas las actuaciones de la administración. Además, porque su carácter temporal descarta que los procesos administrativos y la atención al público continúen suspendidos una vez finalice la emergencia sanitaria. Igual sucede respecto del Decreto Legislativo 440 de 2020, cuya exequibilidad fue declarada por la Corte Constitucional mediante sentencia C-162 de 2020. De ese modo, se evidencia claramente que el articulado de la Resolución 1094 de 10 de agosto de 2020 se fundamenta en decretos legislativos cuya constitucionalidad fue avalada por la Corte Constitucional.
Aunado a lo expuesto, se debe destacar que conforme lo expuso esta Corporación en la sentencia proferida dentro del expediente 2020-3803 al estudiar la legalidad de la Resolución No. 1044 del 24 de julio de 2020 de CORTOLIMA, que antecedió al acto administrativo demandado, las medidas relacionadas con (i) el trabajo en casa y sus garantías y excepciones; (ii) el uso de canales digitales (iii) la suspensión de trámites y (iv) la implementación de medidas de seguridad frente al Covid-19, son proporcionales a los hechos que dieron lugar a su expedición, como se procede a explicar.
En cuanto a las medidas de trabajo en casa y sus garantías, los cuales fueron desarrollados en los artículos 1°, 2° y 4° de la resolución enjuiciada, la Sala Especial No. 4 del Consejo de Estado, consideró que estas son proporcionales por los siguientes motivos:
«Así las cosas, CORTOLIMA para evitar el contacto entre las personas, propiciar el distanciamiento social, con la norma analizada habilitó el trabajo en casa (art. 2) para los funcionarios de planta, judicantes, pasantes y contratistas de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, para de esta manera, preservar su salud y vida, ante las graves consecuencias de contagiarse con dicho virus y estableció que la Oficina de Gestión Tecnológica y la Subdirección Administrativa y Financiera deberán brindar el apoyo necesario para el desarrollo del trabajo en casa, como forma de propender por la efectividad de la prestación del servicio bajo esa modalidad establecida en el artículo 2 que le antecede (art. 6).
Ahora bien, las disposiciones analizadas, también desarrollaron el artículo 16 del DECRETO LEGISLATIVO 491 DE 2020 que habilitó la posibilidad del trabajo desde casa de las personas vinculadas a las entidades públicas.
Para la Sala las normas analizadas están estrechamente ligadas con la disposición de excepción que ha proferido el Gobierno Nacional y son un claro desarrollo de las mismas, por cuanto al permitir y garantizar el trabajo desde casa de los funcionarios de planta, judicantes, pasantes y contratistas de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, buscan mantener el mayor distanciamiento social posible, el menor contacto entre personas y garantizar la continuidad de la prestación del servicio que la Constitución y la ley le atribuyen a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL TOLIMA y las medidas adoptadas y acá analizadas son eficaces para lograr prevenir y mitigar los efectos del virus y para la preservación de la salud y la vida de los servidores, contratistas y usuarios de la entidad; por lo que estas se encuentran ajustadas a derecho.»
Respecto a la proporcionalidad de la medida de establecer excepciones al trabajo en casa con el fin de no afectar la continuidad de la prestación del servicio, en la referida sentencia se explicó:
«Para la Sala en la presente disposición es la aplicación del artículo 3º del DECRETO LEGISLATIVO 491 DE 2020, ya transcrito en el punto anterior, puesto que en su parágrafo fijó que en ningún caso “los servidores públicos y contratistas del Estado que adelanten actividades que sean estrictamente necesarias para prevenir, mitigar y atender la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19, y garantizar el funcionamiento de los servicios indispensables del Estado podrán suspender la prestación de los servicios de forma presencial. Las autoridades deberán suministrar las condiciones de salubridad necesarias para la prestación del servicio presencial” y del artículo 17 que reguló lo relativo a contratos de prestación de servicios administrativos que no se podrán suspender; así las cosas, con fundamento en estos artículos del decreto legislativo, CORTOLIMA fijó dichas excepciones para no afectar la continuidad de la prestación del servicio y garantizar el funcionamiento indispensable como autoridad ambiental y de la seguridad de los bienes de la Corporación.
En ese contexto, la Entidad autora y en armonía con el artículo anterior escrutado, estableció qué actividades pueden ejecutarse de forma remota con el apoyo de las tecnologías de la información y las comunicaciones y, bajo la discrecionalidad otorgada por el decreto legislativo fijó qué actuaciones y actividades administrativa se realizarían de forma presencial, en aras de no afectar la continuidad de la prestación del servicio como autoridad ambiental y de la seguridad de los bienes de la Corporación, pero siempre garantizando las medidas de bioseguridad de aquellos servidores y contratistas que tenga que hacer su desarrollo de forma presencial.
Resulta palmario entonces que el artículo estudiado se relaciona con los Decretos 417 y 491 de 2020, expedidos en el marco del Estado de excepción, por cuanto su finalidad está dirigida a la protección de los derechos a la vida, la salud, la seguridad en el trabajo y el debido proceso de los servidores públicos, contratistas, usuarios e intervinientes, pero también garantizando la prestación del servicio de la autoridad ambiental, por lo que, la disposición estudiada se haya adecuada a derecho»
Sobre el uso de los canales digitales para adelantar los trámites y procesos en CORTOLIMA, en la providencia de 14 de diciembre de 2020 se dijo:
«Así las cosas, el artículo estudiado se relaciona con los DECRETOS 417 y 491 DE 2020, expedidos en el marco del Estado de excepción, por cuanto su finalidad está dirigida a la protección de los derechos a la vida, la salud, la seguridad en el trabajo y el debido proceso de los servidores públicos, contratistas, usuarios e intervinientes en los trámites allí contemplados. Además, que el período de suspensión se haya extendido hasta la vigencia del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica decretado por el presidente de la República, resulta acorde al contemplado en el artículo 6º del Decreto Legislativo 491 de 2020, así que no existen mayores reparos, pues no se necesita una norma especial de competencia para definir un asunto que es consustancial a la producción de actos jurídicos de esa naturaleza, aunado a que la misma norma de excepción extendió la vigencia de las medidas a la declaratoria de emergencia sanitaria contenida en la Resolución 385 de 12 marzo de 2020, que se prolongó hasta el 28 de febrero de 2021.
CORTOLIMA para evitar el contacto entre las personas, propiciar el distanciamiento social, con la norma analizada suspendió la atención presencial de público en sus instalaciones y habilitó dos cuentas electrónicas como canales para atender y recibir peticiones, consultas y demás solicitudes ciudadanas o institucionales; por lo que de su lectura se evidencia su conexión de causa y efecto con el decreto legislativo en que se fundó.
Bajo estas glosas, se recuerda que dentro de las directrices esgrimidas por el Gobierno Nacional para hacer frente a la propagación y extensión de los efectos nocivos del coronavirus, se prohíjo la suspensión de términos, como herramientas propicias a fin de facilitar el confinamiento tanto de servidores y empleados como de usuarios.
Pero más allá de ello, los propósitos de la declaratoria de emergencia y su legislativo, habilitaban, sin lugar a duda, las medidas adoptadas por CORTOLIMA, en la RESOLUCIÓN 1044 DEL 24 DE JULIO DE 2020, relativas a los canales digitales de atención, en consecuencia se encuentra ajustada a derecho.»
La sentencia también se refirió a la suspensión de términos en las actuaciones a cargo de CORTOLIMA, señalando que esta es proporcionada porque:
«(…) no queda duda que la disposición adoptada es causa y es un medio para lograr los fines y propósitos de mencionado decreto legislativo, ya que al suspender los trámites en curso que se adelantan como solicitudes de licencias, autorizaciones y permisos ambientales, además de los procesos sancionatorios en curso, que requieran además de visitas, reuniones o audiencias de forma presencial con la intervención de personal vinculado a la Corporación, buscan lograr el mayor distanciamiento social posible y el menor contacto físico entre personas, como una manera de prevenir y mitigar la expansión de los efectos de coronavirus COVID-19 y por esas mismas razones, CORTOLIMA, en el parágrafo segundo del artículo en revisión, dispuso mantener suspendidos los procesos coactivos y disciplinarios, con el propósito de preservar el debido proceso, que se podría ver afectado frente a las partes, en las diferentes actuaciones administrativas por el asilamiento generado como consecuencia de la pandemia COVID-19 y que conllevó a la emergencia sanitaria y al estado de excepción declarados.»
Por último, en lo relacionado con la implementación de las medidas de seguridad frente al Covid-19, esta Corporación señaló:
«Como se evidencia de la literalidad anterior, los tres artículos buscan mantener enfocado al personal que presta servicios a CORTOLIMA en el cumplimiento de los protocolos y de las medidas de bioseguridad adoptadas por la entidad en armonía con las medidas gubernamentales generales y para los diferentes niveles administrativos dentro del organigrama funcional, que contribuyan y garanticen la prevención y mitigación del riesgo del contagio y propagación del virus COVID-19 y, de esta manera, preservar la salud y la vida de los servidores, colaboradores y usuarios de la entidad, lo que a todas luces está en sintonía con la finalidad y lo dispuesto en el DECRETO LEGISLATIVO 491 DE 2020.
Para la Sala la conexidad de estas disposiciones responde a los DECRETOS DECLARATORIO 417 y su LEGISLATIVO 491 DE 2020 y a las diferentes normas dictadas por el Gobierno Nacional en el estado de anormalidad que vive el país, como consecuencia de la pandemia COVID-19, por cuanto han buscado generar una conciencia general tanto de servidores públicos como de particulares de adoptar, acatar y cumplir todas las medidas de protección, prevención y mitigación del riesgo del virus, para que al unir sinergias en ese sentido, lograr la menor tasa de contagios y, por contera, de fatalidades en nuestra sociedad, por lo que se advierte ajustada a derecho.»
Así las cosas, encuentra la Sala que las medidas adoptadas por CORTOLIMA a través de la Resolución 1094 de 10 de agosto de 2020, son proporcionales toda vez que desarrollan el contenido de los Decretos Legislativos 440 de 20 de marzo y 491 de 28 de marzo de 2020. Más aún, teniendo en cuenta que esta Corporación al estudiar un acto administrativo de la misma entidad y mediante el cual se adoptaron medidas similares o de la misma naturaleza, encontró que a través de este tipo de medidas lo que se pretende es conjurar el estado de anormalidad que vive el país, como consecuencia de la pandemia COVID-19.
Entonces, de acuerdo con lo expuesto en acápites antecedentes de esta providencia, el estudio de idoneidad como parte del juicio de proporcionalidad exigido en el desarrollo del medio de control inmediato de legalidad, evalúa la efectividad o eficacia de las normas objeto del proceso, para superar el Estado de Excepción. En ese orden, se considera que el acto administrativo analizado, al establecer disposiciones que regulan lo relacionado con 1). La presencialidad parcial del personal de la Corporación; 2). Prelación del trabajo en casa para los funcionarios y contratistas; 3). La habilitación de medios virtuales para atención de procedimientos relacionados con el funcionamiento de la entidad, así como para atender los trámites, procesos, presentaciones y reuniones; y 4). El levantamiento de la suspensión de términos; garantiza el cumplimiento de las medidas de distanciamiento social recomendado por las autoridades sanitarias y considerado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), como la medida más eficaz para evitar la mayor cantidad de contagios de COVID-19 y su vertiginosa propagación en la población debido a su alto grado de transmisibilidad, por cuanto, evita la interacción directa o personal entre los servidores públicos, contratistas y usuarios, necesaria y recurrente en la dinámica del servicio público en condiciones de normalidad, al exigir el manejo de expedientes y documentos en general, realización de reuniones, audiencias, trámites y, en general, procedimientos que implican el acercamiento a sedes físicas de la entidad.
Así, las medidas analizadas pretenden salvaguardar los derechos fundamentales a la vida y salud de los servidores públicos, contratistas y usuarios de CORTOLIMA ante los inminentes riesgos generados por causa de la propagación del COVID-19. Por consiguiente, las disposiciones materia de análisis resultan adecuadas para superar el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica declarada por el Gobierno Nacional con ocasión de la pandemia declarada por la OMS el 11 de marzo de 2020.
De otro lado, el estudio de necesidad dentro del medio de control de la referencia pretende determinar la existencia de otros medios efectivos para lograr la misma finalidad que busca alcanzar la norma objeto de análisis, y si éstos, suponen restricciones menos lesivas a derechos fundamentales.
Al respecto, encuentra la Sala que en el ordenamiento jurídico ordinario no hay previsiones legales que sean suficientes y adecuadas para lograr los objetivos de la medida excepcional. Además, conforme a lo recomendado por la OMS, el distanciamiento social constituye un método efectivo avalado y recomendado por las autoridades sanitarias para contener la propagación del COVID-19, motivo por el cual, la adopción de medidas como la suspensión de atención al público, el trabajo en casa la presencialidad limitada en la entidad, el uso de medios virtuales, tecnológicos o digitales para adelantar trámites y procedimientos, y la suspensión de términos procesales en actuaciones en la cuales, se requiera la interacción entre personas y en instalaciones o espacios comunes, resultan necesarias para el acatamiento estricto de dichas recomendaciones, en ese orden, se considera que las normas analizadas se ajustan al criterio de necesidad.
Teniendo en cuenta lo anterior, se concluye que las medidas analizadas no vulneran principios o derechos fundamentales, ni enerva los deberes de la administración pública o garantías relacionadas con el debido proceso administrativo, contrario a ello, garantizan los derechos a la vida y salud de los servidores públicos, contratistas y usuarios de CORTOLIMA, dado que, evita los riesgos de contagio y propagación del COVID-19 generados por las actividades requeridas para la ejecución de sus funciones en tiempos de normalidad.
Es así como las medidas adoptadas en la Resolución 1094 de 10 de agosto de 2020 resultan idóneas y eficaces para limitar las posibilidades de propagación del virus del COVID-19, protegerlos derechos a la vida y la salud, y para garantizar los derechos fundamentales a la vida, integridad, debido proceso, entre otros, de los servidores públicos, contratistas y usuarios de CORTOLIMA; lo cual sin lugar a duda, contribuye a superar el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica declarado por el Gobierno Nacional a través del Decreto Legislativo 417 de 17 de marzo de 2020 y se ajusta a la norma extraordinaria en que se fundamenta, esto es, los Decretos Legislativos 440 y 491 de 2020.
Finalmente, el artículo 10° de la Resolución enjuiciada contempla que la norma «rige a partir de la fecha de su expedición», aspecto sobre el que el Ministerio Público advirtió un posible desconocimiento del requisito de publicidad de los actos administrativos.
Al respecto, precisa la Sala que el principio de publicidad encuentra su sustento en el artículo 209 de la Constitución Política, así como en el artículo 3° de la Ley 1437 de 2011, que lo establecen como uno de los atributos básicos de las manifestaciones de la voluntad de la administración. Sobre el particular, se tiene que son varias las normas que señalan cómo hacer efectivo este principio, verbigracia el artículo 65 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 15 de la Ley 2080 de 2021, que dispone que los actos administrativos generales, «no serán obligatorios mientras no hayan sido publicados en el Diario Oficial o en las gacetas territoriales, según el caso».
Por su parte, la jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional coinciden en que la publicidad es presupuesto básico para la eficacia del acto administrativo, más no para su validez. Sumado a lo expuesto, en pronunciamientos recientes de esta Corporación se ha establecido que, ante la situación de fuerza mayor como lo es la pandemia derivada con ocasión del COVID-19, con la publicación en la página web de la entidad que expidió el acto se llena el requisito de publicidad, consistente en la divulgación de este en un medio masivo de comunicación.
En el caso concreto, encuentra la Sala que la Resolución 1094 de 10 de agosto de 2020 fue expedida y publicada en la página web de CORTOLIMA el mismo día de su expedición, por lo cual, para la Sala es claro que se cumplió con el deber de publicidad de los actos administrativos y, por lo tanto, no procede la anulación de la expresión señalada por el Ministerio Público.
Aclara la Sala, como lo ha reiterado esta Corporación en su jurisprudencia, que «si bien es cierto que el control automático supone un control integral, no puede pretenderse con ello que, al ejercer tal control, el juez revise todo el ordenamiento jurídico», por lo cual los efectos de esta sentencia tienen la autoridad de cosa juzgada relativa (artículo 189 del CPACA), es decir, sólo frente a los aspectos analizados y decididos en ella.
En mérito de lo expuesto, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, a través de su Sala Especial de Decisión Nro. 10, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO.- DECLARAR LA LEGALIDAD CONDICIONADA del numeral 6.1. del artículo 6 de la Resolución 1094 de 10 de agosto de 2020 de CORTOLIMA, bajo el entendido de que, ante la imposibilidad de efectuar la notificación o comunicación de los actos administrativos de forma electrónica, estas se podrán realizar, también, a través de otros medios idóneos, verbigracia, de una llamada telefónica, el envío de un mensaje de texto o de voz al celular o un aviso por una estación de radio comunitaria.
SEGUNDO.- En lo demás, DECLARAR ajustada a derecho la Resolución 1094 de 10 de agosto de 2020 de CORTOLIMA.
TERCERO.- Cópiese, notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala Especial de Decisión No. 10, de la Sala de lo Contencioso Administrativo, del Consejo de Estado, en sesión de la fecha, por los consejeros:
(Firmado electrónicamente)
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ
(Firmado electrónicamente)
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Salvamento parcial
(Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGUELLO
(Firmado electrónicamente)
ROCÍO ARAÚJO OÑATE (E)
Salvamento parcial
(Firmado electrónicamente)
GUILLERMO SÁNCHEZ LUQUE
SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO / ACTOS SUSCEPTIBLES DE CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD – Naturaleza jurídica
Con respecto a la naturaleza jurídica de los actos susceptibles de control, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha señalado que son aquellos decretos reglamentarios de los decretos legislativos y los actos administrativos y medidas de carácter general, impersonal y abstracto que profiera la administración, que contengan una decisión de la autoridad, capaz de producir efectos jurídicos para los individuos, porque sólo esta clase de actos son administrativos. Esto significa que, únicamente los actos o disposiciones que contengan una manifestación de voluntad de la Administración capaz de crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas generales, con independencia de la forma que revista o de la nominación que se le asigne, son actos administrativos y, por tanto, pueden ser objeto de control judicial. Al respecto la Corporación ha sostenido que aún cuando las instrucciones, circulares y resoluciones administrativas son actos de la administración en sentido lato, no todos tienen la virtualidad de generar efectos jurídicos. Tienen esta capacidad únicamente aquellos que crean, extinguen o modifican situaciones jurídicas, estando limitado a estos últimos el control por la jurisdicción de lo contencioso administrativo. […] Conforme con todo lo anterior, estimo que se debió declarar la improcedencia del medio de control en relación con los artículos 1º, 2º, 7º, 8º y 9º de la Resolución 1094 de 10 de agosto de 2020, expedida por la Directora General de la Corporación Autónoma Regional del Tolima -CORTOLIMA-, «por la cual se profieren unas medidas en torno al funcionamiento de la Corporación Autónoma Regional del Tolima -CORTOLIMA- derivadas de la emergencia sanitaria a causa del Coronavirus CO VID 19», porque no se trata de medidas administrativas que creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas.
CONSEJO DE ESTADO
SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA DÉCIMA ESPECIAL DE DECISIÓN
SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO DE LA CONSEJERA ROCÍO ARAÚJO OÑATE (E)
Bogotá D.C., veintitrés (23) de agosto de dos mil veintiuno (2021)
Radicación número: 11001-03-15-000-2020-03661-00(CA)
Actor: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL TOLIMA (CORTOLIMA)
Demandado: RESOLUCIÓN 1094 DEL 10 DE AGOSTO DE 2020
De conformidad con lo establecido en el artículo 129 de la Ley 1437 de 2011 y con el acostumbrado respeto por las decisiones adoptadas por la Sala Décima Especial de Decisión, a continuación se exponen las razones por las que se suscribe el vocativo de la referencia con salvamento parcial de voto.
1.1. Síntesis del caso
Mediante Decreto 417 de 17 de marzo de 2020, el Presidente de la República, con la firma de todos los Ministros, declaró el Estado de emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio nacional por el término de 30 días, con ocasión de la crisis generada por la pandemia del coronavirus COVID-19.
En concordancia con lo anterior, el Gobierno Nacional expidió, entre otros, los decretos legislativos desarrollados por los actos objeto de control, así:
El 20 de marzo de 2020 se profirió el Decreto Legislativo nro. 440, «Por el cual se adoptan medidas de urgencia en materia de contratación estatal, con ocasión del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica derivada de la Pandemia COVID-19».
El 28 de marzo de 2020, se dictó el Decreto Legislativo nro. 491, «Por el cual se adoptan medidas de urgencia para garantizar la atención y la prestación de los servicios por parte de las autoridades públicas y los particulares que cumplan funciones públicas y se toman medidas para la protección laboral y de los contratistas de prestación de servicios de las entidades públicas, en el marco del Estado de Emergencia Económica».
Esta norma dispuso medidas relacionadas con la prestación de servicios a cargo de las autoridades durante el período de aislamiento preventivo obligatorio mediante la modalidad de trabajo en casa, la notificación y comunicación de los actos administrativos y la suspensión de términos en procedimientos administrativo.
El 10 de agosto de 2020 y en desarrollo de los Decretos legislativos 440 y 491 de 2020, CORTOLIMA expidió la Resolución nro. 1094, en la que reguló aspectos relacionados con: i) la presencialidad no mayor al 20% en la sede y trabajo en casa; ii) el levantamiento de la suspensión de términos y el mantenimiento de la suspensión de la atención al público en sedes; iii) la utilización de canales virtuales y medio tecnológicos iv) los procesos administrativos relacionados con la Corporación (entre ellos los precontractuales y contractuales) y el cumplimiento de medidas de bioseguridad.
1.2. El fallo de la Sala Especial de Decisión No. 10
En la sentencia objeto del salvamento parcial de voto, la Sala Especial resolvió:
“PRIMERO.- DECLARAR LA LEGALIDAD CONDICIONADA del numeral 6.1. del artículo 6 de la Resolución 1094 de 10 de agosto de 2020 de CORTOLIMA, bajo el entendido de que, ante la imposibilidad de efectuar la notificación o comunicación de los actos administrativos de forma electrónica, estas se podrán realizar, también, a través de otros medios idóneos, verbigracia, de una llamada telefónica, el envío de un mensaje de texto o de voz al celular o un aviso por una estación de radio comunitaria.
SEGUNDO.- En lo demás, DECLARAR ajustada a derecho la Resolución 1094 de 10 de agosto de 2020 de CORTOLIMA.
TERCERO.- Cópiese, notifíquese y cúmplase”.
Se consideró que la Resolución 1094 del 10 de agosto de 2020 expedida por la Directora General de CORTOLIMA es pasible de ser revisada a través del control inmediato de legalidad, porque: (i) se trata de un acto administrativo de naturaleza general, (ii) expedido en ejercicio de funciones administrativas y (iii) tiene por finalidad desarrollar los Decretos Legislativos expedidos por el Gobierno Nacional durante un Estado de Excepción.
Conforme con lo anterior, se realizó el estudio de los requisitos materiales de los en de cada una de las disposiciones, concluyendo que a excepción de la prevista en el numeral 6.1 del artículo 6, respecto de la cual se declaró su legalidad condicionada, las previsiones de los artículo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, los superan.
1.3. Razón del salvamento parcial de voto
Aunque comparto la decisión adoptada por la Sala Décima Especial de Decisión, referida a las disposiciones de los artículo 3, 4, 5 y 6 del actos controlado, por cuanto cumplen los requisitos formales y materiales para superar el control inmediato de legalidad, no ocurre lo mismo con los artículos 1, 2, 7, 8 y 9 del acto administrativo, porque no constituyen medidas administrativas y, por ende, no eran pasibles de este medio de control inmediato de legalidad.
En este caso concreto, del examen formal de las medidas se verifica que las disposiciones 1, 2, 7, 8 y 9 de la Resolución 1094 de 2020, no son disposiciones de carácter general que creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas de sus destinatarios, esto es, los servidores de CORTOLIMA y los usuarios de los servicios a cargo de la entidad.
Con respecto a la naturaleza jurídica de los actos susceptibles de control, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha señalado que son aquellos decretos reglamentarios de los decretos legislativos y los actos administrativos y medidas de carácter general, impersonal y abstracto que profiera la administración, que contengan una decisión de la autoridad, capaz de producir efectos jurídicos para los individuos, porque sólo esta clase de actos son administrativos.
Esto significa que, únicamente los actos o disposiciones que contengan una manifestación de voluntad de la Administración capaz de crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas generales, con independencia de la forma que revista o de la nominación que se le asigne, son actos administrativos y, por tanto, pueden ser objeto de control judicial.
Al respecto la Corporación ha sostenido que aún cuando las instrucciones, circulares y resoluciones administrativas son actos de la administración en sentido lato, no todos tienen la virtualidad de generar efectos jurídicos. Tienen esta capacidad únicamente aquellos que crean, extinguen o modifican situaciones jurídicas, estando limitado a estos últimos el control por la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
Los artículos 1, 2, 7, 8 y 9 de la Resolución 1094 de 2020 se ocuparon de señalar el aforo y las condiciones en que debe desarrollarse el trabajo presencial en la sede (artículo 1º) y la continuidad de la modalidad de trabajo en casa (artículo 2º); así como de exhortar al cumplimiento de las medidas de bioseguridad (artículo 7º) y a que las dependencias dicen lineamientos para el cumplimiento del acto administrativo (artículo 8º) y los Subdirectores, Directores Territoriales y Jefes de Oficina, brinden las respectivas orientaciones al personal a su cargo (artículo 9º).
Se trata en este caso de recomendaciones, informaciones, instrucciones y directrices brindadas por el director de la entidad a los funcionarios y usuarios, referidas a novedades que presenta la prestación del servicio de manera presencial o virtual, indicaciones sobre el aforo, cumplimiento de protocolos de bioseguridad e instrucciones para la aplicación del acto.
Como estas previsiones son expresiones de las potestades de organización del trabajo de la entidad, de su funcionamiento y de la manera en que deben cumplir sus funciones los servidores y prestar el servicio a la ciudadanía, no son actos administrativos de carácter general, porque no tiene la capacidad de crear, modificar o extinguir las situaciones jurídicas de ninguno de sus destinatarios.
Por esta razón no constituyen un acto regla del decreto declaratorio del Estado de excepción ni tampoco de otros decretos legislativos, y, en consecuencia, respecto de ellos correspondía declarar la improcedencia del medio de control inmediato de legalidad.
1.4 Conclusión
Conforme con todo lo anterior, estimo que se debió declarar la improcedencia del medio de control en relación con los artículos 1º, 2º, 7º, 8º y 9º de la Resolución 1094 de 10 de agosto de 2020, expedida por la Directora General de la Corporación Autónoma Regional del Tolima -CORTOLIMA-, «por la cual se profieren unas medidas en torno al funcionamiento de la Corporación Autónoma Regional del Tolima -CORTOLIMA- derivadas de la emergencia sanitaria a causa del Coronavirus CO VID 19», porque no se trata de medidas administrativas que creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas.
De esta manera dejo sentada la razón por las que suscribo esta sentencia con salvamento parcial de voto.
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
(firmado electrónicamente)
SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO / DECRETO LEGISLATIVO / CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD / FALTA DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA
En efecto, examinadas las normas y los hechos en que se fundamentó CORTOLIMA, para expedir dicho artículo, no se advierte que esté sustentado en un decreto legislativo, lo que pone de manifiesto que esta disposición no se expidió como desarrollo de una norma que cumpliera tal condición, presupuesto necesario para su análisis a través de este medio automático. Ahora, si bien se invocó en la citada resolución el Decreto Legislativo núm. 491 de 2020 , en éste no se dispuso el levantamiento de términos suspendidos, lo que conduce a señalar que el cuestionamiento del artículo 3° de la Resolución 1094 de 2020, en cuanto se refiere a tal determinación, procedía únicamente por vía de acción. Ciertamente, tal disposición no desarrolló el Decreto Legislativo 491 de 2020, en tanto que la autorización que se le confirió a las autoridades, en su artículo 6°, fue una facultad optativa para suspender los trámites administrativos. Lo anterior, permite inferir que la reanudación de términos en las actuaciones suspendidas es desarrollo de las competencias ordinarias del funcionario, cuyo ejercicio supone que se superaron las causas en que fundó dicha decisión, sin que ello represente que la autorización del artículo 6° del Decreto Legislativo 491 de 28 de marzo de 2020, lleve un mandato “implícito” consecuencia de esa habilitación. De tal manera que al no concurrir respecto del referido artículo 3° el presupuesto de procedibilidad de desarrollar un decreto legislativo, era improcedente su examen por esta vía automática.
CONSEJO DE ESTADO
SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA DÉCIMA ESPECIAL DE DECISIÓN
SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO DE LA CONSEJERA NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Bogotá D.C., veintitrés (23) de agosto de dos mil veintiuno (2021)
Radicación número: 11001-03-15-000-2020-03661-00(CA)
Actor: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL TOLIMA (CORTOLIMA)
Demandado: RESOLUCIÓN 1094 DEL 10 DE AGOSTO DE 2020
Con el debido respeto por la opinión mayoritaria de la Sala, me he separado parcialmente de la decisión de 23 de agosto de 2021, que dispuso declarar: i) la legalidad condicionada del numeral 6.1. del artículo 6 y ii) en lo demás declaró ajustada a derecho la Resolución 1094 de 10 de agosto de 2020, “Por la cual se profieren unas medidas en torno al funcionamiento de la Corporación Autónoma Regional del Tolima - CORTOLIMA derivadas de la emergencia sanitaria a causa del Coronavirus CO VID 19”, expedida por Corporación Autónoma Regional del Tolima - CORTOLIMA, por cuanto, a mi juicio, el artículo 3° de dicho acto, no era pasible del control inmediato de legalidad.
En efecto, examinadas las normas y los hechos en que se fundamentó CORTOLIMA, para expedir dicho artículo, no se advierte que esté sustentado en un decreto legislativo, lo que pone de manifiesto que esta disposición no se expidió como desarrollo de una norma que cumpliera tal condición, presupuesto necesario para su análisis a través de este medio automático.
Ahora, si bien se invocó en la citada resolución el Decreto Legislativo núm. 491 de 2020, en éste no se dispuso el levantamiento de términos suspendidos, lo que conduce a señalar que el cuestionamiento del artículo 3° de la Resolución 1094 de 2020, en cuanto se refiere a tal determinación, procedía únicamente por vía de acción.
Ciertamente, tal disposición no desarrolló el Decreto Legislativo 491 de 2020, en tanto que la autorización que se le confirió a las autoridades, en su artículo 6°, fue una facultad optativa para suspender los trámites administrativos.
Lo anterior, permite inferir que la reanudación de términos en las actuaciones suspendidas es desarrollo de las competencias ordinarias del funcionario, cuyo ejercicio supone que se superaron las causas en que fundó dicha decisión, sin que ello represente que la autorización del artículo 6° del Decreto Legislativo 491 de 28 de marzo de 2020, lleve un mandato “implícito” consecuencia de esa habilitación.
De tal manera que al no concurrir respecto del referido artículo 3° el presupuesto de procedibilidad de desarrollar un decreto legislativo, era improcedente su examen por esta vía automática.
Finalmente, compartí en lo demás el examen de legalidad que se efectuó, habida cuenta del cumplimiento de los requisitos de procedibilidad conforme se registró en el fallo.
Fecha ut supra,
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejera
Por el cual se determinan los objetivos y la estructura del Ministerio de Salud y Protección Social y se integra el Sector Administrativo de Salud y Protección Social. Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país”. Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social. El 11 de marzo de 2020, la OMS calificó el COVID-19 como una pandemia, debido a la velocidad de su propagación y/o transmisión en más de 114 países. Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19 y el mantenimiento del orden público. Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19 y el mantenimiento del orden público. Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19 y el mantenimiento del orden público. Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19 y el mantenimiento del orden público. Por el cual se prorroga la vigencia del Decreto 636 del 6 de mayo de 2020 “Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19, y el mantenimiento del orden público.”
Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19 y el mantenimiento del orden público. Por el cual se modifica y prorroga la vigencia del Decreto 749 de 28 de mayo de 2020 “Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia de Coronavirus COVID-19, y el mantenimiento del orden público”, modificado por el Decreto 847 de 14 de junio de 2020”. Por el cual se modifica y prorroga la vigencia del Decreto 749 de 28 de mayo de 2020 “Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia de Coronavirus COVID-19, y el mantenimiento del orden público”, modificado por el Decreto847 de 14 de junio de 2020”. Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19 y el mantenimiento del orden público. Por el cual se adoptan medidas de urgencia para garantizar la atención y la prestación de los servicios por parte de las autoridades públicas y los particulares que cumplan funciones públicas y se toman medidas para la protección laboral y de los contratistas de prestación de servicios en las entidades públicas en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica. Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19 y el mantenimiento del orden público. Por el cual se declara un Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo en territorio nacional. Por el cual se declara un Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo en territorio nacional. Por el cual se adoptan medidas de urgencia en materia de contratación estatal, con ocasión del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica derivada de la Pandemia COVID-19. La Corte declaró la EXEQUIBILIDAD CONDICIONADA del artículo 4° del Decreto 491 de 2020, bajo el entendido de que, ante la imposibilidad manifiesta de una persona de suministrar una dirección de correo electrónico, podrá indicar un medio alternativo para facilitar la notificación o comunicación de los actos administrativos.
En la sentencia se resolvió declarar la EXEQUIBILIDAD del artículo 6° del Decreto 491 de 2020, salvo la de su parágrafo 1° que se declara INEXEQUIBLE, y la de su parágrafo 2° en relación con el cual se declara la EXEQUIBILIDAD CONDICIONADA, bajo el entendido de que cuando la suspensión de términos implique la inaplicación de una norma que contemple una sanción moratoria, las autoridades deberán indexar el valor de la acreencia mientras opere la misma. Por el cual se adoptan medidas de urgencia en materia de contratación estatal, con ocasión del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica derivada de la Pandemia COVID-19. Por el cual se adoptan medidas de urgencia para garantizar la atención y la prestación de los servicios por parte de las autoridades y los particulares que cumplan funciones públicas y se toman medidas para la protección laboral y de los contratistas de prestación de servicios de las entidades públicas, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica
Por la cual se profieren unas medidas en torno al funcionamiento de la Corporación Autónoma Regional del Tolima- CORTOLIMA- derivadas de la emergencia sanitaria a causa del Coronavirus COVID-19. Por auto de 31 de agosto de 2020, se avocó el conocimiento de la Resolución Nro. 1044 de 24 de julio de 2020 «Por la cual se profieren unas medidas en torno al funcionamiento de la Corporación Autónoma Regional del Tolima derivadas de la emergencia sanitaria a causa del Covid 19.»
Por la cual se profieren unas medidas en torno al funcionamiento de la Corporación Autónoma Regional del Tolima- CORTOLIMA- derivadas de la emergencia sanitaria a causa del Coronavirus COVID-19. Por la cual se profieren unas medidas en torno al funcionamiento de la Corporación Autónoma Regional del Tolima- CORTOLIMA- derivadas de la emergencia sanitaria a causa del Coronavirus COVID-19. Por la cual se profieren unas medidas en torno al funcionamiento de la Corporación Autónoma Regional del Tolima- CORTOLIMA- derivadas de la emergencia sanitaria a causa del Coronavirus COVID-19. Consejo De Estado; Sala Plena De Lo Contencioso Administrativo; Sala Cuarta (4) Especial De Decisión; Magistrada Ponente: LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ; Medio de Control: Control Inmediato de Legalidad; Sentencia de 14 de diciembre de 2020; exp. 11001-03-15-000-2020-03803-00; Entidad: CORTOLIMA. Por la cual se profieren unas medidas en torno al funcionamiento de la Corporación Autónoma Regional del Tolima- CORTOLIMA- derivadas de la emergencia sanitaria a causa del Coronavirus COVID-19. Dra. Diana Fabiola Millán Suárez. Por la cual se profieren unas medidas en torno al funcionamiento de la Corporación Autónoma Regional del Tolima- CORTOLIMA- derivadas de la emergencia sanitaria a causa del Coronavirus COVID-19. Dr. Carlos Humberto García Parrado
Por la cual se profieren unas medidas en torno al funcionamiento de la Corporación Autónoma Regional del Tolima- CORTOLIMA- derivadas de la emergencia sanitaria a causa del Coronavirus COVID-19. Por el cual se adoptan medidas de urgencia para garantizar la atención y la prestación de los servicios por parte de las autoridades públicas y los particulares que cumplan funciones públicas y se toman medidas para la protección laboral y de los contratistas de prestación de servicios en las entidades públicas en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica. Por el cual se adoptan medidas de urgencia en materia de contratación estatal, con ocasión del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica derivada de la Pandemia COVID-19. Por el cual se adoptan medidas de urgencia para garantizar la atención y la prestación de los servicios por parte de las autoridades públicas y los particulares que cumplan funciones públicas y se toman medidas para la protección laboral y de los contratistas de prestación de servicios de las entidades públicas, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en sesión virtual N°. 10 de 1 de abril de 2020, atribuyó a las Salas Especiales de Decisión previstas en el inciso 4° del artículo 107 de la Ley 1437 de 2011, y reguladas por los artículos 28 y 29 del Acuerdo 080 de 12 de marzo de 2019, -por medio del cual se expidió el Reglamento Interno del Consejo de Estado-, la competencia para decidir los procesos referidos al control inmediato de legalidad asignados a ésta. Por la cual se profieren unas medidas en torno al funcionamiento de la Corporación Autónoma Regional del Tolima- CORTOLIMA- derivadas de la emergencia sanitaria a causa del Coronavirus COVID-19. C-802 de 2002. El estado de sitio fue ampliamente utilizado por todos los presidentes de la República a lo largo del Siglo XX; aunque de manera desmedida, primero, porque su uso generalmente conllevaba restricciones exageradas a los derechos y garantías constitucionales, y segundo, porque de ser un mecanismo excepcional, se convirtió en la regla general, ya que se volvió usual que unas semanas después de llegar al cargo, los presidentes declaraban el “Estado de Sitio” y solo lo levantaban unas semanas antes de finalizar sus mandatos. Gacetas Asamblea Constituyente de 1991 números 4, 5, 7, 8, 9, 10, 20, 22, 26A, 34, 51, 55, 60, 63, 66, 67, 68, 71, 76, 103, 104, 105 y 107. La Constitución de 1886, consagró la figura denominada “estados de sitio” respecto de los cuales, el tratadista colombiano Jacobo Pérez Escobar, «en cuanto al origen remoto del estado de sitio, se han señalado las facultades extraordinarias que se daban a los dictadores romanos en la época de la República, como una excepción justificada dentro de cierto tiempo, para salvar la ciudad de cualquier peligro que pudiera amenazarla. Pero fue la Convención Francesa de 1791 la que empleó por primera vez la expresión ‘estado de sitio’, que luego han utilizado la mayor parte de las Constituciones de los siglos XIX y XX. Dicha Convención declaró el estado de sitio como una medida puramente militar, al llevarse a cabo la invasión de fuerzas extranjeras, con el solo objeto de organizar la defensa». Derecho constitucional colombiano. Editorial Temis. 1997. Bogotá D.C. CIFUENTES MUÑOZ, Eduardo. Los Estados de Excepción Constitucional en Colombia. El Nuevo Derecho Constitucional Latinoamericano, Volumen II, pp. 975-1000. Al respecto, la Corte Constitucional en sentencia C-670 de 2015, señaló que estos son actos jurídicos de gran trascendencia constitucional, pues a través de ellos “se altera transitoriamente el reparto ordinario de las funciones del Estado entre las tres ramas del poder público, y se faculta extraordinariamente al Poder Ejecutivo para conjurar, mediante medidas igualmente extraordinarias, las causas de la crisis a la que haya que responder»; por lo cual, en particular aquellos por los que se declaran los estados de emergencia económica, social o ecológica, «están sujetos al control automático e integral de constitucionalidad que ejerce la Corte Constitucional”. La administración, en virtud del artículo 41 de la Ley 489 de 1998, también ejerce la potestad instructiva, actos de carácter informal (directivas, circulares, instructivos, etc.) que ayudan a desarrollar de manera alternativa la función administrativa y cuyos efectos se proyectan únicamente en el ámbito interno de la administración con el objetivo de orientar, instruir o informar a los ciudadanos sobre el principio de legalidad; no obstante, dichos actos pueden impactar de igual forma en el bloque de legalidad, por lo que en estos eventos resulta procedente el control inmediato. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Rad. 11001-03-15-000-2010-00200-00(CA), sentencia de 5 de marzo de 2012, C.P. Alberto Yepes Barreiro. Por la cual se regulan los Estados de Excepción en Colombia. M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
Sostuvo textualmente la Corte: «…el ejercicio de un control integral sobre los actos de los poderes constituidos asegura la primacía de la Constitución como Norma de Normas que manda la regla 4ª del Estatuto Máximo y la misión confiada a su guardiana de preservar su "supremacía e integridad" por el constituyente en el artículo 215 superior. Si el gobierno decreta la emergencia sin que existan hechos sobrevinientes, graves o inminentes que perturben el orden económico, social o ecológico o amenacen perturbarlo, no está acaso violando la integridad de la Constitución. Un decreto con esas características sería abiertamente inconstitucional y no tendría razón de ser que ello no pudiera establecerse por el órgano creado para tal fin, esto es, la Corte Constitucional. Si así no se hiciere, se estaría violando la integridad de la Constitución por la misma entidad a la cual le fue confiada su guarda. Dicho de otro modo, si la Corte elude el control material de los decretos que declaran un estado de excepción, ello significaría que las facultades del Presidente de la República en esta materia serían supraconstitucionales. Y más aún: que esta Corte podría tolerar la actividad inconstitucional del Ejecutivo renunciando así a su deber de restablecer el imperio del Estatuto Supremo». A partir de entonces ésta sería la línea jurisprudencial mayoritaria, seguida entre otras, en las sentencias C-300 de 1994, C-366 de 1994, C-466 de 1995, C-027 de 1996 y C-122 de 1997 y reiterada por unanimidad en la sentencia C-802 de 2002. Ibídem. Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Por la cual se regulan los Estados de Excepción en Colombia. Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Ídem. Por la cual se regulan los Estados de Excepción en Colombia. Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Ver, entre muchas otras, sentencias de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del 28 de enero de 2003, exp. 2002-0949-01, M. P. Alier Eduardo Hernández Enríquez; del 7 de octubre de 2003, exp. 2003-0472-01, M. P. Tarsicio Cáceres Toro, del 16 de junio de 2009, exp. 2009-00305-00, y del 9 de diciembre de 2009, exp. 2009-0732-00, M. P. Enrique Gil Botero. Por la cual se regulan los Estados de Excepción en Colombia. Artículo 137 de la Ley 1437 de 2011. Artículo 135 de la Ley 1437 de 2011. De acuerdo con lo expuesto por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en reiterada jurisprudencia, ver, entre otras, las siguientes sentencias: (i) Del 7 de febrero de 2000; Expediente: CA-033. Magistrado Ponente: Alier Eduardo Hernández Enríquez. (ii) Del 20 de octubre de 2009, M. P. Mauricio Fajardo Gómez, expediente N° 2009-00549. (iii) Del 9 de diciembre de 2009, M. P. Enrique Gil Botero, expediente N° 2009-00732. Por la cual se regulan los Estados de Excepción en Colombia. Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Por la cual se regulan los Estados de Excepción en Colombia. Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Por la cual se regulan los Estados de Excepción en Colombia. Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Ibídem. Sobre los criterios de definición o conceptualización del «acto administrativo», puede consultarse a los siguientes autores: (i) Santofimio Gamboa, Jaime Orlando. Tratado de Derecho Administrativo. Tomo II. Acto Administrativo. Universidad Externado de Colombia. 4ª Edición. 2003. Bogotá D.C. // Berrocal Guerrero, Luis Enrique. Manual del Acto Administrativo. Bogotá D.C. Librería del Profesional. 2001. Santofimio Gamboa, Jaime Orlando. Tratado de Derecho Administrativo. Tomo II. Acto Administrativo. Universidad Externado de Colombia. 4ª Edición. 2003. Bogotá D.C. Páginas 161 a 164. Berrocal Guerrero, Luis Enrique. Manual del Acto Administrativo. Bogotá D.C. Librería del Profesional. 2001.
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contenciosos Administrativo. Dispone el artículo 207 de la Ley 1437 de 2011, que: “Agotada cada etapa del proceso, el juez ejercerá el control de legalidad para sanear los vicios que acarrean nulidades, los cuales salvo que se trate de hechos nuevos, no se podrán alegar en las etapas siguientes”. Igualmente, la Ley 1564 de 2012, también hace alusión al saneamiento procesal, pero señalando de manera precisa que se trata de un deber del juez. Al respecto, el canon 42 de la citada ley establece: “Artículo 42. Deberes del juez. Son deberes del juez. (…)5. Adoptar las medidas autorizadas en este Código para sanear los vicios de procedimiento o precaverlos, integrar el litisconsorcio necesario e interpretar la demanda de manera que permita decidir el fondo del asunto. Esta interpretación debe respetar el derecho de contradicción y el principio de congruencia”. En auto de la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado, Consejera Ponente Dra. Sandra Lisset Ibarra, de 23 de abril de 2015 (exp. 4791-203), la Corporación explicó, que: “… el saneamiento procesal, llamado también como principio de expurgación, es a su vez una materialización de los principios procesales de eficiencia, efectiva tutela judicial, congruencia y economía procesal, y podría definirse como el acto jurídico procesal propio del Juez, en el que se verifica que todos los elementos jurídicos procesales de la litis estén presentes, reexaminándose la relación jurídico procesal, para comprobar entre otras cosas, que los presupuestos procesales de la acción estén presentes, y que el Juez sustanciador sea el competente.” Y en auto de 14 de junio de 2016, la citada Consejera (exp. 2268-2013), se señaló que “El saneamiento procesal tiene como propósito, que en el transcurso o desarrollo del sumario, los aspectos formales o procesales como por ejemplo una indebida escogencia del mecanismo judicial, no retrasen ni impidan la decisión sobre el fondo, es decir, se busca con esta institución jurídica procesal, librar la causa de errores, defectos, omisiones, vicios, nulidades por efectos formales, o resoluciones judiciales mal dictadas o notificaciones mal diligenciadas, etc.”
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contenciosos Administrativo. Sentencia de 17 de septiembre de 1996, Consejero Ponente Dr. Mario Alario Méndez, radicación CA-001. Sobre el particular ver Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 3 de mayo de 1999, Consejero Ponente Dr. Ricardo Hoyos Duque, Radicación N°. CA-011. Sentencia de 21 de junio de 1999. Consejero Ponente Dr. Juan Alberto Polo Figueroa. Radicación N°. CA-026. Sentencia de 24 de septiembre de 2002. Consejero Ponente Dr. Alberto Arango Mantilla, Radicación N°. 11001-03-15-000-2002-0697-01(CA-003). Sentencia de 16 de junio de 2009, Consejero Ponente Dr. Enrique Gil Botero., Radicación N° 11001-03-15-000-2009-00305-00. Sentencia de 22 de febrero de 2011, Consejero Ponente Dr. Mauricio Torres Cuervo. Radicación N° 11001-03-15-000-2010-00452-00. Sentencia de 29 de octubre de 2013, Consejero Ponente Dr. Mauricio Fajardo Gómez, Radicación N°. 11001-03-15-000-2011-0074-00. Sobre el particular, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado con ponencia de la entonces Consejera Dra. Ruth Stella Correa Palacio en sentencia de 23 de noviembre de 2010 (Exp. N°. 11001-03-15-000-2010-00196-00) señaló los siguiente: “La Sala advierte que la integralidad que se predica de este control no puede fundarse en los mismos parámetros de aquel que le compete a la Corte Constitucional respecto de los decretos legislativos, expedidos al amparo de la declaratoria del estado de excepción, por expreso mandato superior (arts. 241 numeral 7º y 215, parágrafo). Dado que no es lo mismo revisar una norma legal de excepción delante de un número finito de disposiciones (como es la Constitución), que revisarla frente al “resto del ordenamiento jurídico”.
Si bien es cierto que el control automático supone un control integral, no puede pretenderse con ello que al ejercer tal control, el juez revise todo el ordenamiento jurídico. No pesa, entonces, sobre esta Corporación la carga de evaluar la juridicidad de la norma objeto de control frente a todos los preceptos superiores del ordenamiento jurídico que tengan relación con la materia. Este control debe confrontar en primer lugar la normativa propia de la situación de excepción, y en todo caso, si el Juez se percata de la existencia de la vulneración de cualquier otra norma que no haya sido suspendida o derogada por las disposiciones con fuerza de ley, dictadas al amparo del estado de excepción, procederá a declarar la ilegalidad de la norma que ha sido remitida para revisión a través del control inmediato de legalidad.”
Por la cual se regulan los Estados de Excepción en Colombia. Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contenciosos Administrativo. Sobre este aspecto, esta Corporación en sentencia de 5 de marzo de 2012 con ponencia del Consejero de Estado Dr. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas (Exp. N°. 11001-03-15-000-2010-00369-00) “En principio, podría pensarse que el control integral supone que el acto administrativo general se confronta frente a todo el ordenamiento jurídico. Sin embargo, debido a la complejidad del ordenamiento jurídico, el control de legalidad queda circunscrito a las normas invocadas en la sentencia con la que culmina el procedimiento especial de control de legalidad previsto en la ley estatutaria 137.”
En los términos del artículo 137 de la Ley 1437 de 2011, la nulidad de los actos administrativos de carácter general procede cuando “hayan sido expedidos con infracción de las normas en que debían fundarse, o sin competencia, o en forma irregular, o con desconocimiento del derecho de audiencia o defensa, o mediante falsa motivación, o con desviación de las atribuciones propias de quien las profirió”. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 2 de noviembre de 1999, Consejero Ponente Dr. Carlos Arturo Orjuela Góngora, radicación N°. CA-011. Sentencia de 3 de mayo de 1999, exp. CA- 011, Consejero ponente doctor Ricardo Hoyos Duque. Consejera Ponente Dra. Ruth Stella Correa Palacio, radicación N°. 11001-03-15-000-2010-00196-00. Por la cual se regulan los Estados de Excepción en Colombia. Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contenciosos Administrativo. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Rad. 11001-03-15-000-2015-02578-00(CA), sentencia de 24 de mayo de 2016, C.P. Guillermo Vargas Ayala. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión N°. 10, Consejera Ponente Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez. Sentencia de 11 de mayo de 2020. Radicación N° 11001-03-15-2020-00944-00. Corte Constitucional, sentencia C-720 de 11 de septiembre de 2007. Magistrada Ponente Dra. Catalina Botero Mariño. Corte Constitucional, Magistrado Ponente Dr. Humberto Antonio Sierra Porto. Sentencia C-857 de 3 de septiembre de 2008. Por la cual se regulan los Estados de Excepción en Colombia. Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contenciosos Administrativo. Por la cual se profieren unas medidas en torno al funcionamiento de la Corporación Autónoma Regional del Tolima- CORTOLIMA- derivadas de la emergencia sanitaria a causa del Coronavirus COVID-19. Por la cual se profieren unas medidas en torno al funcionamiento de la Corporación Autónoma Regional del Tolima- CORTOLIMA- derivadas de la emergencia sanitaria a causa del Coronavirus COVID-19. Por la cual se profieren unas medidas en torno al funcionamiento de la Corporación Autónoma Regional del Tolima- CORTOLIMA- derivadas de la emergencia sanitaria a causa del Coronavirus COVID-19. Por la cual se profieren unas medidas en torno al funcionamiento de la Corporación Autónoma Regional del Tolima- CORTOLIMA- derivadas de la emergencia sanitaria a causa del Coronavirus COVID-19.
Por la cual se profieren unas medidas en torno al funcionamiento de la Corporación Autónoma Regional del Tolima- CORTOLIMA- derivadas de la emergencia sanitaria a causa del Coronavirus COVID-19. Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones. Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones. Acuerdos 4 y 6 de 2013 de CORTOLIMA. Consulta el 1º de diciembre de 2020. Enlace: https://cortolima.gov.co/sites/default/files/images/stories/estatutos/ESTATUTOS_VIGENTES_CORTOLIMA_MODIFICADOS.pdf. Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones. Por la cual se profieren unas medidas en torno al funcionamiento de la Corporación Autónoma Regional del Tolima- CORTOLIMA- derivadas de la emergencia sanitaria a causa del Coronavirus COVID-19. Por la cual se profieren unas medidas en torno al funcionamiento de la Corporación Autónoma Regional del Tolima- CORTOLIMA- derivadas de la emergencia sanitaria a causa del Coronavirus COVID-19. Por el cual se declara un Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo en territorio nacional. Por el cual se adoptan medidas de urgencia en materia de contratación estatal, con ocasión del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica derivada de la Pandemia COVID-19. Por el cual se adoptan medidas de urgencia para garantizar la atención y la prestación de los servicios por parte de las autoridades públicas y los particulares que cumplan funciones públicas y se toman medidas para la protección laboral y de los contratistas de prestación de servicios de las entidades públicas, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica
Berrocal Guerrero Luis Enrique. Manual del Acto Administrativo, Séptima Edición, Librería Ediciones del Profesional LTDA. Bogotá, Colombia, 2016. Págs. 97 y 98. Por la cual se profieren unas medidas en torno al funcionamiento de la Corporación Autónoma Regional del Tolima- CORTOLIMA- derivadas de la emergencia sanitaria a causa del Coronavirus COVID-19. Por el cual se adoptan medidas de urgencia para garantizar la atención y la prestación de los servicios por parte de las autoridades públicas y los particulares que cumplan funciones públicas y se toman medidas para la protección laboral y de los contratistas de prestación de servicios en las entidades públicas en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica. Por el cual se adoptan medidas de urgencia en materia de contratación estatal, con ocasión del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica derivada de la Pandemia COVID-19. Consejo De Estado; Sala Plena De Lo Contencioso Administrativo; Sala Cuarta (4) Especial De Decisión; Magistrada Ponente: LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ; Medio de Control: Control Inmediato de Legalidad; Sentencia de 14 de diciembre de 2020; exp. 11001-03-15-000-2020-03803-00; Entidad: CORTOLIMA. Ver numeral 1.2 de los antecedentes de esta sentencia. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección C. Rad. 76001-23-31-000-2001-03460-01 (35273). M. P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Sentencia de 27 de noviembre de 2017. Por la cual se profieren unas medidas en torno al funcionamiento de la Corporación Autónoma Regional del Tolima- CORTOLIMA- derivadas de la emergencia sanitaria a causa del Coronavirus COVID-19. Artículo 2º.
Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. Por la cual se profieren unas medidas en torno al funcionamiento de la Corporación Autónoma Regional del Tolima- CORTOLIMA- derivadas de la emergencia sanitaria a causa del Coronavirus COVID-19. Por el cual se adoptan medidas de urgencia en materia de contratación estatal, con ocasión del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica derivada de la Pandemia COVID-19. Por el cual se adoptan medidas de urgencia para garantizar la atención y la prestación de los servicios por parte de las autoridades públicas y los particulares que cumplan funciones públicas y se toman medidas para la protección laboral y de los contratistas de prestación de servicios de las entidades públicas, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica
Por el cual se declara un Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio Nacional. HYPERLINK "https://www.cortolima.gov.co/sites/default/files/images/stories/C20200810-1094R.pdf" https://www.cortolima.gov.co/sites/default/files/images/stories/C20200810-1094R.pdf
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Rad. 1001-03-15-000-2010-00390-00(CA), sentencia de 15 de octubre de 2013, C.P. Marco Antonio Velilla. Por la cual se profieren unas medidas en torno al funcionamiento de la Corporación Autónoma Regional del Tolima- CORTOLIMA- derivadas de la emergencia sanitaria a causa del Coronavirus COVID-19. Por la cual se profieren unas medidas en torno al funcionamiento de la Corporación Autónoma Regional del Tolima- CORTOLIMA- derivadas de la emergencia sanitaria a causa del Coronavirus COVID-19. Por el cual se adoptan medidas de urgencia en materia de contratación estatal, con ocasión del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica derivada de la Pandemia COVID-19. Por el cual se adoptan medidas de urgencia para garantizar la atención y la prestación de los servicios por parte de las autoridades públicas y los particulares que cumplan funciones públicas y se toman medidas para la protección laboral y de los contratistas de prestación de servicios de las entidades públicas, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica. Por la cual se profieren unas medidas en torno al funcionamiento de la Corporación Autónoma Regional del Tolima- CORTOLIMA- derivadas de la emergencia sanitaria a causa del Coronavirus COVID-19. Por la cual se declara la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19 y se adoptan medidas para hacer frente al virus. Por la cual se prorroga la emergencia sanitaria por el nuevo Coronavirus que causa la COVID - 19, se modifica la Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, modificada por las Resoluciones 407 y 450 de 2020 y se dictan otras disposiciones.
en donde se indican las acciones para implementar en la administración pública las medidas establecidas en el protocolo general de bioseguridad adoptado en la Resolución 666 del 24 de abril de 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social.
Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19 y el mantenimiento del orden público.
“Por el cual se adoptan medidas de urgencia en materia de contratación estatal, con ocasión del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica derivada de la Pandemia COVID-19”. Por el cual se adoptan medidas de urgencia para garantizar la atención y la prestación de los servicios por parte de las autoridades públicas y los particulares que cumplan funciones públicas y se toman medidas para la protección laboral y de los contratistas de prestación de servicios de las entidades públicas en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica. Por la cual se profieren unas medidas en torno al funcionamiento de la Corporación Autónoma Regional del Tolima — CORTOLIMA- derivadas de la emergencia sanitaria a causa del Coronavirus CO VID 19. Por el cual se adoptan medidas de urgencia en materia de contratación estatal, con ocasión del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica derivada de la Pandemia COVID-19. Por el cual se adoptan medidas de urgencia para garantizar la atención y la prestación de los servicios por parte de las autoridades y los particulares que cumplan funciones públicas y se toman medidas para la protección laboral y de los contratistas de prestación de servicios de las entidades públicas, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica. Por el cual se adoptan medidas de urgencia en materia de contratación estatal, con ocasión del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica derivada de la Pandemia COVID-19. Por el cual se adoptan medidas de urgencia para garantizar la atención y la prestación de los servicios por parte de las autoridades públicas y los particulares que cumplan funciones públicas y se toman medidas para la protección laboral y de los contratistas de prestación de servicios de las entidades públicas, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica. Por la cual se profieren unas medidas en torno al funcionamiento de la Corporación Autónoma Regional del Tolima — CORTOLIMA- derivadas de la emergencia sanitaria a causa del Coronavirus CO VID 19. Por el cual se adoptan medidas de urgencia para garantizar la atención y la prestación de los servicios por parte de las autoridades públicas y los particulares que cumplan funciones públicas y se toman medidas para la protección laboral y de los contratistas de prestación de servicios de las entidades públicas, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica. Por la cual se profieren unas medidas en torno al funcionamiento de la Corporación Autónoma Regional del Tolima — CORTOLIMA- derivadas de la emergencia sanitaria a causa del Coronavirus CO VID 19. Por la cual se adoptan unas medidas transitorias por causa del coronavirus COVID19 en la Corporación Autónoma Regional del Tolima - CORTOLIMA — y se dictan otras disposiciones. Por el cual se adoptan medidas de urgencia para garantizar la atención y la prestación de los servicios por parte de las autoridades públicas y los particulares que cumplan funciones públicas y se toman medidas para la protección laboral y de los contratistas de prestación de servicios de las entidades públicas, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica. Por el cual se adoptan medidas de urgencia para garantizar la atención y la prestación de los servicios por parte de las autoridades públicas y los particulares que cumplan funciones públicas y se toman medidas para la protección laboral y de los contratistas de prestación de servicios de las entidades públicas, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica. Por la cual se profieren unas medidas en torno al funcionamiento de la Corporación Autónoma Regional del Tolima — CORTOLIMA- derivadas de la emergencia sanitaria a causa del Coronavirus CO VID 19.
Por el cual se adoptan medidas de urgencia para garantizar la atención y la prestación de los servicios por parte de las autoridades públicas y los particulares que cumplan funciones públicas y se toman medidas para la protección laboral y de los contratistas de prestación de servicios de las entidades públicas, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica. Por el cual se adoptan medidas de urgencia para garantizar la atención y la prestación de los servicios por parte de las autoridades públicas y los particulares que cumplan funciones públicas y se toman medidas para la protección laboral y de los contratistas de prestación de servicios de las entidades públicas, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica. Por el cual se adoptan medidas de urgencia para garantizar la atención y la prestación de los servicios por parte de las autoridades públicas y los particulares que cumplan funciones públicas y se toman medidas para la protección laboral y de los contratistas de prestación de servicios de las entidades públicas, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica. Por la cual se profieren unas medidas en torno al funcionamiento de la Corporación Autónoma Regional del Tolima — CORTOLIMA- derivadas de la emergencia sanitaria a causa del Coronavirus CO VID 19. La Corte declaró la EXEQUIBILIDAD CONDICIONADA del artículo 4° del Decreto 491 de 2020, bajo el entendido de que, ante la imposibilidad manifiesta de una persona de suministrar una dirección de correo electrónico, podrá indicar un medio alternativo para facilitar la notificación o comunicación de los actos administrativos. En la sentencia se resolvió declarar la EXEQUIBILIDAD del artículo 6° del Decreto 491 de 2020, salvo la de su parágrafo 1° que se declara INEXEQUIBLE, y la de su parágrafo 2° en relación con el cual se declara la EXEQUIBILIDAD CONDICIONADA, bajo el entendido de que cuando la suspensión de términos implique la inaplicación de una norma que contemple una sanción moratoria, las autoridades deberán indexar el valor de la acreencia mientras opere la misma. Por el cual se adoptan medidas de urgencia para garantizar la atención y la prestación de los servicios por parte de las autoridades públicas y los particulares que cumplan funciones públicas y se toman medidas para la protección laboral y de los contratistas de prestación de servicios en las entidades públicas en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica. Magistrado Ponente Dr. Luis Guillermo Guerrero Pérez – Dra. Cristina Pardo Schelesinger. Por la cual se profieren unas medidas en torno al funcionamiento de la Corporación Autónoma Regional del Tolima — CORTOLIMA- derivadas de la emergencia sanitaria a causa del Coronavirus CO VID 19. Consejo De Estado; Sala Plena De Lo Contencioso Administrativo; Sala Cuarta (4) Especial De Decisión; Magistrada Ponente: LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ; Medio de Control: Control Inmediato de Legalidad; Sentencia de 14 de diciembre de 2020; exp. 11001-03-15-000-2020-03803-00; Entidad: CORTOLIMA
“Durante el período de aislamiento preventivo obligatorio las personas naturales vinculadas a las entidades públicas mediante contrato de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, continuarán desarrollando sus objetos y obligaciones contractuales mediante trabajo en casa y haciendo uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Aquellos contratistas cuyas obligaciones sólo se puedan realizar de manera presencial, continuarán percibiendo el valor de los honorarios durante el período de aislamiento preventivo obligatorio, previa verificación por parte del supervisor de la cotización al Sistema General de Seguridad Social.
Esto sin perjuicio de que una vez superados los hechos que dieron lugar a la Emergencia Sanitaria cumplan con su objeto y obligaciones en los términos pactados en sus contratos. // La declaratoria de Emergencia Económica, Social y Ecológica y la declaratoria de Emergencia Sanitaria, así como las medidas que se adopten en desarrollo de las mismas no constituyen causal para terminar o suspender unilateralmente los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión celebrados con el Estado. // Parágrafo. Para la recepción, trámite y pago de los honorarios de los contratistas, las entidades del Estado deberán habilitar mecanismos electrónicos”. Declarado exequible por la Corte Constitucional en la sentencia C-242 de 2020. Énfasis de la Sala.
“Los contratos de prestación de servicios administrativos, suscritos por personas jurídicas con entidades públicas, cuyo objeto sea la prestación del servicio de vigilancia, aseo, y/o cafetería, transporte y demás servicios de esta naturaleza no serán suspendidos mientras dure el aislamiento preventivo obligatorio. Para que se efectúe el pago a las empresas contratistas éstas deberán certificar el pago de nómina y seguridad social a los empleados que se encuentren vinculados al inicio de la Emergencia Sanitaria. // Parágrafo. Para la recepción, trámite y pago de facturas y cuentas de cobro, las entidades del Estado deberán habilitar mecanismos electrónicos”. Declarado exequible por la Corte Constitucional en la sentencia C-242 de 2020. Por la cual se profieren unas medidas en torno al funcionamiento de la Corporación Autónoma Regional del Tolima — CORTOLIMA- derivadas de la emergencia sanitaria a causa del Coronavirus CO VID 19. Por el cual se adoptan medidas de urgencia en materia de contratación estatal, con ocasión del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica derivada de la Pandemia COVID-19. Por el cual se adoptan medidas de urgencia para garantizar la atención y la prestación de los servicios por parte de las autoridades y los particulares que cumplan funciones públicas y se toman medidas para la protección laboral y de los contratistas de prestación de servicios de las entidades públicas, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica. Por la cual se profieren unas medidas en torno al funcionamiento de la Corporación Autónoma Regional del Tolima — CORTOLIMA- derivadas de la emergencia sanitaria a causa del Coronavirus CO VID 19. Por el cual se adoptan medidas de urgencia en materia de contratación estatal, con ocasión del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica derivada de la Pandemia COVID-19. Por el cual se adoptan medidas de urgencia para garantizar la atención y la prestación de los servicios por parte de las autoridades públicas y los particulares que cumplan funciones públicas y se toman medidas para la protección laboral y de los contratistas de prestación de servicios en las entidades públicas en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica. Consejo de Estado- Sala de lo Contencioso Administrativo- Sección Primera. Sentencia del 18 de diciembre de 1997. Actor: Luis Mario Duque. Demandado: Director de Catastro Municipal de Cali. Consejero Ponente Dr. Manuel Santiago Urueta Ayola; posición reiterada por la Sección Quinta en la sentencia de 17 de marzo de 2005, proferida en el expediente de Radicación número: 13001-23-31-000-2004-00003-01 (3321) C.P. María Nohemí Hernández Pinzón; Consejo De Estado, Sección, Primera Consejero ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ., 12 de julio de 2018, Radicación número: 11001-03-24-000-2012-00073-00. Sentencia C-957 de 1999, con ponencia del magistrado Álvaro Tafur Galvis. Consejo de Estado; Sala de lo Contencioso Administrativo; Sala Especial De Decisión N° 4; Magistrada Ponente: Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez; Sentencia de 8 de febrero de 2021 en el proceso de Control Inmediato de Legalidad, rad. 11001-03-15-000-2020-01408-00.
Por la cual se profieren unas medidas en torno al funcionamiento de la Corporación Autónoma Regional del Tolima — CORTOLIMA- derivadas de la emergencia sanitaria a causa del Coronavirus CO VID 19. Sobre este aspecto consultar: sentencia de 20 de octubre de 2009, exp. 11001-03-15-000-2009-00549-00(CA); Sentencia de 23 de noviembre de 2010, exp. 11001-03-15-000-2010-00196-00(CA); sentencia de 18 de enero de 2011, exp. 11001-03-15-000-2010-00165-00(CA); sentencia de 12 de abril de 2011, exp. 11001-03-15-000-2010-00170-00(CA)
Por la cual se profieren unas medidas en torno al funcionamiento de la Corporación Autónoma Regional del Tolima — CORTOLIMA- derivadas de la emergencia sanitaria a causa del Coronavirus CO VID 19.
«firma de providencias, conceptos, dictámenes, salvamentos de voto y aclaraciones de voto. Las providencias, conceptos o dictámenes del Consejo de Estado, o de sus salas, secciones, subsecciones, o de los Tribunales Administrativos, o de cualquiera de sus secciones, una vez acordados, deberán ser firmados por los miembros de la corporación que hubieran intervenido en su adopción, aún por los que hayan disentido. Al pie de la providencia, concepto o dictamen se dejará constancia de los Magistrados ausentes. Quienes participaron en las deliberaciones, pero no en la votación del proyecto, no tendrán derecho a votarlo. // Los Magistrados discrepantes tendrán derecho a salvar o aclarar el voto. Para ese efecto, una vez firmada y notificada la providencia, concepto o dictamen, el expediente permanecerá en secretaría por el término común de cinco (5) días. La decisión, concepto o dictamen tendrá la fecha en que se adoptó. El salvamento o aclaración deberá ser firmado por su autor y se agregará al expediente.// Si dentro del término legal el Magistrado discrepante no sustentare el salvamento o la aclaración de voto, sin justa causa, perderá este derecho». Por la cual se profieren unas medidas en torno al funcionamiento de la Corporación Autónoma Regional del Tolima — CORTOLIMA- derivadas de la emergencia sanitaria a causa del Coronavirus CO VID 19. De conformidad con lo expuesto en el auto de 31 de mayo de 2021, por medio del cual la Magistrada Sustanciadora de este asunto avocó el conocimiento de la citada norma para su estudio de legalidad. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia del 11 de abril de 2019, Exp. 11001-03-24-000-2012-00211-00, M.P. Nubia Margoth Peña Garzón. En el mismo sentido se pueden consultar las sentencias del 18 de julio de 2012, Exp. 11001-03-24-000-2007-00193-00, M.P. María Elizabeth García González; Sentencia del 1º de febrero de 2001, Exp 6375, M.P. Olga Inés Navarrete Barrero; Sentencia del 9 de marzo de 2009, Exp. 2005-00285. M.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta. Exp. 2005-00285. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia del 30.09.19 Rad. 11001-03-24-000-2018-00166-00. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia del 11.04.19. MP. Nubia Margoth Peña Garzón. Rad. 11001-03-24-000-2012-00211-00. Providencia del 18.07.12 MP. María Elizabeth García González. Rad. 11001-03-24-000-2007-00193-00. Providencia del 1.02.01. MP. Olga Inés Navarrete Barrero. Rad. 6375. Providencia del 9.03.09. MP. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta. Rad. 2005-00285.
Porque por razón de su naturaleza contienen directrices, orientaciones o instrucciones que se dictan para desarrollar la actividad administrativa o para informar aspectos propios de la prestación de un servicio o de la realización de una determinada función.
“[…] bajo el entendido de que, ante la imposibilidad de efectuar la notificación o comunicación de los actos administrativos de forma electrónica, estas se podrán realizar, también, a través de otros medios idóneos, verbigracia, de una llamada telefónica, el envío de un mensaje de texto o de voz al celular o un aviso por una estación de radio comunitaria […]”.
“[…] ARTICULO TERCERO: Levantamiento de la suspensión de términos- A partir del 11 de agosto de 2020, se levanta la suspensión de términos que se hayan establecido desde la expedición de Resolución 0574 de marzo 16 de 2020 hasta la fecha […]”.
“[…] Que como consecuencia de lo mencionado en el considerando anterior, se profiere Resolución 1044 del 24 de julio de 2020 "Por la cual se profieren unas medidas en torno al funcionamiento de la Corporación Autónoma Regional del Tolima derivadas de la emergencia sanitaria a causa el Covid 19", entre otras medidas suspendió la asistencia y atención al público en general, a las oficinas de la Corporación Autónoma Regional del Tolima - CORTOLIMA, así como las visitas, reuniones y salidas de campo del personal vinculado a la Corporación, hasta el día 10 de agosto de 2020, además de la suspensión de términos en algunos procesos y trámites administrativos.
[…]
Que conforme al mensaje interno 086 de agosto 06 de 2020, emitido por la Subdirección Administrativa y Financiera, informa a la Dirección General "que mediante oficio N° SADE 502944 de fecha 06 de agosto DE 2020, se emitió concepto de parte de la ARL COLMENA por la profesional Francy Lorena Yaima Mora en su calidad de Director Integral de Servicios Regional Centro, en el que da aprobación para el reintegro de actividades presenciales en la corporación, y recomienda el cumplimiento de todos los protocolos de cuidado y prevención para evitar la propagación del contagio del COVID-19". Que en dentro de la misma comunicación se esboza: "esta subdirección encargada de hacer el seguimiento acompañamiento, supervisión, informa ala dirección general que nos encontramos con el personal capacitado e informado y con los elementos de protección en orden para el reinicio de las actividades presenciales a partir del día 11 de agosto de 2020 […]”.
“Por el cual se adoptan medidas de urgencia para garantizar la atención y la prestación de los servicios por parte de las autoridades públicas y los particulares que cumplan funciones públicas y se toman medidas para la protección laboral y de los contratistas de prestación de servicios de las entidades púbicas, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica”.
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.