Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2020-03917-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Estados de excepción: finalidad y alcance
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2020-03917-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2020-03917-00
Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto
22 de julio de 2021
MEDIO DE CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD – Efectos de la sentencia / RESOLUCIÒN 1558 DE 2020 – Expedida por la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena (CAM)
El inciso primero del artículo 189 de la Ley 1437 de 2011 al referirse a los efectos de la sentencia, establece que la que declara la legalidad de las medidas que se revisen en ejercicio del control inmediato de legalidad, producirán efectos erga omnes solo en relación con las normas jurídicas superiores frente a las cuales se realice el examen. Es decir, a juicio del legislador los contenidos normativos que hayan sido objeto de análisis por el Consejo de Estado como juzgador del control inmediato de legalidad tienen efectos definitivos e inmutables, esto es, hacen tránsito a cosa juzgada, sin perjuicio de que, por otras razones, puedan ser demandados en ejercicio del medio de control de simple nulidad. Dicho de otra manera, en consonancia con el artículo 237 de la Ley 1437 de 2011, las autoridades administrativas no podrán reproducir el contenido de un acto administrativo anulado o suspendido, a menos que con posterioridad a la sentencia o al auto, hayan desaparecido los fundamentos legales de la anulación o suspensión.
FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 189 / LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 237
ESTADOS DE EXCEPCIÓN - Finalidad y alcance
Los estados de excepción o poderes excepcionales, como los denomina la doctrina, están previstos en las constituciones democráticas con el fin de que el Presidente de la República expida medidas de excepción, no frente a situaciones de mera urgencia o necesidad, «sino de aquellas que representen un peligro de tal gravedad para la comunidad política que justifican la adopción de medidas restrictivas de derechos y libertades garantizados por la Constitución» , con los límites que allí se establecen, en armonía con el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, lo que requiere el establecimiento de controles estrictos para valorar la juridicidad de esas decisiones (control jurídico) y la conveniencia de las mismas (control político). […] A manera de conclusión, la Constitución Política de 1991 ha significado un importante salto cualitativo en la regulación de los estados de excepción en el constitucionalismo colombiano, al establecer unas condiciones claras y precisas para su ejercicio con el fin de evitar excesos y desbordamientos en esa facultad extraordinaria entregada al Presidente de la República, cuya principal contención son los controles jurídicos como manifestación del control de constitucionalidad.
NOTA DE RELATORÍA: La decisión desarrolla las modalidades de estado de excepción en vigencia de la Constitución Nacional de 1886.
NOTA DE RELATORÍA: Sobre las características de los estados de excepción en el marco constitucional de 1886, ver: Corte Constitucional, sentencia C-082 de 2002.
CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD – Mecanismo de control de constitucionalidad
El artículo 4 superior señala que la Constitución es norma de normas y en caso de incompatibilidad entre la Carta Política y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales. Este artículo establece expresamente el principio de supremacía constitucional, cuyo entendimiento se debe articular con la noción de valor normativo, es decir, que la Constitución tiene una aplicación directa y prevalente en el ordenamiento jurídico, sin que sea necesario algún tipo de desarrollo legislativo. La supremacía y el valor normativo de la Constitución, por sí mismos, no son suficientes para que ese ordenamiento fundacional tenga plena aplicabilidad y vigencia. Es necesario contar con un mecanismo que, en el proceso de formación y consolidación del Estado de Derecho, se ha denominado el control de constitucionalidad, cuya principal finalidad es la defensa de la Constitución. […] La Constitución Política de 1991, incorpora diversas manifestaciones del control de constitucionalidad, a saber: (i) la función entregada a la Corte Constitucional en virtud de las competencias asignadas en el control abstracto y concreto de constitucionalidad (art. 241 de la Constitución); (ii) la atribución del Consejo de Estado a través de la acción de pérdida de investidura de congresistas y la acción pública de nulidad por inconstitucionalidad (arts. 184 y 237 numeral 2 de la Constitución); (iii) la facultad de los Tribunales Administrativos, en única instancia, de conocer las objeciones por motivos de inconstitucionalidad y legalidad de los proyectos de ordenanza departamental y de acuerdo municipal, formuladas por los gobernadores y alcaldes, respectivamente (arts. 305 numeral 9 y 315 numeral 6 de la Constitución) ; (iv) el control por vía de excepción de inconstitucionalidad cuya competencia recae en las autoridades judiciales y administrativas (art. 4 de la Constitución) y (v) la competencia de todas las autoridades judiciales para conocer acciones de tutela (art. 86 de la Constitución). Otro de esos mecanismos de defensa de la Constitución, de creación legal, es el control inmediato de legalidad previsto en el artículo 20 de la Ley Estatutaria 137 de 1994 […].Con la entrada en vigencia del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), el artículo 136 reprodujo el artículo 20 de la Ley 137 de 1994, e incorporó en el artículo 185 un trámite expedito y sumario para el control inmediato de legalidad, el cual se caracteriza por no tener un carácter adversarial. De allí que algunas expresiones como auto admisorio de la demanda o acto demandado, no sean propias de un control automático en el que se avoca o no el conocimiento del asunto, se garantiza el derecho de participación a través de la fijación de un aviso para que cualquier ciudadano u organizaciones públicas, privadas o expertos defiendan o impugnen la constitucionalidad y legalidad del acto administrativo, es obligatorio que el Ministerio Público rinda concepto y termina con la adopción de una sentencia. Así las cosas, el control inmediato de legalidad, en tanto manifestación del control de constitucionalidad, habilita a la jurisdicción contencioso administrativa para examinar desde el punto de vista formal y material las medidas administrativas de contenido general expedidas por las autoridades nacionales y territoriales, llámense reglamentos o actos administrativos, en desarrollo de los decretos legislativos dictados durante los estados de excepción, como una contención adicional al control jurídico que ejerce la Corte Constitucional respecto de los decretos legislativos.
FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 4 / LEY 137 DE 1994 – ARTÍCULO 20 / LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 136 / LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 185
NOTA DE RELATORÍA: Sobre la revisión de constitucionalidad del artículo 20 de la Ley 137 de 1994, ver: Corte Constitucional, sentencia C-179 DE 1994.
NOTA DE RELATORÍA: Sobre las características de la facultad reglamentaria precisadas en la jurisprudencia del Consejo de Estado, ver: Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto número 2318 del 19 de septiembre de 2017, rad. 11001-03-06-000-2016-00220-00
NOTA DE RELATORÍA: Sobre la distinción entre acto administrativo y reglamento, ver: Op. Cit. Curso de Derecho Administrativo, p. 214.
CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD / CONTROL DE CONVENCIONALIDAD
El estudio de las medidas administrativas de contenido general como desarrollo de los decretos legislativos en los estados de excepción, además de realizarse desde el marco constitucional y la Ley Estatutaria de los Estados de Excepción, debe atender las obligaciones de los instrumentos internacionales aplicables, ratificados por el Estado colombiano, como obligaciones adquiridas de buena fe que no pueden ser desatendidas (art. 93 de la Constitución). La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), ha entendido que ese análisis se debe efectuar bajo la noción del control de convencionalidad, denominación que desarrolló ese tribunal internacional por primera vez en el caso Almonacid Arellano vs. Chile […]. Como se indicó en el numeral 2.1. supra, la declaratoria de los estados de excepción está estrechamente ligada al Estado de Derecho, lo que supone que el Presidente de la República tiene precisos límites formales y materiales señalados en la Constitución Política, la Ley Estatutaria de los Estados de Excepción y los instrumentos internacionales de derechos humanos y del derecho internacional humanitario ratificados por el Estado colombiano, lo que se extiende a las demás autoridades administrativas. El artículo 214 de la Carta Política establece como reglas del derecho internacional, a las que se someterán los estados de excepción: (i) que no podrán suspenderse los derechos humanos ni las libertades fundamentales; en todo caso, se respetarán las reglas del derecho internacional humanitario y (ii) que una ley estatutaria regulará las facultades del Gobierno durante los estados de excepción y establecerá los controles judiciales y las garantías para proteger los derechos, de conformidad con los tratados internacionales.
FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 93 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 214
CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD – Principios que deben cumplirse en los estados de excepción para definir su conformidad con las normas internacionales
Con base en lo anterior, el Informe detalla los principios que deben cumplirse en los estados de excepción para definir su conformidad con las normas internacionales, a saber: (i) Principio de legalidad, en virtud del cual es necesaria la preexistencia de normas que lo regulan y la existencia de mecanismos de control; (ii) Principio de proclamación o de publicidad, cuya finalidad es que haya una declaración oficial que dé cuenta de la amplitud material, territorial de la aplicación de medidas de emergencia; (iii) Principio de notificación, dirigido a la comunidad internacional, con el fin de informar sobre la imposibilidad de cumplir transitoriamente ciertas obligaciones adquiridas por el Estado Parte en una convención. También se debe notificar el levantamiento de la medida de excepción; (iv) Principio de temporalidad, dirigido a que se indique la limitación en el tiempo y evitar la permanencia indefinida del estado de excepción; (v) Principio de amenaza excepcional, relativo a la naturaleza del peligro y a los presupuestos de hecho, los cuales se circunscriben al concepto de circunstancias excepcionales; (vi) Principio de proporcionalidad, que supone una relación de adecuación entre el peligro inminente y los medios utilizados para repelerlo. Además, para ser legítimos deben ser proporcionales a la gravedad del peligro; (vii) Principio de no discriminación, que debe ser considerado como una condición especial para ejercer el derecho de suspensión que esos instrumentos reconocen a los Estados Partes, el cual no acepta ningún tipo de limitación ni derogación; y (viii) Principios de compatibilidad, concordancia y complementariedad de las normas del derecho internacional, los cuales buscan armonizar las distintas obligaciones asumidas por los Estados en el orden internacional y a reforzar la protección de los derechos humanos en las situaciones de crisis mediante la aplicación concordante y complementaria de las normas establecidas para salvaguardar los derechos humanos en los estados de excepción. (ix) Principio de intangibilidad del ejercicio de los derechos humanos fundamentales, respecto del cual el artículo 27 de la CADH dispone un listado de derechos más amplio, en comparación con el artículo 4 del PIDCP, a lo que se agrega la imposibilidad de suspender los derechos de amparo y hábeas corpus para proteger los derechos y libertades en los estados de excepción. Así las cosas, los estándares del derecho internacional se constituyen en un parámetro de referencia obligatorio en el examen del control inmediato de legalidad, lo que se traduce en un examen de convencionalidad de las medidas administrativas adoptadas por las autoridades como desarrollo de los decretos legislativos en los estados de excepción.
CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD – Características
En suma, el control inmediato de legalidad (i) tiene la connotación de un proceso judicial y la providencia con la que concluye tiene las características de una sentencia judicial, (ii) es automático e inmediato, (iii) es integral, (iv) es autónomo, (v) la sentencia que decide el control de legalidad hace tránsito a cosa juzgada relativa y, por lo tanto, (vi) es compatible con las acción de simple nulidad y de nulidad por inconstitucionalidad prevista en el artículo 237-2 de la Constitución Política.
CONSEJO DE ESTADO
SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA ONCE ESPECIAL DE DECISIÓN
Consejera ponente: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Bogotá D.C., veintidós (22) de julio de dos mil veintiuno (2021)
Radicación número: 11001-03-15-000-2020-03917-00(CA)
Actor: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA (CAM)
Demandado: RESOLUCIÓN 1558 DEL 31 DE AGOSTO DE 2020
Asunto: Control inmediato de legalidad de la Resolución No. 1558 de 31 de agosto de 2020, «Por medio de la cual se modifica la Resolución No. 666 del 01 de abril de 2020 por medio de la cual adoptan medidas de urgencia para garantizar la atención a los usuarios de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena CAM y se toman medidas»
FALLO CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD
La Sala Once Especial de Decisión del Consejo de Estado en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, en especial las conferidas por los artículos 20 de la Ley 137 de 1994 y 136 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), ejerce el control inmediato de legalidad sobre los artículos 3 (parcial), 6 y 7 de la Resolución No. 1558 de 31 de agosto de 2020, «Por medio de la cual se modifica la Resolución No. 666 del 01 de abril de 2020 por medio de la cual adoptan medidas de urgencia para garantizar la atención a los usuarios de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena CAM y se toman medidas», expedida por el Director General de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena -CAM-.
ANTECEDENTES
1. Acto sometido a control inmediato de legalidad
El Director General de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena -CAM-, remitió la Resolución No. 1558 de 31 de agosto de 2020, para efectos del control inmediato de legalidad que le corresponde realizar al Consejo de Estado.
El texto de la Resolución es el siguiente:
«RESOLUCIÓN No. 1558
(31 de agosto de 2020)
POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA LA RESOLUCIÓN No. 666 DEL 01 DE ABRIL DE 2020 POR MEDIO DE LA CUAL ADOPTAN MEDIDAS DE URGENCIA PARA GARANTIZAR LA ATENCIÓN A LOS USUARIOS DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA CAM Y SE TOMAN MEDIDAS.
El Director General de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena – CAM, en ejercicio de las facultades legales y estatutarias, en especial las conferidas en la Ley 99 de 1993, y
CONSIDERANDO
Que el día 7 de enero de 2020, la Organización Mundial de la Salud- OMS, identificó el nuevo coronavirus COVID-19 y declaró este brote como emergencia de salud pública de importancia internacional.
Que el día 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud – OMS, declaró el actual brote de enfermedad por coronavirus COVID-19 como una pandemia, esencialmente por la velocidad de su propagación y la escala de trasmisión, instando a los países a tomar acciones urgentes.
Que el pasado 12 de marzo de 2020, el Ministerio de Salud y Protección Social, mediante la Resolución No. 385 de 2020, declaró la situación de emergencia sanitaria en todo el territorio nacional hasta el próximo 30 de mayo de 2020.
Que a través del Decreto No. 417 del 17 de marzo de 2020, el Presidente de la República Iván Duque Márquez, declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio Nacional por el término de treinta (30) días calendario, con el fin de evitar la propagación de la pandemia del virus COVID -19 y contener [los] efectos de la misma.
Que el Decreto 417 de 2020, en su parte considerativa contempló que con el propósito de limitar las posibilidades de propagación del nuevo virus y de proteger la salud del público en general y de los servidores públicos, se hace necesaria la expedición de normas [de] orden legal que flexibilicen la obligación de atención personalizada al usuario, así como la suspensión de términos legales en las actuaciones administrativas y jurisdiccionales, inclusive en los procedimientos sancionatorios contenidos en la Ley 9 de 1979 y en la Ley 1437 de 2011, garantizando el debido proceso y el derecho a la defensa.
Que mediante el Decreto 418 del 18 de marzo 2020 se dictaron medidas transitorias para expedir normas en materia de orden público, señalando que la dirección del orden público con el objeto de prevenir y controlar la propagación del Coronavirus COVID-19 en el territorio nacional y mitigar sus efectos, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19, estará en cabeza [del] presidente de la República.
Que en el precitado Decreto 418 del 18 de marzo de 2020 se estableció que en el marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19, se aplicarán de manera inmediata y preferente sobre las disposiciones de gobernadores y alcaldes las instrucciones, actos, y órdenes del presidente de la República.
Que a partir del Decreto No. 457 del 22 de marzo de 2020, el Presidente de la República ordenó el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la República de Colombia, desde las cero horas (00:00 a.m) del día 25 de marzo de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m) del día 13 de abril de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID -19.
Que para efectos de lograr el efectivo aislamiento preventivo obligatorio, el Decreto No. 457 de 2020, limitó totalmente la libre circulación de personas y vehículos en el territorio nacional, con las excepciones previstas en el artículo 3.
Que mediante el Decreto No. 465 del 23 de marzo de 2020, se adicionó el Decreto 1076 de 2015, en lo relacionado con la adopción de disposiciones transitorias en materia de concesiones de agua para la prestación del servicio público esencial de acueducto y se tomaron otras determinaciones en el marco de la emergencia sanitaria declarada por el Gobierno Nacional a causa de la Pandemia COVID-19.
Que a través del Decreto No. 491 del 28 de marzo de 2020, se adoptaron medidas de urgencia en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, esto es la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, las cuales son de obligatorio cumplimiento para todas los organismos y entidades que conforman las ramas del poder público en sus distintos órdenes, sectores y niveles, órganos de control, órganos autónomos e independientes del Estado, y a los particulares cuando cumplan funciones públicas.
Que mediante el Decreto 531 del 08 de Abril de 2020, el Presidente de la República impartió instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19, ordenando el aislamiento preventivo de todas la personas habitantes de la República de Colombia, a partir de las cero horas (00:00 a.m) del día 13 de abril de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m) del día 27 de abril de 2020, con las excepciones a la libre circulación de personas y vehículos previstas en el artículo tercero de dicho Decreto.
Que en atención a la declaratoria de emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social a través de la Resolución No. 385 del 12 de marzo de 2020 y en especial a las disposiciones contenidas en el Decreto No. 491 de fecha 28 de marzo de 2020; la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena - CAM, adoptó a través de la Resolución No. 666 de 2020, medidas de urgencia para garantizar la atención a los usuarios y la prestación de los servicios públicos de su competencia en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica declarado mediante el Decreto No. 417 de 2020, previo análisis de cada trámite y procedimiento a su cargo por cada una de las dependencias adscritas a [e]sta Corporación.
Que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, mediante la Circular No. 09 del 12 de abril de 2020, señaló a la[s] autoridades ambientales sujetas a su inspección y vigilancia, la adopción de medidas de ajustes a los actos administrativos proferidos en virtud de la expedición del Decreto 491 de 2020, específicamente en lo relacionado con trámites ambientales, procedimiento sancionatorio, consulta previa y la suspensión de los términos de requerimientos en el ejercicio de la función de control y seguimiento ambiental.
Que el pasado 24 de abril de abril de 2020, el Ministerio de Salud y Protección Social, profirió la Resolución No. 000666, mediante la cual se adoptó el protocolo general de la bioseguridad para todas las actividades económicas, sociales y sector de la administración pública, orientado a minimizar los factores que pueden generar la transmisión de la enfermedad, el cual debe ser implementado por todos los destinatarios en el ámbito de su competencia.
Que el Gobierno Nacional, mediante el Decreto No. 593 del 24 de abril de 2020, impartió instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19, y el mantenimiento del orden público, ordenando el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la República de Colombia, a partir de las cero horas (00:00 a,m) del día 27 de abril de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m) del día 11 de mayo de 2020, limitando totalmente la circulación de personas y vehículos en el territorio nacional, con las excepciones previstas en el artículo 3 del presente Decreto.
Que por medio del Decreto No. 636 del 06 de mayo de 2020, el Presidente de la República impartió [i]nstrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19 y el mantenimiento del orden público, en el que ordena el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la República de Colombia, a partir de las cero horas (00: 00 a.m) del día 11 de mayo de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m) del día 25 de mayo de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19.
Que así mismo mediante el Decreto No. 637 del 06 de mayo de 2020, el Presidente de la República, declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional, por el término de treinta (30) días calendario, contados a partir de la vigencia de dicho decreto.
Que mediante el Decreto 689 del 22 de mayo de 2020, el Presidente de la República, prorrogó el Decreto N. 636 de 2020 hasta las doce de la noche (12:00 pm) del 31 de mayo de 2020.
Que el Ministerio de Salud y Protección Social, mediante la Resolución 844 del 26 de mayo de 2020, con el objeto de continuar con la garantía de la debida protección a la vida, la integridad física y la salud de los habitantes en todo el territorio nacional: (i) prorrogó la emergencia sanitaria declarada mediante la Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, hasta el 31 de agosto de 2020, y (ii) extendió hasta el 31 de agosto de 2020 la medida sanitaria obligatoria de aislamiento y cuarentena preventiv[a] para las personas mayores de 70 años y para las personas mayores de 60 años residentes en centro[s] de larga estancia, así como el de cierre parcial de actividades en centros vida y centros día, a excepción del servicio de alimentación, que deberá ser prestado de manera domiciliaria, entre otras.
Que mediante el Decreto No. 749 del 28 de mayo de 2020, modificado y prorrogado por los Decretos No. 847 del 14 de junio de 2020 y No. 878 del 25 de junio de 2020, respectivamente, se ordenó el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la República de Colombia, a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del día 1 de junio de 2020, hasta las doce de la noche (12:00 pm) del 15 de julio de 2020.
Que por medio del Decreto No. 990 del 9 de julio de 2020 se ordenó el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la República de Colombia, a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del día 16 de julio de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 1 de agosto de 2020.
Que a través de la sentencia C-242 del 09 de julio de 2020, la Honorable Corte Constitucional realizó la revisión constitucional del Decreto No. 491 de 2020, considerando que las disposiciones del Decreto 491 de 2020, salvo el artículo 12, se ajustan en términos generales al ordenamiento superior, puestos (sic) que atienden a los presupuestos formales y materiales establecidos en el derecho positivo (Constitución Política, Ley 137 de 1994 y tratados internacionales sobre derechos humanos).
Que mediante el Decreto 1076 del 28 de julio de 2020, se ordenó el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la República de Colombia, a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del día 1 de agosto de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 1 de septiembre de 2020.
Que mediante sentencia de fecha 13 de agosto de 2020 dentro del expediente 11001-03-15-000-2020-01058-00, Sala Especial de Decisión Nro. 10 de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, Magistrada Ponente Sandra Lisset Ibarra Vélez; declaró ajustado a derecho los artículos 1, 2, 5 (parágrafo 2), 7, 8 y 9 del Decreto 465 del 23 de marzo de 2020 y condicionó la legalidad del artículo 3, en el entendido que los términos previstos en el Decreto 1076 de 2015, para el trámite de concesión de aguas, se entienden reducidos en una tercera parte, únicamente en la etapa del procedimiento administrativo cuyo trámite compete a las autoridades ambientales, es decir, la etapa final atinente a la expedición del acto administrativo que decide (a) la oposición u oposiciones si las hubiere y (b) si es procedente o no, otorgar la concesión solicitada, la cual ya no será de 15 días sino de 5 días, mientras se mantenga la vigencia de la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social. Ésta determinación tendría los siguientes efectos: (i) Los trámites surtidos durante la vigencia del mencionado decreto, y que hayan culminado con el otorgamiento de una concesión de aguas por parte de la Autoridad Ambiental, conservaran plenamente sus efectos jurídicos y su presunción de legalidad. (Efectos “ex nunc”). (ii) Los procedimientos iniciados, y que a la fecha de expedición de esta sentencia no hayan culminado su trámite, continuarán siendo diligenciados, pero con observancia de los parámetros fijados en la presente decisión. (Efectos “ex tunc”).
Así mismo, mediante dicha sentencia se declaró la nulidad de los artículos 4, 5 y 6 del Decreto 465 de 2020, con efectos “ex tunc” es decir desde la fecha de expedición del mencionado Decreto.
Que el Ministerio de Salud y Protección Social, mediante Resolución No. 1462 del 25 de agosto de 2020, con el objeto de adoptar medidas que sigan contribuyendo en la disminución del contagio, la eficaz identificación de los casos y sus contactos y la recuperación de los casos confirmados, prorrogó la emergencia sanitaria hasta el 30 de noviembre de 2020.
Que a su vez, el Presidente de la República a través del Decreto No. 1168 del 25 de agosto de 2020, reguló la fase de Aislamiento Selectivo y Distanciamiento Individual Responsable que regirá en la República de Colombia, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del nuevo Coronavirus COVID 19.
En ese orden de ideas, el Decreto 1168 de 2020, señaló que todas las personas que permanezcan en el territorio nacional deberán cumplir con los protocolos de bioseguridad de comportamiento del cuidado en el espacio público para la disminución de la propagación de la pandemia y la disminución del contagio en las actividades cotidiana[s] expedidos por el Ministerio de Salud y Protección Social. Así mismo, deberán atender las instrucciones que para evitar la propagación del Coronavirus COVID-19, adopte o expidan los diferentes ministerios y entidades del orden nacional, cumpliendo las medidas de aislamiento selectivo y propendiendo por el autoaislamiento.
Que en esta etapa de mayor reactivación y recuperación de la vida productiva del país, el Gobierno Nacional estableció que se tendrá como pilares la disciplina social, el distanciamiento físico individual y una cultura ciudadana de autorresponsabilidad y autocuidado, en la que los servidores públicos y los contratistas del Estado están llamados a liderar y apoyar de forma responsable, diligente, comprometida, y consecuente las medidas que se adopten, en aras de superar de la mejor manera la situación que se ha derivado a causa de la pandemia por el nuevo Coronavirus COVID-19.
Que mediante la Directiva Presidencial No. 07 del 27 de agosto de 2020, el Presidente de la República de Colombia, con el ánimo de facilitar la transición gradual y progresiva en la prestación presencial de los servicios a cargo de la entidades públicas del orden nacional, exhortó a los representantes legales de las entidades, con sujeción a los protocolos de bioseguridad adoptados por el Ministerio de Salud y Protección Social al retorno gradual y progresivo de las actividades presenciales de los servidores públicos y contratistas para la cual a partir del mes de septiembre de 2020, no solo las entidades públicas de la rama ejecutiva, sino también de las demás ramas del poder público, los entes autónomos, organismos de control y entidades territoriales.
Que la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena CAM, en aras de garantizar el cumplimiento de lo ordenado por el Gobierno Nacional,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el parágrafo del artículo primero de la Resolución No. 666 de fecha 01 de abril de 2020, el cual quedará en los siguientes términos:
“ARTÍCULO PRIMERO: (…) Parágrafo: Los subdirectores, Directores Territoriales, y Jefes de Oficina de la Corporación Autónoma Regional del A[l]to Magdalena CAM, coordinarán con sus respectivos equipos la modalidad de trabajo, de conformidad con los requerimientos del servicio y con sujeción a los protocolos de bioseguridad adoptados por el Ministerio de Salud y Protección Social, hasta con un 30% de sus servidores de manera presencial, en aras de retomar de forma gradual y progresiva el trabajo presencial, de tal suerte que el 70% restante continúe realizando trabajo en casa a través del uso de las tecnologías de la información y la comunicación. La supervisión de las actividades realizadas por los servidores públicos estará a cargo de cada Subdirector, Director Territorial, o Jefe de oficina”.
ARTÍCULO SEGUNDO: Modificar el Parágrafo Tercero del artículo segundo de la Resolución No. 666 de fecha 01 de abril de 2020, el cual quedará en los siguientes términos:
“ARTÍCULO SEGUNDO: (…)
Parágrafo Tercero: Ante la imposibilidad manifiesta de una persona de suministrar una dirección de correo electrónico, podrá indicar un medio alternativo para facilitar la notificación o comunicación de los actos administrativos. En el evento en que la notificación o comunicación no pueda hacerse de forma electrónica o por algún medio alternativo, se seguirá el procedimiento previsto en los artículos 67 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO TERCERO: Modificar el artículo cuarto de la Resolución No. 666 de fecha 01 de abril de 2020, el cual quedará en los siguientes términos:
“ARTÍCULO CUARTO: Durante la permanencia de la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud, la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena CAM, con relación a los términos de los trámites y procedimientos ambientales de su competencia, aplicará las siguientes disposiciones:
I. Trámites de permisos, autorizaciones, y/o certificaciones ambientales: Las solicitudes que versen sobre este asunto, se atenderán de manera virtual a través de la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales en línea VITAL en el link http://vital.anla.gov.co/SILPA/TESTSILPA/Security/Login.aspx y el correo electrónico radicacion@cam.gov.co, en los cuales se radicarán por parte de los usuarios, los documentos, cartografía y demás requisitos exigidos en el formulario único nacional, para su verificación por parte de la autoridad ambiental, quien decidirá si requiere información complementaria o da inicio al trámite, surtiendo la diligencia de notificación del Auto de inicio del correspondiente trámite administrativo en los términos establecidos en el Decreto 491 de 2020, y las demás etapas previstas en la norma reglamentaria de los procedimientos ambientales, esto es el Decreto 1076 de 2015 o la norma que lo modifique o sustituya.
Los trámites ambientales que se encuentren en curso al momento de la expedición de la presente Resolución, en los que no se haya practicado la visita técnica, se reanudarán los términos en el estado en que se encuentre, continuando con el respectivo procedimiento administrativo.
II. Licencias ambientales: Las solicitudes que versen sobre este asunto, se atenderán de manera virtual a través de la Ventanilla Integral de Trámites en Línea – VITAL en el link http://vital.anla.gov.co/SILPA/TESTSILPA/Security/Login.aspx y del correo electrónico radicacion@cam.gov.co, en el cual se deberá solicitar inicialmente la liquidación de costos por el servicio de evaluación.
Para aquellos usuarios que a la fecha de la entrada en vigencia de la presente Resolución hayan realizado la cancelación de los costos de evaluación, deberán allegar con su solicitud los siguientes documentos de manera digital, así:
a) Constancia de cancelación de los costos de evaluación una vez la Corporación haya liquidado el valor por dicho servicio.
b) Diligenciamiento del “Formulario Único de Solicitud de Licencia[s] Ambientales”, adjuntando la información solicitada en el respectivo formulario.
c) Diligenciamiento del “Formato para la Verificación Preliminar de la Documentación que Conforma la Solicitud de Licencias Ambientales”, adjuntando todos los soportes de cada uno de los documentos requeridos.
d) Realización del registro en la Ventanilla Integral de Trámites en Línea – VITAL. El usuario interesado debe registrarse en el aplicativo VITAL, diligenciando el formulario de identificación con los datos básicos de la persona natural, jurídica privada o jurídica pública, según corresponda y seleccionando como autoridad ambiental a la CAM, para su posterior validación y aprobación. El proceso de validación requiere una gestión expresa del solicitante, su representante legal o apoderado y puede hacerse con anterioridad a la solicitud de un trámite. El registro debe anexarse a la documentación descrita en el numeral anterior para ser radicada ante la CAM.
e) Radicar ante la Corporación la anterior información para que la entidad apruebe o desapruebe el “Formato para la Verificación Preliminar de la Documentación que Conforma la Solicitud de Licencias Ambientales”.
f) En caso de ser aprobado el “Formato para la Verificación Preliminar de la Documentación que Conforma la Solicitud de Licencias Ambientales”, la entidad iniciará el trámite de la Licencia Ambiental y notificará en los términos establecidos en el Decreto 491 de 2020, para lo cual se requiere la indicación de su dirección electrónica o cualquier medio alternativo o [a] través de los lineamientos descritos en la ley 1437 de 2011 para dicho efecto; en caso de no ser aprobada se le informará mediante oficio y la información será devuelta para que el usuario inicie nuevamente el procedimiento. Se precisa que toda la información que se allegue con la solicitud debe ser suministrada en medio magnético (EIA, cartografía, anexos, formatos, etc), para su correspondiente verificación.
III. Una vez las solicitudes alcancen la etapa de auto de inicio y se notifique al interesado en los términos establecidos en el Decreto 491 de 2020, se continuará con el procedimiento establecido en el Decreto 1076 de 2015 o la norma que la modifique o sustituya.
Las licencias ambientales que se encuentren en curso al momento de la expedición de la presente Resolución, en las que no se haya practicado la visita técnica, ni la reunión de información adicional en caso de ser pertinente, deberá realizarse la programación respectiva para la continuidad del trámite de licenciamiento ambiental.
IV. Procedimiento Sancionatorio Ambiental: Durante el término de vigencia de la presente Resolución, los términos administrativos de los procedimientos sancionatorios ambientales en curso, se reanudarán en la etapa en la que se encuentren, siguiendo los términos y etapas contempladas en la ley 1333 de 2009 y en el Decreto 491 de 2020 en lo relativo a la comunicación y notificación de los actos administrativos.
V. Salvoconducto Único Nacional en Línea - SUNL: Se autoriza la expedición de salvoconductos únicos en línea para la movilización, removilización y renovación dentro del territorio nacional de productos maderables, guadua y especies afines, sin excepción para los sectores y actividades que así lo requieran, los cuales deben ser expedidos en la plataforma de la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales en Línea (VITAL), siguiendo los lineamientos establecidos en la Resolución No. 1909 de 2017, modificada por la Resolución 081 de 2018 y las demás normas que la modifiquen o sustituyan.
La expedición de SUNL, se realizará de lunes a viernes en el horario de 8:00 a.m a 12:00 m., en las cuatro Direcciones Territoriales de la Corporación, localizadas en los municipios de Neiva, Pitalito, Garzón y La Plata. Se permitirá el ingreso del usuario a las instalaciones de la CAM solamente para el retiro del SUNL, para lo cual se requiere de la entrega física del formato de consignación por el valor de liquidación del salvoconducto previamente realizada y enviada a través de la plataforma VITAL con la solicitud de movilización. La consignación es un requisito para la elaboración del documento SUNL. En cada Dirección Territorial de la Corporación, los profesionales con usuario y contraseña en la plataforma SUNL serán los encargados de su expedición.
VI. Procedimiento Administrativo Coactivo: En los procesos administrativos que cursen en el despacho de Cobro Coactivo de la Secretaría General de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena CAM, se reanudarán los términos administrativos en la etapa que se encuentren.
VII. Procesos de Control Interno Disciplinario: Se reanudarán los términos administrativos en la etapa que se encuentren los procesos disciplinarios que cursan en el despacho.
VIII. Reclamaciones de Tasa por usos de Agua (TUA) y Tasa Retributiva (TR): Se reanudarán los términos de las reclamaciones que cursan en el despacho de cobro coactivo de la Secretaría General que requieran visita técnica de campo.
Parágrafo Primero: En las solicitudes de concesiones de aguas superficiales y subterráneas destinadas a beneficiar los sistemas de acueductos urbanos y rurales, así como en las actividades de exploración de aguas subterráneas y la modificación excepcional y transitoria de la licencia ambiental de residuos peligrosos con riesgo biológico o infeccioso generado con ocasión del COVID -19, se dará estricto cumplimiento a las disposiciones señaladas en el Decreto No. 465 del 22 de marzo de 2020.
Parágrafo Segundo: Las solicitudes de modificación o cesión de trámites ambientales, deberán continuar en el estado en que se encuentren, a través de los medios digitales dispuestos para tal fin.
Parágrafo Tercero: Dentro del mes siguiente a la superación de la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, los usuarios deben remitir en medio impreso a la dependencia correspondiente la información radicada en medio digital a través del correo electrónico radicacion@cam.gov.co.
Parágrafo Cuarto: Dentro de cada trámite ambiental deberá obrar la respectiva constancia secretarial de reanudación de términos cuando a ello hubiere lugar. Así mismo, se reanudarán los términos de caducidad y prescripción previstos para los diferentes actos administrativos.
Parágrafo Quinto: Todas los trámites y procedimientos de competencia de esta Corporación, se adelantarán siguiendo el protocolo general [de] bioseguridad descrito en la Resolución No. 000666 de 2020, o la que la modifique o sustituya.
Parágrafo Sexto: En relación con los procesos de consulta previa en los que participe la Corporación como ejecutor de proyectos, obras y/o actividades se deberá seguir lo dispuesto por el Ministerio del Interior al respecto.
ARTÍCULO CUARTO: Modificar el artículo quinto de la Resolución No. 666 de fecha 01 de abril de 2020, el cual quedará en los siguientes términos:
Cuando un permiso, autorización, certificado o licencia ambiental, venza durante el término de vigencia de la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social o dentro del mes siguiente a la finalización de la misma, y cuyo trámite de renovación no haya podido ser realizado con ocasión de las medidas adoptadas para conjurarla, se entenderá prorrogado automáticamente el permiso, autorización, certificado y licencia hasta un mes (1) más contado a partir de la superación [de la] Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social o por el tiempo faltante para completar el término de un mes previsto por el legislador.
Superada la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social el titular del permiso, autorización, certificado o licencia, deberá realizar el trámite ordinario para su renovación”.
ARTÍCULO QUINTO: Las demás disposiciones contenidas en la Resolución No. 666 de 2020 que no fueron objeto de modificación, continuarán incólumes.
ARTÍCULO SEXTO: La presente Resolución rige a partir de su publicación en la gaceta ambiental de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena CAM y deroga aquellas disposiciones que le sean contrarias en especial las consideradas en la Resolución 772 de 2020.
ARTÍCULO SÉPTIMO: Comunicar el contenido de la presente Resolución a las Subdirecciones, Direcciones Territoriales, Jefes de oficina y al público en general a través de los distintos medios de comunicación disponibles con el fin de garantizar su conocimiento.
PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
CAMILO AUGUSTO AGUDELO PERDOMO
Director General».
2. Trámite procesal
2.1. Por auto de 9 de diciembre de 2020, la Magistrada Sustanciadora avocó el conocimiento de los artículos 3, 6 y 7 de la Resolución No. 1558 de 31 de agosto de 2020, expedida por el Director General de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena -CAM, con el fin de efectuar el control inmediato de legalidad previsto en los artículos 20 de la Ley Estatutaria 137 de 1994 y 136 del CPACA, con la precisión de que el estudio de fondo se circunscribiría a la medida de reanudación de los términos administrativos, con el fin de establecer si el derecho al debido proceso se garantiza con esa medida administrativa.
Lo anterior, teniendo en cuenta que sobre los demás contenidos normativos se evidenció que coincidían con los de las Resoluciones Nos. 666 de 1 de abril de 2020 y 705 de 17 de abril de 2020 que fueron objeto de control inmediato de legalidad por esta Corporación en sentencias de 28 de julio de 2020, proferida por la Sala Cuarta Especial de Decisión, y de 9 de julio de 2020, dictada por la Sala Once Especial de Decisión, respectivamente, por lo que se habría configurado respecto de ellos la cosa juzgada.
Esa decisión dispuso la notificación al Director General de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena -CAM- y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Del mismo modo, solicitó a la autoridad emisora del acto administrativo que dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación, remitiera los antecedentes administrativos de la Resolución No. 1558 de 2020 y aportara las pruebas que pretendiera hacer valer. Y pidió que informara a esta Corporación respecto de los procedimientos en los que se dispuso la reanudación de los términos administrativos en la Resolución No. 1558 de 2020, de qué manera se va a adelantar el trámite, es decir, si va a ser presencial o virtual y qué medidas operativas se implementaron con el fin de garantizar el debido proceso.
Asimismo, ordenó a la Secretaría General de la Corporación que fijara un aviso por el término de diez (10) días, y a través de los diferentes medios virtuales, con el fin de permitir que cualquier ciudadano interviniera para defender o impugnar la legalidad de la Resolución No. 1558 de 31 de agosto de 2020.
También dispuso que, expirado ese término, corriera traslado al Ministerio Público para que dentro de los diez (10) días siguientes rindiera concepto conforme a lo establecido en el numeral 5° del artículo 185 del CPACA, y se invitó a las facultades de derecho de las Universidades Nacional de Colombia, Externado, Rosario, Javeriana, Libre de Colombia, de los Andes, Antioquia, EAFIT, de Ibagué, para que dentro del mismo término, presentaran por escrito concepto sobre la legalidad del acto administrativo bajo estudio.
2.2. En cumplimiento de lo anterior, el 18 de diciembre de 2020 la Secretaría General del Consejo de Estado libró las correspondientes notificaciones y comunicó a las Universidades y entidades invitadas. El 13 de enero de 2021, se efectuó la fijación del aviso por el término de diez (10) días. El 26 de enero de 2021, se corrió traslado al Ministerio Público por diez (10) días.
2.3. Finalmente, ante la falta de respuesta del Director General de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena -CAM-, al requerimiento especial contenido en el ordinal cuarto del auto de 9 de diciembre de 2020, la Secretaría General de esta Corporación ofició nuevamente a la entidad el 18 de febrero de 2021, con el fin de que allegara la información solicitada.
3. Intervenciones
3.1. Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena -CAM-
El Director General de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena -CAM-, manifestó que los contenidos de los artículos 3, 6 y 7 de la Resolución No. 1558 de 31 de agosto de 2020, respecto de los cuales se avocó el conocimiento del control inmediato de legalidad, se encuentran acordes con la normatividad por cuanto se sustentan en el Decreto Ordinario 1168 de 2020 y el Decreto Legislativo 491 de 2020.
Explicó que el artículo 3 de la Resolución No. 1558 de 2020, modificó el artículo 4 de la Resolución No. 666 de 1 de abril de 2020, el artículo 6 ordena la publicación del acto administrativo en la gaceta ambiental y el artículo 7 dispone que se comunique su contenido.
Enseguida realizó el análisis de cada una de las referidas disposiciones, en los siguientes términos:
En primer lugar, señaló que esa entidad expidió la Resolución No. 666 de 2020, la cual fue objeto de control inmediato de legalidad en sentencia de 28 de julio de 2020, proferida por la Sala Cuarta Especial de Decisión del Consejo de Estado.
De otra parte, destacó que por medio de la Resolución No. 1558 de 2020 se dispuso la modificación de la precitada Resolución No. 666 de 2020, teniendo en consideración que el Presidente de la República a través del Decreto Ordinario 1168 de 25 de agosto de 2020, dio por terminado el aislamiento preventivo obligatorio y reguló la fase de aislamiento selectivo y distanciamiento individual responsable que regirá en el marco de la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social. Agregó que en esa normativa se indicó que todas las personas que permanezcan en el territorio nacional deberán cumplir con los protocolos de bioseguridad de comportamiento del cuidado en espacio público para la disminución de la propagación de la pandemia y la disminución del contagio en las actividades cotidianas expedidos por el Ministerio de Salud y Protección Social, y se estableció como pilares la disciplina social, el distanciamiento físico individual y una cultura ciudadana de autorresponsabilidad y autocuidado, en la que los servidores públicos y los contratistas del Estado están llamados a liderar y apoyar de forma responsable, diligente, comprometida y consecuente, las medidas que se adopten, en aras de superar de la mejor manera la situación que se ha derivado por el COVID-19.
En tercer término, se refirió a los contenidos normativos modificados de la Resolución No. 666 de 2020, por medio de la Resolución No. 1558 de 2020, respecto de los cuales indicó:
En el numeral I del artículo 4 de la Resolución No. 666 de 2020 (trámites de permisos, autorizaciones y/o certificaciones ambientales), se contemplaban dos eventos de suspensión relacionados con la presentación de solicitudes nuevas «una vez se surta la diligencia de notificación del auto de inicio, se suspenderán los términos administrativos», y para los trámites ambientales en curso «se suspenderán los términos en el estado en que se encuentre cuando no se haya practicado la visita técnica», respecto de los cuales el artículo 3 de la Resolución No. 1558 de 2020 los modificó, en tanto en lo que se refiere a las solicitudes nuevas, una vez notificado el auto de inicio conforme con el artículo 4 del Decreto Legislativo 491 de 2020, continuará el trámite de conformidad con lo previsto en el Decreto 1076 de 2015.
Adujo que una vez notificado el auto de inicio se realiza la visita técnica por parte del funcionario de la Corporación, que es presencial, y con el acompañamiento del interesado.
En relación con los trámites ambientales en curso, si no se hubiera practicado la visita técnica, señaló que también se reanudaron los términos con el fin de realizar dicha visita de manera presencial con el interesado, cumpliendo con las medidas de bioseguridad, y de esta manera continuar con el procedimiento.
En el numeral II del artículo 4 de la Resolución No. 666 de 2020 (licencias ambientales), se incluían dos eventos de suspensión de los términos administrativos referidos a las solicitudes nuevas, en las que aprobado el Formato para la Verificación Preliminar de la Documentación y surtida la etapa de auto de inicio y notificación electrónica al interesado y para el trámite en curso de licencias ambientales, si no se había practicado la visita técnica, ni la reunión de información adicional, en caso de requerirse, el artículo 3 de la Resolución No. 1558 de 2020 dispuso la reanudación de los términos, con la precisión de que la visita técnica y la reunión de información adicional son presenciales, con la participación del interesado y cumpliendo con las medidas de bioseguridad.
En el numeral III del artículo 4 de la Resolución No. 666 de 2020 (procedimiento sancionatorio), refirió que se incluían dos eventos de suspensión de términos relativos a los procedimientos sancionatorios en la etapa en que se encontraran y en los casos urgentes y prioritarios de afectación de recursos naturales y el medio ambiente, en los que se practicaba visita y de ser necesario se imponía medida preventiva, respecto de los cuales en el artículo 3 de la Resolución No. 1558 de 2020 se reanudaron los términos administrativos, precisando que en relación con los procedimientos sancionatorios continuaron su trámite de conformidad con lo previsto en la Ley 1333 de 2009.
En el numeral IV del artículo 4 de la Resolución No. 666 de 2020, indicó que se incluía la medida administrativa de suspensión de la expedición de los salvoconductos únicos de movilización, removilización y renovación en línea, trámite que se reanudó por medio del artículo 3 de la Resolución No. 1558 de 2020, siguiendo los lineamientos de la Resolución No. 1909 de 2017, modificada por la Resolución No. 081 de 2018, con la precisión de que se permitirá el ingreso del usuario a las instalaciones de la entidad con el fin de retirarlo una vez sea expedido, es decir, la solicitud se realiza en línea en las Direcciones Territoriales de la Corporación.
En el numeral V del artículo 4 de la Resolución No. 666 de 2020 (procedimiento administrativo coactivo), mencionó que se suspendieron los términos en la etapa en la que se encontraran. Agregó que por medio del artículo 3 de la Resolución No. 1558 de 2020 se dispuso la reanudación de los términos administrativos, los cuales continúan su trámite de la misma forma que antes de la suspensión, sin perjuicio de la utilización de los medios virtuales cuando lo requieran los deudores, como, por ejemplo, la presentación de escritos.
En el numeral VI del artículo 4 de la Resolución No. 666 de 2020 (procesos de control interno disciplinario), se suspendieron los términos en la etapa en la que se encontraban, los cuales, refirió, se reanudaron por medio del artículo 3 de la Resolución No. 1558 de 2020, trámite que se adelantará de la misma manera que antes de la suspensión, sin perjuicio de la utilización de los medios virtuales para la presentación de escritos.
En el numeral VII del artículo 4 de la Resolución No. 666 de 2020 (reclamaciones de tasas por usos de agua (TUA) y tasa retributiva, manifestó que la suspensión de los términos se ordenó respecto de las reclamaciones que requieran visita técnica, trámite respecto del cual en el artículo 3 de la Resolución No. 1558 de 2020 se reanudaron los términos con el fin de que se realizara la visita de campo, la cual es presencial.
De igual manera, indicó que el artículo 3 de la Resolución No. 1558 de 2020 incluyó seis parágrafos. El primero, conserva la misma redacción del previsto en la Resolución No. 666 de 2020. El segundo, dispone que las solicitudes de modificación o cesión de los trámites ambientales deberán continuar en el estado en que se encuentren, a través de los medios digitales dispuestos para tal fin, salvo la visita técnica que necesariamente debe ser presencial. El tercero, incluye una redacción similar a la de la Resolución No. 666 de 2020, que ya fue objeto de control inmediato de legalidad. El cuarto, señala que por la reanudación de los términos administrativos, deberá obrar la respectiva constancia secretarial. El quinto, consagra la obligación de que en todos los trámites y procedimientos se debe seguir el protocolo general de bioseguridad contenido en la Resolución No. 666 de 2020, expedida por el Ministerio de Salud y de la Protección Social, o la que lo modifique o sustituya. El sexto, alude a la derogatoria de la Circular Externa CIR2020-29-DMI-1000 de 27 de marzo de 2020, dictada por el Ministerio del Interior, en relación con los procesos de consulta previa en los que participe la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena -CAM-.
En relación con los artículos 6 y 7 de la Resolución No. 1558 de 2020, relativos a la publicación del acto administrativo en la gaceta ambiental y a su comunicación interna y al público en general, refiere que contenidos similares se incorporaron en la Resolución No. 666 de 2020, los cuales fueron objeto de control inmediato de legalidad.
En lo que atañe con las medidas operativas tendientes a garantizar el debido proceso, sostuvo que no solo se reanudaron los términos administrativos que implican la realización de diligencias presenciales, sino que se mantuvieron incólumes las disposiciones de la Resolución No. 666 de 2020 que no fueron objeto de modificación, por lo que se continuarán garantizando los canales de atención allí dispuestos. Agregó que antes de la expedición de la Resolución No. 1558 de 2020, la entidad venía trabajando en los protocolos de bioseguridad para dar respuesta al COVID-19, con el fin de realizar actividades presenciales con todas las medidas de bioseguridad.
Finalmente, el Director General hizo especial énfasis y claridad en que la reanudación de los términos administrativos comprende la aplicación del Decreto Legislativo 491 de 2000, en lo que hace relación con las notificaciones y comunicaciones, o conforme a lo previsto en la Ley 1437 de 2011, y cumpliendo todos los procedimientos ambientales previstos en el Decreto 1076 de 2015.
3.2. Universidad Externado de Colombia
3.2.1. El Grupo de Investigación del Departamento de Derecho Administrativo de la Universidad Externado de Colombia solicitó la declaratoria de legalidad de las disposiciones respecto de las cuales se avocó el conocimiento del control inmediato de legalidad, con sustento en lo siguiente:
Luego de referirse al alcance de la decisión de avocar únicamente el conocimiento de los artículos 3, 6 y 7 de la Resolución No. 1558 de 31 de agosto de 2020, la cual se circunscribió al análisis de la medida de reanudación de los términos administrativos con el fin de establecer si el debido proceso se garantiza con esa medida administrativa, y a las características del control inmediato de legalidad precisadas en la jurisprudencia del Consejo de Estado, manifestó que el acto administrativo bajo estudio fue expedido por funcionario competente, toda vez que lo suscribió el Director General como representante legal de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena -CAM-.
Asimismo, expresó que aun cuando en la sentencia de 18 de agosto de 2020, la Sala Diecisiete Especial de Decisión del Consejo de Estado sostuvo que la reanudación de los términos no puede calificarse como una medida de excepción, en su sentir, es un argumento fácilmente desvirtuable teniendo en cuenta que el artículo 6 del Decreto Legislativo 491 de 2020 facultó a las entidades administrativas para suspender los términos de manera total o parcial, incluida la atribución de levantar la suspensión, lo que permite concluir que la medida objeto de control inmediato de legalidad desarrolla un decreto legislativo.
En tal virtud, destacó que la competencia de suspender los términos y de levantarlos encuentra fundamento en las normas de excepción, a lo que agregó que está estrechamente vinculada con la situación de emergencia sanitaria declarada, por lo que «no se considera admisible el desligar el levantamiento de la suspensión de términos del estado de emergencia sanitaria, pues es este el que determina si deben reanudarse o no los términos, y en qué condiciones debe hacerse esta labor».
En relación con los demás elementos de validez del acto administrativo, indicó que la resolución está debidamente motivada, toda vez que hace un recuento detallado de las normas que fundamentan la decisión, se refiere a jurisprudencia aplicable al caso, y coincide en buena medida con las razones expuestas en la Resolución No. 666 de 2020, proferida por la misma autoridad administrativa, en la que se acataron las normas superiores que debieron fundar la decisión.
Destacó que atendiendo la finalidad y el contenido de la decisión, el retorno a la normalidad administrativa y la reanudación de los términos procedimentales beneficia el interés general, lo que refleja el acatamiento de la Directiva Presidencial No. 07 de 2020, sumado a que es una manifestación del ejercicio de la potestad discrecional dentro de los límites consagrados por el legislador, concretamente, reiteró, los contenidos en el artículo 6 del Decreto Legislativo 491 de 2020.
Refirió que aun cuando los actos administrativos generales no están sometidos a un procedimiento administrativo específico, de conformidad con los estatutos de la entidad, en concreto, el artículo 71 de la Resolución No. 1368 de 2005, expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, deben cumplir con las publicaciones de ley en el boletín y la página web de la entidad, formalidades que están plenamente cumplidas respecto de los artículos 6 y 7 de la decisión objeto de control inmediato de legalidad.
En definitiva, señaló que el acto administrativo bajo examen está fundamentado en la declaratoria de emergencia sanitaria, y no se encuentra vicio alguno de ilegalidad, lo que no obsta para que pueda demandarse por nuevos cargos, atendiendo a la cosa juzgada relativa resultado del control inmediato de legalidad.
3.2.2. Tres docentes investigadores de la Universidad Externado de Colombia pidieron a esta Corporación que se declarara ajustado al ordenamiento constitucional y legal la Resolución No. 1558 de 2020, con base en los siguientes argumentos:
En primer lugar, indicaron que comparten la decisión de no avocar el conocimiento de los artículos 1, 2, 4 y 5 del acto administrativo bajo examen, por cuanto sobre esos contenidos normativos se configuró la cosa juzgada de conformidad con lo previsto en el artículo 189 de la Ley 1437 de 2011, con ocasión del estudio que se realizó en la sentencia de 28 de julio de 2020, proferida por la Sala Cuarta Especial de Decisión del Consejo de Estado, lo que imposibilita, a través de este mismo medio de control, realizar un nuevo análisis de su legalidad.
Señalaron que fue acertada la decisión de avocar el conocimiento del control inmediato de legalidad únicamente respecto de los artículos 3, 6 y 7 de la Resolución No. 1558 de 2020, los cuales consideran deben ser declarados válidos, en tanto la decisión de levantar la suspensión de los términos administrativos no contiene medidas restrictivas de derechos, por el contrario, busca efectivizar la garantía del debido proceso y el derecho de defensa.
Con todo, destacaron que la medida administrativa objeto de control inmediato de legalidad (i) fue expedida en el marco del estado de emergencia económica, social y ecológica; (ii) se ajusta a lo previsto en el Decreto Legislativo 491 de 2020; (iii) prevé medidas que redundan en beneficios para el ejercicio del derecho al debido proceso y a la defensa, en tanto efectiviza su protección y (iv) es motivada de manera razonada y proporcional.
4. Concepto del Ministerio Público
El Procurador Sexto Delegado ante el Consejo de Estado por medio del concepto No. 019 de 2021, pidió la declaratoria de legalidad de los artículos 3, 6 y 7 de la Resolución No. 1558 de 2020, en lo relativo al levantamiento de la suspensión de los términos administrativos para los trámites sobre permisos, autorizaciones y certificaciones ambientales, y para aquellos que no requieran visita técnica, en el procedimiento sancionatorio, coactivo y reclamaciones de la Tasa por Uso de Agua -TUA- (art. 3), así como lo que hace relación con la vigencia del acto administrativo (art. 6) y su comunicación (art. 7), con base en las siguientes razones:
En primer término, indicó que de conformidad con los artículos 20 de la Ley 137 de 1994 y 136 de la Ley 1437 de 2011, el Consejo de Estado es competente para asumir el control inmediato de legalidad porque el acto administrativo es de contenido general, emanado de una autoridad del orden nacional en ejercicio de la función administrativa y como desarrollo de los Decretos 465 y 491 de 2020.
De otra parte, mencionó que la Resolución No. 1558 de 2020 fue expedida con posterioridad a la segunda declaratoria del estado de emergencia económica social y ecológica declarada por medio del Decreto 637 de 2020, pero teniendo en cuenta la emergencia sanitaria por causa del COVID-19, y cumple con los requisitos de forma, en tanto fue dictada por el Director General de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena, CAM, que actúa como representante legal de esa entidad, en el marco de las competencias previstas en los artículos 28 y 29 de la Ley 99 de 1993 y, en particular, del Decreto Legislativo 491 de 2020, a lo que agregó que se identificó con número, fecha, asunto, fundamento jurídico y la firma del funcionario.
En tercer término, respecto del análisis de fondo de las medidas administrativas, destacó que el artículo 3 de la Resolución No. 1558 de 2020, en el que se ordenó la reanudación de los términos en los trámites ambientales en curso al momento de expedirse dicha resolución y sin visita técnica, en los procedimientos sancionatorios ambientales, los procesos de cobro coactivo, las reclamaciones sobre la tasa por usos de agua y los procesos de control interno disciplinario, indicó que se encuentra en armonía con el artículo 6 del Decreto Legislativo 491 de 2020, específicamente la facultad que se entregó a las autoridades administrativas de suspender los términos administrativos o jurisdiccionales en sede administrativa de forma total o parcial, disposición que fue declarada exequible por la Corte Constitucional en la sentencia C-242 de 2020, a partir de lo cual para el Ministerio Público la entidad emisora del acto administrativo consideró que se cumple el presupuesto de la conexidad porque «acató las indicaciones del Decreto 491 en cuanto a la utilización y divulgación de los medios electrónicos a los cuales se podía acceder para adelantar trámites relacionados con peticiones, quejas y reclamos en forma virtual y garantizar así el derecho fundamental al debido proceso, reanudación que se justifica particularmente en lo relacionado con la concesión de agua a que se refiere el Decreto Legislativo 465 de 2020».
Agregó que la decisión de reanudación de los términos evita que los trámites administrativos se detengan en el tiempo y causa mayores demoras o perjuicios a la comunidad que pueda verse afectada con la suspensión de los términos que se había decretado debido a las circunstancias de aislamiento y distanciamiento originadas por el COVID-19.
De igual manera, encontró que la medida de reanudación de los términos en los diferentes procedimientos respeta el principio de proporcionalidad, para lo cual se refirió al fundamento que expuso la Corte Constitucional para declarar ajustado al ordenamiento superior la medida de suspensión de los términos, lo que, a su juicio, es aplicable en esta oportunidad, por cuanto «permite acceder al adelantamiento de los trámites utilizando los medios electrónicos que (…) se ponen a disposición de los interesados, aún bajo las restricciones presenciales encaminadas a evitar el contacto físico entre las personas y mitigar en gran medida la propagación de la citada enfermedad viral, garantizando a la vez los citados principios de celeridad y seguridad jurídica, como el derecho fundamental al debido proceso de quienes adelantan trámites ambientales ante la CAM».
Finalmente, en relación con los artículos 6 y 7 de la Resolución No. 1558 de 2020, relativos a la vigencia y derogatoria, y a la comunicación a los organismos territoriales, consideró que cumplen con el principio de publicidad, y la derogatoria constituye una facultad propia de la autoridad que emitió el acto administrativo, de conformidad con lo previsto en el artículo 29 de la Ley 99 de 1993, en la que se autoriza al Director General de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena, CAM, para expedir esas determinaciones.
Por las razones expuestas, para la Vista Fiscal los artículos 3, 6 y 7 de la Resolución No. 1558 de 2020 no contrarió los fines por los que fue declarado el estado de emergencia económica, social y ecológica mediante los Decretos 417 y 637 de 2020, ni el artículo 6 del Decreto Legislativo 491 de 2020, en el que se fundamentó la autoridad administrativa para reanudar los términos en los procedimientos administrativos, por lo que solicitó que se declaren ajustados a derecho.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
La Sala Once Especial de Decisión del Consejo de Estado, es competente para decidir el presente control inmediato de legalidad, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 8º del artículo 111 del Código de Procedimiento y de lo Contencioso Administrativo, en armonía con lo establecido en el artículo 23 del Acuerdo 080 de 2019 -Reglamento del Consejo de Estado-, y en el Acuerdo de la Sala Plena del Consejo de Estado aprobado en sesión No. 10 del 1º de abril de la presente anualidad, mediante el cual se asignó a las Salas Especiales de Decisión la competencia para conocer y decidir los controles inmediatos de legalidad en aplicación del artículo 29 del Reglamento del Consejo de Estado.
2. Cuestión previa. Delimitación del control inmediato de legalidad y análisis de la cosa juzgada respecto de la Resolución No. 666 de 1 de abril de 2020, «Por medio de la cual se adoptan medidas de urgencia para garantizar la atención a los usuarios de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena CAM y se toman medidas en el marco del estado de emergencia, económica, social y ecológica», expedida por el Director General de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena -CAM-
El inciso primero del artículo 189 de la Ley 1437 de 2011 al referirse a los efectos de la sentencia, establece que la que declara la legalidad de las medidas que se revisen en ejercicio del control inmediato de legalidad, producirán efectos erga omnes solo en relación con las normas jurídicas superiores frente a las cuales se realice el examen.
Es decir, a juicio del legislador los contenidos normativos que hayan sido objeto de análisis por el Consejo de Estado como juzgador del control inmediato de legalidad tienen efectos definitivos e inmutables, esto es, hacen tránsito a cosa juzgada, sin perjuicio de que, por otras razones, puedan ser demandados en ejercicio del medio de control de simple nulidad. Dicho de otra manera, en consonancia con el artículo 237 de la Ley 1437 de 2011, las autoridades administrativas no podrán reproducir el contenido de un acto administrativo anulado o suspendido, a menos que con posterioridad a la sentencia o al auto, hayan desaparecido los fundamentos legales de la anulación o suspensión.
Por auto de 9 de diciembre de 2020, se avocó el conocimiento del artículo 3 de la Resolución No. 1558 de 2020, «con la precisión de que en la sentencia se abordará el análisis relativo a los contenidos de la Resolución No. 666 de 2020, con la modificación de la Resolución No. 705 de 2020, que ya fueron objeto de control inmediato de legalidad (…)». De igual modo, se asumió el estudio de los artículos 6 y 7 del mismo acto administrativo.
En relación con el artículo 1° indicó que no es una medida que desarrolle algún decreto legislativo, en tanto su propósito es dar aplicación a la Directiva Presidencial No. 07 de 27 de agosto de 2020, cuyo asunto es «Retorno gradual y progresivo de los servidores públicos y contratistas a las actividades laborales y de prestación de servicios de manera presencial».
En lo que hace relación con el artículo 2° de la Resolución No. 1558 de 2020, señaló que tampoco se cumple el requisito consistente en desarrollar un decreto legislativo porque solamente adiciona el condicionamiento efectuado por la Corte Constitucional al artículo 4 del Decreto Legislativo 491 de 2020, en la sentencia C-242 de 2020, en la que resolvió:
«SEGUNDO.- Declarar la EXEQUIBILIDAD CONDICIONADA del artículo 4° del Decreto 491 de 2020, bajo el entendido de que, ante la imposibilidad manifiesta de una persona de suministrar una dirección de correo electrónico, podrá indicar un medio alternativo para facilitar la notificación o comunicación de los actos administrativos».
El artículo 3° se avocó teniendo en consideración que, en términos generales, son los mismos contenidos del artículo 4° de la Resolución No. 666 de 2020, con la modificación de la Resolución No. 705 de 2020, y se precisó que el estudio de fondo se circunscribiría a la medida de reanudación de los términos administrativos, con el fin de establecer si el debido proceso se garantizaría con esa medida administrativa. Los contenidos nuevos de la Resolución No. 1558 de 2020, en subraya, sobre los cuales recaerá el control inmediato de legalidad se destacan a continuación:
ARTÍCULO TERCERO: Modificar el artículo cuarto de la Resolución No. 666 de fecha 01 de abril de 2020, el cual quedará en los siguientes términos:
“ARTÍCULO CUARTO: Durante la permanencia de la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud, la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena CAM, con relación a los términos de los trámites y procedimientos ambientales de su competencia, aplicará las siguientes disposiciones:
I. Trámites de permisos, autorizaciones, y/o certificaciones ambientales: Las solicitudes que versen sobre este asunto, se atenderán de manera virtual a través de la Ventanilla Integral de Tramites Ambientales en línea VITAL en el link http://vital.anla.gov.co/SILPA/TESTSILPA/Security/Login.aspx y el correo electrónico radicacion@cam.gov.co, en los cuales se radicarán por parte de los usuarios, los documentos, cartografía y demás requisitos exigidos en el formulario único nacional, para su verificación por parte de la autoridad ambiental, quien decidirá si requiere información complementaria o da inicio al trámite, surtiendo la diligencia de notificación del Auto de inicio del correspondiente trámite administrativo en los términos establecidos en el Decreto 491 de 2020, y las demás etapas previstas en la norma reglamentaria de los procedimientos ambientales, esto es el Decreto 1076 de 2015 o la norma que lo modifique o sustituya.
Los trámites ambientales que se encuentren en curso al momento de la expedición de la presente Resolución, en los que no se haya practicado la visita técnica, se reanudarán los términos en el estado en que se encuentre, continuando con el respectivo procedimiento administrativo.
II. Licencias ambientales: Las solicitudes que versen sobre este asunto, se atenderán de manera virtual a través de la Ventanilla Integral de Trámites en Línea – VITAL en el link http://vital.anla.gov.co/SILPA/TESTSILPA/Security/Login.aspx y del correo electrónico radicacion@cam.gov.co, en el cual se deberá solicitar inicialmente la liquidación de costos por el servicio de evaluación.
Para aquellos usuarios que a la fecha de la entrada en vigencia de la presente Resolución hayan realizado la cancelación de los costos de evaluación, deberán allegar con su solicitud los siguientes documentos de manera digital, así:
a) Constancia de cancelación de los costos de evaluación una vez la Corporación haya liquidado el valor por dicho servicio.
b) Diligenciamiento del “Formulario Único de Solicitud de Licencias Ambientales”, adjuntando la información solicitada en el respectivo formulario.
c) Diligenciamiento del “Formato para la Verificación Preliminar de la Documentación que conforma la Solicitud de Licencias Ambientales”, adjuntando todos los soportes de cada uno de los documentos requeridos.
d) Realización del registro en la Ventanilla Integral de Trámites en Línea – VITAL. El usuario interesado debe registrarse en el aplicativo VITAL, diligenciando el formulario de identificación con los datos básicos de la persona natural, jurídica privada o jurídica pública, según corresponda y seleccionando como autoridad ambiental a la CAM, para su posterior validación y aprobación. El proceso de validación requiere una gestión expresa del solicitante, su representante legal o apoderado y puede hacerse con anterioridad a la solicitud de un trámite. El registro debe anexarse a la documentación descrita en el numeral anterior para ser radicada ante la CAM.
e) Radicar ante la Corporación la anterior información para que la entidad apruebe o desapruebe el “Formato para la Verificación Preliminar de la Documentación que conforma la Solicitud de Licencias Ambientales”.
f) En caso de ser aprobado el “Formato para la Verificación Preliminar de la Documentación que Conforma la Solicitud de Licencias Ambientales”, la entidad iniciará el trámite de la Licencia Ambiental y notificará en los términos establecidos en el Decreto 491 de 2020, para lo cual se requiere la indicación de su dirección electrónica o cualquier medio alternativo o a través de los lineamientos descritos en la ley 1437 de 2011 para dicho efecto; en caso de no ser aprobada se le informará mediante oficio y la información será devuelta para que el usuario inicie nuevamente el procedimiento. Se precisa que toda la información que se allegue con la solicitud debe ser suministrada en medio magnético (EIA, cartografía, anexos, formatos, etc), para su correspondiente verificación.
III. Una vez las solicitudes alcancen la etapa de auto de inicio y se notifique al interesado en los términos establecidos en el Decreto 491 de 2020, se continuará con el procedimiento establecido en el Decreto 1076 de 2015 o la norma que la modifique o sustituya.
Las licencias ambientales que se encuentren en curso al momento de la expedición de la presente Resolución, en las que no se haya practicado la visita técnica, ni la reunión de información adicional en caso de ser pertinente, deberá realizarse la programación respectiva para la continuidad del trámite de licenciamiento ambiental.
IV. Procedimiento Sancionatorio Ambiental: Durante el término de vigencia de la presente Resolución, los términos administrativos de los procedimientos sancionatorios ambientales en curso, se reanudarán en la etapa en la que se encuentren, siguiendo los términos y etapas contempladas en la ley 1333 de 2009 y en el Decreto 491 de 2020 en lo relativo a la comunicación y notificación de los actos administrativos.
V. Salvoconducto Único Nacional en Línea - SUNL: Se autoriza la expedición de salvoconductos únicos en línea para la movilización, removilización y renovación dentro del territorio nacional de productos maderables, guadua y especies afines, sin excepción para los sectores y actividades que así lo requieran, los cuales deben ser expedidos en la plataforma de la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales en Línea (VITAL), siguiendo los lineamientos establecidos en la Resolución No. 1909 de 2017, modificada por la Resolución 081 de 2018 y las demás normas que la modifiquen o sustituyan.
La expedición de SUNL, se realizará de lunes a viernes en el horario de 8:00 a.m a 12:00 m., en las cuatro Direcciones Territoriales de la Corporación, localizadas en los municipios de Neiva, Pitalito, Garzón y La Plata. Se permitirá el ingreso del usuario a las instalaciones de la CAM solamente para el retiro del SUNL, para lo cual se requiere de la entrega física del formato de consignación por el valor de liquidación del salvoconducto previamente realizada y enviada a través de la plataforma VITAL con la solicitud de movilización. La consignación es un requisito para la elaboración del documento SUNL. En cada Dirección Territorial de la Corporación, los profesionales con usuario y contraseña en la plataforma SUNL serán los encargados de su expedición.
VI. Procedimiento Administrativo Coactivo: En los procesos administrativos que cursen en el despacho de Cobro Coactivo de la Secretaría General de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena CAM, se reanudarán los términos administrativos en la etapa que se encuentren.
VII. Procesos de Control Interno Disciplinario: Se reanudarán los términos administrativos en la etapa que se encuentren los procesos disciplinarios que cursan en el despacho.
VIII. Reclamaciones de Tasa por usos de Agua (TUA) y Tasa Retributiva (TR): Se reanudarán los términos de las reclamaciones que cursan en el despacho de cobro coactivo de la Secretaría General que requieran visita técnica de campo.
Parágrafo Primero: En las solicitudes de concesiones de aguas superficiales y subterráneas destinadas a beneficiar los sistemas de acueductos urbanos y rurales, así como en las actividades de exploración de aguas subterráneas y la modificación excepcional y transitoria de la licencia ambiental de residuos peligrosos con riesgo biológico o infeccioso generado con ocasión del COVID -19, se dará estricto cumplimiento a las disposiciones señaladas en el Decreto No. 465 del 22 de marzo de 2020.
Parágrafo Segundo: Las solicitudes de modificación o cesión de trámites ambientales, deberán continuar en el estado en que se encuentren, a través de los medios digitales dispuestos para tal fin.
Parágrafo Tercero: Dentro del mes siguiente a la superación de la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, los usuarios deben remitir en medio impreso a la dependencia correspondiente la información radicada en medio digital a través del correo electrónico radicacion@cam.gov.co.
Parágrafo Cuarto: Dentro de cada trámite ambiental deberá obrar la respectiva constancia secretarial de reanudación de términos cuando a ello hubiere lugar. Así mismo, se reanudarán los términos de caducidad y prescripción previstos para los diferentes actos administrativos.
Parágrafo Quinto: Todas los trámites y procedimientos de competencia de esta Corporación, se adelantarán siguiendo el protocolo general de bioseguridad descrito en la Resolución No. 000666 de 2020, o la que la modifique o sustituya.
Parágrafo Sexto: En relación con los procesos de consulta previa en los que participe la Corporación como ejecutor de proyectos, obras y/o actividades se deberá seguir lo dispuesto por el Ministerio del Interior al respecto.
Es en relación con esos apartes normativos subrayados, relativos a la reanudación de los términos administrativos, sobre los que se concentrará el análisis en esta ocasión, y respecto de los demás contenidos se estará a lo resuelto en la sentencia de 28 de julio de 2020, proferida por la Sala Cuarta Especial de Decisión del Consejo de Estado en la que efectuó el control inmediato de legalidad de la Resolución No. 666 de 1 de abril de 2020, expedida por el Director General de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena -CAM, que resolvió:
«PRIMERO. DECLARAR la ilegalidad de la expresión “interrupción” contenida en el parágrafo 5° del artículo 4° de la RESOLUCIÓN 666 DE 1° DE ABRIL DE 2020, expedida por el Director General de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena –CAM-, por las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia. Y por tanto dicho parágrafo quedará así:
“Parágrafo Quinto: La suspensión de términos establecida en el presente artículo implica la de los términos de caducidad, prescripción o firmeza previstos en la Ley, para los diferentes procesos que adelanta la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena - CAM.”
SEGUNDO. DECLARAR la legalidad condicionada del artículo 5° de la RESOLUCIÓN 666 DE 1° DE ABRIL DE 2020, expedida por el Director General de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena –CAM-, en el entendido que los permisos, autorizaciones, certificados o licencias que venzan dentro del mes siguiente a la finalización de la emergencia sanitaria y que no pudieron ser renovadas debido a las medidas adoptadas en esta misma resolución, se entenderán prorrogadas por el tiempo que faltara para completar el término de un mes.
TERCERO. DECLARAR la legalidad condicionada del artículo 2° de la RESOLUCIÓN 666 DE 1° DE ABRIL DE 2020, expedida por el Director General de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena –CAM-, en el entendido de que, ante la imposibilidad manifiesta de una persona de suministrar una dirección de correo electrónico, podrá indicar un medio alternativo para facilitar la notificación o comunicación de los actos administrativos.
CUARTO. DECLARAR que la RESOLUCIÓN Nº. 666 DE 1° DE ABRIL DE 2020, expedida por el Director General de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena –CAM-, se encuentra, en los aspectos restantes que se conocieron dentro del Control Inmediato de Legalidad, ajustada a derecho, al tenor de lo dispuesto en las consideraciones de este proveído».
Adicionalmente, la Resolución No. 705 de 17 de abril de 2020, «Por medio de la cual se modifica la Resolución No. 666 del 01 de abril de 2020 por medio de la cual adoptan medidas de urgencia para garantizar la atención a los usuarios de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena CAM y se toman medidas en el marco del estado de emergencia económica, social y ecológica», fue objeto de control inmediato de legalidad que se decidió en sentencia de 9 de julio de 2020, por la Sala Once Especial de Decisión del Consejo de Estado, que declaró ajustado al ordenamiento jurídico lo relativo a la modificación del artículo 4 de la Resolución No. 666 de 2020, determinación sobre la que también se estará a lo resuelto en el mencionado fallo.
Respecto del artículo 4 de la Resolución No. 1558 de 2020, no se avocó el conocimiento del control inmediato de legalidad por cuanto el aparte «o dentro del mes siguiente a la finalización de la misma», que se agregó al artículo 5 de la Resolución No. 666 de 2020, no desarrolla ningún decreto legislativo. Solo incluye el condicionamiento que la Corte Constitucional efectuó al artículo 8 del Decreto Legislativo 491 de 2020 en la sentencia C-242 de 2020, en la que se resolvió:
«SEXTO.- Declarar la EXEQUIBILIDAD CONDICIONADA del artículo 8°, bajo el entendido de que la medida contenida en el mismo se hace extensiva también a los permisos, autorizaciones, certificados y licencias que venzan dentro del mes siguiente a la finalización de la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social y que no pudieron ser renovadas en vigencia de la misma debido a las medidas adoptadas para conjurarla. En consecuencia, las referidas habilitaciones se entenderán prorrogadas por el tiempo faltante para completar el término de un mes previsto por el legislador».
Tampoco se avocó el conocimiento del artículo 5° de la Resolución No. 1558 de 2020, al considerar que las disposiciones no modificadas de la Resolución No. 666 de 2020, ya fueron objeto de control inmediato de legalidad por medio de la sentencia de 28 de julio de 2020, emanada de la Sala Cuarta Especial de Decisión del Consejo de Estado.
En relación con los artículos 6 y 7 de la Resolución No. 1558 de 2020, relativos, en su orden, a la publicación del acto administrativo y al trámite de comunicación interna y al público en general de la decisión de reanudar los términos administrativos, se avocó el conocimiento del control inmediato de legalidad.
En conclusión, la Sala ordenará estarse a lo resuelto en las sentencias de 28 de julio de 2020 (exp. 2020-01299-00) y 9 de julio de 2020 (exp. 2020-01764-00), proferidas por las Salas Cuarta y Once Especiales de Decisión del Consejo de Estado, en relación con los contenidos del artículo 4 de la Resolución No. 666 de 2020, que no fueron objeto de modificación por el artículo 3 de la Resolución No. 1558 de 2020 (no subrayados), por las razones expuestas.
En consecuencia, el estudio de legalidad recaerá en los artículos 3 (parcial), 6 y 7 de la Resolución No. 1558 de 2020, que se refieren a la reanudación de los términos administrativos de algunos trámites ambientales respecto de los que se suspendieron los términos por medio de la Resolución No. 666 de 1 de abril de 2020, proferida por el Director General de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena -CAM-, a la publicidad en la gaceta ambiental y a la comunicación interna y del público en general del acto administrativo, respectivamente.
3. Planteamiento del problema jurídico y fundamentos de la decisión
De conformidad con los antecedentes expuestos, los escritos de intervención y el concepto del Ministerio Público, la Sala debe determinar si los artículos 3 (parcial), 6 y 7 de la Resolución No. 1558 de 31 de agosto de 2020, expedida por el Director General de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena -CAM-, «Por medio de la cual se modifica la resolución no. 666 del 01 de abril de 2020 por medio de la cual adoptan medidas de urgencia para garantizar la atención a los usuarios de la corporación autónoma regional del alto magdalena CAM y se toman medidas», cumplen con los requisitos formales y materiales señalados en la Constitución Política y la ley, en específico, si se ajustan a lo dispuesto en el artículo 6 del Decreto Legislativo 491 de 2020 objeto de desarrollo.
Con el fin de resolver el problema jurídico, la Sala se referirá a las siguientes consideraciones jurídicas:
Los estados de excepción en el constitucionalismo colombiano;
El Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en la Constitución Política de 1991;
El control inmediato de legalidad como mecanismo de control de constitucionalidad y legalidad;
Los instrumentos internacionales como parámetro en el control inmediato de legalidad;
Características del control inmediato de legalidad en la jurisprudencia del Consejo de Estado.
3.1. Los estados de excepción en el constitucionalismo colombiano
Los estados de excepción o poderes excepcionales, como los denomina la doctrina, están previstos en las constituciones democráticas con el fin de que el Presidente de la República expida medidas de excepción, no frente a situaciones de mera urgencia o necesidad, «sino de aquellas que representen un peligro de tal gravedad para la comunidad política que justifican la adopción de medidas restrictivas de derechos y libertades garantizados por la Constitución», con los límites que allí se establecen, en armonía con el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, lo que requiere el establecimiento de controles estrictos para valorar la juridicidad de esas decisiones (control jurídico) y la conveniencia de las mismas (control político).
Estos mecanismos diseñados para restablecer la normalidad del orden público interno o externo, están atados a la noción de estado de derecho como forma de organización jurídico política, cuya finalidad es la interdicción de la arbitrariedad, en tanto su declaratoria obedece al cumplimiento de unos exigentes presupuestos normativos y fácticos, lo que se explica porque el Presidente de la República queda investido de unas amplias facultades extraordinarias que le permiten, por ejemplo, derogar o suspender la normatividad preexistente, crear impuestos de manera transitoria o restringir algunos derechos fundamentales. Esa facultad discrecional debe estar debidamente reglada, justamente para evitar excesos en su ejercicio.
La Constitución Nacional de 1886, cuya principal característica fue el otorgamiento de poderes ilimitados al Presidente de la República, carentes de controles jurídicos y políticos estrictos, rigurosos e integrales, señalaba en el artículo 121 original dos modalidades de estado de excepción: guerra exterior o conmoción interior, en virtud de los cuales el Presidente de la República, con la firma de todos los ministros, podía declarar turbado el orden público y en estado de sitio toda la República o parte de ella. Con esa declaración, el Presidente quedaba investido de las facultades que le conferían las leyes y el derecho de gentes.
El Acto Legislativo 1 del 10 de diciembre de 1960, «Por el cual se modifica el artículo 121 de la Constitución Nacional», incorporó una tímida limitación al ejercicio de los estados de excepción por el Presidente de la República, al señalar que no podía hacer uso de ellos, sino previa convocatoria del Congreso en el mismo decreto en que declare turbado el orden público y en estado de sitio toda la República o parte de ella. Además, señaló que el Congreso por medio de una proposición aprobada por la mayoría absoluta de una y otra cámara, podía decidir que cualquiera de los decretos que dictara el gobierno en estado de sitio pasara a la Corte Suprema de Justicia para que decidiera sobre su constitucionalidad.
La reforma constitucional incluida en el Acto Legislativo 1 de 1968, (i) permitió el normal funcionamiento del Congreso de la República y la función de control político; (ii) incorporó el control posterior y automático de los decretos legislativos en cabeza de la Corte Suprema de Justicia y (iii) agregó otra tipología de estado de excepción, emergencia económica o social o que constituyan grave calamidad pública, señalando para el efecto un límite temporal de noventa días al año. Al amparo de esa declaratoria, el Presidente de la República, con la firma de todos los ministros, tenía la facultad de dictar decretos con fuerza de ley exclusivamente para conjurar la crisis e impedir la extensión de sus efectos.
No obstante los intentos de regulación de los estados de excepción en vigencia de la Constitución de 1886, en el estado de sitio no existían límites temporales para su declaratoria ni para su duración, las amplias y desbordadas facultades del Presidente de la República permitían la suspensión permanente de derechos fundamentales y la usurpación de funciones legislativas. Sobre estos tres rasgos característicos de los estados de excepción en el anterior marco constitucional, la Corte Constitucional en Sentencia C-802 de 2002, sostuvo:
«En cuanto a lo primero, no se consideraba adecuado que el límite temporal de la medida de excepción estuviera sujeto a la discrecionalidad del ejecutivo. Nótese cómo durante las distintas reformas al instituto se conservó la fórmula según la cual el Gobierno era quien definía en qué momento se había retornado a la normalidad y, por ende, se levantaba el estado de sitio. Esta concepción llevó a una utilización prácticamente permanente del régimen excepcional.
En cuanto a lo segundo, la vigencia reiterada del estado de sitio provocaba la suspensión permanente de los derechos del individuo, en especial aquellos relacionados con el debido proceso y con las libertades de información y de locomoción. De esta forma, el estado de sitio terminaba convirtiéndose en un mecanismo de interdicción de los derechos de los ciudadanos, marco favorable para las extralimitaciones de los agentes estatales.
Por último, la permanencia del estado de sitio y la laxitud con que se manejó la conexidad que debía existir entre los motivos de la declaración y las medidas diseñadas para superar los hechos que le dieron origen, condujeron a que el ejecutivo suplantara al legislativo en la formulación de la ley y por ello durante la segunda mitad del siglo XX se utilizó ese régimen como mecanismo para regular temas que no tenían relación con los supuestos fácticos que sirvieron de base para la declaratoria del estado excepcional».
Era evidente que la mencionada regulación ponía en entredicho la vigencia del estado de derecho y hacía manifiesta la fragilidad del valor normativo de la Constitución Nacional de 1886. Esas amplias atribuciones otorgadas al Presidente de la República, problemáticas en un sistema de gobierno presidencialista, llevaron desde el primer momento al Constituyente de 1991 a incorporar una regulación de los estados de excepción que estuviera en armonía con la necesidad de precisar límites claros al poder con una mirada hacia el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, a un modelo de contrapesos real para evitar el desbordamiento en la adopción de las medidas y al establecimiento de límites temporales para impedir que la anormalidad se convirtiera en la regla, y no como su nombre y concepción lo indican, a que sean situaciones excepcionales y extraordinarias que no puedan ser conjuradas con las facultades ordinarias.
De ello da cuenta el Informe de Ponencia para primer debate en plenaria de la Asamblea Constituyente, en el que los delegatarios sostuvieron:
«En los últimos 42 años, el país ha vivido 37 años en estado de sitio, convirtiendo una medida excepcional en un régimen permanente, pues de la Constitución, el único artículo cuya aplicación debería ser la excepción, es el artículo de más permanente aplicación. En vez de la excepción confirmar la regla, la excepción se vuelve regla.
Todos los proyectos votados, buscan la limitación en el tiempo de los estados de emergencia.
La discusión sobre si se puede limitar el tiempo de duración del estado o estados de emergencia, sin que hayan cesado las causas de perturbación del orden público, es claramente pertinente.
La lógica parece indicar que no debe limitarse el tiempo, pues no puede predecirse la duración de la perturbación. Pero la realidad demuestra que en Colombia la prolongación en el tiempo del estado de excepción no ha resuelto el desorden, sino que puede aún haberlo agravado, y sin duda ha deteriorado gravemente la figura del estado de sitio. Además, se ha convertido en una muleta para gobernar casi al margen del estado de derecho. Ha desordenado las estructuras institucionales, por los frecuentes cambios de orientación en la búsqueda de soluciones que no llegan, por la vía excepcional.
(…)
En verdad Colombia sigue utilizando para su vida interior el ya mencionado artículo 121 de la Constitución de 1886, reformado en varias ocasiones sin perder su sustancia, al margen y aun en contra de lo dispuesto en las Convenciones de las Naciones Unidas y del Sistema Interamericano sobre Derechos Humanos.
El Artículo 27 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que la suspensión de garantías por un Estado parte en este instrumento internacional está condicionada al mantenimiento en todo caso de las garantías de la persona relacionadas con el derecho a la vida, a la integridad personal, los principios de legalidad y retroactividad, las libertades de religión y de conciencia, más ‘las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos’.
(…)
Colombia ha incumplido estas disposiciones tanto de las Naciones Unidas como de la Organización de los Estados Americanos, dentro de la práctica ininterrumpida del estado de sitio» (subrayas y negrillas por fuera del texto original).
Con ese norte, la Constitución Política de 1991 concibió un modelo de estados de excepción más preciso en cuanto a límites temporales y sustanciales o materiales para el Presidente de la República, y un sistema de controles rígido con la pretensión de garantizar la supremacía y vigencia de la Constitución, inclusive en esas situaciones de anormalidad o extraordinarias.
El marco constitucional actual señala tres modalidades de estado de excepción, a saber: El primero, el Estado de Guerra Exterior concebido para repeler la agresión, defender la soberanía, atender los requerimientos de la guerra y procurar el restablecimiento de la normalidad (art. 212 CP). El segundo, el Estado de Conmoción Interior cuya finalidad es evitar la grave perturbación del orden público que atente de manera inminente contra la estabilidad institucional, la seguridad del Estado, o la convivencia ciudadana, y que no pueda ser conjurada mediante el uso de las atribuciones ordinarias de las autoridades de policía (art. 213 CP). El tercero, el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica cuando sobrevengan hechos distintos de los previstos en los artículos 212 y 213 de la Carta, que perturben o amenacen perturbar en forma grave e inminente el orden económico, social y ecológico o que constituyan grave calamidad pública (art. 215 CP).
La Ley Estatutaria 137 de 1994, reglamentó los estados de excepción en Colombia. Ese marco normativo definió los principios que regulan el uso de facultades excepcionales del Presidente de la República, haciendo especial énfasis en que solo pueden ser empleadas cuando los poderes ordinarios no permitan mantener la normalidad.
Además, dispone que las medidas que se adopten deberán estar encaminadas a conjurar la crisis, ser necesarias para alcanzar los fines que se persiguen con la declaratoria del estado de excepción, y ser proporcionales con la gravedad de los hechos que rodean la crisis.
Del mismo modo, determina las garantías para proteger los derechos humanos conforme a los tratados internacionales y a la Constitución, estableciendo una categoría de derechos intangibles durante los estados de excepción que no pueden ser objeto de limitaciones (art. 4), y prescribe respecto de los demás derechos, la prohibición de que las limitaciones impliquen la suspensión del ejercicio de los mismos (art. 5).
Asimismo, incorpora una serie de controles jurídicos y políticos sobre la declaratoria de los estados de excepción y las medidas adoptadas en desarrollo de los mismos, como una expresión del Estado de Derecho.
En los tres estados de excepción la Constitución prevé unas condiciones fácticas y jurídicas para acudir a estos mecanismos extraordinarios, entre ellas, el establecimiento de límites temporales para la conmoción interior y la emergencia económica, social y ecológica, silencio que tiene una justificación lógica respecto de la guerra exterior, a lo que se debe agregar que al amparo de la declaratoria del estado de excepción, el Presidente de la República adoptará las medidas estrictamente necesarias.
Ahora bien, el artículo 214 de la Constitución Política incluye las reglas constitucionales aplicables al estado de guerra exterior y al estado de conmoción interior (artículos 212 y 213 de la Constitución), en el que se establece el marco de referencia o de acción para el Presidente de la República, a saber:
Los decretos legislativos llevarán la firma del Presidente de la República y todos sus ministros y solo podrán referirse a materias que tengan relación directa y específica con la situación que hubiere determinado la declaratoria del estado de excepción;
No podrán suspenderse los derechos humanos ni las libertades fundamentales y se deberán respetar las reglas del derecho internacional humanitario;
Los controles judiciales y las garantías para proteger los derechos se llevarán a cabo de conformidad con los tratados internacionales;
Las medidas que se adopten deben ser proporcionales a la gravedad de los hechos;
No se interrumpirá el normal funcionamiento de las ramas del poder público, ni de los órganos del Estado.
Tan pronto haya cesado la guerra exterior o la conmoción interior, el Gobierno declarará restablecido el orden público y levantará el estado de excepción.
El Presidente de la República y los ministros serán responsables cuando declaren los estados de excepción y lo serán, igual que los demás funcionarios, por cualquier abuso que hubieren cometido en el ejercicio de las facultades otorgadas por la Constitución.
El Gobierno enviará a la Corte Constitucional los decretos legislativos que dicte en uso de los estados de excepción, para que decida definitivamente sobre su constitucionalidad. Si no cumpliere con el deber de envío, esa corporación judicial aprehenderá de oficio y en forma inmediata su conocimiento.
Por su parte, el artículo 215 de la Constitución Política incorpora los parámetros normativos por los que se rige el estado de emergencia económica, social o ecológica, o que constituyan grave calamidad pública, los cuales se precisarán en el siguiente acápite.
A manera de conclusión, la Constitución Política de 1991 ha significado un importante salto cualitativo en la regulación de los estados de excepción en el constitucionalismo colombiano, al establecer unas condiciones claras y precisas para su ejercicio con el fin de evitar excesos y desbordamientos en esa facultad extraordinaria entregada al Presidente de la República, cuya principal contención son los controles jurídicos como manifestación del control de constitucionalidad.
3.2. El estado de emergencia económica, social y ecológica en la Constitución Política de 1991
De conformidad con el artículo 215 de la Carta Política, el Presidente de la República, con la firma de todos los ministros, podrá declarar el estado de emergencia (i) cuando sobrevengan hechos distintos a los previstos en los artículos 212 y 213 de la Constitución, que perturben o amenacen perturbar en forma grave e inminente el orden económico, social y ecológico del país, o (ii) que constituyan grave calamidad pública.
En la misma disposición, se establece que la declaratoria de ese estado de excepción será por periodos de hasta treinta días en cada caso, que sumados no podrán exceder de noventa días en el año calendario.
Mediante tal declaratoria, que deberá ser motivada, podrá el Presidente de la República, con la firma de todos los ministros, dictar decretos con fuerza de ley, destinados exclusivamente a conjurar la crisis y a impedir la extensión de sus efectos. Estos decretos, a diferencia de los que se dictan en el estado de conmoción interior y de guerra exterior (arts. 212 y 213 de la CP), como lo ha sostenido la Corte Constitucional, tienen vocación de permanencia, «lo cual significa que pueden reformar o derogar la legislación preexistente y poseen vigencia indefinida».
Los decretos de desarrollo deberán referirse a materias que tengan relación directa y específica con el estado de emergencia, y podrán en forma transitoria, establecer nuevos tributos o modificar los existentes. En este último caso, las medidas dejarán de regir al término de la siguiente vigencia fiscal, salvo que el Congreso de la República, durante el año siguiente, les otorgue carácter permanente.
El decreto declaratorio del estado de emergencia señalará el término dentro del cual va a hacer uso de las facultades extraordinarias, y convocará al Congreso de la República, si este no se hallare reunido, en los diez días siguientes al vencimiento de dicho término, con el fin de que, previo informe motivado, examine las causas de la declaratoria del estado de excepción y las medidas adoptadas, y se pronuncie sobre la conveniencia y la oportunidad de las mismas.
El Congreso de la República dentro del año siguiente a la declaratoria de la emergencia podrá derogar, modificar o adicionar los decretos con fuerza de ley en aquellas materias que son de iniciativa del Gobierno, mientras que respecto de las que son de iniciativa propia, podrá ejercer dichas atribuciones en cualquier tiempo.
El Presidente de la República y los ministros serán responsables cuando declaren el estado de emergencia, sin haberse presentado alguna de las circunstancias que dan lugar a la declaratoria del estado de emergencia, y lo serán también por cualquier abuso cometido en el ejercicio de las facultades que la Constitución otorga al Gobierno durante la emergencia.
Señala el artículo 215 de la Constitución Política, que el Gobierno no podrá desmejorar los derechos sociales de los trabajadores mediante la expedición de los decretos con fuerza de ley.
Por último, establece que el Gobierno enviará a la Corte Constitucional al día siguiente de su expedición los decretos legislativos que dicte en el marco del estado de emergencia, para que decida sobre su constitucionalidad. Si el Gobierno no cumpliere con el deber de enviarlos, la Corte Constitucional aprehenderá de oficio y en forma inmediata su conocimiento.
3.3. El control inmediato de legalidad como mecanismo de control de constitucionalidad
El artículo 4 superior señala que la Constitución es norma de normas y en caso de incompatibilidad entre la Carta Política y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales. Este artículo establece expresamente el principio de supremacía constitucional, cuyo entendimiento se debe articular con la noción de valor normativo, es decir, que la Constitución tiene una aplicación directa y prevalente en el ordenamiento jurídico, sin que sea necesario algún tipo de desarrollo legislativo.
La supremacía y el valor normativo de la Constitución, por sí mismos, no son suficientes para que ese ordenamiento fundacional tenga plena aplicabilidad y vigencia. Es necesario contar con un mecanismo que, en el proceso de formación y consolidación del Estado de Derecho, se ha denominado el control de constitucionalidad, cuya principal finalidad es la defensa de la Constitución.
Para Jorge Reinaldo A. Vanossi, el control de constitucionalidad se refiere «a la existencia, dentro de un régimen constitucional, de diversos mecanismos destinados a hacer efectiva la supremacía de la Constitución, o sea, una pluralidad de instrumentos» (negrillas por fuera del texto original).
La Constitución Política de 1991, incorpora diversas manifestaciones del control de constitucionalidad, a saber: (i) la función entregada a la Corte Constitucional en virtud de las competencias asignadas en el control abstracto y concreto de constitucionalidad (art. 241 de la Constitución); (ii) la atribución del Consejo de Estado a través de la acción de pérdida de investidura de congresistas y la acción pública de nulidad por inconstitucionalidad (arts. 184 y 237 numeral 2 de la Constitución); (iii) la facultad de los Tribunales Administrativos, en única instancia, de conocer las objeciones por motivos de inconstitucionalidad y legalidad de los proyectos de ordenanza departamental y de acuerdo municipal, formuladas por los gobernadores y alcaldes, respectivamente (arts. 305 numeral 9 y 315 numeral 6 de la Constitución); (iv) el control por vía de excepción de inconstitucionalidad cuya competencia recae en las autoridades judiciales y administrativas (art. 4 de la Constitución) y (v) la competencia de todas las autoridades judiciales para conocer acciones de tutela (art. 86 de la Constitución).
Otro de esos mecanismos de defensa de la Constitución, de creación legal, es el control inmediato de legalidad previsto en el artículo 20 de la Ley Estatutaria 137 de 1994, en virtud del cual «las medidas de carácter general que sean dictadas en ejercicio de la función administrativa y como desarrollo de los decretos legislativos durante los Estados de Excepción, tendrán un control inmediato de legalidad, ejercido por la autoridad de lo contencioso administrativo en el lugar donde se expidan si se tratare de entidades territoriales o del Consejo de Estado si emanaren de autoridades nacionales. Las autoridades competentes que los expidan enviarán los actos administrativos a la jurisdicción contencioso-administrativa indicada, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a su expedición».
La Corte Constitucional en sentencia C-179 de 1994, declaró la exequibilidad de esa disposición, al considerar que esas previsiones «encajan dentro de lo contemplado en el artículo 237 de la Carta, que le atribuye al Consejo de Estado las funciones de tribunal supremo de lo contencioso administrativo, y el conocimiento de las acciones de nulidad por inconstitucionalidad de los decretos dictados por el Gobierno Nacional, cuya competencia no corresponda a la Corte Constitucional, al igual que el cumplimiento de las demás funciones que le asigne la ley». Agregó que ese control «constituye una limitación al poder de las autoridades administrativas, y es medida eficaz con la cual se busca impedir la aplicación de normas ilegales» (negrillas por fuera del texto original).
Con la entrada en vigencia del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), el artículo 136 reprodujo el artículo 20 de la Ley 137 de 1994, e incorporó en el artículo 185 un trámite expedito y sumario para el control inmediato de legalidad, el cual se caracteriza por no tener un carácter adversarial. De allí que algunas expresiones como auto admisorio de la demanda o acto demandado, no sean propias de un control automático en el que se avoca o no el conocimiento del asunto, se garantiza el derecho de participación a través de la fijación de un aviso para que cualquier ciudadano u organizaciones públicas, privadas o expertos defiendan o impugnen la constitucionalidad y legalidad del acto administrativo, es obligatorio que el Ministerio Público rinda concepto y termina con la adopción de una sentencia.
Así las cosas, el control inmediato de legalidad, en tanto manifestación del control de constitucionalidad, habilita a la jurisdicción contencioso administrativa para examinar desde el punto de vista formal y material las medidas administrativas de contenido general expedidas por las autoridades nacionales y territoriales, llámense reglamentos o actos administrativos, en desarrollo de los decretos legislativos dictados durante los estados de excepción, como una contención adicional al control jurídico que ejerce la Corte Constitucional respecto de los decretos legislativos.
La potestad reglamentaria, ha sido entendida por la jurisprudencia de esta Corporación como la «facultad constitucional atribuida de manera permanente a algunas autoridades para expedir un conjunto de disposiciones jurídicas de carácter general y abstracto para la debida ejecución de la ley, mediante las cuales se desarrollan las reglas y principios en ella fijados. Su propósito es señalar aquellos detalles y pormenores necesarios que permitan la debida aplicación de la ley, sin que en ningún caso puedan modificarla, ampliarla o restringirla en cuanto a su contenido material o alcance», a lo que ha agregado que «el reglamento no tiene que reproducir la ley en todo su contenido, ya que es sabido que su función es la de desagregarla o detallarla en su contenido en todo aquello que sea necesario, es decir, desarrollarla en las circunstancias y detalles no explícitos en la misma, y en ese evento seguirían vigentes por cuenta de la normativa reglamentada» (negrillas por fuera del texto original).
Para Eduardo García de Enterría y Tomás-Ramón Fernández, «se llama potestad reglamentaria al poder en virtud del cual la Administración dicta Reglamentos; es, quizá, su potestad más intensa y grave, puesto que implica participar en la formación del ordenamiento. De este modo la Administración no es sólo un sujeto de Derecho sometido como los demás a un ordenamiento que le viene impuesto, sino que tiene la capacidad de formar en una cierta medida su propio ordenamiento y aun el de los demás».
En relación con la distinción entre acto administrativo y reglamento, sostienen que «el acto administrativo, sea singular o general su círculo de destinatarios, se agota en su simple cumplimiento, se consume en éste; para un nuevo cumplimiento habrá que dictar eventualmente un nuevo acto (una nueva convocatoria, un nuevo anuncio de licitación o de información pública, una nueva orden general). En cambio, la norma ordinamental [reglamento] no se consume con su cumplimiento singular, antes bien se afirma, se consolida, se mantiene y es susceptible de una pluralidad indefinida de cumplimientos; sigue ‘ordenando’ la vida social desde la superioridad. (…) Así la potestad reglamentaria no corresponde más que a aquellos órganos a quienes específicamente se la atribuye el ordenamiento; en cambio el poder de dictar actos administrativos es una cualidad general de todo órgano de la Administración, su modo normal de expresarse».
En definitiva, en un escenario de poderes de excepción en el que el Presidente de la República cuenta con amplias facultades normativas y, por contera, las autoridades en ejercicio de la función administrativa, se hacen necesarios controles jurídicos reforzados, uno de ellos el control inmediato de legalidad, «con el fin de verificar que tales determinaciones, adoptadas en ejercicio de la función administrativa, no desborden las finalidades y los límites establecidos por la Constitución Política, por la Ley y por el propio Gobierno Nacional en los decretos respectivos».
3.4. Los instrumentos internacionales como parámetro en el control inmediato de legalidad
El estudio de las medidas administrativas de contenido general como desarrollo de los decretos legislativos en los estados de excepción, además de realizarse desde el marco constitucional y la Ley Estatutaria de los Estados de Excepción, debe atender las obligaciones de los instrumentos internacionales aplicables, ratificados por el Estado colombiano, como obligaciones adquiridas de buena fe que no pueden ser desatendidas (art. 93 de la Constitución).
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), ha entendido que ese análisis se debe efectuar bajo la noción del control de convencionalidad, denominación que desarrolló ese tribunal internacional por primera vez en el caso Almonacid Arellano vs. Chile, en los siguientes términos:
«124. La Corte es consciente que los jueces y tribunales internos están sujetos al imperio de la ley y, por ello, están obligados a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces, como parte del aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermadas por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, y que desde un inicio carecen de efectos jurídicos. En otras palabras, el Poder Judicial debe ejercer una especie de ‘control de convencionalidad’ entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En esta tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana» (subrayas y negrillas por fuera del texto original).
Posteriormente, en los casos Boyce y otros Vs. Barbados, López Lone y otros Vs. Honduras y V.R.P., V.P.C. y otros Vs. Nicaragua, entre otros, la Corte IDH ha ido delineando las características del control de convencionalidad, las cuales se pueden resumir así:
«a) consiste en verificar la compatibilidad de las normas y demás prácticas internas con la CADH, la jurisprudencia de la Corte IDH y los demás tratados interamericanos de los cuales el Estado sea parte;
b) es una obligación que corresponde a toda autoridad pública en el ámbito de sus competencias;
c) para efectos de determinar la compatibilidad con la CADH, no sólo se debe tomar en consideración el tratado, sino que también la jurisprudencia de la Corte IDH y los demás tratados interamericanos de los cuales el Estado sea parte;
d) es un control que debe ser realizado ex officio por toda autoridad pública, y
e) su ejecución puede implicar la supresión de normas contrarias a la CADH o bien su interpretación conforme a la CADH, dependiendo de las facultades de cada autoridad pública».
Como se indicó en el numeral 2.1. supra, la declaratoria de los estados de excepción está estrechamente ligada al Estado de Derecho, lo que supone que el Presidente de la República tiene precisos límites formales y materiales señalados en la Constitución Política, la Ley Estatutaria de los Estados de Excepción y los instrumentos internacionales de derechos humanos y del derecho internacional humanitario ratificados por el Estado colombiano, lo que se extiende a las demás autoridades administrativas.
El artículo 214 de la Carta Política establece como reglas del derecho internacional, a las que se someterán los estados de excepción: (i) que no podrán suspenderse los derechos humanos ni las libertades fundamentales; en todo caso, se respetarán las reglas del derecho internacional humanitario y (ii) que una ley estatutaria regulará las facultades del Gobierno durante los estados de excepción y establecerá los controles judiciales y las garantías para proteger los derechos, de conformidad con los tratados internacionales.
Los estándares internacionales aplicables en los estados de excepción, se encuentran en el Informe del Relator Especial de las Naciones Unidas Leandro Despouy sobre los derechos humanos y los estados de excepción del 23 de junio de 1997, fruto de 12 años de trabajo ininterrumpido, en el que recogió la evolución en el ámbito internacional sobre la protección de los derechos humanos durante los estados de excepción y consolidó el marco jurídico de referencia contenido en los instrumentos internacionales que regulan los estados de excepción, destacando los artículos 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), 27 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), vinculantes para el Estado colombiano en virtud de la cláusula de reenvío del artículo 93 de la Constitución Política, y 15 de la Convención Europea de Derechos Humanos que, para el Estado colombiano, no es vinculante.
En el mencionado Informe, se hace referencia a la evolución de la protección internacional de los derechos humanos bajo el estado de excepción y se destaca el especial reconocimiento que el derecho internacional contemporáneo hace del individuo como sujeto de derecho internacional. De igual manera, señala que la aplicación de los estados de excepción no solo está condicionada «a la existencia de una emergencia grave que afecte al conjunto de la población sino que, además, debe cumplir con determinados requisitos específicos, como son por ejemplo la declaración oficial del estado de excepción, la proporcionalidad de las medidas, elementos estos que definen su legalidad. En definitiva, estos requisitos, además de imponer limitaciones concretas al ejercicio de las facultades extraordinarias o al ejercicio de los llamados ‘poderes de crisis’, obran, en la práctica, a la manera de garantías jurídicas, explícitas o implícitas, para preservar la vigencia de los derechos humanos en dichas circunstancias».
Ahora bien, con el fin de precisar el marco de acción o las obligaciones internacionales que se derivan de los artículos 4 y 27 del PIDCP y la CADH, respectivamente, se hará referencia al contenido de esas disposiciones y, enseguida, se mostrarán los principios que de ellos emergen como límites aplicables en los estados de excepción desarrollados en el Informe.
El artículo 4 del PIDCP, dispone:
«1. En situaciones excepcionales que pongan en peligro la vida de la nación y cuya existencia haya sido proclamada oficialmente, los Estados Partes en el presente Pacto podrán adoptar disposiciones que, en la medida estrictamente limitada a las exigencias de la situación, suspendan las obligaciones contraídas en virtud de este Pacto, siempre que tales disposiciones no sean incompatibles con las demás obligaciones que les impone el derecho internacional y no entrañen discriminación alguna fundada únicamente en motivos de raza, color, sexo, idioma, religión u origen social.
2. La disposición precedente no autoriza suspensión alguna de los artículos 6, 7, 8 (párrafos 1 y 2), 11, 15, 16 y 18.
3. Todo Estado Parte en el presente Pacto que haga uso del derecho de suspensión deberá informar inmediatamente a los demás Estados Partes en el presente Pacto, por conducto del Secretario General de las Naciones Unidas, de las disposiciones cuya aplicación haya suspendido y de los motivos que hayan suscitado la suspensión. Se hará una nueva comunicación por el mismo conducto en la fecha en que se haya dado por terminada tal suspensión».
A su turno, el artículo 27 de la CADH establece:
«Suspensión de Garantías
1. En caso de guerra, de peligro público o de otra emergencia que amenace la independencia o seguridad del Estado parte, éste podrá adoptar disposiciones que, en la medida y por el tiempo estrictamente limitados a las exigencias de la situación, suspendan las obligaciones contraídas en virtud de esta Convención, siempre que tales disposiciones no sean incompatibles con las demás obligaciones que les impone el derecho internacional y no entrañen discriminación alguna fundada en motivos de raza, color, sexo, idioma, religión u origen social.
2. La disposición precedente no autoriza la suspensión de los derechos determinados en los siguientes artículos: 3 (Derecho al Reconocimiento de la Personalidad Jurídica); 4 (Derecho a la Vida); 5 (Derecho a la Integridad Personal); 6 (Prohibición de la Esclavitud y Servidumbre); 9 (Principio de Legalidad y de Retroactividad); 12 (Libertad de Conciencia y de Religión); 17 (Protección a la Familia); 18 (Derecho al Nombre); 19 (Derechos del Niño); 20 (Derecho a la Nacionalidad), y 23 (Derechos Políticos), ni de las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos.
3. Todo Estado parte que haga uso del derecho de suspensión deberá informar inmediatamente a los demás Estados Partes en la presente Convención, por conducto del Secretario General de la Organización de los Estados Americanos, de las disposiciones cuya aplicación haya suspendido, de los motivos que hayan suscitado la suspensión y de la fecha en que haya dado por terminada tal suspensión».
Con base en lo anterior, el Informe detalla los principios que deben cumplirse en los estados de excepción para definir su conformidad con las normas internacionales, a saber:
Principio de legalidad, en virtud del cual es necesaria la preexistencia de normas que lo regulan y la existencia de mecanismos de control;
Principio de proclamación o de publicidad, cuya finalidad es que haya una declaración oficial que dé cuenta de la amplitud material, territorial de la aplicación de medidas de emergencia;
Principio de notificación, dirigido a la comunidad internacional, con el fin de informar sobre la imposibilidad de cumplir transitoriamente ciertas obligaciones adquiridas por el Estado Parte en una convención. También se debe notificar el levantamiento de la medida de excepción;
Principio de temporalidad, dirigido a que se indique la limitación en el tiempo y evitar la permanencia indefinida del estado de excepción;
Principio de amenaza excepcional, relativo a la naturaleza del peligro y a los presupuestos de hecho, los cuales se circunscriben al concepto de circunstancias excepcionales;
Principio de proporcionalidad, que supone una relación de adecuación entre el peligro inminente y los medios utilizados para repelerlo. Además, para ser legítimos deben ser proporcionales a la gravedad del peligro;
Principio de no discriminación, que debe ser considerado como una condición especial para ejercer el derecho de suspensión que esos instrumentos reconocen a los Estados Partes, el cual no acepta ningún tipo de limitación ni derogación; y
Principios de compatibilidad, concordancia y complementariedad de las normas del derecho internacional, los cuales buscan armonizar las distintas obligaciones asumidas por los Estados en el orden internacional y a reforzar la protección de los derechos humanos en las situaciones de crisis mediante la aplicación concordante y complementaria de las normas establecidas para salvaguardar los derechos humanos en los estados de excepción.
Principio de intangibilidad del ejercicio de los derechos humanos fundamentales, respecto del cual el artículo 27 de la CADH dispone un listado de derechos más amplio, en comparación con el artículo 4 del PIDCP, a lo que se agrega la imposibilidad de suspender los derechos de amparo y hábeas corpus para proteger los derechos y libertades en los estados de excepción.
Así las cosas, los estándares del derecho internacional se constituyen en un parámetro de referencia obligatorio en el examen del control inmediato de legalidad, lo que se traduce en un examen de convencionalidad de las medidas administrativas adoptadas por las autoridades como desarrollo de los decretos legislativos en los estados de excepción.
3.5. Características del control inmediato de legalidad en la jurisprudencia del Consejo de Estado
Para materializar las medidas que adopta el Gobierno Nacional en vigencia de los estados de excepción, las autoridades de distinto orden pueden hacer uso de la facultad reglamentaria con el fin de desarrollar los decretos legislativos, según la naturaleza y las funciones asignadas en la Constitución y en la ley, actos administrativos que son objeto de control inmediato de legalidad.
La jurisprudencia del Consejo de Estado ha definido las características o componentes mínimos del control de legalidad asignado a la jurisdicción contencioso administrativa, precisando distintos criterios que regulan el trámite y los efectos de la decisión.
En un primer momento, el Consejo de Estado sostuvo que la Ley 137 de 1994 no había consagrado un procedimiento especial para dicho trámite, pero que ese marco normativo indicaba como principal característica la inmediatez. Al respecto, en providencia de 17 de septiembre de 1996, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de la Corporación expresó lo siguiente:
«Finalmente, se advierte, la ley no estableció actuación alguna que debiera cumplirse para el ejercicio de control de legalidad, sino que determinó que éste fuera inmediato, esto es, enseguida, sin la mediación de trámites, que ninguno fue dispuesto, lo cual no obsta para que el Consejo de Estado, si así lo estimara, decrete y practique las pruebas que considere necesarias».
En lo sucesivo, la jurisprudencia del Consejo de Estado fue agregando unas condiciones y características del control inmediato de legalidad. En tal sentido, en providencia de 9 de febrero de 1999, hizo referencia al carácter autónomo, teniendo en cuenta que no está condicionado a que la Corte Constitucional previamente resuelva sobre la exequibilidad de los decretos legislativos dictados por el Presidente de la República en el estado de excepción.
Posteriormente, en sentencia de 7 de febrero de 2000, consolidó las características del control inmediato de legalidad que se venían desarrollando en la jurisprudencia. Así, junto al carácter inmediato y autónomo, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado se refirió al carácter oficioso, integral, a los efectos de cosa juzgada relativa y a la compatibilidad con otras acciones contenciosas establecidas en el ordenamiento jurídico en defensa de la legalidad de los actos administrativos.
Sobre ese particular, explicó que el carácter oficioso surge de lo establecido en el inciso 2° del artículo 20 de la Ley 137 de 1994, que establece que las autoridades que expidan decisiones administrativas sujetas a control inmediato de legalidad (porque desarrollan o reglamentan un decreto legislativo expedido en desarrollo del estado de excepción), deben ser remitidas a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, dentro de las 48 horas siguientes a su expedición, lo que significa que la posibilidad de adelantar un examen de legalidad a las medidas adoptadas por las autoridades públicas en desarrollo de los decretos legislativos, sin que intervenga la solicitud de un particular, dado que «basta que sean expedidas para que surja la competencia de esta jurisdicción y la obligación de la autoridad que las profiere de remitirlas a examen». Ahora bien, la omisión en la remisión del acto administrativo no impide que se adelante el estudio correspondiente por parte de la jurisdicción administrativa de manera oficiosa.
El control integral, hace referencia a los aspectos que se revisan en el examen de legalidad, tales como, la competencia para expedir las medidas objeto de estudio, los requisitos de forma y de fondo, la conexidad con las circunstancias en las que se origina, teniendo en cuenta que la finalidad que deben perseguir es la de conjurar la crisis e impedir la extensión de sus efectos, el carácter transitorio, la proporcionalidad y su conformidad con el ordenamiento jurídico.
En sentencia de 23 de noviembre de 2010, emanada de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, se precisó que esa integralidad «no puede fundarse en los mismos parámetros de aquel que le compete a la Corte Constitucional respecto de los decretos legislativos, expedidos al amparo de la declaratoria del estado de excepción, por expreso mandato superior (arts. 241 numeral 7º y 215, parágrafo). Dado que no es lo mismo revisar una norma legal de excepción delante de un número finito de disposiciones (como es la Constitución), que revisarla frente al ‘resto del ordenamiento jurídico’. Si bien es cierto que el control automático supone un control integral, no puede pretenderse con ello que al ejercer tal control, el juez revise todo el ordenamiento jurídico».
De acuerdo con lo anterior, precisó que corresponde confrontar las medidas objeto de estudio «en primer lugar con la normativa propia de la situación de excepción, y en todo caso, si el Juez se percata de la existencia de la vulneración de cualquier otra norma que no haya sido suspendida o derogada por las disposiciones con fuerza de ley, dictadas al amparo del estado de excepción, procederá a declarar la ilegalidad de la norma que ha sido remitida para revisión a través del control inmediato de legalidad».
En relación con los efectos de cosa juzgada relativa, la jurisprudencia de esta Corporación ha indicado que la decisión que se profiera en el trámite del control de legalidad está investida del carácter de cosa juzgada relativa, lo que habilita la posibilidad de que, con posterioridad, cualquier persona en ejercicio de las acciones contenciosas, pueda impugnar dichas medidas sobre aspectos que no fueron objeto de pronunciamiento en virtud del control inmediato de legalidad.
De lo anterior, se desprende otra característica: la compatibilidad con otras acciones contenciosas configuradas en defensa de la legalidad. Ello significa que no invalida el derecho que les asiste a las personas para impugnar en interés del orden jurídico dado el carácter general de las medidas objeto del control.
Las citadas características fueron reiteradas por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado en sentencia de 23 de noviembre de 2010, en la que sostuvo que, además de las señaladas, el control inmediato de legalidad es jurisdiccional, «en la medida en que se resuelve mediante un proceso judicial y se materializa con una Sentencia». De esta manera se dejó atrás la discusión planteada en aclaraciones y salvamentos de voto en donde se indicaba que la decisión del control de legalidad no tenía la característica de una sentencia judicial, en tanto no garantizaba el debido proceso sino se trataba de un ‘procedimiento o trámite sumario’.
En suma, el control inmediato de legalidad (i) tiene la connotación de un proceso judicial y la providencia con la que concluye tiene las características de una sentencia judicial, (ii) es automático e inmediato, (iii) es integral, (iv) es autónomo, (v) la sentencia que decide el control de legalidad hace tránsito a cosa juzgada relativa y, por lo tanto, (vi) es compatible con las acción de simple nulidad y de nulidad por inconstitucionalidad prevista en el artículo 237-2 de la Constitución Política.
4. Examen de constitucionalidad y de legalidad de los artículos 3 (parcial), 6 y 7 de la Resolución No. 1558 de 31 de agosto de 2020
4.1. Estudio de los presupuestos formales
4.1.1. De conformidad con los parámetros que ha precisado la jurisprudencia de esta Corporación, la revisión de los requisitos formales se encamina a constatar que los artículos 3 (parcial), 6 y 7 de la Resolución No. 1558 de 31 de agosto de 2020, «Por medio de la cual se modifica la Resolución No. 666 del 01 de abril de 2020 por medio de la cual adoptan medidas de urgencia para garantizar la atención a los usuarios de la corporación autónoma regional del alto magdalena CAM y se toman medidas», proferida por el Director General de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena -CAM-, se haya dictado con competencia de la autoridad y con el cumplimiento de los presupuestos contenidos en los artículos 20 de la Ley Estatutaria 137 de 1994 y 136 del CPACA, esto es, (i) que las medidas de carácter general sean emanadas de autoridades nacionales, (ii) dictadas en ejercicio de la función administrativa y (iii) como desarrollo de los decretos legislativos durante los estados de excepción.
4.1.2. En primer término, respecto de la competencia como elemento subjetivo de la validez del acto administrativo, entendida por la doctrina como «la medida de la potestad que corresponde a cada órgano, siendo siempre una determinación normativa», la Sala de conformidad con lo previsto en el artículo 6 del Decreto Legislativo 491 de 2020 que faculta a las autoridades administrativas, por razón del servicio para suspender y reanudar las actuaciones (ratione materiae), encuentra que el Director de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena -CAM-, está facultado para disponer la reanudación de los términos administrativos, en tanto de conformidad con el artículo 28 de la Ley 99 de 1993, es el representante legal y la primera autoridad ejecutiva de la entidad, a quien de conformidad con el artículo 29 numerales 1 y 5 de la misma normativa le corresponde dirigir, coordinar y controlar las decisiones de la entidad, para lo cual deberá dictar los actos que se requieran para el normal funcionamiento de la entidad (ratione loci).
Asimismo, la decisión que dispuso la reanudación de los términos de algunos trámites administrativos ambientales se expidió durante la vigencia de la emergencia sanitaria efectuada por el Ministerio de Salud y Protección Social (ratione temporis), lo que se acompasa con el inciso primero del artículo 6 del Decreto Legislativo 491 de 2020, en el que se establece que la suspensión de términos de las actuaciones administrativas o jurisdiccionales en sede administrativa, no podrá exceder de la emergencia sanitaria.
En esas condiciones, como quiera que el Director General de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena -CAM-, actuó ceñido a lo previsto en el artículo 6 del Decreto Legislativo 491 de 2020, y a los artículos 28 y 29 numerales 1 y 5 de la Ley 99 de 1993, para la Sala se encuentra cumplido el presupuesto de la competencia.
4.1.3. De otra parte, se observa que el acto administrativo objeto de control inmediato de legalidad fue expedido por una autoridad del orden nacional, en ejercicio de la función administrativa. En efecto, el artículo 23 de la Ley 99 de 1993 establece que las Corporaciones Autónomas Regionales «son entes corporativos de carácter público, creados por la ley, integrado por las entidades territoriales que por sus características constituyen geográficamente un mismo ecosistema o conforman una unidad geopolítica, biogeográfica o hidrogeográfica, dotados de autonomía administrativa y financiera, patrimonio propio y personería jurídica, encargados por la ley de administrar, dentro del área de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y las políticas del Ministerio del Medio Ambiente».
Al respecto, la Corte Constitucional en Sentencia C-689 de 2011, reiterando la C-593 de 1995, sostuvo: «En punto a la naturaleza jurídica de las corporaciones autónomas regionales, la jurisprudencia de esta Corte ha sostenido que son (a) entidades administrativas del orden nacional, que tienen una naturaleza intermedia entre la Nación y las entidades territoriales, y entre la administración central nacional y la descentralizada por servicios; (b) que tienen finalidades relativas a la preservación del medio ambiente y el aprovechamiento de los recursos naturales; (c) que por tanto cumplen con objetivos de interés público; (d) que pueden representar a la Nación y ser agente del Gobierno Nacional; (e) que de conformidad con sus finalidades constitucionales, pueden participar en los procesos de elaboración y desarrollo de los planes de desarrollo de las entidades territoriales; (f) que cuentan con un régimen de autonomía que les garantiza la Constitución, de conformidad con el numeral 7 del artículo 150 de la Carta Política; (g) que están concebidas por el Constituyente para la atención y el cumplimiento autónomo de muy precisos fines asignados por la Constitución misma o por la ley; y (h) que deben dar cumplida y oportuna aplicación a las normas constitucionales, legales y reglamentarias sobre su manejo y aprovechamiento».
Adicionalmente, se debe precisar que la decisión consistente en reanudar los términos administrativos de algunos trámites ambientales de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena -CAM-, es de carácter general, impersonal y abstracto, «lo cual implica como característica esencial que se encuentra dirigido a una pluralidad indeterminada de personas», lo que se extiende a la publicación y comunicación del acto administrativo objeto de control inmediato de legalidad.
En definitiva, la Sala evidencia que en relación con los artículos 3 (parcial), 6 y 7 de la Resolución No. 1558 de 2020 fue dictada por una autoridad administrativa del orden nacional y en ejercicio de la función administrativa.
4.1.4. Finalmente, en lo que atañe con el requisito consistente en que el acto administrativo haya sido dictado en desarrollo de los decretos legislativos durante los estados de excepción, se observa que la reanudación de los términos administrativos de algunos trámites ambientales debe ser entendida como un desarrollo del artículo 6 del Decreto Legislativo 491 de 2020, en el que expresamente se establece como medida legislativa la facultad de las autoridades administrativas, por razones del servicio y como consecuencia de la emergencia, de suspender, mediante acto administrativo, los términos de las actuaciones de manera parcial o total, en algunas o en todas, o en algunos trámites o en todos, y agrega que el límite temporal máximo para la reanudación será el día hábil siguiente a la superación de la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, la cual, aún se encuentra vigente.
Es tal la relevancia de la medida de reanudación de los términos que el legislador de excepción dispuso que, durante el término que dure la suspensión y hasta el momento en que se reanuden las actuaciones, no correrán los términos de caducidad, prescripción o firmeza previstos en la ley que regule la materia.
De allí que sea procedente el control inmediato de legalidad con el fin de analizar si la decisión de reanudación de los términos administrativos se ajusta a la Constitución Política y a la ley, en concreto que además de garantizarse el principio de continuidad en la prestación del servicio público, no se vean comprometidos los contenidos de los derechos a la vida, a la salud y al debido proceso.
Con todo, la decisión del Director General de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena -CAM, de reanudar los términos administrativos de algunos trámites ambientales que fueron suspendidos por medio de la Resolución No. 666 de 1 de abril de 2020, obedece al desarrollo del artículo 6 del Decreto Legislativo 491 de 2020, por lo que es pasible de control inmediato de legalidad.
4.1.5. De igual manera, la decisión administrativa bajo examen cumple los demás requisitos de forma que ha precisado la jurisprudencia de esta Corporación para su expedición, esto es, el número consecutivo, la fecha, el título, la autoridad administrativa que la expide, las normas jurídicas que habilitan la competencia, la motivación expresada en los considerandos, las disposiciones que se adoptan y la firma del funcionario.
En ese orden de ideas, la Sala concluye que se cumplen los presupuestos formales que habilitan el análisis de fondo de los artículos 3 (parcial), 6 y 7 de la Resolución No. 1558 de 2020, proferida por el Director General de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena -CAM-.
4.2. Estudio de constitucionalidad y de legalidad de los artículos 3 (parcial), 6 y 7 de la Resolución No. 1558 de 31 de agosto de 2020
La jurisprudencia de esta Corporación, a propósito del estudio material de las medidas administrativas objeto de control inmediato de legalidad, ha señalado que se deben sustentar en los juicios de conexidad y de proporcionalidad, lo que no excluye otros juicios contenidos en la Ley 137 de 1994 (finalidad, necesidad fáctica y jurídica, motivación suficiente, motivación de incompatibilidad, ausencia de arbitrariedad, intangibilidad, no contradicción específica y no discriminación), en tanto de conformidad con el artículo 2 de esa normativa, su objeto es regular las facultades atribuidas al Gobierno Nacional durante los estados de excepción y establecer los controles al ejercicio de las facultades excepcionales, así como las garantías para proteger los derechos humanos de conformidad con los tratados internacionales.
4.2.1. Juicio de conexidad
4.2.1.1. De conformidad con el artículo 215 de la Constitución Política, los decretos ley que dicte el Presidente de la República, con la firma de todos los ministros, en el estado de emergencia económica, social y ecológica, deberán referirse a materias que tengan relación directa y específica con el estado de emergencia, es decir, deben guardar conexidad con las causas que dieron lugar a su declaratoria. En igual sentido, el artículo 47 de la Ley 137 de 1994 establece que los decretos deberán referirse a materias que tengan relación directa y específica con ese estado de excepción.
Esta Corporación, en orden a efectuar el control inmediato de legalidad, ha precisado que el análisis de la conexidad busca «establecer si la materia del acto objeto de control inmediato tiene fundamento constitucional y guarda relación directa y específica con el estado de emergencia declarado y el decreto legislativo que adopta medidas para conjurarlo. Se puede afirmar que hay conexidad entre el decreto legislativo y el decreto que lo desarrolla cuando entre uno y otro hay una correlación directa».
4.2.1.2. Para la Sala, la decisión de reanudación de los términos administrativos de algunos trámites ambientales a cargo de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena -CAM-, tiene como propósito en el contexto de la pandemia provocada por el COVID-19, que los servidores públicos, contratistas y usuarios de la entidad se adapten gradualmente a la nueva realidad con el fin de garantizar la continuidad de la función administrativa que la Constitución Política y la ley le ha entregado a esa entidad, lo que se encuentra en consonancia con el valor constitucional en cabeza de las entidades de garantizar la prevalencia del interés general conforme lo señala los artículos 1 y 209 de la Carta Política.
La medida legislativa de suspensión de los términos administrativos, salvo para actuaciones sobre asuntos iusfundamentales, incluida en el artículo 6 del Decreto Legislativo 491 de 2020, decisión que debía adoptarse mediante acto administrativo debidamente motivado, previa evaluación de la necesidad de la medida por razones del servicio, cuyo término de duración se sujetó a la vigencia de la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, supuso, como lo indicó la Corte Constitucional en la sentencia C-242 de 2020, con ocasión del control de constitucionalidad a esa disposición, superar de forma racional las afectaciones causadas al desarrollo de las distintas actividades a cargo de las autoridades debido a las restricciones implementadas para enfrentar la pandemia por el COVID-19, y poder cumplir con el mandato constitucional de prestar los servicios de forma adecuada, continua y efectiva.
En otras palabras, la finalidad de la suspensión de los términos administrativos se afincó en la necesidad de evitar escenarios en los que se pudiera ver comprometida la efectividad del derecho fundamental al debido proceso, por lo que en algunos casos, como ocurrió con la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena -CAM-, se hizo necesario efectuar ajustes al funcionamiento habitual de la entidad teniendo en cuenta que algunas diligencias se deben realizar de manera personal (visitas técnicas o de campo), o en otros procedimientos como el coactivo y el disciplinario era imperativo no generar barreras que pudieran comprometer el derecho de defensa de los deudores e investigados, lo que en este caso se pudo superar, como lo indica el propio acto administrativo bajo examen, con la expedición de los protocolos de bioseguridad con el fin de permitir que los trámites puedan tener continuidad y no se genere una parálisis administrativa que resulta inconveniente.
Entonces, a juicio de la Corporación, la decisión de reanudar los términos administrativos en trámites de permisos, autorizaciones y/o certificaciones ambientales, licencias ambientales, procedimiento sancionatorio ambiental, salvoconducto único nacional en línea – SUNL, procedimiento administrativo coactivo, procesos de control interno disciplinario y reclamaciones de tasa por usos de agua (TUA) y tasa retributiva (TR), guardan conexidad con el Decreto 417 de 2020 en el que se anunció la medida legislativa de suspensión de los términos administrativos, como una forma de limitar las posibilidades de propagación del virus y no exponer la salud del público en general y de los servidores públicos, la cual una vez ordenada obligaba a la entidad a realizar ajustes en el funcionamiento de la entidad con el fin de que los términos se reanudaran al día hábil siguiente a la superación de la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social.
Sin embargo, como la emergencia sanitaria ha sido objeto de diferentes prórrogas, siendo la última la prevista en la Resolución No. 738 de 26 de mayo de 2021, hasta el 31 de agosto de 2021, lo deseable para que no se vea afectada la prestación continua de la función administrativa, es que la reanudación de los términos se vaya realizando de manera paulatina atendiendo el paradigma de la virtualidad, el cual permite que algunas de las actuaciones se puedan adelantar utilizando las tecnologías de la información y las comunicaciones, y solo en los casos que sea estrictamente necesario realizar trámites presenciales, para lo cual el artículo 2 del Decreto Ordinario 1168 de 2020 establece que todas las personas que permanezcan en el territorio nacional tienen el deber de cumplir con los protocolos de bioseguridad de comportamiento del ciudadano en el espacio público, para la disminución de la propagación de la pandemia y las actividades cotidianas expedidos por el Ministerio de Salud y Protección Social.
De igual manera, para la Sala los contenidos del artículo 3 (parcial) de la Resolución No. 1558 de 2020, relativos a la reanudación de los términos administrativos de algunos trámites ambientales de competencia de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena -CAM-, tienen conexidad con el artículo 6 del Decreto Legislativo 491 de 2020 en el que expresamente se establece la facultad no solo de suspender los términos, sino también de reanudarlos, cuyo límite temporal máximo se precisó en el día hábil siguiente a la terminación de la emergencia sanitaria.
En definitiva, los artículos 3 (parcial), 6 y 7 del acto administrativo bajo examen cumplen con el requisito de la conexidad, en tanto se refieren a materias que tienen relación directa y específica con el Decreto 417 de 2020, y guardan relación con el artículo 6 del Decreto Legislativo 491 de 2020, por lo que es innegable su correlación directa.
4.2.2. Juicio de motivación suficiente
4.2.2.1. La motivación de los actos administrativos debe ser entendida «como un medio técnico de control de la causa del acto. Por ello no es un simple requisito meramente formal, sino de fondo (más técnicamente: la motivación es interna corporis, no externa; hace referencia a la perfección del acto más que a formas exteriores del acto mismo). Quiere decirse que la motivación no se cumple con cualquier fórmula convencional; por el contrario, la motivación ha de ser suficiente, esto es, ha de dar razón plena del proceso lógico y jurídico que ha determinado la decisión».
En el contexto de los estados de excepción, este presupuesto sustancial adquiere una relevancia especial por la habilitación legislativa que la Constitución Política le entrega, bajo determinadas y estrictas condiciones, de manera extraordinaria al Presidente de la República, por lo que el deber de motivación es imperativo desde los artículos 212, 213, 214 y 215 de la Carta. Esa misma exigencia está presente en la Ley Estatutaria 137 de 1994, en relación con la justificación expresa de la limitación de los derechos constitucionales (art. 8), la necesidad de dictar decretos legislativos (art. 11), la motivación de incompatibilidad (art. 14) y el juicio de no discriminación (art. 14), entre otros.
Ese estándar de motivación suficiente se aplica, igualmente, para las demás autoridades administrativas del orden nacional, quienes en el marco de los estados de excepción quedan investidas de amplias facultades para expedir actos administrativos o reglamentos que desarrollen decretos legislativos, los cuales deben ser remitidos a esta Corporación para su escrutinio a través del control inmediato de legalidad, que tiene como uno de sus atributos la integralidad.
4.2.2.2. Para la Sala, este presupuesto sustancial de validez del acto administrativo se encuentra cumplido en la determinación de reanudar los términos administrativos de algunos de los trámites ambientales que adelanta la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena -CAM-, decisión que en los considerandos se sustentó en la declaratoria de pandemia por el COVID-19 por cuenta de la Organización Mundial de la Salud, en la declaratoria de la emergencia sanitaria efectuada por el Ministerio de Salud y Protección Social por medio de la Resolución No. 385 de 12 de marzo de 2020, en la declaratoria del estado de emergencia económica, social y ecológica por medio de los Decretos 417 y 637 de 2020, así como en los Decretos Ordinarios 457, 531, 593, 636, 689, 749, 847, 878, 990 y 1076 de 2020, relativos al aislamiento preventivo obligatorio.
De igual manera, se apoyó en el Decreto Legislativo 491 de 2020 que, en el artículo 6 se refiere a la facultad de suspender y reanudar los términos administrativos, el cual sirvió de fundamento para la expedición de la Resolución No. 666 de 2020, y de manera amplia mencionó el Decreto Ordinario 1168 de 2020 en el que se incluye el deber de dar cumplimiento a los protocolos de bioseguridad, y atender las instrucciones que expidan los ministerios y entidades del orden nacional para evitar la propagación del COVID-19, cumpliendo las medidas de aislamiento selectivo y propendiendo por el autoaislamiento.
Así mismo, mencionó que el Gobierno Nacional en la etapa de reactivación y recuperación de la vida productiva del país estableció como pilares la disciplina social, el distanciamiento físico individual y una cultura ciudadana de autorresponsabilidad y autocuidado, «en la que los servidores públicos y los contratistas del Estado están llamados a liderar y apoyar de forma responsable, diligente, comprometida y consecuente las medidas que se adopten, en aras de superar de la mejor manera la situación que se ha derivado a causa de la pandemia por el nuevo Coronavirus COVID-19».
También se refirió a la Directiva Presidencial No. 07 de 27 de agosto de 2020, en la que el Presidente de la República con el ánimo de facilitar la transición gradual y progresiva en la prestación presencial de los servicios a cargo de las entidades públicas de orden nacional, exhortó a los representantes legales de las entidades, con sujeción a los protocolos de bioseguridad adoptados por el Ministerio de Salud y Protección Social, al retorno gradual y progresivo de las actividades presenciales de los servidores públicos y contratistas.
Así las cosas, los motivos en los que se fundó la decisión de reanudación de los términos de algunos trámites administrativos de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena -CAM-, recaen en el reconocimiento del contexto actual que se ha provocado por la pandemia como una situación de emergencia sanitaria, a lo que agregó la declaratoria del estado de excepción en dos ocasiones y la expedición del Decreto Legislativo 491 de 2020, y finalmente, al Decreto Ordinario 1168 de 2020 en el que se reguló la fase de aislamiento selectivo y distanciamiento individual responsable con el debido cumplimiento de los protocolos de bioseguridad.
En definitiva, la Sala encuentra que el juicio de motivación suficiente se encuentra cumplido, toda vez que las consideraciones expuestas en la Resolución No. 1558 de 2020 responden a un juicio argumentativo ponderado y lógico que permite justificar de manera razonable la decisión de reanudación de los términos de algunos trámites administrativos a cargo de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena -CAM-.
4.2.3. Juicio de proporcionalidad
4.2.3.1. El artículo 13 de la Ley 137 de 1994, dispone que «las medidas expedidas durante los Estados de Excepción deberán guardar proporcionalidad con la gravedad de los hechos que buscan conjurar».
Para la Corte Constitucional, el juicio de proporcionalidad tiene como propósito constatar si la medida resulta excesiva por no guardar correspondencia con la gravedad de los hechos que dieron lugar a la declaratoria del estado de emergencia económica, social y ecológica, y determinar si el grado de limitación en el ejercicio de los derechos y libertades no es «estrictamente necesario para buscar el retorno a la normalidad».
Para la misma corporación judicial, el juicio de proporcionalidad «se traduce en un balance acerca de la correspondencia entre las medidas adoptadas, su fuerza para conjurar la emergencia y sus consecuencias frente a los principios constitucionales».
4.2.3.2. En el asunto bajo examen, como se indicó en la cuestión previa, el control inmediato de legalidad recaerá exclusivamente en la medida de reanudación de los términos administrativos de los trámites ambientales de competencia de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena -CAM- (art. 3 parcial), la publicación en la gaceta ambiental (art. 6) y la comunicación interna y al público en general (art. 7), contenidos en la Resolución No. 1558 de 2020, en la que se modificó el artículo 4 de la Resolución No. 666 de 2020, a saber:
En el numeral I relativo a los trámites de permisos, autorizaciones y/o certificaciones ambientales se establece que en los trámites ambientales que se encuentren en curso, en los que no se haya practicado la visita técnica, se reanudarán los términos en el estado en que se encuentre, continuando con el respectivo procedimiento administrativo.
En los numerales II y III que aluden a las licencias ambientales se indica que de ser aprobado el Formato para la Verificación Preliminar de la Documentación que conforma la solicitud de licencias ambientales, se iniciará el trámite de la licencia ambiental, y agrega que se notificará en los términos previstos en el Decreto Legislativo 491 de 2020, para lo cual se requiere indicar la dirección electrónica o cualquier medio alternativo a través de los lineamientos descritos en la Ley 1437 de 2011, y se continuará con el procedimiento señalado en el Decreto 1076 de 2015 o la norma que lo modifique o sustituya.
También agrega que las licencias ambientales que se encuentren en curso al momento de la expedición de la Resolución No. 1558 de 2020, en las que no se haya practicado la visita técnica, ni la reunión de información adicional en caso de ser pertinente, deberá realizarse la programación respectiva para la continuidad del trámite de licenciamiento ambiental.
En el numeral IV refiere que los términos administrativos de los procedimientos sancionatorios ambientales en curso se reanudarán en la etapa en la que se encuentren, siguiendo los términos y etapas contempladas en la Ley 1333 de 2009 y en el Decreto 491 de 2020 en lo relativo a la comunicación y notificación de los actos administrativos.
En el numeral V relativo al Salvoconducto Único Nacional en Línea -SUNL, la Resolución No. 1558 de 2020 autoriza su expedición para la movilización, removilización y renovación dentro del territorio nacional de productos maderables, guadua y especies afines, sin excepción para los sectores y actividades que así lo requieran a través de la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales en Línea (VITAL), de conformidad con los lineamientos señalados en la Resolución No. 1909 de 2017, modificada por la Resolución No. 081 de 2018 y las demás normas que la modifiquen o sustituyan. Además, menciona que la única actuación presencial para el usuario en la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena -CAM-, es el retiro del salvoconducto, teniendo en cuenta que se requiere la entrega física del formato de consignación.
En los numerales VI y VII se reanudan los términos administrativos en los procedimientos de cobro coactivo y en los procesos disciplinarios.
El numeral VIII se refiere al trámite de reclamaciones de tasa por usos de agua (TUA) y tasa retributiva (TR), en los que de igual manera se dispuso la reanudación de los términos de las reclamaciones que cursan en el despacho de cobro coactivo de la Secretaría General que requieran visita técnica de campo.
Además, en el parágrafo segundo se indica que las solicitudes de modificación o cesión de trámites ambientales deberán continuar en el estado en que se encuentren, a través de los medios digitales dispuestos para tal fin. El parágrafo cuarto alude a que en cada trámite ambiental deberá obrar la respectiva constancia secretarial de reanudación de los términos, y precisa que se reanudarán los términos de caducidad y prescripción previstos para los diferentes actos administrativos. En el parágrafo quinto se establece el deber de adelantar todos los trámites y procedimientos siguiendo el protocolo general de bioseguridad descrito en la Resolución No. 666 de 2020. Finalmente, en el parágrafo sexto se indica que en relación con los procesos de consulta previa en los que participe la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena -CAM-, como ejecutor de proyectos, obras y/o actividades, se deberá seguir lo dispuesto por el Ministerio del Interior.
4.2.3.3. El artículo 1 de la Constitución Política incluye la fórmula del Estado Social y Democrático de Derecho, el cual se edifica en la autonomía de las entidades territoriales, la democracia participativa y pluralista fundada en el respeto de la dignidad humana, el trabajo y la solidaridad de las personas y en la prevalencia del interés general, disposición que se debe interpretar de manera armónica con el artículo 365 superior en el que se establece que los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado, quien tiene el deber de asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. El artículo 11 superior se refiere a la inviolabilidad del derecho a la vida, y en el artículo 49 de la Carta se establece que el Estado garantiza a todas las personas la protección de la salud. Por último, el artículo 209 de la Carta al referirse a la función administrativa prevé que está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad.
A su turno, el artículo 4 de la Ley 489 de 1998 se refiere a la finalidad de la función administrativa del Estado, en el sentido que busca la satisfacción de las necesidades generales de todos los habitantes, lo cual se concreta a través de las diferentes actuaciones, trámites y procedimientos que adelantan las entidades, función que, de conformidad con el precitado marco constitucional debe ser continua, célere, eficiente, ejercida con responsabilidad y transparencia. En otros términos, la función administrativa debe regirse por el principio de continuidad lo que significa que solo de manera excepcionalísima, y siempre y cuando exista un marco legislativo habilitante es posible suspenderla de manera transitoria y siempre que haya razones que permitan evidenciar que la medida persigue un fin constitucionalmente legítimo, sea absolutamente necesaria y proporcional, lo que se pudo constatar con la declaratoria de exequibilidad del artículo 6 del Decreto Legislativo 491 de 2020, que con ocasión de la pandemia provocada por el COVID-19 autorizó a las autoridades administrativas la suspensión de los términos de actuaciones administrativas o jurisdiccionales en sede administrativa hasta por el término de duración de la emergencia sanitaria con el fin de preservar los derechos a la salud, a la vida y al debido proceso, salvo las relativas a la efectividad de derechos fundamentales.
Bajo ese contexto, para la Sala la medida de reanudación o de normalización de los términos administrativos de los trámites ambientales a cargo de la entidad emisora de la Resolución No. 1558 de 2020, señalados en precedencia, cumple el juicio de proporcionalidad, en tanto superó racionalmente las afectaciones causadas en las actividades a su cargo por cuenta del COVID-19 que podían comprometer la efectividad del derecho al debido proceso y la amenaza que se cernía sobre el derecho a la vida y la salud con los trámites que requieren de visitas técnicas o de campo, o reuniones de información adicional, para lo cual, por una parte, las solicitudes de modificación o cesión o trámites ambientales deberán continuar en el estado en que se encuentren, a través de los medios digitales dispuestos para tal fin, y se acogieron los lineamientos para la aplicación de los protocolos de bioseguridad en aquellas diligencias que inevitablemente se tienen que realizar de manera presencial.
De esta forma, lo que se observa es que la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena -CAM- se adaptó de manera razonable a las nuevas realidades por el COVID-19, con el fin de garantizar la continuidad en la prestación del servicio público teniendo en cuenta que la emergencia sanitaria se ha ido prorrogando en el tiempo, por lo que podría ser altamente inconveniente para la consecución de los cometidos estatales esperar hasta que la misma se supere, lo que por las últimas cifras de contagios y de muertes no pareciera tener una terminación en el corto plazo, lo que se insiste, comprometería la continuidad de la función administrativa que desarrolla esa entidad en el marco de la Constitución Política y la ley, y minimiza la tardanza en los trámites que pueden llegar a comprometer la noción de plazo razonable que se debe garantizar en las actuaciones administrativas.
Para la Corporación existe un balance constitucional en la protección de los derechos a la vida, a la salud y al debido proceso y del deber de dar continuidad a la prestación del servicio público, con la decisión de reanudar los términos administrativos en los trámites contenidos en los numerales I, II, III, IV, V, VI, VII y VIII del artículo 4 de la Resolución No. 666 de 2020, modificada por la Resolución No. 1558 de 2020, esta última bajo examen, en tanto la entidad se ajustó a las nuevas realidades que ha provocado el COVID-19, para lo cual como lo indicó en su escrito de intervención, antes de la expedición del acto administrativo bajo estudio venía trabajando en el protocolo de bioseguridad para dar respuesta al virus, el cual se implementó el 18 de mayo de 2020, siguiendo los lineamientos del protocolo general de bioseguridad consagrado en la Resolución No. 666 de 2020, proferida por el Ministerio de Salud y Protección Social, y poder adelantar las actividades que así lo requirieran de manera presencial, y en lo demás dar continuidad al procedimiento administrativo para lo cual en las etapas en las que no era necesaria la presencialidad se apoyaría con las tecnologías de la información y las comunicaciones.
Tampoco merecen reproche alguno de constitucionalidad o de legalidad los contenidos adicionados o modificados en los parágrafos del artículo 4 de la Resolución No. 666 de 2020, expedida por el Director General de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena -CAM-, porque aluden al uso de los medios digitales para garantizar la continuidad de las solicitudes de modificación o cesión de trámites ambientales, al deber de incluirse la constancia de reanudación de los términos, y lo que implica la normalización de los términos para la caducidad, prescripción o firmeza previstos en la ley que regule la materia, lo que está en consonancia con el artículo 6 del Decreto Legislativo 491 de 2020, en el que se establece que «durante el término que dure la suspensión y hasta el momento en que se reanuden las actuaciones no correrán los términos de caducidad, prescripción o firmeza».
De igual forma, el deber de cumplimiento del protocolo general de bioseguridad para adelantar todos los trámites y procedimientos se encuentra en estrecha armonía con el Decreto Legislativo 539 de 2020, «Por el cual se adoptan medidas de bioseguridad para mitigar, evitar la propagación y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus COVID-19, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica», y el Decreto Ordinario 1168 de 2020, cuyo objeto es regular la fase de aislamiento selectivo y distanciamiento social individual responsable. Tampoco se evidencia inconformidad alguna en lo que hace relación con los procesos de consulta previa, libre e informada en los que participe la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena -CAM, como ejecutor de proyectos obras y/o actividades, de conformidad con lo dispuesto por el Ministerio del Interior, en los que valga indicar se deben atender los lineamientos señalados en la Constitución Política, la jurisprudencia consolidada de la Corte Constitucional y los instrumentos internacionales, en especial, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, «Convenio sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes».
4.2.3.4. En definitiva, la medida administrativa de reanudación de los trámites ambientales suspendidos por medio del artículo 4 de la Resolución No. 666 de 2020, persigue como fin constitucionalmente legítimo dar continuidad a la prestación del servicio público de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena -CAM-, de manera adecuada y efectiva, sin comprometer los derechos fundamentales a la vida, a la salud y al debido proceso en el contexto actual de la pandemia por el COVID-19, para lo cual se recaba en el deber de notificación de las actuaciones en los términos del Decreto Legislativo 491 de 2020 y la Ley 1437 de 2011, lo que está en consonancia con el imperativo constitucional consagrado en el artículo 29 superior.
De igual manera, se cumple con el requisito de necesidad fáctica y jurídica. El primero, porque la entidad en un lapso razonable de adaptación se ajustó a la nueva realidad haciendo los ajustes pertinentes para implementar la virtualidad en sus actuaciones y evitar barreras de acceso para los ciudadanos, así como el protocolo general de bioseguridad contenido en la Resolución No. 666 de 2020, expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social, con el fin de minimizar los riesgos de contagio del COVID-19 en las diligencias que necesariamente se deben realizar de manera presencial, y con ello no comprometer los derechos a la vida y a la salud. El segundo, porque para la reanudación de los términos administrativos se requería contar con un marco normativo que, por un lado, permitiera la suspensión excepcional de los términos administrativos, y de otra parte, porque superadas las dificultades que conllevan naturalmente una pandemia provocada por un virus con un altísimo nivel de contagio y propagación, y que compromete seriamente la vida de la humanidad, esa misma legislación de excepción faculta a las autoridades administrativas para decidir sobre la reanudación de los términos, la cual en cualquier caso solo se puede extender hasta por la vigencia de la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social.
Finalmente, la Sala observa que el artículo 3 (parcial) de la Resolución No. 1558 de 2020 no está revestido de arbitrariedad, por cuanto no desconoce el núcleo esencial o duro de los derechos y libertades fundamentales, ni las obligaciones internacionales adquiridas por el Estado colombiano a través de instrumentos que hacen parte de la legislación interna, no interrumpe el normal funcionamiento de las ramas del poder público y de los órganos del Estado, ni compromete derechos intangibles como la vida y a la integridad personal, a no ser sometido a desaparición forzada, a torturas, ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, al reconocimiento de la personalidad jurídica, la prohibición de la esclavitud, la servidumbre y la trata de seres humanos, la prohibición de las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación, la libertad de conciencia, la libertad de religión, el principio de legalidad, de favorabilidad y de irretroactividad de la ley penal, a elegir y ser elegido, a contraer matrimonio y a la protección de la familia, los derechos del niño y a la protección por parte de su familia, de la sociedad y del Estado, no ser condenado a prisión por deudas y al habeas corpus, así como los mecanismos judiciales indispensables para su protección.
Además, esa medida no está fundada en razones de discriminación por sexo, raza, lengua, religión, origen nacional o familiar, opinión política o filosófica o de otras categorías sospechosas, ni tampoco impone tratos diferenciados que sean injustificados.
Por las razones expuestas, la Sala declarará la constitucionalidad y la legalidad del artículo 3 (parcial) de la Resolución No. 1558 de 2020, expedida por el Director General de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena -CAM-, en lo que se refiere a la reanudación de los términos de los trámites ambientales a cargo de la entidad.
4.2.3.5. La misma decisión de constitucionalidad y de legalidad se adoptará en relación con los artículos 6 y 7 de la Resolución No. 1558 de 2020 que, en su orden, aluden a la vigencia del acto administrativo a partir de la publicación en la gaceta ambiental de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena -CAM-, y a la comunicación de sus contenidos a las subdirecciones, direcciones territoriales, jefes de oficina y al público en general, disposiciones que se encuentran en consonancia con el principio de publicidad que rige la función administrativa previsto en el artículo 209 de la Constitución Política y el artículo 3 de la Ley 489 de 1998, y el deber de publicación de los actos administrativos de carácter general en el Diario Oficial o en las gacetas territoriales para que sean obligatorios y oponibles, lo que se deriva del artículo 65 de la Ley 1437 de 2011.
4.2.3.6. Por último, valga indicar que el presente estudio de constitucionalidad y de legalidad, no enerva la posibilidad de que las disposiciones del acto administrativo sobre el que recayó el control inmediato de legalidad sea demandado en ejercicio del respectivo medio de control, por razones distintas de las que quedaron consignadas en esta providencia, de conformidad con lo señalado en el inciso primero del artículo 189 de la Ley 1437 de 2011.
4.2.3.7. De conformidad con lo expuesto, la Sala ordenará estarse a lo resuelto en las sentencias de 28 de julio de 2020 (exp. 2020-01299-00) y 9 de julio de 2020 (exp. 2020-01764-00), proferidas por las Salas Cuarta y Once Especiales de Decisión del Consejo de Estado, en relación con los contenidos del artículo 4 de la Resolución No. 666 de 2020, que no fueron objeto de modificación por el artículo 3 de la Resolución No. 1558 de 2020 (no subrayados).
Asimismo, se declarará la constitucionalidad y la legalidad de los artículos 3 (parcial) 6 y 7 de la Resolución No. 1558 de 2020, proferida por el Director General de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena -CAM-.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Once Especial de Decisión del Consejo de Estado, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la ley,
F A L L A:
PRIMERO.- ESTARSE A LO RESUELTO en las sentencias de 28 de julio de 2020 (exp. 2020-01299-00) y 9 de julio de 2020 (exp. 2020-01764-00), proferidas por las Salas Cuarta y Once Especiales de Decisión del Consejo de Estado, en relación con los contenidos del artículo 4 de la Resolución No. 666 de 2020, que no fueron objeto de modificación por el artículo 3 de la Resolución No. 1558 de 2020, por las razones expuestas.
SEGUNDO.- DECLÁRASE LA CONSTITUCIONALIDAD Y LA LEGALIDAD de los artículos 3 (parcial), 6 y 7 de la Resolución No. 1558 de 31 de agosto de 2020, «Por medio de la cual se modifica la Resolución No. 666 del 01 de abril de 2020 por medio de la cual adoptan medidas de urgencia para garantizar la atención a los usuarios de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena CAM y se toman medidas», expedida por el Director General de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena -CAM-.
TERCERO.- ADVIÉRTASE que la presente decisión no enerva la posibilidad de que las disposiciones del acto administrativo sobre el que recayó el control inmediato de legalidad sea demandado en ejercicio del respectivo medio de control, por razones distintas de las que quedaron consignadas en esta providencia, de conformidad con lo señalado en el inciso primero del artículo 189 de la Ley 1437 de 2011.
CUARTO.- NOTIFÍQUESE esta providencia a la Presidencia de la República, al Director General de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena -CAM- y a la Procuraduría General de la Nación, en los términos del artículo 186 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
QUINTO.- PUBLÍQUESE esta providencia en la página web del Consejo de Estado.
SEXTO.- Ejecutoriada esta providencia, ARCHÍVESE el expediente.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta
(Firmado electrónicamente)
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Consejera
(Firmado electrónicamente)
MARÍA ADRIANA MARÍN
Consejera
(Firmado electrónicamente)
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero
ACLARA VOTO
(Firmado electrónicamente)
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Consejero
Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID - 19, y el mantenimiento del orden público y se decreta el aislamiento selectivo con distanciamiento individual responsable. Por el cual se adoptan medidas de urgencia para garantizar la atención y la prestación de los servicios por parte de las autoridades públicas y los particulares que cumplan funciones públicas y se toman medidas para la protección laboral y de los contratistas de prestación de servicios de las entidades públicas, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica. Por medio de la cual se adoptan medidas de urgencia para garantizar la atención a los usuarios de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena CAM y se toman medidas en el marco del estado de emergencia económica, social y ecológica. Expediente 2020-01299-00, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. SPV. Stella Jeannette Carvajal Basto. Expediente 2020-01764-00, M.P. Stella Jeannette Carvajal Basto. SV. Rocío Araújo Oñate. AV. Hernando Sánchez Sánchez. El texto de la disposición es el siguiente: «Las demás disposiciones contenidas en la Resolución No. 666 de 2020 que no fueron objeto de modificación, continuarán incólumes». Expediente 2020-01299-00, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. Luis López Guerra, Introducción al derecho constitucional, Tirant Lo Blanch, Valencia, 1994, p. 84. M.P. Jaime Córdoba Triviño. En relación con la regulación de los estados de excepción en la Constitución de 1886, véase la Sentencia C-063 de 2003, M.P. Clara Inés Vargas Hernández. Gaceta Constitucional núm. 767, sábado 4 de mayo de 1991. Informe-Ponencia. El estado de sitio y la emergencia económica, Alfredo Vásquez Carrizosa y José Matías Ortiz, p. 11. Tomado de la Sentencia C-063 de 2003. Así lo dispone el artículo 152 de la Constitución: «Mediante las leyes estatutarias, el Congreso de la República regulará las siguientes materias: (…) e) Estados de excepción (…)». En la Sentencia C-179 de 1994, M.P. Carlos Gaviria Díaz, la Corte Constitucional precisó: «Recuérdese que los decretos legislativos que expide el Gobierno durante el estado de emergencia tienen el poder de derogar y modificar la legislación preexistente en forma permanente, lo que no ocurre con el estado de conmoción interior, en el cual ésta solamente se suspende». Sentencia C-517 de 2017, M.P. Iván Humberto Escrucería Mayolo. Teoría Constitucional. Supremacía y control de constitucionalidad. Tomo II, ediciones Depalma, Buenos Aires, 2000 (primera edición 1976), p. 99. El artículo 151 del CPACA dispone: «Competencia de los tribunales administrativos en única instancia. Los tribunales administrativos conocerán de los siguientes procesos privativamente y en única instancia: […] 4. De las observaciones que formula el gobernador del departamento acerca de la constitucionalidad y legalidad de los acuerdos municipales, y sobre las objeciones por los mismos motivos, a los proyectos de ordenanzas; 5. De las observaciones que los gobernadores formulen a los actos de los alcaldes, por razones de inconstitucionalidad o ilegalidad; 6. De las objeciones que formulen los alcaldes a los proyectos de acuerdos municipales o distritales, por ser contrarios al ordenamiento jurídico». Por la cual se reglamentan los Estados de Excepción en Colombia. M.P. Carlos Gaviria Díaz. En relación con las características de la facultad reglamentaria precisadas en la jurisprudencia del Consejo de Estado, véase el Concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil de 19 de septiembre de 2017, radicación interna 2318, rad. 11001-03-06-000-2016-00220-00. Consejo de Estado, Sección Primera, Sentencia de 26 de septiembre de 2019, exp. 2010-00279-00 y Sentencia de 18 de febrero de 2016, exp. 2013-00018-00. Consejo de Estado, Sección Cuarta, Sentencia de 14 de noviembre de 2019, exp. 2014-00008-00 (20930).
Consejo de Estado, Sección Primera, Sentencia de 7 de mayo de 2007, exp. 2003-00334-01. Curso de Derecho Administrativo I, decimosexta edición, Navarra, 2013 (reimpresión 2014), Thomson Reuters – Civitas, editorial Aranzadi, p. 207. Op. Cit. Curso de Derecho Administrativo, p. 214. Sentencia de 29 de octubre de 2013, exp. 2011-00744-00 (CA), M.P. Mauricio Fajardo Gómez. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de septiembre de 2006. Serie C No. 154. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de noviembre de 2007. Serie C No. 169. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de octubre de 2015. Serie C No. 302. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 8 de marzo de 2018. Serie C No. 350. Cuadernillo de jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Nº 7: Control de Convencionalidad. En: HYPERLINK "https://www.corteidh.or.cr/sitios/libros/todos/docs/cuadernillo7.pdf" https://www.corteidh.or.cr/sitios/libros/todos/docs/cuadernillo7.pdf
Adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante Resolución 2200 A(XXI) el 16 de diciembre de 1966. Aprobado mediante Ley 74 de 26 de diciembre de 1968, “Por la cual se aprueban los "Pactos Internacionales de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de Derechos Civiles y Políticos, así como el Protocolo Facultativo de este último, aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en votación unánime, en Nueva York, el 16 de diciembre de 1966”; Promulgado mediante Decreto 2110 de 12 de octubre de 1988, “Por el cual se promulgan algunos tratados internacionales”; en vigor para el Estado colombiano. En sentencia del 29 de octubre de 2019, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado sostuvo que la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, son instrumentos que hacen parte de la denominada Carta Constitucional Internacional de los Derechos Humanos (numeral 51). Exp. 110010315000201802616-01 (Acumulado 110010315000201802672-00), M.P. Hernando Sánchez Sánchez. Aprobada mediante la Ley 16 de 30 de diciembre de 1972 “[…] Por medio de la cual se aprueba la Convención Americana sobre Derechos Humanos "Pacto de San José de Costa Rica", firmado en San José, Costa Rica el 22 de noviembre de 1969 […]”. Promulgado mediante Decreto 2110 de 12 de octubre de 1988, “Por el cual se promulgan algunos tratados internacionales”; en vigor para el Estado colombiano. M.P. Mario Alario Méndez. Radicación CA-001. Reiterada en sentencia 21 de junio de 1999, M.P. Juan Alberto Polo Figueroa, Radicación número CA-026. M.P. Javier Díaz Bueno. Radicación CA-008. Radicación CA-033. Reiterada en Sentencia de 28 de enero de 2003, M.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez. Expediente 11001-03-15-000-2002-0949-01. M.P. Ruth Stella Correa Palacio. Expediente 11001-03-15-000-2010-00196-00. M.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila Expediente 11001-03-15-000-2010-00411-00. Ver sentencia de 18 de enero de 2011. M.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez, expediente 11001-03-15-000-2010-00165-00. Salvamento de voto del Consejero Carlos Arturo Orjuela Góngora a la providencia de 19 de octubre de 1999, radicación CA-038. Sentencia de 5 de marzo de 2012, M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas, expediente 11001-03-15-000-2010-00369-00. Eduardo García de Enterría y Tomás-Ramón Fernández, Curso de Derecho Administrativo I, decimosexta edición, Navarra, 2013 (reimpresión 2014), Thomson Reuters – Civitas, editorial Aranzadi, p. 596.
«Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones». M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. M.P. Fabio Morón Díaz. Sentencia de 8 de mayo de 2020, M.P. Hernando Sánchez Sánchez, exp. 2020-01061-00.
Por medio de la Resolución No. 385 de 2020 se declaró la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional, por causa de la pandemia por el COVID-19. Esa decisión fue prorrogada en las Resoluciones Nos. 844, 1462 y 2230 de 2020, 222 y 738 de 2021, última en la que se amplió su vigencia hasta el 31 de agosto de 2021. El mismo criterio ha sido sostenido en las sentencias de 25 de febrero de 2021, expedientes 2020-03541-00 y 2020-05343-00 (acumulados), M.P. Rocío Araújo Oñate, 9 de abril de 2021, expediente 2020-03481-00, M.P. Hernando Sánchez Sánchez y 28 de octubre de 2020, expediente 2020-00354-00, M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencias de 29 de octubre de 2013, M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, exp. 2012-00348-00 (CA), 15 de octubre de 2013, M.P. Marco Antonio Velilla Moreno, exp. 2010-00390-00 (CA) y 19 de mayo de 2020, M. P: César Palomino Cortés, exp. 2020-01013-00. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Rad. 11001-03-15-000-2015-02578-00(CA), sentencia de 24 de mayo de 2016, M.P. Guillermo Vargas Ayala. Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19, y el mantenimiento del orden público y se decreta el aislamiento selectivo con distanciamiento individual responsable. Eduardo García de Enterría y Tomás-Ramón Fernández, Curso de Derecho Administrativo I, decimosexta edición, Navarra, 2013 (reimpresión 2014), Thomson Reuters – Civitas, editorial Aranzadi, p. 612. Sentencia C-252 de 2020, M.P. Cristina Pardo Schlesinger. Según las cifras del Instituto Nacional de Salud para el 6 de julio de 2021, la cifra de fallecidos es de aproximadamente 110.000. En: HYPERLINK "https://www.ins.gov.co/Noticias/Paginas/Coronavirus.aspx" https://www.ins.gov.co/Noticias/Paginas/Coronavirus.aspx
Protocolo de Bioseguridad para dar respuesta al COVID-19, cuyo propósito es estandarizar las acciones para la prevención, reporte, seguimiento y respuesta frente a casos sospechosos y conformados durante el desarrollo de las actividades laborales que serán adoptadas en todos los centros de trabajo de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena -CAM-, del departamento del Huila. Código I-CAM-041. Documento PDF allegado con el escrito de intervención al trámite del control inmediato de legalidad. Por medio de la cual se adopta el protocolo general de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus COVID-19. Aprobado por el Congreso de la República por medio de la Ley 21 de 1991. Adoptado en Ginebra por la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo en la 76 reunión el 27 de junio de 1989. La publicación se surtió el 2 de septiembre de 2020. En: HYPERLINK "https://cam.gov.co/2020/category/592-agosto.html" https://cam.gov.co/2020/category/592-agosto.html
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