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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2020-04036-00

Acción de tutela contra providencia judicial

Fecha
16 de octubre de 2020
Consejero ponente
Hernando Sánchez Sánchez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2020-04036-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: DECLARAR improcedente el amparo respecto al defecto procedimental absoluto, por el no cumplimiento del requisito de subsidiariedad, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: DENEGAR el amparo solicitado por la señora Luzdary Reyes Viveros, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: Si no fuere impugnada la sentencia conforme lo señala el artículo 31 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2020-04036-00

Consejero ponente: Hernando Sánchez Sánchez

16 de octubre de 2020

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / ADECUADA VALORACIÓN PROBATORIA / AUSENCIA DE DEFECTO SUSTANTIVO POR DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE / INEXISTENCIA DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO DERIVADA DE LA PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / IMPOSICIÓN DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO - Justificada / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA JUDICIAL - Para determinar el título de imputación / AUSENCIA DE VULNERCIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES

[L]a Sala concluye que no se configura el defecto fáctico referido, debido a que la autoridad judicial demandada efectuó una interpretación razonable del acervo probatorio obrante en el proceso, en la medida que analizó las pruebas en las cuales se evidenciaban las circunstancias en que se llevó a cabo la privación de la libertad de la señora [L.R.V] que permitieron la procedencia de la imposición de la medida de aseguramiento (…) [P]ara la Sala, las consideraciones del Tribunal demandado resultan acordes con las reglas jurisprudenciales fijadas por la Sala Plena de la Corte Constitucional en la Sentencia SU-072 de 2018, según la cual la condena automática al Estado a partir de un título de imputación objetiva “[…] sin que medie un análisis previo que determine si la decisión a través de la cual se restringió preventivamente la libertad fue inapropiada, irrazonable, desproporcionada o arbitraria, transgrede un precedente constitucional con efecto erga omnes, concretamente la sentencia C-037 de 1996. […]” en tanto que, la Constitución Política de 1991 no estableció un régimen de responsabilidad a aplicar y por lo tanto avaló que el juez administrativo valore a conducta de la víctima (…) [L]a Sala encuentra que no puede concluirse la configuración de un defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial, por cuanto, la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado y, especialmente, la de la Corte Constitucional reconoce en el juez de la causa la autonomía para determinar, conforme a las circunstancias del caso, cuál será el criterio a aplicar a efectos de establecer si el daño antijurídico debe o no ser atribuido a las autoridades demandadas, esto es, uno objetivo o uno subjetivo. Para la Sala, la autoridad accionada no incurrió en defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial, toda vez que al resolver el caso sub examine, tuvo en cuenta la regla jurisprudencial, consistente en otorgar al juez del conocimiento del asunto la determinación del criterio a aplicar a efectos de establecer si el daño antijurídico debe ser o no atribuido al Estado.

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL POR INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE SUBSIDIARIEDAD / AUSENCIA DE DEFECTO PROCEDIMENTAL ABSOLUTO / PROCEDENCIA DEL RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN – Para controvertir la presunta incongruencia de la sentencia / FALTA DE PRUEBA DEL PERJUICIO IRREMEDIABLE

[L]a Sala al revisar el escrito de tutela presentado por la parte actora, evidencia que alegó un defecto procedimental absoluto por desconocimiento del principio de congruencia. (…) [L]a Sala encuentra que, con fundamento en la jurisprudencia citada supra, existen en el caso sub examine otros mecanismos de control judicial para garantizar la protección de los derechos de la parte actora, como lo es el recurso extraordinario de revisión, previo al cumplimiento de los requisitos legales, para controvertir lo decidido en la sentencia, respecto de la presunta vulneración del principio de congruencia, antes de acudir a la acción de tutela. En esa medida, la Sala declarará la improcedencia de la tutela frente a este defecto como se dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia. (…) [De otro lado] al revisar el expediente no se evidencia la existencia de un perjuicio irremediable que haga procedente la acción de tutela como mecanismo transitorio. Del análisis del acervo probatorio no es posible establecer que la actora se encuentre en una situación de debilidad manifiesta que implique adoptar medidas urgentes, impostergables e inmediatas para la protección de sus derechos fundamentales.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá D.C., dieciséis (16) de octubre de dos mil veinte (2020)

Radicación número: 11001-03-15-000-2020-04036-00(AC)

Actor: LUZDARY REYES VIVEROS

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NARIÑO

Temas: Defecto fáctico/alcance

Defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial/alcance

Defecto procedimental/alcance

Derechos Fundamentales Invocados: i) Debido proceso, ii) acceso a la administración de justicia, iii) igualdad, iv) honra, v) buen nombre y vi) dignidad humana

Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por la actora contra el Tribunal Administrativo de Nariño, porque, a su juicio, al proferir la sentencia de 29 de julio de 2020, dentro del proceso adelantado en ejercicio del medio de control de reparación directa identificado con el número único de radicación 860013331001201700264-01, vulneró sus derechos fundamentales invocados supra.

La presente providencia tiene tres partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollarán a continuación.

I. ANTECEDENTES

La solicitud

La actora, a través de apoderados, presentó solicitud de tutela contra el Tribunal Administrativo de Nariño, porque, a su juicio, al proferir la sentencia de 29 de julio de 2020, dentro del proceso adelantado en ejercicio del medio de control de reparación directa identificado con el número único de radicación 860013331001201700264-01, vulneró sus derechos fundamentales invocados supra.

Presupuestos fácticos

Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la solicitud de tutela, en síntesis, son los siguientes:

La Fiscalía 40 Seccional de Puerto Leguizamo - Putumayo, en audiencia concentrada celebrada ante el Juzgado Promiscuo Municipal Con Funciones de Control de Garantías de Puerto Leguizamo el 30 de mayo de 2015, solicitó la legalización de captura de la señora Luzdary Reyes Viveros y formuló en su contra imputación por el delito de extorsión agravada. Asimismo, el Ente Acusador solicitó al juzgado el decreto de una medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en centro carcelario; petición que fue acogida por el Despacho.

El Juzgado Promiscuo Municipal con Funciones de Control de Garantías de Puerto Leguizamo – Putumayo, el 10 de mayo de 2016, celebró audiencia de libertad por vencimiento de términos, en la que concedió la libertad a la señora Luzdary Reyes Viveros.

El Juzgado Primero Penal Municipal de Con Funciones de Conocimiento de Puerto Asís de Putumayo, el 17 de noviembre de 2016, celebró la audiencia de juicio oral, en la que la Fiscalía solicitó la absolución perentoria a favor de la señora Luzdary Reyes Viveros, por cuanto no se logró establecer la materialidad de la conducta por la cual se la acusó, solicitud que fue acogida por el Despacho judicial.

La señora Luzdary Reyes Viveros en nombre propio y en representación de su hijos Helmer Sebastián Ajon Reyes, “AANS”, “NSNS”, “RLSS”, “AAOS”, “NAOR”, “YZOS”, Luz Adriana Sanjuan Reyes, instauraron demanda contra la Nación – Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial – Fiscalía General de la Nación, en ejercicio del medio de control de reparación directa, con el fin de que se les declarara patrimonialmente responsables por los perjuicios causados por la privación injusta de la libertad que soportó la señora Luzdary Reyes Viveros.

Sentencia proferida el 17 de julio de 2019 por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Mocoa dentro del medio de control de reparación directa identificado con el número único de radicación 86001 33 31 001 2017 00264 00

La parte resolutiva de la mencionada sentencia dispuso textualmente lo siguiente:

“[…] PRIMERO: DECLARAR no probadas las excepciones propuestas por las entidades demandadas, por lo anteriormente expuesto.

SEGUNDO: DENEGAR las pretensiones de la demanda interpuesta por LUZDARY REYES VIVEROS y otros en contra de la NACIÓN - RAMA JUDICIAL y FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.

TERCERO: SIN lugar a condenar en costas en esta instancia. […]”.

7.1. Como fundamento de su decisión, consideró, de conformidad con la jurisprudencia vigente, que era necesario estudiar la actuación de la actora en los hechos para determinar su responsabilidad en los mismos. En ese sentido, encontró que la señora Reyes Viveros fue absuelta de responsabilidad penal por cuanto su actuar no desencadenó la conclusión de la conducta delictiva y porque los destinatarios de las cartas extorsivas hicieron caso omiso del requerimiento que estas contenían. Precisó que la actora fue privada de la libertad por cometer una conducta gravemente culposa y por inobservar el “[…] cuidado que aún las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear […]”, en tanto que entregó unas cartas extorsivas sin coacción alguna, con pleno conocimiento de su proceder, y que, incluso contrató a una persona para que la transportara a los diferentes sitios.

7.2. Consideró difícil creer que su actuar obedeció a un favor que le realizó a una persona a la cual no puede identificar, invirtiendo tiempo y dinero y sin ningún ánimo de lucro. Afirmó que esta actuación está por fuera del sentido común, por fuera de la diligencia propia del actuar de una persona prudente, máxime cuando el lugar de ocurrencia de los hechos históricamente se ha visto afectado por extorsiones y otros delitos y la presencia permanente de grupos al margen de la ley. Sostuvo entonces que la detención preventiva tuvo como fundamento conductas gravemente culposas o dolosas que llevaron a la Fiscalía General de la Nación a considerar como necesaria la adopción de decisiones con la suficiencia de restringir su derecho a la libertad, máxime cuando la captura fue en flagrancia y a ella se le encontraron las cartas extorsivas debidamente embaladas.

En desacuerdo con la decisión, la parte actora interpuso recurso de apelación.

Sentencia proferida el 29 de julio de 2020 por el Tribunal Administrativo de Nariño dentro del medio de control de reparación directa identificado con el número único de radicación 86001 33 31 001 2017 00264 01

El Tribunal Administrativo de Nariño dispuso:

“[…] PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia que, el 17 de julio de 2019 profirió el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Mocoa (P.), dentro del proceso que promovieran los señores Luzdary Reyes Viveros y otros, contra la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial - Fiscalía General de la Nación, por las razones que se consignaron en este fallo.

SEGUNDO.- Condenar en costas a la parte demandante, a favor de la parte demandada, en esta instancia. Tásense por la Secretaría del Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Mocoa (P.). […]”.

9.1. A juicio de la Sala, la solicitud de la Fiscalía General de la Nación, y la consecuencial medida de aseguramiento que impuso un juez de la República no fueron injustas, en la medida en que la aprehensión de la señora Luzdary Reyes Viveros estuvo debidamente fundamentada, con elementos demostrativos de la posible comisión de un delito, que se hicieron conocer del funcionario judicial previo a la audiencia en la cual se decretó la medida de aseguramiento y, afirmó que, durante la audiencia preliminar no se aportó ni un solo elemento material de prueba, tendiente a controvertir aquellos que reposaban en el expediente.

9.2. Sostuvo que se pudo constatar, dentro del proceso penal, que la señora Luzdary Reyes Viveros era la persona que repartía unas boletas de citación a algunos comerciantes del sector, con el objeto de obtener su asistencia a unas reuniones so pena de que fueran declarados objetivo militar, actuación que estaba directamente vinculada con los punibles objeto de investigación, puesto que, conforme daban cuenta las resoluciones judiciales que se aportaron al proceso contencioso administrativo, tales actuaciones, que se consideraron ilícitas, sí existieron. Consideró indudable, que el actuar de las entidades demandadas se orientó a la individualización de las personas que participaron en dichas operaciones consideradas como conductas delictuosas, como la extorsión a comerciantes, y que se adoptaran, en forma razonada, las medidas que se emitieron.

9.3. En consecuencia, concluyó que el actuar de la Fiscalía y de Juez del Control de Garantías se ciñeron a los mandatos legales y constitucionales, toda vez que, frente a la presunta comisión de los delitos imputados, con los elementos materiales probatorios que hacían parte de la investigación, en desarrollo de las audiencias preliminares, se hacía factible solicitar y ordenar la medida de aseguramiento, en la modalidad de detención preventiva, en contra de la actora.

La solicitud de tutela

Pretensiones

La actora solicitó en su escrito de tutela:

“[…] Primero. Amparar los derechos AL DEBIDO PROCESO, en conexidad con el Derecho a la DEFENSA, al ACCESO A LA JUSTICIA, a la LIBERTAD, a la HONRA, al BUEN NOMBRE, a la PRESUNCIÓN DE INOCENCIA, a la DIGNIDAD HUMANA y por tanto a una TUTELA JUDICIAL EFECTIVA, IGUALDAD ANTE LA LEY Y DE TRATO POR LAS AUTORIDADES, transgredidos por el Tribunal Contencioso Administrativo de Nariño mediante sentencia proferida el 29 de Julio de 2.020, dentro del proceso con radicado 86001333100120170026401.

Segundo. Como consecuencia de lo anterior, Dejar sin efecto la decisión proferida en la sentencia del 29 de julio de 2020, emanada por el Tribunal Contencioso Administrativo de Nariño, dentro del expediente: 86001333100120170026401.

Tercero. Ordenar, al Tribunal Administrativo de Nariño que en un término no superior a los quince (15) días a la notificación de la sentencia que ponga fin a la presente tutela, emita un nuevo pronunciamiento de fondo según los hechos, la valoración probatoria y los fundamentos jurídicos de juicio pertinentes para ello, acatando, en consecuencia, el precedente jurisprudencial establecido por el Consejo de Estado y lo determinado por H. Corte Constitucional, en temas relacionados con la privación injusta de la libertad y la presunción de inocencia, Advirtiendo al Tribunal que en su fallo No podrá continuar vulnerando el Derecho al Buen Nombre y a la Honra de la accionante, absteniéndose de realizar declaraciones injuriosas, calumniosas o infundadas como las que usó en la sentencia por la cual se solicita el presente amparo; teniendo en cuenta CADA UNO de los presupuestos establecidos sobre los cuales se estructuró y fundamentó el recurso de apelación, todo en garantía del principio de congruencia. […]”.

10.1. Señaló que el Tribunal Administrativo de Nariño profirió la decisión de 29 de julio de 2020 sin analizar los argumentos expuestos en el recurso de apelación, con los que desconoció el principio de congruencia. En ese sentido, señaló que una de las razones por las que elevó el recurso, radicó en el que se analizara la privación injusta de la actora bajo el régimen subjetivo y no del régimen objetivo.

10.2. Afirmó que la autoridad judicial demandada vulneró el derecho al buen nombre de la actora, por cuanto aseguró que ella participó en conductas delictivas, que hizo o hace parte de una organización criminal, que repartía boletas extorsivas, pese a que no fue vencida en el proceso penal y a que se encuentra demostrado que su actuar no fue considerado delictivo, con lo que además, sostiene, se vulnera la presunción de inocencia.

10.3. A continuación, citó apartes de la sentencia, con el fin de cuestionar la veracidad de sus afirmaciones. Al respecto, sostuvo que no se constató que la señora Luzdary Reyes Viveros repartiera boletas de citación, ni que sus actuaciones fueran ilícitas y reiteró que el juez penal declaró la absolución perentoria al encontrar demostrada la atipicidad de los hechos fundamento de la acusación, de forma que al quedar demostrado el error de la Fiscalía de establecer cuál era la conducta sancionable por el legislador para imputar la consecuencia jurídica, correspondía al juez del proceso de reparación directa acceder a las pretensiones de la demanda.

10.4. Indicó que en la demanda no se hicieron afirmaciones acerca de conductas de la actora para citar a comerciantes para reunirse con grupos al margen de la ley y señaló que solo hay una aparte del líbelo en el que se hace referencia a “las boletas” pero hace parte de un aparte expuesto por la Fiscalía.

10.5. Cuestionó que el Tribunal no corrigiera el yerro del juez de primera instancia que afirmó que con el testimonio de Daysi Mayerly Pianda Cuellar se demostraba que la actora sí tenía conocimiento que el remitente de las notas era la guerrilla, pese a que, en la entrevista, la señora Pianda Cuellar se refirió a una “muchacha” y no a la actora, y afirmó que desconocía el contenido de “los papeles”. Agregó que tales entrevistas no fueron debatidas en el juicio oral y por lo tanto no se les reconoció fuerza probatoria.

10.6. Finalmente señaló que debió acogerse la sentencia de tutela proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado el 15 de noviembre de 2019, según la cual, debía respetarse la presunción de inocencia establecida a su favor en la decisión absolutoria en materia penal.

Actuación

El Despacho Sustanciador, mediante auto de 16 de septiembre de 2020; i) admitió la tutela, ii) ordenó notificar a los magistrados del Tribunal Administrativo de Nariño y, iii) vinculó en calidad de terceros con interés legítimo al Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Mocoa; a la Nación – Rama Judicial – Fiscalía General de la Nación y Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y a los señores Helmer Sebastián Ajon Reyes, “AANS”, “NSNS”, “RLSS”, “AAOS”, “NAOR”, “YZOS”, Luz Adriana Sanjuan Reyes y “NASN”, a quienes concedió el término de tres (3) días para que rindieran un informe sobre el particular.

Intervenciones de la parte demandada y de las partes vinculadas

El Tribunal Administrativo de Nariño señaló que no era cierto que se estuviera vulnerando el principio de inocencia, porque en sede de lo contencioso administrativo no se decidió si era culpable o no, sino simplemente que por los hechos en razón de los cuales se investigaba a la actora y las circunstancias que daban cuenta de su presunta responsabilidad en relación con un delito que atenta contra la comunidad, consideró que no fue injusta la privación de la libertad, ya que si bien fue absuelta, con los elementos con los que contaba la Fiscalía existían razones para emitir la medida de aseguramiento; además, porque respecto de la medida no se disintió de manera alguna.

La Fiscalía General de la Nación afirmó que la actora no logra identificar el tipo de error en el que presuntamente incurrió la providencia cuestionada, razón por la cual, a su juicio, debe declararse la improcedencia de la solicitud de amparo. Indicó que el Consejo de Estado, en reciente sentencia de tutela, avaló que se analizara si la conducta de la víctima justificó la medida de privación de la libertad.

La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pasto – Nariño afirmó que la solicitud de amparo era improcedente por cuanto la actora contaba con el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia. Recordó que la captura de la señora Luzdary Reyes Viveros se dio en flagrancia, toda vez que fue sorprendida entregando panfletos alusivos a las FARC, con los cuales citaba a determinadas personas a cierto lugar so pena de ser declarados objetivos militares. Advirtió que si bien, con la sentencia penal absolutoria quedó claro la existencia de un error al momento de la imputación jurídica efectuada por el fiscal delegado, pues los hechos no encajaban en el delito de extorsión, la conducta sí era indicativa del punible de amenazas.

La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial solicitó que se declare la improcedencia de la solicitud de amparo por no cumplir con el requisito de la inmediatez.

El Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Mocoa y los señores Helmer Sebastián Ajon Reyes, “AANS”, “NSNS”, “RLSS”, “AAOS”, “NAOR”, “YZOS”, Luz Adriana Sanjuan Reyes y “NASN” guardaron silencio en esta oportunidad procesal.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia de la Sala

Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad con los artículos 1.º y 32 del Decreto núm. 2591 de 19 de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, el artículo 1.º del Decreto núm. 1983 de 30 de noviembre de 2017, el Acuerdo 377 de 11 de diciembre de 2018, y el Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019.

Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario, destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.

Problemas jurídicos

En el caso sub examine, los problemas jurídicos que debe resolver la Sala consisten en: i) determinar si, en efecto, es procedente la acción de tutela acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra sentencias judiciales, y de ser así, ii) establecer si el Tribunal Administrativo de Nariño, al proferir la sentencia de 29 de julio de 2020 dentro del medio de control de reparación directa identificado con el número único de radicación 860013331001201700264-01, incurrió en defecto fáctico por proferir la decisión sin fundamentación probatoria, en defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial del Consejo de Estado y en defecto procedimental absoluto, lo que trajo como consecuencia que se considerara que el daño sufrido con la privación de la libertad de la señora Luzdary Reyes Viveros no fuera antijurídico.

Para resolver los anteriores problemas jurídicos esta Sala analizará los siguientes temas: i) procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales; ii) requisitos generales y especiales de procedibilidad de la acción de tutela cuando se dirige contra providencias judiciales; iii) análisis del cumplimiento de los requisitos de procedibilidad en el caso concreto, iv) el defecto fáctico, v) el defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial; vi) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al debido proceso, vii) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental de acceso a la administración de justicia; viii) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental a la igualdad; ix) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental a la honra; x) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al buen nombre; xi) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental a la dignidad humana; xii) análisis del caso en concreto y, finalmente xiii) las conclusiones de la Sala.

Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania Álvarez Bello en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala Plena, en sentencia de 31 de julio de 2012, esta Corporación consideró necesario admitir que debe acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profiera - que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro determine la ley y la propia doctrina judicial.

Requisitos generales y especiales de procedibilidad de la acción de tutela cuando se dirige contra providencias judiciales

Esta Sección adoptó como parámetros a seguir los señalados en la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el tema.

Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición jurisprudencial, estableció como requisitos generales de procedibilidad de esta acción constitucional, cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia constitucional del asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) la existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de la vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se trate de tutela contra tutela.

Además de estas exigencias, la Corte en la mencionada sentencia C–590 de 2005, precisó que era imperioso acreditar la existencia de unos requisitos especiales de procedibilidad que el propio Tribunal Constitucional los ha considerado como las causales concretas que “de verificarse su ocurrencia autorizan al juez de tutela a dejar sin efecto una providencia judicial”.

Así pues, el juez debe comprobar la ocurrencia de al menos uno de los siguientes defectos: i) orgánico; ii) procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material o sustantivo; v) error inducido; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del precedente; y viii) violación directa de la Constitución.

De lo expuesto, la Sala advierte que cuando el juez constitucional conoce una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una providencia judicial: en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso objeto de análisis se configura uno de los defectos especiales ya explicados, permitiéndole de esta manera “dejar sin efecto o modular la decisión” que encaje en dichos parámetros.

Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.

El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la Corporación en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014.

Análisis del cumplimiento de los requisitos de procedibilidad en el caso concreto

La Sala estudiará la procedencia de la acción de tutela bajo la premisa del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, dispuestos por la sentencia C-590 de 2005, proferida por la Corte Constitucional.

En el caso bajo examen la Sala advierte que la acción de tutela cumple con los requisitos generales de procedibilidad, toda vez que:

30.1. Es evidente que la cuestión que se discute reviste relevancia constitucional, comoquiera que se controvierte la vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia, a la igualdad, a la honra, al buen nombre y a la dignidad humana.

30.2. La Sala debe hacer énfasis, en que en el presente caso se cumple con el requisito de la relevancia constitucional dentro del marco de la acción de tutela contra providencias judiciales, i) toda vez que se trata de la posible afectación de los derechos fundamentales citados supra y, además, ii) la parte actora cumplió con la carga argumentativa mínima en dar las razones jurídicas por las cuales la autoridad judicial accionada incurrió en un posible defecto fáctico, sustantivo por desconocimiento del precedente judicial y procedimental.

30.3. Para la Sala exigirle a la parte actora una carga argumentativa mínima se justifica, toda vez que si bien es cierto la acción de tutela goza de la característica principal de la informalidad que se fundamenta en el mandato constitucional de la prevalencia del derecho sustancial sobre las formas procesales, en el escenario del amparo contra providencias judiciales, cuando esta prospera se afecta el principio de la cosa juzgada, por lo que el juez constitucional sólo puede remover dicha cosa juzgada de una sentencia o auto, cuando se evidencia a través de la argumentación jurídica del actor, que realmente el operador judicial profirió una providencia arbitraria e irrazonable, que implicó la vulneración de derechos fundamentales.

30.4. Cumplió con el principio de inmediatez. La Sala evidencia que dentro del expediente está acreditado que: i) la providencia objeto de la acción de tutela fue proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño el 29 de julio de 2020; y ii) que, aunque se desconoce la fecha de su notificación, la actora interpuso la acción de tutela el 11 de septiembre de 2020, esto es, dentro de un plazo que la Sala considera razonable.

30.5. No existen medios ordinarios y/o extraordinarios de defensa judicial eficaces y eficientes con los cuales la parte actora pueda lograr la protección de los derechos invocados, en relación con los presuntos defectos fáctico y sustantivo alegados;

30.5.1. Ahora bien, debe preguntarse la Sala si en el presente caso se cumple o no con el requisito de subsidiariedad dentro del marco de la acción de tutela, en relación con el presunto defecto procedimental.

30.5.2 Uno de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales es el agotamiento de los recursos ordinarios y extraordinarios que existen en el ordenamiento jurídico para controvertir la providencia atacada, teniendo en cuenta que la acción de tutela es un mecanismo subsidiario y sólo procede cuando el peticionario se encuentra en presencia de un perjuicio irremediable o cuando se acredita en el caso concreto que dichos mecanismos no son idóneos o eficaces para la protección de los derecho fundamentales.

30.5.3. Frente al tema ha dicho la Corte Constitucional:

“ […] Bajo esta perspectiva, la sentencia T-211 de 2009 precisó al menos cuatro razones por las que el estudio del requisito de subsidiariedad es fundamental para determinar la procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales:

“La primera consiste en que las sentencias son decisiones emanadas de un juez que recibió el encargo constitucional de poner fin a las controversias en una jurisdicción determinada, para lo cual, fue revestido de autonomía e independencia. Cuando la acción de tutela se instaura como recurso alternativo o como último recurso judicial para obtener una decisión favorable en cualquier materia, se desconoce la división de competencias que la misma Carta ha delineado, y se niega el principio de especialidad de la jurisdicción. Adicionalmente, cuando se promueve el amparo de manera complementaria a los procesos judiciales ordinarios, la decisión del juez constitucional –que por la naturaleza de la acción de tutela tendrá que adoptar una decisión en menor tiempo- puede terminar imponiendo interpretaciones de carácter legal al juez que está encargado del proceso.

En uno y otro caso, la acción de tutela que no es presentada con apego estricto al principio de subsidiariedad, niega la garantía del debido proceso, de acuerdo con la cual, una persona sólo puede ser procesada por su “juez natural”.

Una segunda razón estriba en el respeto por la importancia del proceso judicial. Las etapas, recursos y procedimientos que conforman un proceso, son el primer espacio de protección de los derechos fundamentales de los asociados, especialmente en lo que tiene que ver con las garantías del debido proceso. Es en este sentido que la sentencia C-543/92 puntualiza que: “tratándose de instrumentos dirigidos a la preservación de los derechos, el medio judicial por excelencia es el proceso, tal como lo acreditan sus remotos orígenes” (negrillas del original). Por tanto, no es admisible que el afectado alegue la vulneración o amenaza de un derecho fundamental cuando no ha solicitado el amparo de sus derechos dentro del proceso, pues, en principio, el ordenamiento jurídico le ha dotado de todas las herramientas necesarias para corregir durante su trámite las irregularidades procesales que puedan afectarle.

Como tercera razón, la acción de tutela instaurada contra providencias judiciales, cuando no se han agotado los mecanismos ordinarios de protección, atenta contra la seguridad jurídica del ordenamiento. No hace parte de los fines naturales de la acción de tutela el causar incertidumbre jurídica entre los asociados. Por esto, la Corte ha reiterado que la acción de tutela contra providencias judiciales no pretende sustituir al juez natural, ni discutir aspectos legales que ya han sido definidos, o están pendientes de definir. Sin embargo, cuando se desconoce el principio de subsidiariedad, y se intenta usar la acción de tutela como otra instancia u otro recurso de litigio, sin que existan razones evidentes para advertir violaciones a derechos fundamentales, se atenta contra la cosa juzgada y contra la seguridad jurídica.”

7. En suma, corresponde al juez constitucional evaluar de forma rigurosa la subsidiariedad de la acción de tutela contra providencias judiciales teniendo en cuenta las pautas generales sobre la existencia de otros medios de defensa judicial y si se trata de un proceso concluido o en curso. La anterior verificación del requisito de subsidiariedad conlleva la salvaguarda de las siguientes garantías: i) el juez natural; ii) el respeto por el debido proceso propio de cada actuación judicial; y iii) la protección de la seguridad jurídica y la cosa juzgada […]”.

30.5.4. En ese orden de ideas, quien interponga una acción de tutela contra providencias judiciales, debe agotar previamente todos los recursos ordinarios y extraordinarios.

30.5.5. En el presente caso, se advierte que la parte actora pretende que se deje sin efectos jurídicos la sentencia de 29 de julio de 2020, proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño, dentro del proceso adelantado en ejercicio del medio de control de reparación directa identificado con el número único de radicación 860013331001201700264-01.

30.5.6. En ese orden de ideas, la Sala estudiará si en el presente caso se cumple con el requisito de agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios.

30.5.7. Dentro del expediente está plenamente acreditado que el Tribunal Administrativo de Nariño, mediante sentencia referida supra, resolvió confirmar la sentencia proferida por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Mocoa, el 17 de julio de 2019.

30.5.8. Como se indicó con anterioridad, la Sala al revisar el escrito de tutela presentado por la parte actora, evidencia que alegó un defecto procedimental absoluto por desconocimiento del principio de congruencia. En ese orden de ideas, adujo que:

“[…] VIGÉSIMO: El 29 de Julio de 2.020 el Tribunal Contencioso Administrativo de Nariño, desató la alzada y mediante SENTENCIA decidió CONFIRMAR la totalidad de los apartes de la sentencia apelada SIN DESARROLLAR, TRATAR, ANALIZAR, ESTUDIAR, EXPLICAR, JUSTIFICAR O DEBATIR las razones, hechos y pruebas en los que se SUSTENTÓ el RECURSO DE APELACIÓN elevado, violentando con el CONTENIDO de su decisión (de la sentencia),el PRINCIPIO DE CONGRUENCIA, el DERECHO AL DEBIDO PROCESO, el DERECHO A LA DEFENSA de nuestra representada, el DERECHO A LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA, el derecho al BUEN NOMBRE, el derecho a la HONRA, el derecho a la LIBERTAD, el DERECHO AL ACCESO A LA JUSTICIA y a la TUTELA JUDICIAL EFECTIVA, motivo por el cual, sólo resta el amparo Constitucional que hoy se invoca, como única herramienta, efectiva y eficaz, para lograr que la accionante cuente con un juicio justo, equilibrado, ajustado a derecho, que evite que se cause un perjuicio irremediable a la accionante, al privársele de la oportunidad de acceder a la justicia y lograr un fallo en derecho y no un fallo sesgado, en donde ha sido catalogada a lo largo del proceso como una persona que ha cometido una acción delictiva. […]”.

30.5.9 Ahora bien, frente al defecto procedimental absoluto por vulneración del principio de congruencia de la sentencia acusada, esta Sección considera que no se cumple con el requisito de la subsidiariedad, toda vez que la actora contaba con otro medio de defensa judicial para controvertir la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño, esto es, el recurso extraordinario de revisión.

30.5.10. En efecto, esta Sección al resolver un asunto en el que se discutía el desconocimiento del principio de congruencia de la sentencia, señaló:

“[…] En efecto de acuerdo con la decisión adoptada por la Sala 22 Especial de Revisión de esta Corporación, y acogida por esta Corporación en posteriores providencias, el desconocimiento del principio de congruencia da lugar a la nulidad originada en la sentencia, situación que se encuentra prevista como una de las causales que hacen procedente el recurso extraordinario de revisión, en los términos del numeral 5º del artículo 250 del CPACA.

Señala la providencia en mención lo siguiente:

“[…] 2.6. Desconocimiento del principio de congruencia como causal de nulidad de la sentencia

Dentro del contexto expuesto en el acápite anterior, la jurisprudencia de la Sala Plena Contenciosa ha indicado que debe aceptarse que la causal 6ª del artículo 188 del C.C.A., hoy 5 del artículo 250 del CPACA, por nulidad originada en la sentencia, se configura, entre otras razones, cuando al demandado se le condena por cantidad superior, o por objeto distinto del pretendido en la demanda o por causa diferente a la invocada en la misma.

Circunstancia que también podría encuadrarse en la causal de falta de competencia, en este caso, en cuanto el juez se pronuncia por fuera de los límites impuestos en la causa petendi.

Ello significa que es procedente el recurso extraordinario de revisión contra los fallos dictados por esta jurisdicción en segunda instancia o única, si se alega el desconocimiento del principio de la congruencia, que en últimas implica una actuación sin competencia.

[…]

En este orden de ideas, esta Sala Especial advierte, conforme a lo expuesto, que la causal de revisión contenida en el numeral 5º del artículo 250 del CPACA -antes 6 del artículo 188 del C.C.A.-, es decir, nulidad originada en la sentencia, se puede configurar cuando el fallo objeto de revisión ha desatendido la congruencia interna y/o la externa, pues, en uno y otro caso, el fallador incurre en una clara violación del debido proceso, artículo 29 constitucional, dado que la providencia proferida en esos términos resulta contraria a las formas propias de cada juicio, en específico, la falta de competencia del juez para abordar asuntos frente a los cuales no se podía pronunciar […]”

30.5.11. En ese orden de ideas, la Sala encuentra que, con fundamento en la jurisprudencia citada supra, existen en el caso sub examine otros mecanismos de control judicial para garantizar la protección de los derechos de la parte actora, como lo es el recurso extraordinario de revisión, previo al cumplimiento de los requisitos legales, para controvertir lo decidido en la sentencia, respecto de la presunta vulneración del principio de congruencia, antes de acudir a la acción de tutela. En esa medida, la Sala declarará la improcedencia de la tutela frente a este defecto como se dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.

Estudio del perjuicio irremediable

30.5.12. Ahora bien, debe preguntarse la Sala si en el presente caso se configura la existencia de un perjuicio irremediable que haga procedente la acción de tutela como mecanismo transitorio.

30.5.13. Frente a la configuración del perjuicio irremediable dentro del marco de la acción de tutela ha dicho la Corte Constitucional:

“[…] A propósito del perjuicio irremediable, esta Corporación ha precisado que éste debe reunir las siguientes características: “debe ser inminente o próximo a suceder. Este exige un considerable grado de certeza y suficientes elementos fácticos que así lo demuestren, tomando en cuenta, además, la causa del daño. (…) el perjuicio ha de ser grave, es decir, que suponga un detrimento sobre un bien altamente significativo para la persona (moral o material), pero que sea susceptible de determinación jurídica. (…) deben requerirse medidas urgentes para superar el daño, entendidas éstas desde una doble perspectiva: como una respuesta adecuada frente a la inminencia del perjuicio, y como respuesta que armonice con las particularidades del caso. Por último, las medidas de protección deben ser impostergables, esto es, que respondan a criterios de oportunidad y eficiencia a fin de evitar la consumación de un daño antijurídico irreparable[…]”

30.5.14. Para la Sala al revisar el expediente no se evidencia la existencia de un perjuicio irremediable que haga procedente la acción de tutela como mecanismo transitorio. Del análisis del acervo probatorio no es posible establecer que la actora se encuentre en una situación de debilidad manifiesta que implique adoptar medidas urgentes, impostergables e inmediatas para la protección de sus derechos fundamentales.

30.5.15. Con base en lo anteriormente expuesto, la Sala considera que en el presente caso no se cumplió con uno de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela, dado que la parte actora debe acudir al recurso extraordinario de revisión.

30.6. La actora identificó los hechos y los derechos cuya vulneración alega.

30.7. No se trata de una acción de tutela contra sentencia de tutela.

Defecto fáctico

Esta Sección ha identificado los eventos en que se configura una causal de procedibilidad por defecto fáctico:

“[…] En lo que respecta al defecto fáctico, la jurisprudencia ha determinado que se presenta cuando la valoración probatoria realizada por el juez resulta arbitraria o abusiva por: a) dejar de valorar pruebas debidamente allegadas, b) valorar las que debió haber desconocido (por no haber sido arrimadas en debida forma); y, c) por interpretar el acervo de manera irracional; siempre que esas pruebas resulten ser determinantes en el sentido del fallo; de lo contrario, se entiende que las interpretaciones que realice el juez de instancia se encuentran dentro de la autonomía e independencia propias del juez natural.

El defecto fáctico se estructura desde cualquiera de sus dos dimensiones, i) la negativa que se presenta “cuando el juez niega o valora la prueba de manera arbitraria, irracional y caprichosa, u omite su valoración y sin razón valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente. Esta dimensión comprende las omisiones en la valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos analizados por el juez;” mientras que, ii) la positiva, se configura “cuando el juez aprecia pruebas esenciales y determinantes de lo resuelto en la providencia cuestionada que no ha debido admitir ni valorar porque, por ejemplo, fueron indebidamente recaudadas (artículo 29 C.P.) y al hacerlo el juez desconoce la Constitución.”[…]”.

En ese orden de ideas, el defecto fáctico se configura cuando el juez de manera arbitraria y caprichosa i) omite valorar los medios probatorios debidamente allegados al proceso, ii) le da pleno valor a las pruebas que debió haber desconocido y iii) por haber efectuado una interpretación irrazonable del acervo probatorio.

Se debe resaltar que para la configuración de dicho defecto la prueba en cuestión debe ser determinante o relevante para el sentido de la decisión judicial y que, con fundamento en los principios constitucionales de independencia y autonomía judicial, los jueces tienen un amplio margen de apreciación para la valoración de las pruebas. La Corte dijo:

“[…] La jurisprudencia ha reconocido, a partir del principio constitucional de autonomía e independencia judicial, el amplio margen que tienen los jueces al momento de efectuar la valoración de las pruebas aportadas al proceso conforme a las reglas de la sana crítica; no obstante, también ha advertido que tal poder comporta un límite ya que no puede ser ejercido de manera arbitraria, en tanto puede lesionar derechos fundamentales […]”

Defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial

La Sala considera que es necesario señalar que en nuestro ordenamiento jurídico se han desarrollado en torno a las decisiones judiciales, entre otras, las siguientes figuras jurisprudenciales: la doctrina probable, el antecedente jurisprudencial, el precedente jurisprudencial, la sentencia de unificación y la extensión de la jurisprudencia.

Dichas figuras encuentran su fundamento legal en los artículos 4.º de la Ley 169 de 31 de diciembre de 1896 y el 270 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011; así como su respaldo jurisprudencial las sentencias C-836 de 2001; C-816 de 2011; C-179 de 2016; y T-102 de 2014.

En relación con esta causal, la Corte Constitucional ha desarrollado ampliamente el concepto del precedente judicial, señalando que es el “[…] conjunto de sentencias previas al caso que se habrá de resolver que por su pertinencia para la resolución de un problema jurídico constitucional, debe considerar necesariamente un juez o una autoridad determinada, al momento de dictar sentencia […]”, que busca asegurar la eficacia de los principios y derechos fundamentales a la igualdad, a la buena fe, a la seguridad jurídica y a la confianza legítima que, a su vez, garantizan la protección del debido proceso y el acceso efectivo a la Administración de Justicia.

Lo anterior encuentra su fundamento en el criterio desarrollado por la Corte Constitucional, según el cual la actividad interpretativa que se realiza con fundamento en el principio de la autonomía judicial está supeditada al respeto del derecho a la igualdad en la aplicación de la ley, lo que supone, necesariamente que, en casos análogos, los funcionarios judiciales se encuentran atados en sus decisiones, por la regla jurisprudencial que, para el asunto concreto, se haya fijado por el funcionario de superior jerarquía (precedente vertical) o por el mismo juez (precedente horizontal).

Sin embargo, la misma Corte ha precisado que, salvo en materia constitucional, cuya doctrina es obligatoria, la regla del respeto del precedente no es absoluta debido a que la interpretación judicial no puede tornarse inflexible frente a la dinámica social, ni petrificarse, o convertirse en el único criterio tendiente a resolver una situación concreta.

Lo anterior se traduce en el reconocimiento de un conjunto de supuestos en los cuales resulta legítimo apartarse del precedente judicial vigente, desarrollados jurisprudencialmente y recogidos en pronunciamientos anteriores de la Sala, a saber: i) la disanalogía o falta de semejanza estricta entre el caso que origina el precedente y el que se resuelve con posterioridad; ii) una transformación significativa de la situación social, política o económica en la que se debe aplicar la regla definida con anterioridad con fuerza de precedente; iii) un cambio en el orden constitucional o legal que sirvió de base a la toma de las decisiones adoptadas como precedentes; iv) la falta de claridad o consistencia en la jurisprudencia que debe ser tomada como referente, y, v) la consideración que esa jurisprudencia resulta errónea, por ser contraria a los valores, objetivos, principios y derechos en los que se fundamenta el ordenamiento jurídico.

En efecto, la Sala ha reconocido que, “[…]en los eventos referidos, el juez que se separa del precedente asume una especial carga de argumentación, en virtud de la cual debe exponer, de manera clara, razonada y completa, las razones en las que fundamenta el cambio de posición jurisprudencial[…]”, para lo cual resulta obligatorio referirse a este –al precedente-, analizarlo respecto del caso concreto y fundamentar con suficiencia los motivos y las normas en que se sustenta la decisión de apartarse.

Por último, debe hacerse énfasis en que la labor judicial que llevan a cabo los órganos de cierre como lo son: la i) Corte Constitucional, ii) el Consejo de Estado y iii) la Corte Suprema de Justicia, cuando establecen o fijan el alcance de una disposición normativa, crean reglas y sub reglas jurisprudenciales, que deben ser tenidas en cuenta por todos los jueces, cuando: a) se evidencie que los hechos del caso sean equiparables a los resueltos anteriormente y b) que la ratio decidendi resuelva un problema jurídico semejante al propuesto en el nuevo caso.

Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al debido proceso

Visto el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que establece que:

“[…] ARTICULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio.

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. […]”.

Atendiendo a que, la Corte Constitucional ha definido el derecho al debido proceso, como “[…] el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico, a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se logre la aplicación correcta de la justicia. […]”, y ha recordado que “[…] En virtud del citado derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en forma omnímoda, sino dentro del marco jurídico definido democráticamente, respetando las formas propias de cada juicio y asegurando la efectividad de aquellos mandatos que garantizan a las personas el ejercicio pleno de sus derechos[…]” de manera que ha resaltado que el derecho al debido proceso tiene como propósito “[…] la defensa y preservación del valor material de la justicia, a través del logro de los fines esenciales del Estado, como la preservación de la convivencia social y la protección de todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes y demás derechos y libertades públicas (preámbulo y artículos 1° y 2° de la C.P) […]”.

Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental de acceso a la administración de justicia

Visto el artículo 229 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que establece que:

“[…] ARTICULO 229. Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia. La ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin la representación de abogado. […]”.

Atendiendo a que, la Corte Constitucional ha entendido el derecho de acceso a la administración de justicia, “[…] como la posibilidad reconocida a todas las personas de poder acudir, en condiciones de igualdad, ante las instancias que ejerzan funciones de naturaleza jurisdiccional que tengan la potestad de incidir de una y otra manera, en la determinación de los derechos que el ordenamiento jurídico les reconoce, para propugnar por la integridad del orden jurídico y por la debida protección o restablecimiento de sus derechos e intereses legítimos, con estricta sujeción a los procedimientos previamente establecidos y con plena observancia de las garantías sustanciales y procedimentales previstas en la Constitución y la ley […]”.

Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental a la igualdad

Visto el artículo 13 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que establece que:

“[…] ARTICULO 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.

El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados.

El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. […]”.

Atendiendo a que la Corte Constitucional ha entendido que el derecho a la igualdad “[…] comporta un conjunto de mandatos independientes y no siempre armónicos, entre los que se destacan (i) la igualdad formal o igualdad ante la ley, relacionada con el carácter general y abstracto de las disposiciones normativas dictadas por el Congreso de la República y su aplicación uniforme a todas las personas; (ii) la prohibición de discriminación, que excluye la legitimidad constitucional de cualquier acto (no solo las leyes) que involucre una distinción basada en motivos definidos como prohibidos por la Constitución Política, el derecho internacional de los derechos humanos, o bien, la prohibición de distinciones irrazonables; y (iii) el principio de igualdad material, que ordena la adopción de medidas afirmativas para asegurar la vigencia del principio de igualdad ante circunstancias fácticas desiguales. […]”.

Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental a la honra

Visto el artículo 21 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que establece que:

“[…] ARTICULO 21. Se garantiza el derecho a la honra. La ley señalará la forma de su protección. […]”.

Atendiendo a que la Corte Constitucional ha entendido que el derecho a la honra es “[…] la estimación o deferencia con la que cada persona debe ser tenida por los demás miembros de la colectividad que le conocen y le tratan, en razón a su dignidad humana. Es por consiguiente, un derecho que debe ser protegido con el fin de no menoscabar el valor intrínseco de los individuos frente a la sociedad y frente a sí mismos, y garantizar la adecuada consideración y valoración de las personas dentro de la colectividad […]”.

Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al buen nombre

Visto el inciso primero del artículo 15 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que establece que:

“[…] Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su  buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo, tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas […]”.

Atendiendo a que la Corte Constitucional ha entendido que el derecho al buen nombre es “[…] un derecho personalísimo toda vez que hace referencia directa a las valoraciones que tanto individual como colectivamente se hagan de una persona. Este derecho está atado a todos los actos y hechos que una persona realice para que a través de ellos la sociedad haga un juicio de valor sobre la real dimensión de bondades, virtudes y defectos los cuales a través de su existencia muestra como crédito una persona […]”.

Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental a la dignidad humana

Visto el artículo 1º. de la Constitución Política de Colombia de 1991, que establece que:

“[…] Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general […]”. (Resaltado por la Sala).

Atendiendo a que la Corte Constitucional ha establecido que el derecho a la dignidad humana “[…] debe entenderse bajo dos (2) dimensiones: a partir de su objeto concreto de protección y con base en su funcionalidad normativa. En relación con el primero, este Tribunal ha identificado tres (3) lineamientos claros y diferenciables: i) la dignidad humana como autonomía o como posibilidad de diseñar un plan vital y de determinarse según sus características; ii) la dignidad humana entendida como ciertas condiciones materiales concretas de existencia; y iii) la dignidad humana como intangibilidad de los bienes no patrimoniales, de la integridad física y moral o, en otras palabras, la garantía de que los ciudadanos puedan vivir sin ser sometidos a cualquier forma de trato degrandante o humillante. De otro lado, al tener como punto de vista la funcionalidad de la norma, este Tribunal ha identificado tres (3) expresiones del derecho a la dignidad: i) Es un valor fundante del ordenamiento jurídico y por tanto del Estado; ii) constituye un principio constitucional; y iii) también tiene la naturaleza de derecho fundamental autónomo […]”.

Análisis del caso en concreto

Visto el marco normativo y los precedentes jurisprudenciales en la parte considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el caso concreto.

La Sala procederá a apreciar y valorar todas las pruebas decretadas y aportadas en el proceso, de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del artículo 176 del Código General del Proceso, aplicando para ello las reglas de la lógica y la certeza que sobre determinados hechos se requiere para efectos de decidir lo que en derecho corresponda, en relación con los problemas jurídicos planteados en el escrito de tutela.

Acervo y análisis probatorios

Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra el expediente digital del medio de control de reparación directa adelantado por la actora contra la Nación – Rama Judicial – Fiscalía General de la Nación, identificado con el número único de radicación 86001 33 31 001 2017 00264 01.

Solución al caso en concreto

Análisis del presunto defecto fáctico por omitir la valoración probatoria

La actora señaló que la autoridad judicial demandada vulneró el derecho al buen nombre de la actora, por cuanto aseguró que ella participó en conductas delictivas, que hizo o hace parte de una organización criminal, que repartía boletas extorsivas, pese a que no fue vencida en el proceso penal y a que se encuentra demostrado que su actuar no fue considerado delictivo, con lo que además, sostiene, se vulneró la presunción de inocencia. Sostuvo que no se constató que la señora Luzdary Reyes Viveros repartiera boletas de citación, ni que sus actuaciones fueran ilícitas y reiteró que el juez penal declaró la absolución perentoria al encontrar demostrada la atipicidad de los hechos fundamento de la acusación, de forma que al quedar demostrado el error de la Fiscalía de establecer cuál era la conducta sancionable por el legislador para imputar la consecuencia jurídica, correspondía al juez del proceso de reparación directa acceder a las pretensiones de la demanda y cuestionó que el Tribunal no corrigiera el yerro del juez de primera instancia que afirmó que con el testimonio de Daysi Mayerly Pianda Cuellar se demostraba que la actora sí tenía conocimiento que el remitente de las notas era la guerrilla, pese a que, en la entrevista, la señora Pianda Cuellar se refirió a una “muchacha” y no a la actora, y afirmó que desconocía el contenido de “los papeles”. Agregó que tales entrevistas no fueron debatidas en el juicio oral y por lo tanto no se les reconoció fuerza probatoria.

En la sentencia objeto de reproche, el Tribunal Administrativo de Nariño confirmó la decisión apelada, con fundamento en lo siguiente:

“[…] En este caso, está claro que existe un daño, el cual no es antijurídico, ni se puede imputar a las entidades demandadas porque, como se dijo anteriormente, la parte demandante no cumplió la carga probatoria que le asistía, ya que si bien se demostró que la privación de la libertad de la señora Luzdary Reyes Viveros culminó por la solicitud de la propia Fiscalía General de la Nación de que se absuelva perentoriamente porque no fue posible adecuar típicamente la conducta de la demandante en un injusto penal, quien ahora acciona fue aprehendida como consecuencia de su participación en entrega de citaciones de grupos ilícitos con claros fines de amedrentar a algunos comerciantes de la localidad, y, aunque no aceptó el cargo delictual que se le imputó, como antes se advirtió, era clara su participación en las mencionadas actuaciones, adicionalmente, los elementos demostrativos daban cuenta de una inferencia razonable en cuanto a su actuar en la comisión de los graves hechos delictivos por los cuales se decidió privarla transitoriamente de la libertad.

Lo anterior implica que, el término durante el cual estuvo retenida, fue aquel que se requirió para que la investigación diera cuenta que, si bien la demandante fue parte en los movimientos mencionados, lo cierto es que aquella conducta no constituía un delito por ausencia de pruebas que permitiesen calificarlo así.

Por demás está señalar, que se reprocha la conducta de la demandante en el sentido de no gestionar adecuadamente sus propios asuntos, pues si bien no se demostró que hiciera parte de la comisión del delito, lo cierto es que prestó su actuar, posiblemente sin una constatación previa del origen de dichas boletas citatorias, que claramente estaban vinculadas posibles actos ilícitos.

Para concluir, no se demostró que las demandadas hubieran incurrido en error, y menos que la privación de la libertad fuera injusta.

Por último, es necesario advertir que, toda vez que no se demostró el error, no es posible aplicar el título subjetivo de responsabilidad que pretende el apoderado actor. De todas maneras, aunque en gracia de discusión se aceptara dicha aplicación, es indudable que el resultado del análisis sería el mismo. Es decir, que no es posible emitir condena en contra de los organismos estatales, porque no existió la falla que se pretende, como sustento de lo que se depreca. […]”.

La actora reprocha que la autoridad judicial asegurara que ella participó en conductas delictivas, pese a que su actuar no fue considerado delictivo y a que no se constató que repartiera boletas de citación provenientes de la guerrilla.

Sin embargo, de la lectura de la decisión proferida el 17 de noviembre de 2016 por el Juzgado Primero Penal Municipal de Puerto Asís – Putumayo, la Sala encuentra que las circunstancias fácticas que originaron la investigación penal fueron las siguientes:

“[…] el día 30-05-2015 cuando siendo las siete y treinta (07:30 A.M.) de la mañana a través de llamada telefónica a la línea de la policía nacional, la patrulla de vigilancia acude a verificar la información suministrada por un comerciante del barrio Centro del municipio de Puerto Leguizamo, en el sentido que una mujer vestida de blusa color naranja y pantalón azul con un carriel negro, se encontraba entregando boletas alusivas a las FARC. Una vez detectada le solicitan el registro personal, a lo cual se niega y es conducida a la estación de policía, donde una patrullera de sexo femenino le realiza el chequeo y le encuentra unas papeletas dirigidas a nombre propio, al leer el contenido se trata de una cita a Puerto El Carmen — Ecuador, de no asistir, serian (sic) declarados objetivo militar, razón por la cual es capturada en flagrancia y se procede a dar aplicación a los artículos 302 y 303 del C.P.P. […]”.

Como consecuencia de lo anterior, la Fiscalía 40 Seccional de esa localidad, imputó a la señora Luzday Reyes Viveros el delito de extorsión agravada. No obstante, a lo largo de la investigación penal, la Fiscalía no logró demostrar que la conducta de la actora se adecuara a la descripción del tipo penal imputado, razón por la cual, solicitó la absolución perentoria; no obstante, haberse demostrado que a la actora se le encontraron unas “boletas” amenazantes, tal y como lo evidencia el siguiente aparte de las consideraciones del juez penal:

“[…]Para su acreditación argumento que una vez analizados los antecedentes procesales del caso, no se logró establecer la materialidad de la conducta, puesto que el delito de extorsión atenta en contra del patrimonio económico y la libre autodeterminación, y debido a que las boletas encontradas a la procesada no doblegaron la autodeterminación de los destinatarios, quienes le restaron importancia a su contenido y no por ello se podría decir que el injusto quedo en grado de tentativa, por cuando se observa que no se alcanzó el fin esperado, que era constreñir a sus destinatarios para satisfacer un fin netamente económico.

[…]

Una vez analizados los hechos que dieron origen a esta investigación se tiene que estos resultan ostensiblemente atípicos, por cuanto una vez analizados las características básicas estructurales del tipo penal, así como sus elementos objetivos y subjetivos se tiene que estos no se adecuan a la conducta descrita en el artículo 244 y 245 del C.P., se tiene entonces que no se realizó el uso de violencia o intimidación como medios típicos para realizar la conducta, puesto que los destinatarios hicieron caso omiso o restaron importancia a su contenido, así mismo los sujetos pasivos no actuaron de una manera determinada asistiendo a la reunión citada (realización de la acción), puesto que como se dijo estos prestaron menor atención al contenido, razón por la cual no se afectó su libertad y la conducta debido a que dentro de las boletas no se establecía una exigencia económica, careció del carácter patrimonial.[…]”. (Resalta la Sala).

Para esta Sala, las consideraciones del Tribunal no resultan contradictorias con las conclusiones a las que llegó la Corte Constitucional en la Sentencia SU-072 de 2018, sobre el régimen de responsabilidad patrimonial del Estado aplicable en eventos de privación injusta de la libertad, según la cual  “[…] determinar, como fórmula rigurosa e inmutable, que cuando sobrevenga la absolución por no haberse desvirtuado la presunción de inocencia –aplicación del principio in dubio pro reo-, o incluso en otros eventos, por ejemplo, cuando no se acreditó el dolo, es decir, operó una atipicidad subjetiva, el Estado debe ser condenado de manera automática, esto es, a partir de un título de imputación objetivo, sin que medie un análisis previo que determine si la decisión a través de la cual se restringió preventivamente la libertad fue inapropiada, irrazonable, desproporcionada o arbitraria, transgrede un precedente constitucional con efecto erga omnes, concretamente la sentencia C-037 de 1996. […]”.

En efecto, para la Sala, la decisión adoptada por la autoridad judicial demandada se encuentra acorde con el precedente fijado por la Corte Constitucional en la sentencia referida supra, en tanto que abordó el análisis de la conducta de la víctima para determinar la responsabilidad o no del Estado, por cuanto la Corte concluyó que “[…] con independencia del régimen de responsabilidad estatal que utilice el juez administrativo, la conducta de la víctima es un aspecto que debe valorarse y que tiene la potencialidad de generar una decisión favorable al Estado, en otras palabras, que puede generar una declaratoria de irresponsabilidad administrativa […]”.

En efecto, el fundamento para ordenar la captura de la señora Luzdary Reyes Viveros fue la denuncia que presentó un comerciante que dio lugar a que la patrulla de vigilancia acudiera a verificar la información, procedimiento por el cual fue capturada la actora, con unos documentos en los que se citaba a las personas del sector a una reunión, so pena de ser declarados objetivo militar. De manera que, la actora incurrió en una conducta que ameritaba que, en la instancia procesal de las audiencias preliminares, se librara orden de captura puesto que existían criterios para inferir que era la presunta autora del delito investigado, de forma que dicha medida de aseguramiento y la prolongación de la restricción de la libertad, era un deber que la señora Reyes Viveros estaba en la obligación de soportar.

Ahora bien, el juez administrativo tiene la posibilidad de apartarse de la sentencia penal, toda vez que, tal y como lo ha señalado esta Corporación, esa decisión no tiene incidencia ni efectos de cosa juzgada en los casos en que se discute la responsabilidad del Estado por la privación de la libertad. Así lo ha indicado la Sección Tercera del Consejo de Estado:

“[…] El Juez Administrativo tiene la posibilidad de apartarse de la sentencia penal, o su equivalente, ya que no tiene incidencia ni efectos de cosa juzgada en el proceso de reparación directa que se adelanta ante esta jurisdicción por cuanto ‘…(i) las partes, el objeto y la causa en ambos procesos son diferentes: a través del ejercicio de la acción penal, el Estado pretende la protección de la sociedad, con la represión del delito y para ello investiga quién es el autor del mismo y cuál su responsabilidad; a través del ejercicio de la acción de reparación, la víctima del daño antijurídico pretende la indemnización de los perjuicios que le ha causado el Estado con una acción que le sea imputable; (ii) los principios y normas que rigen ambos procesos son, en consecuencia, diferentes, lo cual incide, entre otros eventos en los efectos de las cargas probatorias, así: en el proceso penal la carga de la prueba de la responsabilidad del sindicado la tiene el Estado, quien deberá desvirtuar la presunción de inocencia que por mandato constitucional ampara a todas las personas; en tanto que en la acción de reparación directa, quien finalmente soporta los efectos adversos de la carencia de prueba de los elementos de la responsabilidad estatal es el demandante, y (iii) el fundamento de la responsabilidad del Estado no es la culpa personal del agente, sino el daño antijurídico imputable a la entidad; de tal manera que aunque se absuelva al servidor por considerar que no obró de manera dolosa o culposa, en los delitos que admiten dicha modalidad, el Estado puede ser condenado a indemnizar el daño causado, bajo cualquiera delos regímenes de responsabilidad y, en cambio, el agente puede ser condenado penalmente, pero el hecho que dio lugar a esa condena no haber tenido nexo con el servicio. Adicionalmente, se observa que la responsabilidad patrimonial del Estado no constituye el efecto civil de un ilícito penal, por eso, no son aplicables las normas relacionadas con los efectos de la sentencia penal absolutoria sobre la pretensión indemnizatoria que se formule en proceso separado del penal. Ello por cuanto la responsabilidad del Estado, conforme a lo previsto en el artículo 90 de la Constitución, se genera en los eventos en los cuales se causa un daño antijurídico imputable a la entidad demandada, al margen de que ese daño hubiera sido causado con una conducta regular o irregular […]”.

Resulta necesario insistir en que si bien el juez penal declaró la absolución perentoria, ello obedeció a un yerro en el tipo penal imputado a la actora y no a que su conducta no fuera reprochable penalmente y, en consecuencia, fuera sancionable por el legislador, en tanto que, como se dijo supra, la actora fue capturada en flagrancia con los documentos alusivos a una amenaza de la guerrilla, frente a la cual no dio explicación alguna.

Ahora bien, en relación con los cuestionamientos acerca de que el Tribunal no corrigiera el yerro del juez de primera instancia que afirmó que con el testimonio de Daysi Mayerly Pianda Cuellar se demostraba que la actora sí tenía conocimiento que el remitente de las notas era la guerrilla, la Sala precisa que este reproche debió ser planteado en una solicitud de adición de la sentencia, si lo que se consideraba era que la autoridad judicial había dejado de analizar algún aspecto de la Litis.

De lo expuesto, la Sala concluye que no se configura el defecto fáctico referido, debido a que la autoridad judicial demandada efectuó una interpretación razonable del acervo probatorio obrante en el proceso, en la medida que analizó las pruebas en las cuales se evidenciaban las circunstancias en que se llevó a cabo la privación de la libertad de la señora Luzdary Reyes Viveros que permitieron la procedencia de la imposición de la medida de aseguramiento.

De conformidad con lo anterior, se evidencia que la autoridad judicial accionada valoró en su integridad y bajo las reglas de la sana crítica el material probatorio allegado al proceso de reparación directa, por cuanto el hecho de que el análisis realizado por el Tribunal Administrativo de Nariño sea diferente a lo pretendido por la actora, no supone una indebida valoración probatoria que afecte sus derechos fundamentales.

La Sala debe hacer énfasis que, para la configuración del defecto fáctico, la actuación del operador judicial deber ser ostensible, manifiesta y flagrante, en donde además dicha irregularidad debe tener una relación intrínseca con el sentido de la decisión judicial, es decir, que, de no configurarse dicho error manifiesto, la sentencia hubiera adoptado un sentido totalmente distinto, lo que a juicio de la Sala no aconteció en el presente caso.

En esa medida, los planteamientos realizados por la actora, en el presente asunto obedecen a estar en desacuerdo con el análisis y con la decisión que adoptó la autoridad judicial demandada y, en ese sentido, se evidencia el descontento con la providencia objeto de censura que fue desfavorable a sus intereses, pero no se advierte que la decisión fuera arbitraria o irracional; por el contrario, la actividad intelectual que realizó el juez natural del proceso en materia de valoración y apreciación de pruebas, hizo parte de la autonomía e independencia que tienen los jueces de la República y, por consiguiente, ni las partes ni el juez constitucional pueden imponer su criterio, interpretación y lógica sobre la del juez natural, como si se tratara de un juez superior que pueda sustituir de manera arbitraria el juicio valorativo del juez del proceso.

En otras palabras, esta Sala encuentra que la autoridad judicial demandada, en la providencia motivo de tutela, efectuó un análisis probatorio razonado y coherente bajo las reglas de la sana crítica, sin que dicha valoración fuera arbitraria, abusiva o irracional, por el solo hecho de no interpretarse en los términos que lo pretende la actora.

Análisis del presunto defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial

La parte actora en su escrito de tutela señaló que la autoridad judicial accionada se apartó del precedente judicial establecido en la sentencia de tutela proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado el 15 de noviembre de 2019, según la cual, debía respetarse la presunción de inocencia establecida a su favor en la decisión absolutoria en materia penal.

Ahora bien, para la aplicación del precedente judicial del Consejo de Estado al caso concreto es necesario verificar la procedencia de los siguientes criterios: i) que en la ratio decidendi de las sentencias anteriores se encuentre una regla jurisprudencial aplicable al caso a resolver; ii) que esta ratio resuelva un problema jurídico semejante al propuesto en el nuevo caso y, iii) que los hechos del caso sean equiparables a los resueltos anteriormente.

En ese orden de ideas, la Sala debe efectuar el respectivo análisis de la sentencia proferida por el Consejo de Estado, para concluir si la autoridad judicial accionada al resolver el caso concreto desconoció dicho precedente judicial. Para tales efectos, se analizarán los problemas jurídicos y los respectivos argumentos abordados en dicha providencia judicial.

Sentencia de 15 de noviembre de 2019

La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, analizó un caso en el que se solicitaba el amparo de los derechos fundamentales vulnerados con ocasión de la sentencia proferida el 15 de agosto de 2018 por la Sección Tercera del Consejo de Estado, dentro del medio de control de reparación directa instaurado por Martha Lucía Ríos Cortés y otros contra la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y Fiscalía General de la Nación, por la privación de la libertad de la señora Ríos Cortés.

El problema jurídico que tenía que resolver el Consejo de Estado fue el siguiente:

“[…]¿puede el Juez de la responsabilidad exonerar al Estado con base en la culpa de la víctima, construida a partir de su conducta preprocesal sin violar directamente su derecho al debido proceso y sin vulnerar su presunción de inocencia, cuando la Fiscalia, precluyó la investigación por atipicidad de la conducta en una decisión ejecutoriada que hizo tránsito a cosa juzgada?. […]”.

La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado advirtió que la autoridad judicial demandada desconoció la presunción de inocencia que amparaba a la actora al negar las pretensiones de la demanda por haber encontrado probada la culpa exclusiva de la actora, sin considerar que la sentencia penal proferida dentro del proceso en el cual fue investigada y por la cual fue privada de su libertad, la declaró inocente. En ese sentido afirmó que la valoración de la conducta pre procesal es exclusiva del juez penal, de forma que, si el juez de la responsabilidad estatal concluye que la detención de la actora fue generada por su propia conducta, no solo invade competencias de otras jurisdicciones, sino que desconoce la decisión penal absolutoria. Así lo señaló:

“[…] 25.- La valoración de la conducta preprocesal es competencia exclusiva del juez penal. Si el juez de la responsabilidad estatal concluye que la detención de la demandante fue generada por su propia conducta, no sólo invade competencias de otras jurisdicciones, sino que desconoce la decisión penal absolutoria porque implica considerar, de acuerdo con una de las líneas jurisprudenciales antes expuestas, que al desplegar su conducta obró como sospechosa de estar cometiendo un delito y determinó que la Fiscalía abriera la investigación y ordenara su detención. A tal conclusión sólo puede llegarse desconociendo la decisión penal que la declaró inocente, porque, conforme con ella, los hechos no constituían delito de acuerdo con la ley vigente en el momento en que ocurrieron.

26.- Sin necesidad de examinar los elementos específicos de la culpa como causal de exoneración de responsabilidad por privación de la libertad resulta claro que la detención de la accionante como consecuencia de una conducta que no estaba calificada como delito en la ley cuando ocurrieron los hechos, tiene como causa exclusiva la apreciación equivocada de la autoridad que la ordena: esa consecuencia no puede atribuírsele a la propia detenida porque ello implicaría desconocer que para ordenar la detención de una persona, el presupuesto esencial o determinante es que la autoridad le impute la comisión de un delito.

27.- Si por un hecho que no está calificado por la ley como delito se detiene a una persona y la propia justicia penal lo reconoce en un fallo declarando su inocencia portal razón, es evidente que al declarar judicialmente que la detención no fue generada por la apreciación equivocada de la Fiscalía, sino porque sus conductas preprocesales la generaron, se está desconociendo tal decisión y se está violando la presunción de inocencia derivada de la misma porque se está tratando como culpable a quien la justicia ya había declarado inocente. Cuando la Sala determinó que la conducta preprocesal de la demandante la hizo culpable de su detención, desconoció la presunción de inocencia y trasladó a un particular inocente la responsabilidad por el ejercicio indebido del ius puniendi del Estado.. […]”.

Como consecuencia de lo anterior, afirmó que la decisión que pudo generar el daño, se produjo en el marco de un proceso y, en consecuencia, las únicas conductas de la víctima aptas para romper el nexo entre esa decisión y el daño, suceden en el marco del mismo proceso y no antes de él, por lo que la autoridad judicial debió valorar si la imposición de la medida de aseguramiento fue causada por la actuación procesal de la señora Ríos, pues ninguno de los juicios necesarios para examinar los elementos de la responsabilidad la autorizaba, como juez administrativo, a reemplazar al funcionario judicial penal; de forma que concluyó que si el Juez penal declaró inocente a la actora porque el delito que le imputó al detenerla no estaba previsto como tal en la ley y el Juez de la responsabilidad afirmó que la demandante, con esa misma conducta, generó su detención, la autoridad judicial violó el derecho fundamental a la presunción de inocencia.

Del análisis expuesto encuentra la Sala que en efecto, la decisión proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, tiene en consideración, como lo alega la actora, la necesidad de tener en cuenta la sentencia penal absolutoria a efectos de determinar la responsabilidad del Estado en la privación de la libertad y, en ese sentido, considerarla antijurídica.

No obstante, como se anticipó en el análisis anterior, para la Sala, las consideraciones del Tribunal demandado resultan acordes con las reglas jurisprudenciales fijadas por la Sala Plena de la Corte Constitucional en la Sentencia SU-072 de 2018, según la cual la condena automática al Estado a partir de un título de imputación objetiva “[…] sin que medie un análisis previo que determine si la decisión a través de la cual se restringió preventivamente la libertad fue inapropiada, irrazonable, desproporcionada o arbitraria, transgrede un precedente constitucional con efecto erga omnes, concretamente la sentencia C-037 de 1996. […]” en tanto que, la Constitución Política de 1991 no estableció un régimen de responsabilidad a aplicar y por lo tanto avaló que el juez administrativo valore a conducta de la víctima.

En ese sentido, el Tribunal Administrativo de Nariño no podía desconocer la regla jurisprudencial fijada por la Sala Plena de la Corte Constitucional so pretexto de atender los criterios señalados en una sentencia de tutela proferida por una Subsección del Consejo de Estado.

Además, encuentra esta Sala que, el caso en concreto que abordó el Tribunal Administrativo de Nariño se analizó bajo el daño especial, sin embargo, a tal conclusión llegó, luego de considerar que podría escoger el criterio de imputación a utilizar, esto es, el objeto o el subjetivo en tanto que la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado reconoce la posibilidad de abordar el análisis de la responsabilidad del Estado desde un criterio objetivo, pero también desde uno subjetivo.

En esa medida, en diferentes casos puestos a consideración de las respectivas Subsecciones de la Sección Tercera del Consejo de Estado, han considerado que hay lugar a declarar la responsabilidad del Estado y ordenar la indemnización de las víctimas de su actuar, sin embargo, no han desconocido que dicho análisis corresponde a el juez de la causa, dependiendo del caso en concreto.

En efecto el órgano de cierre en los procesos de reparación directa ha indicado, en los asuntos puestos a su consideración en esa materia, que “[…] será el juez de la responsabilidad del Estado quien determine, de acuerdo con las circunstancias del caso, si ese daño antijurídico debe ser o no atribuido a la demandada o a un tercero que no haya venido al proceso, si esa atribución se impone de la aplicación de un criterio subjetivo (falla del servicio) o de un criterio objetivo (daño especial), o si dado el caso el criterio de atribución es legal; y quien determine, si hay o no lugar a declarar la responsabilidad […]”.

Bajo esas circunstancias, la Sala encuentra que no puede concluirse la configuración de un defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial, por cuanto, la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado y, especialmente, la de la Corte Constitucional reconoce en el juez de la causa la autonomía para determinar, conforme a las circunstancias del caso, cuál será el criterio a aplicar a efectos de establecer si el daño antijurídico debe o no ser atribuido a las autoridades demandadas, esto es, uno objetivo o uno subjetivo.

Para la Sala, la autoridad accionada no incurrió en defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial, toda vez que al resolver el caso sub examine, tuvo en cuenta la regla jurisprudencial, consistente en otorgar al juez del conocimiento del asunto la determinación del criterio a aplicar a efectos de establecer si el daño antijurídico debe ser o no atribuido al Estado.

Conclusiones de la Sala

En ese orden de ideas, para la Sala la autoridad judicial no incurrió en los defectos i) fáctico y ii) sustantivo, teniendo en cuenta que profirió su providencia de manera razonable y ajustada a derecho, en donde no se evidenció por esta Sala una actuación grosera o arbitraria que haya traído como consecuencia la vulneración de los derechos fundamentales de la parte actora.

Con fundamento en las consideraciones jurídicas establecidas en la parte motiva de esta sentencia, la Sala, i) declarará improcedente el amparo respecto al cargo por defecto procedimental absoluto y ii) negará las demás pretensiones de la solicitud de amparo, con base en lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

III. RESUELVE:

PRIMERO: DECLARAR improcedente el amparo respecto al defecto procedimental absoluto, por el no cumplimiento del requisito de subsidiariedad, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DENEGAR el amparo solicitado por la señora Luzdary Reyes Viveros, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: Si no fuere impugnada la sentencia conforme lo señala el artículo 31 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta
Consejera de Estado
Consejero de Estado

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Consejero de Estado

Consejero de Estado

Cfr. Folio 62 del documento denominado “ED-3-2. ESCRITO DE TUTELA.pdf”. Archivo en medio magnético.
Esta Sala adopta como medida de protección a la intimidad de los menores de 18 años de edad relacionados en este proceso la supresión de los datos que permitan su identificación, razón por la cual, para estos efectos, sus nombres serán reemplazados por las siguientes iniciales: “AANS”, “NSNS”, “RLSS”, “AAOS”, “NAOR”, “YZOS” y “NASN”.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Subsección B, Sección Tercera, sentencia de 15 de noviembre de 2019, C.P Martín Bermúdez Muñoz, radicación número: 11001-03-15-000-2019-00169-01.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, Sentencia de 25 de junio de 2020, identificada con el número único de radicación 11001 03 15 000 2020 00159 01, M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
“Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
“[…] Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado […]”
Reglamento Interno del Consejo de Estado.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P. Dra. María Elizabeth García González, Expediente identificado con número de radicación: 2009-01328.
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P. María Elizabeth García González, número único de radicación 2009-01328
Corte Constitucional. Sentencia T-619 de 3 de septiembre de 2009, M.P: Jorge Iván Palacio Palacio.
Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, M.P Mauricio González Cuervo.
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 5 de agosto de 2014, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación 11001 03 15 000 2012 02201 01
“Artículo 228. La Administración de Justicia es función pública. Sus decisiones son independientes. Las actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá el derecho sustancial. Los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado. Su funcionamiento será desconcentrado y autónomo.”
Corte Constitucional, Sentencia T-113 de 8 de marzo de 2013, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
Corte, Constitucional, sentencia T-211 de 27 de marzo de 2011, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. En el mismo sentido, puede consultarse Corte Constitucional, sentencia T-649 de 1 de septiembre de 2011, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva, en la cual se estudió la idoneidad y eficacia del recurso de revisión en la jurisdicción contencioso administrativa que hacía improcedente la acción de tutela porque existía otro medio de defensa judicial.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 1.° de febrero de 2018, número único de radicación 11001 03 15 000 2017 03037 00, CP. Roberto Augusto Serrato Valdés
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 2 de febrero de 2016, número único de radicación: 11001-03-15-000-2015-02342-00, C.P. Alberto Yepes Barreiro.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 4 de octubre de 2017, número único de radicación: 11001-03-15-000-2017-02229-00(AC), C.P. Carlos Enrique Moreno Rubio.

Frente al incumplimiento del requisito de subsidiariedad dentro del marco de la acción de tutela contra providencias judiciales cuando se alega un defecto procedimental por violación del principio de congruencia y la parte actora cuenta con un mecanismo idóneo y eficaz para lograr la protección de sus derechos fundamentales, como lo es el recurso extraordinario de revisión, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 19 de noviembre de 2018, C.P Hernando Sánchez Sánchez, número único de radicación: 11001-03-15-000-2018-03664-00, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 10 de diciembre de 2018, C.P Hernando Sánchez Sánchez, número único de radicación: 11001-03-15-000-2018-03870-00. Corte Constitucional, Sentencia SU-439 de 13 de julio de 2017, M.P. Alberto Rojas Ríos. Corte Constitucional, Sentencia T-1316 de 7 de diciembre de 2001, M.P. Rodrigo Uprimny Yepes.
“En términos generales, dicha figura resulta de la actuación de los funcionarios con poder judicial de manera arbitraria y caprichosa, sin fundamento objetivo y razonable, apartada de los parámetros constitucionales y legales, sin operancia de los principios de legalidad y seguridad jurídica, por la imposición del interés propio de aquéllos, mediante comportamientos que prima facie parecieran reflejar los mandatos contenidos en el ordenamiento jurídico vigente, dada la calidad de autoridad del funcionario que la profiere y de la potestad que ejercita, pero que bajo un examen más estricto tales supuestos resultan descartados.” (Corte Constitucional, Sentencia T-204 de 28 de febrero de 2008, M.P. Hernando Herrera Vergara). Corte Constitucional. Sentencia T-737 de 25 de septiembre de 2012, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. Sobre el tema, ver también: Sentencias SU-447 de 26 de mayo de 2011, M.P. Mauricio González Cuervo y T-535 de 20 de agosto de 2015, M.P. Alberto Rojas Ríos. Corte Constitucional. Ibídem. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 30 de marzo de 2017, C.P. Roberto Augusto Serrano Valdés, número único de radicación: 11001-03-15-000-2017-00420-00. Corte Constitucional, Sentencia T-267 de 8 de mayo de 2013, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
“Sobre reformas judiciales”. (Doctrina probable).
“se tendrán como sentencias de unificación jurisprudencial las que profiera o haya proferido el Consejo de Estado por importancia jurídica o trascendencia económica o social o por necesidad de unificar o sentar jurisprudencia; las proferidas al decidir los recursos extraordinarios y las relativas al mecanismo eventual de revisión previsto en el artículo 36A de la Ley 270 de 1996, adicionado por el artículo 11 de la Ley 1285 de 2009”. Corte Constitucional, sentencia C – 836 de 9 de agosto de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil. Corte Constitucional, sentencia C – 816 de 1 de noviembre de 2011, M.P. Mauricio González Cuervo. Corte Constitucional, sentencia C – 179 de 13 de abril de 2016, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. (Antecedente jurisprudencial). Corte Constitucional. Sentencia T-482 de 13 de junio de 2011, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva
Sentencia T- 760A de 10 de octubre de 2011, M.P. Juan Carlos Henao Pérez. Ver Corte Constitucional, sentencias C-083 de 1 de marzo de 1995, M.P. Carlos Gaviria Díaz, C-037 de 5 de febrero de 1996, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa y SU-640 de 5 de noviembre de 1998, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia 13 de marzo de 2013, C.P. Guillermo Vargas Ayala, número único de radicación: 11001-03-15-000-2012-02074-00.
ibídem. Corte Constitucional, Sentencias T-1625 de 23 de noviembre de 2000, M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez y T-161 de 8 de marzo de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. Corte Constitucional, Sentencia C 980 de 1º. de diciembre de 2010, M.P.

Gabriel Eduardo Mendoza Martelo
Corte Constitucional, Sentencia T 799 de 21 de octubre de 2011, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto
Corte Constitucional, Sentencia C178 de 26 de marzo de 2014, M.P. María Victoria Calle Correa. Corte Constitucional, Sentencia T-490 de 14 de diciembre de 2018, M.P. Carlos Bernal Pulido. Corte Constitucional, Sentencia T-482 de 20 de mayo de 2004, M.P. Álvaro Tafur Galvis. Corte Constitucional, Sentencia T-030 de 24 de enero de 2017, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Corte Constitucional, sentencia SU 072/18 del 5 de julio de 2018, M.P: José Fernando Reyes Cuartas. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 11 de julio de 2013, identificado con el número único de radicación 66001 23 31 000 2006 00083 01 (Expediente 36.295) M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Subsección B, Sección Tercera, sentencia de 15 de noviembre de 2019, C.P Martín Bermúdez Muñoz, radicación número: 11001-03-15-000-2019-00169-01. Frente al tema de la configuración del precedente judicial ver Corte Constitucional, sentencia T-292 de 2006. Magistrado ponente: Dr. Manuel José Cepeda Espinosa. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, Providencia de 29 de julio de 2019, C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas, número único de radicación 18001 23 31 000 2006 00323 01.

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Número único de radicación: 11001 03 15 000 2020 04036 00
Actora: Luzdary Reyes Viveros

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