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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2020-04152-00

Fecha
30 de noviembre de 2022
Consejero ponente
Milton Chaves Garcia
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2020-04152-00

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Declarar infundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto el señor Oscar Alfonso Rueda Gómez contra la sentencia proferida el 1° de 18 “ARTÍCULO 188. CONDENA EN COSTAS. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.” 9 Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador Radicación: 11001-03-15-000-2020-04152-00 (6797) Demandante: Oscar Alfonso Rueda Gómez FALLO agosto de 2019, dictada por el Consejo de Estado, Sección Cuarta, dentro del medio de control de nulidad con radicado 11001-03-27-000- 2017-00037-00, por las consideraciones expuestas en la parte motiva. SEGUNDO: Sin condena en costas. TERCERO: Reconocer personería a la doctora Edidth Piedad Rodríguez Orduz como apoderada del Ministerio de Salud y Protección Social en los términos del poder visible en el documento nro. 2 del índice 14 en la plataforma SAMAI. CUARTO: Cumplido lo anterior, archivar el expediente del recurso extraordinario de revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-15-000-2020-04152-00

Consejero ponente: Milton Chaves Garcia

30 de noviembre de 2022

Radicación: 11001-03-15-000-2020-04152-00 (6797)
Demandante: Oscar Alfonso Rueda Gómez
FALLO

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA QUINTA ESPECIAL DE DECISIÓN

CONSEJERO PONENTE: MILTON CHAVES GARCÍA

Bogotá D.C., treinta (30) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
Radicación: 11001-03-15-000-2020-04152-00
Demandante: OSCAR ALFONSO RUEDA GÓMEZ
Demandado: LA NACIÓN – MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

Temas: Causal quinta del artículo 250 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

SENTENCIA ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide el recurso extraordinario de revisión interpuesto por Oscar Alfonso
Rueda Gómez contra la sentencia del 1° de agosto de 2019, proferida por la Sección
Cuarta del Consejo de Estado que negó la nulidad de las expresiones “los rentistas” y
“los propietarios de las empresas” del artículo 2.1.4.1 numeral 1.4 del Decreto 780 de
2016.

ANTECEDENTES

El señor Oscar Alfonso Rueda Gómez interpuso demanda de nulidad contra los
numerales 1.4 del artículo 2.1.4.1 y 1 del artículo 3.2.1.1. del Decreto 780 de 2016, al
considerar que se configuró una falta de competencia por parte del Ministerio de Salud
y Protección Social al disponer que los rentistas de capital y propietarios de empresas
son sujetos pasivos del régimen contributivo en salud.

Sentencia objeto de revisión

Mediante sentencia del 1° de agosto de 2019, la Sección Cuarta del Consejo de Estado
negó las pretensiones de la demanda, al establecer que el Ministerio de Salud y
Protección Social no desconoció el principio de legalidad con la expedición del Decreto
780 de 2016, pues dada su naturaleza compilatoria, incorporó disposiciones que,
imponen a los rentistas de capital y a los propietarios de empresas una obligación
tributaria, con base en la ley que los considera como aportantes al Sistema General
de Seguridad Social en Salud.

La norma demandada define y da alcance a la expresión “aportante” en el contexto del
Sistema de Seguridad Social Integral y se refiere a quien tiene la obligación directa de
realizar aportes a uno o más servicios o riesgos que conforman ese sistema general,
mas no establece de forma expresa que, los rentistas de capital, estén obligados a
cotizar al sistema de pensiones.

No se probó la falta de competencia del Ministerio de Salud y Protección Social para
incluir como cotizantes del sistema de salud a los rentistas de capital y propietarios de
empresas y definir como aportantes del Sistema de Seguridad Social Integral a los
rentistas de capital, pues el decreto demandado compila normas del sector salud y
protección social.

1

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Radicación: 11001-03-15-000-2020-04152-00 (6797)
Demandante: Oscar Alfonso Rueda Gómez
FALLO

RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN

1. Escrito del recurso extraordinario de revisión

El 24 de septiembre de 2020, Oscar Alfonso Rueda Gómez interpuso ante esta
Corporación recurso extraordinario de revisión1, y solicitó que se revoque la sentencia
de única instancia del 1° de agosto de 2019, con base en la causal consagrada en el
numeral quinto del artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo. Para tal efecto, formuló las siguientes pretensiones 2:

“PRIMERO. AMPARAR EL RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
DECLARANDO LA NULIDAD de la sentencia proferida el día 1 de agosto de 2019
por haberse originado con motivación sofística, aparente o falsa.

SEGUNDO. REMITIR EL EXPEDIENTE a la Sección cuarta del Consejo de Estado
para efectuar el reparto entre los Magistrados y avocar nuevamente el
conocimiento del mismo en única instancia”.

El recurso extraordinario de revisión se presentó con fundamento en los siguientes
argumentos:

Para el recurrente, existió una nulidad insaneable en la sentencia proferida por el
Consejo de Estado, al estar falsamente motivada, pues las consideraciones de la
providencia se apartaron del principio de legalidad y avalaron la extralimitación de la
facultad reglamentaria del Ministerio de Salud y Protección Social con la expedición de
los apartes de la norma demandada.

El máximo tribunal contencioso desconoció que no es viable mediante vía decreto
establecer como sujetos pasivos a los rentistas de capital y propietarios de las
empresas cuando aquello no está contemplado expresamente en la Ley 100 de 1993,
de manera que no puede entenderse que dichos sujetos sean considerados
“trabajadores independientes con capacidad de pago”.

Así, se encuentra probado que el Ministerio de Salud y Protección Social expidió la
norma demandada sin competencia para ello, argumento principal de la demanda que
no fue abordado en la sentencia objeto de revisión.

A pesar de que la discusión se centró en la falta de competencia del Ministerio y el
exceso de sus facultades reglamentarias, la decisión adoptada es equivocada y
contraria a la realidad, a la justicia y al derecho, razón por la que el recurso
extraordinario de revisión como mecanismo excepcional de revisión busca que se
emita un nuevo pronunciamiento en derecho.

2. Trámite Procesal

En auto del 8 de octubre de 2020 se admitió el recurso extraordinario de revisión
interpuesto, y se ordenó notificar el mismo a la Nación – Ministerio de Salud y
3
Protección Social . Igualmente, se solicitó el expediente dentro del cual se tramitó el
proceso de nulidad promovido por Oscar Alfonso Rueda Gómez contra el Ministerio de
Salud y Protección Social que dio lugar a la sentencia objeto del presente recurso.

1
Índice 1, SAMAI.
2 Folio 6, Ibídem.
3 Índice 4, SAMAI.

2

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Demandante: Oscar Alfonso Rueda Gómez
FALLO

3. Contestación al recurso

El Ministerio de Salud y Protección Social 4 solicitó que se declare infundado el
recurso extraordinario de revisión, ya que no se verifican los supuestos de revisión de
la causal invocada, en tanto la nulidad que alega la parte demandante no se originó en
la sentencia, pues el demandante se limitó a señalar que la providencia de única
instancia adolecía de falsa motivación, cuando de su lectura se observa que la decisión
está ajustada a derecho.

La causal de revisión alegada por la parte no se presenta en este caso, dado que la
sentencia proferida obedece a la aplicación de la normativa vigente y no es admisible
la revisión de argumentos de fondo relacionados con la interpretación o aplicación de
la ley.

Indicó que la sentencia cuestionada está en consonancia con los hechos y
pretensiones que se plantearon en la demanda y que era al demandante a quien le
correspondía exponer de manera clara, adecuada y suficiente las razones por las que
estimó que la decisión incurrió en el cargo invocado.

El recurso extraordinario de revisión no es una instancia adicional para controvertir los
juicios y conclusiones del proceso de nulidad al no encontrarse de acuerdo con la
decisión. En todo caso, la sentencia realizó un pronunciamiento de los cargos, y
determinó con fundamento en la ley, que los rentistas de capital y los dueños de
empresa tienen la obligación de cotizar al sistema de seguridad social integral en virtud
del principio de solidaridad. De manera que la norma demandada compiló las
disposiciones vigentes sin crear nuevas regulaciones.

4. Concepto del Ministerio Público

El Procurador Delegado5 señaló que la motivación sofística y aparente que alega el
recurrente como causal de nulidad en la sentencia, es un concepto que corresponde
a una causal de casación en la jurisdicción penal, pero no ha sido acogida por el
Consejo de Estado como criterio de interpretación de la causal 5 del artículo 250 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Así, las causales que dan lugar a la revisión de las sentencias en lo contencioso
administrativo no coinciden con las causales de casación en la jurisdicción penal y civil.

Los argumentos expuestos en el salvamento de voto no configuran una nulidad
originada en la sentencia, sino que presenta puntos de vista diferentes sobre la
interpretación de las normas aplicables a las que atendió la Sala mayoritaria.

Con todo, no se configura la causal de revisión invocada por el recurrente, pues los
argumentos expuestos buscan controvertir el fondo de la sentencia y los errores de
apreciación en los que considera incurrió el máximo tribunal de lo contencioso.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en el inciso 1 del artículo 249 del CPACA, de los
recursos de revisión contra las sentencias dictadas por las secciones o subsecciones

4 Índice 14, SAMAI.
5
Índice 11, SAMAI.

3

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Demandante: Oscar Alfonso Rueda Gómez
FALLO

del Consejo de Estado, conocerá la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo sin
exclusión de la sección que profirió la decisión.

El Acuerdo 321 del 2 de diciembre de 2014, expedido por la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, reglamentó la integración y
funcionamiento de las Salas Especiales de Decisión de que trata el artículo 107 de la
Ley 1437 de 2011.

Por su parte, el numeral 1 del artículo 29 del Acuerdo 080 de 2019, asigna la
competencia a las Salas Especiales de Decisión de los recursos extraordinarios de
revisión interpuestos contra las sentencias de las Secciones o Subsecciones del
Consejo de Estado.

De acuerdo con lo anterior, la Sala Quinta Especial de Decisión es competente para
decidir el recurso extraordinario de revisión interpuesto por el señor Oscar Alfonso
Rueda Gómez contra la sentencia proferida el 1° de agosto de 2019 proferida por la
Sección Cuarta del Consejo de Estado6.

2. Oportunidad del recurso
7
El recurso extraordinario de revisión se presentó el 24 de septiembre de 2020 .
Comoquiera que la sentencia que se cuestiona fue expedida el 1° de agosto de 2019 8,
se entiende que quedó ejecutoriada el 27 de septiembre de 2019, por lo que se
concluye que el recurso extraordinario de revisión se presentó dentro del año siguiente
a la ejecutoria de la sentencia, según lo señalado en el inciso primero del artículo 251
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

3. Legitimación en la causa

Respecto del ciudadano Oscar Alfonso Rueda Gómez recae el interés jurídico que se
debate en el sub examine, en tanto que, fue la parte demandante vencida dentro del
medio de control de nulidad objeto de reproche. A su vez, la Nación, representada por
el Ministerio de Salud y Protección Social está legitimada, pues fue la entidad
demandada en dicho proceso.

4. Planteamiento del problema jurídico

En los términos del recurso, corresponde a la Sala estudiar si la sentencia del 1° de
agosto de 2019 está incursa en la causal de revisión prevista en el numeral 5 del
artículo 250 de la Ley 1437 de 2011.

En concreto, la Sala deberá examinar si la decisión de la Sección Cuarta del Consejo
de Estado objeto del mismo adolece de una motivación aparente y contraria a la
realidad que conlleva a su nulidad.

5. Naturaleza y marco legal de recurso extraordinario de revisión

En los términos del artículo 249 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, el recurso extraordinario de revisión procede contra las
sentencias ejecutoriadas dictadas por las Secciones y Subsecciones de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por los tribunales administrativos

6 CPACA. Art. 248. El recurso extraordinario de revisión procede contra las sentencias ejecutoriadas dictadas por

las secciones y subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por los Tribunales
Administrativos y por los jueces administrativos.
7 Expediente en SAMAI, documento nro. 1.
8 Expediente en SAMAI, documento nro. 2, pp. 25 a 27.

4

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Demandante: Oscar Alfonso Rueda Gómez
FALLO

y por los jueces administrativos, en los eventos contemplados en el artículo 250 del
CPACA 9 y en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

Respecto de la naturaleza del recurso extraordinario de revisión, la Corte
Constitucional ubica al recurso extraordinario de revisión como una verdadera acción
contra decisiones injustas, a fin de restablecer la justicia material 10, en el mismo
sentido, la Sala ha expresado que el recurso extraordinario de revisión es un medio de
impugnación excepcional de las sentencias ejecutoriadas, cuyo objeto es romper el
principio de cosa juzgada11. Se propone con el fin de restablecer tanto el imperio de la
justicia como la vigencia del ordenamiento jurídico, que pueden resultar quebrantados
por las sentencias injustas.

Dicho recurso, sin embargo, no es el mecanismo para cuestionar la actividad
interpretativa, ni la valoración probatoria del juez, ni para que el afectado con la
sentencia proponga cuestiones que no alegó oportunamente en el proceso originario.
Es un instrumento para discutir y ventilar ciertos “hechos procesales externos a la labor
funcional del juez, que pueden llegar a afectar el principio de justicia material”.

De ahí que, el ámbito de revisión esté restringido por las causales que el legislador ha
determinado de manera taxativa, causales que, en todo caso, por tratarse de
situaciones excepcionales contra el valor de la cosa juzgada, no admiten
interpretaciones más allá de lo que en buena ley se deducen de su texto.

Las causales de revisión previstas en el artículo 250 Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo básicamente tienen que ver con
hechos como la falsedad, el fraude, el error, la aparición de documentos decisivos que
hubieren modificado el sentido de la decisión o incluso la violación del debido proceso.
Esas causales, como es apenas obvio, no aluden a errores sustanciales que puedan
derivarse de la falta de aplicación, la aplicación indebida o la interpretación errónea de
una norma sustancial. No es un recurso que proceda por violación de la ley.

6. Del alcance y requisitos de la causal quinta: “(…) 5. Existir nulidad
originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no
procede recurso de apelación”

Para la procedencia de la causal, deben concurrir los siguientes requisitos 12: i) que la
providencia objeto de recurso ponga fin al proceso; ii) que no sea susceptible de

9 “Artículo 250. Causales de revisión. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, son

causales de revisión:
1. Haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales se
hubiera podido proferir una decisión diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o
caso fortuito o por obra de la parte contraria.
2. Haberse dictado la sentencia con fundamento en documentos falsos o adulterados.
3. Haberse dictado la sentencia con base en dictamen de peritos condenados penalmente por ilícitos cometidos en
su expedición.
4. Haberse dictado sentencia penal que declare que hubo violencia o cohecho en el pronunciamiento de la
sentencia.
5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación.
6. Aparecer, después de dictada la sentencia a favor de una persona, otra con mejor derecho para reclamar.
7. No tener la persona en cuyo favor se decretó una prestación periódica, al tiempo del reconocimiento, la aptitud
legal necesaria o perder esa aptitud con posterioridad a la sentencia o sobrevenir alguna de las causales legales
para su pérdida.
8. Ser la sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre las partes del proceso en que aquella
fue dictada. Sin embargo, no habrá lugar a revisión si en el segundo proceso se propuso la excepción de cosa
juzgada y fue rechazada”.
10 Sentencia C-418 de 1994.
11CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. Sentencia del 10 de agosto de

2017, Exp. 21126, C.P. Milton Chaves García.
12
CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de febrero de 2019, exp. Exp.
23659, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto. Se reiteró la sentencia del 4 de septiembre de 2018, proferida por la
5

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Demandante: Oscar Alfonso Rueda Gómez
FALLO

recurso de apelación y iii) la causal de nulidad invocada debe corresponder a las
señaladas en el artículo 133 del CGP, “así como aquellas que la propia jurisprudencia
ha dispuesto, en atención a la garantía y protección del derecho al debido proceso,
como es el evento en que se evidencie una irregularidad en el proceso” 13.

Frente a la nulidad existente que se haya originado en una sentencia que puso fin al
proceso, esta Corporación ha indicado que se pueden alegar los vicios procesales
ocurridos antes de proferirse la sentencia, siempre y cuando el afectado demuestre
que no tuvo la oportunidad para alegarlas en razón a que solo los conoció cuando se
dictó la sentencia recurrida14.

Ahora, la comprensión del artículo 133 del Código General del Proceso permite advertir
que las causales de nulidad tienen que ver básicamente con sucesos del siguiente
orden:

1. Que el juez actúe en el proceso después de declarar la falta de jurisdicción o de competencia.
2. Que el juez proceda contra providencia ejecutoriada del superior, reviva un proceso
legalmente concluido o pretermita íntegramente la respectiva instancia.

3. Que se adelante después de ocurrida cualquiera de las causales legales de interrupción
o de suspensión, o si, en estos casos, se reanude antes de la oportunidad debida.

4. Cuando es indebida la representación de alguna de las partes, o cuando quien actúa
como su apoderado judicial carece íntegramente de poder.

5. Cuando se omiten las oportunidades para solicitar, decretar o practicar pruebas, o
cuando se omite la práctica de una prueba que de acuerdo con la ley sea obligatoria.

6. Cuando se omita la oportunidad para alegar de conclusión o para sustentar un recurso
o descorrer su traslado.

7. Cuando la sentencia se profiera por un juez distinto del que escuchó los alegatos de
conclusión o la sustentación del recurso de apelación.

8. Cuando no se practica en legal forma la notificación del auto admisorio de la demanda
a personas determinadas, o el emplazamiento de las demás personas aunque sean
indeterminadas, que deban ser citadas como partes, o de aquellas que deban suceder en
el proceso a cualquiera de las partes, cuando la ley así lo ordena, o no se cita en debida
forma al Ministerio Público o a cualquier otra persona o entidad que de acuerdo con la ley
debió ser citado.

Será entonces, en los eventos en los que algunas de las circunstancias descritas en
la precitada norma se configuren en el momento procesal de la expedición de la
sentencia que se habilita el recurso extraordinario de revisión, no ocurre así cuando la
falencia se presenta en una etapa previa, pues de conformidad con el parágrafo del
artículo 133 del Código General del Proceso, las demás irregularidades del proceso
que no se impugnan oportunamente se tendrán por subsanadas y que, en los términos
del inciso final del artículo 135 ejusdem, será rechazada de plano toda solicitud de
nulidad que se funde en hechos que se propongan después de saneada la nulidad, sin
perjuicio de las nulidades insaneables que escribe el parágrafo del artículo 136 de la
misma norma.

Sala Dieciséis Especial de Decisión, Exp. 11001-03-15-000-2014-00056-00 (REV), C.P. Jaime Orlando Santofimio
Gamboa.
13
CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 18 de octubre de 2005, expediente
REV-00239. Reiterada en sentencia de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de
2 de marzo de 2010, radicación No. 11001-03-15-000-2001-00091-01 (REV). Así mismo, sentencia de la Corte
Suprema de Justicia de 29 de agosto de 2008, expediente: 110001-0203-000-2004-00729-01. M.P. Edgardo Villamil
Portilla. Citadas en la referida sentencia de Sala Plena del CE, Sala Dieciséis Especial de Decisión, del 4 de
septiembre de 2018, Exp. 2014-00056-00 (REV), C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
14 Sentencia de la Sala Plena del 2 de marzo de 2010, radicado 11001-03-15-000-2001-0091-01 reiterada en la

sentencia de esta Sección del de 2 de octubre de 2019, Exp. 24445, C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
6

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Demandante: Oscar Alfonso Rueda Gómez
FALLO

En suma, la nulidad se origina en sentencia cuando se configuran irregularidades o los
vicios insaneables, que acontecen al momento de dictarla o por hechos que
sobrevengan.

De igual forma, es menester resaltar que la Sala Plena de esta Corporación dio un
nuevo alcance a la referida causal, con fundamento en los derechos fundamentales al
debido proceso y a la tutela efectiva, en sentencia de unificación del 8 de mayo de
201815. En esa decisión se consideró que el recurso de revisión y las causales que
dan lugar a su solicitud, constituyen un mecanismo judicial destinado a la
protección de derechos fundamentales como el de acceso a la justicia y el
debido proceso, es decir, es un instrumento o medio de control adicional que el
legislador diseñó para la protección de esos derechos fundamentales y, por tanto,
hacen parte del haz de acciones para la satisfacción plena del derecho fundamental a
la tutela judicial efectiva 16.

Al respecto, precisó que toda persona tiene derecho al debido proceso y, por tal razón,
a que los procesos judiciales sean resueltos de fondo cuando el cumplimiento de los
presupuestos procesales así lo permita, pues de lo contrario, iría en detrimento no solo
del derecho al debido proceso, sino del derecho de acceso a una real y efectiva
administración de justicia, dado que la no resolución de las controversias judiciales,
fundada en motivos caprichosos, equivale a una falta de tutela judicial efectiva y, en
forma genérica a una vulneración al debido proceso.

Por tal razón, la Sala concluyó, que también hay una vulneración del derecho
fundamental al debido proceso, artículo 29 Constitucional, cuando una autoridad
judicial dicte sin fundamento válido o razonable, una sentencia inhibitoria por
considerarla una clara denegación de justicia.

7. Del caso concreto

De entrada la Sala anticipa que la causal invocada por el señor Oscar Alfonso Rueda
Gómez no prospera, porque carece de todas las condiciones descritas en precedencia
para el efecto.

En concreto, el recurrente invocó como causal de revisión, la del numeral 5 del artículo
250 del CPACA, al considerar que la sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta,
es nula por la falsa motivación de su decisión que distorsiona la realidad en la
interpretación de las normas, razón por la que indica está probada la falta de
competencia del Ministerio de Salud y Protección Social al expedir los apartes de la
disposición demandada.
Sea lo primero decir que la sentencia atacada negó las pretensiones de la demanda al
considerar que no fue desvirtuada la legalidad de las normas demandadas pues no
vulneran disposiciones de rango constitucional o legal. Por el contrario, estableció que
de la interpretación amplia de la expresión “trabajador independiente” contenida en el
numeral 1) del artículo 157 de la Ley 100 de 1993, se admite la inclusión de rentistas
de capital y propietarios de empresas como obligados a cotizar al Sistema General de
Seguridad Social en Salud bajo el entendido que ejercen una actividad económica en
forma personal y directa y en desarrollo de los principios de universalidad y solidaridad,
pues las personas con capacidad de pago deben estar afiliados al régimen contributivo
y contribuir con el financiamiento del sistema.

En contraste, el recurrente expresó que no estaba de acuerdo con tal postura, habida
cuenta que su argumento en la demanda se centró en el desconocimiento del principio
15 CONSEJO DE ESTADO. Sala Plena. Sentencia del 8 de mayo de 2018, exp. nro. 1998-00153-01, C.P. Alberto

Yepes Barreiro.
16 CONSEJO DE ESTADO. Sección Quinta. Sentencia de 21 de junio de 2012, exp. nro. 11001-03-15-000-2012-

00676-00.
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Radicación: 11001-03-15-000-2020-04152-00 (6797)
Demandante: Oscar Alfonso Rueda Gómez
FALLO

de legalidad y la falta de competencia por parte del Ministerio de Salud y Protección
Social al incluir a los rentistas de capital y los propietarios de las empresas como
afiliados o cotizantes al Sistema de Seguridad Social en Salud.

De esta manera, el juez natural dentro del proceso de única instancia resolvió el litigio
según los cargos de ilegalidad que se plantearon en la demanda y de los argumentos
de oposición, y una vez realizado un análisis de las normas aplicables, c oncluyó que
no se desvirtuaba la legalidad de las disposiciones demandadas.

Para la Sala, los argumentos manifestados por el recurrente se limitan a controvertir
las razones del fallo, la apreciación de las normas y la interpretación realizada por el
fallador como si se tratara de una tercera instancia, mas no expone algún hecho o
argumento del que se puedan predicar las causales de nulidad que se originan en la
sentencia conforme a lo antes dicho.

Además, se observa que los argumentos están dirigidos a cuestionar lo decidido por
el juez en relación con los cargos de ilegalidad planteados dentro del proceso de
nulidad simple, lo que permite evidenciar que, en realidad, se pretende reabrir el
debate jurídico para así insistir en la vulneración al principio de legalidad y la falta de
competencia del Ministerio de Salud y Protección Social al expedir las normas
demandadas, y en ese orden, hacer uso del recurso extraordinario de revisión como
si se tratara de una nueva instancia procesal, pese a que esa no es la finalidad de este
mecanismo. De manera puntual, la Sección señaló17:

“Conforme lo anterior, bajo los parámetros interpretativos definidos por la Corte
Constitucional en sentencia C-578 de 2009, los rentistas de capital y propietarios de
empresas están obligados a cotizar al Sistema General de Seguridad Social en Salud, en
desarrollo de los principios de solidaridad y universalidad, pues, todas las personas con
capacidad económica deben contribuir con el financiamiento del sistema.

Bajo esas consideraciones, al expedir el Decreto 780 de 2016, la Nación- Ministerio de
Salud y de la Protección Social no desconoció el principio de legalidad, ya que por su
naturaleza compilatoria, esa norma se limitó a incorporar disposiciones que, como se
expuso previamente, imponen a los rentistas de capital y a los propietarios de empresas
una obligación tributaria, con base en la ley que los considera como aportantes al Sistema
General de Seguridad Social en Salud.
(…)
El texto de la citada disposición, incorporado en el artículo 3.2.1.1, numeral 1 del Decreto
780 de 2016, no establece de forma expresa, como lo considera el demandante, que los
rentistas de capital se encuentren obligados a cotizar al sistema de pensiones. La norma
se limita a definir y dar alcance a la expresión “aportante” en el contexto del Sistema de
Seguridad Social Integral y se refiere a quien tiene la obligación directa de realizar aportes
a uno o más servicios o riesgos que conforman ese sistema general.

En consecuencia, el artículo 3.2.1.1, numeral 1 del Decreto 780 de 2016 al mencionar a los
rentistas de capital no excedió la facultad reglamentaria. Además, la inclusión de los
rentistas de capital en la definición de aportantes al Sistema de Social Integral no viola el
principio de unidad de materia, pues el decreto demandado compila normas del sector
salud y protección social.

En ese orden, no se estructura el cargo de nulidad invocado por la parte actora en tanto no
se probó la falta de competencia del Ministerio de Salud y de la Protección Social para
incluir como cotizantes del sistema de salud a los rentistas de capital y propietarios de
empresas y definir como aportantes del SSSI a los rentistas de capital”.

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CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. Sentencia del 1° de agosto de
2019, exp. 23379, M.P. Milton Chaves García.

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través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador

Radicación: 11001-03-15-000-2020-04152-00 (6797)
Demandante: Oscar Alfonso Rueda Gómez
FALLO

Contrario al argumento de la parte recurrente, no resulta manifiesta la alegada
motivación sofística o aparente al efectuar el pronunciamiento sobre los cargos
planteados en la demanda, distinto es que el estudio del argumento no se efectuó en
los términos que deseaba el demandante, sin que esa circunstancia pueda ser
atribuida como una omisión o indebida motivación del juez de instancia. Al respecto,
es necesario señalar que, dentro de las cargas de las partes se encuentra la de
exponer con claridad los argumentos y hechos en que sustentan sus pretensiones.

Ahora, los argumentos consagrados en el salvamento de voto que manifiestan el
desacuerdo a la decisión adoptada por la Sala mayoritaria no son suficientes para
afirmar que la sentencia proferida sea contraria a derecho, y constituya una causal de
nulidad de esta para que sea procedente el recurso extraordinario de revisión.

En suma, el cargo no prospera y, en consecuencia, se impone declarar infundado el
recurso extraordinario de revisión interpuesto por el señor Oscar Alfonso Rueda
Gómez contra la sentencia del 1° de agosto de 2019, proferida por Consejo de Estado.

Costas

El artículo 255 del CPACA fue modificado por el artículo 70 de la Ley 2080 de 2021,
en el que se determinó “Si se declara infundado el recurso, se condenará en costas y
perjuicios al recurrente”.

Sin embargo, el numeral cuarto del artículo 86 de la referida Ley 2080 de 2021, al
referirse sobre su vigencia, precisó “en estos mismos procesos, los recursos interpuestos,
la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los
términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se
estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se
decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los
términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones.”

Teniendo en cuenta que, en el caso concreto, el recurso extraordinario de revisión se
encontraba en curso para la fecha en que entró en vigencia la Ley 2080 de 2021, no
sería aplicable la modificación que introdujo al artículo 255 de la Ley 1437 de 2011.

En esa medida, de conformidad con lo previsto en los artículos 188 18 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 365 numeral 8 del
Código General del Proceso, no se condenará en costas a la parte recurrente por
cuanto en el expediente no se encuentran probadas.

Las anteriores razones son suficientes para declarar infundado el recurso
extraordinario de revisión interpuesto contra la sentencia del 1° de agosto de 2019,
proferida por la Sección Cuarta de esta Corporación, razón que lleva a confirmar la
decisión cuestionada y negar la condena en costas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sala Quinta Especial de Decisión, administrando justicia, en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: Declarar infundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto el
señor Oscar Alfonso Rueda Gómez contra la sentencia proferida el 1° de

18 “ARTÍCULO 188. CONDENA EN COSTAS. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código
de Procedimiento Civil.”

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Radicación: 11001-03-15-000-2020-04152-00 (6797)
Demandante: Oscar Alfonso Rueda Gómez
FALLO

agosto de 2019, dictada por el Consejo de Estado, Sección Cuarta,
dentro del medio de control de nulidad con radicado 11001-03-27-000-
2017-00037-00, por las consideraciones expuestas en la parte motiva.

SEGUNDO: Sin condena en costas.

TERCERO: Reconocer personería a la doctora Edidth Piedad Rodríguez Orduz
como apoderada del Ministerio de Salud y Protección Social en los
términos del poder visible en el documento nro. 2 del índice 14 en la
plataforma SAMAI.

CUARTO: Cumplido lo anterior, archivar el expediente del recurso extraordinario de
revisión.

Cópiese, notifíquese y comuníquese. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Presidente de la Sala

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
(salvamento parcial de voto)

(Firmado electrónicamente)
NICOLÁS YEPES CORRALES

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