Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2020-04237-00
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Acción de tutela contra providencia judicial
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2020-04237-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2020-04237-00
Consejero ponente: Hernando Sánchez Sánchez
29 de octubre de 2020
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL POR INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE RELEVANCIA CONSTITUCIONAL / AUSENCIA DE CARGA ARGUMENTATIVA DE LA ACCIÓN DE TUTELA – No se sustentó ningún defecto en el que presuntamente haya incurrido la providencia judicial acusada
Para la Sala la actora no cumplió con la carga argumentativa mínima para estructurar un defecto en contra de las decisiones proferidas por las autoridades judiciales demandadas, toda vez que no indicó específicamente en cuál de las diferentes modalidades se configuraba la causal de procedibilidad, en tanto que citó de manera genérica las causales específicas desarrolladas por la Corte Constitucional, sin precisar ni argumentar en cuál de ellas incurrieron las autoridades judiciales demandadas, lo que trajo como consecuencia la afectación de sus derechos fundamentales. La Sala debe hacer énfasis, en que la [actora] en su escrito de tutela solicitó que se dejara “[…] sin efectos el Auto de fecha 26 de abril de 2019, proferida por el JUZGADO CUARENTA Y SIETE (47) ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ, mediante el cual, se rechazó de plano la demanda instaurada contra la Secretaria Distrital, y el Auto de fecha 22 de mayo de 2020 de segunda instancia dictado por el El (sic) TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN “F”, mediante el cual se confirmó dicha decisión […]”, sin embargo, no cumplió con la carga argumentativa mínima de indicarle al juez constitucional por qué el Juzgado Cuarenta y Siete Administrativo del Circuito de Bogotá y la Subsección F de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca incurrieron en algunos de los siguientes defectos: i) sustantivo, ii) fáctico, iii) orgánico y procedimental; o en las causales de i) violación directa de la Constitución, ii) decisión sin motivación, iii) desconocimiento del precedente constitucional y iv) error inducido en los términos de la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, que haya traído como consecuencia que se rechazara la demanda presentada en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho por haber operado el fenómeno de la caducidad de la acción. (...) la actora no estructuró un defecto en contra de las decisiones proferidas por las autoridades judiciales demandadas, toda vez que no indicó en cuál de las diferentes modalidades se configuraba la causal de procedibilidad y se limitó a citarlas de manera genérica sin argumentar en cuál de ellas incurrieron las demandadas. (...) para la Sala no se cumple con el requisito de relevancia constitucional dentro del marco de la acción de tutela contra providencias judiciales, en la medida que la actora no presentó una carga argumentativa mínima y, en consecuencia, no argumentó el defecto o la causal en el que presuntamente habría incurrido el Juzgado Cuarenta y Siete Administrativo del Circuito de Bogotá y la Subsección F de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca al proferir las providencias cuestionadas.
FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 29 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 86 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 229 / CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO – ARTÍCULO 176 / DECRETO 2591 DE 1991 – ARTÍCULO 1 / DECRETO 2591 DE 1991 – ARTÍCULO 31 / DECRETO 2591 DE 1991 – ARTÍCULO 32
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá, D.C., veintinueve (29) de octubre de dos mil veinte (2020)
Radicación número: 11001-03-15-000-2020-04237-00(AC)
Actor: ROSARIO CASANOVA HERNÁNDEZ
Demandado: JUZGADO CUARENTA Y SIETE ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ Y TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN F
Tema: Incumplimiento del requisito de relevancia constitucional dentro del marco de la acción de tutela contra providencias judiciales/alcance
Derechos Fundamentales Invocados: i) debido proceso y ii) acceso a la administración de justicia
Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela interpuesta por Rosario Casanova Hernández contra el Juzgado Cuarenta y Siete Administrativo Oral del Circuito de Bogotá y la Subsección F de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, porque, a su juicio, el Juzgado, al proferir el auto de 26 de abril de 2019 y, el Tribunal, al proferir el auto de 22 de mayo de 2020, dentro del proceso adelantado en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 110013342047201900150-01, vulneraron sus derechos fundamentales invocados supra.
La presente providencia tiene tres partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollarán a continuación.
I. ANTECEDENTES
La solicitud
La actora, en nombre propio, presentó solicitud de tutela contra el Juzgado Cuarenta y Siete Administrativo Oral del Circuito de Bogotá y la Subsección F de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, porque, a su juicio, el Juzgado, al proferir el auto de 26 de abril de 2019 y, el Tribunal, al proferir el auto de 22 de mayo de 2020, dentro del proceso adelantado en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 110013342047201900150-01, vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia.
Presupuestos fácticos
Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la solicitud de tutela, en síntesis, son los siguientes:
La actora afirmó que inició su vinculación laboral con la Secretaría de Educación Distrital de Bogotá, en el mes de febrero del año 2012, mediante nombramiento en provisionalidad, fecha a partir de la cual, se renovaba sucesivamente al inicio de cada año lectivo.
Indicó que el 28 de julio de 2015 sufrió un accidente laboral en las instalaciones del Colegio Tomas Carrasquilla (IED) el cual le afectó ostensiblemente su salud, y la dejó en especial condición de discapacidad, siendo beneficiaria de las prerrogativas preceptuadas en el artículo 26 de la Ley 361 de 7 de febrero de 1997.
Informó que la última vinculación laboral que tuvo con la Secretaría de Educación Distrital de Bogotá, fue hasta el 4 de diciembre de 2015 según Resolución núm. 291 del 18 de febrero de 2015, en tanto que, “[…] con motivo de la discapacidad originada, decidió no realizar vinculación laboral para el año lectivo 2016. […]”.
Señaló que el 22 de octubre de 2018 realizó la correspondiente reclamación administrativa y que, mediante Resolución núm. 009 de 4 de diciembre de 2018, notificada el 7 de diciembre de 2018, la Secretaría de Educación Distrital de Bogotá negó las pretensiones de reintegro elevadas por la actora.
La actora instauró demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del Derecho contra el Distrito Capital de Bogotá – Secretaría de Educación Distrital con el fin de que se declarara la nulidad de la Resolución núm. 009 de 4 de diciembre de 2018 y, a título de restablecimiento del derecho solicitó que se ordenara el reintegro mediante nombramiento en provisionalidad en la planta de personal docente de la entidad en un cargo de igual o superior rango al que desempeñaba al momento en que no hubo continuidad del vínculo laboral, y que además, el reintegro se ajustara a las condiciones actuales de salud de la docente y el reconocimiento y pago de los salarios, prestaciones y aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral dejados de percibir desde el momento en que no fue renovado su nombramiento en provisionalidad y hasta la fecha de su reintegro.
Providencia proferida el 26 de abril de 2019 por el Juzgado Cuarenta y Siete Administrativo del Circuito de Bogotá dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 11001 33 42 047 2019 00150 00
La parte resolutiva de la mencionada decisión dispuso textualmente lo siguiente:
“[…] PRIMERO.- RECHAZAR de plano la demanda por caducidad de la acción incoada por la señora ROSARIO CASANOVA HERNÁNDEZ, […], quien actúa a través de apoderado judicial, con fundamento en las razones expuestas en la parte motiva de éste proveído. […]”.
8.1. El Juzgado encontró que la vinculación de la actora y su posterior retiro definitivo del servicio, fueron derivadas de la necesidad de proveer transitoriamente una vacante temporal para garantizar la efectiva prestación del servicio. Precisó que, con posterioridad, la actora fue vinculada nuevamente en la misma institución educativa y de manera temporal, a través de la Resolución núm. 291 de 18 de febrero de 2015, en la cual se indicó expresamente que la finalización del vínculo laboral se daría a partir del 4 de diciembre de 2015, y que, dado que sus pretensiones estaban dirigidas a atacar la orden de retiro del servicio, contaba con 4 meses para ejercer su derecho de acción, a partir del día siguiente al de la comunicación de la referida resolución.
8.2. Afirmó entonces que el acto definitivo que da origen a la desvinculación, es la Resolución núm. 291 de 18 de febrero de 2015, en tanto que en ella se determinó la fecha de retiro definitivo del servicio y que, con la petición presentada el 22 de octubre de 2018 que dio origen a la expedición de la Resolución núm. 009 de 4 de diciembre de 2018, se pretendía revivir los términos judiciales para su accionar ante la jurisdicción contenciosa. En consecuencia, señaló que la presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial el 14 de diciembre de 2018 y la posterior presentación de la demanda el 6 de marzo de 2019 fueron efectuadas con posterioridad a la configuración de fenómeno de la caducidad.
En desacuerdo con la decisión, la actora presentó recurso de apelación.
Providencia proferida el 22 de mayo de 2020 por la Subsección F de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 11001 33 42 047 2019 00150 01
En la providencia se dispuso:
“[…] PRIMERO. – CONFÍRMASE la providencia de veintiséis (26) de abril de dos mil diecinueve (2019) proferida por el Juzgado Cuarenta y Siete (47) Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá que declaró probada la excepción de caducidad de la acción, por las razones expuestas en la parte motiva de este proveído. […]”.
10.1. Encontró que la docente prestó sus servicios de manera interrumpida en la planta de personal docente de la Secretaría de Educación de Bogotá durante los años 2010 a 2015 y que su última vinculación se dio a través de la Resolución núm. 291 de 18 de febrero de 2015, a través de la cual fue nombrada en provisionalidad para suplir una necesidad del servicio hasta el 4 de diciembre de 2015. Indicó que este acto administrativo estableció un tiempo de vigencia de la relación laboral, por lo que debía entenderse que, si la proposición jurídica expuesta en la demanda está fundada en el convencimiento de la actora de que la Secretaría de Educación de Bogotá debió renovarle su nombramiento en provisionalidad a partir del 5 de diciembre de 2015, en atención a su pérdida de capacidad laboral por el accidente que tuvo el 28 de julio de 2015, es entonces la Resolución núm. 291 de 18 de febrero de 2015 el acto administrativo que debió demandarse, a efectos de obtener el reintegro y el reconocimiento y pago de emolumentos laborales y aportes correspondientes a periodos posteriores.
10.2. Explicó que los actos administrativos de retiro del servicio surten efectos por la vía de la ejecución, es decir, desde el día de la desvinculación definitiva de la prestación del servicio, y que, en el presente asunto la Resolución núm. 291 de 18 de febrero de 2015, por tratarse de un acto administrativo de retiro del servicio, tenía que darse a conocer a través de su ejecución, es decir, a partir del día en que la accionante fue desvinculada del servicio; en ese sentido, constató que la Resolución núm. 291 de 18 de febrero de 2015 se ejecutó el 4 de diciembre de 2015, por lo tanto, el término de caducidad de la acción empezó a correr desde el 5 de diciembre de 2015 (día siguiente a la desvinculación) y culminó el 5 de abril de 2016.
10.3. Indicó que, pese a que se presentó la solicitud de conciliación el 14 de diciembre de 2018, lo cierto es que, tal solicitud fue radicada con posterioridad al vencimiento del término legal de los cuatro meses exigidos en la norma para instaurar la demanda respectiva, por lo que no hubo suspensión del término de caducidad, por ser extemporánea la solicitud y, por el contrario, se configuró el fenómeno de la caducidad.
La solicitud de tutela
Pretensiones
La actora solicitó en su escrito de tutela:
“[…] Primero: DEJAR sin efectos el Auto de fecha 26 de abril de 2019, proferida por el JUZGADO CUARENTA Y SIETE (47) ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ, mediante el cual, se rechazó de plano la demanda instaurada contra la Secretaria Distrital, y el Auto de fecha 22 de mayo de 2020 de segunda instancia dictado por el El (sic) TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN “F”, mediante el cual se confirmó dicha decisión.
Segundo: ORDENAR al JUZGADO CUARENTA Y SIETE (47) ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ, ADMITIR la demanda de NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO instaurada por la suscrita contra el DISTRITO CAPITAL DE BOGOTÁ D.C - SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL DE BOGOTÁ, dentro del radicado No. 11001334204720190015000 […]”.
11.1. Afirmó que la Resolución núm. 291 de 18 de febrero de 2015, es un acto administrativo mediante el cual, se vinculó a varios docentes a la planta de personal de la Secretaria de Educación Distrital, hasta el 5 de diciembre de 2015 y que el mismo no vulnera normas de rango superior, por lo que no es viable jurídicamente declarar su nulidad, como lo consideran las autoridades judiciales demandadas.
11.2. Afirmó que el accidente de trabajo acaeció después de 5 meses de la comunicación de la Resolución núm. 291 del 18 de febrero de 2015 por lo que era imposible para ese entonces, vaticinar que el día 28 de julio de 2015 iba a sufrir un siniestro en la salud y que, con ocasión de ese acontecimiento futuro, debía instaurar previamente, una demanda de nulidad en contra de dicho acto administrativo.
11.3. A su juicio, el deber legal de la Secretaria Distrital de Educación era realizar nuevamente la vinculación a la planta de personal para el periodo lectivo año 2016 conforme se venía haciendo desde el año 2012, en cuanto tuvo conocimiento que la actora estaba cobijada bajo la estabilidad laboral reforzada conforme a lo establecido en la Ley 361; no obstante, como esto no ocurrió, resolvió radicar reclamación administrativa, requisito que originó la expedición de la Resolución núm. 009 de 4 de diciembre de 2018, mediante la cual, se negó la solicitud de reintegro.
11.4. Indicó que las autoridades judiciales incurrieron en una vía de hecho, en tanto que incorporan serios defectos sustanciales que merecen oportuna intervención del juez constitucional, a efectos de impedir que se sigan afectando los derechos fundamentales de la actora. Al efecto señaló:
“[…] Así las cosas, es claro que (sic) JUZGADO CUARENTA Y SIETE (47) ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ, y en segunda instancia por el El (sic) TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN “F”, renunciaron a desempeñar una importante labor constitucional, y fue a partir de este momento que se configuró la vía de hecho que terminó por vulnerar principios y derechos fundamentales como el debido proceso, a la defensa y de acceso a la justicia, desconociendo el artículo 29, 228 y 230 de la Carta Magna.
De la tesis de los accionados se generan las siguientes inquietudes:
¿Es viable jurídicamente demandar un acto administrativo tal como es la resolución No. 291 del 18 de febrero de 2015, mediante el cual, se vinculó hasta el día 05 de diciembre de 2015 a varios docentes incluida la suscrita Accionante a la planta de personal de la Secretaria de Educación Distrital, sin existir causal legal de nulidad?
¿Es procedente que un Juez declare la nulidad de un acto administrativo tal como es la resolución No. 291 del 18 de febrero de 2015, mediante el cual, se vinculó hasta el día 05 de diciembre de 2015 a varios docentes incluida la suscrita a la planta de personal de la Secretaria (sic) de Educación Distrital y que (sic) efectos jurídicos tendría para los cientos de profesores que fueron nombrados mediante dicho acto?
¿En la exótica posibilidad que un Juez declare la nulidad de la resolución No. 291 del 18 de febrero de 2015, mediante el cual, se vinculó hasta el día 05 de diciembre de 2015 a varios docentes incluida la suscrita a la planta de personal de la Secretaria (sic) de Educación Distrital, podría modificarlo y extender por vía judicial el término del vínculo laboral sin la necesidad de otro acto administrativo?? (sic). […]”.
Actuación
El Despacho Sustanciador, mediante auto de 8 de octubre de 2020; i) admitió la tutela, ii) ordenó notificar al Juez Cuarenta y Siete Administrativo Oral del Circuito de Bogotá y a los magistrados de la Subsección F de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, iii) vinculó en calidad de terceros con interés a la Alcaldesa del Distrito Capital de Bogotá y a la Secretaría de Educación Distrital de Bogotá, a quienes concedió el término de tres (3) días para que rindieran un informe sobre el particular.
Intervenciones de las partes demandadas y de las partes vinculadas
El Juzgado Cuarenta y Siete Administrativo Oral del Circuito de Bogotá señaló que del contenido de la tutela, no se encuentra prueba o argumento que demuestre la configuración de al menos uno de los criterios de procedibilidad que desvirtúen la legalidad y constitucionalidad de las providencias cuestionadas y que, lo que se advierte es que la actora está en evidente desacuerdo respecto a la oportunidad para presentar la demanda y al acto administrativo que en ese caso concreto debe ser objeto de control de legalidad para efectos de determinar la caducidad del medio de control, de acuerdo con las pretensiones de la demanda, asunto que corresponde al juez natural de la causa, esto es al juez administrativo.
13.1. En cuanto al argumento de la actora relacionado con la imposibilidad de demandar un acto administrativo que afectaba a varias personas, aclaró que el mismo es incorrecto, puesto que, ella tenía la opción de solicitar la nulidad del contenido específico que en dicho acto administrativo le afectaba de manera particular, máxime si como lo expresó en la demanda, el motivo por el que no se determinó su continuación laboral obedecía a motivos de carácter ocupacional.
La Subsección F de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y la Secretaría de Educación Distrital de Bogotá guardaron silencio en esta oportunidad procesal.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia de la Sala
Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad con los artículos 1.º y 32 del Decreto núm. 2591 de 19 de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, el artículo 1.º del Decreto núm. 1983 de 30 de noviembre de 2017, el Acuerdo 377 de 11 de diciembre de 2018, y el Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019.
Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario, destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.
Problemas jurídicos
Corresponde a la Sala establecer si, en efecto, es procedente la acción de tutela, acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra sentencias judiciales, concretamente si se cumplió con el requisito de la relevancia constitucional.
Para resolver este problema jurídico esta Sala analizará los siguientes temas: i) procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales; ii) requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela cuando se dirige contra providencias judiciales; iii) análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad en el caso concreto, iv) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al debido proceso, v) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental de acceso a la administración de justicia; procediendo posteriormente a vi) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y cuando, se satisfagan los requisitos generales.
Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania Álvarez Bello en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala Plena, en sentencia de 31 de julio de 2012, esta Corporación consideró necesario admitir que debe acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profiera - que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro determine la ley y la propia doctrina judicial.
Requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela cuando se dirige contra providencias judiciales
Esta Sección adoptó como parámetros a seguir los señalados en la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el tema.
Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición jurisprudencial, estableció como requisitos generales de procedibilidad de esta acción constitucional, cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia constitucional del asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) la existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de la vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se trate de tutela contra tutela.
De lo expuesto, la Sala advierte que cuando el juez constitucional conoce una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una providencia judicial: en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso objeto de análisis se configura uno de los defectos especiales ya explicados, permitiéndole de esta manera “dejar sin efecto o modular la decisión” que encaje en dichos parámetros.
Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.
El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la Corporación en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014.
Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad en el caso concreto
La Sala estudiará la procedencia de la acción de tutela bajo la premisa del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, dispuestos por la sentencia C-590 de 2005, proferida por la Corte Constitucional, en especial, el cumplimiento del requisito de la relevancia constitucional.
Acerca del requisito de la relevancia constitucional
Sobre este asunto en particular, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en la citada Sentencia de Unificación de 5 de agosto de 2014, al referirse al requisito de relevancia constitucional, sostuvo lo siguiente:
“[…] 3.3.5. Relevancia constitucional.
La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales para evitar que se convierta en una tercera instancia.
El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta sentencia.
La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “el principio constitucional de la autonomía funcional de los jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” []; por otro, evita que la acción de tutela se torne en un instrumento para “involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones”[].
Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte “derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos necesarios [].
El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.
A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional[].
El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse en una instancia procesal adicional. En consecuencia, en caso que de la acción de tutela se derive que esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o declararla improcedente.
La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en torno a derechos fundamentales. No está concebida para cuestiones de mera legalidad o de apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas cuestiones carecerían de relevancia constitucional.
En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de 2007, Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo siguiente:
“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la cuestión que se pretende discutir por medio de la acción de tutela debe ser una cuestión de evidente relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la tutela contra providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos ordinarios, es necesario que la causa que origina la presentación de la acción suponga el desconocimiento de un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto de evidente relevancia constitucional y no puede ser utilizada para discutir asuntos de mera legalidad []. Si bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de relevancia constitucional de aquellos que no lo son, también lo es que esta Corporación ha sido particularmente cuidadosa al intentar establecer criterios de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada en los antecedentes originados en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, ha reconocido la existencia de dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero que emerge de la propia Constitución y que es el denominado debido proceso constitucional, y otro que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina simplemente debido proceso [].
En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional - art. 29 CN-, aboga por la protección de las garantías esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez natural []; el derecho a presentar y controvertir las pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia en el proceso penal; el principio de predeterminación de las reglas procesales o principio de legalidad; el derecho a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y la prohibición de juicios secretos. […]
Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la relevancia constitucional de un caso, por violación al debido proceso, por ejemplo, cuando el asunto que se estudia hace parte de su núcleo esencial o cuando se presentan desvíos caprichosos y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de defensa y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose de manera grave el equilibrio procesal entre las partes.
3.4.- No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra decisiones judiciales impone un estudio riguroso de los requisitos de procedibilidad y de prosperidad de la acción, más cuando se trata de atacar las providencias de las altas Cortes, tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la sentencia SU-917 de 2013: […]” (Resaltado fuera del texto).
De la misma manera frente al tema la Corte Constitucional ha señalado:
“[…] La Corte Constitucional ha venido exigiendo como requisito general de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales ‘que el asunto objeto de debate sea de evidente relevancia constitucional’ es decir, que el asunto puesto a consideración de esta Corporación, revista una gran trascendencia para la interpretación del estatuto superior, para su aplicación o en procura de su desarrollo eficaz, así como para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales.”
Este tribunal, en un caso similar al ahora dilucidado, decidió declarar la improcedencia de la acción al no revestir el estudio del reconocimiento de los intereses moratorios, un asunto de relevancia constitucional. En aquella ocasión la Corte advirtió:
“En el presente caso, se cuestiona una sentencia de la Corte Suprema de Justicia –Sala Laboral-, por cuanto se negó el reconocimiento y pago de los intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993.
La Corte Suprema de Justicia –Sala Laboral-, en reiterada jurisprudencia, ha venido sosteniendo que los mencionados intereses no proceden cuando se trata de reajustes pensionales, sino que los mismos sólo se causan cuando la entidad obligada al pago de la pensión entra en mora de reconocer la prestación o una vez reconocida la misma, retrasa el pago de las mesadas correspondientes.
Más allá de las condiciones personales del actor, quien no demuestra la calidad de sujeto de especial protección, la primera apreciación que puede hacerse, es que el asunto que nos ocupa tiene, en principio, una relevancia de tipo legal, y que aún haciendo una interpretación armónica del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 junto con las disposiciones constitucionales contenidas en los artículos 13 (derecho a la igualdad), artículo 25 (derecho al trabajo), artículo 48 (derecho a la seguridad social) y el artículo 53 (derecho a la situación más favorable al trabajador y al pago oportuno y reajuste de las pensiones) del Estatuto Superior, se llegaría a la conclusión de que el contenido de dicho artículo, por el sólo hecho de derivarse de postulados constitucionales no tiene ‘per se’ vocación de derecho fundamental.”
En esta ocasión, la Corte acoge y reitera el citado pronunciamiento máxime teniendo en cuenta que el sujeto que aduce la vulneración no demuestra, ni siquiera sumariamente, un perjuicio irremediable que haga de este caso, un asunto de relevancia constitucional que permita el estudio de fondo, menos aún si se tiene en cuenta que los jueces ordinarios laborales reconocieron la indexación de la mesada pensional y negaron, bajo argumentos sólidos y no caprichosos, los intereses moratorios sobre la indexación […]”.
En ese orden de ideas, el requisito de la relevancia constitucional se acredita cuando: i) en el caso bajo estudio por parte del juez constitucional se involucra la amenaza o vulneración de derechos fundamentales y ii) cuando el actor en su escrito de tutela cumple con satisfacer una carga argumentativa mínima de establecer las razones jurídicas por las cuales la autoridad judicial accionada incurrió en algunas de las causales especiales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, y trajo como consecuencia la afectación de los derechos fundamentales.
Para la Sala es imperioso exigirle al actor una carga argumentativa mínima, toda vez que, si bien es cierto la acción de tutela goza de la característica principal de la informalidad que se fundamenta en el mandato constitucional de la prevalencia del derecho sustancial sobre las formas procesales, en el escenario del amparo contra providencias judiciales, cuando esta prospera se pueden ver afectados, entre otros derechos y principios, el de la cosa juzgada, por lo que el juez constitucional solo puede estudiar dicha providencia, cuando se evidencia a través de la argumentación jurídica del actor que realmente el operador judicial profirió una providencia arbitraria e irrazonable que implicó la vulneración de derechos fundamentales.
Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al debido proceso
Visto el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que establece que:
“[…] ARTICULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio.
En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. […]”.
Atendiendo a que, la Corte Constitucional ha definido el derecho al debido proceso, como “[…] el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico, a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se logre la aplicación correcta de la justicia. […]”, y ha recordado que “[…] En virtud del citado derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en forma omnímoda, sino dentro del marco jurídico definido democráticamente, respetando las formas propias de cada juicio y asegurando la efectividad de aquellos mandatos que garantizan a las personas el ejercicio pleno de sus derechos[…]” de manera que ha resaltado que el derecho al debido proceso tiene como propósito “[…] la defensa y preservación del valor material de la justicia, a través del logro de los fines esenciales del Estado, como la preservación de la convivencia social y la protección de todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes y demás derechos y libertades públicas (preámbulo y artículos 1° y 2° de la C.P) […]”.
Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental de acceso a la administración de justicia
Visto el artículo 229 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que establece que:
“[…] ARTICULO 229. Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia. La ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin la representación de abogado. […]”
Atendiendo a que, la Corte Constitucional ha entendido el derecho de acceso a la administración de justicia, “[…] como la posibilidad reconocida a todas las personas de poder acudir, en condiciones de igualdad, ante las instancias que ejerzan funciones de naturaleza jurisdiccional que tengan la potestad de incidir de una y otra manera, en la determinación de los derechos que el ordenamiento jurídico les reconoce, para propugnar por la integridad del orden jurídico y por la debida protección o restablecimiento de sus derechos e intereses legítimos, con estricta sujeción a los procedimientos previamente establecidos y con plena observancia de las garantías sustanciales y procedimentales previstas en la Constitución y la ley […]”.
Análisis del caso en concreto
La Sala estudia si en el presente caso se cumple con el requisito de relevancia constitucional.
Visto el marco normativo y los precedentes jurisprudenciales en la parte considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el caso concreto.
La Sala procederá a apreciar y valorar todas las pruebas decretadas y aportadas en el proceso, de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del artículo 176 del Código General del Proceso, aplicando para ello las reglas de la lógica y la certeza que sobre determinados hechos se requiere para efectos de decidir lo que en derecho corresponda, en relación con los problemas jurídicos planteados en el escrito de tutela.
Acervo y análisis probatorios
Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra el expediente digital del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho adelantado por la actora contra el Distrito Capital de Bogotá – Secretaría de Educación Distrital, identificado con el número único de radicación 110013342047201900150-01.
Solución al caso en concreto
Análisis del cumplimiento del requisito de relevancia constitucional
La actora en su escrito de tutela señaló que el Juzgado Cuarenta y Siete Administrativo del Circuito de Bogotá y la Subsección F de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca incurrieron en una “[…] vía de hecho judicial […]” comoquiera que determinaron que el acto administrativo que debía ser objeto de nulidad era la Resolución núm. 291 del 18 de febrero de 2015, por la cual se dispuso su vinculación como docente del Distrito Capital hasta el 5 de diciembre de 2015 y no la Resolución núm. 009 de 04 de diciembre de 2018, por la cual se negó su solicitud de reintegro. En ese sentido, afirmó que la Resolución núm. 291 del 18 de febrero de 2015, no podía ser objeto de nulidad, dado que mediante la misma se dispuso la vinculación de varios docentes a la Secretaría de Educación Distrital hasta el 5 de diciembre de 2015 y sus efectos jurídicos tenían efectos para todos los profesores que fueron nombrados mediante el referido acto administrativo. En consecuencia, sostuvo que:
“[…] 2. DE LA CONFIGURACIÓN DE LA VÍA DE HECHO JUDICIAL EN EL CASO
CONCRETO
De acuerdo a lo expuesto en las líneas que preceden, se pretende en el presente acápite demostrar que el pronunciamiento judicial de segunda instancia que se emitió dentro del proceso judicial objeto de la presente Acción contienen evidentes vías de hecho que merecen la pronta intervención del Juez Constitucional a efectos de prevenir que se continúen vulnerando los derechos fundamentales de la suscrita ROSARIO CASANOVA HERNÁNDEZ.
El proveído aquí censurado contiene al menos, desde la óptica reseñada en precedencia sobre las causales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, defectos, dado el claro desapego a las directrices impartidas por la Corte Constitucional e incluso por el mismo Consejo de Estado en punto al papel del Juez Contencioso al momento de valorar la legalidad de un acto administrativo y procedencia de los medios de control previsto para controvertir la decisiones arbitrarias de la Administración.
Así las cosas, es claro que JUZGADO CUARENTA Y SIETE (47) ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ, y en segunda instancia por el El (sic) TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN “F”, renunciaron a desempeñar una importante labor constitucional, y fue a partir de este momento que se configuró la vía de hecho que terminó por vulnerar principios y derechos fundamentales como el debido proceso, a la defensa y de acceso a la justicia, desconociendo el artículo 29, 228 y 230 de la Carta Magna.
[…]
Como corolario de todo lo hasta aquí señalado, debe afirmarse que la providencias Objeto de la Acción Constitucional y proferidas en primera instancia por el JUZGADO CUARENTA Y SIETE (47) ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ y en segunda instancia por el El (sic) TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN “F”, incorporan serios defectos sustanciales que merecen oportuna intervención del Juez Constitucional, a efectos de impedir que se sigan afectando los derechos fundamentales la suscrita ROSARIO CASANOVA HERNÁNDEZ […]”.
Para la Sala la actora no cumplió con la carga argumentativa mínima para estructurar un defecto en contra de las decisiones proferidas por las autoridades judiciales demandadas, toda vez que no indicó específicamente en cuál de las diferentes modalidades se configuraba la causal de procedibilidad, en tanto que citó de manera genérica las causales específicas desarrolladas por la Corte Constitucional, sin precisar ni argumentar en cuál de ellas incurrieron las autoridades judiciales demandadas, lo que trajo como consecuencia la afectación de sus derechos fundamentales.
La Sala debe hacer énfasis, en que la señora Rosario Casanova Hernández en su escrito de tutela solicitó que se dejara “[…] sin efectos el Auto de fecha 26 de abril de 2019, proferida por el JUZGADO CUARENTA Y SIETE (47) ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ, mediante el cual, se rechazó de plano la demanda instaurada contra la Secretaria Distrital, y el Auto de fecha 22 de mayo de 2020 de segunda instancia dictado por el El (sic) TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN “F”, mediante el cual se confirmó dicha decisión […]”, sin embargo, no cumplió con la carga argumentativa mínima de indicarle al juez constitucional por qué el Juzgado Cuarenta y Siete Administrativo del Circuito de Bogotá y la Subsección F de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca incurrieron en algunos de los siguientes defectos: i) sustantivo, ii) fáctico, iii) orgánico y procedimental; o en las causales de i) violación directa de la Constitución, ii) decisión sin motivación, iii) desconocimiento del precedente constitucional y iv) error inducido en los términos de la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, que haya traído como consecuencia que se rechazara la demanda presentada en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho por haber operado el fenómeno de la caducidad de la acción.
En efecto, para la configuración del defecto fáctico dentro del marco de la acción de tutela contra providencias judiciales, el actor debe cumplir con una carga argumentativa mínima identificando: i) cuales medios probatorios fueron omitidos en su valoración por parte del juez colegiado; ii) que además dichos medios probatorios eran relevantes para cambiar el sentido de la decisión; y iii) demostrar que la omisión en la valoración de las pruebas fue una actuación grosera, arbitraria e irrazonable que trajo como consecuencia la afectación de derechos fundamentales, lo cual, se repite no aconteció en el presente caso.
Respecto al defecto sustantivo, el actor debe indicar en cuál de las diferentes modalidades en que se configura esta causal de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, incurrió la autoridad judicial, como lo son, por ejemplo: i) la falta de aplicación de normas jurídicas, ii) la aplicación indebida de normas jurídicas, iii) la interpretación irrazonable o iv) el desconocimiento del precedente judicial.
En lo que tiene que ver con el defecto orgánico, el actor debe señalar las razones jurídicas por las cuales la autoridad judicial no tenía la competencia para proferir las providencias cuestionadas.
En cuanto al defecto procedimental, el actor debe especificar i) en qué etapa procesal, el juez incurrió en una vulneración de sus garantías constitucionales y en ese orden de ideas, argumentar cómo ii) con el obrar de la autoridad judicial accionada, se haya incurrido en una actuación procesal irregular o arbitraria en el procedimiento llevado a cabo.
No obstante, la actora no estructuró un defecto en contra de las decisiones proferidas por las autoridades judiciales demandadas, toda vez que no indicó en cuál de las diferentes modalidades se configuraba la causal de procedibilidad y se limitó a citarlas de manera genérica sin argumentar en cuál de ellas incurrieron las demandadas.
Frente al cumplimiento del requisito de la relevancia constitucional, es decir, la carga argumentativa mínima que debe cumplir el actor dentro del marco de la acción de tutela contra providencias judiciales y no solamente identificar que en el caso concreto se vulneran derechos fundamentales, esta Sección ha dicho:
“[…] De esta manera, aun cuando la Sala como Juez Constitucional interpretara la inconformidad de la accionante, no existe objeto de examen, comoquiera que no se argumentó la acción u omisión de la Sección Quinta del Consejo de Estado, la vulneración de los derechos fundamentales, ni la descripción de manera clara y contundente de las circunstancias relevantes por las cuales el actor consideró que se vulneraron sus derechos […]”.
Esta Sección debe reiterar que el principio de informalidad que gobierna a la acción de tutela no puede considerarse absoluto, pues es necesario satisfacer ciertos presupuestos básicos que le permitan al Juez conocer con claridad aspectos como la acción o la omisión que la motiva, el derecho que se considera violado o amenazado y, de ser posible, el nombre de la autoridad pública o del órgano autor de la amenaza o del agravio, el señalamiento de las causales especiales de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales lo que implica cumplir con la carga argumentativa para demostrar su configuración en el caso concreto, entre otros aspectos.
Conclusiones de la Sala
En suma, para la Sala no se cumple con el requisito de relevancia constitucional dentro del marco de la acción de tutela contra providencias judiciales, en la medida que la actora no presentó una carga argumentativa mínima y, en consecuencia, no argumentó el defecto o la causal en el que presuntamente habría incurrido el Juzgado Cuarenta y Siete Administrativo del Circuito de Bogotá y la Subsección F de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca al proferir las providencias cuestionadas.
En ese orden de ideas, la Sala declarará improcedente el amparo, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
III. RESUELVE:
PRIMERO: DECLARAR improcedente la acción de tutela presentada por la señora Rosario Casanova Hernández, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: Si no fuere impugnada la sentencia conforme lo señala el artículo 31 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejera de Estado
Presidenta
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Consejero de Estado
“Por la cual se establecen mecanismos de integración social de las personas con limitación <en situación de discapacidad> y se dictan otras disposiciones.”
Cfr. Folio 38.
“Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
“[…] Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado […]”
Reglamento Interno del Consejo de Estado.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P. Dra. María Elizabeth García González, Expediente identificado con número de radicación: 2009-01328.
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P. María Elizabeth García González, número único de radicación 2009-01328
Corte Constitucional, Sentencia de 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, M.P Mauricio González Cuervo.
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 5 de agosto de 2014, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación 11001 03 15 000 2012 02201 01
Ut supra página 6.
[] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda justificará la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del artículo 50 (“el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia de la acción de amparo en general y, en particular, contra providencias judiciales.”
[] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”
[] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
[] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”
Corte Constitucional, Sentencia T-586 de 2012. Magistrado ponente: Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
Corte Constitucional, sentencia T-635 de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
Ibidem.
“Artículo 228. La Administración de Justicia es función pública. Sus decisiones son independientes. Las actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá el derecho sustancial. Los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado. Su funcionamiento será desconcentrado y autónomo.”
Corte Constitucional, Sentencia C 980 de 1º. de diciembre de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo
Corte Constitucional, Sentencia T 799 de 21 de octubre de 2011, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto
Corte Constitucional, Sentencia T-942 de 16 de diciembre de 2013, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 13 de julio de 2017, C.P Hernando Sánchez Sánchez, número único de radicación: 11001-03-15-000-2017-00725-00.
Sobre el principio de informalidad, ver Corte Constitucional, Auto A165 de 21 de julio de 2011, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio
Decreto 2591 de 1991, artículo 14.
PAGE \* MERGEFORMAT17
Número único de radicación: 11001 03 15 000 2020 04237 00
Actora: Rosario Casanova Hernández
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