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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2020-04341-00

Fecha
6 de julio de 2022
Consejero ponente
Myriam Stella Gutierrez Arguello

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2020-04341-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: 1. Declarar infundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de Protección Social -UGPP- contra la sentencia del 24 de septiembre de 2018, proferida por la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado dentro del proceso de radicado Nro. 25000-23-42-000- 2015-05244-01 (3830-2017). 15 Cfr., entre otras: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión Nro. 19, sentencia del 18 de agosto de 2021, M.P.: William Hernández Gómez, radicado Nro.: 11001-03-15- 000-2020-03549-00. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión Nro. 9, sentencias del 22 de noviembre de 2021, 10 de diciembre de 2021, y, 25 de febrero de 2022, M.P.: Gabriel Valbuena Hernández, radicados Nro.: 11001-03-15-000-2020-03231-00, 11001-03-15- 000-2019-05024-00, y, 11001-03-15-000-2019-04468-00, respectivamente. 11 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Recurso extraordinario de revisión Radicado: 11001-03-15-000-2020-04341-00 (7167) 2. No condenar en costas. 3. En firme esta providencia, archívese el expediente.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2020-04341-00

Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello

6 de julio de 2022

Recurso extraordinario de revisión
Radicado: 11001-03-15-000-2020-04341-00 (7167)

CONSEJO DE ESTADO
SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA ESPECIAL DE DECISIÓN Nro. 13

CONSEJERO PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá, seis (6) de julio de dos mil veintidós (2022)

Referencia Recurso extraordinario de revisión
Radicación 11001-03-15-000-2020-04341-00 (7167)
Demandante UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN
PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE
PROTECCIÓN SOCIAL -UGPP-
Demandado LUCELLY OSORIO OSPINA

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

Procede la Sala Especial de Decisión Nro. 13 a decidir el recurso extraordinario de
revisión interpuesto por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de Protección Social -UGPP- contra la sentencia del 27
de septiembre de 2018, proferida por la Sección Segunda, Subsección B del
Consejo de Estado dentro del proceso de radicado Nro. 25000-23-42-000-2015-
05244-01 (3830-2017), por medio de la cual, en últimas, se reconoció la pensión
gracia a Lucelly Osorio Ospina.

ANTECEDENTES

1. Proceso de nulidad y restablecimiento del derecho

1.1. Demanda

A través de apoderado judicial y en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, Lucelly Osorio Ospina presentó demanda para
obtener la nulidad de las Resoluciones Nro. RDP 026755 del 13 de junio de 2013 y
RDP 036535 del 12 de agosto de la misma anualidad, por medio de las que se le
negó el reconocimiento y pago de la pensión gracia, y se resolvió de manera
desfavorable el recurso de apelación interpuesto, respectivamente.

Como consecuencia de esa declaración solicitó, a título de restablecimiento del
derecho, (i) el reconocimiento de la pensión gracia en cuantía del 75% del promedio
de salarios devengados durante el año anterior a la consolidación del estatus
pensional; (ii) la cancelación de los intereses moratorios a los que hubiere lugar; (iii)
la indexación de las sumas de dinero adeudadas; y, (iv) el cumplimiento del fallo en
los términos de los artículos 189 y 195 de la Ley 1437 de 2011.

Lo anterior, porque, en su sentir, cumplió con los requisitos legales exigidos para el
reconocimiento pensional, específicamente el relativo al tiempo de servicios, pues
se vinculó a la docencia desde el 31 de julio de 1980 -esto es, antes del 31 de
diciembre de 1980- y prestó dicho servicio por 20 años. Para ello señaló que:

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• Nació el 25 de octubre de 1960 y prestó sus servicios como docente
nacionalizado en dos períodos. Inicialmente, en el Departamento de Caldas
desde el 31 de julio al 2 de septiembre de 1980; del 1° de abril al 31 de mayo
de 1981; del 27 de julio al 31 de agosto de 1981; y, del 1° de noviembre al 11
de diciembre de 1982.

Posteriormente, se desempeñó en Bogotá D.C. desde el 10 de marzo al 30 de
noviembre de 1987; del 18 de enero al 30 de noviembre de 1988; del 23 de
enero al 30 de noviembre de 1989; del 22 al 30 de enero de 1990; del 1° de
febrero al 3 de diciembre de 1990; del 21 de enero al 2 de diciembre de 1991;
del 21 de enero al 30 de noviembre de 1992; y, del 8 de febrero de 1993 al 1°
de agosto de 2007.

Luego, prestó sus servicios por un total de 7200 días, esto es, 20 años, razón
por la que cumplió con lo exigido por la normativa aplicable en materia de
tiempo de servicios y edad -pues para el 25 de octubre de 2010 alcanzó los 50
años de que trata la norma correspondiente-.

• No obstante, la UGPP negó el reconocimiento de la pensión gracia porque los
tiempos de servicio anteriores al 31 de diciembre de 1980 correspondieron a
vinculaciones de carácter nacional por la participación del Delegado del
Ministerio de Educación Nacional en los actos de vinculación, y porque la
remuneración de los servicios se efectuó con cargo a los recursos del Fondo
Educativo Regional -FER-

Por ello, los actos acusados solo tuvieron en cuenta las vinculaciones
efectuadas con posterioridad al 31 de diciembre de 1980 a partir de los cual
concluyeron, erróneamente, que el requisito en materia de tiempo de servicios
no se cumplía.

1.2. Sentencia de primera instancia

El 17 de mayo de 2016, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección C, negó las pretensiones de la demanda porque no se
reunían los requisitos legales para el reconocimiento de la pensión gracia.

Ello, por cuanto no se cumplió con el tiempo de servicio mínimo exigido para el
reconocimiento pensional. No podían computarse los siguientes períodos pues ellos
correspondían, a su juicio, a vinculaciones nacionales, las cuales, al tenor de lo
establecido por la jurisprudencia contencioso administrativa no podían tenerse en
cuenta para la pensión gracia: del 31 de julio de 1980 al 2 de septiembre del mismo
año (Decreto Nro. 09121); del 1° de abril al 31 de mayo de 1981 (Decreto Nro. 5792),
y del 27 de julio al 31 de agosto de 1981 (Decreto Nro. 8253); y, del 1° de noviembre
de 1982 al 11 de diciembre de la misma anualidad (Decreto Nro. 1034).

Para arribar a tal conclusión, el Tribunal consideró que el carácter nacional de los
nombramientos derivaba, por un lado, de la participación, a título de visto bueno,
del Delegado del Ministerio de Educación Nacional en el Decreto Nro. 0912; y, por
el otro, porque la remuneración de los servicios prestados por la señora Osorio

1 Del 20 de octubre de 1980.
2
Del 16 de junio de 1981.
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Del 9 de septiembre de 1981.
4 Del 8 de enero de 1982.

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Ospina se realizó con cargo al presupuesto del FER, según lo informó la lectura de
los Decretos Nro. 0912, 579, 825, y 103.

1.3. Sentencia de segunda instancia. Decisión objeto de revisión

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado mediante sentencia
del 27 de septiembre de 2018 revocó la sentencia apelada, declaró la nulidad de los
actos administrativos acusados y, consecuencialmente, reconoció la pensión gracia
a la señora Osorio Ospina en cuantía “equivalente al 75% del promedio de todos los factores
salariales devengados en el año inmediatamente anterior a la consolidación de su estatus pensional,
esto es entre el 24 de octubre de 2009 y 25 de octubre de 2010”.

Como fundamento de la decisión, y luego de exponer el contexto normativo de la
pensión gracia, señaló que a partir de la sentencia de unificación del 21 de junio de
2018, proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado dentro del proceso
de radicado Nro. 3805-2014 CE-SUJ-SII-11-2018. M.P. Carmelo Perdomo Cuéter,
operó un cambio argumentativo y hermenéutico respecto de uno de los elementos
determinantes para el reconocimiento de la pensión gracia, ya que a partir de ese
pronunciamiento lo relevante es la naturaleza de la plaza docente -territorial o
nacionalizada- con independencia de la manera cómo se financien los sueldos del
docente.

Lo anterior, entre otras cosas, porque, tal como se expuso en el fallo de unificación
que se acogió:

(i) Los docentes territoriales y/o nacionalizados no se convierten en educadores
nacionales, cuando en el acto de vinculación, interviene, además del
representante legal de la entidad territorial, el delegado permanente del
Ministerio de Educación Nacional, como miembro de la Junta Administradora
del respectivo Fondo Educativo Regional – en lo sucesivo FER-, aun cuando
este último, certifique la vacancia del cargo junto con la disponibilidad
presupuestal.

(ii) La acreditación de la plaza a ocupar, es decir, que sea de carácter territorial o
nacionalizada, es lo verdaderamente importante para el reconocimiento de la
pensión gracia, porque el pago de las acreencias de los educadores
territoriales procedía de rentas endógenas de la respectiva localidad o de las
exógenas –situado fiscal- cuando se sufragaban los gastos a través de FER,
mientras que para los educadores nacionalizados, las erogaciones responden
al espectro de los recursos del Situado Fiscal, hoy Sistema General de
Participaciones.

Examinado el caso concreto a la luz de esas premisas se concluyó que la actora sí
cumplió con el tiempo de servicio requerido para acceder al reconocimiento de la
pensión gracia.

Primero, porque existió una vinculación territorial -no nacional- anterior al 31 de
diciembre de 1980, como lo demostraban el Decreto Nro. 912 del 20 de octubre de
1980 y la certificación Nro. 2478 del 25 de agosto de 2015 expedida por la Secretaría
de Educación Departamental de Caldas.

Segundo, porque las vinculaciones de la actora comprendidas entre 1980 y 1982 sí
eran computables para la pensión gracia pues se trataba de vinculaciones
territoriales. De un lado, porque la señora Osorio Ospina fue nominada como

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docente por el Gobernador de Caldas para una plaza territorial. Del otro, porque no
era relevante la participación del Delegado del Ministerio de Educación Nacional en
el Decreto 912 de 1980, ni que, conforme los Decretos Nro. 579, 825 y 103, los
reconocimientos de los servicios prestados se hubieren hecho con cargo al
presupuesto vigente del FER, pues lo esencial era la naturaleza de la plaza que,
según se anotó, era territorial.

Tercero, porque también eran computables los periodos de docencia certificados
por la Secretaría de Educación de Bogotá, esto es, los comprendidos entre 1987 y
2015, pues fueron identificados expresamente como vinculaciones territoriales, a
más de que los salarios de los años 2009 y 2010 fueron cancelados con recursos
propios del Distrito Capital.

Finalmente, se estimó que se cumplían los requisitos de edad y de buena conducta
en el desempeño como docente: la señora Osorio Ospina cumplió 50 años de edad
el 25 de octubre de 2010 -esto es, antes de la solicitud de reconocimiento pensional
que formuló a la UGPP- y carecía de antecedentes disciplinarios conforme el
certificado aportado al proceso -Nro. 44219935-.

2. Recurso extraordinario de revisión

2.1. Demanda

La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de Protección Social -UGPP-, a través de apoderada judicial, solicitó
se revoque la sentencia del 27 de septiembre de 2018, proferida por la Sección
Segunda, Subsección B del Consejo de Estado, dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho de carácter laboral identificado con el radicado nro.
25000-23-42-000-2015-05244-01, que accedió a las pretensiones de la demanda y
reconoció la pensión gracia a la señora Lucelly Osorio Ospina.

Para el efecto, se invocó la causal prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003,
literales a) y b), según los cuales procede la revisión de pensiones cuando (i) el
reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso o (ii) cuando la
cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o
convención colectiva que le eran legalmente aplicables.

Todo, porque no era procedente el reconocimiento de la pensión gracia ya que antes
del 31 de diciembre de 1980 la señora Osorio Ospina no estuvo vinculada como
docente territorial, a más de que no podía computarse el período comprendido entre
1980 y 1982 porque la beneficiaria ostentaba la calidad de docente nacional.

Esa conclusión se sustentó en el contenido de los Decretos Nro. 912, 579, 825 y
103 los cuales informaron de la participación del Delegado del Ministerio de
Educación Nacional y del reconocimiento de los servicios docentes a cargo del
presupuesto del FER; cuestiones que, en sentir del revisionista, evidencian la
vinculación nacional5, lo que se refuerza al tener presente que según el oficio Nro.

5 Esto, bajo el entendido de que la mera participación de los gobernadores y alcaldes en los actos de
nombramiento o vinculación no supone el carácter territorial de la vinculación. En sus palabras: “… resulta
válido afirmar que no puede interpretarse generalizadamente que los actos administrativos expedidos por
los Gobernadores y Alcaldes referentes a nombramientos y traslados de los docentes que laboren en dichos
territorios, se entienden este hecho como vinculaciones de carácter territorial, municipal o distrital, porque
como se anotó, estos dignatarios pueden estar actuando bien sea en calidad de representantes del FER o
de la función encomendada en razón de la descentralización administrativa que les fue atribuida, a nombre

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JAF-HV-157 del 19 de marzo de 2019, remitido por la Secretaría de Educación de
Caldas, “los recursos con los cuales se financió a la docente provienen de la Nación con cargo al
presupuesto respectivo de Fondo de educación Regional”.

Pese a eso, el Consejo de Estado en la providencia cuestionada desconoció el valor
probatorio de los decretos referidos pues, dejando de lado lo dispuesto en la Ley 43
de 19756, señaló que el tiempo servido en esos períodos -1980 a 1982- lo fue como
docente nacionalizada, cuando, insiste, la vinculación fue de carácter nacional.

Siendo así las cosas, se vulneró el debido proceso al momento de efectuar el
reconocimiento pensional pues se impuso una carga prestacional sin fundamento
legal, con grave afectación del interés general.

2.2. Intervención de la señora Lucelly Osorio Ospina

La señora Lucelly Osorio Ospina, a través de apoderado judicial, se opuso a las
pretensiones de la demanda de revisión pues los tiempos en discusión, esto es, los
servidos entre 1980 y 1982, sí fueron de carácter territorial pues, como lo dispuso
el Consejo de Estado en sentencia de unificación del 2018, y lo señaló la misma
corporación como juez de segunda instancia del caso, “la condición o naturaleza del
vínculo docente -nacional, nacionalizado o territorial- no está determinado por el origen de los
recursos destinados para cubrir las acreencias que general el respectivo vínculo” .

Por lo tanto, mal puede sostenerse que la vinculación durante el periodo en cuestión
hubiere sido nacional, como se propuso en la demanda.

Finalmente, formuló las siguientes excepciones: (i) buena fe, porque la solicitud de
reconocimiento pensional se presentó bajo la convicción de cumplir con los
requisitos legales exigidos, dentro de ellos el cumplimiento del tiempo de servicios
correspondiente; (ii) ausencia de daño y dolo, en tanto no “existe un detrimento del erario,
porque es una obligación del Estado que se pretende desconocer” ; e (iii) inconstitucionalidad
e ilegalidad, porque en la demanda se pretende “además del quebranto normativo, la
configuración de una vía de hecho no solo judicial sino también normativo”.

2.3. Intervención del Ministerio Público

El agente del Ministerio Público guardó silencio.

CONSIDERACIONES

1. Competencia

De acuerdo con los artículos 111 y 249 del C.P.A.C.A., la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado tiene competencia para conocer

y con recursos de la NACIÓN, lo que implica que dicho personal tiene vinculación NACIONAL y no está
cobijado por la pensión gracia”. (Resalto y mayúsculas del original).
6 Conforme con la previsión del artículo 10° de la Ley 43 de 1975, a partir del 1° de enero de 1976 se dio la
llamada nacionalización del servicio docente, por lo que la creación de nuevas plazas o cargos docentes
debían tener una aprobación previa del Gobierno Nacional – Ministerio de Educación Nacional y su
financiación estaba a cargo de la Nación. Luego, dichos nombramientos se entendían con carácter nacional,
con cargo al situado fiscal que continuaba atendiendo obligaciones o servicios a cargo de la Nación, por lo
que no podía considerarse que estos eran recursos propios del municipio.

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de los recursos extraordinarios de revisión contra las sentencias dictadas por las
Secciones y Subsecciones de esta Corporación7.

Se agrega que, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 107 del
C.P.A.C.A. 8, mediante el Acuerdo 80 de 20199, que compiló, entre otros, el Acuerdo
321 de 2014, emanado de la Sala Plena del Consejo de Estado, se reglamentó la
creación de salas especiales de decisión, encargadas de resolver los recursos
extraordinarios de revisión interpuestos contra las sentencias de las Secciones o
Subsecciones de esta Corporación10.

Luego, la Sala Especial de Decisión Nro. 13 de esta Corporación es competente
para conocer el presente recurso extraordinario de revisión.

2. Legitimación por activa

La UGPP se encuentra habilitada para adelantar el presente trámite de conformidad
con lo establecido en el numeral 6 del artículo 6 del Decreto 575 de 2013, según el
cual:

“Artículo 6. Funciones. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) cumplirá las siguientes funciones:
(…)
6. Adelantar o asumir, cuando haya lugar, las acciones previstas en el artículo 20 de la Ley
797 de 2003 o normas que la adicionen o modifiquen”.

3. Oportunidad de la acción

El inciso cuarto del artículo 251 de la Ley 1437 de 2011 prevé el término de
caducidad del recurso extraordinario de revisión para los casos previstos en el
artículo 20 la Ley 797 de 2003 en “cinco años siguientes a la ejecutoria de la providencia
judicial”.

En el presente asunto, la sentencia del 27 de septiembre de 2018, proferida por la
Sección Segunda del Consejo de Estado, quedó ejecutoriada el 15 de noviembre

7 “Artículo 111 CPACA. Funciones de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. La Sala de lo
Contencioso administrativo en pleno tendrá las siguientes funciones: “(…).2. Resolver los recursos
extraordinarios de revisión contra las sentencias dictadas por las secciones o subsecciones y los demás que
sean de su competencia”.
“Artículo 248 CPACA. Procedencia. El recurso extraordinario de revisión procede contra las sentencias
ejecutoriadas dictadas por las secciones y subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del
Consejo de Estado, por los Tribunales Administrativos y por los jueces administrativos”.
“Artículo 249 CPACA. Competencia. De los recursos de revisión contra las sentencias dictadas por las
secciones o subsecciones del Consejo de Estado conocerá la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo
sin exclusión de la sección que profirió la decisión”.
8 “Artículo 107 C.P.A.C.A. Integración y composición. (…)”.
“Créanse en el Consejo de Estado las salas especiales de decisión, además de las reguladas en este
Código, encargadas de decidir los procesos sometidos a la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo,
que esta les encomiende, salvo de los procesos de pérdida de investidura y de nulidad por
inconstitucionalidad. Estas Salas estarán integradas por cuatro (4) Magistrados, uno por cada una de las
secciones que la conforman, con exclusión de la que hubiere conocido del asunto, si fuere el caso.
“La integración y funcionamiento de dichas salas especiales, se hará de conformidad con lo que al respecto
establezca el reglamento interno”.
9 Publicado en el diario oficial, edición 50.913 de 1º de abril de 2019.
10
“Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019. Artículo 29.- Las Salas Especiales de Decisión decidirán los siguientes
asuntos de competencia de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo: 1. Los recursos extraordinarios
de revisión interpuestos contra las sentencias de las Secciones o Subsecciones del Consejo de Estado”.

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de la misma anualidad, según constancia de ejecutoria expedida por el Secretario
de la Sección el 22 de enero de 2019.

Por lo tanto, como la demanda se presentó el 8 de octubre de 2020 huelga concluir
que se realizó oportunamente.

4. Problema jurídico

Le corresponde a esta Sala Especial de Decisión establecer si en el caso concreto
se configuran las causales establecidas en los literales a) y b) del artículo 20 de la
Ley 797 de 2003, esto es, por haberse obtenido el reconocimiento pensional con
violación del debido proceso y/o haberse reconocido el derecho por una cuantía
superior a la que corresponde según la ley aplicable.

Las excepciones denominadas como “ausencia de daño y dolo”,
“inconstitucionalidad e ilegalidad” se refieren al fondo del asunto, por lo que se
resolverán con el mismo, en caso de que haya lugar a ello. Por su parte, la
excepción denominada buena fe solo deberá resolverse en caso de que se infirme
la sentencia cuestionada, pues ella se relaciona con la devolución de los valores
reconocidos y pagados a título de pensión gracia.

5. Recurso especial de revisión. Características y finalidad

La revisión de las providencias judiciales que hayan decretado el reconocimiento de
sumas periódicas a cargo del Tesoro Público o de fondos de naturaleza pública se
encuentra establecida en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 en los siguientes
términos:

“ARTÍCULO 20. REVISIÓN DE RECONOCIMIENTO DE SUMAS PERIÓDICAS A CARGO
DEL TESORO PÚBLICO O DE FONDOS DE NATURALEZA PÚBLICA. Las providencias
judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan
al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de
dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o
la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por
conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, del Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación.
La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una transacción o
conciliación judicial o extrajudicial.
La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de
revisión por el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier tiempo por las causales
consagradas para este en el mismo código y además:
a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y
b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley,
pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables” 11

Esa revisión, cuyo trámite es el del recurso extraordinario de revisión, tiene un
carácter sui generis12, pues, más allá de que puede dar lugar a la infirmación de una
sentencia ejecutoriada, presenta unos aspectos particulares que le dan entidad
propia. Dentro de esas notas características pueden referirse las siguientes:

11
Los apartes tachados fueron declarados inexequibles por la Corte Constitucional en la sentencia C-835 de
2003.
12 Tal como se señaló en la sentencia C.835 de 2003.

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Recurso extraordinario de revisión
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• Procedencia. El recurso procede no solo frente a sentencias ejecutoriadas
sino también respecto de otro tipo de providencias cuyo efecto sea el
reconocimiento de una prestación (v.gr., autos que terminan anormalmente el
proceso, o actos que sean consecuencia de acuerdos, tales como transacción
y conciliación). De ahí, entonces, que las providencias denegatorias del
derecho no serían susceptibles del recurso.

Con todo, el recurso no procede para la revisión de derechos reconocidos en
cuantías que estén por debajo de lo dispuesto por la ley, pacto o convención
aplicable.

• Legitimación por activa. La legitimación para su interposición recae en el
Gobierno Nacional, por medio del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social,
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la
República o del Procurador General de la Nación, al tenor de lo previsto en el
artículo 20 de la Ley 797 de 2003. También se encuentran legitimadas las
entidades que realizan el reconocimiento de pensiones públicas.

• Propósito del recurso. El objetivo principal del recurso es la protección del
patrimonio público, el interés general y el equilibrio financiero del sistema
pensional13

• Alcance del recurso. El análisis que se efectúa en el recurso de revisión
impide que el proceso se utilice como instancia adicional para la resolución de
aspectos que fueron abordados en el proceso ordinario correspondiente. No
se trata de un mecanismo para la exposición y resolución de simples
discrepancias respecto de las determinaciones adoptadas en las instancias.

Por eso, como lo ha expresado esta corporación, “no se trata de una tercera
instancia que admita reabrir el debate sobre el derecho a una prestación, pues su marco se
encuentra circunscrito a revisar los aspectos concernientes al reconocimiento del derecho
(literal a) y a la liquidación de aquel (literal b), cuando se reconoció con vulneración del debido
proceso o de la Ley, o en un valor mayor al que corresponde 14”

5.1. Reconocimiento obtenido con violación al debido proceso

De acuerdo con lo establecido en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003,
el recurso especial de revisión procede cuando el reconocimiento con cargo al
tesoro público o a fondos de naturaleza pública se obtuvo con violación al debido
proceso.

Así, la causal se configurará cuando en el reconocimiento de la prestación se
desconoció alguna o algunas de las garantías que integran el debido proceso,

13 Y es que tal como lo ha sostenido esta corporación: “[la] revisión de los montos de las pensiones reconocidas
en contra de lo establecido por la ley, en orden a salvaguardar el equilibrio entre la prestación y su legalidad,
así como también proteger los recursos limitados del tesoro público, la liquidez, solvencia y sostenibilidad
del sistema de seguridad social y el principio de universalidad que lo gobierna”. Consejo de Estado, Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión Nro. 4, M.P.: Lucy Jeannette Bermúdez
Bermúdez, sentencia del 1° de agosto de 2017. radicado: 11001-03-15-000-2016-02022-00.
14 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión Nro. 19, M.P.:
William Hernández Gómez, sentencia del 31 de mayo de 2021, radicado: 11001-03-15-000-2020-03092-00.
En similar sentido, ver, entre otras, las sentencias proferidas por: Sala Especial de Decisión Nro. 4 el 3 de
noviembre de 2020 con ponencia de la consejera Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez dentro del radicado
Nro. 11001-03-15-000-2020-03151-00; Sala Especial de Decisión Nro. 25 el 8 de noviembre de 2021 con
ponencia de la consejera Marta Nubia Velásquez Rico dentro del radicado Nro. 11001-03-15-0002020-
04141-00.

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dentro de las cuales se encuentran las siguientes: (i) el derecho a juez natural o
funcionario competente, (ii) el derecho a ser juzgado según las normas de cada
juicio o procedimiento, (iii) el derecho a la defensa y/o contradicción -que incluye,
entre otros, la presentación y participación en la producción de las pruebas, la
defensa técnica, el proceso público y sin dilaciones injustificadas, la motivación de
la decisión, el derecho a impugnar la decisión- , y (iv) el derecho a la independencia
o imparcialidad del juez.

Aspectos todos esos relevantes si se tiene presente que el debido proceso
constituye una garantía para todas las personas durante el trámite de las
actuaciones administrativas o judiciales en que ellas intervengan, según el artículo
29 constitucional.

5.2. Cuantía del derecho reconocido: exceso de lo debido

Por su parte, el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 prevé que el recurso
de revisión procederá “cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo
con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables”.

En la exposición de motivos de la referida norma se advirtió sobre la necesidad de
“construir esquemas sociales solidarios, financieramente viables y sostenibles en el tiempo, y,
equitativos para todos los ciudadanos” . Entonces la finalidad del artículo en mención era
reducir el déficit fiscal y hacer que el sistema pensional factible en términos
económicos, de allí que se permitiera la revisión de prestaciones periódicas a cargo
del erario, cuya cuantía exceda lo debido de acuerdo con las normas vigentes.

6. Caso concreto

Según se anotó, la UGPP edificó las causales de revisión sobre la misma base
argumentativa: el supuesto incumplimiento de los requisitos legales para acceder a
la pensión gracia por parte de la señora Osorio Ospina, específicamente, el relativo
al tiempo de servicio porque los años comprendidos entre 1980 y 1982 eran
vinculaciones de carácter nacional, razón por la que no podían considerarse para la
prestación reconocida.

Para esta Sala Especial de Decisión, esa argumentación corresponde a la utilización
del mecanismo especial a modo de instancia adicional. Lo pretendido es que se
resuelvan las discrepancias interpretativas que la UGPP tiene con la sentencia del
27 de septiembre de 2018, específicamente con la regla aplicada para establecer el
carácter territorial o nacionalizado de una plaza educativa. Considérese que:

• Al determinarse el problema jurídico sobre el cual recaería la decisión de la
causa apelada la sentencia recurrida indicó que se debía determinar “si para el
reconocimiento de la pensión gracia, (i) es viable el cómputo de servicios docentes prestados
a partir de nombramientos en los cuales haya intervenido el Fondo Educativo Regional –FER-
o hayan sido financiados con recursos del Situado Fiscal, hoy Sistema General de
Participaciones y (ii) cómo se acredita de manera idónea la prestación del servicio docente en
tal condición. E indicó que con la resolución de esos planteamientos, se determinaría con
certeza si el demandante tiene derecho a la pensión gracia o si por el contrario, no cumple
con el requisito del tiempo de servicios, de conformidad con la ley, tal y como lo afirma la
UGPP”.

Luego, es claro que desde ese mismo momento se propuso el análisis de la
problemática que vía del recurso de la referencia se pretende discutir.

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• Posteriormente, en la misma sentencia se hizo referencia a la improcedencia
del cómputo de tiempos de servicios de carácter nacional para el
reconocimiento de la pensión gracia.

Prueba de esto es que, con sustento en la legislación y jurisprudencia
aplicable, se advirtió que el beneficio de la pensión gracia solo cubre a los
docentes cuya vinculación sea territorial o nacionalizada, descartando a los
educadores del orden nacional.

Por demás, se precisó que para ser beneficiario de la pensión gracia lo que
debía analizarse y comprobarse era el tipo de nombramiento, la autoridad que
hace la designación, la institución educativa a la cual se prestaron los servicios
docentes y su naturaleza y, claro, los tiempos de servicios requeridos por la
Ley 114 de 2013, pero no la denominación que se le dé ni la forma que adopta
conforme a las certificaciones.

Así, mal puede hablarse del establecimiento de una regla que permitiera el
cómputo de tiempos de carácter nacional para el reconocimiento de la
prestación.

• Adicionalmente, la decisión recurrida acogió las consideraciones del fallo de
unificación de la Sección Segunda de 21 de junio de 2018, en el que se
destacó la importancia y preeminencia de la naturaleza jurídica de la plaza
docente a ocupar para el reconocimiento de la pensión gracia; providencia en
la que se fijaron las siguientes reglas:

“…(ii) la calidad de docente territorial o nacionalizado es otorgada por la ley, y no se
pierde, o cambia a nacional, cuando en el acto de vinculación del docente haya
intervenido el delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional ante el
respectivo fondo educativo regional o haya certificado la disponibilidad presupuestal o
la vacancia definitiva del cargo; (iii) en consecuencia, lo esencialmente relevante, frente
al reconocimiento de la aludida prestación, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto
es, que sea de carácter territorial o nacionalizada, pues en lo que respecta a los
educadores territoriales, el pago de sus acreencias provenía directamente de las rentas
endógenas de la respectiva localidad, o de las exógenas -situado fiscal- cuando se
sufragaban los gastos a través de los fondos educativos regionales, y en lo que tiene
que ver con los educadores nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se
enmarcan en los recursos del situado fiscal, hoy sistema general de participaciones…”.

• Y fue a la luz de esas reglas que se valoró el contenido de los decretos de
vinculación -identificados con los Nros. 912 del 20 de octubre de 1980, 579 del
16 de junio de 1981, 825 del 9 de septiembre de 1981, y 103 del 8 de febrero
de 1982-, así como de la certificación Nro. 2478 del 25 de agosto de 2015
expedida por la Secretaría de Educación Departamental de Caldas.

En efecto, el juez de segunda instancia tuvo en cuenta que en uno de los actos
administrativos de vinculación participó el Delegado del Ministerio de
Educación Nacional, al tiempo que en dichos actos -los de vinculación- se
estableció que los servicios eran a cargo del FER. Fue por eso que en la
providencia cuestionada se anotó lo siguiente:

“46. Se pone de presente que la vinculación inicial de la actora ocurrió a partir del 31 de
julio de 1980, en condición de docente en interinidad; cumpliendo así el requisito de
encontrarse nombrando antes del 31 de diciembre de 1980, sin que obste que hubiere
sido temporal, pues tal como lo ha definido la jurisprudencia de la sección segunda,
para efectos del reconocimiento a la pensión gracia, lo importante es la prestación

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efectiva del servicio docente siempre que el vínculo fuere territorial o nacionalizado,
siendo viables todas las modalidades de nominación oficial.
47. Pues bien con relación a los periodos comprendidos entre 1980 a 1982, es evidente
que la autoridad que nominó a la demandante como docente fue el Gobernador de
Caldas para una plaza territorial, en donde termina siendo irrelevante que el Decreto
No. 0912 de 20 de octubre de 1980 haya tenido el visto bueno del Delegado de
Ministerio de Educación Nacional para el FER de Caldas, y que los Decretos 059, 0825,
y 0103, hayan señalado que dichos reconocimientos en el Ramo de la Educación, se
harían con cargo al presupuesto vigente del FER, pues lo que importa es la naturaleza
de la plaza.”

En esa medida, se repite, en la sentencia recurrida sí se valoró la integridad del
contenido de los documentos referenciados por la parte actora. Cuestión diferente
es que en aplicación de las reglas de unificación acogidas y a la luz de las cuales
se examinó el caso concreto mal pudiera considerarse el tiempo entre 1980 y 1982
como de carácter nacional.

Por lo tanto, es claro que lo pretendido es reabrir el debate para discutir la regla de
unificación aplicada en la sentencia cuestionada; propósito para el cual no se
estableció el recurso especial de revisión.

7. Costas

De acuerdo con lo previsto en el artículo 188 del C.P.A.C.A. la sentencia dispondrá
sobre la condena en costas “salvo en los procesos que se ventile un interés público”.

Para la Sala Especial de Decisión este es un proceso en el que se ventila un interés
público como lo es la protección del erario, razón por la que es improcedente la
condena en costas. Así es preciso observar que, como lo ha establecido la
jurisprudencia de a corporación, “el ejercicio del mecanismo de revisión de que trata el artículo
20 de la Ley 797 de 2003, constituye una herramienta para afrontar los graves casos de corrupción
en esta materia y evitar el detrimento del Tesoro Público y un mecanismo de defensa de los principios
de eficiencia, universalidad, solidaridad, integralidad, unidad y participación que rigen el servicio
público esencial de seguridad social, además de una garantía del principio de sostenibilidad
financiera del sistema pensional 15”.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sala Especial de Decisión Nro. 13, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. Declarar infundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de Protección Social -UGPP- contra la sentencia del 24 de
septiembre de 2018, proferida por la Sección Segunda, Subsección B del
Consejo de Estado dentro del proceso de radicado Nro. 25000-23-42-000-
2015-05244-01 (3830-2017).

15 Cfr., entre otras: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión
Nro. 19, sentencia del 18 de agosto de 2021, M.P.: William Hernández Gómez, radicado Nro.: 11001-03-15-
000-2020-03549-00. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de
Decisión Nro. 9, sentencias del 22 de noviembre de 2021, 10 de diciembre de 2021, y, 25 de febrero de
2022, M.P.: Gabriel Valbuena Hernández, radicados Nro.: 11001-03-15-000-2020-03231-00, 11001-03-15-
000-2019-05024-00, y, 11001-03-15-000-2019-04468-00, respectivamente.

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Radicado: 11001-03-15-000-2020-04341-00 (7167)

2. No condenar en costas.

3. En firme esta providencia, archívese el expediente.

Cópiese, notifíquese y cúmplase,

La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala Especial Decisión
Nro. 13 en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Magistrada Magistrado

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ MARTIN BERMUDEZ MUÑOZ
Magistrado Magistrado
ACLARA EL VOTO
SALVA PARCIALMENTE EL VOTO

(Firmado electrónicamente)
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

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