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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2020-04497-01

Acción de tutela contra providencia judicial

Fecha
1 de julio de 2021
Consejero ponente
Myriam Stella Gutiérrez Argüello

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2020-04497-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA Revocar la decisión impugnada, proferida el 20 de noviembre de 2020, por la Sección Primera del Consejo de Estado, que negó las pretensiones de la acción de tutela en relación con el cargo por desconocimiento del precedente judicial y declaró la improcedencia del amparo frente al defecto fáctico. En su lugar, amparar los derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad invocados por Claudia Patricia Moreno Vega, la menor de edad “AAA”, Jorge Moreno García, Hilda María Moreno Vega, Marisol Moreno Vega e Hilda Vega Rueda, de conformidad con las razones expuestas en esta providencia Como consecuencia de lo anterior, dejar sin efectos la sentencia del 8 de octubre de 2020, proferida en segunda instancia por el Tribunal Administrativo de Santander, en el medio de control de reparación directa con Radicado Nro. 68001-33-33-001-2016-00264-00/01; y ordenar a la citada autoridad judicial que, en el término de veinte (20) días, contados a partir de la notificación de esta providencia, profiera una sentencia de reemplazo en la que se tengan en cuenta las consideraciones hechas en la presente decisión. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-15-000-2020-04497-01

Consejero ponente: Myriam Stella Gutiérrez Argüello

1 de julio de 2021

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA / AUSENCIA DE DEFECTO FÁCTICO – Adecuada valoración de las pruebas / AUSENCIA DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO CON OCASIÓN A DAÑOS CAUSADOS POR IRREGULARIDADES EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO - Lanzamiento por ocupación de hecho a fin de ejecutar proyecto de vivienda de interés social / FALTA DE PRUEBA DEL DAÑO ANTIJURÍDICO

En el caso concreto, la motivación expuesta por el Tribunal Administrativo de Santander en realidad es una conclusión probatoria desprovista de un razonamiento que explique cuáles fueron las pruebas que permitieron llegar a ella y por qué los medios probatorios aportados por los demandantes no eran suficientes para demostrar la hipótesis defendida por ellos, es decir, la de la acreditación del daño causado por la contraparte. (…) De otra parte, la Sala considera que en el análisis de los daños derivados de diligencias de recuperación de bienes de la administración pública, es indispensable acudir a la jurisprudencia constitucional que de manera clara y pormenorizada ha indicado las garantías que deben rodear estas operaciones administrativas. En concreto, el caso que se analiza está precedido de sentencia de tutela de la Corte Constitucional (T-109 de 2015), en la que se evidenciaron irregularidades en la diligencia específica en que se hizo el lanzamiento de la señora [C.P.M.V.]; decisión que se adoptó con las mismas pruebas aportadas en el proceso de reparación directa. (…) Con lo dicho, la Sala no pretende que el juez de la causa acoja sin ningún filtro o consideración la valoración probatoria o el razonamiento expuesto por otro juzgador, un entendimiento en ese sentido pondría en riesgo los principios de autonomía e independencia judicial; pero si estima necesario que en caso de no compartir o estimar pertinentes los argumentos del Tribunal Constitucional exponga en términos de suficiencia y razonabilidad los fundamentos de su disenso. (…) En este orden se reitera que la afirmación relativa a que no se evidenció la concreción de daños por una actuación irregular en la diligencia de lanzamiento por ocupación de bienes de uso público, debió consultar las garantías y presupuestos que ha construido la jurisprudencia constitucional, para que en conjunto con las pruebas del proceso se concluya si la entidad responsable incurrió o no en arbitrariedad e ilegalidad. (…) De acuerdo con lo anterior, considera la Sala que las conclusiones probatorias expuestas por el Tribunal Administrativo de Santander no encuentran respaldo en la información que deriva de las pruebas del proceso, como se indicó, ni para fundamentar la conclusión probatoria que acoge ni para refutar la contraria, lo que se concreta en un defecto fáctico

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Consejera ponente: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá D.C., primero (1º) de julio de dos mil veintiuno (2021)

Radicación número: 11001-03-15-000-2020-04497-01(AC)

Actor: CLAUDIA PATRICIA MORENO VEGA Y OTROS

Demandado: JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BUCARAMANGA Y TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte accionante contra la sentencia del 20 de noviembre de 2020, proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado, que resolvió:

“PRIMERO: DECLARAR improcedente el amparo respecto al defecto fáctico, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NEGAR las demás pretensiones del amparo interpuesto por Claudia Patricia Moreno Vega, Jorge Moreno García, Hilda María Moreno Vega, Marisol Moreno Vega e Hilda Vega Rueda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.”

ANTECEDENTES
Pretensiones

El 21 de octubre de 2020, los señores Claudia Patricia Moreno Vega, Jorge Moreno García, Hilda María Moreno Vega, Marisol Moreno Vega e Hilda Vega Rueda instauraron acción de tutela contra el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Bucaramanga y contra el Tribunal Administrativo de Santander, porque consideran que la sentencias del 17 de octubre de 2017 y del 8 de octubre de 2020, proferidas en primera y segunda instancia del proceso de reparación directa Nro. 68001-33-33-001-2016-00264-01, vulneran sus derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad.

En consecuencia, formularon las siguientes pretensiones:

“(…) 1. Solicito se ordene a los accionados al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER y al Juzgado primero (sic) oral (sic) del circuito (sic) administrativo (sic) de Bucaramanga, en segunda instancia y (sic) JUZGADO PEIMERO (sic) ORAL DEL CIRCUITO ADMINISTRATIVO DE BUCARAMANGA en primera instancia, CESAR EN LA VÍA DE HECHO IMPLEMENTADA Y RESTABLECERME EN LOS DERECHOS FUNDAMENTALES ordenado (sic) dejar sin efectos jurídicos el (sic) fallos o sentencia de segunda instancia emitidos dentro del radicado 680013333001-2016-00264-01 proceso por el medio de control de reparación directa de los actores contra el Municipio de Floridablanca, reconociendo que tal fallo fue emitido en vulneración na (sic) derechos fundamentales. Que consecuencialmente se me restablezca en mis derechos profiriendo un nuevo fallo según las consideraciones que realice el Juez de amparo constitucional (…)
2. Hechos
Del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

2.1. En la acción de tutela, se informó que en el año 2006, la señora Claudia Moreno Vega fue elegida como beneficiaria de un proyecto de vivienda de interés social denominado Altos de Bellavista etapas II y IV en el municipio de Floridablanca (Santander). Así que, a través de promesa de compraventa de bien inmueble de interés social, suscrito entre Claudia Patricia Moreno Vega y el Banco Inmobiliario de Floridablanca – BIF, se dispuso la adquisición de dominio y posesión del bien inmueble del apartamento No. 303 de la torre No. 2.20 de la unidad residencial de interés social denominada Altos de Bellavista Etapas II y IV, con su respectiva acta de asignación y adjudicación

El proyecto no se construyó porque el terreno del lote no era apto y las obras de mitigación necesarias para su eventual adecuación lo hacían inviable. Entonces, ante el alegado incumplimiento del municipio de Floridablanca, algunas familias, entre esas la de la señora Claudia Patricia Moreno Vega, decidieron ocupar de manera pacífica e ininterrumpida el globo 1 del terreno que se había designado para llevar a cabo el proyecto. Indicaron que desde la ocupación adelantaron mejoras como construcción de casas de madera y ladrillo, pisos de zinc y Eternit, entre otros. También destacaron que algunas viviendas contaban con servicios públicos completos.

El Banco Inmobiliario de Floridablanca promovió proceso administrativo policivo de lanzamiento por ocupación de hecho para desalojar a los ocupantes del predio y así adelantar en ese lugar un nuevo proyecto de vivienda social, lo que exigía terminar con la perturbación. El conocimiento del proceso policivo fue asumido por la Inspección Primera de Policía de Floridablanca (Santander) que, en Resolución 007 del 3 de abril de 2014, concedió el amparo policivo por perturbación a la propiedad, por lo que ordenó su cesación y que sus ocupantes se trasladaran al globo de terreno Nro. 2, en el término de dos días. Esta decisión fue confirmada en Resolución 011 del 23 de abril de 2014.

Contra la decisión de desalojo, los interesados interpusieron acción de tutela para evitar la consumación de un perjuicio irremediable, derivado de la reubicación de los ocupantes en una zona que carecía de servicios públicos y de garantías de habitabilidad.

El conocimiento del asunto constitucional correspondió en primera instancia al Juzgado Cuarto Promiscuo Municipal de Floridablanca que (i) concedió el amparo, (ii) suspendió el procedimiento de desalojo y (iii) ordenó realizar un censo socio-económico de todos los ocupantes, de modo que se les pudiera garantizar una solución real y digna de albergue temporal. En la segunda instancia del proceso de tutela, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Bucaramanga revocó la anterior decisión, a través de providencia del 17 de junio de 2014.

La diligencia de desalojo se realizó los días 3 y 4 de septiembre de 2014 y en esta se procedió con la demolición de las casas de las familias que ocupaban el predio, entre las que estaba la de la hoy accionante. La señora Moreno Vega dijo que no se les ofrecieron alternativas dignas de reubicación y que en la actuación de desalojo se incurrió en arbitrariedades que afectaron sus derechos fundamentales.

El asunto fue seleccionado para revisión por la Corte Constitucional que, en sentencia T-109 del 25 de marzo de 2015, decidió revocar la decisión del Juzgado Segundo Civil del Circuito de Bucaramanga y, en su lugar, amparar los derechos al debido proceso y a la vivienda digna de los accionantes. Adicional a lo anterior, confirmó parcialmente la decisión del juez de tutela de primera instancia.

2.2. La señora Claudia Moreno Vega y otros interpusieron demanda de reparación directa contra el municipio de Floridablanca (Santander), para que se declarara su responsabilidad administrativa y patrimonial por los perjuicios causados con ocasión al desalojo y la demolición de casas en el lote denominado Altos de Bellavista del Municipio de Floridablanca. Como consecuencia de lo anterior, que se le condenara a reconocer y pagar los respectivos perjuicios materiales y morales.

2.3. El conocimiento del asunto correspondió al Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Bucaramanga. Esta autoridad emitió sentencia parcial de condena el 17 de septiembre de 2017, ya que encontró acreditado el daño alegado como consecuencia del desalojo realizado en el globo de terreno Nro. 1 del sector de Altos de Bellavista, los días 3 y 4 de septiembre de 2014. Como fundamento de su decisión expuso que en el proceso se acreditó que los demandantes fueron desalojados de manera arbitraria y que en la diligencia fueron desconocidos sus derechos fundamentales.

2.4. Las partes recurrieron la decisión. El Tribunal Administrativo de Santander, en sentencia del 8 de octubre de 2020, revocó la decisión de primera instancia y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la parte actora.

La autoridad judicial consideró que en el curso del proceso se probó que las construcciones se efectuaron de manera ilegal y por ende no pueden tener respaldo jurídico, más aún cuando el lote de terreno se encuentra bajo la custodia del Banco Inmobiliario de Floridablanca. En ese contexto, consideró que no se puede asimilar los daños que se causan a una construcción que cuenta con las licencias y permisos frente a una que se desarrolló de manera “ilegal y oculta”.

Agregó que “una actuación ilegal no puede utilizarse para sacar provecho económico y por ende tampoco su viabilidad en la que se puedan desprender perjuicios morales, más en el presente asunto lo percibido es el padecimiento de las familias por el incumplimiento de una promesa de compraventa de bien inmueble de interés social suscrito con el Banco Inmobiliario de Floridablanca, razón por la que no fue objeto de estudio por el juez de instancia y debieron ser demandados en su momento como pretensión contractual.”
3. Fundamentos de la acción
Los demandantes precisaron, que con la acción de tutela no controvierten la legalidad de la actuación por parte de la administración municipal, sino el hecho de que no se les hubiera brindado una opción digna de reubicación y que no les reconocieron las mejoras que hicieron al terreno. Además, indicaron que el proceso policivo de lanzamiento por ocupación no implica la destrucción de bienes y enseres de los ocupantes, como se hizo en el caso que se estudia.

Consideran que al proferir la sentencia del 8 de octubre de 2020, el Tribunal Administrativo de Santander incurrió en defecto fáctico, en defecto por desconocimiento del precedente judicial y en defecto sustantivo.

3.1. Frente al desconocimiento del precedente judicial, aduce omitidas las siguientes providencias:

Sentencia del 28 de enero de 2015. Proceso Nro. 47001-23-31-000-2002-00443-01 con ponencia del magistrado Hernán Andrade Rincón (E). Providencia en la que se analizó el asunto del reconocimiento de mejoras derivadas de procesos de desalojo forzado en bienes de uso público.

Sentencia del 28 de agosto de 2014. Proceso Nro. 0500123-25-000-1999-01063-01 (32988) con ponencia del magistrado Ramiro de Jesús Pazos Guerrero y “SENTENCIA DE LA SALA PLENA DE LA SECCIÓN TERCERA DEL CONSEJO DE ESTADO DE 14 DE SEPTIEMBRE DE 2011, exp. 19031 y 38222”. Estas sentencias se citaron sin indicación del escenario fáctico ni de las reglas jurídicas que se estiman pertinentes para resolver el asunto.

Sentencia de tutela del 31 de octubre de 2018. Proceso Nro. 11001-03-15-000-2018-02271-0 con ponencia de la magistrada Stella Jeannette Carvajal Basto. Indicó que en la providencia se analizó el desconocimiento del precedente judicial relativo al reconocimiento de las mejoras en materia de desalojo para la recuperación del espacio público.

Sentencias de la Corte Constitucional: C-131 de 2004, SU-360 de 1999, T-210 de 2010 y T-527 de 2011.

3.2. En cuanto al defecto fáctico, consideran que la sentencia de segunda instancia vulneró su derecho al debido proceso, porque la decisión adoptada no se acompasa con la información emanada de las pruebas que fueron legal y oportunamente aportadas al proceso.

Advierten que ninguna de las pruebas del proceso respalda la conclusión del tribunal, de que “la construcción se desarrolló de manera ilegal y oculta”. En este sentido, explican que se debe diferenciar entre una construcción sin licencia y una ilegal.

Adicional a lo anterior, indicaron que el Tribunal desconoció que las construcciones que califica como ilegales pueden ser objeto de resarcimiento de perjuicios, con miras a devolver la inversión realizada a título de mejora sobre el bien.

Finalmente, aducen que la decisión desconoce su derecho a la igualdad, porque en otros casos similares al que se analiza, los jueces han aprobado las conciliaciones prejudiciales en las que se ha indemnizado los daños derivados de lanzamiento por ocupación.

Trámite impartido e intervenciones

En proveído del 3 de noviembre de 2020, el a quo adoptó las siguientes determinaciones: (i) admitió la acción de tutela; (ii) ordenó notificar a las partes de la acción de tutela y al agente del Ministerio Público ; y (iii) vinculó en calidad de terceros con interés al municipio de Floridablanca y a la menor de 18 años de edad “AAA”.

El Municipio de Floridablanca (Santander), por conducto de apoderado judicial, realizó un breve contexto de los hechos que dieron origen a la demanda de reparación directa que interpusieron los hoy accionantes.

La entidad territorial expuso su desacuerdo con la decisión de la sentencia ordinaria de primera instancia, por las siguientes razones:

El proyecto denominado Altos de Bellavista Etapas II y IV no se llevó a cabo, porque los estudios técnicos determinaron que los terrenos eran inviables económica y financieramente debido a las obras importantes de mitigación que se debía adelantar para adecuar el terreno.

El municipio no solicitó el amparo policivo (querella de lanzamiento por ocupación de hecho), este trámite fue iniciado por la directora General del Banco Inmobiliario de Floridablanca ante el despacho del alcalde. El caso fue remitido por competencia a la Inspección Primera de Policía de Floridablanca, quien avocó conocimiento del asunto el 5 de marzo de 2014. El asunto además fue notificado por aviso del 5 de marzo de 2014, a la hoy accionante, quien se negó a firmar acta de compromiso que había suscrito la inspección con otros ocupantes del predio.

La diligencia de desalojo se llevó a cabo en el mes de septiembre, lo que evidencia que la señora Moreno Vega conoció del proceso con 5 meses de antelación, pero decidió no reubicarse, a pesar de que se le informó sobre el nuevo proyecto de interés social del cual sería beneficiaria, por lo que se requería con urgencia que cesara la perturbación.

El Banco inmobiliario de Floridablanca es una entidad descentralizada con personería jurídica propia, por lo que puede responder de manera autónoma por el contrato de promesa de compraventa de inmueble de interés social.

El ente territorial Municipio de Floridablanca, sí ofreció otras alternativas de vivienda para los beneficiarios del proyecto Altos de Bellavista Etapas II y IV, para la época de los hechos en aras de ayudar a esta colectividad, y en tal sentido decidió dividir este gran lote de terreno, en dos lotes denominados globo 1 y globo 2, con el único fin de generar un nuevo Proyecto de Vivienda de Interés Social que se construiría en el lote globo 1 y que se llamaría Cerros de la Florida, proyecto que favorecería a las más de 474 familias beneficiarias del anterior proyecto de vivienda Altos de Bellavista Etapas II y IV, y específicamente, a la señora Claudia Patricia Moreno Vega.

De lo anterior concluyó:

“Todo lo anterior nos indica, Su Señoría, que el desalojo o el procedimiento de Amparo Policivo, aplicado durante los días 3 y 4 de Septiembre 2014, NO FUE ILEGAL, por el contrario con esta medida se buscaba favorecer no solo a la demandante señora CLAUDIA PATRICIA MORENO VEGA, sino también a las otras 474 familias que tenían igual derecho, y que en últimas se vieron perjudicados por estas pocas familias, que no se quisieron trasladar voluntariamente del lote GLOBO 1, al lote GLOBO 2, ya que el FINDETER, había puesto como condición, para incluir el nuevo Proyecto de Vivienda de Interés Social denominado CERROS DE LA FLORIDA, que el lote GLOBO 1, estuviera libre de toda perturbación (ocupación de hecho y/o invasión).”

El Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Bucaramanga, por conducto del titular del despacho, solicitó que se nieguen las pretensiones de la acción de tutela, porque no le son atribuibles ninguno de los defectos alegados en la demanda. Advirtió que en el trámite de primera instancia se garantizaron todos los ámbitos del debido proceso de las partes.

La señora Claudia Patricia Moreno Vega obrando en representación legal de su hija menor de 18 años de edad “AAA” indicó lo siguiente:
“… me permito informar a su Despacho que me doy por enterada del auto de fecha 3 de noviembre de 2020, mediante el cual se ordenó la admisión de la tutela de la referencia, y en el que ordena en el numeral TERCERO vincular a mi hija como tercero con interés legítimo (…)”.
4.5. El Tribunal Administrativo de Santander guardó silencio en esta oportunidad procesal.
5. Providencia impugnada
En sentencia del 20 de noviembre de 2021, la Sección Primera del Consejo de Estado negó la solicitud de amparo relativa al alegato por desconocimiento del precedente judicial, porque las providencias relacionadas como sustento del cargo no guardaban identidad fáctica ni jurídica con el asunto sub examine.

Frente al defecto fáctico, el a quo declaró la improcedencia del cargo, porque consideró que la parte actora no cumplió con la carga mínima de argumentación, en razón a que omitió indicar concretamente los medios de prueba que estimaba indebidamente valorados, cuál era su relevancia para decidir el asunto, y en qué consistió el error en el juicio de valoración probatoria que se pueda calificar como arbitrario e irrazonable.
6. Impugnación
Los accionantes impugnaron la sentencia de tutela de primera instancia, dado que en su consideración las pruebas aportadas al proceso acreditan con suficiencia los daños que les causó la actuación de la administración municipal de Floridablanca, la cual estiman arbitraria e injusta.

Consideran que no es razonable que la Corte Constitucional en la Sentencia T-109 de 2015, a partir del mismo expediente policivo que se aportó como prueba al proceso contencioso, evidenciara que la actuación administrativa vulneró los derechos fundamentales de los ocupantes del predio, pero que, con idéntico acervo probatorio, el juez de la reparación directa concluyera que no se acreditaron los daños y su atribución al municipio de Floridablanca.

En palabras de los impugnantes:

“Que la probanza en el trámite contencioso administrativo que se debate es clara en ilustrarnos como el supuesto desalojo y la destrucción de bienes realizada por la administración municipal de Floridablanca los días 3 y 4 de septiembre de 2014, fue una actuación arbitraria e ilegal, en tal forma lo considero la corte constitucional con el análisis del mismo expediente policivo que se tuvo en este proceso.

No es factible que para la Corte constitucional bajo el estudio del proceso policivo considere que la actuación de la administración municipal de Floridablanca fue vulneradora de derechos constitucionales, fue arbitraria e injusta, y para la jurisdicción contenciosa administrativa bajo las mismas probanzas considere que no existe pruebas sobre que la destrucción de bienes por parte de la administración municipal sea ilegal. (...)

No observó el fallo de primera instancia que de la lectura de la providencia del Corporado de Santander, se desprende que no señala prueba alguna que exonere de responsabilidad a la administración pública por los daños ocasionados a los demandantes, y que antes por el contrario existe un fallo del Corporado de cierre en ampro de derechos constitucionales que señala la ilegalidad y arbitrariedad de la administración pública.”

Finalmente, advirtieron que no existe disposición legal que faculte a la administración municipal para destruir bienes particulares en una diligencia de desalojo y reubicación, situación que evidencia la ilegalidad de la actuación de la administración.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y reglamentada por el Decreto 2591 de 1991, fue concebida como un mecanismo para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales, ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo, es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
2. La acción de tutela contra providencias judiciales
La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales, y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales y especiales que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se deben reunir todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o requisitos especiales de la acción.

De manera pacífica y reiterada, la jurisprudencia constitucional ha indicado que cuando se interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen de los requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para no desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad, cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido proceso.

Es por lo anterior, que la procedencia de la acción contra providencias judiciales exige un mayor rigor en la fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia judicial objeto de tutela y que el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe restringirse únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes en el proceso.

3. Planteamiento del problema jurídico
Se precisa, en primer lugar, que el análisis de los argumentos de la acción de tutela se restringirá a la sentencia de segunda instancia proferida en el curso del proceso de reparación directa Nro. 68001-33-33-001-2016-00264-01. Esta delimitación del problema jurídico obedece a que las inconformidades contra la sentencia de primera instancia se deben presentar ante la autoridad competente en ejercicio del recurso idóneo, para este caso, el de apelación. En esa medida, es en la segunda instancia donde se define de manera definitiva la controversia y en la que corresponde al juez de tutela concentrar el análisis de la alegada vulneración iusfundamental.

Establecido lo anterior, se tiene que en el escrito de impugnación los accionantes discutieron que el Tribunal Administrativo de Santander omitió, en la motivación de su providencia, el análisis de la sentencia T-109 de 2015 en la que la Corte Constitucional expuso las irregularidades en que incurrió el municipio de Floridablanca durante la operación administrativa de desalojo, con fundamento en el análisis del expediente policivo que se aportó y otras pruebas recaudadas en el curso del trámite de la tutela. Insistieron en que las mismas pruebas que hicieron parte del proceso constitucional fueron aportadas en la jurisdicción contenciosa para acreditar los daños causados como consecuencia de la actuación arbitraria e ilegal de la administración en la diligencia de desalojo y reubicación.

Luego, corresponde a la Sala establecer si el Tribunal Administrativo de Santander desconoció la sentencia T-109 de 2015, como antecedente relevante para decidir el caso objeto de análisis y si incurrió en defecto fáctico al omitir la valoración de los medios de prueba aportados al proceso y que, presuntamente, acreditaban el daño antijurídico que se causó a los demandantes.

Análisis del caso concreto

Acción de tutela relativa al procedimiento de desalojo forzado

Para tener una comprensión integral del escenario fáctico que se estudia, esta Sala estima necesario hacer referencia a la sentencia T-109 del 25 de marzo 2015 de la Corte Constitucional, en la que se analizó el proceso policivo de lanzamiento por ocupación de hecho a cargo de la Inspección Primera de Policía de Floridablanca y en la que se concluyó que esta entidad y la Alcaldía de Floridablanca vulneraron los derechos fundamentales de los accionantes al debido proceso y a la vivienda digna.

Como se indicó en el acápite de hechos de esta sentencia, varios de los ocupantes del globo Nro. 1 del terreno que había sido asignado al programa de vivienda Altos de Bellavista, interpusieron acción de tutela para que se suspendiera el proceso policivo de lanzamiento, por considerar que vulneraba sus derechos al debido proceso y a la vivienda digna. El juez que conoció la tutela en primera instancia, en sentencia del 13 de mayo de 2014, amparó los derechos invocados y dictó órdenes específicas para cesar la vulneración iusfundamental, entre ellas, la suspensión provisional del procedimiento de desalojo. No obstante, la decisión fue revocada en integridad por el juez de la segunda instancia de la acción de tutela, en sentencia del 17 de junio de 2014.

La diligencia de lanzamiento se llevó a cabo los días 3 y 4 de septiembre de 2014, entre las familias objeto de desalojo estaba la de la señora Claudia Patricia Moreno Vega.

En auto del 10 de noviembre de 2014, la Corte Constitucional seleccionó para revisión la acción de tutela de la referencia y dictó sentencia el 25 de marzo de 2015. En la providencia, indicó que en relación con las pretensiones de la acción de amparo se había materializado la carencia actual de objeto por hecho consumado debido a que ya se había llevado a cabo la diligencia de desalojo, pero evidenció conveniente pronunciarse de fondo sobre el asunto, para fijar un precedente hacia futuro y adoptar medidas correctivas para mitigar la afectación que subsistía frente a las alegadas condiciones de insalubridad y riesgo geológico de los hogares transitorios.

En relación con los límites constitucionales del desalojo forzoso, la Corte indicó que si bien es cierto que el ordenamiento jurídico colombiano contempla este procedimiento como una medida justificada que propende por la recuperación de un bien que fue ocupado de manera irregular; también lo es que, las autoridades encargadas de este procedimiento deben actuar “de manera adecuada, proporcional y respetando el debido proceso de los involucrados. En caso contrario, podrán ordenarse medidas de reparación o resarcimiento económico así como la suspensión de los procedimientos. (…) En consecuencia, aunque sea cierto que la defensa de la propiedad goza de rango constitucional, más aún tratándose de bienes públicos destinados al interés general, su protección no ha de derivar en la negación total de quienes se vieron en la necesidad de ocupar un determinado predio en busca de un techo.”

Con fundamento en el análisis de la doctrina internacional, llamó la atención en que los procesos de desalojo forzado, corresponde a las autoridades administrativas observar siguientes directrices y garantías básicas:

“(...) (ii) Las autoridades en caso que pretendan recuperar bienes, deben implementar las medidas adecuadas para la protección de los derechos fundamentales de los afectados. Así, de acuerdo con las observaciones número 4 de 1991 y 7 de 1997 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y los Principios de Pinheiro, las autoridades deben, entre otros aspectos:

“(a) garantizar el debido proceso, (b) consultar previamente a la comunidad afectada, (c) notificar de la decisión de desalojo en un plazo suficiente y razonable, (d) suministrar a los interesados, en un plazo razonable, información relativa a los desalojos previstos y a los fines que se destinarán las tierras o las viviendas; (e) estar presentes durante la diligencia; (f) identificar a todas las personas que efectúen el desalojo; (g) no efectuar desalojos cuando haya muy mal tiempo o de noche, salvo que las personas afectadas den su consentimiento; (h) ofrecer recursos jurídicos efectivos a los afectados; y (i) ofrecer asistencia jurídica a la comunidad para solicitar la garantía de sus derechos y, si es del caso, la reparación de los daños que les sean causados.”

Adicional a lo anterior, el alto Tribunal consideró que corresponde al juez constitucional identificar y diferenciar los casos en los que las personas pretenden abusar de sus derechos obstruyendo la recuperación legítima de los predios, de aquellos en los que la necesidad de un grupo de ciudadanos los lleva a buscar refugio en un predio que no es de su propiedad, pero ante el desinterés del Estado surge en ellos una confianza legítima de poder permanecer allí para salvaguardar sus necesidades básicas.

En ese orden, recordó que en sentencia T-314 de 2012, la Corte Constitucional al evidenciar la situación de vulnerabilidad a la que quedarían expuestos las personas desalojadas por ocupar bienes de uso público, sentenció que el deber de protección de estos bienes no autorizaba a las autoridades para desconocer la confianza legítima cimentada en la buena fe de los ocupantes “quienes a falta de espacios apropiados para el desempeño de un trabajo o la necesidad de una vivienda digna, se ven obligados a ocupar de hecho tales áreas”. Con fundamento en este precedente de tutela, concluyó que “el criterio fundamental en cualquier proceso de desalojo es evitar que «haya personas que se queden sin vivienda o expuestas a violaciones de otros derechos humanos». Cuando los afectados no dispongan de recursos, el Estado deberá adoptar entonces todas las medidas necesarias, en la mayor medida que permitan sus recursos, para que se proporcione otra vivienda, reasentamiento o acceso a tierras productivas.”

Ahora, en relación con la ocupación que adelantaron los hoy accionantes, la Corte Constitucional expuso que obedeció a la necesidad de proveerse una vivienda digna reforzada por la confianza legítima que generó la administración de “que el proyecto de vivienda que (...) les prometió se haría realidad, o que al menos podrían ocupar los terrenos del mismo mientras se materializaba la construcción definitiva”. En esa vía, estimó que “resulta razonable la expectativa que se formó en cabeza de los ocupantes al asentarse en el predio “Altos de Bellavista”, confiados en obtener prontamente una solución definitiva de vivienda por parte de la administración. Estos, además, por iniciativa propia lograron hacerse a un techo que estimaron digno de ser llamado hogar, dotado con los servicios públicos esenciales como se confirma con los facturas de pago y órdenes de trabajo reportadas entre 2012 y 2014 por concepto de acueducto, alcantarillado y servicio de aseo.”

A partir de las premisas expuestas y del análisis de las pruebas de proceso, la Corte concluyó que en el asunto analizado se identificaron al menos cuatro irregularidades durante la diligencia de lanzamiento que se adelantó los días 3 y 4 de septiembre de 2014. A saber: (i) ausencia de asesoramiento legal, acompañamiento de autoridades competentes y publicidad; (ii) abandono de enseres y bienes personales de los ocupantes a la intemperie; (iii) solución de albergue de urgencia que no resultaba idónea para los núcleos familiares desalojados; y (iv) una solución de vivienda transitoria a mediano plazo que no resultaba adecuada según los estándares jurisprudenciales.

Conviene precisar que, en relación con la segunda irregularidad, se indicó lo siguiente frente a la situación específica de la señora Claudia Patricia Moreno Vega:

“Los tutelantes señalan que, sin haberse dado oportunidad de retirar los elementos personales, la retroexcavadora fue avanzando y demoliendo sus viviendas, “dejando las cosas de los desalojados a la intemperie a pesar de ser noche lluviosa como se avizoraba en ese momento”. Aunque el acta de la Inspección de Policía informó la disposición de una bodega para guardar los bienes, la constancia suscrita por el delegado de la Personería corrobora la denuncia de los afectados: “Se pudo constatar que desarrollada la operación administrativa, no se dispuso la logística adecuada toda vez que no se contaba con el personal, maquinaria, materiales, etc. necesarios para el proceso de reubicación (…) los elementos de las personas fueron dejados a la intemperie”.

En el registro fotográfico allegado por los accionantes en sede de revisión se observan las pertenencias de la señora Claudia Moreno expuestas al aire libre, incluyendo nevera, sofás, anaqueles, triciclos, mesas, sillas y partes de cama, entre otros(…)

Los Estados parte han de velar entonces por qué el desalojo no acarree consecuencias desproporcionadas sobre el incipiente patrimonio de los ciudadanos, y en particular por que todas las personas afectadas tengan derecho a la debida indemnización por los bienes personales o raíces de que pudieran ser privadas. De ser necesario, el municipio deberá ofrecer asistencia jurídica a las personas que necesiten pedir reparación ante los tribunales por los muebles y bienes destruidos” (Subraya la Sala)

A partir de las irregularidades evidenciadas, la Corte Constitucional concluyó que las accionadas vulneraron los derechos fundamentales al debido proceso y vivienda digna de los ocupantes del globo de terreno Nro. 1 y emitió órdenes con efectos inter comunis, de las que se destacan las siguientes:

“PRIMERO.- REVOCAR la sentencia de tutela de segunda instancia proferida por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Bucaramanga, dentro de la acción de tutela instaurada Irene Jaimes Arias y otros, mediante la cual se negó el amparo y, en su lugar, CONCEDER la protección de los derechos fundamentales al debido proceso y a la vivienda digna.

SEGUNDO.- CONFIRMAR parcialmente la sentencia de primera instancia dictada por el Juzgado Cuarto Promiscuo Municipal de Floridablanca, el 13 de mayo de 2014, con las MODIFICACIONES en su parte resolutiva que a continuación se señalan.

TERCERO.- ORDENAR a la Alcaldía de Floridablanca, Santander, y a la Inspección de Policía de ese Municipio, que en el futuro se abstengan de realizar cualquier diligencia de desalojo o reubicación hasta tanto se les garantice a los ocupantes del predio unas garantías real de protección y alojamiento transitorio. Las autoridades responsables deberán específicamente: (i) autorizar durante las diligencias la presencia de los abogados de las partes, de los observadores neutrales que deseen acudir así como inste a los funcionarios encargados de atender a sujetos de especial protección constitucional, como es el caso del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar; (ii) responder oportuna y suficientemente las constancias sobre posibles transgresiones de los derechos fundamentales que eleven los órganos de control y representantes del Ministerio Público; (iii) evitar ocasionar un daño desproporcionado e innecesario sobre los bienes y enseres de los ocupantes, previendo un manejo respetuoso de los mismos y un lugar de depósito idóneo; y (iv) ofrecer albergues de urgencia que resulten adecuados para las personas y núcleos familiares que deban ser desalojados o reubicados.

CUARTO.- ORDENAR a la Alcaldía de Floridablanca que en cumplimiento de su deber de brindar asesoría jurídica a la población en situación de vulnerabilidad asentada en el predio “Altos de Bellavista”, le informe acerca de las acciones legales que pueden ejercer en aras de recuperar los recursos económicos invertidos en las viviendas que habían construido sobre el globo de terreno número 1.” (Subraya la Sala).

Estas órdenes son coherentes con providencias anteriores que ha proferido la Corte Constitucional en asuntos con similares supuestos fácticos, como la SU-360 de 1999, T-210 de 2010 y T-527 de 2011 y con pronunciamientos de la Sección Tercera del Consejo de Estado en calidad de órgano de cierre en cuestiones de responsabilidad extracontractual del Estado.

Así, por ejemplo, en la providencia del 28 de enero de 2015, proferida dentro del expediente Nro. 31612, la Sección Tercera, Subsección A del Consejo de Estado declaró la responsabilidad del distrito de Santa Marta por los perjuicios materiales causados a los demandantes por concepto de las mejoras de las que eran titulares, con ocasión del lanzamiento por ocupación de hecho.

En esta oportunidad, la Corporación de lo contencioso administrativo encontró acreditado que los demandantes adquirieron unas mejoras en el predio y que, al momento de la operación administrativa consistente en la ejecución del desalojo, los actores estaban ejerciendo actos de ocupación. Se precisó que esta ocupación no tenía la aptitud de configurar prescripción adquisitiva del dominio, pero sí se podía reconocer a los poseedores como titulares de las mejoras. Al respecto, la autoridad judicial expuso:

“Aun cuando la jurisprudencia ha dudado en catalogar la posesión como un derecho fundamental, en algunas ocasiones atendiendo las especiales características de las personas que ocupen bienes públicos, se ha reconocido que cuando se hayan realizado edificaciones o mejoras en este tipo de bienes procede el reconocimiento de su indemnización, cuyo fundamento se encuentra en el principio de protección de la confianza legítima; así, en una sentencia de 2010 [T-210 de 2010], en la que se cuestionaba la situación de un ocupante de una zona urbana de uso público que había ejercido la tenencia material del bien durante un período de 15 años, la Corte Constitucional ordenó (…).

Si bien es cierto que en el caso en cita se estaba debatiendo la ocupación de un bien que se había transformado en bien de uso público por una cesión obligatoria gratuita que debió hacer su propietario lo que, en criterio de la Corte Constitucional, afectó la expectativa del ocupante de adquirir por prescripción el inmueble en cuestión, no lo es menos que en dicho pronunciamiento se reconoce que los titulares de mejoras en bienes públicos, cuando ocurran mecanismos de restitución de dichos bienes –en los que se enmarca el lanzamiento por ocupación de hecho de bienes fiscales- pueden solicitar el reconocimiento de las mejoras por ellos realizados, en la medida en que se acredite: i) su duración en el tiempo, ii) la efectiva realización de las mejoras y iii) su titularidad.”

Como se observa, en esa sentencia se indicó de manera expresa que es viable que las personas que ocupen bienes públicos reclamen, a través del medio de control de reparación directa, la indemnización por concepto de mejoras, tesis que encuentra fundamento en el principio de confianza legítima. Aunque no se reconocieron en este caso perjuicios morales ello obedeció a que el actor no aportó pruebas que acreditara su concreción, más la autoridad judicial no negó la posibilidad de que sean reconocidos en eventos como el que se analiza. Además, la Sala consideró como precedente aplicable en este caso, en razón a su pertinencia, la sentencia T-210 de 2010.

Incluso, es conveniente recordar que esta Sección en sentencia de tutela del 31 de diciembre de 2018, reconoció con fundamento en esta y otras providencias, que la jurisprudencia constitucional y contenciosa acepta la posibilidad de acceder a la indemnización de perjuicios derivados de un desalojo por ocupación de un bien de uso público, en calidad de titulares de mejoras y de la omisión en la reubicación, cuando su actuar ha sido resguardado por el principio de confianza legítima.

Del alegado desconocimiento de la Sentencia T-109 de 2015 en la decisión de la segunda instancia del proceso de reparación directa

A manera de contexto, brevemente, se recuerda que la accionante y su grupo familiar interpusieron demanda de reparación directa contra el Municipio de Floridablanca pretendiendo la indemnización por los perjuicios de orden material y moral sufridos con ocasión de la diligencia de desalojo que se adelantó los días 3 y 4 de septiembre de 2014.

En primera instancia, el Juzgado Primero Administrativo de Bucaramanga concedió parcialmente las pretensiones de la demanda, dado que encontró probado el daño causado a los demandantes. Dijo que el desalojo del que fueron objeto se realizó de manera arbitraria y con clara afectación de sus derechos fundamentales, por lo que declaró la responsabilidad administrativa y patrimonial de la entidad demandada. En consecuencia, reconoció a título de daño moral 25 SMLMV a cada uno de los demandantes y por perjuicio material, en la modalidad de daño emergente, el valor de $2.183.286, como indemnización por “daños muebles y enseres” y “víveres varios”. De otra parte, negó la indemnización solicitada por concepto de “construcción, mano de obra y vivienda” en razón a que la construcción del inmueble se adelantó sin el lleno de los requisitos legales, comoquiera que se invadió terreno de propiedad del ente territorial.

Las partes del proceso apelaron la providencia de primera instancia. En sentencia del 8 de octubre de 2020, el Tribunal Administrativo de Santander revocó la decisión del a quo y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la parte actora. Como fundamento de su decisión, expuso el siguiente razonamiento:

“Para desatar el problema jurídico planteado y teniendo en cuenta los argumentos expuestos en el recurso de apelación interpuesto por las partes, la sala determinará si para el momento en el que se ejecutó la orden administrativa de desalojo en el lote de terreno denominado Globo No. 01 del sector Altos de Bellavista, los días 03 y 04 de septiembre de 2014, el procedimiento causo daños a la parte demandante.

La parte actora en sede de apelación solicita el reconocimiento de la construcción, el costo de mano de obra invertida, materiales y como consecuencia de ello el pago de los perjuicios ocasionados; no obstante, es claro se encuentra probado en el expediente que las construcciones se efectuaron en forma ilegal y por ende no pueden tener ningún respaldo jurídico, máxime cuando el lote de terreno se encuentra a cargo y bajo custodia del Banco Inmobilirio (sic) de Floridablanca, resaltando con ello que no es lo mismo, una la (sic) construcción legal con las debidas licencias y permisos que la construcción que se desarrolló en forma ilegal y oculta. (…)

No hay prueba sumaria que demuestre la ocurrencia de daños por actuación ilegal en el proceso policivo, y contrario sensu no existe un fundamento legal que le permitiera a las demandantes o las pocas familias que se quedaron aprovechar su ilegalidad; como bien lo señalo el juez de primera instancia al denegar los perjuicios materiales, teniendo en cuenta que el inmueble fue construido sin el lleno de los requisitos legales, invadiendo terrenos del Banco Inmobiliario de Floridablanca, ente descentralizado del Municipio de Floridablanca.

Ahora bien, es claro que el fallo de la primera instancia reconoce perjuicios morales por el desalojo en clara contradicción con su propia argumentación de la ilegalidad frente a la invasión hecha por los demandantes, inconformidad expuesta por la parte demandada en su escrito de apelación, demostrando con ello que una actuación ilegal no puede utilizarse para sacar provecho económico y por ende tampoco su viabilidad en la que se puedan desprender perjuicios morales, más en el presente asunto lo percibido es el padecimiento de las familias por el incumplimiento de una promesa de compraventa de bien inmueble de interés social suscrito con el Banco Inmobiliario de Floridablanca, razón por la que no fue objeto de estudio por el juez de instancia y debieron ser demandados en su momento como pretensión contractual.

Por otro lado, aunque no afecta la decisión si se debe aclarar que fue un ente con personería jurídica, esto es, el Banco Inmobiliario de Floridablanca quien dio inicio el proceso policivo, como lo pudo pedir también un particular, pero la ejecución del lanzamiento se efectuó por una autoridad perteneciente al ente municipal, reafirmando que estamos ante un procedimiento que la Ley permite para que cualquier propietario particular o público como el Banco Inmobiliario de Floridablanca recuperara el bien ilegalmente ocupado; lo que nunca se cuestionó y así quedo probado es que este lanzamiento por ocupación de hecho se ajustó a las normas procedimentales vigentes; igual que muchos otros lanzamientos en el país, terminaron con el uso legal de la fuerza para concluir con el desalojo ante la negativa de los ocupantes ilegales de acatar la orden administrativa.”

Considera la Sala que la tesis defendida por la autoridad judicial accionada, según la cual no hay lugar a reclamar los perjuicios derivados de la construcciones realizadas de manera irregular en terrenos de propiedad de la administración, no consulta la motivación y órdenes emitidas en la sentencia T-109 de 2015 que, como se indicó, tiene respaldo en el precedente reiterado de la Corte Constitucional y en sentencias emitidas por el Consejo de Estado como órgano de cierre de lo contencioso administrativo. En estas se reconoce que en determinados asuntos, en atención a las particularidades del caso concreto y al análisis de la confianza legítima que se generó en los ocupantes, podrían reconocerse los perjuicios derivados de los procesos de lanzamiento por ocupación, por ejemplo, a título de mejoras.

Y si bien en el acápite de hechos probados de la sentencia del 8 de octubre de 2020, el Tribunal Administrativo de Santander hizo mención del fallo de tutela T-109 de 2015, lo cierto es que no lo desarrolló ni estudió sus fundamentos fácticos y jurídicos, los cuales, en atención a criterios de relevancia y pertinencia, resultaban indispensables para definir la premisa jurídica del caso objeto de análisis.

Así por ejemplo, era relevante que en el análisis del caso se considerara lo indicado por la Corte Constitucional frente al elemento de la confianza legítima con la que actuaron los ocupantes del inmueble a efectos de determinar la procedencia de la reparación, ya sea para acoger lo allí indicado o para apartarse de las consideraciones del Alto Tribunal, pero en cualquier caso, la decisión deberá estar precedida de motivación suficiente y precisa que permita un control intersubjetivo de los argumentos que soportan la decisión del asunto.

Conviene relacionar algunos de los apartes de la sentencia de tutela relativos al elemento de confianza legítima. Veamos:

“En este caso concreto, además, es claro que se configuró en los ciudadanos beneficiarios la confianza legítima en que el proyecto de vivienda que la administración municipal les prometió se haría realidad, o que al menos podrían ocupar los terrenos del mismo mientras se materializaba la construcción definitiva. En efecto, el 14 de septiembre de 2007 el Banco Inmobiliario de Floridablanca suscribió con cada uno de ellos un contrato de promesa de compraventa de bien inmueble de interés social, donde se comprometía a vender un apartamento de aproximadamente 42 metros cuadrados por un valor de $21.680.000 y estos, por su parte, se obligaban a hacer un ahorro programado por la suma de $2.040.000, lo cual cumplieron según se observa en las pruebas allegadas. Adicionalmente, la alcaldía gestionó ante el Fondo de vivienda un subsidio por la suma de $8.568.000, monto que les fue reconocido a través de la Resolución 1762 del 19 de diciembre del año 2006.

Incluso con posterioridad al fracaso del proyecto original la administración siguió dando señales inequívocas de su compromiso con los beneficiarios para otorgar una solución de vivienda real en esos mismos terreno (…)

En este contexto resulta razonable la expectativa que se formó en cabeza de los ocupantes al asentarse en el predio “Altos de Bellavista”, confiados en obtener prontamente una solución definitiva de vivienda por parte de la administración. Estos, además, por iniciativa propia lograron hacerse a un techo que estimaron digno de ser llamado hogar, dotado con los servicios públicos esenciales como se confirma con los facturas de pago y órdenes de trabajo reportadas entre 2012 y 2014 por concepto de acueducto, alcantarillado y servicio de aseo. Asimismo, aunque la querella por perturbación a la propiedad hubiese sido impulsada desde el año 2011, lo cierto es que el proceso de desalojo no se ejecutó completamente y, por el contrario, la ocupación se prolongó por años al tiempo que las autoridades fueron cambiando paulatinamente su propósito hacia un proceso de “reubicación” en el predio contiguo, en vez de un simple y llano desalojo.”

A partir de lo indicado, se reitera: el análisis jurídico relativo al reconocimiento de los daños alegados por los actores en la demanda de reparación directa con ocasión de la diligencia de lanzamiento por ocupación de bienes de uso público tenía que consultar la sentencia T-109 de 2015, como antecedente relevante en el caso concreto.
Defecto fáctico
Los accionantes en el escrito de impugnación discuten que las pruebas que aportaron al proceso acreditan los daños que la administración causó con el procedimiento de desalojo. Agregaron que el análisis del expediente policivo fue suficiente para que la Corte Constitucional advirtiera las irregularidades cometidas por el ente municipal, pero a partir de esta y otras pruebas aportadas al proceso de reparación directa, el Tribunal Administrativo de Santander expuso que no estaban probados los daños cometidos por la entidad demandada.

El defecto fáctico es aquel vicio relacionado con el decreto, práctica o valoración de las pruebas, que tiene una incidencia directa en la decisión. En efecto, la Corte Constitucional ha dicho que el defecto fáctico es un error relacionado con asuntos probatorios y, además, reconoce que tiene dos dimensiones: una dimensión negativa y una positiva.

La dimensión negativa se produce por omisiones del juez, como, por ejemplo, (i) por ignorar o no valorar, injustificadamente, una realidad probatoria determinante en el desenlace del proceso; (ii) por decidir sin el apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión; o (iii) por no decretar pruebas de oficio en los procedimientos en que el juez está legal y constitucionalmente obligado a hacerlo.

La dimensión positiva, por su parte, tiene lugar por actuaciones positivas del juez en la que se incurre ya sea (iv) por valorar y decidir con fundamento en pruebas ilícitas, si estas resultan determinantes en el sentido de la decisión; o (v) por decidir con medios de prueba que, por disposición legal, no conducen a demostrar el hecho en que se basa la providencia.

Aunque los actores no indicaron de manera específica la modalidad en la que estiman se configuró el yerro, de sus argumentos si es posible extractar que consideran que la autoridad judicial accionada ignoró injustificadamente una realidad probatoria que incidía en la decisión del caso. Esta adecuación por parte del juez constitucional es posible, a pesar de la estricta carga argumentativa que se exige en los eventos de tutela contra providencia judicial, porque la demanda en este caso es presentada de manera directa por los accionantes quienes, según se extracta del expediente digitalizado de la acción de tutela, no tienen formación profesional en asuntos jurisdiccionales, por lo que en atención a las particularidades del caso concreto, hay lugar a flexibilizar esta regla de suficiencia argumentativa.

Dicho esto, la Sala relacionará la motivación expuesta por el Tribunal accionado para denegar las pretensiones de la demanda. Los apartes de la sentencia relevantes frente a al juicio probatorio, son los siguientes:

“No hay prueba sumaria que demuestre la ocurrencia de daños por actuación ilegal en el proceso policivo, y contrario sensu no existe un fundamento legal que le permitiera a las demandantes o las pocas familias que se quedaron aprovechar su ilegalidad; como bien lo señalo el juez de primera instancia al denegar los perjuicios materiales, teniendo en cuenta que el inmueble fue construido sin el lleno de los requisitos legales, invadiendo terrenos del Banco Inmobiliario de Floridablanca, ente descentralizado del Municipio de Floridablanca. (…) estamos ante un procedimiento que la Ley permite para que cualquier propietario particular o público como el Banco Inmobiliario de Floridablanca recuperara el bien ilegalmente ocupado; lo que nunca se cuestionó y así quedo probado es que este lanzamiento por ocupación de hecho se ajustó a las normas procedimentales vigentes; igual que muchos otros lanzamientos en el país, terminaron con el uso legal de la fuerza para concluir con el desalojo ante la negativa de los ocupantes ilegales de acatar la orden administrativa.”

Indicó la autoridad judicial que en el proceso no hay “prueba sumaria” que demuestre la concreción de daños derivados de un procedimiento ilegal atribuible a la administración.

No obstante, se tiene que fueron aportados legal y oportunamente al proceso pruebas documentales, como: (i) material fotográfico de los escombros de la casa de la hoy accionante; (ii) prueba trasladada del proceso de tutela promovido con ocasión del procedimiento de desalojo y en el que se practicaron pruebas; (iii) constancia suscrita por funcionarios de la Procuraduría Providencial en la que se indicó que se hicieron presentes el 3 de septiembre de 2014 en la diligencia de desalojo en el lote Altos de Bellavista y constataron que se inició el procedimiento sin que estuvieran construidas las viviendas temporales del Globo Nro. 2 y sin haberse entregado los subsidios a las familias desplazadas; (iv) Informe del personero Delegado para la vigilancia Administrativa, Policiva, Judicial y Ambiental indicando que la diligencia de desalojo se llevó a cabo sin otorgar las garantías a las personas objeto de reubicación ni entregar el subsidio a las familias desplazadas; (v) prueba trasladada del proceso policivo; y (vi) sentencia T-109 de 2015.

En cuanto a las pruebas testimoniales, se tiene que, en audiencia de pruebas dentro del proceso de reparación directa, se rindieron las declaraciones de: Myriam Leiva de Oviedo, Rubiela Vega Romero y María del Pilar Murillo Amaya, vecinas de la demandante y, en su mayoría, testigos presenciales del procedimiento de desalojo.

Evidenciado lo anterior, se considera que asistió razón a los accionantes al indicar que el Tribunal Administrativo de Santander incurrió en defecto fáctico por omisión en la valoración probatoria, pues a pesar del amplio material probatorio que se aportó al proceso, la autoridad judicial no acudió a él para fundamentar las conclusiones probatorias. La aseveración de que no había “prueba sumaria” que demostrara la ocurrencia de los daños derivados del proceso policivo, debió estar fundamentada en las pruebas del proceso y ello no ocurrió (principio de necesidad de la prueba).

Es cierto que algunos de estos medios de prueba fueron relacionados en el acápite de hechos probados de la providencia que se acusa. Sin embargo, conviene aclarar que tal mención no equivale a su valoración. El juicio de valoración, que debe estar consignado en la sentencia, supone que el juez, por un lado, debe exponer el valor de convicción que les otorga a los medios de prueba de manera individual y en conjunto y, por el otro, debe explicar por qué estos son suficientes para declarar probados los enunciados fácticos defendidos por la parte favorecida con la sentencia. Así, la decisión de la causa estará debidamente motivada si el juez expone cómo valoró las pruebas que fueron admitidas y debidamente practicadas en el curso del proceso, así como también si explica por qué no atendió a las pruebas que apoyaban la tesis de la parte vencida. De lo contrario, queda en esta última, como sucede en el caso concreto, la incertidumbre respecto del resultado de la sentencia, pues aportó pruebas que estimó suficientes para respaldar sus pretensiones.

En el caso concreto, la motivación expuesta por el Tribunal Administrativo de Santander en realidad es una conclusión probatoria desprovista de un razonamiento que explique cuáles fueron las pruebas que permitieron llegar a ella y por qué los medios probatorios aportados por los demandantes no eran suficientes para demostrar la hipótesis defendida por ellos, es decir, la de la acreditación del daño causado por la contraparte.

De otra parte, la Sala considera que en el análisis de los daños derivados de diligencias de recuperación de bienes de la administración pública, es indispensable acudir a la jurisprudencia constitucional que de manera clara y pormenorizada ha indicado las garantías que deben rodear estas operaciones administrativas. En concreto, el caso que se analiza está precedido de sentencia de tutela de la Corte Constitucional (T-109 de 2015), en la que se evidenciaron irregularidades en la diligencia específica en que se hizo el lanzamiento de la señora Claudia Patricia Moreno Vega; decisión que se adoptó con las mismas pruebas aportadas en el proceso de reparación directa.

Con lo dicho, la Sala no pretende que el juez de la causa acoja sin ningún filtro o consideración la valoración probatoria o el razonamiento expuesto por otro juzgador, un entendimiento en ese sentido pondría en riesgo los principios de autonomía e independencia judicial; pero si estima necesario que en caso de no compartir o estimar pertinentes los argumentos del Tribunal Constitucional exponga en términos de suficiencia y razonabilidad los fundamentos de su disenso

En este orden se reitera que la afirmación relativa a que no se evidenció la concreción de daños por una actuación irregular en la diligencia de lanzamiento por ocupación de bienes de uso público, debió consultar las garantías y presupuestos que ha construido la jurisprudencia constitucional, para que en conjunto con las pruebas del proceso se concluya si la entidad responsable incurrió o no en arbitrariedad e ilegalidad.
De acuerdo con lo anterior, considera la Sala que las conclusiones probatorias expuestas por el Tribunal Administrativo de Santander no encuentran respaldo en la información que deriva de las pruebas del proceso, como se indicó, ni para fundamentar la conclusión probatoria que acoge ni para refutar la contraria, lo que se concreta en un defecto fáctico

Finalmente, se encuentra pertinente retomar las palabras del Tribunal Constitucional en la sentencia T-109 de 2015, en relación con aspectos a tener en cuenta en casos como en el que en esta oportunidad se estudia con miras a evitar incurrir en la vulneración de los derechos invocados por los demandantes:

“7.2.1. Como acertadamente interpretó el juez de primera instancia, el origen de toda la problemática que aqueja a los accionantes, e incluso a otras personas beneficiarias de los subsidios no es su simple terquedad o intereses egoístas, consiste más bien en que nunca se pudo materializar el proyecto de “Altos de Bellavista” propuesto por la administración en 2006 y suspendido abruptamente con ocasión de la advertencia que hizo Ingeominas por las condiciones del terreno.

Son frecuentes los prejuicios que recaen sobre los sectores marginados y los ocupantes de predios asumiendo que se trata de una elección autónoma producto de la pereza, la irresponsabilidad o simplemente la mala fe. Una visión así de estrecha ignora que la carencia de vivienda y demás dramas inherentes a la pobreza corresponden a un fenómeno multidimensional mucho más complejo y del cual es prácticamente imposible de escapar sin un apoyo institucional serio. Esta Corporación está convencida que las personas sin hogar normalmente preferirían una vivienda segura, asequible y adecuada antes que el riesgo y la zozobra siempre latente que implica invadir un predio.”

Conclusión

Con fundamento en lo anterior, la Sala encuentra que las autoridades judiciales accionadas vulneraron el derecho fundamental al debido proceso y a la igualdad de los accionantes al desconocer el precedente judicial vinculante y al emitir decisión sin exponer motivación que atendiera a las pruebas del proceso, lo que también configuró defecto fáctico en la sentencia.

Por lo tanto, para restablecer la garantía constitucional de estos derechos, se dispondrá que el Tribunal Administrativo de Santander profiera una nueva decisión en la que consulte la motivación expuesta por la Corte Constitucional en la sentencia T-109 de 2015 sobre las irregularidades que rodearon la operación de desalojo sub examine, la orden relativa posibilidad de reclamar indemnización por los perjuicios derivados de la operación administrativa y el análisis de la confianza legítima, ya sea para acogerlo o para apartarse. Asimismo, la sentencia en la premisa fáctica deberá estar fundamentada las pruebas que fueron legal y oportunamente aportadas al proceso de reparación directa, expresando el poder de convicción que de ellas deriva y cómo apoyan las conclusiones probatorias sobre la hipótesis que finalmente encuentre acreditada la autoridad judicial.
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Revocar la decisión impugnada, proferida el 20 de noviembre de 2020, por la Sección Primera del Consejo de Estado, que negó las pretensiones de la acción de tutela en relación con el cargo por desconocimiento del precedente judicial y declaró la improcedencia del amparo frente al defecto fáctico. En su lugar, amparar los derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad invocados por Claudia Patricia Moreno Vega, la menor de edad “AAA”, Jorge Moreno García, Hilda María Moreno Vega, Marisol Moreno Vega e Hilda Vega Rueda, de conformidad con las razones expuestas en esta providencia

Como consecuencia de lo anterior, dejar sin efectos la sentencia del 8 de octubre de 2020, proferida en segunda instancia por el Tribunal Administrativo de Santander, en el medio de control de reparación directa con Radicado Nro. 68001-33-33-001-2016-00264-00/01; y ordenar a la citada autoridad judicial que, en el término de veinte (20) días, contados a partir de la notificación de esta providencia, profiera una sentencia de reemplazo en la que se tengan en cuenta las consideraciones hechas en la presente decisión.

Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.

Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.

Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Cópiese, notifíquese y cúmplase
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

(Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente
Salvo voto

(Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

(Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

(Firmado electrónicamente)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ
Página 26 de la sentencia de tutela de primera instancia (expediente digitalizado).
La acción de tutela se radicó a través de la plataforma tutela en línea de la Rama Judicial y fue identificado con la radicación Nro. 116457.
El proceso entró a despacho para fallo de tutela de segunda instancia el 20 de mayo de 2021. Información extractada del sistema de gestión de procesos del Consejo de Estado: SAMAI

Páginas 17 y 18 de la acción de tutela (expediente digitalizado). El a quo decidió proteger la identidad de la menor de edad en garantía de su derecho a la intimidad. Esta Sala acoge la determinación y se referirá a ella como “AAA”. Documento que hace parte del expediente digitalizado de la acción de tutela y fue consultado a través del Sistema de Gestión de Procesos del Consejo de Estado: SAMAI. Página 2 del escrito de impugnación, que hace parte del expediente digitalizado de la acción de tutela. Documento consultado en la plataforma de gestión de procesos del Consejo de Estado: SAMAI. Decreto 2591 de 1991, Art. 1º: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto”. Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i)  que el actor indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; ii) el accionante haya utilizado todos los mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos fundamentales (subsidiariedad); iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial (inmediatez); iv) que el asunto sea de evidente relevancia constitucional; v) que no se trate de una decisión proferida en sede de tutela; vi) injerencia de la irregularidad procesal en la providencia atacada. Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i) defecto orgánico, ii) defecto procedimental, iii) defecto fáctico, iv) defecto material o sustantivo, v) defecto por error inducido, vi) defecto por falta de motivación, vii) defecto por desconocimiento del precedente y viii) defecto por violación directa de la Constitución. Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-686 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Y Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. Proceso No. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez R. Con ponencia del magistrado Jorge Iván Palacio Palacio. Información consultada en la página web de la Corte Constitucional, módulo de Secretaría General. Enlace: HYPERLINK "https://www.corteconstitucional.gov.co/secretaria/consultat/consulta.php?campo=rad_codigo&date3=2012-01-01&date4=2021-06-18&radi=Radicados&palabra=T4591786&radi=radicados&todos=%25" \h https://www.corteconstitucional.gov.co/secretaria/consultat/consulta.php?campo=rad_codigo&date3=2012-01-01&date4=2021-06-18&radi=Radicados&palabra=T4591786&radi=radicados&todos=%25
Página 24 de la sentencia T-109 de 2015. Observación General 7. Cuaderno de revisión, folio 240. Cuaderno de inspección judicial, folio 48. Cuaderno de revisión, folio 258-259. Observación General 7. Op. cit. Páginas 34 y 35 de la sentencia T-109 de 2015. La Sala Plena de la Corte Constitucional amparó el derecho fundamental de un grupo de vendedores informales que ejercían su actividad laboral en lugares catalogados como espacio público de las Localidades de Fontibón, Santafé, Suba y Engativá en la ciudad de Bogotá. La solicitud de amparo tuvo origen en los procesos policivos de desalojo iniciados por las autoridades locales. En esta oportunidad, la Corte estableció la legitimidad de las actuaciones por parte de las autoridades para proteger el espacio público y los derechos e intereses de la colectividad; pero advirtió que dichas actuaciones deben ejecutarse en un marco de razonabilidad.

La Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional amparó el derecho al trabajo y mínimo vital de un vendedor informal del municipio de Floridablanca Santander que desarrollaba su actividad laboral en un sitio catalogado como espacio público. En esta ocasión la Corte indicó que, al estar probada la buena fe y confianza legítima del actor frente a su calidad de poseedor del predio, en razón a que detentó la tenencia por más de 17 años , correspondía a la administración, previo al proceso de desalojo, adoptar las medidas transitorias pertinentes para que el accionante se adaptara a la situación derivada del despojo. En esa medida ordenó “a la Alcaldía Municipal de Floridablanca que, antes de proceder al desalojo, llegue a un acuerdo con el peticionario en el que, en todo caso, se le reconozcan las mejoras que éste hubiere hecho sobre el inmueble, con el fin de proteger sus derechos al trabajo y al mínimo vital. La Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional amparó los derechos fundamentales al mínimo vital y a la vida digna derivada de la afectación de la confianza legítima de 13 vendedores informales que ejercían su actividad en terrenos ubicados en la ronda del río Guatiquía en el departamento del Meta y fueron objeto de una orden de desalojo expedida por la Alcaldía de Villavicencio para recuperar el espacio público. Para resolver la problemática planteada, la Corte Constitucional hizo referencia al deber estatal de respetar el principio de confianza legítima en los procesos de recuperación del espacio público y dijo que cuando la conducta de la propia Administración genera en el particular, que aprovecha un bien inmueble destinado al espacio público, “la idea de que la invasión al espacio público es tolerada, ha creado en él la confianza legítima de que su conducta se ajusta al ordenamiento jurídico”, expectativas legítimas que deben ser respetadas.

Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Proceso Nro. 11001-03-15-000-2018-02271-00(AC). M.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
Cuaderno de primera instancia, folios 222-230.
Cfr. Sentencia SU-159 de 2002.
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-442 de 1994. M.P. Antonio Barrera Carbonell.
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-417 de 2008. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-226 de 2013. C.P. Alexei Julio Estrada.
Código General del Proceso. Artículo 164. Toda decisión judicial debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso. Las pruebas obtenidas con violación al debido proceso
Informe de la Relatora Especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos. A/66/265. Presentado el 4 de agosto de 2011. Citado en sentencia T-043 de 2015.

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