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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2020-04540-00

Fecha
21 de junio de 2022
Consejero ponente
Jose Roberto Sachica Mendez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2020-04540-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 21 de febrero de 2019 dictada por la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado, mediante la cual se confirmó parcialmente la sentencia proferida el 15 de octubre de 2013 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca (Sección Segunda, Subsección D), dentro del expediente No. 250002342000 – 2013 – 00328 – 01. SEGUNDO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda. TERCERO: Sin CONDENA en costas.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2020-04540-00

Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez

21 de junio de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA VEINTITRÉS (23) ESPECIAL DE DECISIÓN

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá, D.C., veintiuno (21) de junio de dos mil veintidós (2022)

Expediente: 110010315000-2020-04540-00 (7550)
Demandante: Unidad Administrativa de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -
UGPP-
Demandado: Álvaro Rodríguez Celis
Referencia: Recurso extraordinario de revisión

Procede la Sala a resolver el recurso extraordinario de revisión interpuesto contra
la sentencia del 21 de febrero de 2019 dictada por la Sección Segunda, Subsección
B del Consejo de Estado, por medio de la cual se confirmó parcialmente la sentencia
proferida el 15 de octubre de 2013 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
(Sección Segunda, Subsección D), que accedió de manera parcial a las
pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

Demanda inicial y su fundamento

1. El señor Álvaro Rodríguez Celis, en ejercicio de la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho, presentó demanda contencioso administrativa en
contra de la Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (en adelante UGPP), con la finalidad de obtener
la nulidad “de los actos fictos negativos por la falta de respuesta frente a la petición
presentada ante la entonces Caja Nacional de Previsión Social el 5 de marzo de 2012 (…)
y al recurso de reposición interpuesto contra el anterior acto presunto el 6 de agosto de
2012, (…) a través de los cuales se le negó el reconocimiento de la pensión de jubilación
(…) con base en el 75% de la totalidad de los factores salariales devengados durante el
último año de servicio”1.

2. Se explicó en la demanda inicial que el señor Rodríguez Celis nació el 9 de
enero de1956, prestó sus servicios en forma continua e ininterrumpida durante más
de 20 años en entidades del Estado, adquirió su estatus pensional el 9 de enero de
2011 y es beneficiario del régimen de transición de la Ley 100 de 1993 (artículo 36)
toda vez que para el 1º de abril de 1994 contaba con más de 15 años de servicio.

1 Providencia del 21 de febrero de 2019, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter, visible en expediente digital. SAMAI,

índice No. 2.

1

Radicación: 110010315000-2020-04540-00 (7550)
Demandante: UGPP
Demandado: Álvaro Rodríguez Celis
Referencia: Recurso extraordinario de revisión

3. Atendiendo a lo anterior, a través de escrito del 5 de marzo de 2012, con
radicado 2012-722-058138-22, el señor Rodríguez Celis solicitó a la Caja Nacional
de Previsión Social el reconocimiento de su pensión de jubilación, la cual no tuvo
respuesta pese haber allegado la información adicional requerida, por lo que el 6 de
agosto de 2012, interpuso recurso de reposición contra el acto ficto negativo
configurado. Señaló que tampoco obtuvo respuesta alguna frente al recurso
interpuesto, por lo que se configuró el acto ficto negativo, en aplicación de lo
establecido en el artículo 60 del Código Contencioso Administrativo (CCA), al haber
transcurrido más de dos (2) meses sin haberse tramitado el recurso de reposición.

4. Se indicó en la demanda inicial que el señor Rodríguez Celis tiene derecho
a pensionarse bajo los requisitos establecidos en la Ley 33 de 1985, que son 55
años de edad y 20 años de servicio, el primero de los cuales cumplió el 9 de enero
de 2011, por cuanto nació en el mismo día y mes del año 1956, y el segundo, que
fue cumplido el 16 de junio de 1996 después de haber prestado por casi dos años
servicio militar y haber laborado en el Ministerio de Relaciones Exteriores durante
un poco más de 18 años.

5. Como consecuencia de lo anterior, se solicitó en la demanda el
reconocimiento de la ocurrencia del silencio administrativo negativo, la nulidad del
acto ficto, y a título de restablecimiento del derecho, ordenar a la UGPP reconocer
la pensión de jubilación en “…Cuantía equivalente al 75% del promedio de todos los
factores salariales (…) devengados en el último año de servicios, comprendido entre el 25
de junio de 1995 al 24 de junio de 1996”3

Sentencia de primera instancia

6. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
D, en sentencia del 15 de octubre de 20134, accedió parcialmente a las súplicas de
la demanda.

7. Determinó el Tribunal que el señor Rodríguez Celis tiene derecho a que la
UGPP le reconozca y pague su pensión de jubilación ordinaria con el régimen
previsto en las Leyes 33 y 62 de 1985, tomando como cuantía el 75% de todos los
factores salariales devengados en el año inmediatamente anterior a la fecha de su
retiro definitivo del servicio, es decir, del 25 de junio de 1995 al 24 de junio de 1996,
incluyéndose como tales los certificados por la Coordinadora de Nómina y
Prestaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores en los folios 9 al 14 del
cuaderno principal del expediente.

8. En tal sentido, el Tribunal a quo dispuso en la parte resolutiva condenar a
“…la Unidad Administración Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales
de la Protección Social (UGPP) a reconocer y pagar al señor Álvaro Rodríguez Celis,

2 Visible en anexos de la demanda (SAMAI, índice No. 2). Pág. 115.
3 Anexos de la demanda (SAMAI, índice No. 2). Pág. 139.

4 Anexos de la demanda (SAMAI, índice No. 2). Págs. 135 a 146.

2

Radicación: 110010315000-2020-04540-00 (7550)
Demandante: UGPP
Demandado: Álvaro Rodríguez Celis
Referencia: Recurso extraordinario de revisión

identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.884.297 de Aipe (Huila), la pensión de
jubilación en cuantía del 75% de la asignación básica y la prima de navidad devengados en
el año inmediatamente anterior a la fecha de su retiro definitivo del servicio, es decir, del 25
de junio de 1995 al 24 de junio de 1996, a partir del 9 de enero de 2011, fecha de
consolidación de su status pensional” (subrayas propias).

9. Inconforme con la anterior decisión, la UGPP interpuso recurso de apelación
indicando, principalmente, que no es cierto que al señor Rodríguez Celis lo cobijara
el régimen de transición que alega, por cuanto no cumplió con lo previsto en el
Artículo 33 de la Ley 797 de 2003, toda vez que no acreditó el número de semanas
cotizadas, ni el tiempo de servicio exigido, de manera que debía darse aplicación a
las reglas previstas por la Ley 100 de 1993.

La sentencia objeto del recurso extraordinario de revisión

10. Mediante providencia del 21 de febrero de 20195, el Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección B, resolvió el recurso de apelación interpuesto contra
la sentencia del 15 de octubre de 2013, señalando principalmente, en lo que refiere
al presente proceso, que:

(i) Conforme a las pruebas recaudadas, se acreditó que el señor Rodríguez
Celis cumplió 55 años el 9 de enero de 2011 y prestó sus servicios durante más de
veinte (20) años en cargos públicos (de 1975 a 1996)6, de manera que: (i) se
encontraba amparado por el régimen de transición previsto en el artículo 36 de la
Ley 100 de 1993, ya que para el 1 º de abril de 1994 contaba con más de 15 años
de servicio, y por tanto (ii) debió reconocérsele la pensión de jubilación “…de
conformidad con los requisitos de edad y tiempo, así como con la tasa pensional (75%),
contenidos en la Ley 33 de 1985, y calculada sobre el promedio de lo cotizado entre el 24
de junio de 1986 y el 24 de junio de 1996…”7.

(ii) En sentencia de unificación proferida por la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado el 28 de agosto de 2018, se explicó que “ Los
factores salariales que se deben incluir en el IBL para la pensión de vejez de los servidores
públicos beneficiarios de la transición son únicamente aquellos sobre los que se hayan
efectuado los aportes o cotizaciones al Sistema de Pensiones ”, de manera que en tanto
el Ministerio de Relaciones Exteriores certificó que sobre el actor “…cotizó los aportes
de ley por concepto del Sistema General de Seguridad social en Pensiones a CAJANAL…”8
sobre la bonificación por servicios y las primas de servicios, vacaciones y navidad,
tales conceptos deben ser incluidos como factores salariales para la determinación
del IBL.

5 Anexos de la demanda (SAMAI, índice No. 2). Págs. 147 a 171.
6 Específicamente, “...i) en el Ministerio de Defensa Nacional (servicio militar obligatorio) del 13 de agosto de

1975 al 30 de junio de 1977 y ii) para el Ministerio de Relaciones Exteriores desde el 5 de mayo de 1978 hasta
el 24 de junio de 1996…”
7 Pág. 22 de la sentencia.

8 Págs. 13, 22 y 23 de la sentencia.

3

Radicación: 110010315000-2020-04540-00 (7550)
Demandante: UGPP
Demandado: Álvaro Rodríguez Celis
Referencia: Recurso extraordinario de revisión

(iii) En consecuencia, decidió confirmar parcialmente la sentencia proferida el 15
de octubre de 2013 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, modificando el
ordinal tercero de su parte resolutiva, “en el sentido de que la pensión de jubilación del
actor debe liquidarse con el 75% del promedio de los factores salariales sobre los cuales
cotizó el señor Álvaro Rodríguez Celis durante los últimos 10 años de servicio, esto es,
asignación básica, bonificación por servicios y primas de servicios, vacaciones y navidad,
en atención a las consideraciones de este fallo”9.

El recurso extraordinario de revisión presentado y su trámite

11. A través de escrito presentado el 28 de octubre de 202010, la UGPP, por
conducto de apoderado judicial11, interpuso recurso extraordinario de revisión contra
la sentencia del 21 de febrero de 2019 invocando la causal de revisión contemplada
en el artículo 20, literal b, de la Ley 797 de 2003, esto es, “cuando la cuantía del
derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva
que le eran legalmente aplicables”.

12. Al presentar el recurso la UGPP indicó, en síntesis, que al estar inmerso el
señor Rodríguez Celis en el régimen de transición establecido en el artículo 36 de
Ley 100 de 1993, tal como fue determinado en el fallo recurrido, no podían incluirse
como factores salariales la prima de servicios, la de navidad y la de vacaciones,
toda vez que esos factores no se encuentran contemplados en el Decreto 1158 de
1994, norma aplicable al asunto. De esta manera indicó, lo siguiente:

“… El juez de instancia no obstante haber dado aplicación a la Ley 33 de
1985, y la sentencia de unificación de 28 de agosto de 2018, no debía haber
incluido los factores salariales de prima de servicios, navidad y vacaciones,
por cuanto no están enlistados en el Decreto 1158 de 1994 otorgando un
derecho a la reliquidación pensional en exceso, con lo cual se lesiona
gravemente el erario público…

…la reliquidación de la pensión de la causante en los términos ordenados (…)
no le corresponde, pues no obstante haber dado aplicación al artículo 21 de
la Ley 100 de 1993 respecto al IBL debía haber tenido en cuenta solamente
los factores salariales enlistados en el Decreto 1158 de 1994, para liquidar la
prestación, y no como erradamente lo hizo el fallador de instancia (…) por
cuanto el juzgador concedió unos derechos pensionales a Álvaro, sin haber
dado la debida aplicación a la Ley 100 de 1993 y decreto 1158 de 1994…

… es claro que el régimen aplicable para la determinación del IBL es el
sentenciado del artículo 21 de la ley 100 de 1993, pero con relación a los
factores salariales deberá tenerse en cuenta únicamente los relacionados en
el artículo 1º del Decreto 1158 de 1994, compilado en el Decreto Único
Reglamentario No. 1833 de 2016, artículo 2.2.3.1.3., y no las primas que
incluyó el fallador (…) (…) Decreto que no incluye ninguno de los factores

9 Numeral 2º de la parte resolutiva.
10 Conforme se evidencia en el acta individual de reparto, visible en el expediente digital.
11 El poder general otorgado por Carlos Eduardo Umaña Lizarazo (Director Jurídico de la UGPP) a Wildemar

Alfonso Lozano Barón, mediante Escritura Pública 3.034 del 15 de febrero de 2019, fue ratificado por Escritura
Pública 0249 del 24 de enero de 2020 (SAMAI, índice No. 2).

4

Radicación: 110010315000-2020-04540-00 (7550)
Demandante: UGPP
Demandado: Álvaro Rodríguez Celis
Referencia: Recurso extraordinario de revisión

sentenciados y que deben ser excluidos, en la medida que está generando
pagos en exceso en la mesada pensional de forma mensual…”

13. Con fundamento en lo anterior, la UGPP solicitó que se infirmara el fallo
impugnado, “manteniendo como ingreso base de liquidación el fijado en el artículo 21 de
la Ley 100 de 1993, incluyendo únicamente los factores base de cotización taxativamente
determinados en el Decreto 1158 de 1994, debiendo ser excluidos las prima de navidad, de
servicios y de vacaciones”, así como condenar al señor Álvaro Rodríguez Celis a
restituir la totalidad de los dineros percibidos y recibidos en exceso por la
reliquidación de la mesada pensional con la correspondiente indexación, como
consecuencia de las órdenes impartidas en las sentencia objeto de revisión.

Trámite procesal e intervenciones

14. De cara al trámite del recurso extraordinario de revisión, en auto del 30 de
noviembre de 2020,12 se admitió la demanda y se dispuso correr traslado al señor
Álvaro Rodríguez Celis, así como notificar al Ministerio Público de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 197 y 199 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA)13.

15. En auto del 25 de marzo de 202114 se decretaron como pruebas los
documentos allegados por la parte actora y se ordenó oficiar al Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda para que remitiera el
expediente con radicación 25000234200020130032800: actor: Álvaro Rodríguez
Celis, demandado: UGPP; el expediente fue allegado al proceso conforme a lo
ordenado15.

16. A través de auto del 2 de agosto de 202116 se tuvo por contestado
oportunamente el recurso extraordinario de revisión por parte del señor Álvaro
Rodríguez Celis, quien se opuso a la prosperidad del mismo17 señalando,
esencialmente, que cuando se profirió la sentencia de segunda instancia el Consejo
de Estado de manera expresa dio aplicación a la sentencia de unificación del año
2018 “…indicando que se encontraba acreditado que sobre esas primas se realizaron las
respectivas cotizaciones, aunque modificando el IBL al promediar los 10 últimos años, en
vez del último año como lo había decidido el a-quo…”, de manera que el fallo impugnado
dio cumplimiento a “las sentencias de unificación relativas a la interpretación del artículo
36 de la Ley 100 de 1993, y en dicho sentido dio ordenó (sic) liquidar la pensión de mi
mandante (…) con factores de asignación básica, bonificación por servicios, prima de
servicios, vacaciones y navidad, por cuanto se realizaron las cotizaciones”.

17. Adujo, además, que no es procedente ordenar restituir los dineros recibidos
en exceso por la reliquidación de la mesada pensional con su indexación, “…toda
vez que fueron dineros recibidos de buena fe, en cumplimiento de fallos judiciales proferidos
dentro de un proceso que duró casi una década…”.

12 SAMAI, índice No. 5.
13 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
14 SAMAI, índice No. 14.
15 SAMAI, índice No. 20.
16 SAMAI, índice No. 24.

17 SAMAI, índice No. 22.

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Radicación: 110010315000-2020-04540-00 (7550)
Demandante: UGPP
Demandado: Álvaro Rodríguez Celis
Referencia: Recurso extraordinario de revisión

18. El Ministerio Público guardó silencio.

II. CONSIDERACIONES

Competencia de la Sala

18. Conforme al artículo 248 del CPACA, el recurso extraordinario de revisión
procede contra las sentencias ejecutoriadas dictadas por el Consejo de Estado, los
tribunales y los jueces administrativos.

19. Frente a la competencia asignada a esta Corporación, el artículo 249 del
CPACA dispone que la Sala Plena conocerá del recurso extraordinario de revisión
interpuesto contra las sentencias dictadas por las secciones o subsecciones del
Consejo de Estado, sin exclusión de la sección que profirió la decisión que se
cuestiona. En armonía con la anterior disposición, es preciso destacar que el artículo
10718 del CPACA creó las Salas Especiales de Decisión para resolver los procesos
asignados por competencia a la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, o
aquellos que ésta les encomiende.

20. Con fundamento en lo anterior, la Sala Plena del Consejo de Estado, a través
de los Acuerdos 321 de 2 de diciembre de 2014 y 080 de 2019, reglamentó la
integración19 y funcionamiento de las Salas Especiales de Decisión, asignándoles,
entre otras, la competencia para resolver20 los recursos extraordinarios de revisión
interpuestos contra las sentencias de las secciones o subsecciones del Consejo de
Estado. Por tanto, la Sala es competente para resolver el presente asunto.

Oportunidad del recurso

18. El artículo 251 -inciso cuarto- del CPACA prevé que el término de caducidad
del recurso extraordinario de revisión, para los casos previstos en la Ley 797 de
200321, es de cinco años contados a partir de la ejecutoria de la correspondiente

18 “Créanse en el Consejo de Estado las salas especiales de decisión, además de las reguladas en este Código,

encargadas de decidir los procesos sometidos a la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, que esta les
encomiende, salvo de los procesos de pérdida de investidura y de nulidad por inconstitucionalidad. Estas Salas
estarán integradas por cuatro (4) Magistrados, uno por cada una de las secciones que la conforman, con
exclusión de la que hubiere conocido del asunto, si fuere el caso. La integración y funcionamiento de dichas
salas especiales, se hará de conformidad con lo que al respecto establezca el reglamento interno […]”
19 Artículo 28. “Las Salas Especiales de Decisión creadas por el artículo 107 de la Ley 1437 de 2011 estarán

integradas por un (1) magistrado de cada una de las Secciones de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo. La designación de un nuevo magistrado no modificará la integración de las Salas Especiales de
Decisión. El nuevo Magistrado entrará a formar parte de la Sala a que pertenecía quien se retiró. La
conformación o modificación de la integración de cada una de estas Salas será publicada en el sitio web del
Consejo de Estado. La Sala Plena podrá variar la conformación de las Salas Especiales de Decisión, previa
publicación en el sitio web del Consejo de Estado…”.
20 Artículo 29. Las Salas Especiales de Decisión decidirán los siguientes asuntos de competencia de la Sala

Plena de lo Contencioso Administrativo: 1. Los recursos extraordinarios de revisión interpuestos contra las
sentencias de las Secciones o Subsecciones del Consejo de Estado…”
21 “Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de

1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales”

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Radicación: 110010315000-2020-04540-00 (7550)
Demandante: UGPP
Demandado: Álvaro Rodríguez Celis
Referencia: Recurso extraordinario de revisión

providencia judicial, o en los casos de que ella no se requiera, dentro del mismo
término contado a partir del perfeccionamiento del acuerdo transaccional o
conciliatorio.

19. En el caso que se analiza, el recurso extraordinario de revisión se interpuso
contra una sentencia proferida en segunda instancia por la Sección Segunda -
Subsección B del Consejo de Estado, la cual quedó debidamente ejecutoriada el 4
de marzo de 2020 según constancia emitida por el Secretario de esa misma
Sección22, de modo que el recurso debía interponerse a más tardar el 5 de marzo
de 202523. Como el recurso fue presentado el 28 de octubre de 2020, es claro que
fue interpuesto oportunamente.

Legitimación por activa para formular el recurso bajo las causales de la Ley
797 de 2003

20. El artículo 20 de la Ley 797 de 2003 facultó al Gobierno para que, por
conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y
Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador General de
la Nación, soliciten ante el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia la
revisión de aquellas providencias judiciales donde se reconozcan prestaciones
periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública 24.

21. Por su parte el Gobierno Nacional, con fundamento en el ordinal 6º del
artículo 6º del Decreto 5021 de 28 de diciembre de 200925, delegó expresamente
como función de la UGPP la de adelantar o asumir, cuando haya lugar, las acciones
previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, lo cual fue reiterado bajo el mismo
numeral y artículo del Decreto 575 de 201326.

22. En consecuencia, atendiendo a la delegación indicada, se acredita su
legitimación para promover el presente recurso de revisión, atendiendo a la regla de
legitimación por activa cualificada dispuesta por el artículo 20 de la Ley 797 de 2013.

22 Anexos de la demanda (SAMAI, índice No. 2). Pág. 222.
23 Sin perjuicio de lo anterior, se precisa, que mediante Decreto 564 del 2020 dispuso que “Los términos de

prescripción y de caducidad previstos en cualquier norma sustancial o procesal para ejercer derechos, acciones,
medios de control o presentar demandas ante la Rama Judicial o ante los tribunales arbitrales, sean de días,
meses o años, se encuentran suspendidos desde el 16 de marzo de 2020 hasta el día que el Consejo Superior
de la Judicatura disponga la reanudación de los términos judiciales” y que el acuerdo PCSJA20-11567 del 5 de
julio de 2020 ordenó levantar la suspensión de términos a partir del 1 de julio de 2020.
24 La norma señala expresamente que, bajo tales causales, la decisión podrá ser revisada “…por el Consejo de

Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto
del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General
de la República o del Procurador General de la Nación”.
25 “Por el cual se establece la estructura y organización de la Unidad Administrativa Especial de Gestión

Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP– y las funciones de sus dependencias”.
26 “Por el cual se modifica la estructura de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y

Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) y se determinan las funciones de sus
dependencias”.

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Radicación: 110010315000-2020-04540-00 (7550)
Demandante: UGPP
Demandado: Álvaro Rodríguez Celis
Referencia: Recurso extraordinario de revisión

Problema jurídico

23. De conformidad con los argumentos del recurso interpuesto, el cargo de
revisión aducido y la contestación a la demanda, determina la Sala que corresponde
en el presente asunto establecer si la sentencia recurrida, al ordenar efectuar la
reliquidación de la pensión de jubilación del señor Álvaro Rodríguez Celis a la luz
del régimen de transición contemplado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993,
excedió la cuantía del derecho que le fue reconocido al haber incluido como factores
salariales para el cálculo del IBL, conceptos no enlistados en el artículo 1 del
Decreto 1158 de 1994, pero sobre los que el actor efectivamente había cotizado
(prima de servicios, vacaciones y navidad).

24. Atendiendo a lo anterior y con el objetivo de verificar si resulta fundado el
medio procesal de la referencia, la Sala propone hacer algunas precisiones en
relación con: (i) el recurso extraordinario de revisión, (ii) la revisión de sentencias
que reconocen pensiones, (iii) la causal de revisión del literal b) del artículo 20 de la
Ley 797 de 2003, (iv) el régimen de transición en el sistema general de pensiones,
(v) el principio constitucional de sostenibilidad financiera del sistema pensional, y
(vi) los efectos de la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018; para
finalmente abordar el caso concreto y determinar la procedencia, o no, de la causal
de revisión invocada.

Precisiones sobre el recurso extraordinario de revisión

12. Como reiteradamente lo ha explicado la jurisprudencia del Consejo de
Estado27, el recurso extraordinario de revisión consiste en un medio de impugnación
excepcional que permite cuestionar las sentencias ejecutoriadas y en firme de la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, con miras a procurar el
restablecimiento de la justicia material, cuando quiera que se acredite de manera
inequívoca la configuración de alguna de las causales taxativamente señaladas en
la Ley28, las que, por su gravedad, permiten romper el principio de cosa juzgada de
las decisiones ejecutoriadas29.

13. De esta forma, el recurso de revisión posee una connotación extraordinaria
no sólo porque se encuentra dirigido a desestimar la intangibilidad e irreversibilidad
de las sentencias ejecutoriadas y amparadas por la cosa juzgada material, sino

27 Sobre las generalidades del recurso extraordinario de revisión pueden consultarse, entre muchas otras:

Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencias de 2 de marzo de 2010, Rad. REV-
2001-00091, 6 de abril de 2010, Rad. REV-2003-00678, 20 de octubre de 2009, Rad. REV-2003-00133, 12 de
julio de 2005, Rad. REV-1997-00143-02, 14 de marzo de 1995, Rad. REV-078, 16 de febrero de 1995, Rad.
REV-070, 20 de abril de 1993, Rad. REV-045 y 11 de febrero de 1993, Rad. REV-037; Sección Tercera,
sentencia de 22 de abril de 2009, Rad. 35995 y Sección Quinta, sentencia de 15 de julio de 2010, Rad. 2007-
00267.
28 Consejo de Estado, Sala Cuarta Especial de Decisión, sentencia del 1º de septiembre de 2020, Exp. 11001-

03-15-000-2020-00266-00 (REV); sentencia del 29 de abril de 2015, Exp. 26239.
29 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 20 de octubre de 2009,

expediente No. 11001-03-15-000-2003-00133-00 (REV) y Sección Tercera, Subsección B, Sentencia de 29 de
agosto de 2014, expediente No. 34016,

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Radicación: 110010315000-2020-04540-00 (7550)
Demandante: UGPP
Demandado: Álvaro Rodríguez Celis
Referencia: Recurso extraordinario de revisión

también, por cuanto solo es procedente en la medida que se configure alguna de
las causales definidas por la ley, lo cual implica, que:

(i) Las facultades del juez que conoce del recurso extraordinario se reducen al
estudio de los planteamientos esgrimidos por el recurrente.

(ii) El recurrente debe sustentar el recurso con argumentos dirigidos a la
construcción del supuesto que permita determinar la configuración de la causal que
se aduce30.

14. Se observa entonces que, la competencia del juez de la revisión es
excepcional, restrictiva y está sometida a las causales taxativamente instituidas por
la Ley. Así, a su cargo esta la tarea de verificar que se cumpla de manera estricta
con la totalidad de los requisitos definidos para la configuración de la causal de
revisión alegada31 bajo los supuestos de hecho aducidos por el recurrente para el
efecto.

15. Adicionalmente es importante destacar que, atendiendo a su objeto y
naturaleza, el recurso extraordinario de revisión constituye un nuevo trámite
independiente y ajeno al proceso donde se dictó la decisión cuestionada, lo cual
torna en improcedente su uso como un medio para plantear reproches sobre el
fondo del asunto a modo de una instancia adicional, estando en consecuencia
vedada la posibilidad de cuestionar bajo el recurso la interpretación normativa y la
valoración probatoria que sustentó la decisión del juez natural, siendo objeto
exclusivo de discusión, aquellos asuntos que refieran o se relacionen con las
causales taxativas de procedencia establecidas en la ley32.

La revisión de sentencias que reconocen pensiones

16. La Ley 797 de 2013 instituyó en su artículo 20 la revisión especial de aquellas
sentencias que incorporan reconocimientos de sumas periódicas o pensiones a
cargo del tesoro público -o fondos de naturaleza pública-, en los siguientes términos:

“… Las providencias judiciales que hayan decretado o decreten
reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza
pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de
cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte
Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del
Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del

30 Artículo 252 del CPACA. “Requisitos del recurso. El recurso debe interponerse mediante escrito que deberá

contener: (…) 3. Los hechos u omisiones que le sirvan de fundamento. 4. La indicación precisa y razonada de
la causal invocada.”
31 Así lo indicó la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación, en sentencia de 8 de mayo

de 2018. Expediente No. 1998-153-01(REV), C.P. Alberto Yepes Barreiro.
32 La taxatividad deviene de lo restrictivo y específico de su examen. Al respecto la jurisprudencia destacó: “Las

causales que pueden proponerse como fundamento de este recurso, enlistadas de manera taxativa en el artículo
188 del Código Contencioso Administrativo, dan cuenta de la naturaleza eminentemente procedimental de los
vicios o errores que, de conformidad con la ley procesal, son los únicos que permiten la revisión de la sentencia
por la vía del recurso extraordinario que se analiza […]” Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia
de 1° de diciembre de 2010. Radicación número: 11001-03-15-000-2008-00480-00 (REV).

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Demandante: UGPP
Demandado: Álvaro Rodríguez Celis
Referencia: Recurso extraordinario de revisión

Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la
República o del Procurador General de la Nación.

La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de
una transacción o conciliación judicial o extrajudicial.

La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso
extraordinario de revisión por el respectivo código y podrá solicitarse por las
causales consagradas para este en el mismo código y además:

a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido
proceso, y

b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo
con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente
aplicables…”.

17. Como se observa, si bien esta revisión especial tiene también por finalidad
que se infirme una sentencia ejecutoriada, de su contenido normativo se observa
que presenta unas particularidades que le otorgan una entidad propia,
especialmente en relación con su interposición, objeto y tramite, siendo incluso
calificada por la jurisprudencia como una acción sui generis33, toda vez que:

(i) La reclamación está vinculada con la posibilidad de cuestionar, únicamente,
los fallos judiciales que ordenan, o las transacciones y conciliaciones que
reconocen, el pago de sumas periódicas de dinero, o pensiones de cualquier
naturaleza, pagadas con cargo al tesoro público. Esta circunstancia se cumple en
el presente asunto en tanto la acción pretende la infirmación de la sentencia
mediante la cual se reconoció y reliquidó la pensión de jubilación del señor Álvaro
Rodríguez Celis.

(ii) La legitimación por activa es exclusiva de aquellas entidades públicas
cualificadas que identifica la norma, y que, como se ha definido34, en el presente
caso se predica favorablemente respecto de la UGPP como entidad recurrente.

(iii) Su objetivo es la salvaguarda del erario, y por ende, se centra “… en la revisión
de los montos de las pensiones reconocidas en contra de lo establecido por la ley, en orden
a salvaguardar el equilibrio entre la prestación y su legalidad, así como también proteger
los recursos limitados del tesoro público, la liquidez, solvencia y sostenibilidad del sistema
de seguridad social y el principio de universalidad que lo gobierna”35, de manera que
procede cuando se excede la cuantía del derecho reconocido o éste se obtiene con

33 Corte Constitucional. Sentencia C-835 de 2003. MP Jaime Araújo Rentería. Respecto de sus particularidades,

puede verse también: Consejo de Estado, Sección Segunda. Auto de 27 de marzo de 2014 Rad. 11001-03-25-
000-2012-00561-00(2129-12) M.P. Gerardo Arenas Monsalve.
34 Numerales 20 a 22.
35 De acuerdo con la exposición de motivos del proyecto de ley 56 de 2002 -Senado, que culminó con la

promulgación de la Ley 797 de 2003, según se refiere en Consejo de Estado. Sala Especial de Decisión. No. 4,
sentencia del 1º de agosto de 2017. C.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Radicación. 11001-03-15-000-
2016-02022-00(REV).

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violación al debido proceso; la primera de ellas corresponde a la causal que sustenta
la demanda de revisión en el caso concreto.

La causal del literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003

18. Las pensiones reconocidas con cargo al erario pueden ser revisadas “Cuando
la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o
convención colectiva que le eran legalmente aplicables”36, causal respecto de la cual el
Consejo de Estado37 ha explicado, que:

(i) Tiene como propósito de fortalecer el principio de moralidad que impone el
reconocimiento de una pensión, el cual debe estar precedido de un examen
exigente y riguroso frente a los montos autorizados, pues de lo contrario, un exceso
en tales sumas que contraríe lo dispuesto legalmente, afecta la liquidez y solvencia
del sistema pensional.

(ii) Aun cuando la revisión de una decisión judicial colisiona con los principios de
cosa juzgada y seguridad jurídica, éstos deben ceder excepcionalmente ante el fin
legítimo de identificar y ajustar la pensión cuya cuantía exceda aquella derivada del
derecho reconocido conforme a la ley38.

(iii) El juez extraordinario debe propender por el equilibrio que debe existir entre
la prestación y la legalidad de la misma, de manera que, en cada caso, deberá
analizar si lo pedido en el recurso extraordinario de revisión recae efectivamente
sobre una pensión otorgada en monto que legalmente no corresponde, o si por el
contrario, constituye una mera discrepancia propia de las instancias ordinarias, cuya
finalidad consiste en plantear discusiones de orden interpretativo, o relacionadas
con el reconocimiento del derecho en sí mismo, las cuales son ajenas a la
acreditación en su cuantía de una “…evidente disparidad con lo previsto u ordenado por
la ley”, finalidad que delimita la procedencia del recurso.

19. Precisado lo anterior, la causal invocada por la UGPP en el presente asunto,
se fundamenta en la inviabilidad de reconocer una pensión con un monto superior
al que corresponda por mandato legal, lo cual atentaría contra el interés general y
los principios de solidaridad, universalidad y sostenibilidad financiera que gobiernan

36 Este artículo fue analizado por la Corte Constitucional con ocasión de la acción pública de inconstitucionalidad

que formuló el ciudadano Jorge Miguel Pauker Gálvez contra los artículos 19 y 20 de la Ley 797 de 2003 y que
declaró inexequible la expresión “en cualquier tiempo”, contenida en el primero y tercero incisos del artículo 20
de la ley 797 de 2003. En lo demás este artículo fue declarado exequible.
37 Consejo de Estado. Sala Especial de Decisión 4. Sentencia del 1° de agosto de 2017. Exp. 11001-03-15-000-

2016-02022-00. C.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
38 Al respecto puede verse también: Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 24 de

junio de 2021. C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas. Exp. 11001-03-25-000-2018-01568-00 (5123-18).

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el sistema de seguridad social39, de manera que el recurso, su trámite y la decisión,
deben referir exclusivamente “a la mayor liquidación del derecho”40.

El régimen de transición en el sistema general de pensiones

20. La Ley 100 de 199341 fue expedida por el Congreso de la República con el
fin de, entre otros, unificar la normativa pensional en el País con ocasión de la
diversidad de regímenes pensionales especiales existentes antes de su
promulgación, a partir de una reforma general al sistema de seguridad social.

21. Por tanto, con la vigencia de la Ley 100 de 1993 las condiciones pensionales
anteriores fueron modificadas, sin perjuicio de lo cual, con el objetivo de evitar
menoscabar los derechos y las expectativas legítimas de las personas que se
encontraban próximas a ser pensionadas o tuviesen cierto tiempo de servicio bajo
los regímenes anteriores, estableció un mecanismo de protección para quienes a
su entrada en vigencia tenían cierta edad o número de semanas de cotización,
reconociendo la posibilidad de pensionarse con algunas condiciones propias de los
regímenes abolidos -artículo 36-.

22. El anterior mecanismo, denominado como régimen de transición pensional,
se encuentra contemplado, definido y delimitado bajo la norma antes indicada en
los siguientes términos:

“ARTÍCULO 36. Régimen de Transición. La edad para acceder a la
pensión de vejez. continuará en cincuenta y cinco (55) años para las
mujeres y sesenta (60) para los hombres, hasta el año 2014, fecha en la
cual la edad se incrementará en 2 años, es decir, será de 57 años para las
mujeres y 62 para los hombres.

La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el
número de semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las
personas que al momento de entrar en vigencia el Sistema tengan 35 o
más años de edad si son mujeres o 40 o más años de edad si son hombres,
o 15 o más años de servicios cotizados, será la establecida en el régimen
anterior al cual se encuentren afiliados. Las demás condiciones y

39 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. C.P. William Hernández Gómez. Sentencia del 29 de

julio de 2021. Exp. 11001-03-25-000-2019-00280-00 (1721-19). “La norma en comento consagra la procedencia
de la acción de revisión, «Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley,
pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.». En relación con esta causal es importante
anotar que en la exposición de motivos del proyecto que condujo a la expedición de la Ley 797 de 2003 se
observa que ella obedeció a la necesidad «[…] de construir esquemas sociales solidarios, financieramente
viables y sostenibles en el tiempo, y, equitativos para todos los ciudadanos […]». Así las cosas, entre los
principales propósitos de esta norma, y en particular del artículo 20 ibidem, estaba el de reducir el déficit fiscal
y hacer del pensional un sistema factible en términos económicos permitiendo la revisión, entre otras, de
aquellas prestaciones periódicas cuya cuantía exceda lo debido de acuerdo con las normas vigentes. En ese
orden, las causales de procedencia de la acción de revisión deben interpretarse de conformidad con la teleología
a la que responde dicho instrumento procesal.”
40 Consejo de Estado. Sala Veinticinco Especial de Decisión. Sentencia del 8 de noviembre de 2021. C.P. Marta

Nubia Velásquez Rico. Exp. 11001-03-15-000-2020-04141-00 (REV).
41 “Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones”.

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requisitos aplicables a estas personas para acceder a la pensión de
vejez, se regirán por las disposiciones contenidas en la presente Ley.

El ingreso base para liquidar la pensión de vejez de las personas referidas
en el inciso anterior que les faltare menos de diez (10) años para adquirir
el derecho, será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere
falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si éste fuere superior,
actualizado anualmente con base en la variación del índice de precios al
consumidor, según certificación que expida el DANE. Sin embargo, cuando
el tiempo que les hiciere falta fuere igual o inferior a dos (2) años a la
entrada en vigencia de la presente Ley el ingreso base para liquidar la
pensión será el promedio de lo devengado en los dos (2) últimos años,
para los trabajadores del sector privado y de un (1) año para los servidores
públicos…” (negrillas propias)

23. De esta forma, bajo el régimen de transición aquellas personas que al
momento de entrar en vigencia el sistema de seguridad social integral (1° de abril
de 1994) contaran con treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres, o
cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o quince (15) o más años de
servicios cotizados, se les reconocerá la pensión de jubilación de conformidad con
el régimen anterior al cual se encontraban afiliados, en relación con la edad, el
tiempo de servicio y el monto de la pensión.

24. En relación con el concepto de monto y los factores para establecer el ingreso
base de liquidación (IBL), desde la expedición de la norma se plantearon variadas
interpretaciones que en los años subsiguientes dieron lugar a decisiones
encontradas entre las altas corporaciones judiciales.

25. Inicialmente, la Corte Constitucional en sentencia C-168 de 1995, al estudiar
la constitucionalidad de los incisos 2º y 3º del artículo 36 citado, destacó el interés
y objetivo del legislador por salvaguardar las expectativas de quienes estaban
próximos por edad, tiempo de servicios o número de semanas cotizadas de adquirir
el derecho a la pensión de jubilación, sin embargo, no dispuso reglas específicas
frente a la interpretación del artículo, o sobre si el monto estaba o no ligado al
concepto de base de liquidación42.

26. En providencias posteriores43, la Corte Constitucional aseveró que se
vulneran los derechos pensionales cuando no se aplica en su integridad el régimen
en el que se encuentra amparado el beneficiario de la transición, de manera que el
monto y la base de liquidación de la pensión forman una unidad inescindible y, por
tanto, el régimen de transición imponía implementar la totalidad de lo establecido en
el régimen anterior.

42 En esta providencia la Corte solo se pronunció frente a la diferenciación que realizaba la normativa original

entre trabajadores de los sectores público y privado. Sobre este tema ver Consejo de Estado. Sección Segunda.
Subsección B. Sentencia del 14 de octubre de 2021. C.P. Carmelo Perdomo Cuéter. Exp. 11001-03-25-000-
2016-01027-00 (4655-16).
43 Entre otras, pueden verse las sentencias T-1122 de 2000, T-1000 de 2002, T-169 de 2003, T-830 de 2004,

C-177, T-1087 de 2006, T-711 de 2007, T-248 de 2008 y T-610 de 2009,

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27. Por su parte, las subsecciones A y B de la sección segunda del Consejo de
Estado, adoptaron el criterio según el cual el monto de la pensión está conformado
por la tasa de reemplazo y el IBL, de manera que la persona beneficiaria de la
transición tenía derecho al reconocimiento pensional, como había concluido
también la Corte Constitucional, con aplicación íntegra del régimen anterior y que
regía su situación jurídica.

28. La anterior posición fue además afianzada por el Consejo de Estado en
sentencia de unificación del 4 de agosto de 201044, donde al analizar la reliquidación
de la pensión de un empleado bajo el régimen especial de la Ley 33 de 1985, y cuya
situación particular se enmarcaba dentro de la transición consagrada en el artículo
36 de la Ley 100 de 1993, explicó que el régimen de transición corresponde a “…un
beneficio consagrado en favor de las personas que cumplan determinados requisitos, para
que al entrar en vigencia la nueva ley, en lo que atañe a la edad, tiempo de servicio o
número de semanas cotizadas y monto de la pensión, se sigan rigiendo por lo establecido
en el régimen anterior al cual se encontraban afiliados” y que “…la Ley 33 de 1985 no
indica en forma taxativa los factores salariales que conforman la base de liquidación
pensional, sino que los mismos están simplemente enunciados y no impiden la inclusión de
otros conceptos devengados por el trabajador durante el último año de prestación de
servicios”.

29. Posteriormente, en sentencia C-258 de 2013 y al estudiar la
constitucionalidad del artículo 17 de la Ley 4ª de 1992, concerniente al régimen
pensional de los congresistas, la Corte Constitucional varió su posición y concluyó,
entre otras cosas, que (i) “Como factores de liquidación de la pensión solo podrán
tomarse aquellos ingresos que hayan sido recibidos efectivamente por el beneficiario,
tengan carácter remunerativo del servicio y sobre los cuales se hubieren realizado las
cotizaciones respectivas”; y (ii) “Las reglas sobre ingreso base de liquidación (IBL)
aplicables a todos los beneficiarios de este régimen especial, son las contenidas en los
artículos 21 y 36, inciso tercero, de la Ley 100 de 1993, según el caso”.

30. Además, en sentencia SU-230 de 2015, la sala plena de la Corte
Constitucional aclaró respecto de las reglas aplicables al IBL antes indicadas y
establecidas en el fallo C-258 de 2013, que “…el IBL no es un aspecto de la transición
y, por tanto, son las reglas contenidas en este [artículo 36 de la Ley 100 de 1993] las que
deben observarse para determinar el monto pensional con independencia del régimen
especial al que se pertenezca”.

31. Acompasada con la anterior determinación , la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado profirió sentencia de unificación el 28 de
agosto de 201845, donde precisó que en el inciso 3° del artículo 36 de la Ley 100 de

44 Consejo de Estado. Sección segunda. C.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. Exp. 25000-23-25-000-2006-

07509-01 (112-2009).
45 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 28 de agosto de 2018. C.P.

César Palomino Cortés. Exp. 52001-23-33-000-2012-00143-01. Posición reiterada por la Sección Segunda del
Consejo de Estado en sentencia de unificación del 11 de junio de 2020. C.P. César Palomino Cortés. Exp.
52001-23-33-000-2012-00143-01 (4403-2013).

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1993 el legislador excluyó del régimen de transición la expectativa de obtener la
pensión con el IBL que consagraba el régimen previo al que se encontraban
afiliados al entrar en vigor aquella, de manera que, según el principio de
favorabilidad, al momento de la liquidación pensional, se debe determinar el IBL
más benéfico para el pensionado, en la medida en que el régimen de transición
permite optar por el promedio de lo cotizado durante: (i) el lapso que le hiciere falta
entre la entrada en vigor de la Ley 100 (1º de abril de 1994) y la adquisición del
estatus pensional, si fuere inferior a 10 años; (ii) todo el tiempo, si el monto es
superior, actualizado anualmente con el índice de precios al consumidor (IPC); o (iii)
los últimos 10 años, conforme al artículo 21 ibidem.

32. Se determinó, además, que la tesis que adoptó la Sección Segunda de la
Corporación en la sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010, según la cual
el artículo 3 de la Ley 33 de 1985 no señalaba en forma taxativa los factores
salariales que conforman la base de liquidación pensional, sino que estaban
simplemente enunciados y no impedían la inclusión de otros conceptos devengados
por el trabajador, va en contravía de los principios de solidaridad y sostenibilidad
financiera en materia de seguridad social, desconociendo la voluntad del legislador
al expedir la Ley 100 de 1993, quien bajo el régimen de transición fijó el IBL como
elemento que permite cumplir “…con la finalidad no solo de unificar la base de la pensión
para todos aquellos que estaban próximos a pensionarse, sino como manifestación de los
principios de solidaridad, universalidad y sostenibilidad financiera para garantizar la
viabilidad futura del Sistema General de Pensiones”.

33. Por tanto, concluyó el Consejo de Estado que, para efectos de liquidar la
pensión de jubilación en el régimen de transición, el IBL está regulado por el inciso
3º de la Ley 100 de 1993, pues al momento de estructurar los beneficios de ese
régimen fue el propio legislador quien dispuso que estaría gobernado en unos
aspectos por la normativa que antes de entrar en vigor se aplicaba al beneficiario, y
en otros, por el régimen en comento, que incluye la determinación del IBL46, de
manera que los factores salariales para tal fin no pueden incluir todos aquellos
devengados por el trabajador en los términos del régimen anterior (en este caso Ley
33 de 1985), sino únicamente aquellos respecto de los cuales se hubiesen
realizados los correspondientes aportes.

34. De acuerdo con lo anterior, desde el año 2018, la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo de esta Corporación unificó su criterio en relación con
el IBL de las pensiones reconocidas bajo el régimen de transición de la Ley 100 de
1993, fijando dos (2) subreglas cardinales, una relacionada con el periodo a

46 En este mismo sentido, la Corte Suprema de Justicia había señalado en su momento que “…con el régimen

de transición pensional consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 no quiso el legislador mantener para
los beneficiarios la aplicación en su totalidad de la normatividad que gobernaba sus derechos pensionales, sino
solamente una parte de ella. Esta Sala de la Corte ha consolidado, por reiterado y pacífico, el criterio de que
dicho régimen comporta para sus beneficiarios la aplicación de las normas legales anteriores a la vigencia del
Sistema General de Pensiones, en tres puntuales aspectos: edad, tiempo de servicios o semanas cotizadas y
monto de la pensión. Y que el tema de la base salarial de liquidación de la pensión no se rige por tales
disposiciones legales, sino que pasa a ser regido, en principio, y para quienes les hacía falta menos de diez
años para adquirir el derecho por el inciso 3º del artículo 36 citado” . Sala de Casación Laboral, sentencia del 17
de octubre de 2008. Radicación 33.343.

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considerar para su liquidación, y la otra con los factores salariales que deben
incluirse para dicho efecto, especificando sobre éstas, que:

(i) El periodo a considerar para aquellas personas que al momento de entrar en
vigencia la Ley 100 de 1993 les faltaren más de 10 años para adquirir el derecho,
corresponde al promedio de los salarios -o rentas- sobre los cuales hubiere cotizado
el afiliado durante los 10 años anteriores al reconocimiento de la pensión; de lo
contrario, esto es, si les faltaren menos de 10 años, será, según sea superior: a) el
promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o b) el cotizado
durante todo el tiempo.

(ii) Los factores salariales que deben incluirse son únicamente aquellos respecto
de los cuales se hayan efectuado los correspondientes aportes o cotizaciones al
sistema de pensiones.

35. En relación con la segunda regla antes anotada, se resalta que fue
sustentada en el artículo 1° de la Constitución Política, el cual consagra el principio
de solidaridad como uno de los principios fundamentales del Estado Social de
Derecho, así como en su artículo 48, el cual define la Seguridad Social como un
servicio público de carácter obligatorio que debe prestarse en sujeción a los
principios de eficiencia, universalidad, solidaridad y sostenibilidad
financiera, normas superiores a partir de las cuales determinó el Consejo de Estado
en el fallo de unificación de 2018 que “solo los factores sobre los que se haya realizado
el aporte o cotización pueden incluirse como elemento salarial en la liquidación de la
mesada pensional”, en la medida que los principios antes mencionados resultarían
lesionados de permitirse el reconocimiento de pensiones sobre factores que no
fueron destinados por el trabajador al fondo común a partir del cual se solventan los
pagos de quienes adquirieron el derecho a la pensión.

El principio constitucional de sostenibilidad financiera del sistema pensional

36. Como aspecto fundamental frente al caso que se analiza, es preciso recordar
que a partir del Acto Legislativo No. 1 de 2005 el principio de sostenibilidad
financiera del sistema pensional adquirió el estatus de principio constitucional
prioritario y transversal47, el cual tiene como finalidad asegurar la correspondencia
entre los recursos que ingresan al sistema de seguridad social y aquellos que deben
destinarse a la protección de las personas que han asegurado su contingencia de
vejez48.

37. Para lograr dicha finalidad, el artículo 48 constitucional vigente, atendiendo a
la modificación realizada por el Acto Legislativo 01 de 2005, establece reglas
especiales para el reconocimiento de las pensiones, reglas que tienen por finalidad
“...evitar los desequilibrios producidos por el otorgamiento de mesadas en cuantías

47 Como ha sido reiterado por la Corte Constitucional en sentencias SU-555 de 2014, C-110 de 2019, SU-140

de 2019.
48 Sentencias C-110 de 2019 y C-651 de 2015.

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excesivas, que no correspondan a lo efectivamente cotizado, que establezcan privilegios
injustificados o que desconozcan el régimen legal bajo el que se causó el derecho”49, para
lo cual, entre otros, prohíbe expresamente:

(i) La existencia de regímenes pensionales especiales o exceptuados50;

(ii) El reconocimiento de derechos pensionales sin el cumplimiento de todos los
requisitos legales vigentes51;

(iii) El otorgamiento de pensiones por un valor superior a los 25 salarios mínimos
legales mensuales vigentes52;

(iv) El cálculo de la cuantía de la pensión a partir de factores diferentes a los que
sirvieron para calcular el valor de la cotización.

38. En relación con el ultimo punto anotado, de relevancia para el caso concreto,
el artículo 1, incisos primero y sexto del Acto Legislativo 01 de 2005, al adicionar el
artículo 48 de la Constitución Política, dispuso expresamente que el Estado
garantizará “la sostenibilidad financiera del Sistema Pensional” de manera que "Para la
liquidación de las pensiones sólo se tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada
persona hubiere efectuado las cotizaciones”. Señala además el citado artículo, que:
“Las leyes en materia pensional que se expidan con posterioridad a la entrada en vigencia
de este acto legislativo, deberán asegurar la sostenibilidad financiera de lo establecido en
ellas".

39. Por tanto, a la luz del artículo 48 de la Constitución Política, el principio de
sostenibilidad financiera es de obligatorio acatamiento tanto para el legislador como
para el juez al interpretar la ley, como quiera que dicho principio, como ha explicado
esta Corporación, irradia de manera transversal a todo el sistema pensional53,
determinando incluso que sus futuras reformas normativas deben configurarse y
desarrollarse dentro de un marco que asegure la sostenibilidad fiscal.

40. Bajo estas premisas y como desarrollo del citado principio, la Ley 797 de
2003 que modificó la ley 100 de 1993, dispuso entre otras medidas el aumento
progresivo de la tasa de cotización54, así como la eliminación de cualquier sustituto
o abono de cotización distinto al tiempo y las cotizaciones efectivas. Sobre el

49 Sentencia C-110 de 2019.
50 "A partir de la vigencia del presente Acto Legislativo, no habrá regímenes especiales ni exceptuados, sin

perjuicio del aplicable a la fuerza pública, al Presidente de la República y a lo establecido en los parágrafos del
presente artículo".
51 "Para adquirir el derecho a la pensión será necesario cumplir con la edad, el tiempo de servicio, las semanas

de cotización o el capital necesario, así como las demás condiciones que señala la ley, sin perjuicio de lo
dispuesto para las pensiones de invalidez y sobrevivencia. Los requisitos y beneficios para adquirir el derecho
a una pensión de invalidez o de sobrevivencia serán los establecidos por las leyes del Sistema General de
Pensiones".
52 "Parágrafo 1o. A partir del 31 de julio de 2010, no podrán causarse pensiones superiores a veinticinco (25)

salarios mínimos legales mensuales vigentes, con cargo a recursos de naturaleza pública".
53 Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia del 14 de octubre de 2021. C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.

Exp. 11001-03-15-000-2019-05228-01 (AC).
54 2003, 2004, 2005, 2006 y 2008 - 13,5% 14,5% 15% 15.5% 16.5%.

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particular, el artículo 13, literal l) de la Ley 100 de 1993 quedó en los siguientes
términos:

“En ningún caso a partir de la vigencia de esta ley, podrán sustituirse
semanas de cotización o abonarse semanas cotizadas o tiempo de
servicios con el cumplimiento de otros requisitos distintos a cotizaciones
efectivamente realizadas o tiempo de servicios efectivamente prestados
antes del reconocimiento de la pensión. Tampoco podrán otorgarse
pensiones del Sistema General que no correspondan a tiempos de
servicios efectivamente prestados o cotizados, de conformidad con lo
previsto en la presente ley. Lo anterior sin perjuicio de lo dispuesto en
pactos o convenciones colectivas de trabajo”

41. Además, y en concordancia con lo anterior, la Ley 797 de 2003 dispuso la
revisión de las sentencias que decreten el reconocimiento de pensiones con cargo
al tesoro público o a fondos de naturaleza pública, que corresponde al recurso
extraordinario que ahora se revisa, bajo la causal de exceso en la cuantía del
derecho reconocido conforme a la ley, lo que evidencia su estrecha relación con la
salvaguarda del principio de sostenibilidad financiera antes reseñado.

42. Finalmente, el Acto Legislativo 03 de 2011, norma que modificó los artículos
334, 339, 346 de la Constitución Política, estableció el principio de sostenibilidad
fiscal, el cual impone a las diferentes ramas y órganos del poder público orientar sus
actividades en un marco financieramente sostenible, sobre el cual deberán
construirse el Plan Nacional de Inversiones, el Plan Nacional de Desarrollo, y en
general, que “deberá fungir como instrumento para alcanzar de manera progresiva los
objetivos del Estado Social de Derecho”.

43. Por tanto, como obra en las conclusiones55 y subreglas56 contenidas en el
fallo de unificación del año 2018 proferido por el Consejo de Estado, los factores
salariales que pueden ser considerados para la determinación del IBL bajo el
régimen de transición del artículo 36 la Ley 100 de 1993, con fundamento en los

55 Se señala en el fallo de unificación lo siguiente: “99. La interpretación de la norma que más se ajusta al artículo

48 constitucional es aquella según la cual en el régimen general de pensiones, previsto en la Ley 33 de
1985, solo los factores sobre los que se haya realizado el aporte o cotización pueden incluirse como
elemento salarial en la liquidación de la mesada pensional. (…) 100. De conformidad con el Acto Legislativo
01 de 2005 por el cual se adiciona el artículo 48, para adquirir el derecho a la pensión será necesario cumplir
con la edad, el tiempo de servicio y las semanas de cotización. Para la liquidación de las pensiones sólo se
tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiere efectuado las cotizaciones. (…) 101. A
juicio de la Sala Plena, la tesis que adoptó la Sección Segunda de la Corporación, en la sentencia de unificación
del 4 de agosto de 2010, según la cual el artículo 3 de la Ley 33 de 1985 no señalaba en forma taxativa los
factores salariales que conforman la base de liquidación pensional, sino que los mismos estaban simplemente
enunciados y no impedían la inclusión de otros conceptos devengados por el trabajador durante el último año
de prestación de servicio, va en contravía del principio de solidaridad en materia de seguridad social…” (negrillas
originales del texto).
56 La parte resolutiva del fallo establece: “Primero: Sentar como jurisprudencia del Consejo de Estado frente a

la interpretación del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, que consagra el régimen de transición pensional, lo
siguiente: (…) 3. Los factores salariales que se deben incluir en el IBL para la pensión de vejez de los servidores
públicos beneficiarios de la transición son únicamente aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes o
cotizaciones al Sistema de Pensiones.

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principios constitucionales de solidaridad y sostenibilidad financiera del sistema
pensional, corresponden únicamente a aquellos sobre los cuales se realizaron
efectivamente los aportes o cotizaciones al sistema, manteniendo la
correspondencia que debe existir entre los aportes realizados por el trabajador al
sistema y la cuantía del derecho reconocido.

44. Esta regla ha sido reiterada por las distintas Secciones de esta Corporación,
particularmente por la Sección Segunda57, quien ha explicado que la interpretación
fijada, tanto por la Corte Constitucional como por el Consejo de estado, determina
que en el inciso 3° del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 el legislador excluyó del
régimen de transición la expectativa de sus beneficiarios a obtener la pensión con
el ingreso base de liquidación que consagraba el régimen anterior al que se
encontraban afiliados, “…por lo que se someten al mandato contenido en tal norma o en
el artículo 21 ib, según corresponda; lo que además guarda relación con el artículo 48
superior, en cuanto dispone que «Para la liquidación de las pensiones sólo se tendrán
en cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiere efectuado las
cotizaciones”58.

45. En el mismo sentido, la Sección Quinta expuso sobre el particular que “…si
bien la Corte Constitucional, en las sentencias C-258 de 2013, SU-230 de 2015 y SU-395
de 2017 no se pronunció en concreto sobre el régimen de transición de la Ley 33 de 1985,
lo cierto es que sí indicó que en procura de la sostenibilidad financiera del sistema pensional
todas las pensiones, independientemente del régimen que les sea aplicable, deben
liquidarse conforme a los factores salariales frente a los cuales se realizaron efectivamente
los aportes, criterio que esta Sección acoge y que fue enriquecido con los argumentos
anteriormente explicados…”59, posición también acogida por las Secciones Primera60
y Cuarta61.

57 En sentencia del del 27 de noviembre de 2020. C.P. Carmelo Perdomo Cuéter. Exp. 25000-23-42-000-2017-

00862-01 (6129-18), concluyó que “tampoco hay lugar a computar, como se solicita en la alzada, las primas de
dirección y técnica automática, toda vez que, de conformidad con las pruebas aportadas al expediente, solo se
realizaron aportes sobre el sueldo básico y la bonificación por servicios prestados…”
58 Consejo de Estado. Sección Segunda. Sentencia del 5 de agosto de 2021. C.P. Carmelo Perdomo Cuéter.

Exp. 41001-23-33-000-2017-00084-01 (6007-18). También pueden verse las sentencias del 22 de julio de 2021.
Exp. 17001-23-33-000-2017-00895-01 (1399-19) y 54001-23-33-000-2017-00764-01 (2803-19), así como la
sentencia del 30 de octubre de 2020. Exp. 11001-03-15-000-2020-01779-01 (AC).
59 Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia del 14 de marzo de 2019. Expediente: 11001-03-15-000-2018-

04400-01. M.P: Rocío Araújo Oñate. Pueden verse también: Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencias
del 20 de junio de 2019. Exp. 11001-03-15-000-2019-02127-00 (AC) y 11001-03-15-000-2019-02174-00 (AC),
reiterado en sentencia del 12 de septiembre de 2019. Exp. 11001-03-15-000-2019-01780-01 (AC). C.P. Rocío
Araújo Oñate.
60 Al analizar un fallo donde se determinó en primera instancia que el trabajador era beneficiario del régimen de

transición, y en ese sentido, que la normatividad anterior solo aplicaba en relación con la edad y tiempo de servicios,
pero respecto del ingreso base de liquidación era el previsto en la Ley 100 de 1993, y que por tanto, no había lugar
a la reliquidación de la mesada pensional con la totalidad de los factores devengados, la Sección Primera señaló
que tal decisión “coincide con la regla jurisprudencial fijada por el órgano de cierre de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa, según la cual, para efectos de liquidar la mesada pensional, el ingreso base de liquidación será
el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado…” Consejo de Estado. Sección
Primera. Sentencia del 1 de noviembre de 2019. C.P. Oswaldo Giraldo López. Exp. 11001-03-15-000-2019-
02879-01 (AC). Lo anterior fue reiterado y explicitado como aplicable también a la pensión de invalidez en
sentencia del 16 de julio de 2020. C.P. Oswaldo Giraldo López. Exp. 11001-03-15-000-2020-02272-00 (AC).
61 La Sección Cuarta en sentencia del 5 de noviembre 2020 explicó que “…la conclusión a la que arribó el

tribunal accionado resulta razonable, pues más allá de encontrarse acorde con el precedente antes mencionado,
el cual efectivamente se dictó en el marco de la reliquidación de pensiones de vejez concedidas para los

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Los efectos de la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018

46. Es importante destacar que en el fallo de unificación del 28 de agosto de
2018 -reiterado en la sentencia de unificación del 11 de junio de 2020-, la Sala Plena
de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación precisó que no puede
entenderse que las pensiones reconocidas o reliquidadas en el régimen de
transición, con fundamento en la tesis que sostenía la Sección Segunda del Consejo
de Estado, lo fueron per se con abuso del derecho o fraude a la ley, por lo que “…si
se llegare a interponer un recurso extraordinario de revisión contra una sentencia que haya
reconocido una pensión bajo esa tesis, será el juez, en cada caso, el que defina la
prosperidad o no de la causal invocada”.

47. Con fundamento en lo anterior, la Secciones Segunda62 y Cuarta63 del
Consejo de Estado, así como las Salas Especiales de Decisión64, han reiterado que
solo hasta el 28 de agosto de 2018 varió la tesis adoptada por la sección segunda
bajo unificación en el año 2010 en relación con el IBL de las pensiones reconocidas
en aplicación del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, de manera que, como
lo prevé el propio fallo de unificación del año 2018, sus reglas tienen carácter
vinculante y obligatorio, pero solo serán aplicables a aquellos “…casos pendientes de
solución tanto en vía administrativa como en vía judicial a través de acciones ordinarias;
salvo los casos en los que ha operado la cosa juzgada que, en virtud del principio de
seguridad jurídica, resultan inmodificables”65.

El caso concreto

48. La UGPP interpone acción de revisión solicitando la infirmación de la
sentencia proferida el 21 de febrero de 2019 por la Sección Segunda, Subsección
B del Consejo de Estado, la cual en segunda instancia le condenó a reliquidar la
pensión ordinaria de jubilación reconocida al señor Álvaro Rodríguez Celis conforme
al régimen de transición dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, con el
75% del promedio de los factores salariales sobre los cuales cotizó durante los
últimos 10 años de servicio, incluyendo, además de la asignación básica y la

beneficiarios del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, en cualquier caso es una decisión que resulta
compatible con el contenido del Acto Legislativo 01 de 2005, según el cual, "Para la liquidación de las pensiones
sólo se tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiere efectuado las cotizaciones…”.
C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto. Exp. 11001-03-15-000-2020-03768-00(AC).
62 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 29 de octubre de 2020. Exp. 11001-03-

15-000-2020-03272-00. Explicó que, para el caso particular, “…no era exigible una interpretación normativa
distinta a la acogida y menos era viable determinar que la decisión no se acompasaba con una tesis
jurisprudencial que no existía para el momento en que fue proferida”.
63 Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencia del 18 de febrero de 2021 C.P. Milton Chaves García.

Exp.11001-03-15-000-2020-03272-01.
64 Consejo de Estado. Sala Especial de Decisión 12. Sentencia del 10 de septiembre de 2019. C.P. Ramiro

Pazos Guerrero, expediente 11001-03-15-000-2016-01410-00 (REV). Señaló en esa oportunidad: “Como quedó
expuesto, el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 ha tenido diferentes interpretaciones jurisprudenciales; sin
embargo, para cuando se adoptó la decisión aquí cuestionada, la interpretación mayoritaria y vigente en esta
Corporación era la sostenida en la sentencia de unificación de la Sección Segunda de 2010”.
65 Consejo de Estado. Sala Plena De Lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 28 de agosto de 2018. C.P.

César Palomino Cortés. Exp. 52001-23-33-000-2012-00143-01.

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bonificación por servicios, por haberse cotizado sobre ellos, las primas de servicios,
vacaciones y navidad.

49. Es importante precisar que la entidad recurrente no discute el reconocimiento
del derecho efectuado a favor del señor Rodríguez Celis, consistente en obtener la
pensión de vejez bajo el régimen de transición pensional de la Ley 100 de 1993,
como tampoco desconoce el periodo y la tasa de reemplazo definida en la decisión
para determinar el IBL, esto es, el 75% del promedio de los factores salariales sobre
los cuales cotizó el jubilado durante los últimos 10 años.

50. La inconformidad y sustento del recurso extraordinario de revisión se
circunscribe, en el caso concreto, a la inclusión de factores salariales que no se
encuentran contemplados en el Decreto 1158 de 1994, y que, por tanto, no pueden
ser tomados como factor salarial para la determinación del IBL bajo el régimen de
transición que fue reconocido en los términos del artículo 36 de esa norma.

51. Frente a la petición referida, la parte accionada afirma que no hay lugar a la
revisión de la sentencia dictada por la Sección Segunda del Consejo de Estado en
la medida que la reliquidación de la pensión, en los términos ordenados en el fallo,
se fundamentó en la ley y en la posición jurisprudencial vigente para la época
definida en la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018.

52. Por ende y en primera medida, la Sala observa que el recurrente se limitó a
cuestionar la conformación del IBL aplicado en la sentencia cuestionada,
específicamente y conforme al alcance de la demanda de revisión, por la inclusión
de factores salariales que a su juicio no están determinados por la ley, y que, por
ende, generan pagos en exceso en la mesada pensional reconocida de forma
mensual, lo cual permite concluir que el presente asunto:

(i) Se dirige a cuestionar la cuantía de la pensión que se ordenó liquidar en el
fallo objeto del recurso, de manera que resulta procedente indagar si efectivamente
se configuró, o no, la causal de revisión contenida en el literal b) del artículo 20 de
la Ley 797 de 2003.

(ii) Se circunscribe exclusivamente a determinar si le asiste o no razón a la
UGPP, en el sentido de que las primas de servicios, de vacaciones y de navidad, al
no ser conceptos dispuestos en el Decreto 1158 de 1994, no podían ser incluidos
como factores salariales para el cálculo del IBL, por lo que su reconocimiento
constituye un mayor pago al que por ley tiene derecho el demandado como
beneficiario de la pensión bajo las normas de la Ley 33 de 1985 y el régimen de
transición dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. Lo anterior, se
circunscribe al numeral 2 de la parte resolutiva del fallo impugnado.

53. Partiendo de lo anterior, observa la Sala que, tanto en la sentencia de primera
como en la de segunda instancia, se consignó y reiteró que el señor Rodríguez Celis
cumplió 55 años en enero de 2011, y que había prestado sus servicios durante más
de 20 años para el mes de junio de 1996, de manera que debía reconocérsele la
pensión de jubilación de conformidad con los requisitos de edad, tiempo y tasa

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pensional definidos por el sistema anterior al cual se encontraba afiliado, esto es, el
consagrado en la Ley 33 del 29 de enero de 198566, normas que contenían los
requisitos y condiciones para acceder al derecho pensional en los siguientes
términos:

“ARTÍCULO 1º - El empleado oficial que sirva o haya servido veinte (20)
años continuos o discontinuos y llegue a la edad de cincuenta y cinco (55)
tendrá derecho a que por la respectiva Caja de Previsión se le pague una
pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente al setenta y cinco por
ciento (75%) del salario promedio que sirvió de base para los aportes
durante el último año de servicio…” (subrayas propias)

54. Por otra parte, en cuanto al IBL, el artículo 3º de la citada ley67 regula y define
los factores que se han de tener en cuenta para la fijación de la pensión, así:

“ARTÍCULO 3º. Todos los empleados oficiales de una entidad afiliada a
cualquier Caja de Previsión, deben pagar los aportes que prevean las
normas de dicha Caja, ya sea que su remuneración se impute
presupuestalmente como funcionamiento o como inversión. Para los
efectos previstos en el inciso anterior, la base de liquidación de los aportes
proporcionales a la remuneración del empleado oficial estará constituida
por los siguientes factores, cuando se trate de empleados del orden
nacional: asignación básica; gastos de representación; prima técnica;
dominicales y feriados; horas extras; bonificación por servicios prestados;
y trabajo suplementario o realizado en jornada nocturna o en días de
descanso obligatorio. En todo caso, las pensiones de los empleados
oficiales de cualquier orden, siempre se liquidarán sobre los mismos
factores que hayan servido de base para calcular los aportes”. (subrayas
propias)

55. Conforme a las normas antes transcritas, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, en sentencia de primera instancia,
aunque determinó que el señor Rodríguez Celis era beneficiario del régimen de
transición, concluyó erróneamente que debía aplicarse integralmente la Ley 33 de
1985, norma que permite la inclusión de todos los factores salariales percibidos o
devengados en el último año laborado. En ese sentido el fallo indicó 68:

“Así pues, dicho régimen anterior, consagrado para el caso de la Ley 33
de 1985, dispuso que las pensiones de los empleados oficiales que
hubieren servido veinte (20) años, continuos o discontinuos, lleguen a la
edad de 55 años de edad (sic), les serán liquidadas por el 75% del salario
promedio que sirvió de base para calcular los aportes durante el último año
de servicio (…)

66 “Por la cual se dictan algunas medidas en relación con las Cajas de Previsión y con las prestaciones sociales

para el Sector Público.”
67 Modificada por la Ley 62 de 1985.

68 Anexos de la demanda (SAMAI, índice No. 2). Págs. 141 y 142.

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En consecuencia, el actor tiene derecho a que la entidad demandada le
reconozca y pague su pensión de Jubilación ordinaria con el régimen
previsto en las Leyes 33 y 62 de 1985, tomando como cuantía el 75% de
todos los factores salariales devengados en el año inmediatamente
anterior a la fecha de su retiro definitivo del servicio, incluyéndose como
tales los certificados por la Coordinadora de Nómina y Prestaciones del
Ministerio de Relaciones Exteriores en los folios 9 al 14 del cuaderno
principal del expediente....” (subrayas propias)

56. Con fundamento en lo anterior, el Tribunal dispuso en el numeral 3 de la parte
resolutiva, condenar a la UGPP a “reconocer y pagar al señor Álvaro Rodríguez Celis
(…) la pensión de jubilación en cuantía del 75% de la asignación básica y la prima de
navidad devengados en el año inmediatamente anterior a la fecha de su retiro definitivo del
servicio…”69.

57. La providencia anterior fue objeto de recurso de apelación instaurado por la
UGPP, el cual fue resuelto bajo la sentencia objeto de revisión. Como problema
jurídico de la apelación, la sentencia explicó que correspondía a la Sala determinar
si al señor Rodríguez Celis “…le asiste derecho al reconocimiento de su pensión de
jubilación, teniendo en cuenta la totalidad de los factores salariales devengados durante el
último año de servicios, de conformidad con el régimen ordinario previsto en las Leyes 33
y 62 de 1985…”70. Sobre el particular, la sentencia objeto de revisión dispuso lo
siguiente:

“Los anteriores prolegómenos nos conducen a la conclusión de que al actor
le asiste el derecho a que su pensión de jubilación le sea reconocida con
el 75% del promedio de los factores salariales sobre los cuales cotizó
durante los últimos 10 años de servicios, esto es, asignación básica,
bonificación por servicios y primas de servicios, vacaciones y navidad, en
atención a las reglas de interpretación fijadas tanto por la Corte
Constitucional como por el Consejo de Estado (…) en el sentido de que en
el inciso 3° del artículo 36 ibídem el legislador excluyó del régimen de
transición la expectativa de las personas beneficiarias de este de obtener
su pensión con el ingreso base de liquidación que consagraba el régimen
anterior al que se encontraban afiliados al entrar en vigor aquella, por lo
que se someten al mandato contenido en tal norma (…)

(…) Cajanal debió reconocerle la pensión de jubilación de conformidad con
los requisitos de edad y tiempo, así como con la tasa pensional (75%),
contenidos en la Ley 33 de 1985, y calculada sobre el promedio de lo
cotizado entre el 24 de junio de 1986 y el 24 de junio de 1996, con inclusión
de la asignación básica, la bonificación por servicios y las primas de
servicios, vacaciones y navidad, como lo preceptúa el inciso tercero del
artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

Lo anterior en atención a que (…) de acuerdo con lo certificado por el
Ministerio de Relaciones Exteriores sobre la asignación básica, la

69 Anexos de la demanda (SAMAI, índice No. 2). Págs. 143 y 144.

70 Anexos de la demanda (SAMAI, índice No. 2). Pág. 156.

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bonificación por servicios y las primas de servicios, vacaciones y navidad,
el actor «[...] cotizó los aportes de ley por concepto del Sistema General de
Seguridad social en Pensiones a CAJANAL [...]»71. (subrayas propias)

58. Se observa, entonces, que la sentencia objeto de revisión confirmó que el
señor Rodríguez Celis tenía derecho al reconocimiento de la pensión de jubilación
con las condiciones de edad, tiempo y monto contempladas por la Ley 33 de 1985,
bajo el régimen de transición dispuesto por la Ley 100 de 1993; no obstante,
concluyó que la consecuencia de tal reconocimiento difería del realizado por el
Tribunal en relación con el periodo a considerar para su liquidación y los factores
salariales que se debían incluir.

59. En relación con el primer aspecto, el fallo de segunda instancia señaló que
el periodo para la liquidación no correspondía al último año de servicio, como había
dispuesto el Tribunal a quo, sino que debían considerarse los últimos 10 años de
servicios. Este aspecto no es objeto del recurso extraordinario de revisión como ya
se ha expuesto.

60. Respecto los factores salariales, la sentencia recurrida en revisión determinó
que, en tanto el fallo de unificación del año 2018 señaló que “Los factores salariales
que se deben incluir en el IBL para la pensión de vejez de los servidores públicos
beneficiarios de la transición son únicamente aquellos sobre los que se hayan efectuado
los aportes o cotizaciones al Sistema de Pensiones”, y por cuanto se acreditó en el
proceso que el actor “…cotizó los aportes de ley por concepto del Sistema General de
Seguridad social en Pensiones …”72 sobre la bonificación por servicios y las primas de
servicios, vacaciones y navidad, todos esos conceptos deben ser incluidos como
factores salariales para la determinación del IBL.

61. Ahora, es preciso recordar que la UGPP no discute que el demandado
hubiese cotizado y efectuado los correspondientes aportes sobre la prima de
servicios, las vacaciones y la navidad, tampoco discute la autenticidad de las
certificaciones; lo que argumenta el recurrente es que tales conceptos no pueden
ser reconocidos en la medida que no hacen parte del listado definido por el artículo
1º del Decreto 1158 de 1994, que establece:

“El salario mensual base para calcular las cotizaciones al Sistema General
de Pensiones de los servidores públicos incorporados al mismo, estará
constituido por los siguientes factores:

a) La asignación básica mensual;

b) Los gastos de representación;

c) La prima técnica, cuando sea factor de salario;

71 Págs. 14, 22 y 23 del fallo.

72 Págs. 13, 22 y 23 de la sentencia.

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d) Las primas de antigüedad, ascensional de capacitación cuando sean
factor de salario;

e) La remuneración por trabajo dominical o festivo;

f) La remuneración por trabajo suplementario o de horas extras, o realizado
en jornada nocturna;

g) La bonificación por servicios prestados;”

62. Sobre el particular, en la medida que los principios de solidaridad73 y
sostenibilidad financiera exigen la búsqueda de una correspondencia -más no
necesariamente un equilibrio- entre los ingresos del Sistema General de Pensiones
y el gasto que está en la obligación de asumir, lo cual impone que, entre otros temas,
sean las cotizaciones y aportes efectuados por los beneficiarios los que
fundamenten y determinen la cuantía de su derecho pensional, para la Sala, la regla
según la cual bajo el régimen de transición contenido en el artículo 36 de la Ley 100
de 1993 los factores del IBL se regulan por sus mandatos, modificaciones y
reglamentos, no excluye que deban estar comprendidos en el IBL aquellos
conceptos que fueron objeto de cotizaciones y aportes efectivos del trabajador, pero
que, en tanto hicieron parte de un régimen anterior, no se encuentran en el listado
taxativo de factores salariales determinado por la legislación actual.

63. Como fundamento de lo anterior, se recuerda que bajo las reglas aplicables
al régimen de transición de la Ley 100 de 1993 definidas por la sentencia de
unificación del año 2018 y la jurisprudencia posterior del Consejo de Estado, los
únicos factores salariales que pueden ser reconocidos para determinar el IBL en la
pensión de jubilación son aquellos respecto de los cuales se hayan efectuado los
correspondientes aportes o cotizaciones al sistema de pensiones, fundamentado en
el principio de sostenibilidad financiera, aspecto que no se contradice o desconoce
por el reconocimiento y pago de la pensión con fundamento en aportes
efectivamente realizados bajo un régimen anterior, aunque ausente en el listado de
factores de la normatividad vigente. Además, pero de manera principal, la alegada
taxatividad no se encuentra comprendida bajo ninguna de las subreglas definidas
por esta Corporación en el año 2018 en el fallo de unificación.

64. Para abundar en razones, se estima, además, que la interpretación y
aplicación que hizo la sección segunda del Consejo de Estado en el fallo que ahora
se cuestiona, es acorde con los principios de solidaridad y sostenibilidad financiera
así como con la justicia material, desarrollados de manera amplia y precisa en los
antecedentes de la reforma constitucional ya referida, toda vez que en la medida
que el trabajador ha realizado los aportes al sistema pensional, el ulterior
reconocimiento de su pensión sobre tales conceptos, aun cuando no estén listados
en la normatividad vigente, por haberse realizado bajo un régimen anterior, no

73 En la sentencia C-739 de 2002, la Corte Constitucional reiteró que el principio de solidaridad “…implica que

todos los que participan en el sistema tienen el deber de contribuir a su sostenibilidad, equidad y eficiencia, lo
cual explica que sus miembros deban, en general, cotizar, no sólo para poder recibir los distintos beneficios,
sino para preservar el sistema en su conjunto”

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Demandante: UGPP
Demandado: Álvaro Rodríguez Celis
Referencia: Recurso extraordinario de revisión

debería estar llamada a afectar las finanzas del sistema ni poner en riesgo la
garantía del derecho a la pensión de los demás beneficiarios, toda vez que respeta
la correspondencia que en un sistema de contribución solidario debe existir entre lo
aportado y lo retornado al afiliado, asunto que adicionalmente propende por su
sostenibilidad financiera.

65. Bien por el contrario, estima la Sala que una interpretación como la
pretendida por la UGPP -y que sustenta el único cargo del presente recurso
extraordinario de revisión-, resulta contraria a los principios antes indicados pero en
detrimento de aquellos a quienes se les negaría bajo tal premisa y de forma
injustificada, el reconocimiento y pago de su pensión sobre aquellos conceptos que
de manera efectiva aportó durante su vida laboral al sistema pensional y que
fundamentan la cuantía de su derecho.

66. Debe entonces concluirse que la regla conforme a la cual, al reconocerse la
pensión de jubilación bajo el régimen del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, los
factores para determinar la cuantía de la mesada pensional solo pueden
corresponder a aquellos sobre los cuales se hicieron los correspondientes aportes,
incluye el reconocimiento de aquellos factores salariales que de forma efectiva
fueron objeto de cotización, pero que al corresponder a un régimen anterior,
tratándose de un régimen de transición, no están listados expresamente como tales
bajo la legislación vigente, interpretación que no se contrapone a ninguna de las
reglas o sub reglas definidas de manera expresa en el fallo de unificación del año
2018.

67. En el caso concreto, se observa que en la decisión objeto de revisión la
Sección Segunda de esta Corporación, al liquidar la pensión de jubilación del
demandado bajo el régimen de transición de la Ley 100 de 1993, incluyendo para el
cálculo del IBL la asignación básica mensual y la bonificación por servicios,
conceptos contemplados en los literales a) y g) del artículo 1º del Decreto 1158 de
1994, así como la prima de servicios, las vacaciones y la navidad, no conduce a los
supuesto de la causal de revisión que se invoca, toda vez que, “…de acuerdo con lo
certificado (…) sobre la asignación básica, la bonificación por servicios y las primas de
servicios, vacaciones y navidad, el actor «[...] cotizó los aportes de ley por concepto del
Sistema General de Seguridad social en Pensiones”74.

68. Por tanto, la decisión objeto de revisión, en lo que refiere a los factores
salariales para la liquidación de la pensión de vejez del demandado, no es contraria
a la postura unificada en la sentencia de 28 de agosto de 2018, la cual definió que
el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 permite conservar las prerrogativas del régimen
anterior en cuanto la edad para consolidar el derecho pensional75, el tiempo de
servicios o el número de semanas cotizadas76 y el monto77, pero en lo que concierne
a los factores salariales que componen el IBL, deberá aplicarse la subregla

74 Págs. 14, 22 y 23 del fallo.
75 55 años.
76 20 años.

77 75 %.

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Demandante: UGPP
Demandado: Álvaro Rodríguez Celis
Referencia: Recurso extraordinario de revisión

conforme a la cual solo deben ser considerados aquellos sobre los cuales se
hubiesen efectuado cotizaciones al Sistema General de Pensiones. Lo anterior,
considerando, además, que para el caso concreto, no se disputa ni controvierte que
el señor Rodríguez Celis cotizó al sistema sobre la asignación básica, la
remuneración por servicios prestados, la prima de servicios, las vacaciones y la
navidad.

69. Adicionalmente, en tanto la decisión que se recurre reconoció al señor
Rodríguez Celis la pensión de jubilación con la inclusión de solo aquellos factores
salariales respecto de los cuales efectivamente cotizó al Sistema General de
Pensiones, estima la sala que la sentencia que reconoció su derecho pensional es
acorde con los principios constitucionales del sistema, sin que se observe ilegalidad,
desproporción o falta de razonabilidad en la cuantía de la prestación reconocida al
demandado que lleve a la configuración de un exceso en la misma, mucho menos,
con la entidad suficiente para vulnerar el principio de sostenibilidad financiera que
sustenta la causal invocada por la UGPP.

70. Lo expuesto, en conjunto con la inexistencia de discusión en relación con la
procedencia de aplicar las reglas definidas por el fallo de unificación del año 2018
al caso concreto, en tanto: (i) el fallo de segunda instancia fue posterior a su
expedición, (ii) su aplicación fue expresa por parte del Consejo de Estado en el fallo
recurrido y (iii) tal circunstancia no es discutida por las partes; permiten concluir a la
Sala que no se configura en el presente caso el reconocimiento de una cuantía
superior a la que en derecho corresponde, toda vez que la inclusión de la prima de
servicios, de vacaciones y de navidad como elementos para el cómputo del IBL,
tuvo sustento en que el demandante acreditó haber cotizado y realizado los
correspondientes aportes sobre tales conceptos.

71. En consecuencia, la Sala declarará infundado el recurso extraordinario de
revisión interpuesto en contra de la sentencia del 21 de febrero de 2019 dictada por
la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado. Igualmente, se negará
la pretensión del recurrente consistente en que se condene a la parte demandada
a restituir los dineros percibidos y recibidos en exceso por la reliquidación, al ser
consecuencial de la prosperidad del recurso.

Costas

72. De conformidad con lo previsto en los artículos 188 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 365 del Código
General del Proceso78, no es procedente en costas a la parte recurrente por cuanto

78C.G.P. «Art. 365. Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que

haya controversia en la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: 1. Se condenará en costas a la
parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación,
queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este
código. 5). En caso de que prospere parcialmente la demanda, el juez podrá abstenerse de condenar en costas
(…) 8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su
comprobación».

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Demandante: UGPP
Demandado: Álvaro Rodríguez Celis
Referencia: Recurso extraordinario de revisión

en el expediente no se encuentran probadas, no siendo suficiente la sola
intervención de las partes en el proceso para su causación.

III. PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sala Veintitrés Especial de Decisión, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión
interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 21 de febrero de 2019
dictada por la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado, mediante la
cual se confirmó parcialmente la sentencia proferida el 15 de octubre de 2013 por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca (Sección Segunda, Subsección D),
dentro del expediente No. 250002342000 – 2013 – 00328 – 01.

SEGUNDO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

TERCERO: Sin CONDENA en costas.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ROCÍO ARAÚJO OÑATE STELLA JEANNETTE CARVAJAL
(salvamento de voto)

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ CARMELO PERDOMO CUETER
(salvamento parcial de voto)

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE79
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
(aclaración de voto)

VF

79 Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado y

que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera que el
certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.

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