Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2020-04565-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2020-04565-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2020-04565-00
Consejero ponente: William Hernandez Gomez
3 de diciembre de 2021
Radicado: 11001-03-15-000-2020-04565-00
Asunto: Control inmediato de legalidad
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA ESPECIAL DE DECISIÓN n.º 19
Consejero ponente: Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Bogotá, D. C., tres (03) de diciembre de dos mil veintiuno (2021)
Referencia: CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD
Radicación: 11001-03-15-000-2020-04565-00
Asunto: Desarrollo y aplicación del control inmediato de legalidad y del
test de proporcionalidad respecto de las medidas administrativas
de emergencia adoptadas a raíz de la Covid-19. Ley 1437 de
2011.
Decisión: Declara la nulidad de la Resolución 410904 del 16 de octubre de
2020, proferida por el Ministerio de Minas y Energía.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA CE-SED-19-015-2021
ASUNTO
1. La Sala Especial de Decisión n.º 19 dicta la sentencia que en derecho
corresponda en el proceso judicial tramitado en virtud del medio de control inmediato
de legalidad de que tratan los artículos 20 de la Ley 137 de 1994 y 136 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA),
respecto de la Resolución 410904 del 16 de octubre de 20201, proferida por el
Ministerio de Minas y Energía.
ANTECEDENTES
2. Por medio de auto del 3 de noviembre de 2020, el despacho ponente avocó
el conocimiento del presente medio de control. En consecuencia, ordenó correr el
traslado respectivo al Ministerio de Minas y Energía e informar a la comunidad sobre
la existencia del proceso a efectos de garantizarle a los ciudadanos la posibilidad
de intervenir para defender o impugnar la legalidad del acto administrativo
enjuiciado.
3. Luego de haberse presentado dos proyectos de fallo respecto del asunto,
que no obtuvieron las mayorías necesarias para ser aprobados, mediante auto del
22 de octubre de 20212, el despacho ponente ordenó el sorteo de dos conjueces
1
«Por la cual se levanta la medida de suspensión del plazo para liquidar los contratos».
2
Índice 34, expediente electrónico.
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Asunto: Control inmediato de legalidad
para conformar la sala que dirima este control inmediato de legalidad, en el cual
fueron elegidos los doctores José Gregorio Hernández Galindo y Ernesto Rengifo
García3.
TEXTO DE LA RESOLUCIÓN
4. Se transcribe a continuación el texto del acto administrativo sometido a
control:
«[…] RESOLUCIÓN NÚMERO 410904 DE 2020
(16 OCT 2020)
“Por la cual se levanta la medida de suspensión del plazo para liquidar los
contratos"
EL SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DEL MINISTERIO
DE MINAS Y ENERGÍA
En uso de las facultades legales y en especial las dispuestas en el artículo 12
de la Ley 80 de 1993, ia (sic) ley 1150 de 2017 y la Resolución de Delegación
N°4 0548 del 18 de junio de 2019 y,
CONSIDERANDO
Que mediante la Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, el Ministerio de
Salud y Protección Social de acuerdo con lo establecido en el artículo 69 de la
Ley 1753 de 2015, declaró la emergencia sanitaria por causa del coronavirus
COVID-19 en todo el territorio nacional hasta el 30 de mayo de 2020 y, en virtud
de la misma, adoptó una serie de medidas con el objeto de prevenir y controlar
la propagación del COVID-19 y mitigar sus efectos.
Que dentro de las medidas sanitarias establecidas en el artículo 20 de la
precitada resolución, se estableció, entre otras, la de: 2.6. Ordenar a los jefes,
representantes legales, administradores o quienes hagan SL/5 veces a
adoptar, en los centros laborales públicos y privados, las medidas de
prevención y control sanitario para evitar la propagación del COVID-19. Deberá
impulsarse al máximo la prestación del servicio a través del teletrabajo."
Que pese a las medidas adoptadas, el 17 de marzo de 2020, el Ministerio de
Salud y Protección Social reporta el aumento de casos confirmados en
Colombia en 75 y reporta a nivel mundial, 180.159 casos de contagio
confirmados, 7.103 número de muertes y 143 países con casos de contagio
confirmados.
Que en atención a lo anterior, el 17 de marzo de 2020, el Presidente de la
República en ejercicio de sus facultades constitucionales expidió el Decreto 417
a través del cual se declara el Estado de Emergencia Económica, Social y
Ecológica en todo el territorio nacional, por el término de treinta (30) días
calendario, quedando habilitado para ejercer las facultades a las que se refiere
el artículo 215 de la Constitución Política.
Que el mencionado Decreto dispuso que :"( ... ) con el propósito de limitar las
posibilidades de propagación del nuevo virus Covid 19 y de proteger la salud
del público en general y de los servidores públicos que los atienden, se hace
3
En el índice 39 del expediente electrónico reposa el Acta de Sorteo y en el 40, los oficios
comunicando la decisión.
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Asunto: Control inmediato de legalidad
necesario expedir normas de orden legal que flexibilicen la obligación de
atención personalizada al usuario y se permita incluso la suspensión de
términos legales en las actuaciones administrativas y jurisdiccionales."
Que bajo el contexto de la declaratoria del estado de excepción, el Presidente
de la República expidió además, el Decreto 457 del 22 de marzo de 2020
mediante el cual impartió instrucciones para el mantenimiento del orden público
y, específicamente, ordenó el "aislamiento preventivo obligatorio de todas las
personas habitantes de la República de Colombia, a partir de las cero horas
(00:00 a.m.) del día 25 de marzo de 2020, hasta las cero horas (00:00 am.) del
día 13 de abril de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del
Coronavirus COVID-19.", lo cual, implica el aislamiento preventivo obligatorio
de todos los habitantes, exceptuando de dicha medida, entre otros, a aquellos
servidores públicos y contratistas cuyas actividades sean estrictamente
necesarias para prevenir, mitigar y atender la emergencia sanitaria por causa
del coronavirus y para garantizar el funcionamiento de los servicios
indispensables del Estado.
Que mediante el Decreto Legislativo 491 del 28 de marzo de 2020, el
Presidente de la República adoptó medidas en materia de prestación de
servicios a cargo de todos los organismos y entidades que conforman las ramas
del poder público en sus distintos órdenes, sectores y niveles, órganos de
control, órganos autónomos e independientes del Estado, y a los particulares
cuando cumplan funciones públicas, con la finalidad de prevenir la propagación
de la pandemia mediante el distanciamiento social, flexibilizando la prestación
del servicio de forma presencial y estableciendo mecanismos de atención
mediante la utilización de medios digitales y del uso y aprovechamiento de las
tecnologías de la información y las comunicaciones, de manera que se evite el
contacto entre los servidores públicos y los ciudadanos, sin que ello afecte la
continuidad y efectividad del servicio.
Que el artículo 6º de esa normatividad, dispuso: "(...)Suspensión de términos
de las actuaciones administrativas o jurisdiccionales en sede administrativa.
Hasta tanto permanezca vigente la Emergencia Sanitaria declarada por el
Ministerio de Salud y Protección Social las autoridades administrativas a que
se refiere el artículo 1 del presente Decreto, por razón del servicio y como
consecuencia de la emergencia, podrán suspender, mediante acto
administrativo, los términos de las actuaciones administrativas o
jurisdiccionales en sede administrativa. La suspensión afectará todos los
términos legales, incluidos aquellos establecidos en términos de meses o años.
La suspensión de los términos se podrá hacer de manera parcial o total en
algunas actuaciones o en todas, o en algunos trámites o en todos, sea que los
servicios se presten de manera presencial o virtual, conforme al análisis que
las autoridades hagan de cada una de sus actividades y procesos, previa
evaluación y justificación de la situación concreta. ( ... ) Durante el término que
dure la suspensión y hasta el momento en que se reanuden las actuaciones no
correrán los términos de caducidad, prescripción o firmeza previstos en la Ley
que regule la materia ( ... )"
Que en consideración de las disposiciones del Gobierno Nacional, se expidió
la Resolución No. 410576 del 03 de Abril de 2020: "Por la cual se ordena la
suspensión del plazo para liquidar los contratos de conformidad con el Decreto
491 de 2020", en la que el Subdirector Administrativo y Financiero decidió
suspender los plazos para liquidar todos los contratos suscritos por el Ministerio
de Minas y Energía que sean objeto de liquidación de conformidad con el
artículo 60" de la Ley 80 de 1993 modificado por el artículo 217 del Decreto 19
de 2012, hasta el día hábil siguiente a la superación de la Emergencia Sanitaria
declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, por lo que no corren
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Asunto: Control inmediato de legalidad
los términos previstos en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 y el término de
caducidad del medio de control previsto en el artículo 164 de la Ley 1437 de
2011 y demás normas que la adicionen, modifiquen o sustituyan.
Que por medio de la Resolución No. 1462 del 25 de agosto de 2020, el
Ministerio de Salud y Protección Social extendió la emergencia sanitaria hasta
el 30 de noviembre de 2020.
Que por lo anterior y dadas las circunstancias y medidas de cuidado para
preservar la salud y la vida, evitar el contacto y la propagación del Coronavirus
COVID-19, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 1168 de 25 de agosto de
2020 mediante el cual reguló la fase de aislamiento selectivo con
distanciamiento individual responsable y posteriormente prorrogó el plazo de
estas medidas hasta el 1 de noviembre de 2020, con el Decreto 1297 de 2020.
Que el 27 de agosto de 2020 se emitió la Directiva Presidencial No. 07 mediante
la cual exhortó a los funcionarios públicos y contratistas a retomar de forma
gradual y progresiva el trabajo presencial, para lo cual desde el mes de
septiembre de 2020 las entidades públicas de la Rama Ejecutiva del orden
nacional procuran prestar sus servicios de forma presencial hasta con un 30%
de sus servidores y contratistas y el 70% restante siguen realizando su trabajo
de forma virtual.
Que el Ministerio de Minas y Energía en cumplimiento de la directiva
presidencial y demás normas adoptó un plan de bioseguridad con el cual busca
garantizar la prestación del servicio y, ante todo, preservar la vida y la salud en
conexidad con la vida. De esta forma se superan las circunstancias que
motivaron la suspensión de términos ya que los expedientes contractuales, y
los documentos que se expiden en el marco de las actividades de supervisión
y control durante la ejecución de los contratos suscritos por el Ministerio de
Minas y Energía y que reposan en físico en el Grupo de Gestión Contractual y
en las dependencias de la entidad, ya pueden ser objeto de consulta. Por lo
que este Despacho considera pertinente no continuar con la suspensión de
términos y proceder a partir del día primero (1) de noviembre de 2020, con el
trámite de liquidaciones, con el fin de liberar los saldos, procurar los pagos y
garantizar el cumplimiento de las obligaciones poscontractuales.
En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
Artículo Primero. Levantar a partir del primero (1º) de noviembre de 2020 la
medida de suspensión de términos ordenada mediante la Resolución No.
410576 del 03 de Abril de 2020
Artículo Segundo. Publicar el presente acto administrativo en el Diario Oficial
y en la página web del Ministerio de Minas y Energía.
Artículo Tercero. Contra la presente resolución, no procede recurso alguno
Dado en Bogotá D.C. a los
PUBLIQUESE Y CÚMPSE
CAMILO ENRIO VAREZ HERNÁNDEZ
Subdirector Administrativo y Financiero […]»4.
4
Puntuación, gramática y ortografía del texto original.
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Asunto: Control inmediato de legalidad
PRONUNCIAMIENTO DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA5
5. La entidad intervino en el presente trámite para defender la legalidad de
ambos actos administrativos. Los argumentos expuestos por el Ministerio de Minas
y Energía pueden sintetizarse como sigue a continuación.
6. Al respecto, explicó que las circunstancias que motivaron la expedición de la
Resolución 410576 del 3 de abril de 2020, en la que la entidad ordenó la suspensión
del plazo para la liquidación de los contratos suscritos, estaban superadas. En ese
orden de ideas, el levantamiento de aquella suspensión, adoptado en la resolución
objeto de estudio, obedeció a un proceso evaluativo en el que se concluyó que la
medida resulta viable toda vez que el Ministerio, en cumplimiento de la Directiva
Presidencial 7 de 2020 y a raíz de la implementación de la fase de aislamiento
selectivo con distanciamiento individual responsable, adoptó un Protocolo General
de Bioseguridad (Resolución 40306 de 2020) que permite garantizar la prestación
del servicio preservando la salud y la vida de funcionarios y contratistas.
7. Sostuvo que, bajo esas condiciones, los expedientes contractuales y demás
documentos físicos que se expiden en el marco de las actividades de supervisión y
control durante la ejecución de los contratos suscritos por dicha cartera ya pueden
ser objeto de consulta.
8. Aunado a lo anterior, destacó que la medida objeto de análisis resultaba
necesaria para evitar la afectación del presupuesto de la entidad pues existían
reservas presupuestales propias de la vigencia 2020 y los pagos respectivos a los
contratistas dependían de la suscripción de las actas de liquidación.
9. En conclusión, el Ministerio adujo que la medida plasmada en la Resolución
410904 del 16 de octubre de 2020 tuvo el siguiente sustento normativo: (i) la
Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, que declaró la emergencia sanitaria en
todo el territorio nacional; (ii) el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020, que declaró
el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica por 30 días con ocasión
de la pandemia generada por la Covid-19; (iii) el Decreto 457 del 22 de marzo de
2020, que ordenó el aislamiento preventivo obligatorio entre el 25 de marzo y el 13
de abril de 2020; (iv) el Decreto Legislativo 491 del 28 de marzo de 2020, artículo 6,
que permitió a las autoridades administrativas suspender, mediante acto
administrativo, los términos de las actuaciones administrativas o jurisdiccionales en
sede administrativa; (v) los Decretos 1168 y 1297 de 2020 que regularon la fase de
aislamiento selectivo con distanciamiento individual responsable; (vi) la Directiva
Presidencial 7 del 27 de agosto de 2020, que exhortó a funcionarios público y
contratistas a retomar de forma gradual y progresiva el trabajo presencial; (vii) la
Resolución 40306 de 2020, expedida por el Ministerio de Minas y Energía, por
medio de la cual la entidad adoptó un Plan General de Bioseguridad; (viii) la Ley
5
Índice 10 del expediente digital. El memorial de contestación se radicó por medio de correo
electrónico enviado el 24 de noviembre de 2020 y consta de 13 folios.
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1150 de 2007, artículo 11, que regula lo relativo a la liquidación de los contratos
estatales; (ix) la Ley 2008 de 2019; y (x)el Estatuto Orgánico del Presupuesto.
10. Finalmente, la entidad se ocupó de señalar que el acto administrativo
enjuiciado fue expedido por funcionario competente pues la ministra de Minas y
Energía, mediante la Resolución 40548 del 18 de junio de 2019, delegó en el
subdirector administrativo y financiero de la entidad la suscripción de contratos sin
consideración de la naturaleza y cuantía.
INTERVENCIONES CIUDADANAS
11. A pesar de que por la Secretaría General de esta Corporación se fijó aviso6
en el que se le dio a conocer a la comunidad la existencia del presente proceso, no
se presentó ninguna intervención ciudadana.
CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO
12. La Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado rindió el
Concepto 227 de 15 de diciembre de 20207 en el que solicitó declarar la
improcedencia del medio de control inmediato de legalidad respecto de la
Resolución 41094 de 16 de octubre de 2020.
13. En criterio del ente de control, el mencionado acto no es desarrollo directo
del Decreto 417 de 2020 ni del Decreto Legislativo 491 del mismo año pues el
primero se limitó a declarar el estado de excepción y el segundo, en su artículo 6,
reguló la suspensión de términos mas no el levantamiento de dicha medida,
cuestión última que para la vista fiscal se traduce en una decisión de naturaleza
ordinaria.
CONSIDERACIONES
COMPETENCIA
14. De conformidad con lo señalado por los artículos 20 de la Ley 137 de 1994 y
136 de la Ley 1437 de 2011, esta Corporación es competente para conocer del
proceso de la referencia. Además, corresponde a esta Sala Especial dictar la
sentencia respectiva en virtud de lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 185
ibidem8, en concordancia con el artículo 107 de la misma codificación, con el artículo
29, numeral 2, del Acuerdo 080 del 12 de marzo de 20199 y con lo aprobado por la
6
El aviso respectivo se fijó el 12 de noviembre de 2020 (índice 7 del expediente digital).
7
El mencionado concepto obra en el índice 13 del expediente digital y consta de 9 folios.
8
CPACA, art. 185, n.º 1: «[…] Trámite del control inmediato de legalidad de actos. Recibida la copia
auténtica del texto de los actos administrativos a los que se refiere el control inmediato de legalidad
de que trata el artículo 136 de este Código o aprendido de oficio el conocimiento de su legalidad en
caso de inobservancia del deber de envío de los mismos, se procederá así:
1. La sustanciación y ponencia corresponderá a uno de los Magistrados de la Corporación y el fallo
a la Sala Plena […]».
9
Reglamento del Consejo de Estado.
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Radicado: 11001-03-15-000-2020-04565-00
Asunto: Control inmediato de legalidad
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en sesión virtual número 10 llevada a
cabo el 1.º de abril de 2020, en la que se asignó a las salas especiales de decisión
el conocimiento de los procesos de esta naturaleza.
PRESUPUESTOS PARA LA PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL
15. La Resolución 410904 del 16 de octubre de 2020 es un acto administrativo de
carácter general en cuanto expresa una manifestación de voluntad de la
administración que produce efectos jurídicos respecto de una situación abstracta o
impersonal. En efecto, el levantamiento de la medida de suspensión del plazo de
liquidación de contratos que previamente había ordenado el Ministerio en la
Resolución 410576 de 2020 no puede vincularse en forma directa e inmediata a una
persona determinada o determinable, sino que resulta aplicable a todos los trámites
que deban adelantarse ante esa entidad en desarrollo de la mencionada etapa.
16. Igualmente, se observa que fue proferida por el Ministerio de Minas y Energía
que, de acuerdo con los artículos 3810 y 3911 de la Ley 489 de 199812, es una entidad
del sector central de la administración pública nacional.
17. Además, contrario a lo manifestado por el Ministerio Público, es plausible
concluir que el acto enjuiciado desarrolla los Decretos Legislativos 417 del 17 de
marzo de 2020, a través del cual el presidente de la República declaró el Estado de
Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional por un
10
«ARTICULO 38. INTEGRACION DE LA RAMA EJECUTIVA DEL PODER PUBLICO EN EL
ORDEN NACIONAL. La Rama Ejecutiva del Poder Público en el orden nacional, está integrada por
los siguientes organismos y entidades: 1. Del Sector Central: […] d) Los ministerios y departamentos
administrativos […]».
11
«ARTICULO 39. INTEGRACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA. La Administración Pública
se integra por los organismos que conforman la Rama Ejecutiva del Poder Público y por todos los
demás organismos y entidades de naturaleza pública que de manera permanente tienen a su cargo
el ejercicio de las actividades y funciones administrativas o la prestación de servicios públicos del
Estado colombiano. La Presidencia de la República, los ministerios y los departamentos
administrativos, en lo nacional, son los organismos principales de la Administración.
Así mismo, los ministerios, los departamentos administrativos y las superintendencias constituyen el
Sector Central de la Administración Pública Nacional […]».
12
«Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden
nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las
atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan
otras disposiciones».
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Asunto: Control inmediato de legalidad
periodo de 30 días13, y el 491 del 28 de marzo de 202014, que estableció un marco
general para regular, entre otros aspectos, lo relativo a la suspensión de términos
de las actuaciones administrativas durante la emergencia sanitaria generada con
ocasión de la Covid-19 (art. 6).
18. En relación con el mencionado Decreto 417 conviene recordar que su
naturaleza es la de un decreto legislativo pues, como lo ha sostenido la Corte
Constitucional en sendas oportunidades, ese concepto no se limita a los decretos
que desarrollan los estados de excepción sino que abarca también aquellos que lo
declaran15. Entre los argumentos que motivaron su expedición, el máximo
mandatario de la Rama Ejecutiva anotó que
[…] Que con el propósito de limitar las posibilidades de propagación del nuevo
virus Covid 19 Y (sic) de proteger la salud del público en general y de los
servidores públicos que los atienden, se hace necesario expedir normas de
orden legal que flexibilicen la obligación de atención personalizada al usuario y
se permita incluso la suspensión de términos legales en las actuaciones
administrativas y jurisdiccionales […]
19. Por su parte, entre las medidas que permiten garantizar los derechos de los
asociados en tiempos donde el distanciamiento social es necesario para evitar la
propagación del virus, el Decreto Legislativo 491 de 2020 previó para las diferentes
entidades que conforman las ramas del poder público, órganos de control,
autónomos e independientes del Estado y particulares que cumplen funciones
públicas, la facultad de disponer la suspensión de términos de las actuaciones
administrativas o jurisdiccionales, así:
13
A pesar de que la Resolución 410904 del 16 de octubre de 2020 se dictó por fuera de la vigencia
del Decreto 417 de 2020, declarativo del estado emergencia, conviene anotar que, según los
artículos 20 de la Ley 137 de 1994 y 136 del CPACA, para que proceda este medio de control basta
con que este recaiga sobre medidas de carácter general, dictadas en ejercicio de función
administrativa, para desarrollar o reglamentar un decreto legislativo proferido en un estado de
excepción, sin que se exija que el ámbito temporal de este último coincida con la expedición de las
correspondientes medidas administrativas. Nótese que en el caso de los decretos legislativos de
excepción el requisito consistente en que su expedición concurra con el marco temporal del Estado
de Emergencia Económica, Social y Ecológica se justifica en el hecho de que comportan el ejercicio
de una facultad de creación legal que, por definición, solo puede ser ejercida por el presidente de la
República en forma extraordinaria. Cosa distinta sucede tratándose de las decisiones administrativas
de excepción ya que a través de ellas se hace uso de una competencia reglamentaria que, como tal
y aunque deba tener sustento en un decreto legislativo de excepción, es una atribución que responde
a la naturaleza misma de las autoridades administrativas.
14
«Por el cual se adoptan medidas de urgencia para garantizar la atención y la prestación de
servicios por parte de las autoridades públicas y los particulares que cumplan funciones públicas y
se toman medidas para la protección laboral y de los contratistas de prestación de servicios de las
entidades públicas, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica».
15
Al respecto, pueden consultarse las sentencias C-004 de 1992, C-179 de 1994 y C-466 de 2017.
En la primera de ellas se lee lo siguiente: «[…] 2. El numeral 7o. del artículo 241 de la Constitución
Nacional, al asignar a la Corte Constitucional la función de "decidir definitivamente sobre la
constitucionalidad de los Decretos Legislativos que dicte el Gobierno con fundamento en los artículos
212, 213, 215 de la Constitución" no excluye a los que declaran uno de tales estados excepción ni
circunscribe dicha competencia a los decretos que se dicten en desarrollo de la misma. Como se ve,
no hace excepción alguna al respecto.Por tanto, el decreto que declara el estado de excepción
queda, por razón de su propia denominación [decreto legislativo], comprendido en el alcance de
dicho precepto y, como tal, está sujeto al control jurisdiccional de la Corte como quiera que el tenor
literal de la norma en comento es claro al indicar que todos ellos son objeto de control […]».
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Radicado: 11001-03-15-000-2020-04565-00
Asunto: Control inmediato de legalidad
[…] Artículo 6. Suspensión de términos de las actuaciones administrativas o
jurisdiccionales en sede administrativa. Hasta tanto permanezca vigente la
Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social
las autoridades administrativas a que se refiere el artículo 1 del presente
Decreto, por razón del servicio y como consecuencia de la emergencia, podrán
suspender, mediante acto administrativo, los términos de las actuaciones
administrativas o jurisdiccionales en sede administrativa.
La suspensión afectará todos los términos legales, incluidos aquellos
establecidos en términos de meses o años. La suspensión de los términos se
podrá hacer de manera parcial o total en algunas actuaciones o en todas, o en
algunos trámites o en todos, sea que los servicios se presten de manera
presencial o virtual, conforme al análisis que las autoridades hagan de cada
una de sus actividades y procesos, previa evaluación y justificación de la
situación concreta.
En todo caso los términos de las actuaciones administrativas o jurisdiccionales
se reanudarán a partir del día hábil siguiente a la superación de la Emergencia
Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social.
Durante el término que dure la suspensión y hasta el momento en que se
reanuden las actuaciones no correrán los términos de caducidad, prescripción
o firmeza previstos en la Ley que regule la materia. […]
20. Ahora bien, en criterio del Ministerio Público, el artículo 6 del Decreto 491 de
2020 consagró lo atinente a la suspensión de términos mas no la cesación de
efectos de esa medida, razón por la cual no es factible sostener que la resolución
enjuiciada se expidió en desarrollo directo de aquel. La Sala se aparta de ese
concepto al considerar que el levantamiento de la suspensión de términos se debe
entender como una de las tantas formas en que puede manifestarse la facultad que
el legislador extraordinario le confirió a la administración pública en dicho decreto
para regular la materia, facultad que no se limita a la posibilidad de ordenar la
medida de suspensión en sí misma si no que abarca también las condiciones de
tiempo y modo en las que esta ha de operar.
21. Si en gracia de discusión este no fuera argumento suficiente, nótese que,
contrario a lo afirmado por la vista fiscal, el Decreto Legislativo sí contempló de
manera expresa lo relativo a la cesación de efectos de la medida cuando dispuso
como vigencia máxima de la misma «[…] la superación de la Emergencia Sanitaria
declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social […]». En tales condiciones, se
concluye que el acto objeto de análisis también constituye un desarrollo directo del
Decreto Legislativo 491 de 2020, artículo 6.
22. En síntesis, la Sala estima que la Resolución 410904 del 16 de octubre de 2020
es un acto de carácter general expedido por una autoridad nacional con el fin de
desarrollar un decreto legislativo, luego están dados los elementos para el ejercicio
del control inmediato de legalidad.
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Asunto: Control inmediato de legalidad
PROBLEMA JURÍDICO
23. La Sala se ocupará del estudio del siguiente problema jurídico:
23.1. ¿La Resolución 410904 del 16 de octubre de 2020, proferida por el
subdirector Administrativo y Financiero del Ministerio de Minas y
Energía, supera el juicio inmediato de legalidad y, de resultar
procedente, el test de proporcionalidad aplicable a las medidas
administrativas de excepción?
24. Tesis de la Sala: La Resolución 410904 del 16 de octubre de 2020, proferida
por el subdirector Administrativo y Financiero del Ministerio de Minas y Energía no
supera el juicio inmediato de legalidad, toda vez que de acuerdo con lo dispuesto
en el numeral 1 del artículo 11 de la Ley 489 de 1998, este funcionario no podía ser
delegatario de la facultad para expedir reglamentos de carácter general y, por ello,
no era competente para emitir el acto enjuiciado.
25. Para resolver esta pregunta, la Sala analizará los referentes normativos que
deben tenerse en cuenta a la hora de ejercer el control judicial de las medidas
generales adoptadas para afrontar el estado de emergencia, los cuales pueden
esquematizarse como sigue a continuación:
25.1. JUICIO INMEDIATO DE LEGALIDAD
Competencia - ¿La autoridad que expidió el acto lo hizo en ejercicio de una
atribución o facultad a ella asignada en un decreto legislativo de
excepción o incluso en el ordenamiento jurídico ordinario con
ocasión del estado de emergencia?
Motivación - ¿La autoridad que adoptó la medida consignó en el acto las
razones que la justifican?
• ¿Las razones son suficientemente?
• ¿Las razones son concordantes con el control de la
emergencia?
• ¿Los motivos determinantes para la adopción de la medida se
basan en hechos debidamente acreditados?
• ¿Existen otros hechos que no hayan sido considerados y que
habrían llevado a la toma de una decisión sustancialmente
distinta?
Ausencia de - ¿El acto expedido desvió las atribuciones propias de quien las
arbitrariedad profirió?
Expedición en - ¿El acto fue expedido con el debido respeto a las facultades
forma regular / regladas y/o discrecionales propias de la función pública o
debido proceso administrativa?
• ¿En el proceso de formación y expedición del acto se garantizó
el derecho de audiencia y defensa?
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Asunto: Control inmediato de legalidad
• ¿Si por razones de la emergencia se omitió algún trámite o
procedimiento, quedó plenamente justificado?
Concordancia - ¿Es concordante con la Constitución Política, la Ley 137 de
con el 1994, los tratados internacionales de derechos humanos
ordenamiento ratificados por Colombia, los decretos legislativos de
jurídico emergencia o cualquier otra norma que deba observar?
• ¿El acto fue expedido con infracción de las normas en que debía
fundarse?
• ¿Vulnera el núcleo esencial de derechos y libertades
fundamentales?
26. En todo caso, si en el desarrollo del anterior juicio el operador judicial
encuentra que el estudio de las medidas objeto de control exige la ponderación de
principios constitucionales en conflicto, debe integrar el análisis con la aplicación del
test de proporcionalidad, cuya metodología puede sintetizarse así:
26.1. TEST DE PROPORCIONALIDAD
Test de idoneidad ¿La medida es útil para conjurar los
Proporcionalidad hechos que dieron lugar a la declaratoria
de emergencia o para limitar sus efectos?
Test de necesidad i) Fáctica: ¿Existe otra medida de
excepción que pueda ser tan o más eficaz
y menos limitativa?
ii) Jurídica o juicio de subsidiariedad:
¿Existe otra norma en el ordenamiento
jurídico ordinario que permita alcanzar el
propósito de la medida de excepción
suficiente y adecuadamente?
Test de ¿La afectación que genera la medida de
proporcionalidad excepción excede sus beneficios?
en sentido Al ponderar los principios en colisión se
estricto precisaron las razones por las cuales uno
de ellos debe retroceder
27. Ahora bien, dadas las circunstancias particulares dentro de las que se enmarca
la situación de emergencia generada por la Covid-19, es importante que las
decisiones que tome la jurisdicción en ejercicio de este control inmediato prioricen
la protección de la vida, salud e integridad de los asociados; la provisión de un
sustento mínimo para la población más pobre y vulnerable que se ha visto forzada
a abandonar las actividades de las que derivaba su fuente de subsistencia; el
fortalecimiento del sistema sanitario y de las condiciones de seguridad del personal
que labora en aquel; el suministro de herramientas para garantizar la continuidad
del servicio público educativo; la protección especial de aquellas personas que por
múltiples razones médicas puedan ser más vulnerables a la enfermedad y otras
tantas que, dentro de la difícil realidad a la que nos ha enfrentado la pandemia,
propendan por la salvaguarda de derechos los fundamentales de las personas.
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Asunto: Control inmediato de legalidad
28. De acuerdo con lo señalado, la Sala Especial de Decisión procederá a estudiar
la validez de la Resolución 410904 del 16 de octubre de 2020, proferida por el
Ministerio de Minas y Energía.
JUICIO INMEDIATO DE LEGALIDAD
i) Competencia de la autoridad administrativa
29. El proceso de formación y expedición de un acto administrativo corresponde a
la administración, como sujeto activo al que se le ha asignado la competencia
necesaria para, a través de tal mecanismo, adopte decisiones unilaterales por medio
de las cuales se crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas.
30. De acuerdo con ello, para que esa manifestación de voluntad estatal sea válida
se requiere, entre otras condiciones, que al sujeto de quien emana le haya sido
atribuida, vía constitucional, legal o reglamentaria, la facultad de tomar dicha
decisión. Esto es lo que en la teoría del acto administrativo se conoce como
competencia o elemento subjetivo del acto administrativo, que se refiere tanto a la
institución, entidad u órgano, como al individuo que lo profiere16.
31. Así pues, la competencia administrativa se determina a partir de la identificación
de funciones, deberes, responsabilidades, obligaciones y facultades que le ha
asignado el ordenamiento jurídico a los servidores públicos y a los particulares que
ejercen funciones públicas, pues no de otra forma se puede delimitar el campo de
acción dentro del cual le es dado desenvolverse a una autoridad administrativa.
32. A efectos de garantizar derechos fundamentales como el debido proceso y la
seguridad jurídica, las normas que fijan competencias deben ser expresas, claras y
anteriores a la expedición del acto administrativo de que se trate, lo que demuestra
la íntima conexión que tiene el concepto objeto de estudio con el principio de
legalidad y que el fundamento constitucional de ambas figuras reside en los artículos
16
«Respecto del elemento subjetivo la jurisprudencia del Consejo de Estado ha expresado que el
requisito de la competencia del órgano o funcionario como elemento del acto significa que éste debe
emanar de un órgano estatal en ejercicio de la función administrativa y dentro de los límites de su
competencia (auto de marzo 9 de 1971, Anales de 1971, Tomo 80, página 367). Es, en otros
términos, lo que establece nuestra Constitución cuando dispone que no habrá ningún empleo público
que no tenga las funciones señaladas por ley o reglamento»: MIGUEL LARGACHA MARTÍNEZ y DANIEL
POSSE VELÁSQUEZ, Causales de anulación de los actos administrativos, Bogotá, Ediciones Doctrina
y Ley, 1988, pp. 19-20.
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Asunto: Control inmediato de legalidad
217, 618, 12119, 12220 123.221, 20922 superiores. Así, la competencia implica que
quienes ejercen función pública solo pueden hacer lo que el ordenamiento jurídico
les permite, al contrario de los particulares, que pueden hacer todo lo que no les
está jurídicamente prohibido23.
33. En ese orden de ideas, dado que la competencia permite que las decisiones de
la administración se encuentren revestidas de legalidad, el acto administrativo
estará viciado de nulidad en aquellos casos en que se profiere por un sujeto que
carece de capacidad para actuar, esto es, sin una competencia atribuida por el
ordenamiento jurídico. Es por ello que el artículo 137 del CPACA consagra la falta
de este requisito como uno de los vicios invalidantes de los actos administrativos, el
cual, según la jurisprudencia de esta Corporación, es uno de los más graves24.
34. Como se puede observar, la falta de competencia es un vicio externo al acto
administrativo debido a que no se afinca en el contenido de este, en su motivación
o finalidad, sino en el sujeto que lo expide pues lo que se advierte en tales casos es
que el derecho positivo no consagra una facultad que le permita fungir al Estado
como autoridad normativa.
17
ARTICULO 2. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad
general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la
Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida
económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional,
mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.
Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en
Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el
cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.
18
ARTICULO 6. Los particulares sólo son responsables ante las autoridades por infringir la
Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o
extralimitación en el ejercicio de sus funciones. (esto es legalidad formal).
19
ARTICULO 121. Ninguna autoridad del Estado podrá ejercer funciones distintas de las que le
atribuyen la Constitución y la ley.
20
ARTICULO 122. No habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en ley o reglamento
y para proveer los de carácter remunerado se requiere que estén contemplados en la respectiva
planta y previstos sus emolumentos en el presupuesto correspondiente …
21
ARTICULO 123. Son servidores públicos los miembros de las corporaciones públicas, los
empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por
servicios. Los servidores públicos están al servicio del Estado y de la comunidad; ejercerán sus
funciones en la forma prevista por la Constitución, la ley y el reglamento […]
22
ARTICULO 209. La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se
desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad,
imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de
funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado
cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un
control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley.
23
Cfr. LUIS ENRIQUE BERROCAL GUERRERO, op. cit., p. 120.
24
«[…] frente a vicios o defectos como la inconstitucionalidad, la ilicitud no saneable o absoluta, la
desviación de poder y la falta de competencia no es posible convalidar o remediar el acto viciado o
defectuoso»: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Plena, sentencia del
15 de junio de 2004, rad. 11001-03-15-000-1998-0782-01(S-782). «La Sala recuerda que la
incompetencia del órgano administrativo, con ocasión de la usurpación de las atribuciones que
corresponden a otra autoridad, es sin duda una de las formas de ilegalidad más grave que puede
ostentar un acto administrativo. Esta circunstancia entraña la infracción manifiesta de uno de los
principios medulares de todo estado de derecho: el de legalidad» (Negrita propia del texto): Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 25
de mayo de 2011, rad. 25000-23-26-000-2000-00580-02(23650).
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Asunto: Control inmediato de legalidad
35. Ahora, es importante tener en consideración que la asignación de competencias
a la administración pública atiende a diferentes factores que pueden identificarse
como el funcional25, el material26, el territorial27 y, en algunos casos, el temporal28.
La expedición de un acto administrativo en ausencia de cualquiera de ellos da lugar
a la nulidad de la decisión.
36. Finalmente, conviene anotar que las normas que deben considerarse a efectos
de estudiar la competencia como presupuesto de validez de los actos
administrativos son aquellas vigentes al momento de hacer uso de la respectiva
facultad de producción normativa29.
37. En el caso concreto, la Resolución 410904 del 16 de octubre de 2020, proferida
por el subdirector Administratvo y Financiero del Ministerio de Minas y Energía,
señala que este funcionario tenía la competencia para expedir ese acto
administrativo de carácter general, en virtud de las facultades señaladas en la Ley
80 de 1993, artículo 1230, la Ley 1150 de 2007, artículo 1131, y en la delegación de
25
Se refiere al ejercicio de atribuciones según el grado jerárquico que, dentro de la estructura
organizacional de la administración pública, ostenta el servidor público o particular investido de
funciones administrativas.
26
Supone que el acto administrativo proferido sea el desarrollo de una competencia efectivamente
asignada a la autoridad que lo expidió.
27
Parte de reconocer que debe haber una división del territorio que permita delimitar el espacio
geográfico en el que la autoridad administrativa se encuentra habilitada para el desempeño de sus
funciones.
28
Es un parámetro que aplica en determinados casos en los que el ordenamiento jurídico impone un
límite de tiempo para que la administración pueda ejercer su poder decisorio.
29
Al respecto, la Corte Constitucional, en sentencia C-014 del 21 de enero de 1993 precisó que
«[…] la valoración del ejercicio de una competencia, esto es, la definición acerca de si un órgano
estatal obró o no de conformidad con las reglas que la fijan, debe hacerse necesariamente mediante
el cotejo con los preceptos vigentes al tiempo en que se efectivizó, dado que por constituir éstos su
fuente de validez son los que determinan la regularidad de su ejercicio. [...]».
30
L. 80/1993, art. 12 ARTÍCULO 12. DE LA DELEGACIÓN PARA CONTRATAR. <Aparte tachado
derogado por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007> <Ver Notas del Editor> Los jefes y los
representantes legales de las entidades estatales podrán delegar total o parcialmente la competencia
para celebrar contratos y desconcentrar la realización de licitaciones o concursos en los servidores
públicos que desempeñen cargos del nivel directivo o ejecutivo o en sus equivalentes.
<Inciso CONDICIONALMENTE exequible> <Inciso adicionado por el artículo 21 de la Ley 1150 de
2007. El nuevo texto es el siguiente:> En ningún caso, los jefes y representantes legales de las
entidades estatales quedarán exonerados por virtud de la delegación de sus deberes de control y
vigilancia de la actividad precontractual y contractual.
PARÁGRAFO. <Parágrafo adicionado por el artículo 21 de la Ley 1150 de 2007. El nuevo texto es
el siguiente:> Para los efectos de esta ley, se entiende por desconcentración la distribución adecuada
del trabajo que realiza el jefe o representante legal de la entidad, sin que ello implique autonomía
administrativa en su ejercicio. En consecuencia, contra las actividades cumplidas en virtud de la
desconcentración administrativa no procederá ningún recurso.»
31
L. 1150/2007, art. 11: «Del plazo para la liquidación de los contratos. La liquidación de los contratos
se hará de mutuo acuerdo dentro del término fijado en los pliegos de condiciones o sus equivalentes,
o dentro del que acuerden las partes para el efecto. De no existir tal término, la liquidación se
realizará dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del término previsto para la
ejecución del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o a la
fecha del acuerdo que la disponga.
En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidación previa notificación o
convocatoria que le haga la entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, la
entidad tendrá la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 136 del C. C. A. Si vencido el plazo anteriormente
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Asunto: Control inmediato de legalidad
funciones relativas a las actuaciones contractuales de la entidad, que la ministra de
Minas y Energía le hiciera mediante la Resolución 40548 del 18 de junio de 2019.
38. Frente a lo precedente, la Sala advierte que las disposiciones de las Leyes 80 y
1150 citadas en el acto administrativo no establecen expresamente la competencia
del subdirector Administrativo y Financiero del Ministerio de Minas y Energía para
proferir esa medida de carácter general, pues estas se refieren únicamente a la
potestad que tienen los jefes y representantes legales de las entidades estatales de
delegar la competencia para celebrar contratos y desconcentrar la realización de
liquidaciones, así como al plazo para realizar estas últimas.
39. Ahora bien, en lo que tiene que ver con la Resolución 4054832 de delegación de
funciones, que en concepto de aquella cartera ministerial es uno de los fundamentos
de la competencia para expedir el acto enjuiciado (además del artículo 6 del Decreto
Legislativo 491 de 2020), esta, en el inciso 2 del artículo segundo dispone que la
ministra de Minas y Energía delega en el subdirector Administrativo y Financiero,
entre otras, las funciones relativas a la celebración de contratos y convenios en
nombre de la entidad, y, en el parágrafo 2, la misma norma prevé que «Las facultades
de ordenación del gasto y suscripción de contratos y/o convenios conferidas […]
comprenden la etapa precontractual, adjudicación, liquidación, terminación, modificación,
adición, prórroga, aplicación de sanciones y todas las demás actuaciones inherentes a la
actividad contractual […]».
40. No obstante lo anterior, de acuerdo con lo preceptuado en el numeral 1 del
artículo 11 de la Ley 489 de 199833, la expedición de reglamentos de carácter
general34, como el que ocupa este medio de control, es de aquellas funciones que
no se pueden delegar, salvo que el legislador lo autorice expresamente.
41. Por esto, en la medida en que no existe autorización expresa de la ley para
delegar la expedición de reglamentos35 como es la Resolución 410904 que levanta
establecido no se ha realizado la liquidación, la misma podrá ser realizada en cualquier tiempo dentro
de los dos años siguientes al vencimiento del término a que se refieren los incisos anteriores, de
mutuo acuerdo o unilateralmente, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 136 del C. C. A.
Los contratistas tendrán derecho a efectuar salvedades a la liquidación por mutuo acuerdo, y en este
evento la liquidación unilateral solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido objeto
de acuerdo».
32
«Por la cual se delegan unas funciones».
33
L. 489/1998, art. 11, n.° 1: «Funciones que no se pueden delegar. Sin perjuicio de lo que sobre el
particular establezcan otras disposiciones, no podrán transferirse mediante delegación:
1. La expedición de reglamentos de carácter general, salvo en los casos expresamente autorizados
por la ley […]».
34
En este punto ha de recordarse que a diferencia de lo que ocurre en la tradición jurídica española
e hispanoamericana, en la colombiana el reglamento es un concepto sinónimo al de acto
administrativo general: Cfr. LUIS ENRIQUE BERROCAL GUERRERO, op. cit., p. 71. En el mismo sentido,
JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA señala: «[…] En Colombia, a diferencia de otros ordenamientos,
el reglamento es acto administrativo de carácter general. Se instituye como el principal mecanismo
de proyección normativa en cabeza de los órganos y personas con funciones administrativas,
creador de situaciones jurídicas generales, impersonales y objetivas […]»: Compendio de derecho
administrativo, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2017, p. 551.
35
En un caso similar, en el que esta Corporación anuló una disposición reglamentaria expedida en
virtud de una delegación de funciones se dijo: «El reglamento, según lo ha reconocido la
jurisprudencia nacional hace relación al conjunto normativo generador o regulador de situaciones
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la medida de suspensión del plazo para liquidar los contratos en el Ministerio de
Minas y Energía, pues en materia contractual la delegación opera solo frente a la
facultad de celebración de contratos36, debe concluirse que el subdirector
administrativo general de esa entidad no tenía la competencia legal para proferir el
acto administrativo general enjuiciado.
42. En ese sentido, a pesar de lo indicado por el Ministerio de Minas y Energía, el
artículo 6 del Decreto Legislativo 491 del 28 de marzo de 2020 no dispuso ninguna
excepción frente a la prohibición de delegar la expedición de reglamentos de
carácter general prevista en el numeral 1 del artículo 11 de la Ley 489 de 1998. Esto,
por cuanto dicha norma señala que la competencia para suspender, mediante acto
administrativo, los términos de las actuaciones administrativas por la emergencia
sanitaria, le corresponde a las autoridades administrativas a las que se refiere el
artículo 1 del mencionado decreto, el cual consagra lo siguiente:
«Artículo 1. Ámbito de aplicación. El presente Decreto aplica a todos los
organismos y entidades que conforman las ramas del poder público en sus
distintos órdenes, sectores y niveles, órganos de control, órganos autónomos
e independientes del Estado, y a los particulares cuando cumplan funciones
públicas. A todos ellos se les dará el nombre de autoridades».
jurídicas generales, impersonales o abstractas, proferido por la Administración Pública o por los
distintos organismos del Estado o del Poder Público, que no ostentan la potestad legislativa.
El reglamento es en nuestro ordenamiento un acto administrativo general normativo, esto es, un acto
que contiene disposiciones jurídicas generales o abstractas. Sus supuestos normativos o efectos
jurídicos son hipotéticos o abstractos, lo cual viene a ser su característica sustancial, debido a que
las consecuencias o previsiones normativas que contemplan no están referidos a nadie
individualmente identificado, sino que les son aplicables indistintamente a cualquier persona o cosa
que llegare a encontrarse dentro de los supuestos descritos en el mismo.
En este escenario, es claro para la Sala la violación en este caso del artículo 11 numeral 1 de la Ley
489 de 1998, por cuanto que a través del artículo 3º del Decreto municipal 1306 de 2007 el Alcalde
municipal de Medellín delega, sin estar autorizado por la ley, la función consistente en expedir
reglamentos de policía local para fijar (ampliar o reducir) los horarios para el funcionamiento de los
establecimientos donde se expendan bebidas alcohólicas. Estos actos administrativos, ciertamente,
a pesar de su ámbito estrictamente local y de su materia concreta (policiva), son verdaderos
reglamentos de carácter general, esto es, actos normativos reglamentarios y objetivos que crean,
modifican o extinguen una situación jurídica objetiva, abstracta o impersonal, no relacionada directa
e inmediatamente con alguna persona o cosa determinada»: Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 30 de agosto de 2012, rad. 05001-23-
15-000-2009-00571-01.
36
L. 80/1993, art. 12: «DE LA DELEGACION PARA CONTRATAR. Los jefes y los representantes
legales de las entidades estatales podrán delegar total o parcialmente la competencia para celebrar
contratos y desconcentrar la realización de licitaciones o concursos en los servidores públicos que
desempeñen cargos del nivel directivo o ejecutivo o en sus equivalentes.
(Inciso adicionado por la Ley 1150 de 2007, artículo 21). En ningún caso, los jefes y representantes
legales de las entidades estatales quedarán exonerados por virtud de la delegación de sus deberes
de control y vigilancia de la actividad precontractual y contractual.
Parágrafo. (Adicionado por la Ley 1150 de 2007, artículo 21). Para los efectos de esta ley, se
entiende por desconcentración la distribución adecuada del trabajo que realiza el jefe o representante
legal de la entidad, sin que ello implique autonomía administrativa en su ejercicio. En consecuencia,
contra las actividades cumplidas en virtud de la desconcentración administrativa no procederá ningún
recurso».
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43. La anterior disposición (que replica en mayor parte la redacción del artículo 2
del CPACA sobre el ámbito de aplicación de la parte primera de ese Código37), fue
declarada exequible por la Corte Constitucional en la sentencia C-242 de 2020, bajo
la consideración de que el Gobierno Nacional, en ejercicio de la competencia
legislativa derivada de la declaración del estado de emergencia económica, social y
ecológica, puede, en términos generales, «ordenar las condiciones del ejercicio de las
funciones públicas y la prestación de los servicios a cargo del Estado»38.
44. Aunque el artículo 1 del Decreto Legislativo 491, al referirse genéricamente a
los organismos y entidades del Estado como destinatarios de la aplicación de ese
cuerpo normativo, no establece de manera expresa una regla de competencia,
tratándose de una entidad pública de naturaleza ministerial, como sucede en este
caso, la expedición de actos administrativos generales para el desarrollo eficiente
de las actividades a cargo de dichos organismos corresponde al ministro, siempre
que no hayan sido expresamente asignadas a otro funcionario. Esto debido a que,
por disposición del artículo 208 Superior, en calidad de máximo jefe del respectivo
sector administrativo, los ministros tienen la labor de «[…] formular las políticas
atinentes a su despacho, dirigir la actividad administrativa y ejecutar la ley». Lo anterior,
en armonía con el artículo 41 de la Ley 489 de 199839 que dispone que «La
orientación, control y evaluación general de las actividades de los organismos y entidades
administrativas corresponde al Presidente de la República y en su respectivo nivel, a los
ministros […]», al igual que con el artículo 60 ibidem que previó que la «dirección de
los ministerios corresponde al Ministro».
45. En tales condiciones, resulta plausible afirmar que al subdirector Administrativo
y Financiero del Ministerio de Minas y Energía no le fue atribuida competencia
alguna en ejercicio de la cual pudiera expedir la Resolución 410904 del 16 de
octubre de 2020 que aquí se estudia pues se reitera que si bien este funcionario
tiene la autorización, por delegación, para suscribir los convenios y contratos que
celebre la entidad, dentro de esa atribución no se encuentra la concerniente a
expedir actos administrativos generales relacionados con aquella labor.
37
CPACA, art. 2: «Ámbito de aplicación. Las normas de esta Parte Primera del Código se aplican a
todos los organismos y entidades que conforman las ramas del poder público en sus distintos
órdenes, sectores y niveles, a los órganos autónomos e independientes del Estado y a los
particulares, cuando cumplan funciones administrativas. A todos ellos se les dará el nombre de
autoridades […]».
38
Sobre la disposición en comento la Corte Constitucional señaló lo siguiente: «[…] el ámbito de
aplicación subjetivo que el artículo 1° le otorga a las medidas adoptadas en el Decreto 491 de 2020,
consistente en su aplicación a todas la autoridades del Estado sin distinción alguna, se
enmarca prima facie en la posibilidad del legislador de ordenar las condiciones del ejercicio de las
funciones públicas y la prestación de los servicios a cargo del Estado, según lo estipulan los artículos
123 y 150 (numerales 19 y 23) de la Constitución. Lo anterior, sin perjuicio, claro está, de la
autonomía que la Carta Política reconoce a determinados órganos del Estado para disponer lo
necesario para su adecuado funcionamiento».
39
«Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden
nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las
atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan
otras disposiciones.»
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Asunto: Control inmediato de legalidad
46. En conclusión: La Resolución 410904 del 16 de octubre de 2020 que aquí se
estudia no supera el juicio inmediato de legalidad, toda vez que al subdirector
Administrativo y Financiero del Ministerio de Minas y Energía no le fue atribuida
competencia alguna en ejercicio hubiese podido expedirla, pues se reitera que si
bien este funcionario tiene la autorización, por delegación, para suscribir los
convenios y contratos que celebre la entidad, dentro de esa atribución no queda
comprendida la concerniente a expedir actos administrativos generales
relacionados con aquella labor, de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 1 del
artículo 11 de la Ley 489 de 1998. En consecuencia, dicho funcionario no era
competente para emitir el acto enjuiciado.
Decisión
47. Por lo anterior, la Sala declarará la nulidad de la Resolución 410904 del 16 de
octubre de 2020, proferida por el subdirector Administrativo y Financiero del
Ministerio de Minas y Energía.
Modulación de los efectos en el tiempo de la sentencia de nulidad en el control
inmediato de legalidad
48. Las consecuencias en el tiempo de la sentencia que declara la nulidad de las
medidas que son objeto del control inmediato de legalidad (esto es, sus efectos
hacia el pasado y el futuro o ex tunc y ex nunc) no están señalados expresamente
en la legislación colombiana. Así pues, salvo lo relativo a la anulación de actos
administrativos que tienen que ver con servicios públicos40, con actos de inscripción
y calificación en el Registro Único de Proponentes41, con los relacionados con
40
L. 142/1994, art. 38: «Efectos de nulidad sobre actos y contratos relacionados con servicios
públicos. La anulación Judicial de un acto administrativo relacionado con servicios públicos
solo producirá efectos hacia el futuro. Si al declararse la nulidad se ordena el restablecimiento
del derecho o la reparación del daño, ello se hará en dinero si es necesario, para no perjudicar la
prestación del servicio al público ni los actos o contratos celebrados de buena fe». (Negrita fuera de
texto).
41
L. 1150/2007, art. 6, n.° 6.3 (modificado por: D. 19/2012, art. 221): «[…] De la impugnación de la
inscripción en el Registro Único de Proponentes (RUP). Realizada la verificación a que se refiere el
numeral 6.1 del presente artículo, la Cámara publicará el acto de inscripción, contra el cual cualquier
persona podrá interponer recurso de reposición ante la respectiva Cámara de Comercio, durante los
diez (10) días hábiles siguientes a la publicación, sin que para ello requiera demostrar interés alguno.
Para que la impugnación sea admisible deberá prestarse caución bancaria o de compañía de
seguros para garantizar los perjuicios que se puedan causar al inscrito. Contra la decisión que
resuelva el recurso de reposición, no procederá apelación.
En firme la inscripción, cualquier persona podrá demandar su nulidad en desarrollo de la acción
prevista en el Código Contencioso Administrativo. Para el efecto será competente el Juez de lo
Contencioso Administrativo en única instancia.
La presentación de la demanda no suspenderá la inscripción, ni será causal de suspensión de los
procesos de selección en curso en los que el proponente sea parte. El proceso se tramitará por el
procedimiento ordinario a que se refiere el Código Contencioso Administrativo. Adoptada la
decisión, la misma sólo tendrá efectos hacia el futuro […]». (Negrita fuera de texto).
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Asunto: Control inmediato de legalidad
prestaciones periódicas42 y con la nulidad por inconstitucionalidad43 de reglamentos
constitucionales autónomos44, eventos en los cuales la ley dispuso que sus efectos
se proyectan por lo general hacia el futuro, no existen normas legales que definan
esta cuestión para otros medios de control, más allá de esos particulares
supuestos45.
49. No obstante lo anterior, en una sentencia46 reciente de la Sala Especial de
Decisión N.° 10 de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta
Corporación, emitida en el marco del control inmediato de legalidad sobre el Decreto
465 del 23 de marzo de 202047, relativo a las concesiones de agua para la
prestación del servicio público de acueducto en el contexto de la pandemia, se
42
CPACA, art. 164, n.° 1, lit. c: «Oportunidad para presentar la demanda. La demanda deberá ser
presentada:
1. En cualquier tiempo, cuando: […]
c) Se dirija contra actos que reconozcan o nieguen total o parcialmente prestaciones periódicas. Sin
embargo, no habrá lugar a recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe;
[…]». (Negrita fuera de texto). Lo resaltado da cuenta de la imposibilidad de asignar efectos
retroactivos a la nulidad que recaiga sobre actos administrativos que ordenaron el pago de
prestaciones periódicas a particulares de buena fe.
43
CPACA, art. 189, inc. 3.°: «[…] Las sentencias de nulidad sobre los actos proferidos en virtud del
numeral 2 del artículo 237 de la Constitución Política, tienen efectos hacia el futuro y de cosa
juzgada […]. Sin embargo, el juez podrá disponer unos efectos diferentes». (Negrita fuera de
texto).
44
Los reglamentos constitucionales autónomos «son aquellas disposiciones de carácter general,
impersonal y abstracto expedidas por una pluralidad de autoridades a las cuales les ha sido asignada
una competencia normativa directamente por la Constitución y sin sujeción a la ley. Se caracterizan,
en consecuencia, por constituir un desarrollo directo de la Constitución, por manera que, en el
sistema de fuentes del Derecho, ostentan una jerarquía igual a la de la ley más allá de que su
contenido es materialmente legislativo , aunque, claro está, únicamente se pueden desarrollar por
esta vía las facultades constitucionalmente atribuidas al organismo en cuestión de manera expresa,
sin que el reglamento constitucional autónomo pueda invadir la órbita competencial correspondiente
al Legislador. La competencia para expedir reglamentos constitucionales autónomos ha sido
atribuida por la Carta Política tanto por al Presidente de la República como a otros órganos
constitucionales ubicados, en la estructura del Estado, por fuera de la Rama Ejecutiva del Poder
Público»: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del
14 de agosto de 2008, rad. 11001 03 26 000 1999 00012 01 (16230). Según lo ha señalado esta
Corporación, el medio de control de nulidad por inconstitucionalidad está dirigido a esta clase
específica de actos administrativos generales: Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, auto de ponente del 4 de febrero de 2019, rad. 11001-03-24-000-2018-00441-00(A).
45
Sobre este estudio normativo: Cfr. ANDRÉS FERNANDO OSPINA GARZÓN, «Efectos de la modulación
de los actos administrativos. Modulación de los efectos temporales. Comentario de la sentencia del
6 de octubre de 2011 de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo
de Estado, rad. 11001-03-28-000-2010-00120-00», En Los grandes fallos de la jurisprudencia
administrativa colombiana, Andrés Fernando Ospina Garzón (editor), Bogotá, Universidad Externado
de Colombia, 2013, p. 428 y SONIA MARINA CASTRO MORA, La modulación de los efectos en el tiempo
de las sentencias de nulidad de los actos administrativos en Colombia, Tesis para obtener el título
de maestría en Derecho Administrativo de la Universidad del Rosario, Fernando Alberto García
Forero (director), Bogotá, Universidad del Rosario, 2015, p. 105.
46
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión n.°
10, sentencia del 13 de agosto de 2020, rad. 11001-03-15-000-2020-01058-00(CA).
47
«Por el cual se adiciona el Decreto 1076 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector
Ambiente y Desarrollo Sostenible, en lo relacionado con la adopción de disposiciones transitorias en
materia de concesiones de agua para la prestación del servicio público esencial de acueducto, y se
toman otras determinaciones en el marco de la emergencia sanitaria declarada por el Gobierno
nacional a causa de la Pandemia COVID-19».
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Asunto: Control inmediato de legalidad
modularon los efectos de la nulidad que fue declarada en dicha providencia sobre
algunas de sus disposiciones48, de acuerdo con las siguientes consideraciones:
«[…] Se aclara, que para fijar los efectos de las decisiones adoptadas en esta
providencia, no se aplicará el artículo 38 de la Ley 142 de 1994, “por el cual se
establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras
disposiciones”, que determina, que “la anulación judicial de un acto
administrativo relacionado con servicios públicos sólo producirá efectos hacia
el futuro”, porque la naturaleza de los contenidos normativos del Decreto 465
de 23 de marzo de 2020, en estudio, antes que relacionarse con aspectos
propios e intrínsecos de los servicios públicos domiciliarios, tiene que ver - más
bien - de manera directa e íntima con el sector medio ambiental, y dentro de
ese ámbito del ordenamiento jurídico, de manera especial con el régimen de
concesión y uso de aguas.
Por lo tanto, con miras a establecer los efectos de esta providencia, la Sala
acudirá a los tradicionales criterios “ex tunc” y “ex nunc” que de manera
reiterada y pacifica ha desarrollado y utilizado la jurisprudencia contencioso
administrativa, a partir de variables tales como las circunstancias específicas
referidas a la estabilidad institucional y económica, la naturaleza y contenido
del acto anulado, los motivos de su anulación y la existencia de situaciones
jurídicas consolidadas49 […]».
50. Si bien en la sentencia que se acaba de comentar no se expresan razones
acerca de la procedencia de la modulación de los efectos en el tiempo de la nulidad
o legalidad condicionada, declaradas en un fallo de control inmediato de legalidad
(aunque sí están expuestos los argumentos sobre los criterios para definir si a la
providencia se le dan efectos ex tunc o ex nunc), aquí se estima que dicha potestad
del juez de lo contencioso administrativo surge de la aplicación analógica de las
reglas jurisprudenciales que se han construido en torno a la simple nulidad50. Esto,
48
En esa providencia, la Sala Especial de Decisión n.° 10 sostuvo que, en relación con la declaración
de legalidad condicionada del artículo 3 del Decreto 465 de 23 de marzo de 2020, existe una situación
jurídica consolidada frente a los trámites surtidos a partir de la publicación de ese acto administrativo
y que hayan culminado con el otorgamiento de una concesión de aguas por parte de la autoridad
ambiental. Por lo tanto, esas concesiones mantendrán «plenamente sus efectos jurídicos y su
presunción de legalidad, con el fin de salvaguardar los derechos al debido proceso y seguridad
jurídica de los operadores del servicio público de acueducto, que hayan adquirido concesiones de
aguas en vigencia del artículo cuya legalidad de condiciona (Efectos “ex nunc”)». Por su parte, frente
a los procedimientos iniciados y que a la fecha de expedición de la sentencia no hubiesen culminado
su trámite, la Sala determinó que estos continuarán siendo diligenciados, pero con el cumplimiento
de los parámetros fijados en el fallo en comento, «a fin de garantizar el derecho de contradicción y
defensa de los interesados en intervenir en la actuación administrativa en cuestión (Efectos “ex
tunc”)». Del mismo modo, respecto de la nulidad del artículo 4 del Decreto 465, la Sala Especial de
Decisión n.° 10 aseveró que esa declaración tiene efectos ex tunc, dada la importancia que reviste
la conservación del recurso hídrico. De esa manera, «sus efectos se retrotraen a partir de la
expedición del mencionado Decreto 465 de 3 de marzo de 2020, en consecuencia, las obras de
perforación para prospección y exploración de aguas subterráneas que se encuentren en curso sin
los debidos permisos de las autoridades ambientales, señalados en el Decreto 1076 de 2015,
deberán ser suspendidas de manera inmediata, hasta que los interesados obtengan el permiso
correspondiente, con el fin evitar posibles afectaciones al medio ambiente, de acuerdo con los
artículos 79 y 80 superiores».
49
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B,
sentencia de 27 de abril de 2017, rad. 11001032500020130108700 (2512-2013).
50
CPACA, art. 137: «Nulidad. Toda persona podrá solicitar por sí, o por medio de representante, que
se declare la nulidad de los actos administrativos de carácter general.
Procederá cuando hayan sido expedidos con infracción de las normas en que deberían fundarse, o
sin competencia, o en forma irregular, o con desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, o
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Radicado: 11001-03-15-000-2020-04565-00
Asunto: Control inmediato de legalidad
por cuanto ambos medios de control guardan similitudes relevantes a saber: (i)
están dirigidos principalmente a verificar la legalidad objetiva de actos
administrativos o medidas de carácter general y (ii) las normas administrativas que
se controlan desarrollan disposiciones de rango legislativo (a diferencia de lo que
ocurre con los llamados reglamentos constitucionales autónomos, que son el objeto
de la nulidad por inconstitucionalidad y que, como se vio, los efectos de su sentencia
se proyectan hacia el futuro salvo que el juez determine algo diferente).
51. En ese sentido, desde 191551, la jurisprudencia de esta Corporación ha
señalado de manera reiterada que los efectos en el tiempo de la declaración de
nulidad de los actos administrativos generales se retrotrae hasta el momento de su
expedición, esto es, que se entiende que esta ha existido desde entonces o desde
siempre (ex tunc)52. No obstante, también ha definido que los efectos hacia el
pasado no comprenden aquellas situaciones jurídicas consolidadas, que son las que
por cualquier circunstancia no admiten más discusiones ante la administración ni
ante la jurisdicción; por ello, la nulidad del acto general frente a esas situaciones
solo rige desde el momento en el que es declarada y hacia el futuro (ex nunc)53_54.
mediante falsa motivación, o con desviación de las atribuciones propias de quien los profirió […]»:
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión n.° 10,
sentencia del 13 de agosto de 2020, rad. 11001-03-15-000-2020-01058-00(CA).
51
Haciendo una lectura del asunto desde el derecho civil se dijo: «[…] la nulidad […] produce el
resultado de que las relaciones jurídicas de las partes, vuelvan al estado que tenían antes del acto
o contrato nulo […]. Por tanto, declarada la nulidad de una ordenanza por la autoridad de lo
contencioso administrativo […] necesariamente deben restablecerse las cosas en lo que sea
físicamente posible, al estado que tenían antes de la vigencia de la ordenanza, esto es, se consideran
inválidos los efectos producidos por ella»: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
sentencia del 14 de junio de 1915, sin número de radicación (actor: Compañía del puente de Portillo
y otro). Citada en: ANDRÉS FERNANDO OSPINA GARZÓN, op. cit. pp. 428-429, nota en pie de página n.°
10.
52
«En 1934 ya el Consejo de Estado empezó a abordar la cuestión desde el derecho público, lo cual
le permitió afirmar que la nulidad de un acto derogado sí es posible en cuanto la derogación “tiene
efecto para el futuro […]. La anulación, por el contrario […] lo declara inexistente desde su origen”»:
Consejo de Estado, auto del 6 de junio de 1934, sin número de radicación (actor: Víctor Pérez). «Esta
posición fue confirmada en 1951, donde la derogación con efectos a futuro, se asimiló a la
inexequibilidad, para oponerla a la nulidad que “[…] restablece las relaciones jurídicas de las partes
al estado que tenían antes del acto declarado nulo”»: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo Sección Primera, sentencia del 12 de abril de 1951, rad. 19510412. Ibidem, pp. 428-
429.
53
Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia del
31 de mayo de 1994, rad. 7245; Sección Cuarta, sentencia del 23 de marzo de 2001, rad. 76001-23-
24-000-1997-4782-01(11598); Sala Plena, Sala Cuarta Especial de Decisión, sentencia del 4 de
diciembre de 2018, rad. 66001-33-31-002-2007-00107-01(AG)REV; Sala Diecinueve Especial de
Decisión, sentencia del 1 de octubre de 2019, rad. 66001-23-33-003-2012-00007-01(AG)REV; y
Sección Cuarta, sentencia del 6 de agosto de 2020, rad. 08001-23-31-002-2012-00292-01(22384),
entre otras.
54
«Ahora bien: a pesar de esta aparente constante jurisprudencial, el Consejo de Estado también
ha sostenido que los efectos de la nulidad son irretroactivos, a futuro, es decir, ex nunc. Dos razones
han conducido a la jurisprudencia a esta afirmación: la primera de ellas consiste en la asimilación
ligera que ha hecho en algunas ocasiones de los actos administrativos generales con leyes en el
sentido material, lo cual la conduce a considerar que los efectos de la inexequibilidad son los mismos
de la nulidad de esos actos, es decir, ex nunc. Esta tesis ha sido sostenida episódicamente en 1964,
1989, 1990, 2011 y 2012. La sefunda razón […] se funda en el hecho de que la nulidad del acto
general no afecta automáticamente los actos individuales, los cuales, para poder ser anulados, se
requiere que sean demandados después de la declaratoria de nulidad, a condición de que el término
de caducidad no haya vencido […] De lo explicado se puede advertir que las posiciones que ha
sostenido el Consejo de Estado no son del todo opuestas ya que las situaciones jurídicas
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Asunto: Control inmediato de legalidad
52. Además de lo precedente, ha de tenerse en cuenta que en el control inmediato
de legalidad esta Corporación ha sostenido, al igual que en la simple nulidad55, que
la derogación o la pérdida de fuerza ejecutoria de los actos de carácter general que
son objeto de ese medio de control no son circunstancias que impidan realizar el
juicio de legalidad sobre ellos, ya que dichos actos pudieron producir efectos
jurídicos durante su vigencia56. Así, la posibilidad de revisar judicialmente los actos
generales que han perdido sus efectos se explica a partir de la asignación de efectos
hacia el pasado o ex tunc de la nulidad que se declare en la sentencia del control
inmediato de legalidad.
53. En todo caso, como se vio en la sentencia del 13 de agosto de 2020 de la Sala
Especial de Decisión n.° 10 y con base en la jurisprudencia de la Corte
Constitucional57, esta Corporación ha previsto la posibilidad de que el juez,
atendiendo el contexto fáctico y jurídico de cada caso, module los efectos de la
nulidad, con el objetivo de que la decisión judicial pueda proteger de mejor forma
los derechos y las expectativas legítimas de las personas y materialice los
postulados constitucionales58.
consolidadas son excepción del efecto ex tunc y razón de ser del efecto ex nunc: cuando el Consejo
de Estado afirma que los efectos son retroactivos toma en consideración que se constata el vicio
desde su origen, aunque se respetan los derechos adquiridos. Cuando el Consejo de Estado afirma
que los efectos son a futuro, lo explica por el respeto de los derechos adquiridos. Es decir que en
uno y otro caso la decisión de nulidad no afecta las situaciones que ya no puedan ser discutidas
administrativa o judicialmente y, por lo tanto, se trata de situaciones jurídicas consolidadas»: ANDRÉS
FERNANDO OSPINA GARZÓN, op. cit. pp. 431-433.
55
Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,
sentencia del 4 de diciembre de 2003, rad. 25000-23-25-000-1994-6713-01(2110-01); Sección
Cuarta, sentencia del 9 de abril de 2015, rad. 11001-03-27-000-2012-00029-00 (19451); Sección
Tercera, Subsección B, sentencia del 29 de abril de 2015, rad. 11001-03-26-000-2004-00044-
00(28615), entre otras.
56
«[…] “La declaración de inexequibilidad del decreto que declara el estado de excepción produce,
como efecto obligado, la inexequibilidad de los decretos legislativos que lo desarrollan.” En
consecuencia, los actos administrativos que siguieron al estado de emergencia social perdieron
fuerza ejecutoria o, lo que es lo mismo, frente a ellos operó la figura doctrinariamente denominada
decaimiento, pues desaparecieron sus fundamentos de derecho, de conformidad con el numeral 2
del artículo 66 del Código Contencioso Administrativo. Pero la pérdida de vigencia del Decreto 505
de 16 de febrero de 2010 se explica, antes que en aquél hecho, en la derogatoria expresa que de él
ya había dispuesto el Decreto 826 de 12 de marzo de 2010, “por medio del cual se concretan algunos
aspectos de los Planes Obligatorios de Salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud.”
Siendo así, el decreto reglamentario que ahora se analiza tuvo una breve existencia, entre el 16 de
febrero -cuando fue publicado- y el 12 de marzo de 2010, fecha de publicación del que lo derogó.
Pero como la derogatoria o la pérdida de fuerza ejecutoria de los actos administrativos no
impide al juez de lo contencioso administrativo efectuar el control de legalidad frente a los
efectos jurídicos que produjo durante su vigencia, procederá la Sala de conformidad». (Negrita
fuera de texto): Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 5 de
marzo de 2012, rad. 11001-03-15-000-2010-00200-00(CA); en el mismo sentido las siguientes
sentencias de la Sala Plena: sentencia del 22 de febrero de 2011, rad. 11001-03-15-000-2010-
00452-00(CA) y sentencia del 11 de agosto de 2009, rad. 11001-03-15-000-2009-00304-00(CA).
57
Cfr. Corte Constitucional, sentencia SU-636 del 31 de julio de 2003; Consejo de Estado, Sala de
lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda (sala plena), sentencia del 21 de agosto de 2008,
rad. 11001-03-25-000-2007-00058-00(1185-07); Sección Primera, sentencia del 18 de julio de 2019,
rad. 11001-03-24-000-2011-00163-00.
58
«La evolución actual tiende a hacer el juez responsable del “después de la sentencia” (l´après
jugement)»: JAQUELINE MORAND-DEVILLER, Curso de Derecho Administrativo, décima edición (2207),
Zoraida Rincón Ardila y Juan C. Peláez Gutiérrez (traductores), Bogotá, Universidad Externado de
Colombia, 2010, p. 790.
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54. De conformidad con lo anterior, en el presente asunto la Sala estima necesario
modular los efectos de la nulidad de la Resolución 410904 del 16 de octubre de
2020, para que esta opere hacia el futuro o ex nunc, toda vez que la anulación
de este acto administrativo desde su expedición podría generar afectaciones tanto
para el Ministerio de Minas y Energía como para los contratistas de esa entidad que
fueron parte en contratos que se han liquidado con ocasión del levantamiento de la
suspensión del plazo dispuesto para tal fin en el artículo 11 de la Ley 1150 de
200759.
55. En tales condiciones, dado que la etapa de liquidación es una instancia
determinante en el iter contractual pues permite definir los derechos y obligaciones
de las partes antes de la extinción de la relación jurídica negocial, ha de entenderse
que existe una situación jurídica consolidada frente a los trámites surtidos a partir
de la publicación de ese acto administrativo tendientes a la liquidación de los
contratos suscritos por el Ministerio de Minas y Energía. Por lo tanto, todas las
actuaciones que desde entonces se hayan adelantado por la entidad y sus
contratistas en la etapa de liquidación contractual mantendrán plenamente sus
efectos jurídicos y su presunción de legalidad, con el fin de salvaguardar los
derechos de las partes contratantes.
56. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sala Especial de Decisión n.º 19, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA
Primero: Declárase la nulidad de la Resolución 410904 del 16 de octubre de 2020,
proferida por el subdirector Administrativo y Financiero del Ministerio de Minas y
Energía, «Por la cual se levanta la medida de suspensión del plazo para liquidar los
contratos».
59
L. 1150/2007, art. 11: «DEL PLAZO PARA LA LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS. La
liquidación de los contratos se hará de mutuo acuerdo dentro del término fijado en los pliegos de
condiciones o sus equivalentes, o dentro del que acuerden las partes para el efecto. De no existir tal
término, la liquidación se realizará dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del
término previsto para la ejecución del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene
la terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga.
En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidación previa notificación o
convocatoria que le haga la entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, la
entidad tendrá la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 136 del C. C. A.
Si vencido el plazo anteriormente establecido no se ha realizado la liquidación, la misma podrá ser
realizada en cualquier tiempo dentro de los dos años siguientes al vencimiento del término a que se
refieren los incisos anteriores, de mutuo acuerdo o unilateralmente, sin perjuicio de lo previsto en el
artículo 136 del C. C. A.
Los contratistas tendrán derecho a efectuar salvedades a la liquidación por mutuo acuerdo, y en este
evento la liquidación unilateral solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido objeto
de acuerdo».
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Segundo: Los efectos de la nulidad de la Resolución 410904 del 16 de octubre de
2020 operan únicamente desde el momento de notificación de esta sentencia y
hacia el futuro o ex nunc, de acuerdo con los motivos anteriormente expuestos.
Tercero: Reconózcase personería jurídica al abogado Bryan Eduardo Urrea
Montoya, identificado con cédula de ciudadanía 1.053.838.417 y tarjeta profesional
316.875 del C.S. de la J., para ejercer la representación judicial de la Nación,
Ministerio de Minas y Energía dentro del presente proceso, de conformidad con el
poder que obra en el índice 9 del expediente virtual60.
Cuarto: Ejecutoriada esta providencia, archívese el expediente y háganse las
anotaciones pertinentes en el programa informático correspondiente.
Notifíquese y cúmplase
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
STELLA JEANNETTE CARVAJAL JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ
BASTO (Conjuez)
(Salvamento de voto)
ERNESTO RENGIFO GARCÍA ROBERTO AUGUSTO SERRATO
(Conjuez) VALDÉS
PEDRO PABLO VANEGAS GIL NICOLÁS YEPES CORRALES
(Salvamento de voto)
60
El poder fue conferido por el señor Camilo Andrés Tovar Perilla, coordinador del Grupo de Defensa
Judicial y Extrajudicial de la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio de Minas y Energía, quien en tal
condición ostenta las funciones de representación judicial y extrajudicial de la entidad, en virtud de
la delegación que efectuó la ministra de dicha cartera a través de la Resolución 4-0644 del 6 de
agosto de 2019.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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