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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2020-04591-00

Fecha
1 de marzo de 2023
Consejero ponente
Jose Roberto Sachica Mendez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2020-04591-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 5 de marzo de 2020 dictada por la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado, por medio de la cual se confirmó parcialmente y revocó el ordinal tercero de la sentencia del 6 de marzo de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander. SEGUNDO: Sin CONDENA en costas.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2020-04591-00

Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez

1 de marzo de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA VEINTITRÉS (23) ESPECIAL DE DECISIÓN

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá, D.C., uno (1) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Expediente: 110010315000-2020-04591-00 (7669)
Demandante: Unidad Administrativa de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -
UGPP-
Demandado: Nancy Yolanda Montagut Blanco
Referencia: Recurso extraordinario de revisión

Procede la Sala a resolver el recurso extraordinario de revisión interpuesto contra
la sentencia del 5 de marzo de 2020, dictada por la Sección Segunda, Subsección
B del Consejo de Estado, por medio de la cual se confirmó parcialmente y revocó el
ordinal tercero de la sentencia del 6 de marzo de 2017, proferida por el Tribunal
Administrativo de Santander.

I. ANTECEDENTES

Demanda inicial y fallo de primera instancia

1. La Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales
de la Protección Social (en adelante UGPP), en ejercicio del medio de control de
acción de nulidad y restablecimiento del derecho, solicitó la declaratoria de nulidad
de la Resolución No. UGM 052168 del 17 de julio de 2012 por la cual se reconoció
a la demandada una pensión de sobreviviente; solicitó suspender el pago de misma
y que se ordenara la devolución actualizada de todos los dineros recibidos por ese
concepto hasta verificar su pago.

2. El 6 de marzo de 2017, el Tribunal Administrativo de Santander profirió
sentencia de primera instancia1 en donde declaró la nulidad del acto demandado, la
inexistencia del derecho de la demandada a la pensión de sobreviniente2, pero negó
la pretensión tendiente al reintegro de los dineros recibidos indicando que se trató
de un error de la administración y la demandada actuó de buena fe3.

3. Inconforme con la anterior decisión, la UGPP interpuso recurso de apelación
solicitando ordenar la devolución de los dineros pagados a la demandada, con

1 SAMAI, índice 93, documento CUAD 1 201301049, págs. 1265 a 1279.
2 Como fundamento de la decisión, el Tribunal a quo concluyó que no fue posible determinar si la señora Nancy

Yolanda Montagut Blanco cumplió con el requisito previsto en la Ley 797 de 2003, respecto de haber hecho
vida marital con el causante durante los cinco (5) años anteriores a su fallecimiento.
3 Explicó que “en tratándose de un error de la administración al concederse el derecho a quien no reunía los

requisitos legales, no puede la entidad alegar a su favor su propia culpa para tratar de recuperar un dinero que
fue recibido por una persona de buena fe".

1

Radicación: 110010315000-2020-04591-00 (7669)
Demandante: UGPP
Demandado: Nancy Yolanda Montagut Blanco
Referencia: Recurso extraordinario de revisión

fundamento en que en el proceso se acreditó que la demandada y el causante no
tenían una convivencia continua, ni tampoco desempeñaba su rol de compañera
permanente, por lo que indujo en error a la administración valiéndose de medios
fraudulentos, y que ello desvirtuó el principio de buena fe4.

La sentencia objeto del recurso extraordinario de revisión

4. Mediante providencia del 5 de marzo de 20205, el Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección B, profirió sentencia de segunda instancia
confirmando parcialmente la decisión del a quo y revocando el ordinal tercero, para
en su lugar, ordenar a la demandada reintegrar a la UGPP las sumas que hubiere
devengado por concepto de la pensión de sobrevivientes que le fue reconocida por
el acto administrativo anulado, “desde que se hizo efectivo el derecho (17 de julio
de 2012) hasta cuando se dio cumplimiento a la suspensión provisional de esta”,
suma sujeta a actualización de conformidad con lo establecido en el artículo 187 del
CPACA6.

5. Como fundamento de la decisión, el ad quem determinó que se desvirtuó que
la demandada hubiese obrado de buena fe, toda vez que sus actuaciones
estuvieron orientadas a engañar a la administración para acceder a la pensión, no
solo con documentos que procuraban desviar la atención frente a lo que
verdaderamente significa la unión marital de hecho, sino al tratar de subsanar esas
falencias con unas declaraciones de terceros que fueron inconsistentes y
contradictorias.

El recurso extraordinario de revisión

6. A través de escrito presentado el 30 de octubre de 20207, la UGPP interpuso
recurso extraordinario de revisión contra la sentencia de segunda instancia antes
indicada, invocando la causal de revisión contemplada en el artículo 20, literal b, de
la Ley 797 de 2003, esto es, “cuando la cuantía del derecho reconocido excediere
lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente
aplicables”.

7. Como sustento del recurso, la UGPP indicó que la providencia acusada
ordenó el reintegro de las sumas desde que se hizo efectivo el derecho, pero tomó
de manera errada la fecha de inicio del reintegro, pues lo hizo a partir del 17 de julio
de 2012 (fecha del acto anulado), cuando la fecha real era el 26 de diciembre de
2010, “que corresponde al día siguiente del fallecimiento del señor MANUEL
SATURIO RUEDA pues desde ese día le fueron reconocidos los efectos fiscales
como quedó señalado en el correspondiente acto administrativo Resolución
UGM52168 del 17 de julio de 2012”. Indicó que esta circunstancia implica que el
fallo recurrido es irregular, y que a partir de esa irregularidad, se creó una situación

4 SAMAI, índice 93, documento CUAD 1 201301049, págs. 1298 a 1303.
5 SAMAI, índice 93, documento CUAD 1 201301049, págs. 1400 a 1419.
6 Se dispuso además que “Para hacer efectivo el reintegro de las sumas que han sido canceladas a la
demandada, la UGPP deberá suscribir con ella un acuerdo de reembolso, que preste mérito ejecutivo, en
condiciones tales que los valores y plazos acordados para tal efecto no pongan en condiciones de indignidad a
la obligada. Para lo cual considerará su situación socioeconómica, además, en procura de lograr el cumplimiento
de lo pactado y conforme a las circunstancias en que se halle la accionada, la entidad podrá establecer la
exigencia de las garantías que considere necesarias”.
7 SAMAI, índice 2.

2

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Demandante: UGPP
Demandado: Nancy Yolanda Montagut Blanco
Referencia: Recurso extraordinario de revisión

jurídica a favor de la demandada en detrimento del erario. Sobre el particular explicó
lo siguiente:

“En efecto, al haber tomado de manera errada la fecha de efectividad del derecho
reconocido a favor de la señora Montagut Blanco conllevó a que se dejara de lado
el exceso en el pago de lo no debido por parte de la Entidad, por lo que la
providencia es irregular, toda vez que no se detuvo en el análisis correcto respecto
la exigibilidad del derecho de la pensión de sobrevivientes ordenada a favor del
señor (sic) NANCY YOLANDA MONTAGUT BLANCO, en consecuencia resulta
necesario declarar probada la causal invocada y modificar la decisión recurrida ,
bajo los argumentos presentados en precedencia.

(…) Con base en lo anteriormente narrado, y teniendo en cuenta el material
probatorio arrimado al proceso, era deber del juzgador, fallar conforme a lo que se
logró establecer judicialmente frente a los hechos, que para el caso resultaba ser
clara la fecha de efectividad de la pensión reconocida a favor de la señora
Montagut y al mediar prueba fehaciente que determinaba tal situación no se podía
acceder al reintegro desde una fecha posterior, dejando de lado la posibilidad de
obtener el reconocimiento de sumas canceladas durante casi dos años que deben
ser reintegradas a las arcas del estado, pues de no ser así se estaría perjudicando
el erario público”.

8. Con fundamento en lo anterior, la UGPP solicitó que se infirmara el fallo
impugnado, ordenando a la demandada restituir la totalidad de los dineros que
hubiere devengado por concepto de pensión de sobrevivientes desde el 26 de
diciembre de 2010.

Trámite procesal e intervenciones

9. Bajo el trámite del recurso extraordinario de revisión, en auto del 21 de abril
de 20218 se admitió la demanda y se dispuso su notificación a la señora Nancy
Yolanda Montagut Blanco, así como al Ministerio Público de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 197 y 199 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA)9.

10. Mediante providencia del 28 de julio de 202110 se ordenó emplazar a la
demandada, para posteriormente, en auto del 29 de agosto de 2022, designarse
curador ad litem11.

11. El 26 de septiembre de 202212 se corrió traslado del recurso extraordinario;
el Ministerio Público gradó silencio mientras que el curador ad litem de la
demandada, en escrito radicado el 23 de octubre del mismo año13, manifestó
allanarse a lo probado en el proceso, solicitando que en la decisión a proferir se
considere la presunción de buena fe, el respeto al debido proceso y que la
demandada hace parte de una población vulnerable -conforme al ADRES-, sin
capacidad económica o de pago.

8 SAMAI, índice No. 5.
9 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
10 SAMAI, índice No. 24.
11 SAMAI, índice No. 56.
12 SAMAI, índice No. 80.
13 SAMAI, índice No. 81.

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Demandante: UGPP
Demandado: Nancy Yolanda Montagut Blanco
Referencia: Recurso extraordinario de revisión

II. CONSIDERACIONES

Competencia de la Sala

12. Conforme al artículo 248 del CPACA, el recurso extraordinario de revisión
procede contra las sentencias ejecutoriadas dictadas por el Consejo de Estado, los
tribunales y los jueces administrativos.

13. Frente a la competencia asignada a esta Corporación, el artículo 249 del
CPACA dispone que la Sala Plena conocerá del recurso extraordinario de revisión
interpuesto contra las sentencias dictadas por las secciones o subsecciones del
Consejo de Estado, sin exclusión de la sección que profirió la decisión que se
cuestiona. En armonía con la anterior disposición, el artículo 10714 del CPACA creó
las Salas Especiales de Decisión para resolver los procesos asignados por
competencia a la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, o aquellos que ésta
les encomiende.

14. Con fundamento en lo anterior, la Sala Plena del Consejo de Estado, a través
de los Acuerdos 321 de 2 de diciembre de 2014 y 080 de 2019, reglamentó la
integración15 y funcionamiento de las Salas Especiales de Decisión, asignándoles,
entre otras, la competencia para resolver16 los recursos extraordinarios de revisión
interpuestos contra las sentencias de las secciones o subsecciones del Consejo de
Estado. Por tanto, la Sala es competente para resolver el presente asunto.

Oportunidad del recurso

15. El artículo 251 -inciso cuarto- del CPACA prevé que el término de caducidad
del recurso extraordinario de revisión, para los casos previstos en la Ley 797 de
200317, es de cinco años contados a partir de la ejecutoria de la correspondiente
providencia judicial, o en los casos de que ella no se requiera, dentro del mismo
término contado a partir del perfeccionamiento del acuerdo transaccional o
conciliatorio.

16. En el caso que se analiza, el recurso extraordinario de revisión se interpuso
contra una sentencia proferida en segunda instancia por la Sección Segunda -

14 “Créanse en el Consejo de Estado las salas especiales de decisión, además de las reguladas en este Código,

encargadas de decidir los procesos sometidos a la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, que esta les
encomiende, salvo de los procesos de pérdida de investidura y de nulidad por inconstitucionalidad. Estas Salas
estarán integradas por cuatro (4) Magistrados, uno por cada una de las secciones que la conforman, con
exclusión de la que hubiere conocido del asunto, si fuere el caso. La integración y funcionamiento de dichas
salas especiales, se hará de conformidad con lo que al respecto establezca el reglamento interno […]”
15 Artículo 28. “Las Salas Especiales de Decisión creadas por el artículo 107 de la Ley 1437 de 2011 estarán

integradas por un (1) magistrado de cada una de las Secciones de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo. La designación de un nuevo magistrado no modificará la integración de las Salas Especiales de
Decisión. El nuevo Magistrado entrará a formar parte de la Sala a que pertenecía quien se retiró. La
conformación o modificación de la integración de cada una de estas Salas será publicada en el sitio web del
Consejo de Estado. La Sala Plena podrá variar la conformación de las Salas Especiales de Decisión, previa
publicación en el sitio web del Consejo de Estado…”.
16 Artículo 29. Las Salas Especiales de Decisión decidirán los siguientes asuntos de competencia de la Sala

Plena de lo Contencioso Administrativo: 1. Los recursos extraordinarios de revisión interpuestos contra las
sentencias de las Secciones o Subsecciones del Consejo de Estado…”
17 “Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de

1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales”

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Demandante: UGPP
Demandado: Nancy Yolanda Montagut Blanco
Referencia: Recurso extraordinario de revisión

Subsección B del Consejo de Estado, la cual quedó debidamente ejecutoriada el 15
de julio de 2020, según constancia emitida por el secretario de esa misma Sección18,
de modo que el recurso debía interponerse a más tardar el 16 de julio de 2025.
Como el recurso fue presentado el 30 de octubre de 2020, es claro que fue
interpuesto oportunamente.

Legitimación por activa para formular el recurso bajo las causales de la Ley
797 de 2003

17. El artículo 20 de la Ley 797 de 2003 facultó al Gobierno para que, por
conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y
Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador General de
la Nación, soliciten ante el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia la
revisión de aquellas providencias judiciales donde se reconozcan prestaciones
periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública 19.

18. Por su parte, el Gobierno Nacional, con fundamento en el ordinal 6º del
artículo 6º del Decreto 5021 de 28 de diciembre de 200920, delegó expresamente
como función de la UGPP la de adelantar o asumir, cuando haya lugar, las acciones
previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, lo cual fue reiterado bajo el mismo
numeral y artículo del Decreto 575 de 201321.

19. En consecuencia, atendiendo a la delegación indicada, se acredita su
legitimación para promover el presente recurso de revisión, atendiendo a la regla de
legitimación por activa cualificada dispuesta por el artículo 20 de la Ley 797 de 2013.

Problema jurídico

15. De conformidad con los argumentos del recurso y el cargo de revisión
aducido, corresponde establecer si la sentencia recurrida, incurrió en la causal de
revisión del literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2013, al dejar de ordenar el
reintegro de las unas reconocidas bajo el acto acusado anteriores al 17 de julio de
2012.

La revisión de sentencias que reconocen pensiones o prestaciones periódicas

20. La Ley 797 de 2003 instituyó en su artículo 20, la revisión especial de las
sentencias que decreten el reconocimiento de sumas periódicas o pensiones a
cargo del tesoro público -o fondos de naturaleza pública-, en los siguientes términos:

“… Las providencias judiciales que hayan decretado o decreten
reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza

18 SAMAI, índice No.3.
19 La norma señala expresamente que, bajo tales causales, la decisión podrá ser revisada “…por el Consejo de

Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto
del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General
de la República o del Procurador General de la Nación”.
20 “Por el cual se establece la estructura y organización de la Unidad Administrativa Especial de Gestión

Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP– y las funciones de sus dependencias”.
21 “Por el cual se modifica la estructura de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y

Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) y se determinan las funciones de sus
dependencias”.

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Radicación: 110010315000-2020-04591-00 (7669)
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Demandado: Nancy Yolanda Montagut Blanco
Referencia: Recurso extraordinario de revisión

pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones
de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la
Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del
Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la
República o del Procurador General de la Nación.

La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de
una transacción o conciliación judicial o extrajudicial.

La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso
extraordinario de revisión por el respectivo código y podrá solicitarse por las
causales consagradas para este en el mismo código y además:

a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido
proceso, y

b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de
acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente
aplicables…”. (negrillas y subrayas propias)

21. Como se observa, aun cuando esta revisión especial también tiene por
finalidad que se infirme una sentencia ejecutoriada, presenta de forma expresa unas
particularidades que le otorgan una entidad propia en relación con su interposición,
objeto y trámite, siendo calificada por la jurisprudencia como una acción sui
generis22, toda vez que:

(i) La legitimación por activa es exclusiva de las entidades públicas cualificadas
que identifica la ley, y que, como se ha definido23, en el presente caso se predica
favorablemente respecto de la UGPP como entidad recurrente.

(ii) Su objetivo es la salvaguarda del erario, y por ende, conforme a la exposición
de motivos de la Ley 797 de 2003, se centra “… en la revisión de los montos de las
pensiones reconocidas en contra de lo establecido por la ley, en orden a salvaguardar
el equilibrio entre la prestación y su legalidad, así como también proteger los recursos
limitados del tesoro público, la liquidez, solvencia y sostenibilidad del sistema de seguridad
social y el principio de universalidad que lo gobierna”24, de manera que procede,
solamente, cuando se excede la cuantía del derecho reconocido, o éste se obtiene
con violación al debido proceso. (negrillas y subrayas propias)

(iii) La reclamación está vinculada con la posibilidad de cuestionar,
exclusivamente, los fallos judiciales que decreten el pago de sumas periódicas de
dinero, o pensiones de cualquier naturaleza, pagadas con cargo al tesoro público.

22 Corte Constitucional. Sentencia C-835 de 2003. MP Jaime Araújo Rentería. Respecto de sus particularidades,

puede verse también: Consejo de Estado, Sección Segunda. Auto de 27 de marzo de 2014 Rad. 11001-03-25-
000-2012-00561-00(2129-12) M.P. Gerardo Arenas Monsalve.
23 Numerales 20 a 22.
24 De acuerdo con la exposición de motivos del proyecto de ley 56 de 2002 -Senado, que culminó con la

promulgación de la Ley 797 de 2003, según se refiere en Consejo de Estado. Sala Especial de Decisión. No. 4,
sentencia del 1º de agosto de 2017. C.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Radicación. 11001-03-15-000-
2016-02022-00 (REV).

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22. Respecto del último punto anotado, el Consejo de Estado ha explicado que
la finalidad de esta especial revisión tiene por objeto dotar a las entidades públicas
pagadoras -y a los entes de control- de una herramienta judicial para solicitar la
corrección de “las decisiones judiciales, las conciliaciones o las transacciones que han
reconocido pensiones irregularmente o por montos que no corresponden a la ley. Así
mismo, se contempla la posibilidad de revocar las pensiones irregularmente
otorgadas. De esta manera, se permite afrontar los graves casos de corrupción en esta
materia y evitar los grandes perjuicios que pueda sufrir la Nación” 25. (subrayas y negrillas
propias)

La causal del literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003

23. Esta causal habilita a la entidad recurrente para que cuestione la sentencia
que reconoce, reajusta o reliquida una pensión o prestación periódica con cargo al
tesoro público -o fondos de naturaleza pública-, “Cuando la cuantía del derecho
reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que
le eran legalmente aplicables”26, causal respecto de la cual el Consejo de Estado27 ha
explicado, que:

(i) Tiene como propósito fortalecer el principio de moralidad del que debe estar
precedido el reconocimiento de una pensión o prestación periódica, pues un exceso
en tales sumas recurrentes y sucesivas impuestas a cargo del erario, contrariando
lo dispuesto legalmente, afecta la liquidez y solvencia del sistema pensional28.

(ii) El juez extraordinario debe, en cada caso, analizar si lo pedido en el recurso
extraordinario de revisión recae efectivamente sobre una pensión o prestación
periódica, otorgada en monto que legalmente no corresponde, o si por el contrario,
se plantean discusiones ajenas a la acreditación en esa cuantía de una evidente
disparidad con lo previsto u ordenado por la ley, finalidad que delimita la
procedencia del recurso.

Caso concreto

24. De conformidad con el análisis normativo efectuado, no hay duda de que
atendiendo al propósito de la ley y los requisitos generales que la misma define, el
recurso extraordinario especial de revisión, bajo los supuestos de la Ley 797 de
2003, resulta improcedente respecto de aquellas providencias judiciales que: (i) no
decreten un reconocimiento económico a favor del administrado; (ii) aun cuando lo
hagan, sea distinto a una suma periódica de dinero o pensión; y, (iii) cuando
teniendo esta naturaleza, la suma no deban pagarse con cargo a los recursos del
tesoro público o fondos de naturaleza pública29. Lo anterior es especialmente

25 Consejo de Estado. Sala Cuatro Especial de Decisión, sentencia del 5 de diciembre de 2017, C.P. Lucy

Jeannette Bermúdez Bermúdez. Exp. 2017-01529 (REV).
26 Subrayas y negrillas propias. Este artículo fue analizado por la Corte Constitucional con ocasión de la acción

pública de inconstitucionalidad que formuló el ciudadano Jorge Miguel Pauker Gálvez contra los artículos 19 y
20 de la Ley 797 de 2003 y que declaró inexequible la expresión “en cualquier tiempo”, contenida en el primero
y tercero incisos del artículo 20 de la ley 797 de 2003. En lo demás este artículo fue declarado exequible.
27 Consejo de Estado. Sala Especial de Decisión 4. Sentencia del 1° de agosto de 2017. Exp. 11001-03-15-000-

2016-02022-00. C.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
28 Al respecto puede verse también: Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 24 de

junio de 2021. C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas. Exp. 11001-03-25-000-2018-01568-00 (5123-18).
29 Ibidem.

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reiterado por la causal del literal b) de su artículo 20, que es la que el recurrente
afirma se configuró en el caso concreto, en tanto se ciñe a la revisión de la cuantía
del reconocimiento pensional o periódico efectuado.

25. Por su parte se tiene que conforme a las propias manifestaciones y
argumentos del recurrente, y atendiendo a las piezas procesales del juicio de
nulidad y restablecimiento del derecho que originó la sentencia recurrida, es claro
que esta última, distinto de reconocer un derecho prestacional a la demandada, se
limitó a (i) confirmar la nulidad del acto administrativo que reconoció a su favor la
pensión de sobreviviente, y (ii) ordenarle el reintegro de la sumas devengadas.

26. Siendo indiscutido lo anterior, la Sala encuentra que no se decretó un
reconocimiento económico a favor de la demandada; mucho menos, una pensión o
prestación periódica, con una retribución vigente y con cargo al erario;
contrariamente, el fallo cuestionado confirmó la nulidad del acto de reconocimiento
pensional y, a título de restablecimiento del derecho, impartió unas órdenes que en
momento alguno comportaron un pago o beneficio a favor de la demandada.

27. De esta forma, considerando que tanto la causal de revisión que se aduce,
como la naturaleza y propósito del recurso extraordinario especial, determinan que
éste se circunscribe a la posibilidad de cuestionar los fallos judiciales que decreten
el pago de sumas periódicas de dinero, o pensiones de cualquier naturaleza,
pagadas con cargo al tesoro público, sin posibilidad de ampliar el espectro fáctico a
situaciones como las que se revelan en la demanda que ha dado inicio al presente
proceso, la Sala declarará infundado el recurso interpuesto.

Costas

28. De acuerdo con lo establecido en el artículo 188 del CPACA la liquidación y
ejecución de la condena en costas se sujetará a las reglas previstas en el
procedimiento civil. En este orden de ideas, el artículo 365 del Código General del
Proceso, en el numeral 1, dispone que se condenará en costas a la parte vencida
en el proceso30, las que serán liquidadas de manera concentrada por el juez que
haya conocido del proceso en primera o única instancia.

29. El artículo 361 ejusdem prevé que las costas están integradas por la totalidad
de las expensas y gastos sufragados causados durante el trámite de la controversia,
así como por las agencias en derecho, las cuales, en virtud del numeral 4 del artículo
366 de la misma normativa, se fijan con observancia de las tarifas establecidas por
el Consejo Superior de la Judicatura en el Acuerdo 10554 de 2016 31.
Adicionalmente, la condena en costas en el recurso extraordinario fue objeto de
reforma por la Ley 2080, artículo 80, conforme al cual, el artículo 255 del CPACA
dispone que en la medida que “se declare infundado [el recurso] se condenará en
costas”.

30 El artículo 365 C.G.P.: “En los procesos y en las actuaciones posteriores aquellos en que haya controversia

la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: 1. Se condenará en costas a la parte vencida en el
proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación
o revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código (…)”.
31 El Acuerdo 1887 de 2003 fue derogado por el Acuerdo 10554 de agosto 5 de 2016.

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30. No obstante, no pasa por alto la Sala que el mismo artículo 365 del CGP en
su numeral 8 dispone que solo habrá lugar a costas cuando en el expediente
aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación. En ese orden, en
atención a que en el presente asunto la parte demandada no se hizo partícipe en el
proceso, al no evidenciarse en consecuencia causación de gastos por la parte
contraria para atender la defensa de la legalidad del proveído cuestionado, la Sala
se abstendrá de condenar a la parte actora al pago de costas y agencias en derecho,
en atención a las reglas aplicables en la materia.

III. PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sala Veintitrés Especial de Decisión, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión
interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 5 de marzo de 2020
dictada por la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado, por medio
de la cual se confirmó parcialmente y revocó el ordinal tercero de la sentencia del 6
de marzo de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander.

SEGUNDO: Sin CONDENA en costas.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ROCÍO ARAÚJO OÑATE STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ CARMELO PERDOMO CUÉTER

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE32
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

32 Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado y

que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera que el
certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.

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