Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2020-04712-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2020-04712-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2020-04712-00
Consejero ponente: Conjuez Carlos Mario Isaza Serrano
1 de junio de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
CONJUEZ PONENTE: CARLOS MARIO ISAZA SERRANO
Bogotá D. C., primero (1) de junio de dos mil veintidós (2022)
Radicación: 11001031500020200471200
Accionante: María Teresa Berrio Palacio
Accionada: Sala de Descongestión, Subsección Laboral del Tribunal Administrativo de Antioquia
Registro:
I.- OBJETO DE LA ACCIÓN:
La accionante pretende a través del ejercicio de la presente acción de tutela ejercida contra la Sala de Descongestión, Subsección Laboral del Tribunal Administrativo de Antioquia que se le amparen los derechos fundamentales a la asociación sindical, igualdad, debido proceso y acceso a la administración de justicia, consagrados en los artículos 39, 55, 13, 29, 53 y 229 de la Constitución Política de Colombia, los cuales fueron vulnerados por la accionada mediante la sentencia No. 037 del 11 de octubre de 2011 expedida dentro del proceso de nulidad y restablecimiento radicado con el No. No. 05001233100020040488100.
II.- TRÁMITE ADELANTADO:
1.- La presente tutela fue repartida a la Sección Segunda, Subsección A, del Consejo de Estado. Los Consejeros titulares de esta Subsección: Doctores WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ, RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS y GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ, por medio de auto de fecha 18 de noviembre de 2020 se declararon impedidos para conocer del presente asunto al advertir que respecto de ellos se configuraba la causal de impedimento prevista en el numeral 6.° del artículo 56 del C.P.P., que señala que el funcionario judicial se deberá declarar impedido cuando haya dictado la providencia de cuya revisión se trata o hubiere participado dentro del proceso.
La anterior declaración se hizo en atención a que la accionante manifestó en su escrito de tutela, que interpuso recurso extraordinario de revisión en contra de la sentencia de fecha 11 de octubre de 2011 proferida en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado bajo el número 2004-04881, promovido en contra de Empresas Públicas de Medellín. El citado recurso extraordinario fue declarado infundado por la Subsección A, el 9 de marzo del año en curso al no configurarse la causal de revisión prevista en el ordinal 8°., del artículo 250 del CPACA, toda vez que no probó la existencia de otro proceso en el cual hubiese habido identidad de partes, objeto y causa, que hubiese terminado con una decisión judicial previa contraria a la que fue objeto de revisión.
En consideración a la presentación de estos impedimentos, se llevó a cabo sorteo de Conjueces, el cual quedó registrado en acta de fecha 1 de diciembre de 2020. Los sorteados fueron los Conjueces CARLOS MARIO ISAZA SERRANO, HÉCTOR ALFONSO CARVAJAL LONDOÑO y CARMEN MARÍA ANAYA DE CASTELLANOS.
III.- ANTECEDENTES FÁCTICOS:
1.- La ahora accionante instauró acción de nulidad y restablecimiento del derecho laboral en contra de las Empresas Públicas de Medellín, EPM, la cual fue radicada con el No. 05001233100020040488100.
2.- Las pretensiones de la correspondiente demanda fueron, entre otras, la nulidad de los siguientes actos administrativos: 1.- Acta de Junta Directiva de las Empresas Públicas de Medellín No. 1407 de 2003, por la cual clasifican unos empleados públicos. 2.- Decreto No. 1329 del 12 de septiembre de 2003, proferido por la Gerencia General de Empresas Públicas de Medellín, por el cual se clasifican unos empleados públicos. 3.- Resolución No. 368270 del 5 de marzo de 2003, por medio del cual se declara insubsistente un nombramiento y que como consecuencia de la declaración que se adopte se le restablezca el derecho.
3.- La accionante adicionó la correspondiente demanda solicitando como pretensión subsidiaria a las pretensiones 1 y 2 originalmente planteadas, la inaplicación tanto del acta de la Junta Directiva de las Empresas Públicas de Medellín E.S.P., número 1407 de 2003 por la cual clasifican unos empleados públicos como el Decreto No. 1329 del 12 de septiembre de 2003, proferido por la Gerencia General de las Empresas Públicas de Medellín E.S.P., por el cual se clasifican unos empleados públicos.
Igualmente adicionó el numeral 1 aludido a la consecuencia de la declaración que se adopte, ordenando además de lo pedido en la demanda inicial, el reconocimiento y pago de beneficios legales y extralegales consagrados para los jefes de unidad en las Empresas Públicas de Medellín E.S.P.
4.- Anota que el Juzgado Veintisiete Administrativo del Circuito de Medellín, luego de surtido el correspondiente proceso mediante sentencia S.O. 0029 del 28 de mayo de 2010 notificada por edicto fijado entre el 4 y el 9 de junio de 2010, declaró probada la excepción de indebida acumulación de pretensiones y acciones propuesta por la entidad demandada y en consecuencia, se declaró inhibido para decidir de fondo respecto de la legalidad del acta de la Junta Directiva de las Empresas Públicas de Medellín E.S.P. No. 1407 de 2003 por la cual se clasifican unos empleados públicos y del Decreto 1329 del 12 de septiembre de 2003, igualmente proferido por la entidad demandada.
5.- Inconforme con la decisión interpuso recurso de apelación ante el Tribunal Administrativo de Antioquia. De la resolución de este recurso se ocupó la Sala de Descongestión, Subsección Laboral, la cual mediante sentencia No. 037 del 11 de octubre de 2011, notificado por edicto el 2 de septiembre de 2011, confirmó la sentencia proferida por el Juzgado Veintisiete Administrativo del Circuito de Medellín.
6.- Agrega que solicitó la aclaración y complementación de dicha sentencia. El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala de Descongestión, Subsección Laboral mediante auto de fecha 15 de diciembre de 2011, negó dichas solicitudes.
7.- Sostiene que en las páginas 9, 21 y 22 de la sentencia aparece que, a partir del 25 de agosto de 2003, la demandante era una funcionaria en provisionalidad de carrera y que por tal motivo no tenían que motivar el acto y en otros apartes de las páginas siguientes afirman que la demandante era una funcionaria de libre nombramiento y remoción, figuras que son distintas a la luz del derecho laboral administrativo.
8.- Agrega que en esas 3 páginas se incurre en una contradicción en torno a la naturaleza del cargo en desmedro de la demandante, pues la falladora confunde el cargo en “provisionalidad” con el cargo de “libre nombramiento y remoción”, debiendo aclarar y complementar la sentencia precisando cuál era la naturaleza del cargo que detentó la demandante como Jefe de Unidad Relaciones Laborales a partir del 25 de agosto de 2003. Estas solicitudes fueron negadas por medio de sentencia aclaratoria del 15 de diciembre de 2011.
9.- Inconforme con la sentencia proferida por El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala de Descongestión, Subsección Laboral, Magistrada Ponente Dra. María Nancy García García, el 4 de febrero de 2014 interpuso el recurso extraordinario de revisión, el cual fue radicado bajo No. 11001032500020140030100 (0908-2014), con fundamento en la causal octava del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011, anterior numeral 8.º del artículo 188 del Código Contencioso Administrativo.
10.- El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda - Subsección A, Consejero Ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas, en sentencia del 9 de marzo de 2020, declaró infundado el recurso extraordinario de revisión presentado por el apoderado de María Teresa Berrio Palacio contra la sentencia del Tribunal Administrativo de Antioquia, de 11 de octubre de 2011, que dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 2004-04881-01, confirmó negar las pretensiones de la demanda.
11.- La accionante ilustra además dos casos donde se dio un tratamiento diferente al que se le dispensó a ella. El primero de estos referido a Arturo Tabares Mora quien fue vinculado a EPM a partir del 22 de abril de 2002 a través de un contrato de trabajo a término indefinido, para desempeñar el cargo de Subgerente de Planeación Estratégica, cargo del segundo nivel de la estructura organizacional.
12.- Sostiene que el 10 de octubre de 2002 el demandante se vinculó al sindicato de Profesionales de EPM – SINPROEEPPM., pero EPM mediante Resolución No. 352407 de 31 de octubre de 2003 declaró la insubsistencia del nombramiento en el cargo de Subgerente de Planeación Estratégica.
13.- Luego agrega que, al ser demandado el caso en nulidad y restablecimiento del derecho, no obstante que la Sala de Descongestión – Subsección Laboral del Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante sentencia del 21 de marzo de 2012 negó las súplicas de la demanda, la Sección Segunda - Subsección “A”., con ponencia del Consejero Ponente: Dr. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, mediante fallo de segunda instancia de fecha 22 de agosto de 2013, revocó la sentencia apelada y accedió a las pretensiones de la demanda (Rdo. No. 05001233100020040120001 (160812).
14.- Comenta además que igual aconteció con el caso de María Beatriz Ramírez Carmona. Esta persona fue vinculada a EPM a partir del 21 de marzo de 2001 a través de un contrato de trabajo a término indefinido para desempeñar el cargo de Jefe del Departamento de Selección, perteneciente al tercer nivel de la estructura organizacional. Agrega que la señora Ramírez Carmona estuvo vinculada al Sindicato de Profesionales de EPM – SINPROEEPPM sin embargo la EPM mediante Resolución No. 368271 de 5 de marzo de 2004 declaró la insubsistencia de su nombramiento.
15.- La Accionante advierte que habiendo sido demandado en nulidad y restablecimiento del derecho ese despido por los mismos hechos y pruebas que las aducidas en su caso, el reparto correspondió al Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Medellín bajo el No. 05001233100020040512200.
16.- Este despacho mediante sentencia No. 114 del 18 de abril de 2012 accedió a las pretensiones de la demanda. Pero no obstante que EPM interpuso recurso de apelación, el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala de Descongestión, Subsección Laboral, conformada por los mismos magistrados que atendieron su recurso de apelación, doctores María Nancy García García, Juan Carlos Hincapié y Juan Carlos Hermosa Rojas, mediante sentencia del 15 de octubre de 2014, confirmaron la sentencia proferida por el Juzgado Primero Administrativo de Descongestión.
17.- En síntesis, la accionante es enfática en señalar que la Junta Directiva de EPM, el 25 de agosto de 2003 se reunió con el fin de decidir la naturaleza de la relación laboral de los funcionarios de la estructura organizacional, por cuanto se hacía necesario definir qué actividades de dirección o confianza debían ser desempeñadas por personas que tuvieran la calidad de empleados públicos, según consta en acta 1407 de 2003 y su correspondiente anexo.
18.- Agrega que luego la Gerencia expidió el Decreto 1329 del 12 de septiembre de 2003, por el cual se clasificaron unos servidores como empleados públicos determinando que serían de libre nombramiento y remoción solamente los empleos correspondientes a Subgerentes del nivel II y el Secretario General y que serían de carrera administrativa los empleos correspondientes al nivel II Jefes de Unidades y los empleos del nivel III jefes de Departamentos y jefes de Áreas.
19.- Advierte que en el acta de esta Junta Directiva de EPM quedó plasmada la siguiente decisión: “La Junta Directiva reitera que este cambio no implica inestabilidad para los funcionarios, pues serán las condiciones del ejercicio de las funciones las únicas determinantes de su estabilidad, como dispone la ley. De igual modo se pone de presente que para estos funcionarios entrará a regir el sistema de valoración propio de carrera administrativa por lo que deberán fijarse de manera clara los objetivos y metas que han de construir la guía para la valoración del desempeño” ...
20.- Señala que 190 días después de la reclasificación de su cargo, el día 5 de marzo de 2004, la Gerencia General de las EPM mediante la resolución número 368270 del 5 de marzo de 2004, declaró insubsistente un nombramiento provisional que no tuvo, sin motivación alguna y que 230 días después de su despido, el 25 de octubre de 2004 la Junta Directiva según acta No. 1431 y la Gerencia de EPM según Decreto No. 201 decidió revocar el acta de Junta Directiva No. 1407 del 25 de agosto de 2003 y el Decreto 1329 del 12 de septiembre de 2003. Por esta razón los cargos de los niveles II y III (Subgerentes, jefes de Unidades, Áreas y Departamentos) volvieron a ser trabajadores oficiales y a beneficiarse de la convención colectiva.
21.- Que en este caso se evidente que con tal determinación en realidad no se buscó dar cabal cumplimiento al ordenamiento jurídico, más concretamente a los criterios para determinar los cargos de libre nombramiento y remoción y de carrera administrativa contenidos en la Ley 443 de 1998, sino perseguir a los miembros de la organización sindical denominada SINPROEEPPM que según las pruebas EPM desafilió a 152 trabajadores lo que representó el 15% de los afiliados y el 25% menos en los ingresos del sindicato, hasta lograr la salida de las Empresas Públicas de Medellín, como en efecto ocurrió con ella. Así como evitar el pago de una indemnización pactada en convención colectiva que ya era un derecho adquirido.
IV.- RESPUESTAS DE LA ACCIONADA Y LOS INTERVINIENTES:
El Tribunal Administrativo a través de la Sala Segunda de Oralidad se pronunció sobre el traslado concedido aduciendo que en la sentencia proferida el 11 de octubre de 2011, por la Sala de Descongestión, Subsección Laboral de esta Corporación, que confirmó negar las pretensiones, se encuentran los argumentos de hecho y de derecho que sustentan la decisión de la Magistrada ponente en su momento, debidamente expuestos en la providencia y que no es del caso su reproducción en esta contestación.
Adicionalmente agregó que es menester resaltar que la acción de tutela de la referencia no fue interpuesta en un término razonable, lo que excluye la inmediatez de la acción, ello si se tiene en cuenta que entre la fecha en que la tutelante conocía la decisión adoptada por el Consejo de Estado el 9 de marzo de 2020, referente al recurso de revisión y la presentación de la acción de tutela, transcurrieron más de dos (2) años.
Así las cosas, estima que no es razonable la “protección” por esta vía judicial de los derechos que se invocan como vulnerados, en tanto la inmediatez es esencial para la protección que ofrece la acción tutela a los derechos fundamentales.
Por su parte, la apoderada de las Empresas Públicas de Medellín E.S.P., manifiesta que solamente en la medida en que se cumplan los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela es procedente la intervención del juez de tutela, vía análisis de los requisitos específicos de procedencia de la protección invocada. Además, agrega que la tutela carece de inmediatez, los temas no revisten relevancia constitucional y que las causales alegadas no son de naturaleza procesal sino sustantiva sin que tengan la propiedad de convertirse en un efecto decisivo en la sentencia atacada y que la inconformidad expuesta se ciñe a la valoración probatoria y argumentos jurídicos que determinaron la postura del Tribunal Administrativo de Antioquia.
Advierte que no se identifican de forma razonable los hechos que general la presunta vulneración, ya que en el escrito de tutela se afirma que en la providencia que se ataca se incurrió en la omisión de analizar las pruebas que según la parte actora acreditaban el cargo de nulidad por desviación de poder, que es una circunstancia que no se observa conforme al análisis realizado por el Tribunal accionado.
Sumado a lo anterior comenta que el Tribunal Administrativo de Antioquia sí realizó el análisis de los argumentos planteados por la parte accionante abordando el análisis de la naturaleza jurídica de la entidad y el cargo que ocupaba. Así mismo, se realiza el correspondiente análisis para determinar si efectivamente la actora ocupaba un cargo de dirección y confianza para lo cual se revisan las funciones del cargo que desempeñaba la actora, para concluir que de acuerdo con lo anterior no se avizora el presunto defecto procedimental alegado, ya que por el contrario, la providencia atacada abordó las temáticas expuestas exponiendo las razones jurídicas y fácticas para llegar a las conclusiones que se determinan en la decisión adoptada.
Acota que no es cierto que la declaratoria de indebida acumulación de acciones y pretensiones haya traído como consecuencia que estos actos no se tuvieran como pruebas de la solicitud de nulidad y restablecimiento del derecho de la Resolución No. 368270 de 5 de marzo de 2004 ya que como se observa en la sentencia el Tribunal efectivamente analizó los actos frentes a los cuales se pretendía de manera subsidiaria la inaplicabilidad, indicando que no había lugar a la misma, ya que estos actos se habían expedido conforme a las facultades y competencia de la junta directiva de la entidad.
Y finaliza expresando que tampoco es cierto que el argumento con el cual la parte actora sustenta el defecto fáctico alegado, esto es que se dio por probada la existencia de un nombramiento que nunca se tuvo, ya que en la providencia recurrida sí se abordó el análisis frente al cambio de relación jurídico laboral de la accionante.
La Sección Segunda, Subsección A., del Consejo de Estado y el Juzgado 27 Administrativo del Circuito de Medellín, no intervinieron.
V.- PROBLEMA JURÍDICO A RESOLVER:
Según se infiere de lo planteado por la accionante, la accionada y el tercero interviniente, el problema jurídico a resolver se cifra en determinar si cabe amparar a la accionante los derechos fundamentales a la asociación sindical, igualdad, debido proceso y acceso a la administración de justicia, consagrados en los artículos 13, 29, 39,53, 55, y 229 de la Constitución Política de Colombia, por supuestamente haber sido vulnerados a través de la sentencia No. 037 del 11 de octubre de 2011 proferida dentro del radicado de nulidad y restablecimiento del derecho laboral No. 05001233100020040488100 por la Sala de Descongestión, Subsección Laboral del Tribunal Administrativo de Antioquia, conformada por los Magistrados María Nancy García García, Juan Carlos Hermosa Rojas y Juan Carlos Hincapié Mejía promovido en contra de las Empresas Públicas de Medellín E.S.P., en adelante EPM.
Por consiguiente, con base en el examen de los hechos expuesto en el libelo de amparo y el acervo probatorio arrimado cabe inicialmente analizar si se superan los requisitos de procedibilidad de esta acción pública interpuesta contra una providencia judicial.
De superarse tales requisitos seguidamente corresponde determinar si con la sentencia atacada se vulneraron los derechos de la accionante al haber incurrido la autoridad accionada en uno cualquiera de los defectos que alega, entre ellos el procedimental absoluto, por exceso ritual manifiesto, el fáctico al desconocer el valor demostrativo de las pruebas arrimadas al proceso donde fue expedida aquella, o la violación del precedente judicial o violación directa de la Constitución.
VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA:
1.- Competencia:
Compete a la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado, conocer del trámite y decisión de la presente acción de tutela conforme al artículo 86 de la Constitución Política, y los Decretos 2591 de 1991 y el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 así como en el artículo 13 y 53 del Acuerdo 80 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación, teniendo en cuenta que les fueron aceptados los impedimentos manifestados por los Consejeros de la Sección Segunda, Subsección A, doctores WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ, RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS y GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ.
2.- Decisión de Fondo:
La acción de tutela, como unívocamente se ha venido sosteniendo en los variados desarrollos jurisprudenciales de orden constitucional producido por las altas corporaciones judiciales, presenta un carácter residual determinado en últimas por el hecho de que su procedencia se halle normativamente circunscrita por los límites y contenidos de las demás acciones y medios judiciales, al alcance del individuo.
De ahí, que esta Sala de Conjueces recogiendo voces de interpretación de los diferentes estrados judiciales que fungen como jueces constitucionales, recabe ahora en el hecho de que la acción de tutela no procede simultánea, complementaria, acumulativa o alternativamente con las acciones ordinarias; mucho menos escenifica una instancia o constituye un recurso respecto del cual se pueda llegar a inferir la posibilidad de que las personas dejen de acudir a los escenarios jurídicos naturales que el Legislador previó en cada caso, para acudir primero a ella.
Este carácter residual y subsidiario de la acción de tutela impone al juez constitucional, la obligación de valorar previamente los requisitos para su procedencia, de forma tal que de ser positivo el resultado de esta valoración; pueda luego adentrarse en el fondo de la actuación impugnada para verificar si en efecto la autoridad pública o el particular accionados, incurrieron en una amenaza o en la vulneración de derechos fundamentales, como condición necesaria, para decidir en torno al amparo deprecado.
Por consiguiente, en el asunto bajo estudio, la Sala de Conjueces debe verificar primero que la pretensión de amparo se sujete a la observancia de una serie de requisitos establecidos a través de la extensa y detallada jurisprudencia de la Corte Constitucional frente a la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, habida cuenta de que “en estos casos la acción se interpone contra una decisión judicial que es fruto de un debate procesal y que en principio, por su naturaleza y origen, debe entenderse ajustada a la Constitución.”
Estos requisitos tienen que ver, de una parte, con la observancia de unos criterios generales de procedencia y de la otra, con unos específicos. Los generales son los siguientes:
“(i) Se requiere, en primer lugar, que la cuestión discutida resulte de evidente relevancia constitucional y que, como en cualquier acción de tutela, esté acreditada la vulneración de un derecho fundamental, requisito sine qua non de esta acción de tutela que, en estos casos, exige una carga especial al actor.
En todo caso, la Sala estima que además de que se plantea en el libelo de tutela los hechos y se invocan los derechos fundamentales vulnerados, el asunto si es de especial relevancia constitucional por cuanto se alega un desconocimiento de los derechos fundamentales a la asociación sindical, igualdad, debido proceso y acceso a la administración de justicia, consagrados en los artículos 13, 29, 39, 53, 55, y 229 de la Constitución Política de Colombia, los cuales fueron vulnerados por la accionada mediante la sentencia No. 037 del 11 de octubre de 2011 dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho adelantado con el radicado No. 05001233100020040488100 por inaplicación de normas que gobiernan el caso y por no valoración de algunos medios probatorios.
(ii). - Que la persona afectada haya agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial a su alcance y haya alegado, en sede judicial ordinaria, y siempre que ello fuera posible, la cuestión iusfundamental que alega en sede de tutela. En el presente caso, no existen medios ordinarios de defensa judicial por agotar y la accionante interpuso recurso extraordinario de revisión contra la sentencia del Tribunal Administrativo de Antioquia, de 11 de octubre de 2011, que confirmó la del Juzgado 27 Administrativo del Circuito de Medellín, de 28 de mayo de 2010, la cual había negado las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho instaurada por la hoy recurrente. Este recurso fue declarado infundado por la Subsección B, de la Sección Segunda por medio de sentencia de fecha 9 de marzo de 2020.
(iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. Aunque se alega contra esta petición de amparo que carece de inmediatez, la Sala observa que una vez fue notificado el citado fallo de revisión mediante edicto desfijado el 14 de julio de 2020, la accionante la presentó el 11 de noviembre del mismo año, esto es dentro de los cuatro meses siguiente a la fecha de notificación. Este plazo por regla general se estima como razonable para tal efecto;
(iv) En el caso de irregularidades procesales, se requiere que éstas tengan un efecto decisivo en la decisión de fondo que se impugna. Aunque en el proceso que dio lugar a la decisión atacada se ha planteado por vía de tutela una irregularidad procesal toda vez que se indican que las acciones y pretensiones invocadas frente al acta de Junta Directiva 1407 de 2003 y decreto de Gerencia No. 1329 de 2003, así como la prueba sobreviniente contenida en el acta de Junta Directiva No. 1431 y decreto de Gerencia 201 del 25 de octubre de 2004, eran necesarias para probar las causales de nulidad de la Resolución No. 368270 del 5 de marzo de 2003, expedida por la Gerencia de EPM, se considera que dicha irregularidad no tuvo un efecto decisivo en la decisión de fondo por cuanto la posible vulneración al parecer tiene génesis en otro defecto; y (v) en cuanto a que no se trate de sentencias de tutela”, es claro que este recurso de amparo se incoa contra una sentencia de segunda instancia dictada dentro de un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral por una sala de descongestión del Tribunal Administrativo de Antioquia.
Ahora bien, respecto del cumplimiento de unos criterios específicos o defectos que en últimas hacen referencia a las irregularidades o errores de la decisión judicial cuestionada, se tienen que deben apreciarse de forma evidente en la decisión bajo examen y ser de tal entidad que terminen por desconocer los derechos fundamentales del reclamante.
La Corte los ha descrito de la siguiente forma:
“i). - Defecto sustantivo, orgánico o procedimental: La acción de tutela procede, cuando puede probarse que una decisión judicial desconoce normas de rango legal, ya sea por aplicación indebida, error grave en su interpretación, desconocimiento de sentencias con efectos erga omnes, o cuando se actúa por fuera del procedimiento establecido.
ii). - Defecto fáctico: Cuando en el curso de un proceso se omite la práctica o decreto de pruebas o estas no son valoradas debidamente, con lo cual variaría drásticamente el sentido del fallo proferido.
iii). - Error inducido o por consecuencia: En la cual, si bien el defecto no es atribuible al funcionario judicial, este actuó equivocadamente como consecuencia de la actividad inconstitucional de un órgano estatal generalmente vinculado a la estructura de la administración de justicia.
iv). - Decisión sin motivación: Cuando la autoridad judicial profiere su decisión sin sustento argumentativo o los motivos para dictar la sentencia no son relevantes en el caso concreto, de suerte que puede predicarse que la decisión no tiene fundamentos jurídicos o fácticos.
v). - Desconocimiento del precedente: En aquellos casos en los cuales la autoridad judicial se aparta de los precedentes jurisprudenciales, sin ofrecer un mínimo razonable de argumentación, de forma tal que la decisión tomada variaría, si hubiera atendido a la jurisprudencia.
vi). - Vulneración directa de la Constitución: Cuando una decisión judicial desconoce el contenido de los derechos fundamentales de alguna de las partes, realiza interpretaciones inconstitucionales o no utiliza la excepción de inconstitucionalidad ante vulneraciones protuberantes de la Carta, siempre y cuando haya sido presentada solicitud expresa al respecto.”
A partir de las sentencias T-949 de 2003 y C-590 de 2005, la Corte Constitucional incluyó en este listado la falta de motivación de las decisiones judiciales, que se presenta cuando hay ausencia de sustento argumentativo en la decisión atacada o irrelevancia en las consideraciones utilizadas para dirimir la controversia, también como un criterio específico autónomo de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
En estas condiciones, cuando la petición cumple con la totalidad de las causales genéricas de procedibilidad y adolece de uno cualquiera de los defectos enunciados se hace viable la acción de tutela contra una providencia judicial, dado que se configura una “actuación defectuosa” que amerita la intervención del juez constitucional con los fines correctivos del caso.
3.- Decisión de Fondo:
En este orden de ideas, la Sala de Conjueces entra a decidir lo pertinente a este caso. Para ello se ocupará de analizar uno de los defectos que estima tiene vocación de hacer procedente este recurso de amparo en orden a habilitar la corrección constitucional que corresponda a la providencia atacada. La Sala se refiere a la configuración de un defecto fáctico en su dimensión negativa, toda vez que la Sala de Descongestión, Subsección Laboral, del Tribunal Administrativo de Antioquia, no sólo no se refirió expresamente al cargo de desviación de poder planteado por la accionante sino que como consecuencia de ello, no realizó la valoración probatoria que correspondía para dar por demostrado dicho cargo, razón por la cual omitió considerar las pruebas aducidas en este sentido contra la Resolución No. 368270 de marzo 5 de 2004, que entre otras se fundamentaba en las razones de expedición del acta de junta directiva de EPM No. 1407 de agosto 25 de 2003 y el Decreto de Gerencia No. 1329 del 12 de septiembre de 2003 obrantes a folios 675 a 682 y 755 del proceso 2004-4881. –
A juicio de la Corte Constitucional el defecto fáctico se produce en una providencia, cuando de la actividad probatoria ejercida por el juez se desprende, - en una dimensión negativa -, que se omitió HYPERLINK "https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2008/t-474-08.htm" \l "_ftn13" \o "" [13] la “valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos analizados por el juez HYPERLINK "https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2008/t-474-08.htm" \l "_ftn14" \o "" [14]. En esta situación se incurre cuando se produce “la negación o valoración arbitraria, irracional y caprichosa de la prueba que se presenta cuando el juez simplemente ignora la prueba u omite su valoración, o cuando sin razón valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente” HYPERLINK "https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2008/t-474-08.htm" \l "_ftn15" \o "" [15]. En una dimensión positiva, el defecto fáctico tiene lugar, cuando “la valoración de pruebas igualmente esenciales que el juzgador no se puede apreciar, sin desconocer la Constitución” HYPERLINK "https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2008/t-474-08.htm" \l "_ftn16" \o "" [16]. Ello ocurre generalmente cuando el juez “aprecia pruebas que no ha debido admitir ni valorar porque, por ejemplo, fueron indebidamente recaudadas (artículo 29 C.P.) HYPERLINK "https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2008/t-474-08.htm" \l "_ftn17" \o "" [17] o cuando da por establecidas circunstancias sin que exista material probatorio que respalde su decisión” HYPERLINK "https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2008/t-474-08.htm" \l "_ftn18" \o "" [18]. En estos casos, sin embargo, sólo es factible fundar una acción de tutela por vía de hecho cuando se “observa que, de una manera manifiesta, aparece arbitraria la valoración probatoria hecha por el juez en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo de la prueba “debe ser de tal entidad que sea ostensible, flagrante y manifiesto, y el mismo debe tener una incidencia directa en la decisión, pues el juez de tutela no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de evaluación probatoria del juez que ordinariamente conoce de un asunto, según las reglas generales de competencia” HYPERLINK "https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2008/t-474-08.htm" \l "_ftn19" \o "" [19].
En este caso, la accionante se queja del desconocimiento de medios de prueba determinantes para establecer los hechos alegados por ella en relación con la causal de desviación de poder, y que de haber sido tenidos en cuenta otro hubiera sido el sentido del fallo. Para tal efecto, la Sala constata que de forma específica la accionante identificó en su solicitud de amparo, no sólo la omisión en que incurrió la autoridad accionada de considerar el cargo sino consecuentemente, la de valorar las pruebas que fueron oportuna y legalmente practicada en el proceso de nulidad y restablecimiento. Además de lo anterior, de igual forma señaló las razones por las cuales esos medios de convicción eran relevantes para adoptar la decisión en el sentido pretendido por ella.
En efecto, en su escrito de tutela señala que en la sentencia atacada se omitió valorar las pruebas de la causal de nulidad “desviación de poder” invocada contra la Resolución No. 368270 de marzo 5 de 2004, que entre otras se fundamentaba en los motivos de expedición del acta de junta directiva de EPM No. 1407 de agosto 25 de 2003 y el Decreto de Gerencia No. 1329 del 12 de septiembre de 2003. Folios 675 a 682 y 755 del proceso 2004-4881. –
Pero además agrega que se le restó valor probatorio al acta No. 1431 de la junta directiva y al decreto de gerencia No. 201 del 25 de octubre de 2004 que reafirmaban las causales de nulidad alegadas contra la Resolución No. 368270 de marzo 5 de 2004. Esta decisión fue tomada 230 días después de su despido y revocó el acta de Junta Directiva No. 1407 del 25 de agosto de 2003 y el Decreto 1329 del 12 de septiembre de 2003 con lo cual los cargos de los niveles II y III (Subgerentes, Jefes de Unidades, Áreas y Departamentos) volvieron a ser trabajadores oficiales y se benefician de la convención colectiva.
Que igualmente no se tuvo en cuenta el Estatuto del Sindicato de Profesionales de EPM “SINPROEEPPM”, con la constancia de inscripción del sindicato ante la Regional de Trabajo y con personería jurídica 02836 del 20 de noviembre de 2002, que en el artículo 6 establece que para pertenecer al sindicato es requisito ser trabajador oficial al servicio de la EPM y en el artículo 62 establece que el retiro procede por decisión voluntaria y escrita del trabajador, situación que no ocurrió, ya que quedó probado que el retiro lo hizo EPM. Folios 248, 760 a 774 proceso 2004- 4881. Tampoco se tuvo en cuenta la Certificación del sindicato de Profesionales de EPM “SINPROEEPPM, sobre el número de los afiliados que fueron automáticamente destituidos del sindicato a raíz del decreto 1329 de 2003, mediante el cual la Gerente General de EPM, clasificó como empleados públicos algunos de los cargos correspondientes al nivel II y III de la estructura organizacional, fueron 152. Folio 776 proceso 2004-4881.
De la misma forma se duele de que fueron desatendidas las declaraciones del ex Presidente del sindicato y ex Fiscal José Luis Yate. Sobre el particular que las razones por las cuales el Alcalde decidió clasificar a los niveles II y III como empleados públicos según acta 1407 de 2003 obedeció según manifestaciones del Alcalde a nivel radial y por cartas dirigidas a la Gerente y argumentos dados en la reunión en la cual citó a la junta directiva del sindicato, en la que él hizo parte, era que dada las responsabilidades y los salarios de los niveles 2 y 3 no debían estar sindicalizados y así lo manifestó en una carta dirigida al gerente general el 5 de marzo de 2003. Sobre el objeto de la reunión recuerda era básicamente “Buscar la forma de desaparecer el sindicato”, que a pesar de que la empresa clasificó a los niveles II y III como de carrera administrativa, ésta nunca se llegó a implementar; que con la clasificación realizada por la empresa mediante acta 1407 de 2003 les produjo la pérdida del derecho a pertenecer al sindicato, que cuando se clasificaron a los jefes como empleados públicos, el sindicato se quedó sin delegados dado que en su mayoría eran jefes de los niveles 2 y 3 si bien no podían desaparecer por sustracción de materia en ese periodo si se vieron muy diezmados. Folios 885 a 890 proceso 2004-4881.
Así mismo se desatendió la declaración juramentada de Walter Navarro, ex Fiscal y vocero del sindicato y Presidente, la cual obra a folios 887 a 890 del proceso 2004-4881. Este declaró que entre los afiliados al sindicato se encontraban los jefes de los niveles II y III, y que la clasificación obedeció a inquietudes del Alcalde avalada por el Concejo municipal en cuanto a que algunos directivos de empresa públicas estuvieran sindicalizados y que el 25 de marzo de 2003, a las 5:30 p.m. participó en una reunión convocada por la Gerente, en la cual asistió también el Alcalde y toda la Junta Directiva del sindicato. El motivo que les manifestó el Alcalde era que trataran de sacar a los jefes del sindicato de profesionales, lo cual no aceptaron y se lo manifestaron al Alcalde y a la Gerente que la acción de clasificación de los niveles II y III como empleados públicos iría en detrimento de la entidad por cuanto se politizaría en el futuro todos los cargos de la estructura de la empresa; afirma que el impacto que tuvo para el sindicato la clasificación de los jefes niveles II y III como empleados públicos fue muy grande ya que éstos fueron los fundadores y el retiro fue del 15% y representó el 25% menos en los ingresos del sindicato; afirma que la posición del sindicato frente a la clasificación siempre estuvo en contra de la decisión de la empresa y lo dejaron plasmado en carta abierta a la opinión pública, una querella ante la regional del Ministerio de Trabajo y una denuncia a la OIT además de que fue registrado por diferentes medios de comunicación.
Igual aconteció con el oficio No. 01224532 del 22 de junio de 2005, obrante a folios 846 y 847, proceso 2004-4881. En este el Secretario General de EPM remite copia autentica del oficio No. 88551 del 5 de marzo de 2003 con radicado No. 01471483 del mismo mes y año, carta del Alcalde de Medellín y Presidente de la Junta Directiva dirigida a la doctora Edith Cecilia Urrego Herrera, Gerente General de la demandada, donde expresa: “He leído una carta del Sindicato de Profesionales de EPM. Lo más valioso de EPM es el conocimiento que tienen sus funcionarios. La empresa progresa si los empleados atesoran conocimientos modernos y de prospectiva. Ellos, como los gobernantes y ciudadanos, deben tener la idea fija de luchar primero por la misión de EPM. Sobre los profesionales prácticamente recae toda la responsabilidad en adjudicación de contratos, en selección de personal y en consolidación de los proyectos y en la creación de nuevos planes. De ahí la gran importancia de su autonomía y respeto permanente a su labor. Para mi sorpresa he descubierto que las EPM tienen 6.383 empleados, de los cuales 5.360 están en el Sindicato de base, que viene de tiempo atrás y con el que la Empresa se ha entendido bien; y 1.023 ejecutivos que ahora conforman el nuevo Sindicato.
La competencia para la clasificación de empleos en las empresas de servicios públicos que hayan adoptado la forma de empresas industriales y comerciales del Estado, además de que no es el problema a examinar, cuenta con el aval de la Corte Constitucional impartido mediante sentencia C-484 de 30 de octubre de 1995. En esta decisión dicha Corporación precisó que … “La fijación de las actividades que van a ser desempeñadas por virtud de vinculación legal y reglamentaria dentro de las empresas industriales o comerciales, corresponde a una función constitucional de orden administrativo que bien puede entregar la ley a sus juntas directivas, para ser ejercidas en la forma que determinen sus estatutos internos, sin que ello, modifique la naturaleza del empleo ni la de la relación laboral de carácter oficial que está dada por ley”...
Como corolario de lo anterior, la Sala de Conjueces observa haciendo suyas las observaciones y análisis probatorio que, en un caso ya citado, realizó la Sección Segunda del Consejo de Estado en segunda instancia dentro del radicado No. 05001233100020040120001 (160812), que es similar al acá considerado que, en la solución, en segunda instancia, del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho de la accionante se omitió estudiar el cargo por desviación de poder. A a consecuencia de ello, se dejaron de valorar los citados medios de convicción, generándose así sendas violaciones al debido proceso por violación del derecho de contradicción y configuración de un defecto fáctico en su dimensión negativa, por las razones que van a explicar a continuación.
La Sección Segunda, Subsección A., en el mismo contexto que ahora se revisa, igualmente consideró que la competencia atribuida por la ley a las juntas directivas de las empresas industriales y comerciales del Estado, para determinar en sus estatutos qué actividades de dirección o confianza deben ser desempeñadas por empleados públicos, es constitucional. No obstante, identificó en la misma providencia un aspecto que era de relevancia para resolver el cargo omitido cual es que la Junta Directiva de la entidad demandada se reunió el 25 de agosto de 2003 y por petición del Presidente, que es el Alcalde, abordó el tema referido a la naturaleza de la relación laboral de los funcionarios de la estructura organizacional y elaboró el acta No. 1407 donde adoptó la siguiente decisión:
…“En ejercicio de las atribuciones que le conceden los Estatutos de las Empresas, la Junta tomó la decisión de adoptar para los funcionarios de niveles 1, 2 y 3 la clasificación que había realizado en enero de 1998, y como consecuencia de ello dispuso el cambio de naturaleza de la relación laboral de trabajador oficial a la de empleado público; el régimen general será el de carrera y el de excepción el de libre nombramiento y remoción, conforme dispone la HYPERLINK "http://www.noticieroficial.com/leyes/LEY443-1998.htm" Ley 443 de 1998. Para los empleados de carrera se adoptará la indemnización establecida para dicho régimen”….
…”La Junta reitera que este cambio no implica inestabilidad para los funcionarios, pues serán las condiciones del ejercicio de sus funciones las únicas determinantes de su estabilidad, como dispone la ley. De igual modo se pone de presente que para estos funcionarios entrará a regir el sistema de valoración propio de la carrera por lo que deberán fijarse de manera clara los objetivos y metas que han de constituir la guía para la valoración del desempeño”…
En la cronología propia de este análisis igualmente se identificó que la Gerente General de Empresas Públicas de Medellín expidió el Decreto No. 1329 de 12 de septiembre de 2003, acto administrativo acusado, disponiendo que los empleos de Subgerentes del nivel II de la estructura administrativa serán de libre nombramiento y remoción, de conformidad con el literal a) numeral 2 del artículo 5 de la HYPERLINK "http://www.noticieroficial.com/leyes/LEY443-1998.htm" Ley 443 de 1998.
La norma citada últimamente disponía lo siguiente:
“Artículo 5º.- De la clasificación de los empleos. <Artículo derogado por el artículo 58 de la HYPERLINK "http://www.noticieroficial.com/codigos/Estatuto_de_Carrera_Administrativa.html" Ley 909 de 2004>. Los empleos de los organismos y entidades regulados por la presente Ley son de carrera, con excepción de:
1.- Los de elección popular, los de período fijo conforme a la Constitución y la Ley, aquellos cuyas funciones deban ser ejercidas en las comunidades indígenas conforme con su legislación y los de trabajadores oficiales.
2.- Los empleos de libre nombramiento y remoción que correspondan a los siguientes criterios:
a. Los de dirección, conducción y orientación institucionales, que adelante se indican, cuyo ejercicio implica la adopción de políticas o directrices, así:
(…)
En la Administración Descentralizada del Nivel Territorial:
Presidente; Director o Gerente; Vicepresidente; Subdirector o Subgerente; Secretario General, Rector, Vicerrector y Decano de Institución de Educación Superior distinta a los Entes Universitarios Autónomos; Jefe de Oficinas Asesoras de Jurídica, de Planeación, de Prensa o de Comunicaciones y Jefe de Control Interno.
(…)”.
Para el caso acá debatido, la Sala de Conjueces también considera del análisis del manual de funciones de la Unidad Relaciones Laborales que obra a folios 325 a 326 del proceso 2004-4881, que igualmente el cargo desempeñado por la accionante era también de aquellos pertenecientes al nivel directivo, no sólo porque así está ubicado en el organigrama sino porque además independientemente de esta ubicación, las funciones atribuidas, de carácter relacional con sectores de previsión social, frente a temas salariales e igualmente con pensionados, implican la deferencia de cierta confianza de la gerencia para poder asumirlas y llevarlas a cabo.
Así las cosas, la decisión adoptada por la Gerente General de EE.PP.M. E.S.P. mediante el Decreto No. 1329 de 12 de septiembre de 2003, correspondió en principio a la estricta aplicación de un criterio que el propio Legislador estableció para la determinación de los cargos de designación ordinaria.
4.- Análisis de las pruebas y decisión del caso
No obstante ello, la accionante se duele de que la decisión que dio lugar a su separación del cargo de Jefe de la Unidad de Relaciones Laborales, ubicado en el segundo nivel de la estructura organizacional, clasificado como trabajador oficial y que desempeñó hasta el 5 de marzo de 2004 en las Empresas Públicas de Medellín adoleció del vicio de desviación de poder, por cuanto el propósito del cambio de la naturaleza del cargo de trabajador oficial a empleado público de libre nombramiento y remoción, entre otras finalidades era la de desarticular la organización sindical denominada SINPROEEPPM.
Las pruebas que obran en el expediente respaldan esta tesis. Siguiendo el mismo esquema metodológico adoptado en la providencia que venimos citando y en algunos casos haciendo paráfrasis de ella, veamos por qué:
La accionante María Teresa Berrío Palacio se vinculó a EPM el 29 de mayo de 2001 mediante contrato laboral a término indefinido en el cargo de Jefe del Departamento Procesos Disciplinarios y Laborales. Luego el 2 de enero 2002 fue ascendida al cargo de Jefe de la Unidad de Relaciones Laborales. La citada accionante se afilió al Sindicato de Profesionales de Empresas Públicas de Medellín – SINPROEEPPM, siendo uno de sus miembros fundadores.
El Alcalde de Medellín, en su condición de Presidente de la Junta Directiva de EPM, pidió abordar el tema referido a la naturaleza de la relación laboral de los funcionarios de la estructura organizacional, por lo que mediante acta No. 1407 de 25 de agosto de 2003 dicho órgano decidió que los cargos de los funcionarios niveles 1, 2 y 3 pasarían de ser considerados como de trabajadores oficiales a empleados públicos. Por medio del Decreto No. 1329 de 12 de septiembre de 2003 la Gerente General de las Empresas Públicas de Medellín E.S.P. dispuso:
“Artículo 1º. Serán de libre nombramiento y remoción los empleos correspondientes a Subgerentes del nivel 2 de la Estructura, y el Secretario Auxiliar cuyo cargo fue asimilado al de Subgerente” .
El cargo desempeñado por la accionante se encontraba incluido dentro del nivel 2 de la estructura organizacional de EE.PP.M. La accionante 190 días después de la reclasificación de su cargo, fue declarada insubsistente por la Gerencia General de las EPM mediante la resolución número 368270 del 5 de marzo de 2004.
Los testimonios de los señores José Luis Yate ex Presidente del sindicato y ex Fiscal y de Walter Navarro, ex Fiscal y vocero del sindicato y también Presidente, dieron cuenta de presiones ejercidas por el Concejo y el Alcalde de Medellín para el cambio de naturaleza jurídica de los cargos, en la EPM. El primero de ellos expresó que las razones por las cuales el Alcalde decidió clasificar a los niveles II y III como empleados públicos según acta 1407 de 2003 obedeció según manifestaciones del Alcalde a nivel radial y por cartas dirigidas a la Gerente y argumentos dados en la reunión en la cual citó a la junta directiva del sindicato, en la que él hizo parte, era que dada las responsabilidades y los salarios de los niveles 2 y 3 no debían estar sindicalizados y así lo manifestó en una carta dirigida al gerente general el 5 de marzo de 2003. Sobre el objeto de la reunión recordó que era básicamente “Buscar la forma de desaparecer el sindicato”, que a pesar de que la empresa clasificó a los niveles II y III como de carrera administrativa, ésta nunca se llegó a implementar; que con la clasificación realizada por la empresa mediante acta 1407 de 2003 les produjo la pérdida del derecho a pertenecer al sindicato, que cuando se clasificaron a los jefes como empleados públicos, el sindicato se quedó sin delegados dado que en su mayoría eran jefes de los niveles 2 y 3 si bien no podían desaparecer por sustracción de materia en ese periodo si se vieron muy diezmados. Folios 885 a 890 proceso 2004-4881.
El segundo de ellos de igual forma declaró que entre los afiliados al sindicato se encontraban los jefes de los niveles II y III, y que la clasificación obedeció a inquietudes del Alcalde avalada por el Concejo Municipal en cuanto a que algunos directivos de empresa públicas estuvieran sindicalizados y que el 25 de marzo de 2003, a las 5:30 p.m. participó en una reunión convocada por la Gerente, en la cual asistió también el Alcalde y toda la Junta Directiva del sindicato. El motivo que les manifestó el Alcalde era que trataran de sacar a los jefes del sindicato de profesionales, lo cual no aceptaron y se lo manifestaron al Alcalde y a la Gerente que la acción de clasificación de los niveles II y III como empleados públicos iría en detrimento de la entidad por cuanto se politizaría en el futuro todos los cargos de la estructura de la empresa. Afirmó además que el impacto que tuvo para el sindicato la clasificación de los jefes niveles II y III como empleados públicos fue muy grande ya que éstos fueron los fundadores y el retiro fue del 15% y representó el 25% menos en los ingresos del sindicato; afirma que la posición del sindicato frente a la clasificación siempre estuvo en contra de la decisión de la empresa y lo dejaron plasmado en carta abierta a la opinión pública, una querella ante la regional del Ministerio de Trabajo y una denuncia a la OIT además de que fue registrado por diferentes medios de comunicación.
Finalmente, mediante Decreto No. 201 de 25 de octubre de 2004 la Junta Directiva de las Empresas Públicas de Medellín E.S.P. volvió a clasificar el cargo desempeñado por la accionante como de trabajador oficial, cuando dispuso: “Artículo 1º. Son empleados públicos quienes se desempeñen en los cargos correspondientes al primer nivel de la estructura administrativa de las Empresas Públicas de Medellín E.S.P., tales como el de Gerente General, Gerentes, Secretario General y Directores, así como aquellos empleos que existen o se creen con categoría igual o similar a los que se hace referencia en el presente decreto.
Igualmente tendrán la misma clasificación quienes se desempeñen en los cargos de Jefe Departamento Control Disciplinario, Jefe de la Unidad Comunicaciones y RR.CC, Jefe de la Unidad de Tesorería, y Jefe de la Unidad de Compras”.
Al igual que sucedió en el caso fallado por la Sección Segunda dentro del radicado No. 05001233100020040120001 (160812), nutrido del mismo acervo probatorio acá analizado, la valoración probatoria que procedía respecto de estos medios de convicción debió ser similar, en cuanto a la finalidad velada que tuvieron estos cambios administrativos. Es decir, en el caso del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 05001233100020040488100 donde la acá accionante fue parte demandante, la valoración conjunta del material probatorio que se acaba de relacionar permite también a la Sala concluir de acuerdo con la estructuración del cargo de desviación de poder, que el Ad que, debió pronunciarse sobre éste tomando en consideración los mismos medios de convicción que fueron puestos a su disposición en el proceso, para determinar la existencia de ese vicio de nulidad en la actuación administrativa que determinó el retiro del servicio de la accionante.
En otras palabras, en este caso igualmente obran como pruebas el cambio de naturaleza jurídica del cargo de Jefe de la Unidad de Relaciones Laborales de trabajador oficial a empleado público de libre nombramiento y remoción y que éste no tuvo como objetivo dar estricto cumplimiento al ordenamiento jurídico (literal a) numeral 2 del artículo 5 de la HYPERLINK "http://www.noticieroficial.com/leyes/LEY443-1998.htm" Ley 443 de 1998 ni mejorar el servicio público, sino que estuvo orientado a abonar el camino para viabilizar jurídicamente el retiro de la accionante, por su condición de miembro del Sindicato de Profesionales de Empresas Públicas de Medellín – SINPROEEPPM y la desarticulación de éste.
Por ello, si bien se advirtió que la Junta Directiva de la entidad demandada tenía competencia para determinar en sus estatutos qué actividades de dirección o confianza debían ser desempeñadas por empleados públicos, pues se trata de una función constitucional de orden administrativo que la propia ley le entregó y que fue considerada por la Corte Constitucional como ajustada a la HYPERLINK "http://www.noticieroficial.com/codigos/CONSTITUCION_POLITICA.htm" Carta Política , lo cierto es que el ejercicio y finalidad de esa potestad debió ser objeto de examen en la decisión atacada así estuviera de presente que la naturaleza jurídica del cargo debe estar determinada por la índole de las funciones asignadas al mismo.
Si bien en el caso objeto de examen, las funciones desempeñadas por la accionante en el cargo de Jefe de la Unidad de Relaciones Laborales correspondían exactamente al criterio de dirección, conducción y orientación institucionales, señalado por el literal a) numeral 2 del artículo 5 de la HYPERLINK "http://www.noticieroficial.com/leyes/LEY443-1998.htm" Ley 443 de 1998, debió ser un asunto medular en la solución del correspondiente debate judicial, si en efecto esa competencia autorizaba a la administración para mutar en las condiciones que lo hizo la naturaleza de dichos cargos, con el propósito de determinar cómo debía estar integrada una organización sindical que no era del gusto del Alcalde ni del Concejo de Medellín, o igualmente para evadir la oferta de los empleos de carrera en concursos públicos, pero siempre poniendo de presente si tanto el Alcalde como el Presidente del Concejo de Medellín de la época ejercieron presiones sobre la Junta Directiva para desarticular la organización sindical de los profesionales.
En todo caso, se echa de menos con las consecuentes vulneraciones a los derechos fundamentales de la accionante de acceso a la administración de justicia y debido proceso, que no se hubiera considerado si la entidad demandada a través de una actuación propia de sus funciones ejerció o no, sus competencias dentro de los límites del mejoramiento del servicio público o movida por un fin distinto a éste determinado por la aprehensión del entonces alcalde por el número de servidores profesionales que a pesar de integrar los niveles directivos II y III, de la Empresa; se encontraban sindicalizados, y si esta circunstancia igualmente vició de nulidad el acto particular por medio de la cual fue separada del servicio.
Pero si además, con tales determinaciones en orden a determinar si se estructuraba el cargo o no, ciertamente, se buscó o no dar cabal cumplimiento al ordenamiento jurídico, más concretamente a los criterios para determinar los cargos de libre nombramiento y remoción contenidos en la HYPERLINK "http://www.noticieroficial.com/leyes/LEY443-1998.htm" Ley 443 de 1998, sino perseguir a los miembros de la organización sindical denominada SINPROEEPPM hasta lograr su salida de las Empresas Públicas de Medellín, como en efecto terminó ocurriendo con la accionante.
Es decir, se omitió considerar en este caso si se configuró la desviación de poder como un vicio en la causa del acto administrativo, con base en el apoyo probatorio reseñado que permitía hacer dicha constatación y si con los actos aparentemente válidos o no, se persiguió un fin distinto al señalado por el Legislador, y si en efecto con el acto de retiro de la actora se disfrazó la verdadera intención de la administración de una aparente legalidad.
Sumado a lo anterior, era menester considerar si debió valorarse como una circunstancia indicadora adicional sobreviniente a los hechos expuestos en la demanda, la expedición posterior del Decreto No. 201 de 25 de octubre de 2004 que, a tan solo siete meses de la declaratoria de insubsistencia del nombramiento de la accionante como empleado público de libre nombramiento y remoción, que volvió a considerar el cargo de Jefe de la Unidad de Relaciones Laborales como de trabajador oficial.
Por las razones que anteceden, se ampararán los derechos de la accionante invocados como violados y como resultado de ello se invalidará la sentencia No. 037 de segunda instancia de fecha 11 de octubre de 2011 expedida dentro del proceso de nulidad y restablecimiento radicado con el No. 05001233100020040488100, proferida por la Sala de Descongestión, Subsección Laboral, del Tribunal Administrativo de Antioquia y se ordenará a la autoridad accionada y en defecto de ésta, a la sala laboral del mismo Tribunal, que expida una nueva sentencia tomando en las consideraciones en este fallo realizadas.
En mérito de lo expuesto, la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Ley.
VII.- RESUELVE:
PRIMERO. - Conceder por las razones anotadas en la parte motiva de esta sentencia, el amparo deprecado por la accionante María Teresa Berrío Palacio al debido proceso y acceso a la administración de justicia.
SEGUNDO. – Como consecuencia de ello, dejar sin efecto la sentencia No. 037 de segunda instancia de fecha 11 de octubre de 2011 expedida dentro del proceso de nulidad y restablecimiento radicado con el No. 05001233100020040488100, proferida por la Sala de Descongestión, Subsección Laboral, del Tribunal Administrativo de Antioquia.
TERCERO.- Ordenar a la autoridad accionada o en defecto de ésta, a la Sala Laboral del Tribunal Administrativo de Antioquia, que expida dentro de los 60 días siguientes a la notificación de esta decisión, una nueva sentencia en reemplazo de la invalidada, teniendo como referencia las consideraciones de orden constitucional efectuadas en la parte motiva de esta decisión.
CUARTO.- Notificar a las partes interesadas de lo resuelto en el presente proveído, en los términos de ley.
QUINTO. - Si no fue impugnada esta decisión, remítanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional, para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
Firmado electrónicamente
CARLOS MARIO ISAZA SERRANO
Conjuez Ponente
Firmado electrónicamente
CARMEN ANAYA DE CASTELLANO
Conjuez
Firmado electrónicamente
HÉCTOR ALFONSO CARVAJAL LONDOÑO
Conjuez
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala de Conjueces en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA
Incorporado al derecho colombiano por la Ley 74 de 1968.
Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005.
Recurso presentado el 4 de febrero de 2014, tal como consta a folio 115 del cuaderno principal.
Corte Constitucional, Sentencia T-1341 de 2008.
Corte Constitucional, Sentencia T-1240 de 2008.
Sobre defecto sustantivo pueden consultarse las sentencias T-784 de 2000, T-1334 de 2001, SU.159 de 2002, T-405 de 2002, T-408 de 2002, T-546 de 2002, T-868 de 2002, T-901 de 2002, entre otras (cita original de la jurisprudencia trascrita).
Sobre defecto fáctico, pueden consultarse las siguientes sentencias: T-260 de 1999, T-488 de 1999, T-814 de 1999, T-408 de 2002, T-550 de 2002, T-054 de 2003 (cita original de la jurisprudencia trascrita).
Al respecto, las sentencias SU-014 de 2001, T-407 de 2001, T-759 de 2001, T-1180 de 2001, T-349 de 2002, T-852 de 2002, T-705 de 2002 (cita original de la jurisprudencia trascrita).
Sobre defecto sustantivo, pueden consultarse las sentencias: T-260 de 1999, T-814 de 1999, T-784 de 2000, T-1334 de 2001, SU-159 de 2002, T-405 de 2002, T-408 de 2002, T-546 de 2002, T-868 de 2002, T-901 de 2002 (cita original de la jurisprudencia trascrita).
Corte Constitucional: Sentencias T-522 de 2001 y T-462 de 2003 (cita original de la jurisprudencia trascrita).
Corte Constitucional: Sentencias T-939 de 2005, T-1240 de 2008 y T-218 de 2010, entre otras.
Corte Constitucional, Sentencias T-769 de 2008, T-592 de 2009, T-619 de 2009 y T-268 de 2010, entre muchas otras.
Folios 204 – 207.
Folio 191.
El texto subrayado fue declarado exequible mediante la sentencia C-506 de 1999. El texto en negrilla fue declarado inexequible mediante la misma sentencia de constitucionalidad.
Folios 204 – 207.
Folio 191.
Artículo 5 del Decreto Ley 3135 de 1968.
Sentencia C-484 de 30 de octubre de 1995.
Radicación: 11001031500020200471200
Accionante: María Teresa Berrio Palacio
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