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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2020-04977-01

Fecha
3 de febrero de 2022
Consejero ponente
Carlos Enrique Moreno Rubio

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2020-04977-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Confírmase el fallo impugnado del 28 de enero de 2021, por medio de cual la Sección Primera del Consejo de Estado negó el amparo solicitado, por las razones señaladas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2020-04977-01

Consejero ponente: Carlos Enrique Moreno Rubio

3 de febrero de 2022

Demandante: Alexandra Gómez Serna
Demandado: Tribunal Administrativo de Caldas
Rad: 11001-03-15-000-2020-04977-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO

Bogotá, D. C., tres (3) de febrero de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2020-04977-01
Demandante: ALEXANDRA GÓMEZ SERNA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CALDAS

Temas: Acción de tutela contra providencia judicial. Confirma el fallo
que negó.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Decide la Sala la impugnación presentada por la parte accionante contra la
sentencia del 28 de enero de 2021, por medio de la cual la Sección Primera del
Consejo de Estado negó el amparo solicitado1.

I. ANTECEDENTES

1. La petición de amparo

Mediante escrito recibido electrónicamente el 27 de noviembre de 2020, en el
aplicativo para la recepción de tutelas y habeas corpus de la Rama Judicial2, la
señora Alexandra Gómez Serna, instauró acción de tutela en contra del Tribunal
Administrativo de Caldas, con el fin de obtener la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y a
la dignidad humana.

1
La acción de tutela fue asignada al despacho en segunda instancia mediante acta individual
de reparto del 16 de enero de 2022.
El expediente fue enviado a la Corte Constitucional, Corporación esta que procedió a su
devolución mediante «OF. DEV-DEF-1056/2021» del 29 de noviembre de 2021, pues faltaba
cursar el trámite de la impugnación presentada por la parte actora en contra del fallo de primera
instancia (documento 31 del expediente electrónico).
2
Con registro de tutela en línea con número 161561.

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Demandante: Alexandra Gómez Serna
Demandado: Tribunal Administrativo de Caldas
Rad: 11001-03-15-000-2020-04977-01

Sostuvo que tales garantías las vulneró la autoridad judicial demandada al
proferir la sentencia de 31 de julio de 2020, dentro del proceso adelantado en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
identificado con radicación 17001-33-33-001-2016-00260-02.

En consecuencia, la parte demandante pretende:

«…PRIMERA: TUTELAR, en favor de la señora ALEXANDRA GÓMEZ SERNA,
los siguientes derechos fundamentales: i) Al debido proceso,; (sic) ii) Al derecho
a la igualdad material y formal; iii) Al desconocimiento del precedente vertical de
la Corte Constitucional y del Consejo de Estado; iv) La indebida interpretación de
las normas de derecho; v) Por la no aplicación de los fines esenciales del
Estado; vi) Por la violación del artículo 53 de la Constitución Política; vii) Por la
no aplicación del artículo 4º de la Constitución Política; viii) Por la no aplicación
de los convenios de derecho internacional celebrados por Colombia (control de
convencionalidad) y con carácter de obligatorios y ix) Por cualquier otro derecho
fundamental que se logre demostrar como vulnerado en el trámite de la acción
constitucional a formular.

SEGUNDA: ORDENAR que se emita sentencia sustitutiva de la sentencia de
segundo grado, calendada el día 31 de julio de 2020 y que fuera proferida por el
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CALDAS, atendiendo a las normas jurídicas
aplicables al caso concreto y las pretensiones del medio de control de NULIDAD
Y RESTABLECIMIENTO DE DERECHO que formuló ALEXANDRA GÓMEZ
SERNA en contra del SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA.

TERCERA: APLICAR el control de convencionalidad, conforme lo ha
determinado la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de
Estado, en los términos del bloque de constitucionalidad.

CUARTA: FALLAR ultra y extra petita, conforme a las facultades e interpretación
con las que cuenta el JUEZ CONSTITUCIONAL DE TUTELA…» (subrayado
fuera del texto original)

La petición de tutela tuvo como fundamento los siguientes:

2. Hechos

Sostuvo que prestó sus servicios profesionales como instructora docente en el
Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) en la ciudad de Manizales, entre los
años 2008 a 2014, que se ejecutaron alrededor de 10 contratos de prestación
de servicios y que, se configuraron los elementos esenciales de una relación de
carácter laboral: a) actividad personal realizada por el trabajador, b) continua
subordinación o dependencia del trabajador y, c) un salario como retribución en
la prestación del servicio.

Manifestó que su vinculación contractual finalizó el 25 de febrero de 2016, por lo
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Demandante: Alexandra Gómez Serna
Demandado: Tribunal Administrativo de Caldas
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que, presentó una petición al SENA con la finalidad de que se le reconociera y
pagaran varios conceptos, tales como las prestaciones sociales y la
indemnización moratoria en los términos de la Ley 244 de 29 de diciembre de
1995, en virtud de su vínculo laboral, pero que dicha entidad le negó lo pedido
al indicarle que no existía la respectiva relación laboral.

Afirmó que presentó demanda en contra de dicha institución, en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, con el fin de que se
declara la nulidad de la decisión administrativa por medio de la cual se negó el
reconocimiento de una relación laboral y, en consecuencia, se le reconociera y
pagaran las acreencias laborales dejadas de percibir. Precisó que dicho
proceso de identificó con el radicado 17001-33-33-001-2016-00260-02.

Mencionó que a través de sentencia proferida el 7 de junio de 2019, el Juzgado
Primero Administrativo del Circuito Judicial de Manizales accedió parcialmente
a sus pretensiones3, bajo la existencia de un contrato laboral entre el 28 de
agosto de 2008 y el 26 de junio de 2012, y, entre el 13 de febrero-de 2013 y el
31 de agosto de 2014. En relación con la prescripción, sostuvo lo siguiente:

«En punto al último cuestionamiento, la sala plena de la Alta Corporación indicó
que una interpretación de los artículos 41 del decreto 3135 de 1968 y 102 del

3
En la parte resolutiva se decidió: «PRIMERO: Declarar probadas parcialmente las excepciones
de prescripción, interrupción contractual y compensación, de acuerdo a la parte motiva de esta
sentencia. [ ] Declara (sic) no probadas las siguientes excepciones: "inexistencia de los
elementos propios del contrato realidad, consecuentemente inexistencia del vínculo o relación
laboral' y "cobro de lo no debido", formuladas por el Servicio Nacional de Aprendizaje —SENA-
en el medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho incoado por Alexandra
Gómez Serna, de acuerdo a lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia. [ ]
SEGUNDO: Declarar la nulidad parcial de los actos administrativos n° 2-2016- 001171 del 30 de
marzo de 2016 y n°2-2016-00111619 del 12 de mayo de 2016, expedidos por el Servicio
Nacional de Aprendizaje —SENA, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta
sentencia. [ ] TERCERO: A título de restablecimiento del derecho se condena al Servicio
Nacional de Aprendizaje —SENA- a pagar a la demandante las prestaciones sociales
consistentes en vacaciones, cesantías, intereses a las cesantías, prima de vacaciones, prima
de navidad, bonificación por servicios, y los demás factores salariales que de conformidad con
el decreto 415 de 1979 y demás normas concordantes, complementarias o afines que rijan la
escala y remuneración salarial para un instructor de planta, todo, de acuerdo al tiempo y salario
percibido en desarrollo del contrato 458 de 2015, con vigencia entre 13 de febrero de 2013 y 31
de agosto de 2014, dineros que deberán ser indexados a la fecha en la cual quede ejecutoriada
esta providencia.[ ] CUARTO: Ordenar al Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA- que proceda
a liquidar, tomando el ingreso base de cotización o IBC pensional de la demandante, dentro de
los periodos laborados por prestación de servicios, mes a mes, para que verifique si existe
diferencia entre los aportes realizados por el (sic) señor (sic) Gómez Serna, como contratista, y
los que se debieron efectuar, y en caso afirmativo cotizará al respectivo fondo de pensiones la
suma faltante por concepto de aportes a pensión, solo en el porcentaje que le correspondía
como empleador. [ ] En ese sentido, el demandante deberá acreditar ante el SENA las
cotizaciones que realizó al Sistema General de Seguridad Social en pensiones durante el
tiempo que duraron los referidos vínculos contractuales, y en la eventualidad de. que no las
hubiese hecho o existiese diferencia en su contra, tendrá la carga de cancelar o completar,
según el caso, el porcentaje que le incumbía como trabajador. [ ] QUINTO: Negar las demás
pretensiones de la demanda …»

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decreto 1848 de 1969, en armonía con el artículo 12 numeral 2 del convenio 95
de la OIT ratificado por Colombia mediante la Ley 54 de 1962…la oportunidad a
partir de la cual se debe contar el término de prescripción la constituye el
momento del finiquito contractual…

…

Por ello, se concluye que la prescripción no acaeció pues se advierte que la
reclamación del status laboral ante el SENA se hizo el 25 de febrero de 2016…lo
cual da cuenta que no se rebasó el término trienal con el cual contaba la actora
para hacer exigible la relación laboral pretendida.

Sin embargo, en cuanto al primer periodo de la relación laboral, entre el 28 de
agosto de 2008 y el 26 de junio de 2012, tenemos que los tres años contados a
partir de la última calenda, vencieron el 26 de junio de 2015, por ende, al
constatarse que la petición se radicó el 25 de febrero de 2016, encuentra el
despacho configurada la prescripción de lo que se pudo causar en ese lapso.

En consonancia con lo dicho, corresponderá a la entidad accionada reconocer y
pagar al demandante (sic) las prestaciones sociales por sus labores
desempeñadas como auxiliar de laboratorio y de acuerdo a su salario percibido
durante la vinculación acaecida entre el 13 de febrero de 2013 y el 31 de agosto
de 2014, advirtiéndose que los dineros adeudados deberán ser indexados a la
fecha en la cual quede ejecutoriada esta providencia.»

Indicó que ambas partes apelaron la sentencia de primera instancia, ella al
sostener, entre otros asuntos, que el periodo de 7 meses en que la accionante
no sostuvo relación contractual con el Sena se presentó por una situación ajena
a su voluntad y correspondían al quehacer ordinario de la entidad por razones
de vacaciones o receso escolar. Que además, cercenar el derecho reclamado
por la prescripción declarada desconoce el derecho a la igualdad4.

Agregó que el fundamento de la apelación del SENA consistió en que no se
logró probar la existencia de los elementos de una relación laboral dado que, no
se demostró que esta estuviese obligada al cumplimiento de horarios, pues ni
siquiera se probó cuáles eran dichos horarios, no se puede concluir una
continuada subordinación y dependencia pues existieron diversos lapsos entre
contrato y contrato, aunado a que no todos tuvieron el mismo objeto, pues en
algunos se le contrato para funciones diferentes. Con respecto a la prescripción

4
Además, de considerar que: «Frente a las reclamaciones por perjuicios que fueron negados
señaló que, estos se encuentran probados, en tanto: (i) la accionante no pudo acceder a los
beneficios de protección al cesante por el no pago de los aportes a cajas de compensación
familiar; (ii) no pudo disfrutar de sus cesantías al momento de la terminación del vínculo laboral
y (iii) tuvo que concurrir a la interposición de la demanda para obtener el reconocimiento de sus
derechos laborales, por lo cual debió esperar más de 3 años para obtener una decisión en
primera instancia y sufragar los costos de un apoderado judicial.» (cita que se extrae de la
providencia demandada)

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declarada, reprochó que esta no hubiera sido aplicada frente a los aportes a
pensión, a pesar de que estos no fueron reclamados dentro de los 3 años
siguientes a la terminación de la relación laboral que concluyó en el año 2012.

Adujo que mediante sentencia proferida el 31 de julio de 2020, el Tribunal
Administrativo de Caldas modificó el ordinal tercero de la decisión apelada, al
considerar que se encontraron acreditados los elementos de una relación
laboral entre la señora Alexandra Gómez Serna y el Sena con ocasión de los
servicios que aquella prestó mediante vinculación efectuada por diversos
contratos de prestación de servicios, para lo cual advirtió una prescripción
parcial de los créditos que a título de indemnización deben ser reconocidos en
favor de aquella, que conllevó a:

a) Confirmar los dos primeros numerales de la parte resolutiva.

b) Modificar el tercer numeral de la parte resolutiva para declarar la existencia
de una relación laboral respecto de todos los periodos analizados en que la
accionante prestó sus labores a la entidad demandada mediante sucesivos
contratos de prestación de servicios y que «…el pago que a título de
restablecimiento del derecho debe efectuarse en favor de la demandante
corresponde al cálculo de todas las prestaciones sociales y salariales ordinarias
a que tengan derecho los docentes y o instructores vinculados al Servicio
Nacional de Aprendizaje – Sena mediante ‘vinculación legal y reglamentaria’,
empero, liquidadas tomando como base los honorarios percibidos por la
accionante de manera mensual.»

c) Como no se demostró la existencia de los perjuicios materiales y morales
reclamados por la parte accionante, confirmó en lo demás la sentencia
recurrida.

La parte resolutiva de la mencionada providencia dispuso lo siguiente:

«…PRIMERO: MODIFÍCASE el ordinal tercero de la sentencia proferida por el
Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Manizales el 07 de junio de 2019
dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho promovido
por la señora Alexandra Gómez Serna en contra del Servicio Nacional de
Aprendizaje - Sena, el cual quedará así:

‘TERCERO: DECLÁRASE la existencia de una relación laboral entre el
Sena y la señora Alexandra Gómez Serna sostenida entre el 28 de agosto
de 2008 y el 31 de agosto de 2014, durante los periodos en que esta última
se desempeñó de forma efectiva en calidad de instructora de la referida
entidad.

DECLÁRASE la prescripción de todo rubro con origen en la relación laboral
sostenida entre el Sena y la señora Alexandra Gómez Serna, causado con
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anterioridad al 13 de febrero de 2013, exceptuando los aportes a fondos de
pensiones que debieron ser realizados por el Sena en calidad de
empleador.

CONDÉNASE al Servicio Nacional de Aprendizaje – Sena a liquidar y
sufragar a favor de la señora Alexandra Gómez Serna, un pago
indemnizatorio equivalente al cálculo de todas las prestaciones sociales y
salariales ordinarias a cuyo pago tengan derecho los docentes y o
instructores vinculados al Servicio Nacional de Aprendizaje – Sena
mediante ‘vinculación legal y reglamentaria’, empero, liquidadas tomando
como base los honorarios percibidos por la accionante de manera
mensual.

Dicha liquidación y pago de prestaciones deberá efectuarse para los
periodos de prestación de servicios que fueron contratados entre el 13-02-
2013 y el 31 de agosto de 2014.

Las sumas que deberá cancelar la entidad accionada por concepto de
indemnización equivalente a las prestaciones sociales y salariales
ordinarias se actualizarán de acuerdo con la siguiente fórmula: R = Rh x
índice final / índice inicial, donde el valor presente (R) se determinará al
multiplicar el valor histórico (Rh) por el guarismo que resulta de dividir el
índice final de precios al consumidor certificado por el DANE (vigente a la
fecha de la sentencia) por el índice inicial (vigente a la fecha de la
causación de la prestación).’

SEGUNDO: CONFÍRMASE en lo demás la sentencia recurrida…»

3. Sustento de la petición

3.1. Defecto sustantivo

Sostuvo que se incurrió en un defecto de tal naturaleza por la interpretación
irrazonable de normas jurídicas: artículo 41 del Decreto 3135 de 1968, el 102
del Decreto 1848 de 1969 y el Convenio 95 de la OIT.

Mencionó que el fallador ad quem excedió la interpretación de las normas
jurídicas, lo cual invalida la providencia que emitió en segunda instancia. Al
respecto, agregó:

«Es importante señalar, que yerra el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CALDAS, al considerar aplicable la prescripción extintiva por vía de
interpretación del artículo 41 del Decreto 3135 de 1968, el 102 del Decreto 1848
de 1969 y el Convenio Nro. 95 de la OIT ratificado por Colombia, siempre que
estas disposiciones tienen una interpretación gramatical estricta, sin olvidar que:

a. Debió agotarse la vía jurisdiccional para constatar de manera efectiva la
relación laboral entre la actora y el SENA, de lo cual estimar la prescripción de la
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relación laboral es una carga excesiva que imputa el fallador a la accionante por
cuando presume de ella un conocimiento jurídico superior y que a su vez
desconoce el limbo jurídico en que se encontraba por la aparente relación
contractual. Esto, teniendo en cuenta la naturaleza de la prescripción como un
castigo a la inactividad de la parte interesada.

b. Los derechos prestacionales emanados de la relación laboral solo surgieron al
momento del reconocimiento de la misma, mediante providencia debidamente
ejecutoriada a partir de la cual se hacen exigibles.»

Agregó, en relación con el artículo 41 del Decreto 3135 de 1968, agregó que el
desconocimiento de esta norma radica en la interpretación de prescripción
extintiva trienal que realiza el fallador ad quem y las respuestas a las peticiones
y posteriores excepciones formuladas en igual sentido por el SENA.

Añadió que estos entes estatales acogen la tesis de que la prescripción operó
para todos los contratos anteriores al 13 de febrero de 2013, perdiendo de vista
que el momento en que el contrato realidad del cual devienen los emolumentos
laborales inherentes al mismo, se hicieron exigibles con la providencia que
constituye el reconocimiento de dicha situación y no antes.

3.2. Desconocimiento del precedente

En las pretensiones del escrito de tutela, la demandante señaló que la autoridad
judicial cuestionada desconoció el «precedente vertical de la Corte
Constitucional y del Consejo de Estado (sic)».

4. Trámite en primera instancia

Mediante providencia del 7 de diciembre de 2020, la Sección Primera del
Consejo de Estado, admitió la acción de tutela y, en consecuencia, ordenó la
notificación de los magistrados del Tribunal Administrativo de Caldas.

Asimismo, dispuso la vinculación del Juzgado Primero Administrativo del
Circuito de Manizales y el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) Regional
Caldas, por lo que, ordenó notificar al «… Juez Primero Administrativo del
Circuito de Manizales, al Director General del Servicio Nacional de Aprendizaje
– SENA y al Director Regional Caldas del Servicio Nacional de Aprendizaje –
SENA…».

A su vez, solicitó en calidad de préstamo el expediente ordinario y, reconoció
personería al apoderado de la accionante.

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5. Contestaciones

5.1. Director Regional Caldas (E) del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)

Esta autoridad se opuso a la prosperidad de la acción de tutela y, solicitó que se
nieguen las pretensiones del amparo puesto que el Tribunal demandado no
incurrió en defecto sustantivo y, por ende, tampoco se vulneraron los derechos
de la parte accionante.

5.2. El Tribunal Administrativo de Caldas y el Juzgado Primero Administrativo
del Circuito de Manizales, a pesar de sus notificaciones guardaron silencio.

6. Sentencia de primera instancia

Mediante fallo del 28 de enero de 2021, la Sección Primera del Consejo de
Estado negó el amparo solicitado, luego de encontrar cumplidos los
presupuestos generales de procedencia, bajo las siguientes consideraciones:

Precisó que el Tribunal demandado no incurrió en defecto sustantivo por
interpretación irrazonable de las normas jurídicas, ni en «defecto sustantivo por
desconocimiento del precedente judicial», teniendo en cuenta que profirió su
providencia de manera razonable y ajustada a derecho, en donde no se
evidenció por esta Sala una actuación grosera o arbitraria que haya traído como
consecuencia la vulneración de los derechos fundamentales de la actora.

Descartó la configuración del defecto sustantivo por interpretación irrazonable
de los artículos 41 del Decreto 3135 de 26 de diciembre de 1968 y, 102 del
Decreto 1848 de 4 de noviembre de 1969, puesto que al resolver el caso
concreto, aplicó e interpretó correctamente los enunciados contenidos de dichas
normas jurídicas, en donde se estableció expresamente la regla de que las
sanciones que se deriven de los derechos establecidos en el respectivo Decreto
3135 de 1968, prescribirán en tres años contados desde que la obligación se
haya hecho exigible.

Agregó que la sentencia acusada, apoyándose en las pruebas obrantes en el
expediente y en la jurisprudencia de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, evidenció la existencia de una continuidad entre los contratos del 28 de
agosto de 2008 al 26 de junio de 2012, y otra del 13 de febrero de 2013 al 31 de
agosto de 2014, lo que implicó una «… interrupción desde el 27 de junio de
2012 hasta el 12 de febrero de 2013, esto es de cerca de 7 meses, tiempo que,
contrario a lo señalado por la parte actora, no puede ser considerado por modo
alguno como una suspensión que atienda a los recesos o vacaciones colectivas
que usualmente se presentan en instituciones de formación como el Sena…».

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Indicó que en relación con el cargo por interpretación irrazonable del Convenio
95 de la OIT, la actora no cumplió con la carga argumentativa mínima de
indicar i) cuales fueron los artículos del mencionado instrumento que el Tribunal
Administrativo de Caldas interpretó arbitrariamente, y en ese orden de ideas, ii)
argumentar que dicha interpretación trajo como consecuencia la afectación de
sus derechos fundamentales.

Añadió que, en las pretensiones del escrito de tutela, la demandante señaló
que la autoridad judicial accionada desconoció el «precedente vertical de la
Corte Constitucional y del Consejo de Estado», sin embargo, tampoco cumplió
con la carga argumentativa mínima de: i) identificar cuáles eran los
precedentes jurisprudenciales que había desconocido el Tribunal Administrativo
de Caldas, supuesto de procedibilidad de un defecto sustantivo por
desconocimiento del precedente judicial; y ii) en ese orden de ideas establecer
las razones jurídicas de por qué la autoridad accionada profirió una decisión
grosera y arbitraria que haya traído como consecuencia la vulneración de sus
derechos fundamentales.

7. Impugnación

Mediante escrito oportunamente allegado el 17 de febrero de 2021, la
accionante presentó impugnación en contra del fallo de primera instancia5, por
los siguientes motivos:

Reiteró que la inconformidad planteada en la acción constitucional surge con
ocasión de la providencia demandada, pues desconoció las categorías
axiológicas del Estado Social de Derecho, ya que, en lugar de aplicar el
principio de progresividad, se le menoscabaron sus derechos y garantías
mínimas.

Agregó que quedó demostrado, en el curso del debate del medio de control,
que era clara la conducta del SENA, en ocultar los elementos y características
para que se configure un contrato de trabajo, disfrazando la verdadera
subordinación de la accionante, en un espectro de la prestación de servicios de
carácter civil: todos los sentenciadores que han intervenido en la dinámica de la
reclamación laboral (tanto ordinaria como constitucional) reconocen la
existencia de la verdadera relación laboral, pero castigando a la trabajadora y
premiando las conductas de dicha entidad.

Recordó que el Tribunal erró al considerar aplicable la prescripción extintiva por
vía de interpretación del artículo 41 del Decreto 3135 de 1968, el 102 del
Decreto 1848 de 1969 y el Convenio 95 de la OIT, ratificado por Colombia,

5
Notificado vía electrónica el 12 de febrero de 2021.

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pese a que estas disposiciones tienen una interpretación gramatical estricta y
no es posible olvidar que:

«a. Debió agotarse la vía jurisdiccional para constatar de manera efectiva la
relación laboral entre la actora y el SENA, de lo cual estimar la prescripción de la
relación laboral es una carga excesiva que imputa el fallador a la accionante por
cuando presume de ella un conocimiento jurídico superior y que a su vez
desconoce el limbo jurídico en que se encontraba por la aparente relación
contractual. Esto, teniendo en cuenta la naturaleza de la prescripción como un
castigo a la inactividad de la parte interesada.

b. Los derechos prestacionales emanados de la relación laboral solo surgieron al
momento del reconocimiento de la misma, mediante providencia debidamente
ejecutoriada a partir de la cual se hacen exigibles…»

Estimó que la Sala Primera del Consejo de Estado no podría hacer eco a lo
expuesto por el Tribunal Administrativo de Caldas, toda vez que no hay razón
para escudarse en que hay solución de continuidad puesto que los contratos de
prestación de servicios utilizados por el Sena para ocultar la relación laboral
son sucesivos en una misma línea temporal anual hasta el día de hoy, lo cual
es una injusticia y grave vulneración al derecho fundamental a la igualdad
respecto del personal de planta que realizaba las mismas labores.

Resaltó que el principio in dubio pro operario sobre el cual se ha manifestado la
Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencia SL1084-2020 con
radicación 68086 del 20 de abril del 2020, busca que al aplicar la norma de
todas las intelecciones posibles, se deba escoger la interpretación que más
beneficie al trabajador conforme a las reglas generales de la hermenéutica
jurídica.

Adujo que se vulneraron sus derechos fundamentales pues se «… deja de lado
todo el tiempo que no pudo percibir lo relacionado en la acción de tutela a título
de indemnización y perjuicios consolidados por el tiempo sugerido, pues al
pretenderse sancionar a la accionante por su propia ignorancia jurídica aunado
a privarla de recibir las acreencias que por derecho le son atribuibles al
descubrir el contrato realidad, no habría un balance frente a quien tiene
derechos en calidad de trabajador entre quien priva de gozarlos, sino que
también se está DISCRIMINANDO, sin fundamento alguno.»

Mencionó que se configuró un privilegio al Sena por realizar este tipo de
prácticas que ponen en detrimento los derechos laborales en el tiempo, pese a
que es una situación que crea una verdadera precariedad laboral y un desgaste
judicial.

Solicitó, de manera especial, lo siguiente:

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a) Se surta una interpretación razonada de la prescripción aludida,
atendiendo a que la accionada se encontraba bajo un contrato de prestación
de servicios donde el Sena de forma amañada buscaba menoscabar sus
derechos prestacionales cuando en realidad sus funciones como instructora
fueron desempeñadas de forma continua y bajo un contrato laboral, lo cual
no fue consecuencia de su desinterés, a su vez se le reconozcan todas las
acreencias prestacionales desde el 28-08-2008 al 31-08-2014, de esta
manera se evite un perjuicio irremediable.

b) Se tenga en cuenta la reinterpretación razonada de la prescripción la cual
se daría 3 años a partir de la ejecutoria del fallo de segunda instancia, es
decir comenzaría a correr desde el 19 de agosto del 2020. Pidió que se
tenga en cuenta los 1970 días corridos y sumados hasta el momento,
febrero de 2021, a los que habrá que sumarle 300 días más, que
corresponden a los 10 meses que tiene el Sena para proceder a hacer el
pago de la sentencia, en los términos del artículo 192 de la Ley 1437 de
2011, totalizando 2.270 días, siempre y cuando el Juzgado Primero
Administrativo del Circuito Judicial de Manizales, hubiese expedido el auto
de obedecimiento a lo resuelto por el superior.

c) Se le tenga en consideración los daños y perjuicios que le fueron
ocasionados por el desgaste judicial hasta ahora y el tiempo en que ha dejado
de percibir sus derechos laborales como lo es:

«I). - La privación injusta de poder recibir el dinero que por derecho
constitucional (artículo 53) y derecho legal (Ley 50 de 1990) le correspondía por
concepto de CESANTÍAS y sus INTERESES. II). - La no entrega oportunamente
de las prestaciones sociales a la fecha de terminación de los contratos,
impidiéndole la posibilidad de recibir el dinero que por derecho constitucional
(artículo 53) y derecho legal (artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo y de
la Seguridad Social) le correspondía por concepto de PRIMAS y VACACIONES.
III). - La circunstancia negativa que generó el SENA al no cotizar el parafiscal
correspondiente a la caja de compensación familiar, derivó en el hecho que la
accionante no pudiera recibir el dinero y/o auxilio económico que por derecho
constitucional (artículo 53) y derecho legal (Ley 1636 de 2`013) le correspondía
por concepto de MECANISMO DE PROTECCIÓN AL CESANTE.»

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada contra la
sentencia de primera instancia, en atención a lo consagrado por el Decreto

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2591 de 19916, el artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por
los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021, así como por el Acuerdo 080 de
2019, artículo 25, de la Sala Plena de esta Corporación.

2. Problema jurídico

De conformidad con los antecedentes, corresponde a la Sala determinar si hay
lugar a confirmar, revocar o modificar la decisión de primera instancia conforme
a los argumentos expuestos por la parte impugnante.

Por tanto, se analizará si el Tribunal Administrativo de Caldas, al proferir la
sentencia de 31 de julio de 2020 dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación
17001-33-33-001-2016-00260-02, incurrió el defecto sustantivo y el
desconocimiento del precedente alegados, al decretar la prescripción extintiva
parcial de algunos créditos laborales en favor de la señora Alexandra Gómez
Serna.

Al respecto, se precisa que los requisitos adjetivos de procedibilidad ya fueron
estudiados en primera instancia; de manera que, el siguiente análisis
corresponderá a los argumentos de la impugnación presentada por la parte
actora en contra del fallo del 28 de enero de 2021, dictado por la Sección
Primera del Consejo de Estado, que negó el amparo solicitado.

3. Caso concreto

La parte actora sostuvo que el Tribunal Administrativo de Caldas al proferir la
sentencia de 31 de julio de 2020, dentro del proceso adelantado en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con
radicación 17001-33-33-001-2016-00260-02, incurrió en un defecto sustantivo
por la interpretación irrazonable de las normas jurídicas y en el
«desconocimiento del precedente vertical de la Corte Constitucional y del
Consejo de Estado».

El a quo negó el amparo solicitado, mientras que, la parte actora impugnó al
reiterar los argumentos iniciales y agregar que el Tribunal debía aplicar el
principio in dubio pro operario sobre el cual se ha manifestado la Sala Laboral
de la Corte Suprema de justicia en sentencia SL1084-2020 con radicación
68086 del 20 de abril de 2020.

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«Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política».

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Para resolver, la Sala considera necesario establecer que el precitado
argumento y la aplicación de dicha providencia de la Sala Laboral constituye un
argumento nuevo, que no fue alegado en el escrito inicial de tutela; de manera
que, en aras de no vulnerar los derechos al debido proceso, de defensa y
contradicción de la contraparte e intervinientes, en esta instancia no es posible
efectuar un pronunciamiento al respecto.

Asimismo, se advierte que el defecto por desconocimiento del precedente que
alegó la parte accionante no cuenta con la argumentación necesaria para su
análisis de fondo, pues la demandante simplemente se limitó a enunciar tal vicio
en el acápite de las pretensiones al indicar que se vulneraron sus derechos
fundamentales con el «desconocimiento del precedente vertical de la Corte
Constitucional y del Consejo de Estado», sin exponer el sustento del mismo.
Por lo que, en lo que respecta a dicho cargo, se confirmará el fallo impugnado.

Ahora bien, la parte actora reiteró que el Tribunal erró al considerar aplicable la
prescripción extintiva por vía de interpretación del artículo 41 del Decreto 3135
de 1968, el 102 del Decreto 1848 de 1969 y el Convenio 95 de la OIT.

Por lo que, solicitó que: a) se surta una interpretación razonada de la
prescripción aludida, b) se tenga en cuenta esa reinterpretación para entender
que aquella se daría en 3 años contados a partir de la ejecutoria del fallo de
segunda instancia y, c) se le tengan en consideración los daños y perjuicios que
le fueron ocasionados por el desgaste judicial padecido hasta ahora y el tiempo
en que ha dejado de percibir sus derechos laborales.

De manera que, respecto del defecto sustantivo, la Corte Constitucional, reiteró
en sentencia SU 573 de 20177, lo siguiente:

«De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, se puede incurrir en un defecto
sustantivo, entre otros particulares, cuando (i) el juez fundamenta su decisión en
una norma que desconoce los postulados constitucionales; (ii) interpreta la
norma imponiendo requisitos adicionales a los que prevé; o (iii) el operador
judicial desconoce disposiciones legales aplicables».

En relación con los argumentos que planteó la parte impugnante, la Sala los
encuentra centrados en la interpretación normativa relativa a la prescripción
aplicada por el Tribunal demandado, razón por la cual, se analizará lo
concerniente a dicho fenómeno, a partir de lo decidido en la sentencia
cuestionada.

Así, se observa que la autoridad judicial demandada sostuvo lo siguiente:

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Corte Constitucional. Sentencia SU 573 de 2017.

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«… Los Decretos 3135 de 1968 -artículo 41- y 1848 de 1969 -artículo 41- que
prevén la prescripción extintiva en asuntos laborales en los siguientes términos:

…

En providencia de 11 de marzo de 2016, la subsección B de la Sección
Segunda… explicó que ‘Una vez demostrada la relación laboral reclamada y de
la cual, se persigue el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales,
surgiría la oportunidad para que se examine la procedencia del fenómeno
extintivo de la prescripción, valga decir, la verificación de si la reclamación se
efectuó dentro de los tres (3) años contados a partir de la finalización de la
relación contractual, so pena de que prescriban los derechos prestacionales que
se puedan derivar de la relación laboral’.

Finalmente señala que, en lo concerniente al término prescriptivo, los artículos
41 del Decreto 3135 de 1968 y 102 del Decreto 1848 de 1969, que regulan el
régimen prestacional de los empleados públicos, indican que aquel lapso es de
tres (3) años y que se interrumpe por una sola vez con el reclamo escrito del
trabajador, en razón a que lo que se reclama en este tipo de asuntos (contrato
realidad) es el reconocimiento, a título de indemnización, de las prestaciones a
que se tendría derecho si la Administración no hubiese utilizado la figura del
contrato de prestación de servicios para esconder en la práctica una verdadera
relación laboral.

Por lo tanto, asegura la Sección Segunda que si quien pretende el
reconocimiento de la relación laboral con el Estado, se excede de los tres años,
contados a partir de la terminación de su vínculo contractual, para reclamar los
derechos en aplicación del principio de la ‘…primacía de la realidad sobre las
formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales’(artículo 53
constitucional), se extingue el derecho a solicitar las prestaciones que se deriven
de aquella, pues dicha situación se traduciría en su desinterés, que no puede
soportar el Estado, en su condición de empleador.

Respecto a los aportes pensionales, la misma sentencia aclara ‘que la
prescripción extintiva no es dable aplicar frente a los aportes para pensión, en
atención a la condición periódica del derecho pensional, que los hace
imprescriptibles, pues aquellos se causan día a día y en tal sentido se pueden
solicitar en cualquier época, mientras que las prestaciones sociales y salariales,
al ser pagadas por una sola vez, sí son susceptibles del mencionado fenómeno,
por tener el carácter de emolumentos económicos temporales.

…

Atendiendo lo antes expuesto, se hace la siguiente relación:

Contrato Periodo de Ejecución Solución de
No. continuidad
87 Del 28-08-2008 al 22- No
12-2008
5 Del 26-01-2009 al 31- No
08-2009
83 Del 24-08-2009 al 17- No
12-2009
17 Del 20-01-2010 al 19- No
11-2010

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42 Del 28-01-2011 al 02- No
07-2011
Sin Del 11-07-2011 al 16- No
número 12-2011
3 Del 20-01-2012 al 26- Sí
06-2012
506 Del 13-02-2013 al 12- No
08-2013
816 Del 09-09-2013 al 16- No
12-2013
185 Del 20-01-2014 al 31- Última vinculación
08-2014

Como puede verse, existe una continuidad entre los contratos del 28 de agosto
de 2008 al 26 de junio de 2012, y otra del 13 de febrero de 2013 al 31 de agosto
de 2014; por lo que existe una interrupción desde el 27 de junio de 2012 hasta el
12 de febrero de 2013, esto es de cerca de 7 meses, tiempo que, contrario a lo
señalado por la parte actora, no puede ser considerado por modo alguno como
una suspensión que atienda a los recesos o vacaciones colectivas que
usualmente se presentan en instituciones de formación como el Sena…»

A partir de lo anterior, se observa que el Tribunal demandado concluyó, en
relación con el conteo para determinar los periodos prescritos, lo siguiente:

«… Ahora, teniendo en cuenta que la reclamación efectuada por la demandante,
para que se reconocieran los réditos derivados de la relación laboral data del 25
de febrero de 2016 (v. fl. 35), se hace la siguiente relación:

Contrato Finalización Fecha Prescribió
No. límite de
reclamación
(3 años)
87
5
83
26-06-2012 26-06-2015 Sí
17
42
Sin
número
3
506
816 31-08-2014 31-08-2017 No
185

Así las cosas, los rubros que a título de indemnización podían ser reclamados
judicialmente respecto de las relaciones laborales que se suscitaron antes del
contrato 506 de 2013, se encuentran prescritos (exceptuando, como se advirtió,
las diferencias que existan entre los aportes pensionales que fueron pagados y
los que habrían de pagarse por el empleador).

En tal sentido, no hallan eco de prosperidad los cargos de apelación formulados
por la parte actora respecto de la aplicación del fenómeno de prescripción a los
referidos derechos económicos, así como tampoco, lo expuestos por la parte
demandada sobre la aplicación de este fenómeno a los aportes pensionales

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correspondientes, pues como se vio, lo decido por el a quo sobre el particular
atiende al precedente jurisprudencial fijado por el H. Consejo de Estado sobre la
materia.»

Al respecto, se encuentra que en la sentencia de primera instancia que accedió
parcialmente a lo pretendido, dictada dentro del proceso ordinario, se
enunciaron las normas que invocó la parte actora como base del defecto
sustantivo, así: «En punto al último cuestionamiento, la sala plena de la Alta
Corporación indicó que una interpretación de los artículos 41 del decreto 3135
de 1968 y 102 del decreto 1848 de 1969, en armonía con el artículo 12 numeral
2 del convenio 95 de la OIT ratificado por Colombia mediante la Ley 54 de
1962…la oportunidad a partir de la cual se debe contar el término de
prescripción la constituye el momento del finiquito contractual…»

No obstante, en segunda instancia, el Tribunal modificó la decisión respecto de
la contabilización de la prescripción y, es sobre ello en lo que radica la
inconformidad que planteó la parte accionante desde el escrito inicial de tutela y
que, reiteró en su impugnación.

Es decir, la parte actora retomó los argumentos del juzgado de primera
instancia para pretender justificar que la sentencia apelada debía ser
confirmada y no modificada, con fundamento en la indebida interpretación del
artículo 41 del Decreto 3135 de 1968, el 102 del Decreto 1848 de 1969 y el
Convenio 95 de la OIT.

Para ello, sostuvo que los derechos prestacionales emanados de la relación
laboral solo surgieron al momento del reconocimiento de la misma, mediante
providencia debidamente ejecutoriada a partir de la cual se hacen exigibles,
para lo cual invocó los artículos 41 del Decreto 3135 de 1968 y, el 102 del
Decreto 1848 de 1969; sin embargo, no expuso de forma puntual las razones
de la indebida interpretación del Convenio 95 de la OIT, ni identificó la norma
presuntamente desconocida o mal interpretada de tal instrumento.

Ahora bien, se observa que tal y como lo enunció el Tribunal demandado, en los
artículos 41 del Decreto 3135 de 19688 y, 102 del Decreto 1848 de 19699 se

8
ARTÍCULO 41. Las acciones que emanen de los derechos consagrados en este Decreto
prescribirán en tres años, contados desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible.
El simple reclamo escrito del empleado o trabajador ante la autoridad competente, sobre un
derecho o prestación debidamente determinado, interrumpe la prescripción, pero sólo por un
lapso igual.
9
ARTÍCULO 102.- Prescripción de acciones.
1. Las acciones que emanan de los derechos consagrados en el Decreto 3135 de 1968 y en
este Decreto, prescriben en tres (3) años, contados a partir de la fecha en que la respectiva
obligación se haya hecho exigible.

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contempla que las acciones prescribirán en tres años contados desde que la
respectiva obligación se haya hecho exigible y que, el reclamo interrumpe la
prescripción, pero solo por un lapso igual.

En efecto, la demandante pretende que la sentencia de primera instancia no
sea modificada en cuanto a dicho fenómeno, sino que se confirme, sin
embargo, la Sala encuentra razonable la interpretación del Tribunal demandado
y conforme al contenido de las normas en cuestión que indican que la regla de
que las sanciones que se deriven de los derechos establecidos en el respectivo
Decreto 3135, prescribirán en tres años contados desde que la respectiva
obligación se haya hecho exigible.

Por tanto, no se advierte alguna interpretación desatinada de la autoridad
judicial cuestionada, en relación con la contabilización de la prescripción, ya que
advirtió una interrupción de cerca de 7 meses, que contrario al querer de la
accionante, «… no puede ser considerado por modo alguno como una
suspensión que atienda a los recesos o vacaciones colectivas que usualmente
se presentan en instituciones de formación como el Sena…».

Adicionalmente, se observa que la parte impugnante pretende que se aplique la
prescripción de 3 años a partir de la ejecutoria del fallo de segunda instancia,
que a su juicio, comenzaría a correr desde el 19 de agosto del 2020 y a ello se
le sumen los días restantes hasta que se pague la condena judicial, para un
total de 2.270 días, siempre y cuando se haya dictado el auto de obedézcase y
cúmplase y, además se tenga en cuenta los daños y perjuicios ocasionados con
el desgaste judicial y el tiempo en que la actora dejó de percibir lo debido.

Sin embargo, no es posible acoger los argumentos de la parte impugnante
relativos a la contabilización de la prescripción, pues es claro que este
fenómeno tiene unos extremos temporales definidos por la Ley, que penden de
la presentación de la respectiva reclamación administrativa, que no se pueden
desconocer por el parecer del trabajador o de las consideraciones de los daños
y perjuicios que le fueron ocasionados por el desgaste judicial y el tiempo en
que ha dejado de percibir sus derechos laborales.

De manera que, resulta razonable la modificación efectuada en la sentencia
cuestionada en el sentido de declarar la existencia de una relación laboral por el
total de los periodos analizados en que la accionante prestó sus labores a la
entidad demandada mediante contratos de prestación de servicios y que, el
pago que a título de restablecimiento del derecho debía efectuarse corresponde
al cálculo de todas las prestaciones sociales y salariales ordinarias a que

2. El simple reclamo escrito del empleado oficial formulado ante la entidad o empresa obligada,
sobre un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpe la prescripción, pero solo
por un lapso igual

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tengan derecho los docentes y o instructores vinculados al SENA mediante
«vinculación legal y reglamentaria», pero, liquidadas tomando como base los
honorarios percibidos por la accionante de manera mensual.

En consecuencia, se confirmará el fallo impugnado, pues no se encuentran
configurados los defectos específicos referidos por la parte actora, ya que no se
advierte una interpretación irrazonable de las normas en cuestión y, porque no
cumplió con la debida carga argumentativa para sustentar el desconocimiento
del precedente alegado.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: Confírmase el fallo impugnado del 28 de enero de 2021, por medio
de cual la Sección Primera del Consejo de Estado negó el amparo solicitado,
por las razones señaladas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, y envíese copia de la misma al Despacho de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con
el número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081»
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