Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2020-05228-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2020-05228-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2020-05228-01
Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto
3 de marzo de 2022
Radicado: 11001-03-15-000-2020-05228-01
Demandante: Departamento de Bolívar
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Bogotá D.C., tres (3) de marzo de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2020-05228-01
Demandante: DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SALA SEXTA ESPECIAL DE DECISIÓN
Temas: Tutela contra providencia judicial. Decisión que declara infundado
el recurso extraordinario de revisión. Proceso ejecutivo
contractual. Defectos procedimental, sustantivo y fáctico
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la impugnación
presentada por el Departamento de Bolívar contra la sentencia de 14 de mayo de
2021, dictada por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “C”, en la
que declaró la improcedencia de la acción de tutela, al considerar que no existe
una conducta respecto de la cual se pueda efectuar el juicio de vulnerabilidad de
los derechos fundamentales invocados.
I. ANTECEDENTES
1. Hechos
De acuerdo con los expedientes de tutela y del recurso extraordinario de revisión,
se tienen como hechos relevantes los siguientes:
1.1. Del proceso ejecutivo contractual
1.1.1. En el mes de diciembre de 2007, la Cooperativa Multiactiva de Gestores de
Cartagena (GESTOCOOP) celebró un contrato con el Departamento de Bolívar,
cuyo objeto consistía en contratar la adquisición de mercados y kits de aseo para
apoyar en actividades de salubridad y de alimentación de la población de los
municipios de Cicuco, Talaigua Nuevo, San Jacinto del Cauca, El Peñón y
Margarita, que se vio afectada por la ola invernal.
Como valor del contrato de compraventa se pactó la suma de $731.955.000, por
los siguientes conceptos1:
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Folio 9 del expediente que contiene el recurso extraordinario de revisión radicado bajo el No.
11001-03-15-000-2020-00085-00.
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Demandante: Departamento de Bolívar
En el mencionado contrato se pactó que el valor se cancelaría “Contra entrega de
los elementos descritos en la Cláusula Primera del presente contrato, en el
Almacén de la Secretaría de Salud Departamental, una vez perfeccionado y
legalizado el contrato; previa aprobación de la póliza por parte del Departamento
de Bolívar, para el pago es requisito indispensable la presentación del Acta de
Recibo a satisfacción del total de los elementos objeto del contrato, debidamente
suscrita por el Supervisor y Coordinador del presente contrato, junto con factura y
demás documentos conducentes para el pago”2.
El 6 de marzo de 2008, GESTOCOOP cedió los derechos patrimoniales del crédito
al señor Carlos Alberto Muñoz Aguirre por un valor de $714’798.927.
1.1.2. El 13 del mismo mes y año, el señor Muñoz Aguirre inició acción ejecutiva
contractual con el fin de que se librara mandamiento de pago a su favor por el
valor correspondiente a los derechos patrimoniales, así como de los intereses
moratorios adeudados desde la exigibilidad de la obligación (exp. No. 13001-23-
31-003-2008-00120-00/01).
1.1.3. Mediante auto de 15 de julio de 2008, el Tribunal Administrativo de Bolívar
profirió mandamiento de pago. La parte ejecutada fue notificada personalmente de
dicha providencia el 15 de septiembre de 2008. Posteriormente, a través de auto
de 16 de octubre de 2008, la autoridad judicial decretó el embargo, secuestro y
retención de las sumas de dinero del ente territorial en las instituciones financieras
que en su momento se señalaron.
1.1.4. El 11 de junio de 2009, la entidad territorial propuso excepciones de mérito,
las cuales fueron consideradas extemporáneas, por lo que mediante providencia
de 16 de julio de 2009, se ordenó seguir adelante con la ejecución y practicar la
liquidación del crédito de conformidad con lo dispuesto en el artículo 521 del
Código de Procedimiento Civil (CPC). Contra dicha providencia se interpuso
recurso de apelación, el cual, por auto de 1 de octubre de 2009, fue rechazado por
improcedente.
1.1.5. El 14 de octubre de 2009, el Tribunal Administrativo de Bolívar corrió
traslado de la liquidación del crédito, la cual fue objetada por la parte ejecutada.
Por lo anterior, en auto de 19 de noviembre de 2009 se modificó la liquidación
presentada por el ejecutante y se aprobó por el valor de $909’612.584, hasta el 31
de octubre de 2009 y se fijó la suma de $90’961.258 por concepto de agencias en
derecho.
En la misma decisión, se ordenó remitir las copias del proceso ejecutivo con el fin
de que fueran utilizadas dentro de la indagación preliminar adelantada por la
Fiscalía General de la Nación, con el fin de establecer si las sindicadas Betty
Mercado Barrios y Lunela Palis Viana, funcionarias de la Gobernación de Bolívar
incurrieron en delito de falsedad ideológica al haber certificado que las mercancías
contratadas habían sido recibidas los días 27, 30 y 31 de diciembre de 2007,
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Folio 9 del expediente digital que contiene el recurso extraordinario de revisión radicado bajo el
No. 11001-03-15-000-2020-00085-00. Índice 17 SAMAI.
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Demandante: Departamento de Bolívar
cuando en realidad el contratista no efectuó la entrega en los días señalados en el
contrato. La remisión de las copias se realizó en virtud del requerimiento efectuado
por la Fiscalía Seccional Cuarenta de Cartagena a través del oficio No. 691 de 15
de octubre de 20093,
1.1.6. La anterior liquidación del crédito fue objetada por el Departamento de
Bolívar, quien además radicó recurso de queja.
1.1.7. Por auto del 22 de enero de 2010, el Tribunal denegó la objeción e impartió
aprobación de la liquidación de costas y ordenó la entrega de los dineros
embargados hasta la suma de $1.003’088.342,40. Esto último, se materializó
mediante dos órdenes de pago de depósitos judiciales (DJ04) de 4 de marzo de
esa anualidad4 por la suma de $852’625.091,04 y de $150’463.251,36, para un
total de $1.003’088.342,4. Dichos dineros se entregaron a la parte ejecutante el 9
y 11 de marzo de 2010.
1.1.8. La Sección Tercera del Consejo de Estado por auto de 19 de julio de 2010,
estimó mal denegado el recurso de apelación formulado por la parte ejecutada
contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar el 16 de julio
de 2009 y, en consecuencia, resolvió conceder el recurso de apelación. El recurso
fue admitido por la Sección Tercera, Subsección “B” del Consejo de Estado, a
través de auto de 18 de noviembre de 2010.
1.1.9. Por su parte, el 24 de abril de 2014, el Tribunal Administrativo de Bolívar
remitió el oficio No. 00314-DD002 LRC a la Sección Tercera, Subsección “B” del
Consejo de Estado, en el cual informó que, por auto del 7 de ese mes y año,
decidió mantener inactivo el expediente ejecutivo, por la causal señalada en el
artículo 267 del Código Contencioso Administrativo (CCA).
Lo anterior, teniendo en cuenta que la Fiscalía Seccional Cuarenta de Cartagena
mediante oficio No. 0324 de 4 de abril de 2014, le comunicó al Tribunal que
mediante Resolución de 3 de abril de 2014, ordenó que los servidores judiciales se
abstuvieran de hacer efectiva la entrega o el remate de bienes del Departamento
de Bolívar que hayan dispuesto embargar, secuestrar y/o entregar a favor de los
contratistas Álvaro Atencia Blanquicet -Fundación Trabajar por Colombia-, José
Ángel Ramos -GESTOCOOP- y Claro Rafael Merza Jiménez -COOSESUR- o a
quienes hayan cedido los créditos, dado que se encontraba en curso una
investigación penal en su contra por haber suscrito contratos a finales del año
2007, para atender a los afectados por la ola invernal, sin que se haya hecho
efectiva la entrega del objeto de los contratos, pero sí estaban siendo exigidos los
pagos dentro de diversos procesos judiciales.
Además, la Fiscalía aportó copia de la sentencia No. 007 de 19 de marzo de 2013,
por medio de la cual el Juzgado Primero Penal del Circuito de Cartagena impuso
condena a las señoras Betty Mercado Barrios y Lunela Palis Viana por la comisión
del delito de falsedad ideológica en documento público, “que compromete la
documentación que soporta los procedimientos de recepción y constatación de las
mercancías que fueron objeto de los contratos celebrados en diciembre de 2007
por la citada entidad territorial, para enfrentar la Tragedia Invernal de 2007”5.
3
En dicho oficio se solicitó a la Secretaría del Tribunal Administrativo de Bolívar la remisión de los
expedientes ejecutivos iniciados por el señor Carlos Muñoz Aguirre contra el departamento de
Bolívar radicados bajo los números 001-2008-00257-00; 003-2008-00120-00 y 003-2008-00569-00.
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Folio 284 y ss. del expediente digital que contiene el recurso extraordinario de revisión radicado
bajo el No. 11001-03-15-000-2020-00085-00. Índice 17 SAMAI.
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Folio 392 del expediente digital que contiene el recurso extraordinario de revisión radicado bajo el
No. 11001-03-15-000-2020-00085-00. Índice 17 SAMAI.
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Radicado: 11001-03-15-000-2020-05228-01
Demandante: Departamento de Bolívar
Aseguró que en el proceso ejecutivo en curso reposaba constancia de ingreso de
las mercancías al almacén suscrita por la señora Lunela Palis Viana y el
certificado de recibo a satisfacción suscrito por la señora Betty Mercado Barrios,
por lo que sostuvo que el asunto se encontraba cobijado por la decisión penal
antes referida.
1.1.10. En el mencionado proceso penal, que se adelantó contra las señoras Betty
Mercado Barrios y Lunela Palis Viana, el Tribunal Superior de Distrito Judicial de
Cartagena resolvió a través de sentencia de 21 de mayo de 2014, revocar la
decisión del Juzgado Primero Penal del Circuito de Cartagena y, en su lugar,
absolverlas de los cargos que se les imputaban.
No obstante, la Procuraduría General de la Nación y el Departamento de Bolívar,
esta última como parte civil, iniciaron recurso extraordinario de casación (exp. No.
45147) que fue resuelto por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia mediante providencia de 10 de mayo de 20176, en el sentido de casar la
sentencia y confirmar la condena impuesta por el delito de falsedad ideológica en
documento público. La decisión se notificó mediante edicto desfijado el 18 de
mayo de 2017.
1.1.11. En el proceso ejecutivo se dictó auto de 24 de mayo de 2018, en el que la
Subsección “B” de la Sección Tercera del Consejo de Estado7, en ejercicio de la
facultad oficiosa conferida por el artículo 169 del Código Contencioso
Administrativo, requirió a la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia,
con el fin de que le remitiera en calidad de préstamo el expediente bajo el radicado
No. 238.520, por el presunto delito de falsedad ideológica en documento público,
según denuncia formulada por el entonces gobernador de Bolívar Joaco Berrío
Villareal contra el señor Libardo Simancas Torres.
El 22 de octubre de 2018, la Fiscalía Delegada No. 9 ante la Corte Suprema de
Justicia dio cumplimiento a la orden judicial y remitió copia de la providencia que
dispuso la preclusión de dicha investigación.
1.1.12. En providencia de 10 de abril de 2019, el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección “B”8, resolvió el recurso de apelación interpuesto por la
entidad ejecutada contra la sentencia proferida el 16 de julio de 2009, confirmando
la decisión en la que se rechazaron por extemporáneas las excepciones
propuestas y se ordenó seguir adelante con la ejecución. Así mismo, otorgó a la
entidad demandada la posibilidad de ejercer el derecho de retracto dentro de los
nueve (9) días siguientes a la notificación de la providencia, pudiendo optar por
cancelar el valor por el que se adquirió el derecho litigioso más los intereses
legales causados desde la fecha de dicho contrato hasta la sentencia. Por último,
ordenó continuar con el trámite del proceso y practicar la liquidación del crédito.
La entidad territorial decidió hacer uso del derecho de retracto, a través de
memorial enviado por correo electrónico el 15 de mayo de 2019. Sin embargo,
puso de presente que aun cuando acepta el derecho de retracto, ello “no implica
de nuestra parte el desconocimiento de la ilicitud de la obligación cuya ejecución
se persiguió con el presente medio de control”. Al respecto, advirtió que la Sala de
Casación Penal en sentencia de 10 de mayo de 20179 declaró la responsabilidad
penal de las señoras Betty Mercado Barrios y Lunela Palis Viana en la comisión
del delito de falsedad ideológica, al emitir certificados de recibo de los bienes, a
pesar de que dichos elementos no fueron entregados.
6
Sentencia SP6614-2017, radicación No. 45147, M.P. Eugenio Fernández Carlier.
7
C.P. Stella Conto Díaz del Castillo.
8
C.P. Martín Bermúdez Muñoz.
9
Sentencia SP6614-2017, radicación No. 45147, M.P. Eugenio Fernández Carlier.
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Radicado: 11001-03-15-000-2020-05228-01
Demandante: Departamento de Bolívar
1.1.13. Por auto de 10 de septiembre de 2019, el Tribunal Administrativo de
Bolívar ordenó obedecer y cumplir lo resuelto por la Sección Tercera, Subsección
“B” del Consejo de Estado y practicar la liquidación del crédito en los términos del
artículo 521 del CPC.
1.1.14. En oficio de 22 de enero de 2020, la profesional universitaria de apoyo
contable y financiero del Tribunal Administrativo de Bolívar presentó la liquidación
actualizada del crédito, indicando que no había lugar al pago de suma alguna,
dado que al haberse ejercido el derecho de retracto por parte del departamento de
Bolívar, únicamente le corresponde pagar el valor de la cesión de derechos
litigiosos más los intereses legales causados desde la fecha de dicho contrato
hasta la sentencia, suma que fue cubierta con los “depósitos judiciales que se
realizaron entre el 9 y 10 de marzo de 2010”, por lo que concluyó que “la
obligación ha sido cancelada”10.
1.2. Del recurso extraordinario de revisión
1.2.1. El 16 de enero de 2020, el Departamento de Bolívar interpuso recurso
extraordinario de revisión contra la decisión proferida el 10 de abril de 2019, por la
Sección Tercera, Subsección “B” del Consejo de Estado, con sustento en la causal
de revisión descrita en el numeral 2º del artículo 250 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), consistente en
“Haberse dictado la sentencia con fundamento en documentos falsos o
adulterados”. En el recurso señaló que los documentos que sirvieron de base para
adelantar el proceso ejecutivo contractual, con los cuales se pretendía demostrar
el cumplimiento de la obligación, eran falsos (exp. No. 11001-03-15-000-2020-
00085-00).
En particular, se estimó que los certificados de ingreso al almacén, requisito
obligatorio para el pago, habían sido falsificados por las funcionarias que se
desempeñaban como supervisora del contrato y jefe de almacén de la
Gobernación de Bolívar.
Se indicó que la falsedad quedó demostrada por la Sala de Casación Penal de la
Corte Suprema de Justicia, en sentencia de 10 de mayo de 201711, por lo que el
pago de la obligación resulta inviable e ilícito para el Departamento de Bolívar,
como quiera que los elementos objeto del contrato nunca fueron recibidos.
1.2.2. La Sala Sexta Especial de Decisión del Consejo de Estado en sentencia de
6 de octubre de 202012, resolvió declarar infundado el recurso extraordinario de
revisión interpuesto por el Departamento de Bolívar contra la sentencia proferida
por la Subsección “B” de la Sección Tercera del Consejo de Estado el 10 de abril
de 2019, que confirmó la sentencia del 16 de julio de 2009, dictada por el Tribunal
Administrativo de Bolívar.
Lo anterior, teniendo en cuenta que “la causal que invocó no se configuró en el
caso concreto, toda vez que el único documento que aduce como sustento del
recurso fue proferido por una autoridad judicial penal, más de un año antes, de
que se profiriera la decisión objeto de controversia, sin que la parte recurrente
hubiese aducido imposibilidad de conocerlo o acceder a él”. Agregó que la entidad
territorial debió poner en conocimiento de la Sección Tercera, Subsección “B” del
Consejo de Estado la existencia de la decisión penal, sin embargo, dicha falencia
no puede ser corregida a través del recurso extraordinario de revisión.
10
Folio 474 del expediente digital que contiene el recurso extraordinario de revisión radicado bajo
el No. 11001-03-15-000-2020-00085-00. Índice 17 SAMAI.
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Sentencia SP6614-2017, radicación No. 45147, M.P. Eugenio Fernández Carlier.
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C.P. Carlos Enrique Moreno Rubio.
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Demandante: Departamento de Bolívar
2. Fundamentos de la acción
El Departamento de Bolívar presentó acción de tutela con el objeto de que se
amparen los derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa y de acceso
a la administración de justicia, así como del principio de prevalencia del derecho
sustancial sobre el formal, supuestamente vulnerados por la Sala Sexta Especial
de Decisión del Consejo de Estado, al proferir la decisión de 6 de octubre de 2020,
mediante la cual se declaró infundado el recurso extraordinario de revisión
formulado contra la sentencia proferida por la Subsección “B” de la Sección
Tercera del Consejo de Estado el 10 de abril de 2019.
La parte actora consideró que la sentencia demandada incurrió en los siguientes
defectos:
Defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, al considerar que la
autoridad judicial demandada aplicó de manera mecánica las normas procesales,
renunciando conscientemente a la verdad jurídica objetiva del proceso.
En concreto, sostuvo que la falsedad documental presente en el proceso recaía
directamente sobre algunos documentos que integraban el título ejecutivo que
soportaba el crédito y eran requisito insoslayable para el pago de la obligación, lo
cual constituye la verdad jurídica objetiva del proceso.
Indicó que “los documentos revestidos de falsedad corresponden a las
certificaciones expedidas por las funcionarias BETTY DEL CARMEN MERCADO
BARRIOS, Coordinadora del programa de Urgencia, Emergencia y Desastres de
la Gobernación de Bolívar, quien fungía como interventora de los contratos e hizo
constar que las mercancías habían sido recibidas el 27 de diciembre de 2007, y la
señora LUNELA PALIS VIANA, Jefe de Almacén, quien indicó que la recepción de
los elementos se había cumplido el 30 y 31 de diciembre de 2007”.
Aseguró que en la contestación de la demanda, a través de la excepción de
contrato no cumplido, se hizo una amplia descripción de las irregularidades que
rodearon el proceso de entrega de los bienes objeto del contrato y que en todo
caso hicieron evidente el incumplimiento del contratista GESTOCOOP, respecto
de su obligación contractual. Sin embargo, refirió que dicho argumento fue omitido
por las instancias del proceso ejecutivo contractual y por la Sala Sexta Especial de
Revisión del Consejo de Estado, “obligando al departamento de Bolívar a pagar
una obligación sin fundamento alguno”.
Sobre el particular, sostuvo que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema
de Justicia mediante sentencia de 10 de mayo de 201713, resolvió casar la
sentencia de 21 de mayo de 2014, emitida por el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Cartagena, que absolvió a Betty del Carmen Mercado Barrios y Lunela
Palis Viana del delito de falsedad ideológica en documento público y, en
consecuencia, confirmó la sentencia proferida por el Juzgado Primero Penal del
Circuito de Cartagena que las condenó como autoras del citado delito, por lo que
aseguró que es claro que dicha decisión corrobora lo manifestado por la entidad
territorial desde la contestación de la demanda ejecutiva.
En este orden de ideas, concluyó que la providencia objeto de reproche
constitucional basó su decisión en aspectos formales dado que se sustentó en que
la entidad no aportó de manera oportuna la sentencia que resolvió el recurso
extraordinario de casación, desconociendo la falsedad de los documentos que
integraban el título ejecutivo, los cuales reposaban en el expediente ejecutivo
desde el inicio, pues en ellos se sustentaba el cumplimiento de la obligación.
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Sentencia SP6614-2017, radicación No. 45147, M.P. Eugenio Fernández Carlier.
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Demandante: Departamento de Bolívar
Refirió que, al margen de lo anterior, la autoridad judicial demandada debió
analizar el fondo del debate propuesto en el recurso, lo que implicaba un
pronunciamiento en torno a la falsedad de los documentos que acreditaron el
cumplimiento de la obligación, aspecto en el cual se sustentaba la causal
invocada.
Defecto sustantivo por interpretación errónea o irrazonable de la causal de
revisión contenida en el numeral 2 del artículo 250 del CPACA, consistente en “2.
Haberse dictado la sentencia con fundamento en documentos falsos o
adulterados”.
En concreto, sostuvo que la autoridad judicial demandada impuso una condición a
la causal que no se encuentra descrita en la norma, dado que de la lectura literal
de la misma se puede advertir que el único requisito es que la decisión se hubiese
cimentado en documentos falsos o adulterados, sin que sea viable exigir “que la
falsedad haya sido alegada o expuesta en el proceso o que hubiese sido puesta
en conocimiento del fallador con anterioridad”.
Aseveró que dicha interpretación resulta “irrazonable desde la óptica de la
finalidad del recurso extraordinario de revisión de la Ley 1437 de 2011, y de los
recursos extraordinarios en la teoría procesal en general, que corresponde a la
guarda de la legalidad en las decisiones judiciales y la realización de la justicia
objetiva. Esto se concluye debido a que, pese a estarse poniendo de presente, vía
recurso extraordinario, la ilicitud de la obligación cuya ejecución se ordenó seguir
adelante, el juzgador empleó una interpretación que no consulta con la revisión de
las circunstancias que así lo demuestran”.
Sobre el particular, mencionó la sentencia de 29 de abril de 2015, de la Sección
Tercera, Subsección “B” del Consejo de Estado14, en la que se efectuaron las
siguientes precisiones en torno a la naturaleza y finalidad del recurso
extraordinario de revisión:
“Es decir, el recurso extraordinario de revisión no puede servir para cuestionar la
actividad interpretativa del juez o para corregir errores in iudicando, sino que fue
consagrado para discutir y ventilar hechos procesales específicos que, o incidieron
indebidamente en la decisión mediante la cual se resolvió el litigio –como es el caso
de los documentos falsos o adulterados-, o no pudieron ser tenidos en cuenta a pesar
de ser determinantes para la misma –como ocurre con las pruebas recobradas o la
aparición de una persona con mejor derecho-, o fueron sobrevinientes a la decisión y
hacen que esta última carezca de razón de ser – como en el caso de la causal cuarta-,
o deben poder ser objeto de examen judicial –como cuando existe una nulidad
originada en la sentencia y esta no era objeto de recurso de apelación-.
En otros términos, el recurso busca revertir decisiones que fueron ganadas
injustamente, esto es, por medios ilícitos o irregulares, pero no para tratar de
enmendar lo que, en términos legales y jurisprudenciales se conocen como errores
judiciales, es decir, los casos de inadecuada valoración de las pruebas (error de
hecho), falta de aplicación de la norma correspondiente o indebida aplicación de la
misma (error de derecho). (…) por ser un recurso extraordinario cuya procedencia
está limitada a causales taxativamente enumeradas, quien lo ejerce tiene la elemental
obligación de indicar con precisión cuál es la invocada y, más allá de ese formalismo,
debe señalar con claridad y exactitud cuáles son los motivos y especialmente los
hechos que le sirven de fundamento y la configuran”.
Defecto fáctico, pues a pesar de que los documentos que adolecen de falsedad
reposan en el expediente del proceso ejecutivo y fueron debidamente
referenciados en el recurso extraordinario de revisión, la autoridad judicial
demandada “se cerró a la posibilidad de auscultar la verdad objetiva contenida en
dichos documentos, pese a haber solicitado el expediente en calidad de préstamo
14
Exp. No. 25000-23-26-000-1999-00319-01(26239), C.P. Danilo Rojas Betancourt.
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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Demandante: Departamento de Bolívar
al Tribunal Administrativo de Bolívar, soportando su juicio [únicamente] en la
sentencia de la Corte Suprema de Justicia y la oportunidad para allegarla como
prueba al proceso”.
Así mismo, aseguró que la decisión demandada desconoció que la sentencia que
resolvió el recurso extraordinario de casación fue proferida con posterioridad al
vencimiento del término para alegar de conclusión, dispuesto en el auto de 7 de
febrero de 2011, por lo que el Departamento de Bolívar se encontraba
imposibilitado para hacer referencia a la misma.
Por último, adujo que la solicitud de amparo cumple con los requisitos generales
de procedibilidad, en tanto la autoridad judicial demandada incurrió en “una vía de
hecho”, se agotaron todos los mecanismos de defensa judicial y se interpuso
dentro de un plazo razonable y proporcionado.
3. Pretensiones
En la solicitud de amparo se formularon las siguientes:
“4.1. TUTELAR los derechos fundamentales de mi al debido proceso,
defensa, acceso a la administración de justicia, y prevalencia del
derecho sustancial sobre el formal, establecidos en los artículos 29, 228
y 229 de la Constitución Política de Colombia.
4.2. DECLARAR que la decisión proferida por la SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SALA ESPECIAL DE DECISIÓN
6 del CONSEJO DE ESTADO, de fecha 6 de octubre de 2020, con
ponencia del Magistrado CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO,
mediante la cual se declaró infundado el recurso extraordinario de
revisión presentado por el Departamento de Bolívar, violó los artículos
29, 228 y 229 de la Constitución Política de Colombia.
4.3. ORDENAR las medidas necesarias orientadas al amparo de los
derechos fundamentales de mi representado al debido proceso,
defensa, acceso a la administración de justicia, y prevalencia del
derecho sustancial sobre el formal”.
4. Pruebas relevantes
Por correo electrónico de 1 de febrero de 2021, la autoridad judicial demandada
remitió copia digitalizada del expediente que contiene el recurso extraordinario de
revisión radicado bajo el No. 11001-03-15-000-2020-00085-0015.
5. Trámite procesal
5.1. La Sección Tercera, Subsección “C” del Consejo de Estado, por auto de 15 de
enero de 2021 admitió la acción de tutela y ordenó notificar a la parte demandante,
a la autoridad judicial demandada, al señor Carlos Alberto Muñoz Aguirre, a la
Subsección “B” de la Sección Tercera del Consejo de Estado y al Tribunal
Administrativo de Bolívar, así como a todos los que participan como parte actora,
pasiva, terceros interesados y/o vinculados en el proceso ejecutivo contractual
radicado No. 13001-23-31-000-2008-00120-02.
En el mismo auto se decretó la medida provisional solicitada, consistente en
ordenar la suspensión de cualquier tipo de orden judicial relacionada con el pago
de la obligación debida por el Departamento de Bolívar al señor Carlos Alberto
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Índice 17 SAMAI.
8
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Radicado: 11001-03-15-000-2020-05228-01
Demandante: Departamento de Bolívar
Muñoz Aguirre dentro del proceso ejecutivo contractual radicado No. 13001-23-31-
000-2008-00120-00, mientras se adelanta la acción constitucional y hasta tanto no
se informe por esta Corporación de la respectiva providencia que resuelva de
fondo el asunto.
La decisión se sustentó en que del estudio del expediente se logró comprobar la
existencia de un perjuicio irremediable por cuenta “de la obligación latente de
cancelar una suma que asciende, aproximadamente, a $1.165.509.154 a quien, al
parecer, no cumplió con su obligación contractual al haberse falsificado los
documentos que soportaban la entrega de los elementos debidos, de conformidad
con el fallo condenatorio proferido por la Sala de Casación Penal de la Corte
Suprema de Justicia”.
Por lo anterior, indicó que al encontrarse en curso un proceso ejecutivo contractual
que se caracteriza por su celeridad, en el cual ya se procedió a ordenar la
liquidación del crédito por parte del Tribunal Administrativo de Bolívar e incluso se
han recibido memoriales del Banco Caja Social sobre la solicitud de embargo,
resultaba urgente la adopción de la medida provisional solicitada, pues de no
realizarse una actuación por parte del juez constitucional, la ejecución del pago se
podía materializar, ocasionándose el daño que precisamente se busca evitar al
promover el presente amparo.
La Secretaría General de esta Corporación libró las notificaciones electrónicas Nº
3342 a 3351 de 18 de enero de 2021 y 4272 de 20 de enero de 2021, con el fin de
dar cumplimiento a la referida decisión.
Encontrándose el proceso al despacho para proferir fallo de primera instancia, el
Magistrado Jaime Enrique Rodríguez Navas, a través de oficio remitido el 5 de
marzo de 2021, manifestó que se encontraba impedido para conocer del asunto,
dado que fue miembro de la Sala contra la que se dirige la acción constitucional y
suscribió la providencia contra la cual se solicita el amparo, lo que configura la
causal prevista en el numeral 6º del artículo 56 del Código de Procedimiento
Penal, consistente en haber dictado la providencia de cuya revisión se trata.
Por auto de 9 de abril de 2021, la Sala de conocimiento aceptó el impedimento
dado que, al revisar el expediente del recurso extraordinario de revisión radicado
bajo el No. 11001-03-15-000-2020-00085-00, constató que el Consejero
Rodríguez Navas hace parte de la Sala Sexta Especial de Decisión del Consejo de
Estado y, por lo mismo, suscribió la providencia del 6 de octubre de 2020, que se
ataca por vía de tutela.
Ante el impedimento del Magistrado Jaime Enrique Rodríguez Navas y por verse
afectado el quórum deliberatorio y decisorio de la Subsección “C” de la Sección
Tercera del Consejo de Estado se ordenó el sorteo de conjuez por auto de 3 de
mayo de 2021. El sorteo se llevó a cabo el 10 del mismo mes y año, en el que se
designó a la Magistrada Marta Nubia Velásquez Rico de la Subsección “A” de la
Sección Tercera del Consejo de Estado.
5.2. Encontrándose el proceso al despacho para proferir sentencia de segunda
instancia, el 7 de septiembre de 2021, el Consejero Julio Roberto Piza Rodríguez,
a quien le había sido repartido el expediente, manifestó impedimento para conocer
de la tutela de la referencia en los términos del artículo 56-6 de la Ley 906 de
2004, dado que lo que se cuestiona es la providencia de 6 de octubre de 2020,
que suscribió como integrante de la Sala Sexta Especial de Decisión de la
Corporación.
Mediante auto de 27 de octubre de 2021, la Consejera Ponente aceptó el
impedimento manifestado por el precitado Consejero, al encontrarlo fundado y
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Demandante: Departamento de Bolívar
justificado, dado que se encuentra acreditado que como integrante de la Sala
Sexta Especial de Decisión del Consejo de Estado, suscribió la sentencia de 6 de
octubre de 2020, dentro del recurso extraordinario de revisión No. 11001-03-15-
000-2020-00085-00. Por lo anterior, le separó del conocimiento de la misma y
avocó el conocimiento de la presente acción de tutela.
El expediente ingresó al despacho para emitir decisión de segunda instancia el 9
de noviembre de 2021.
6. Oposición
6.1. Respuesta de la Sala Sexta Especial de Decisión del Consejo de Estado
Mediante correo electrónico de 20 de enero de 2020, el Magistrado Carlos Enrique
Moreno Rubio en su condición de ponente de la decisión demandada, solicitó que
se nieguen las pretensiones formuladas en el escrito de tutela, al considerar que la
providencia de 6 de octubre de 2020, en la que se resolvió el recurso
extraordinario de revisión propuesto por el Departamento de Bolívar contra la
sentencia proferida por la Subsección “B” de la Sección Tercera del Consejo de
Estado el 10 de abril de 2019, “fue proferida en derecho, con observancia de todas
las garantías procesales y con base en la legislación vigente”.
Indicó que la decisión de declarar infundado el recurso extraordinario de revisión
obedeció a que dicho mecanismo judicial no puede ser utilizado para subsanar la
falta de actividad probatoria o gestión procesal de las partes, sino para cuando
aparezcan situaciones o evidencias posteriores a la decisión definitiva que no
pudieron ser puestas en conocimiento del juez antes de que fallara.
Al respecto, sostuvo que en la providencia demandada se mencionó la
jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional, que da cuenta
de que en el recurso extraordinario de revisión no es posible “pretender subsanar
o corregir errores u omisiones de la propia parte en el ejercicio del derecho de
contradicción (…)”16, teniendo en cuenta que su finalidad es realizar “un examen
detallado de ciertos hechos nuevos que afectan la decisión adoptada y el sentido
de justicia que de ella emana”17.
Refirió que de conformidad con el artículo 180 del CPC, la actividad de
contradicción no se agota en las oportunidades legalmente previstas para solicitar
o aportar pruebas, pues ante el acaecimiento de ciertos hechos extraordinarios
que puedan influir en la sentencia, la parte interesada debe ponerlos en
conocimiento del juez para que éste, en procura del esclarecimiento de la verdad,
adopte las medidas pertinentes.
Aseveró que en virtud de dicho precepto y de lo establecido en el artículo 169 del
CCA, el juez puede decretar pruebas de oficio, no solo en los términos probatorios
de las instancias e incidentes, sino también en oportunidades posteriores siempre
que no se haya proferido sentencia.
Además, manifestó que de conformidad con el artículo 305 del CPC, el juez tiene
el deber de considerar cualquier hecho relevante para el sentido del fallo, así este
haya acontecido con posterioridad a la presentación de la demanda, siempre que
se alegue por la parte interesada a más tardar en sus alegatos de conclusión, o
bien, si tal alegato no procede, antes de que el expediente ingrese al Despacho
para dictar sentencia.
16
Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión No. 27, sentencia de 3 de noviembre de 2017,
exp. No. 11001-03-15-000-2017-00859-00(REV), C.P. Rocío Araújo Oñate.
17
Corte Constitucional, sentencia C- 520 de 2009, M.P. María Victoria Calle Correa.
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Demandante: Departamento de Bolívar
En cuanto al caso bajo examen, adujo que el Departamento de Bolívar, en el
trámite del proceso ejecutivo, se abstuvo de poner en conocimiento del juez de
segunda instancia la existencia de una decisión judicial en la que se determinó la
falsedad ideológica de algunos de los medios probatorios con los que se demostró
el cumplimiento de la obligación contractual que era el objeto de ese trámite
judicial.
Advirtió que la parte ejecutada optó por guardar silencio, a pesar de que el último
paso al despacho para el fallo del expediente ejecutivo se dio el 15 de febrero de
2018, es decir, con posterioridad a la emisión de la sentencia de 10 de mayo de
2017 de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia18.
Destacó que el Departamento de Bolívar al ser parte del proceso penal que
culminó con la sentencia de casación de la Corte Suprema de Justicia, tenía
conocimiento que sobre los documentos que sustentaron el cumplimiento del
contrato existía un señalamiento de falsedad ideológica, por lo que no es
comprensible que no haya hecho mención de tal circunstancia durante el trámite
del proceso ejecutivo.
En este orden de ideas, concluyó que el recurso extraordinario de revisión fue
elevado con el fin de subsanar una “falencia en materia de contradicción que, por
desidia, no ejerció en el transcurso del proceso ejecutivo, propósito para el cual no
se instituyó este mecanismo, de manera que no resultaba procedente el análisis
de fondo planteado en sede extraordinaria, consistente en el estudio de los
documentos cuya falsedad se adujo”.
6.2. Respuesta de la Sección Tercera, Subsección “B” del Consejo de Estado
Por escrito de 19 de enero de 2021, el Consejero Martín Bermúdez Muñoz,
manifestó que no participaría de la acción de tutela y que acataría estrictamente
las disposiciones que se adopten en ella.
6.3. Respuesta del señor Carlos Alberto Muñoz Aguirre
En memorial de 4 de febrero de 2021, el señor Carlos Alberto Muñoz Aguirre,
mediante apoderado judicial, solicitó que se nieguen las pretensiones de la acción
de tutela, al considerar que no se configuraron los defectos invocados por la
entidad territorial accionante.
Señaló que la autoridad judicial demandada valoró el cumplimiento contractual, no
solo con los documentos referenciados, sino también con las pruebas decretadas
en el proceso que permitieron despejar las dudas respecto a la entrega de los
mercados y kits de aseo.
En particular, mencionó que se tuvo en cuenta la copia de la decisión de 4 de abril
de 2017, mediante la cual la Fiscalía General de la Nación resolvió precluir la
investigación adelantada en contra del gobernador Libardo Simancas Torres. A lo
que agregó que las certificaciones objeto de debate, expedidas por las señoras
Betty del Carmen Mercado Barrios y Lunela Palis Viana, ni siquiera fueron
tachadas de falsedad por el Departamento de Bolívar durante el proceso ejecutivo
contractual.
En este sentido, sostuvo que la decisión que resolvió declarar infundado el recurso
extraordinario de revisión explicó de forma suficiente el objeto y alcance de la
causal invocada, concluyendo que la misma no se configuró en el caso concreto,
dado que el único documento que aduce como sustento del recurso fue proferido
18
Sentencia SP6614-2017, radicación No. 45147, M.P. Eugenio Fernández Carlier.
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por una autoridad judicial penal, más de un año (1) antes, de que se profiriera la
decisión objeto de controversia, sin que la parte recurrente hubiese aducido
imposibilidad de conocerlo o acceder a él.
En cuanto a la configuración del defecto procedimental, indicó que la decisión
tuvo en cuenta el objeto del recurso extraordinario de revisión, que consiste en
“procurar el restablecimiento de la justicia material de la decisión, cuando quiera
que esta última ha sido afectada por situaciones exógenas que no pudieron
plantearse en el proceso correspondiente”. Por lo anterior, estimó que la
providencia demandada fue acertada al considerar que la entidad territorial debió
aportar copia de la sentencia de 10 de mayo de 2017, proferida por la Sala de
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia aún cuando ésta haya sido
proferida con posterioridad al traslado para presentar los alegatos de conclusión
en la segunda instancia del proceso ejecutivo contractual.
Así mismo, refirió que contrario a lo señalado en el escrito de tutela, la Sala Sexta
Especial de Decisión del Consejo de Estado, efectuó el análisis correspondiente
en cuanto a la causal invocada, pues estableció que para que prospere debe
tenerse certeza de la falsedad de los documentos con posterioridad a la sentencia
atacada y no durante el trámite del proceso ordinario. De este modo, concluyó que
como en el caso concreto la sentencia de casación no se aportó antes de la
sentencia de segunda instancia, pudiéndolo hacer, no puede remediarse dicho
error a través del recurso extraordinario de revisión.
Por otro lado, sostuvo que tampoco se configuró el defecto sustantivo dado que
interpretó de forma correcta la causal invocada, contenida en el artículo 250,
numeral 2 del CPACA, teniendo en cuenta que según la lectura literal de la norma,
para que proceda es necesario demostrar que la sentencia objeto del recurso
extraordinario de revisión se hubiera dictado con base en documentos falsos o
adulterados, lo que, en su sentir, significa que dichos documentos debieron ser
tachados de falsedad sin que el juez a cargo del proceso haya atendido dicho
ruego probatorio.
Enseguida, refirió que la naturaleza de la mencionada causal se definió en la
sentencia de 1 de agosto de 2016, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de
Estado, según la cual:
“(…) la estructuración de la causal por falsedad ideológica requiere de la acreditación
del dolo, so pena de que la alteración intelectual del contenido del documento pueda
imputarse a un simple error o imprecisión involuntaria de su autor. (…) La falsedad
material exige el cotejo de distintos documentos con miras a establecer la afectación
de su integridad material, sea porque se crea uno nuevo, o porque se altera alguno de
los elementos que conforman su contenido. Por esto, no es necesaria la prueba del
dolo o intención falsaria, en tanto lo que debe establecerse es la denominada
‘falsedad civil’. Adicionalmente, esta falsedad –la material- no debe sustentarse en
irregularidades conocidas o que debieron conocerse en instancias previas al recurso
extraordinario de revisión, ya que para su resolución se debieron agotar los
mecanismos dispuestos por el ordenamiento en el proceso y en la instancia
respectiva. Es por eso por lo que en el recurso extraordinario de revisión solo es
procedente ventilar los hechos constitutivos de falsedad que sean conocidos con
posterioridad a la sentencia que se revisa, pues no existiría otro medio o mecanismo
procesal para cuestionar la autenticidad del documento y obtener la justicia material
de la providencia proferida con base en el mismo” 19.
Por último, en relación con el defecto fáctico, sostuvo que no está llamado a
prosperar pues aun cuando las certificaciones señaladas como falsas fueron
aportadas al proceso ejecutivo y se reseñaron en el recurso extraordinario de
revisión, en realidad, lo que origina la improcedencia de la causal invocada es que
no se haya aportado a tiempo la sentencia proferida por la Sala de Casación Penal
19
Exp. No. 11001-03-27-000-2015-00027-00, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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de la Corte Suprema de Justicia, pues la finalidad de dicho trámite judicial consiste
en “procurar el restablecimiento de la justicia material de la decisión, con la
imperiosa condición que dicha justicia material haya sido franqueada por causas
externas al proceso, y que no pudiesen proponerse en instancia”.
Además, destacó que la acción de tutela resulta improcedente dado que el
Departamento de Bolívar, luego de notificada la decisión de segunda instancia,
ejerció el derecho de retracto, contemplado en el ordinal segundo de la parte
resolutiva de la providencia de 10 de abril de 2019, de la Sección Tercera,
Subsección “B” del Consejo de Estado, aceptando pagar únicamente el valor de
los derechos litigiosos y los intereses que se causaron, con lo cual se presume la
aceptación de la obligación por parte de la entidad territorial.
En este orden de ideas, aseguró que “la decisión proferida por la Sala N° 6 de
Decisión de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, no vulneró los
derechos fundamentales invocados por la parte actora. Por el contrario, la decisión
cuestionada explicó el objeto y alcance de la causal invocada en el recurso
extraordinario de revisión y concluyó que la causal alegada no se configuró en el
caso concreto, toda vez que el único documento que aduce como sustento del
recurso fue proferido por una autoridad judicial penal, más de un año antes, de
que se profiriera la decisión objeto de controversia, sin que la parte recurrente
hubiese aducido imposibilidad de conocerlo o acceder a él”.
6.4. Mediante oficio de 19 de enero de 2021, el secretario general del Tribunal
Administrativo de Bolívar indicó que el expediente del recurso extraordinario de
revisión requerido en préstamo se encontraba en las instalaciones del Consejo de
Estado, por lo que no era posible dar cumplimiento al requerimiento efectuado en
el marco de la acción de tutela. Sin embargo, se abstuvo de efectuar
pronunciamiento alguno en torno a los hechos, fundamentos y pretensiones
formuladas por el departamento de Bolívar en la solicitud de amparo.
7. Sentencia de tutela impugnada
El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “C”, en sentencia de 14 de
mayo de 202120, declaró la improcedencia de la acción de tutela y dejó sin efectos
la medida provisional decretada en el numeral segundo del auto admisorio emitido
el 15 de enero de 2021.
La decisión se sustentó en que no existe una conducta respecto de la cual se
pueda efectuar el juicio de vulnerabilidad de derechos fundamentales, por las
siguientes razones:
“(…) si bien la acción tuitiva va encaminada a reprochar el fallo emitido; su razón de
ser es evitar el pago de los dineros por los cuales el señor Carlos Alberto Muñoz
Aguirre inició el proceso ejecutivo contractual en contra del ente territorial tutelante, los
cuales, según expuso este último, están en proceso de liquidación por parte del
Tribunal Administrativo de Bolívar.
Empero, como quedó evidenciado en los hechos 1.1.9. y 1.1.18. de esta providencia,
tales sumas dinerarias ya fueron entregadas. Desembolsos que, según el informe
emitido por la profesional universitaria de apoyo contable y financiero del Tribunal
Administrativo de Bolívar y los soportes emitidos por el Banco Agrario de Colombia en
su momento, se materializaron el 09 y 11 de marzo de 2010, en efectivo.
4.3.- Por consiguiente, resulta palmario que no hay una conducta específica activa u
omisiva de la cual salvaguardar al interesado, en la medida que el perjuicio que se
buscaba impedir, hace más de 10 años se concretó. Por ende, cualquier orden de
protección que emita el juez constitucional deviene inane, en tanto no existiría forma
de retrotraer los efectos de situaciones consolidadas de tiempo atrás, máxime cuando
20
C.P. Nicolás Yepes Corrales.
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se trata de un hecho que no ocurrió en el trascurso de la presente acción21 y del que,
aparentemente, ni se percató la parte accionante.
Lo antecedente obliga a esta Sala de Subsección a dejar sin efectos la medida
provisional decretada desde el auto admisorio del presente trámite, la cual se dictó
con la información imperante en ese momento, pero que, ahora, con todos los
insumos allegados, resulta innecesaria, pues, tal como se expuso, el daño que se
buscaba sortear con este mecanismo constitucional no existe, en tanto se consolidó
hace más de una década”.
Con sustento en lo expuesto, concluyó que la solicitud de amparo constitucional
era improcedente.
8. Escrito de impugnación
8.1. Dentro del término previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, el
accionante impugnó la sentencia con el fin de que se revoque la decisión de
primera instancia y se acceda a las pretensiones de la demanda.
En primer lugar, adujo que la decisión del a quo incurrió en error “al afirmar que no
se presenta en este caso el presupuesto lógico-jurídico requerido para la viabilidad
de la acción de tutela”, dado que la solicitud se dirige a controvertir la decisión de
6 de octubre de 2020, que resolvió declarar infundado el recurso extraordinario de
revisión. Con lo cual, es claro que el debate propuesto está relacionado con la
procedencia del recurso extraordinario de revisión, sustentado en la falsedad de
los documentos que soportaron la ejecución de las obligaciones en el proceso de
origen, y que, por tanto, abrían la posibilidad de cuestionar en sede de revisión las
decisiones de instancia en el proceso ejecutivo contractual.
Además, sostuvo que más allá de que el pago de la obligación ya se hubiese
materializado desde el 9 y 11 de marzo de 2010, según el informe emitido por la
profesional universitaria de apoyo contable y financiero del Tribunal Administrativo
de Bolívar y los soportes emitidos por el Banco Agrario, es necesario resolver de
fondo la solicitud de amparo con el fin de establecer si la providencia demandada
incurrió en los defectos invocados, “al declarar infundado el recurso extraordinario,
aun cuando estaban dados los presupuestos que estructuraban la causal de
revisión descrita en el numeral 2o. del artículo 250 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, consistente en ‘Haberse dictado
la sentencia con fundamento en documentos falsos o adulterados’”.
Por último, indicó que aun cuando el pago de la obligación se efectuó desde el año
2010, lo cierto es que el 29 de junio de 2019, el señor Carlos Alberto Muñoz
Aguirre, a través de apoderado, presentó solicitud de “transacción o conciliación”,
por las sumas de dinero adeudadas en los procesos ejecutivos No. 13001-23-31-
000-2008-00257-00 y No. 13001-33-31-003-2008-00042-02, con fundamento en la
sentencia proferida por la Sección Tercera, Subsección “B” del Consejo de Estado
el 10 de abril de 2019, la cual fue objeto de análisis en el recurso extraordinario de
revisión en cuestión.
8.2. A través de memorial de 10 de agosto de 2021, el apoderado de la entidad
demandada remitió copia de la sentencia de 2 de agosto de 2021, proferida por la
Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia (rad. No. 50211), en el
marco del proceso penal iniciado contra el ex gobernador del departamento de
Bolívar, Joaco Berrio Villareal, por el presunto delito de prevaricato por omisión, al
21
Ello para denotar que no tiene cabida la figura de la carencia actual de objeto, en la medida que
esta solo tiene lugar cuando luego de acudir al juez constitucional, la situación ha sido superada o
resuelta de alguna forma, de modo que no tendría sentido un pronunciamiento de la autoridad
judicial, pues la orden que emite caería en el vacío. Al respecto, consultar la sentencia SU-522 de
2019 de la Corte Constitucional.
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abstenerse de gestionar la entrega de los insumos adquiridos bajo el estado de
emergencia destinados a atender a la población afectada por los estragos dejados
por la ola invernal acaecida en el año 2007, los cuales fueron contratados con
GESTOCOOP y la Fundación Trabajar por Colombia.
En la referida decisión se absolvió al ex gobernador del departamento de Bolívar,
Joaco Berrio Villareal, pues dada la falsedad de las actas de recibo de las
mercancías contratadas no le era exigible al funcionario proceder a la entrega de
los elementos que formalmente no ingresaron a la administración.
9. Intervención del señor Carlos Alberto Muñoz Aguirre
Mediante escrito de 30 de agosto de 2021, el señor Carlos Alberto Muñoz Aguirre,
a través de apoderado judicial, manifestó que debe mantenerse la improcedencia
de la acción de tutela dado que la estrategia litigiosa del Departamento de Bolívar
desconoce la dignidad de la justicia, lealtad, probidad y buena fe, dado que
mediante memorial de 15 de mayo de 2019, había aceptado el derecho de retracto
de conformidad con lo ordenado por la Sección Tercera, Subsección “B” del
Consejo de Estado, en la sentencia de 10 de abril de 2019, de lo que se “infiere
aceptación del crédito y desistimiento judicial”.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y 25 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir la presente
impugnación.
2. Planteamiento del problema jurídico
Le corresponde a la Sala, en los términos del escrito de impugnación, determinar
si se debe revocar la sentencia de primera instancia proferida el 14 de mayo de
2021, por la Sección Tercera, Subsección “C” del Consejo de Estado que declaró
la improcedencia de la acción de tutela, en tanto se debe acceder a las
pretensiones de solicitud dado que la Sala Sexta Especial de Decisión del Consejo
de Estado vulneró los derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa y
de acceso a la administración de justicia, así como del principio de prevalencia del
derecho sustancial sobre el formal, al incurrir en defecto procedimental, sustantivo
y fáctico.
Lo anterior, a juicio de la parte actora, teniendo en cuenta que declaró infundado el
recurso extraordinario de revisión presentado contra la sentencia de 10 de abril de
2019, proferida por la Sección Tercera, Subsección “B” del Consejo de Estado,
con base en un aspecto meramente formal, como es el hecho de no haber
aportado antes de la emisión de la sentencia de segunda instancia, copia de la
sentencia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la
que se condenó a las señoras Betty del Carmen Mercado Barrios y Lunela Palis
Viana por el delito de falsedad ideológica en documento público, desconociendo
que lo que se busca con el recurso extraordinario de revisión es establecer la
verdad objetiva, esto es, la existencia de documentos falsos que sirvieron como
base del proceso ejecutivo contractual.
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3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales
El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá acción de
tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por
la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”, mandato que materializa las
obligaciones internacionales contenidas en los artículos 25 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos22 y 2.3 literal a) del Pacto de Derechos
Civiles y Políticos23, instrumentos que hacen parte de la legislación interna en
virtud del bloque de constitucionalidad (art. 93 de la Carta).
Esta Corporación judicial en la sentencia de unificación emanada de la Sala Plena
de lo Contencioso Administrativo el 31 de julio de 201224, acogió la tesis de admitir
la procedencia excepcionalísima de la solicitud de tutela contra providencias
judiciales, cuando se advierta una manifiesta vulneración iusfundamental.
Más adelante, la misma Sala en sentencia de unificación del 5 de agosto de
201425, precisó el ámbito de aplicación de la acción de tutela contra providencias
judiciales, lo que llevó a concluir que su procedencia se debe predicar, también,
respecto “de sus máximos tribunales”, en tanto se trata de autoridades públicas
que “pueden eventualmente vulnerar los derechos fundamentales de personas”.
En la misma decisión, el Consejo de Estado acogió las condiciones de aplicación
que sistematizó la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 200526.
Los requisitos generales de procedencia que deben ser verificados, son: (i) Que la
cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se
hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial
al alcance de la persona afectada; (iii) Que se cumpla el requisito de la
inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable
y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración (…); (iv) Cuando se
trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un
efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora (…); (v) Que la parte actora identifique
de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial
siempre que esto hubiere sido posible (…) y (vi) Que no se trate de sentencias de
tutela.
Ahora bien, los requisitos específicos de procedencia que ha precisado la
jurisprudencia constitucional en la misma sentencia C-590 de 2005, son los
siguientes: (i) Defecto orgánico27; (ii) Defecto procedimental absoluto28; (iii)
Defecto fáctico29; (iv) Defecto material o sustantivo30; (v) Error inducido31; (vi)
22
Aprobada por medio de la Ley 16 de 1972.
23
Aprobado por medio de la Ley 74 de 1968.
24
Expediente Nº 2009-01328-01, C. P. María Elizabeth García González.
25
Expediente Nº 2012-02201-01, C. P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
26
M. P. Jaime Córdoba Triviño.
27
Se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada carece,
absolutamente, de competencia para ello.
28
Que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
29
Que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión.
30
Como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o
que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.
31
Que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese
engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.
16
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Demandante: Departamento de Bolívar
Decisión sin motivación32; (vii) Desconocimiento del precedente33 y (viii) Violación
directa de la Constitución.
Al juez de tutela le corresponde verificar el cumplimiento estricto de todos los
requisitos generales de procedencia, de tal modo que una vez superado ese
examen formal pueda constatar si se configura, por lo menos, uno de los defectos
arriba mencionados, siempre y cuando, en principio, hayan sido alegados por el
interesado. Estos presupuestos han sido acogidos en reiterada jurisprudencia del
Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo34 y de la Corte
Constitucional35.
En definitiva, la acción de tutela contra providencias judiciales, como mecanismo
excepcional, se justifica en el carácter prevalente que se debe dar a la cosa
juzgada y a los principios constitucionales de autonomía e independencia del juez
natural, atributos que debe tener en consideración el juez constitucional al
momento de estudiar la constitucionalidad de cualquier fallo.
4. Estudio y solución del caso concreto
4.1. Del asunto bajo examen
El Departamento de Bolívar interpuso acción de tutela con el fin de que se dejara
sin efectos la providencia de 6 de octubre de 2020, proferida por la Sala Sexta
Especial de Decisión del Consejo de Estado, mediante la cual se declaró
infundado el recurso extraordinario de revisión formulado contra la sentencia
proferida por la Subsección “B” de la Sección Tercera del Consejo de Estado el 10
de abril de 2019.
La Sección Tercera, Subsección “C” del Consejo de Estado en sentencia de 14 de
mayo de 2021, declaró la improcedencia de la acción de tutela, al considerar que
no existe una conducta respecto de la cual se pueda efectuar el juicio de
vulneración de los derechos fundamentales invocados, dado que la finalidad última
de la solicitud de amparo es evitar el pago de los dineros por los cuales el señor
Carlos Alberto Muñoz Aguirre inició el proceso ejecutivo contractual en su contra,
sin embargo, dichas sumas de dinero ya fueron canceladas desde el mes de
marzo de 2010, por lo que el perjuicio que se buscaba impedir, se concretó hace
más de 10 años.
En el escrito de impugnación, el accionante reprocha la declaratoria de
improcedencia de la acción de tutela, pues considera que es necesario que se
efectúe el estudio de fondo de la solicitud. Indicó que a pesar de que el pago de la
obligación se efectuó desde el año 2010, debe tenerse en consideración que el 29
de junio de 2019, el señor Carlos Alberto Muñoz Aguirre elevó una solicitud de
conciliación o transacción ante la entidad territorial para obtener el pago de las
32
Que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos
fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa
la legitimidad de su órbita funcional.
33
Se presenta cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el
juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela
procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado.
34
Cfr., Sentencia del 7 de diciembre de 2016, C. P. Stella Jeannette Carvajal Basto (exp. 2016
00134-01), Sentencia del 7 de diciembre de 2016, C. P. Carlos Enrique Moreno Rubio (exp. Nº
2016-02213-01), Sentencia del 24 de noviembre de 2016, C. P. Lucy Jeannette Bermúdez
Bermúdez (exp. Nº 2016-02568-01, Sentencia del 27 de noviembre de 2016, C. P. Roberto
Augusto Serrato Valdés, entre otras.
35
Cfr., Sentencias SU-556 de 2016, M. P. María Victoria Calle Correa, SU-542 de 2016, M. P.
Gloria Stella Ortiz Delgado, SU-490 de 2016, M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, SU-659 de
2015, M. P. Alberto Rojas Ríos y SU-874 de 2014, M. P. Martha Victoria Sáchica Méndez, entre
otras.
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Demandante: Departamento de Bolívar
obligaciones dinerarias contenidas en los procesos ejecutivos No. 13001-23-31-
000-2008-00257-00 y 13001-33-31-003-2008-00042-02, con sustento en la
sentencia que fue objeto de estudio en el recurso extraordinario de revisión y en
los documentos frente a los que se comprobó la falsedad.
4.2. De la procedencia de la acción de tutela
En cuanto a los argumentos presentados por la entidad territorial demandante en
la impugnación, la Sala advierte, en primer lugar, que a diferencia de lo resuelto
por el a quo, el hecho de haber efectuado depósitos judiciales en el marco del
proceso ejecutivo contractual en el que posteriormente se profirió la decisión que
originó el recurso extraordinario de revisión, no implica que no pueda existir una
conducta específica activa u omisiva de la cual salvaguardar al interesado.
Por el contrario, en el caso bajo examen, es claro que la conducta endilgada a la
autoridad judicial demandada consiste en proferir una decisión judicial incurriendo,
supuestamente, en los defectos procedimental, sustantivo y fáctico, siendo este el
análisis que está llamado a efectuar el juez constitucional.
Cabe resaltar que el hecho de que la entidad territorial haya consignado los
dineros adeudados a través de depósitos judiciales no es óbice para dejar de
analizar los cargos propuestos. Máxime si se tiene en cuenta que la consignación
de dichos dineros no se realizó por cuenta propia, sino en cumplimiento de lo
ordenado por el Tribunal Administrativo de Bolívar en el auto de 22 de enero de
2010, mediante el cual se aprobó la liquidación de costas y se ordenó la entrega
de los dineros embargados.
En ese orden de ideas, la Sala encuentra cumplidos los requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, dado que (i) la
cuestión goza de relevancia constitucional, ya que se discute la vulneración de los
derechos fundamentales invocados por cuenta de la decisión mediante la cual se
declaró infundado el recurso extraordinario de revisión, decisión que,
presuntamente, incurrió en los defectos procedimental, sustantivo y fáctico los
cuales fueron sustentados de forma suficiente; (ii) la providencia atacada se dictó
en el marco del recurso extraordinario de revisión, por lo que la entidad territorial
accionante no cuenta con otro mecanismo de defensa judicial; (iii) la solicitud de
36
amparo se instauró dentro de los seis (6) meses establecidos como plazo
razonable precisado por esta Corporación y la Corte Constitucional37; (iv) los
hechos y las pretensiones fueron desarrollados de manera clara y, por último, (v)
la acción no es contra un fallo de la misma naturaleza.
4.3. Estudio de los defectos invocados por el Departamento de Bolívar
4.3.1. En cuanto a los defectos procedimental, sustantivo y fáctico, invocados por
la parte actora, la Sala efectuará las siguientes precisiones frente a la
comprensión que ha hecho de ellos la jurisprudencia constitucional.
4.3.1.1. El defecto procedimental, según los pronunciamientos de la Corte
Constitucional se produce por “un error en la aplicación de las normas que fijan el
trámite a seguir para la resolución de una controversia judicial. Sin embargo, no se
trata de cualquier defecto respecto de las formas propias de cada juicio, sino uno
36
La providencia atacada se profirió el 6 de octubre de 2020 y se notificó mediante correo
electrónico de 14 de octubre de 2020. La acción de tutela se instauró el 11 de diciembre de 2020,
es decir, dentro de los seis (6) meses.
37
Expediente: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Demandante: Alpina Productos Alimenticios
S.A. Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera. C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez y
sentencia T-619 de 2019, Corte Constitucional, M.P.: Antonio José Lizarazo Ocampo.
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Demandante: Departamento de Bolívar
que tenga la entidad suficiente para negar la materialización de los derechos
fundamentales” 38.
En consecuencia, se ha reconocido que en los siguientes escenarios se estaría
frente a un defecto procedimental: “(i) cuando el funcionario judicial actúa por fuera
de los postulados procesales aplicables al caso y, desconoce de manera evidente
los supuestos legales, teniendo como consecuencia una decisión arbitraria lesiva
de derechos fundamentales; (ii) cuando el funcionario judicial prefiere la aplicación
irreflexiva y excesiva de las formalidades procesales sobre la eficacia del derecho
sustancial y, en consecuencia, sus actuaciones devienen en una denegación
arbitraria de justicia; (iii) cuando el funcionario judicial pretermite etapas o fases
sustanciales del procedimiento establecido, en detrimento del derecho de defensa
y contradicción de una de las partes del proceso; (iv) cuando en el proceso se
presenta una demora injustificada que impide la adopción de la decisión judicial
definitiva; y (v) cuando la vulneración proviene del desconocimiento de “los
derechos fundamentales al debido proceso, al derecho de defensa y de
contradicción, y por desconocimiento del principio de legalidad” 39.
4.3.1.2. El defecto sustantivo, por su parte, se presenta cuando la autoridad
judicial “aplica una norma claramente inaplicable al caso o deja de aplicar la que
evidentemente lo es u opta por una interpretación que contraríe los postulados
mínimos de la razonabilidad jurídica”40.
En concreto, la Corte Constitucional ha identificado distintos supuestos en los que
se puede configurar dicho defecto, los cuales fueron precisados recientemente en
la sentencia SU-261 de 202141, de la siguiente forma:
(i) Cuando el fundamento de la decisión judicial es una norma que no es aplicable al caso
concreto;
(ii) Cuando la aplicación de una norma requiere interpretación sistemática con otras que no
son tenidas en cuenta y resultan necesarias para la decisión
(iii) Por aplicación de normas constitucionales, pero no aplicables al caso concreto. En este
evento, la norma no es inconstitucional, pero al ser aplicada al caso concreto, vulnera
derechos fundamentales de manera que debe ser inaplicada.
(iv) Porque la providencia incurre en incongruencia entre los fundamentos jurídicos y la
decisión.
(v) Cuando se aplica una norma cuya interpretación desconoce una sentencia con
efectos erga omnes. En esta hipótesis se aplica una norma cuyo sentido contraría la ratio
decidendi de una providencia que irradia sus efectos a todo el ordenamiento jurídico.
(vi) Por aplicación de normas abiertamente inconstitucionales. En este supuesto, si bien el
contenido normativo no ha sido declarado inexequible, este es abiertamente contrario a la
Constitución.
(vii) Por la insuficiente sustentación o justificación de la actuación que afecte derechos
fundamentales,
(viii) Cuando se desconoce el precedente judicial sin ofrecer un mínimo razonable de
argumentación que hubiese permitido una decisión diferente,
(ix) Cuando el juez se abstiene de aplicar la excepción de inconstitucionalidad ante una
violación manifiesta de la Constitución, siempre que se solicite su declaración por alguna
de las partes en el proceso.
4.3.1.3. Por otro lado, en torno al defecto fáctico, la Corte Constitucional ha
considerado que se configura cuando “(…) se hayan dejado de valorar pruebas
legalmente aducidas al proceso, o que en la valoración de las pruebas legalmente
practicadas se haya desconocido manifiestamente su sentido y alcance y, en
cualquiera de estos casos, que la prueba sobre la que se contrae la vía de hecho
tenga tal trascendencia que sea capaz de determinar el sentido de un fallo. Sólo
38
Corte Constitucional, sentencia SU-061 de 2018, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez, reiterada
en sentencia SU-388 de 2021, M.P. Alejandro Linares Cantillo.
39
Corte Constitucional, sentencia SU-388 de 2021, M.P. Alejandro Linares Cantillo.
40
Corte Constitucional, sentencias T-792 de 2010 y SU-453 de 201
41
M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
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bajo esos supuestos es posible la tutela de los derechos fundamentales al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia, de manera que cuando los
mismos no satisfagan estas exigencias, no procede el amparo constitucional pues
se trata de situaciones que se sustraen al ámbito funcional de esta jurisdicción” 42.
Así mismo, ha identificado dos dimensiones en las que puede presentarse defecto
fáctico: 1) una dimensión negativa que ocurre cuando el juez niega o valora la
prueba de manera arbitraria, irracional y caprichosa, u omite su valoración y sin
razón valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma
emerge clara y objetivamente. Esta dimensión, comprende las omisiones en la
valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos
analizados por el juez; 2) una dimensión positiva, que se presenta generalmente
cuando el juzgador aprecia pruebas esenciales y determinantes de lo resuelto en
la providencia cuestionada que no ha debido admitir ni valorar porque, por
ejemplo, fueron indebidamente recaudadas y al hacerlo el fallador desconoce la
Constitución43, o cuando se dan por establecidas circunstancias sin que exista
material probatorio que respalde su decisión44.
Es decir, que dado el carácter restringido y excepcional de la acción de tutela
contra providencias judiciales, no corresponde al juez constitucional reabrir el
debate probatorio o de la interpretación de las normas legales utilizadas para
resolver el caso. Por lo tanto, su labor se limita a evidenciar aquellos errores
manifiestos del fallo, que lo hacen incompatible con los derechos fundamentales.
4.3.2. En aras de efectuar el estudio conjunto de los defectos endilgados por la
parte accionante, la Sala hará referencia a la decisión objeto de reproche
constitucional y a las razones en las que se sustentó su decisión.
En primer lugar, la Sala Sexta Especial de Decisión del Consejo de Estado analizó
la naturaleza del recurso extraordinario de revisión, en la que indicó, de
conformidad con la sentencia C-520 de 2014, que es un mecanismo diseñado con
el fin de excepcionar la regla de la cosa juzgada que ampara a todas las
sentencias ejecutoriadas, para que puedan enmendarse los errores o ilicitudes
cometidas en su expedición, y se restituya el derecho al afectado a través de una
nueva providencia fundada en razones de justicia material, que resulte acorde con
el ordenamiento jurídico.
Indicó que su procedencia está limitada por las causales taxativas del artículo 250
del CPACA, por lo que su naturaleza es eminentemente procedimental, de modo
que “a través de dicha vía no es posible reabrir el debate legal y probatorio de las
instancias, sino revisar la sentencia que puso fin a la controversia, con el fin de
determinar la justicia del pronunciamiento a la luz de las taxativas causales
consagradas en la ley”.
Enseguida, procedió a estudiar la causal de revisión invocada, prevista en el
numeral 2º del artículo 250 del CPACA, consistente en “2. Haberse dictado la
sentencia con fundamento en documentos falsos o adulterados”.
Indicó que la mencionada causal “se concreta en el evento en que la sentencia
objeto de revisión tuvo fundamento en pruebas documentales que adolecen de
falsedad, sea ésta material o ideológica”.
Además, sostuvo que para estudiar su configuración se debe tener en cuenta lo
siguiente: (i) que la prueba haya incidido de manera trascendental en el sentido
del fallo, al punto que si el juez no lo hubiera contemplado en su valoración la
42
Sentencia T-781 de 2011. M.P.: Humberto Antonio Sierra Porto.
43
Sentencia T-781 de 2011. M.P.: Humberto Antonio Sierra Porto.
44
Sentencia SU-453 de 2019, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
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decisión se hubiera adoptado en otro sentido y, (ii) que la prueba o certeza de la
falsedad de los documentos se haya obtenido con posterioridad a la sentencia
atacada y no durante el trámite del proceso ordinario, “toda vez que en dicho
evento, (…) deberá poner en conocimiento del juez natural de la causa dicha
situación antes de que se profiera sentencia”. Lo anterior, teniendo en cuenta que
el recurso extraordinario de revisión “no puede ser utilizado para la falta de
actividad probatoria o gestión procesal de las partes, sino para cuando aparezcan
situaciones o evidencias posteriores a la decisión definitiva que no pudieron ser
puestas en conocimiento del juez antes de que fallara”.
En cuanto al caso concreto, estimó que la causal invocada no estaba llamada a
prosperar dado que fue sustentada en la sentencia de 10 mayo de 2017, proferida
por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, la cual fue
proferida con anterioridad a la sentencia controvertida, por lo que consideró que
debió poner en conocimiento del juez de la ejecución la decisión de naturaleza
penal. Al respecto, precisó lo siguiente:
“(…) como se dejó dicho, es preciso poner de presente que la revisión en sede
extraordinaria no se instituyó para que el sujeto afectado con la decisión desfavorable
corrija la desidia en que incurrió por no advertir al juez acerca de circunstancias
sobrevinientes de interés para el proceso.
Si bien es cierto que el régimen de las pruebas en el proceso judicial debe sujetarse a
las etapas legalmente previstas para aportarlas y/o solicitarlas, no lo es menos que los
sujetos procesales pueden poner en conocimiento de la autoridad judicial cualquier
hecho cuya relevancia pueda afectar el sentido de la decisión.
Por ello, la actividad de contradicción que corresponde a las partes no se agota en las
oportunidades legalmente previstas para solicitar o aportar pruebas, por cuanto el
acaecimiento de ciertos hechos extraordinarios que puedan influir en la sentencia
necesariamente debe ponerse en conocimiento del juez para que éste, en procura del
esclarecimiento de la verdad, adopte las medidas pertinentes.
Este razonamiento proviene, entre otros, del texto del artículo 180 del Código de
Procedimiento Civil, normativa bajo la cual se tramitó el proceso ejecutivo en el que se
dictó la providencia objeto de esta revisión, el cual establece que “Podrán decretarse
pruebas de oficio, en los términos probatorios de las instancias y de los incidentes y
posteriormente, antes de fallar”. (Destacado por la Sala)
Como bien se podrá colegir del precepto transcrito, el juez puede decretar pruebas de
oficio, no solo en los términos probatorios de las instancias e incidentes, donde los
sujetos procesales deben aportarlas o solicitarlas, sino en oportunidades posteriores
antes de proferir sentencia.
La norma bajo análisis concuerda con la regla del artículo 169 del Decreto 01 de 1984,
que dispone que “además, en la oportunidad procesal de decidir, la Sala, Sección o
Subsección también podrá disponer que se practiquen las pruebas necesarias para
esclarecer puntos oscuros o dudosos de la contienda. (…)”, lo que implica que el togado
sustanciador, aun si el expediente se encuentra en el Despacho para proferir sentencia,
puede decretar de manera oficiosa la práctica de otros medios de convicción.
De ello es posible concluir que el juez tiene la potestad discrecional de decretar la
práctica de medios de convicción diferentes a los del proceso, para esclarecer puntos
oscuros o dudosos de la contienda, cuando las pruebas allegadas en las oportunidades
legalmente previstas no son suficientes para tal propósito.
Bajo esa lógica, también incumbe a las partes poner de presente al juez las
circunstancias por las cuales podría hacer uso de dicha potestad, máxime cuando se
trata de acontecimientos de particular relevancia para la decisión del proceso.
Tan cierto es lo anterior que el artículo 214 del Decreto 01 de 1984, normativa especial
que regía los procesos ante esta jurisdicción, preveía que las partes podían solicitar
pruebas en la segunda instancia, entre otros casos, “Cuando versen sobre hechos
acaecidos después de transcurrida la oportunidad para pedir pruebas en primera
instancia, pero solamente para demostrar o desvirtuar estos hechos.”
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Del mismo modo, no debe perderse de vista que el inciso cuarto del artículo 305 del
Código de Procedimiento Civil, establecía que en la sentencia “se tendrá en cuenta
cualquier hecho modificativo o extintivo del derecho sustancial sobre el cual verse
el litigio, ocurrido después de haberse propuesto la demanda, siempre que aparezca
probado y que haya sido alegado por la parte interesada a más tardar en su alegato
de conclusión, y cuando éste no proceda, antes de que entre el expediente al
despacho para sentencia, o que la ley permita considerarlo de oficio.” (Destacado
por la Sala)
(…)
De este modo, se puede concluir que el ordenamiento procesal trae consigo la
posibilidad de incorporar pruebas al expediente, aun si estas no se solicitaron o
aportaron en las oportunidades legalmente previstas para ello, con el único fin de
esclarecer la verdad sobre la que versa el objeto del litigio.
Lo anterior, tiene por objeto poner de presente que el Departamento de Bolívar, quien
ahora pretende la revisión de la sentencia que confirmó el proveído que ordenó seguir
adelante la ejecución en su contra, se abstuvo de poner en conocimiento de la
colegiatura de la segunda instancia la existencia de una decisión judicial en la que se
determinó la falsedad ideológica de algunos de los medios probatorios con los que se
demostró el cumplimiento de la obligación contractual de cuya ejecución se trata.
En efecto, se tiene que el proceso ejecutivo ingresó al Despacho para fallo de segunda
instancia, por primera vez, el día 16 de marzo de 2011, aunque tuvo salidas y entradas
posteriores con ocasión de varias solicitudes.
Así, luego de que en auto del 29 de enero de 2013 se ordenara la expedición de copias
auténticas del proceso ejecutivo, a solicitud de la Fiscalía General de la Nación, el asunto
ingresó nuevamente el día 21 de febrero de 2013, con salida del 5 de febrero de 2018,
cuando fue resuelta una solicitud de nulidad planteada por el Ministerio Público.
El expediente tuvo un ingreso posterior, el 15 de febrero de 2018, sin embargo, mediante
decisión del 24 de mayo de 2018 se dictó auto para mejor proveer, en el que se ordenó
oficiar a la Fiscalía General de la Nación para que aportara copia del expediente
contentivo de la investigación por el presunto delito de falsedad ideológica en documento
público, según denuncia formulada por el entonces gobernador de Bolívar Joaco Berrío
Villarreal.
Practicada la prueba, y previo ingreso al Despacho, por auto del 23 de noviembre de
2018 se ordenó correr traslado de la misma a los sujetos procesales para, finalmente,
ingresar el proceso para fallo el 5 de diciembre de 2018.
Es preciso advertir que la sentencia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema
de Justicia, que dio cuenta de la falsedad documental que sustenta la causal de revisión
que atañe a la Sala, data del 10 de mayo de 2017.
Lo anterior significa que la decisión en mención se profirió con anterioridad a que el
expediente del proceso ejecutivo ingresara para fallo el 15 de febrero de 2018, esto es,
diez meses antes, e incluso transcurrió un lapso aproximado de un año y seis meses
previo al ingreso final que tuvo lugar el 5 de diciembre de 2018.
De este modo se tiene que, pese a que la decisión de la justicia penal se dictó con
bastante anticipación al ingreso del expediente ejecutivo para fallo, el Departamento de
Bolívar guardó silencio frente a esta circunstancia, muy a pesar del peso que la referida
sentencia pudiera tener en el sentido de la decisión materia de esta revisión.
Adicionalmente, en atención a las características del proceso penal en cuestión, resulta
natural que el Departamento de Bolívar estuviera al tanto del mismo y en este punto,
resulta del caso precisar que en ningún momento el recurrente invoca la imposibilidad de
haber conocido oportunamente de dicha decisión judicial.
Por lo tanto, la Sala advierte que el ente territorial ejecutado, mediante la revisión
que nos ocupa, pretende en realidad subsanar la falencia en materia de
contradicción que, por desidia, no ejerció en el transcurso del proceso ejecutivo,
propósito para el cual no se instituyó este mecanismo extraordinario.
Finalmente, se debe advertir que el recurrente, salvo la sentencia de casación del 10 de
mayo de 2017, no puso de presente otros aspectos o medios de prueba que permitan a
esta colegiatura realizar el análisis objetivo correspondiente, en torno a la presunta
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falsedad de los documentos con base en los cuales se dictó la sentencia materia de esta
revisión, por lo tanto, es claro que tuvo la oportunidad de poner en conocimiento del juez
de la ejecución dicha providencia judicial antes de que se produjera la sentencia ahora
censurada y no lo hizo.
Es decir, contribuyó con su omisión a que el juez de la ejecución incurriera en error por lo
que dicha falencia no puede ser corregida ahora vía, recurso extraordinario de revisión.
(…)”.
Por lo anterior, la Sala Sexta Especial de Decisión del Consejo de Estado resolvió
declarar infundado el recurso extraordinario de revisión, al considerar que la
causal invocada por el Departamento de Bolívar no se configuró, dado que el
único documento que adujo como sustento del recurso fue proferido por una
autoridad judicial penal, más de un año antes de que se profiriera la decisión
objeto de controversia, sin que la parte recurrente hubiese aducido imposibilidad
de conocerlo o acceder a él. Circunstancia que no puede ser remediada a través
del mecanismo extraordinario.
4.3.3. De acuerdo con la lectura integral del fallo, así como el análisis de los
expedientes de tutela, del recurso extraordinario de revisión y ejecutivo
contractual, la Sala advierte que la decisión objeto de reproche constitucional
resulta razonable y se sustentó en debida forma, ya que tal y como lo concluyó la
autoridad judicial demandada, el Departamento de Bolívar, a pesar de tener
conocimiento desde el 18 de mayo de 2017, de la sentencia de la Sala de
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en la que se confirmó la condena
impuesta a las señoras Betty Mercado Barrios y Lunela Palis Viana por el delito de
falsedad ideológica en documento público, no la puso en conocimiento de la
Sección Tercera, Subsección “B” del Consejo de Estado antes de que profiriera la
sentencia de segunda instancia de 10 de abril de 2019, a pesar de que el proceso
ingresó al despacho para fallo el 5 de diciembre de 2018, es decir, transcurrido
más de un (1) año y seis (6) meses desde la notificación de la sentencia penal,
tiempo más que suficiente para haber remitido copia de la misma.
En efecto, se observa que solo hasta el 15 de mayo de 2019, con ocasión a la
manifestación de la voluntad del Departamento de hacer uso del derecho de
retracto, contemplado en la sentencia de 10 de abril de 2019, se puso de presente
a la autoridad judicial la existencia de la mencionada decisión de la Sala de
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, momento en el cual ya había
finalizado la oportunidad para cuestionar los documentos que sirvieron de base
para la ejecución.
Por lo anterior, no puede predicarse en la sentencia de segunda instancia la
configuración de la causal invocada, consistente en “Haberse dictado la sentencia
con fundamento en documentos falsos o adulterados”, toda vez que la parte
interesada no aportó ningún elemento que permitiera al menos inferir la falsedad
de las certificaciones de recibo de las mercancías contratadas ni tampoco allegó
en el momento oportuno la sentencia penal de 10 de mayo de 201745.
Además, cabe resaltar que aun cuando el término para alegar de conclusión
hubiese finalizado, la parte actora estaba habilitada para remitir la decisión penal
en cualquier momento, como lo indicó la autoridad judicial accionada, antes de la
emisión de la sentencia de segunda instancia, como lo establecen los artículos
169 y 214 del CCA y 180 y 305 del CPC, máxime si tenía tal trascendencia para el
proceso, omisión de la entidad territorial que ahora no se puede subsanar a través
de este mecanismo de naturaleza residual y subsidiaria.
45
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia SP6614-2017, radicación No.
45147, M.P. Eugenio Fernández Carlier.
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Demandante: Departamento de Bolívar
En ese orden de ideas, teniendo en cuenta que la sentencia no fue aportada en el
curso del trámite judicial de segunda instancia del proceso ejecutivo contractual y
que no se explicó que hubiese acaecido alguna circunstancia que le impidiera
hacerlo, la Sala considera que tal y como lo encontró la Sala Sexta Especial de
Decisión del Consejo de Estado, la causal invocada no estaba llamada a prosperar
dado que (i) la Sección Tercera, Subsección “B” del Consejo de Estado no tenía
conocimiento de la condena impuesta a las señoras Betty Mercado Barrios y
Lunela Palis Viana por el delito de falsedad ideológica en documento público; (ii) la
entidad ejecutada no manifestó la posible falsedad de los documentos y (iii)
tampoco allegó otros documentos o elementos probatorios que permitieran al juez
ejecutivo determinar la falsedad de las certificaciones que sirvieron como base del
pago de la obligación. A lo que se agrega que la falencia en la defensa por parte
del Departamento de Bolívar no podía corregirse a través del recurso
extraordinario de revisión, pues ello desconocería la teleología de este mecanismo
de defensa judicial, para cuyo ejercicio, se establecieron unas estrictas y taxativas
causales que, de prosperar alguna, permiten excepcionar el principio de la cosa
juzgada.
En cuanto a la naturaleza del recurso extraordinario de revisión, esta Sala ha
precisado los siguiente:
“En general, el recurso extraordinario de revisión es un medio de impugnación
excepcional contra la sentencia, que permite el rompimiento del principio de cosa
juzgada. Se propone con el fin de restablecer tanto el imperio de la justicia como la
vigencia del ordenamiento jurídico, que pueden resultar quebrantados por las
sentencias injustas.
Dicho recurso, sin embargo, no es el mecanismo para cuestionar la actividad
interpretativa, ni la valoración probatoria del juez, ni para que el afectado con la
sentencia proponga cuestiones que no alegó oportunamente en el proceso
originario. Es un instrumento para discutir y ventilar ciertos hechos procesales
externos a la labor funcional del juez, que pueden llegar a afectar el principio de
justicia material.
De ahí que el ámbito de revisión esté restringido por las causales que el
legislador ha determinado de manera taxativa, causales que, en todo caso, por
tratarse de situaciones excepcionales contra el valor de la cosa juzgada, no
admiten interpretaciones más allá de lo que en buena ley se deduce de su texto.
Las causales de revisión están previstas en el artículo 250 del CPACA y básicamente
tienen que ver con hechos como la falsedad, el fraude, el error, la aparición de
documentos decisivos que hubieren modificado el sentido de la decisión o incluso la
violación del debido proceso. Esas causales, como es apenas obvio, no aluden a
errores sustanciales que puedan derivarse de la falta de aplicación, la aplicación
indebida o la interpretación errónea de una norma sustancial. No es un recurso que
proceda por violación de la ley”46 (Negrillas de la Sala).
En este orden de ideas, dada la naturaleza del recurso extraordinario de revisión,
la Sala descarta que la providencia demandada haya incurrido en defecto
procedimental, pues la aplicación estricta de la norma procesal hace parte del
estudio propio de la causal invocada, como lo era el hecho de determinar si la
parte interesaba había aportado, antes de proferirse la sentencia, elementos de
convicción que permitieran al menos sospechar sobre la falsedad de los
documentos que sirvieron de base para la ejecución.
Además, contrario a lo estimado por la parte actora, la autoridad judicial
demandada no estaba en obligación de analizar aspectos sustanciales, dado que
el ámbito de la revisión esta restringido a las causales, sin que puedan admitirse
interpretaciones más allá de lo indicado en la norma.
46
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 29 de agosto de 2019, exp. No. 11001-03-27-
000-2018-00011-00, C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez. Asunto: Recurso extraordinario de
revisión.
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Lo anterior, permite a su vez descartar la ocurrencia del defecto sustantivo, pues
la decisión se fundamentó en la causal contenida en el numeral 2 del artículo 250
del CPACA, con el alcance que ha precisado la jurisprudencia de esta
Corporación, y en la naturaleza procesal del recurso extraordinario de revisión, la
cual implicaba verificar que el alegato propuesto no hubiese podido ventilarse en
sede ordinaria o que de haberlo hecho se hubiese pasado por alto.
Por último, es claro que tampoco se incurrió en defecto fáctico, por la falta de
observancia de los documentos que sirvieron de base para la ejecución, dado que
lo pretendido por la parte actora era que el juez de revisión volviera a valorar
dichos elementos probatorios, cuando ello era algo que le correspondía efectuar al
juez ordinario, a partir de la diligente actividad probatoria que sobre ella recaía, lo
cual no se realizó debidamente y antes de que se dictara la decisión de segunda
instancia en el proceso ejecutivo, última precisión sobre la que insistió
reiteradamente la autoridad judicial accionada en la providencia cuestionada.
Se insiste, el análisis efectuado en la providencia demandada fue acertado, como
quiera que se circunscribió a verificar la procedencia de la causal invocada. De
haber fallado en forma distinta se estaría desconociendo la naturaleza excepcional
del recurso extraordinario de revisión, pues a través de él no puede reabrirse el
debate probatorio y jurídico que ya se ventiló en el proceso ordinario.
Así las cosas, se revocará la decisión impugnada que declaró improcedente la
acción de tutela y, en su lugar, se negarán las pretensiones de la solicitud, al
considerar que no se demostró la configuración de los defectos invocados.
Ahora bien, como quiera que fue puesto de presente en este trámite constitucional
que se encuentran en curso otros dos procesos ejecutivos radicados bajo los
números 13001-23-31-000-2008-00257-00 y 13001-33-31-003-2008-00042-02,
iniciados por el señor Carlos Alberto Muñoz Aguirre en los que se discute el pago
de obligaciones que se sustentan en las certificaciones de recibo de las
mercancías suscritas por las señoras Betty Mercado Barrios y Lunela Palis Viana,
por las que fueron condenadas por el delito de falsedad ideológica en documento
público, mediante sentencia de 10 de mayo de 201747, proferida por la Sala de
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, la Sala ordenará que, a través
de Secretaría General de esta Corporación, se remita copia de la presente
providencia al Tribunal Administrativo de Bolívar, para lo de su cargo.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
RESUELVE:
Primero.- REVÓCASE la sentencia de 14 de mayo de 2021, proferida por el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “C”. En su lugar,
Segundo.- NIÉGANSE las pretensiones de la acción de tutela promovida por el
Departamento de Bolívar, por las razones expuestas.
Tercero.- Por Secretaría General de esta Corporación, REMÍTASE copia de esta
providencia al Tribunal Administrativo de Bolívar, con el fin de que sea tenida en
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Sentencia SP6614-2017, radicación No. 45147, M.P. Eugenio Fernández Carlier.
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Demandante: Departamento de Bolívar
cuenta en los procesos ejecutivos radicados bajo los Nos. 13001-23-31-000-2008-
00257-00 y 13001-33-31-003-2008-00042-02, iniciados por el señor Carlos Alberto
Muñoz Aguirre contra el Departamento de Bolívar.
Cuarto.- NOTIFÍQUESE esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible,
como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Quinto.- PUBLÍQUESE esta providencia en la página web del Consejo de Estado.
Sexto.- REMÍTASE el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que
surta el trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución
Política
Notifíquese y cúmplase.
Esta sentencia fue discutida y aprobada en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA
(Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
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