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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2020-05259-00

Fecha
4 de julio de 2025
Consejero ponente
Oswaldo Giraldo López

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2020-05259-00

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la sociedad Gaseosas Hipinto S.A.S. contra la sentencia del 14 de noviembre de 2019, proferida por el Consejo de Estado, Sección Cuarta, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: CONDENAR en costas a la sociedad Gaseosas Hipinto S.A.S. por concepto de agencias en derecho, por lo que deberá pagar a la DIAN la suma equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual vigente. 1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código. Además se condenará en costas a quien se le resuelva de manera desfavorable un incidente, la formulación de excepciones previas, una solicitud de nulidad o de amparo de pobreza, sin perjuicio de lo dispuesto en relación con la temeridad o mala fe. 2. La condena se hará en sentencia o auto que resuelva la actuación que dio lugar a aquella. (…) 8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación. (…)”. 38 “Por el cual se establecen las tarifas de agencias en derecho”. 35 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicación: 11001 03 15 000 2020 05259 00 Demandante: Gaseosas Hipinto S.A.S. TERCERO: En firme esta providencia, se ordena DEVOLVER al Tribunal de origen para lo de su cargo.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-15-000-2020-05259-00

Consejero ponente: Oswaldo Giraldo López

4 de julio de 2025

Radicación: 11001 03 15 000 2020 05259 00
Demandante: Gaseosas Hipinto S.A.S.

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA DIECIOCHO ESPECIAL DE DECISIÓN

Consejero Ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá, D.C., cuatro (04) de julio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
Radicación: 11001 03 15 000 2020 05259 00
Demandante: GASEOSAS HIPINTO S.A.S.
Demandado: DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS
NACIONALES (DIAN)

Tesis: Es infundado el recurso extraordinario de revisión
por la causal de nulidad originada en la sentencia
e infracción del principio de congruencia, si el
recurrente reitera los argumentos que expuso en
el proceso ordinario.

SENTENCIA DE UNICA INSTANCIA

La Sala procede a resolver el recurso extraordinario de revisión formulado
por la sociedad Gaseosas Hipinto S.A.S., por intermedio de apoderada
judicial, en contra de la sentencia del 14 de noviembre de 2019, proferida
por el Consejo de Estado, Sección Cuarta.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda de nulidad y restablecimiento del derecho

1.1.1. La sociedad Gaseosas Hipinto S.A.S., absorbente de Gaseosas de
Duitama S.A.1, por intermedio de apoderada judicial, interpuso demanda
de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Dirección de

1
Según lo manifestado en el recurso de reconsideración contra la Liquidación Oficial de Revisión No.
202412012000018 del 23 de julio de 2012, la absorción se produjo “de acuerdo con el proceso de fusión
perfeccionado mediante escritura pública No. 4474 del 19 de Noviembre de 2009, aclarada con la escritura
pública No. 4632 del 26 de Noviembre de 2009 de la Notaría 11 de Medellín”.

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Radicación: 11001 03 15 000 2020 05259 00
Demandante: Gaseosas Hipinto S.A.S.

Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), con el fin de obtener las
siguientes declaraciones2:

“1.) La NULIDAD de los actos administrativos proferidos por la Dirección
Seccional de Impuestos de Tunja que a continuación se describen:

a) Auto Inadmisorio No. 900142 del 18 de octubre de 2012, proferido por la
Subdirección de Gestión de Recursos Jurídicos de la Dirección de Gestión
Jurídica de la Dirección Seccional de Impuestos de Tunja, notificado el día 15 de
enero de 2013.

b) Auto Confirmatorio del Auto Inadmisorio No. 900003 del 11 de febrero de
2013, proferido por la Subdirección de Gestión de Recursos Jurídicos de la
Dirección de Gestión Jurídica de la Dirección Seccional de Impuestos de Tunja,
notificado el 25 de febrero de 2013.

c) Liquidación Oficial de Revisión No. 202412012000018 del 23 de julio de 2012
proferida por la División de Gestión de Liquidación de la Dirección Seccional de
Impuestos de Tunja, notificada el 24 de julio de 2012.

2.) Declarada la nulidad de la actuación administrativa descrita, se
RESTABLEZCA EL DERECHO de la sociedad GASEOSAS HIPINTO S.A.S.
(Absorbente de la sociedad GASEOSAS DUITAMA S.A.) declarando la firmeza de
la declaración privada del impuesto sobre la renta correspondiente al año 2008.

3.) Declarada la nulidad de los actos demandados, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 392 del Código de Procedimiento Civil, solicito condenar
en costas a la entidad demandada en virtud de que su actuación fue arbitraria
ya que no tiene soporte legal serio”.

1.1.2. Como fundamento de las pretensiones, Gaseosas Hipinto S.A.S.
alegó, en síntesis, que: (i) Gaseosas de Duitama S.A., posteriormente
absorbida por la actora3, presentó la declaración del impuesto sobre la
renta del año gravable 2008, determinando una pérdida líquida del
ejercicio por valor de $16.383.312.000 y liquidando un saldo a favor de
$1.476.689.000; (ii) la División de Gestión de Fiscalización de la DIAN
profirió el Requerimiento Especial No. 202382011000037 del 21 de
octubre de 2011, mediante el cual propuso modificar la declaración
privada del impuesto sobre la renta, rechazando unas deducciones,
desconociendo la pérdida líquida determinada por la sociedad, liquidando
un impuesto sobre la renta líquida por valor de $3.632.714.000,
generando un impuesto a cargo por valor de $1.841.070.000 e
imponiendo una sanción por inexactitud por valor de $5.308.414.000; (iii)

2
Folios 59 a 61 del expediente de nulidad y restablecimiento del derecho.
3
Ver nota al pie 1.

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Demandante: Gaseosas Hipinto S.A.S.

la División de Gestión de Liquidación Tributaria profirió la Liquidación
Oficial de Revisión No. 202412012000018 del 23 de julio de 2012, por
medio de la cual modificó la liquidación privada presentada por el año
gravable 2008, de acuerdo con lo planeado en el requerimiento especial;
(iv) Gaseosas Hipinto S.A.S. presentó recurso de reconsideración contra
el anterior acto administrativo el 24 de septiembre de 2012 ante la
Alcaldía de Itagüí; (v) mediante Auto No. 900142 del 18 de octubre de
2012, la DIAN inadmitió el recurso al considerar que había sido
interpuesto por fuera de la oportunidad legal, pues, si bien fue presentado
el 24 de septiembre de 2012 ante la Alcaldía de Itagüí, sólo fue radicado
ante la DIAN el 27 de septiembre de 2012, cuando ya había vencido el
plazo legal, y (v) la sociedad presentó recurso de reposición contra el auto
inadmisorio, pero la DIAN lo confirmó a través del Auto No. 900003 del
11 de febrero de 2013, manteniendo su posición sobre la
extemporaneidad del recurso.

1.1.3. En el concepto de la violación, Gaseosas Hipinto S.A.S. expuso los
argumentos que pasan a sintetizarse.

1.1.3.1. Alegó que, de conformidad con el artículo 559 del Estatuto
Tributario (ET), los escritos deben presentarse personalmente ante la
administración a la cual se dirigen, o por interpuesta persona, con la
debida identificación, y que “el signatario que esté en lugar distinto podrá
presentarlos ante cualquier autoridad local quien dejará constancia de su
presentación personal”. Dijo que, de acuerdo con lo anterior, el
representante legal de Gaseosas Hipinto S.A.S., el 24 de septiembre de
2012, presentó el recurso de reconsideración en la Alcaldía de Itagüí. Por
lo tanto, el recurso resultó oportuno y no debió ser inadmitido.

Alegó que la DIAN desconoció de manera arbitraria la norma citada, y sin
fundamento legal alguno distinguió entre la presentación y la radicación
del recurso, pese a que el artículo 559 del ET no consagra tal diferencia.
Es decir, que la administración aplicó la norma de manera arbitraria y en
contravía de la interpretación que le dio el Consejo de Estado en la

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Demandante: Gaseosas Hipinto S.A.S.

sentencia del 19 de julio de 2007, expediente 14772, y la propia DIAN en
el Concepto No. 021977 del 15 de abril de 2002, emitido por la Oficina
Jurídica de la Dirección de Normativa y Doctrina Tributaria.

1.1.3.2. Luego, adujo que la declaratoria de nulidad de los autos
inadmisorios del recurso de reconsideración conllevará que en el asunto
se encuentre configurado el silencio administrativo positivo, en los
términos del artículo 734 del ET, pues habrá que concluir que la DIAN no
resolvió el recurso de reconsideración en el término legal.

1.1.3.3. En cuanto al fondo de la cuestión debatida, arguyó que, al expedir
la liquidación oficial demandada, la DIAN desconoció indebidamente la
deducción del ajuste por inflación en venta de las acciones que
tenía en la sociedad Valorem S.A., al considerar equivocadamente que
ese valor constituía ganancia ocasional, y que aceptar esta deducción
implicaría aceptar una pérdida en la venta de acciones, lo cual no es
deducible, según el artículo 153 del ET.

Explicó que, para la DIAN, el costo de las acciones ya incluía los ajustes
por inflación y, por lo tanto, no se podía solicitar como deducción en la
declaración de renta.

Empero, a su juicio, estos sí eran deducibles, para lo cual se basó en la
doctrina de la DIAN fijada en el Concepto 025150 del 13 de abril de 1999,
que establece que la pérdida generada en la venta de activos producto de
la aplicación del sistema de ajustes integrales por inflación es deducible
“hasta el valor de los ajustes por inflación aplicados”. De igual manera,
se sustentó en la sentencia dictada por el Consejo de Estado el 2 de abril
2009, Expediente 16152, que precisó que el artículo 153 del ET, que
prohíbe la deducción de la pérdida en la enajenación de acciones, no rige
para los contribuyentes obligados a aplicar ajustes por inflación.

Arguyó que la DIAN, en casos similares, ha aceptado la procedencia de la
deducción de los ajustes por inflación en la venta de acciones. Mencionó

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Demandante: Gaseosas Hipinto S.A.S.

al respecto la Resolución 900080 del 15 de octubre de 2009, donde aceptó
la deducción por la pérdida en venta de acciones solicitada por la sociedad
Bancolombia.

1.1.3.4. Luego, reprochó el desconocimiento de la deducción del ajuste
por inflación efectuado a las acciones que la contribuyente poseía en
Coltejer S.A. y en C.I. Coltejer S.A., mientras tal figura estuvo vigente.

Al respecto, adujo que, al igual que con las acciones que tenía en Valorem
S.A., cuando el costo de los activos (incluidos los ajustes por inflación) es
superior al precio de venta, se genera una pérdida que es deducible hasta
el valor de los ajustes por inflación efectuados. Y agregó que en este caso
tampoco aplica la restricción del artículo 153 del ET.

También alega que la DIAN en un asunto anterior (Resolución 900.006
del 23 de enero de 2012) había reconocido la deducibilidad de los ajustes
por inflación efectuados a las acciones que la sociedad Valorem S.A. tenía
en Gaseosas del Llano S.A. Por tanto, argumentó que, bajo el principio de
igualdad, la DIAN debió aplicar el mismo criterio en su caso.

1.1.3.5. Por otro lado, alegó que, en la liquidación oficial de revisión, la
administración le adicionó ingresos por $244.927.000, lo cual es
incorrecto, pues tal suma corresponde al precio de venta de los
derechos fiduciarios que tenía en Coltejer S.A. y en C.I. Coltejer S.A.,
y que fueron aportados a un patrimonio autónomo.

Sobre el particular, explicó que, al calcular la base gravable del impuesto,
cometió un error técnico, pues en lugar de registrar separadamente el
ingreso por la venta de los derechos fiduciarios ($244.927.000) y el costo
ajustado de los activos vendidos ($27.239.379.000), registró
directamente el valor neto de la pérdida ($26.994.452.000). Empero, este
error en la presentación de las cifras no afecta el resultado final de la
determinación de la renta líquida gravable, por lo que el impuesto a pagar

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sería el mismo si se hubiera hecho la presentación en la forma que la
DIAN considera correcta.

1.1.3.6. Por otra parte, advirtió que la DIAN incurrió en errores en la
determinación del costo fiscal de los derechos fiduciarios, lo que
afectó el cálculo de la pérdida en la venta de estos. En concreto, alegó
que la administración confundió el concepto de costo fiscal con el de valor
patrimonial de los activos, los cuales son conceptos distintos con
diferentes propósitos en la normativa tributaria.

Más concretamente, señaló que el costo fiscal se refiere al valor de
adquisición de un activo, incluyendo ajustes como la inflación, lo cual es
relevante para determinar la ganancia o pérdida en la venta de ese activo.
Mientras tanto, el valor patrimonial es el valor por el cual un activo se
declara para efectos del impuesto al patrimonio.

Por lo tanto, para determinar la ganancia en la enajenación de los
derechos fiduciarios, la DIAN debía utilizar costo fiscal ajustado y no el
valor patrimonial, como lo hizo en la liquidación oficial cuestionada.

Como fundamento del cargo, invocó el artículo 69 del ET, que define cómo
se determina el costo de los activos fijos; el artículo 272 ibidem, que
establece cómo se determina el valor patrimonial de las acciones, y el
concepto de la DIAN consignado en el Oficio No. 06260 del 25 de Julio de
2006, que, según alega, avala el procedimiento utilizado por la sociedad
para la determinación del valor patrimonial de las acciones.

1.1.3.7. De otra parte, alegó que la DIAN desconoció que la pérdida
generada en la venta de derechos fiduciarios es deducible, con lo
cual infringió los artículos 90 y 149 del ET.

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Demandante: Gaseosas Hipinto S.A.S.

Aseveró que, de acuerdo con la doctrina de la DIAN4, los derechos
fiduciarios cedidos son activos distintos a los bienes que integran el
patrimonio autónomo, esto es, que difieren de las acciones que fueron
aportadas a este. Entonces, por tratarse de derechos distintos, las
restricciones tributarias aplicables a la venta de acciones, como la no
deducibilidad de la pérdida, no deberían aplicarse a la venta de derechos
fiduciarios.

Adujo que la administración se equivocó al denegar esta deducción con
fundamento en el artículo 153 del ET, ya que lo que originó la pérdida fue
la enajenación de los derechos fiduciarios y no la venta de las acciones
aportadas a los patrimonios autónomos.

Alegó que al asunto no le era aplicable la Ley 1607 de 2012, que
estableció la limitación para deducir la pérdida en la venta de derechos
fiduciarios cuyos activos subyacentes son acciones, pues fue expedida con
posterioridad a los hechos de la demanda.

1.1.3.8. Cuestionó la imposición de la sanción por inexactitud, pues en
el caso se presentaron diferencias en los criterios de interpretación de las
normas aplicables.

Señaló que el artículo 647 del ET establece de manera taxativa los hechos
que dan lugar a la imposición de la sanción, los cuales se refieren a la
omisión de ingresos, a la inclusión de costos inexistentes, a la utilización
de datos falsos, entre otros, y argumenta que ninguno de estos se
configuró en la declaración de renta objeto de la liquidación oficial
demandada.

Alegó que entre los requisitos para la imposición de sanciones está la
preexistencia de una norma que tipifique el hecho como infracción y que
consagre la sanción aplicable, la configuración del daño ocasionado al

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Se refirió al Concepto nro. 01391 del 09 de enero del 2008 y al Oficio nro. 048995 del 02 de agosto de 2012.

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Estado y la graduación de acuerdo con la gravedad de la falta. Empero,
ninguno de estos se cumplió en el caso concreto.

Arguyó que la DIAN no tuvo en cuenta el principio de gradualidad en
materia de sanciones, consagrado en el artículo 197 de la Ley 1607 del
2012, que exige que la sanción se aplique de forma, justamente, gradual,
teniendo en cuenta la gravedad de la conducta, la diligencia y cuidado, la
reiteración, los antecedentes y el daño causado.

Argumentó que, según el último inciso del artículo 647 del ET, no se
configura inexactitud cuando el menor valor a pagar se deriva de
diferencias de criterio entre la DIAN y el contribuyente en la interpretación
de la normativa aplicable, siempre que los hechos y las cifras denunciados
sean completos y verdaderos. En tal sentido, adujo que en su caso los
datos declarados son completos y verdaderos, y que la sanción se originó
en una diferencia de criterios.

1.2. La sentencia objeto del recurso extraordinario de revisión

A través de sentencia del 14 de noviembre de 20195, el Consejo de
Estado, Sección Cuarta, revocó el fallo del 18 de junio de 2015, mediante
el cual el Tribunal Administrativo de Boyacá había resuelto lo siguiente:

“Primero. - Declarar la nulidad del auto inadmisorio del recurso de
reconsideración No. 900142 del 18 de octubre de 2012 y del auto confirmatorio
del auto inadmisorio No. 900003 del 11 de febrero de 2013, proferidos por la
Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Tunja.

Segundo. - Declarar la nulidad de la Liquidación Oficial de Revisión No.
202412012000018, del 07 de junio de 2012.

Tercero. - Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del
derecho, declarar la firmeza de la declaración privada del impuesto sobre la
renta correspondiente al año gravable 2008, presentada por la Sociedad
Gaseosas de Duitama S.A. (absorbida por Gaseosas Hipinto S.A.S.).

Cuarto. - Condenar en costas a la parte vencida, liquídense por Secretaría. Se
fija como agencias en derecho el equivalente al 5% del valor de las pretensiones
al tiempo de la demanda, esto es, la suma de cuatrocientos treinta y un millones

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Folios 383 a 394 del expediente de nulidad y restablecimiento.

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trescientos ocho mil seiscientos cincuenta pesos ($431.308.650) M/Cte”.
(Subrayas de la Sala).

En su lugar, la providencia objeto del recurso extraordinario resolvió:

“1. Revocar la sentencia del 18 de junio de 2015, proferida por el Tribunal
Administrativo de Boyacá. En su lugar:

Primero: Declarar la nulidad parcial de la Liquidación Oficial de Revisión nro.
202412012000018, del 23 de julio de 2012, a través de la cual la DIAN
modificó la declaración del impuesto sobre la renta a la demandante del año
gravable 2008.

Segundo: A título de restablecimiento del derecho, fijar como liquidación del
impuesto sobre la renta la contenida en la parte motiva de la providencia de
última instancia.

Tercero: Negar las demás pretensiones de la demanda.

Cuarto: Sin condena en costas”. (Subrayas de la Sala).

Lo anterior, de acuerdo con las consideraciones que la Sala pasa a
sintetizar.

1.2.1. Expuso que a la demandante le asistió la razón al señalar que el
recurso de reconsideración había sido presentado en tiempo y de manera
válida ante la Alcaldía de Itagüí, conforme con lo establecido en el artículo
559 del ET. Sin embargo, concluyó que no se configuró el silencio
administrativo positivo, porque no transcurrió el término de un año entre
la presentación del recurso de reconsideración y la demanda.

1.2.2. En consecuencia, procedió con el estudio de fondo de los cargos de
nulidad propuestos por la demandante.

1.2.2.1. Primero, se refirió a la deducción por pérdida en la cesión de
derechos fiduciarios, y señaló que la corporación en casos anteriores
había considerado que estos son activos distintos a las acciones
subyacentes. Sin embargo, dijo que la venta de derechos fiduciarios tiene
el mismo tratamiento fiscal que la venta de las acciones subyacentes y,
por lo tanto, concluyó que no era procedente la deducción solicitada por
la demandante.

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Demandante: Gaseosas Hipinto S.A.S.

Determinó que la cesión de los derechos fiduciarios representativos de las
acciones aportadas a los patrimonios autónomos constituye el hecho
generador del impuesto a las ganancias ocasionales previsto en el artículo
300 del ET. Por lo tanto, la pérdida originada en dicha enajenación no
tiene efectos en el impuesto sobre la renta y, a su vez, no constituye una
deducción en el sistema de depuración de la renta líquida de tal impuesto.

En este punto, destacó que los únicos conceptos respecto de los cuales la
demandante había sustentado la aplicabilidad al caso eran el oficio 01391
del 9 de enero de 2008 y el oficio 048995 del 2 de agosto de 2012, razón
por la cual restringió a estos el análisis frente al caso concreto, y advirtió
que: (i) la doctrina contenida en el Oficio 01391 del 9 de enero de 2008
no era aplicable porque se refería a supuestos fácticos distintos, esto es,
estuvo delimitada a definir si el costo fiscal de un inmueble aportado a un
patrimonio autónomo se determina en función del autoavalúo efectuado
al momento de realización del aporte o al momento en el que la fiduciaria
lo transfiere a un tercero fideicomitente, y (ii) el Oficio 048995 del 2 de
agosto de 2012 no se encontraba vigente para el 22 de abril de 2009,
época de presentación de la declaración privada del impuesto, ni para los
días 21 de abril de 2011 y 23 de julio de 2012, cuando se expidió el
requerimiento especial y la liquidación oficial de revisión,
respectivamente; es decir, consideró que se trataba de una interpretación
proferida tiempo después de que culminara el procedimiento de gestión
del tributo, razón por la cual no es posible conceder la garantía del artículo
2646 de la Ley 223 de 1995.

1.2.2.2. Por otro lado, sostuvo que la actora había solicitado que, en caso
de ser rechazada la pérdida originada en la cesión de derechos fiduciarios,
se debía aceptar, de manera independiente, la deducibilidad del monto

6
“Artículo 264. Los contribuyentes que actúen con base en conceptos escritos de la Subdirección Jurídica de
la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales podrán sustentar sus actuaciones en la vía gubernativa y en
la jurisdiccional con base en los mismos. Durante el tiempo en que tales conceptos se encuentren vigentes,
las actuaciones tributarias realizadas a su amparo no podrán ser objetadas por las autoridades tributarias.
Cuando la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales cambie la posición asumida en un concepto
previamente emitido por ella deberá publicarlo”.

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correspondiente a los ajustes integrales por inflación de las acciones
poseídas en Coltejer S.A. y en CI Coltejer S.A., y que aportó a los
patrimonios autónomos que dieron lugar a los referidos derechos
fiduciarios enajenados.

Al respecto, señaló que estaba probado que la DIAN rechazó la deducción
originada en la enajenación de derechos fiduciarios, que incluye los
ajustes integrales por inflación de las acciones poseídas en dichas
sociedades, las cuales fueron poseídas por la actora por más de dos años.

En ese orden, recordó que la Ley 1111 de 2006 derogó el régimen de
ajustes integrales por inflación, por lo que la deducción correspondiente
a estos no podía ser aceptada, y reiteró que los efectos de tales ajustes
se reflejan en la determinación del impuesto complementario a las
ganancias ocasionales, generado por la enajenación de las acciones
poseídas por más de dos años.

1.2.2.3. En cuanto a la adición de ingresos no operacionales por
valor de $244.927.000, señaló que, en los términos del artículo 300 del
ET, los ingresos originados en la cesión de los activos fijos poseídos por
más de dos años se afectan con los costos correspondientes, originando
una ganancia o pérdida ocasional, según corresponda.

En tal sentido, determinó que, en aplicación del principio de transparencia
fiscal, los ingresos obtenidos por la enajenación de derechos fiduciarios,
cuyo subyacente consistía en acciones de otras sociedades poseídas por
la actora por más de dos años, no tiene incidencia en la determinación de
su renta líquida gravable, toda vez que tal enajenación se encuentra
sometida al impuesto a las ganancias ocasionales.

Entonces, sostuvo que, más allá del error de técnica en el que la actora
aduce haber incurrido, la inclusión de los ingresos obtenidos por la cesión
de los derechos fiduciarios ($244.927.000), así como el costo fiscal

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asociado ($27.239.379.000), deben ser incorporados a la sección de
ganancias ocasionales, y no a la del impuesto sobre la renta.

1.2.2.4. Luego, señaló que era ajustado a derecho el rechazo de la
deducción de los ajustes por inflación. Dijo que, desde el año
gravable 2007, tras la derogación del artículo 352 del ET por parte de la
Ley 1111 de 2006, no era posible deducir en el impuesto sobre la renta
la pérdida ocasional generada por la enajenación de acciones poseídas
por más de dos años, ni el monto correspondiente a los ajustes integrales
por inflación de esos activos.

Expuso que el artículo 67 de la Ley 1111 de 2006 modificó el artículo 149
del ET, invocado por la actora, para dejar en claro que los ajustes
integrales por inflación calculados hasta el año gravable 2006 integran el
costo fiscal de los respectivos activos fijos, lo cual no significaba que el
contribuyente tuviera derecho a una deducción equivalente al monto de
dichos ajustes.

En suma, advirtió que la pérdida originada en la enajenación de las
acciones poseídas por la actora durante un periodo superior a dos años
en Valorem S.A. debía ser tratada conforme las reglas generales del
impuesto complementario de ganancias ocasionales, esto es, ser restada
de las ganancias ocasionales del periodo gravable para obtener la
ganancia o pérdida ocasional neta, conforme con el artículo 311 del ET,
por lo que el valor correspondiente a los ajustes por inflación respectivos
no es deducible del impuesto sobre la renta.

1.2.2.5. Por último, determinó que la sanción por inexactitud se ajustó a
derecho porque la actora incluyó deducciones improcedentes en la

7
“Artículo 6°. Modifícase el artículo 149 del Estatuto Tributario, el cual queda así:
‘Artículo 149. Pérdidas en la enajenación de activos. El valor de los ajustes efectuados sobre los activos fijos
a que se refieren los artículos 73, 90-2 y 868 de este Estatuto y el artículo 65 de la Ley 75 de 1986, no se
tendrá en cuenta para determinar el valor de la pérdida en la enajenación de activos. Para este propósito,
forman parte del costo los ajustes por inflación calculados, de acuerdo con las normas vigentes al respecto
hasta el año gravable 2006’”.

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declaración, relacionadas con la venta de derechos fiduciarios y ajustes
por inflación.

Sin embargo, aplicando el principio de favorabilidad, redujo la sanción del
160% al 100% de la diferencia entre el saldo a pagar determinado
oficialmente y el saldo a favor de la declaración privada, así:

1.2.3. De acuerdo con todo lo expuesto, concluyó que la declaración del
impuesto sobre la renta del año gravable 2008, presentada por la
demandante, a partir de los renglones que se modifican, quedaría así:

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II. EL RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN

2.1. La demanda que contiene el recurso extraordinario de
revisión

Mediante escrito radicado el 18 de diciembre de 20208, la sociedad
Gaseosas Hipinto S.A.S. interpuso el recurso extraordinario de revisión
contra la sentencia del 14 de noviembre de 2019, dictada por el Consejo
de Estado, Sección Cuarta, con fundamento en la causal consagrada en
el numeral 5º del artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo (CPACA)9, “existir nulidad originada en
la sentencia”.

Como fundamento de las pretensiones, en el acápite de hechos, la
sociedad Gaseosas Hipinto S.A.S. relató que10: (i) el 27 de junio de 2008,
Gaseosas de Duitama S.A. y otros celebraron el Acuerdo de Salvamento
de Coltejer S.A., con el fin de que el Grupo Kaltex S.A. de C.V. asumiera
el control de esa compañía, debido a que se encontraba en causal de

8
Índice 2 del proceso en SAMAI.
9
Ley 1437 de 2011.
10
Se relacionan los que no fueron incluidos en el acápite de hechos de la demanda ordinaria.

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liquidación inminente; (ii) en cumplimiento de las exigencias del Grupo
Kaltex S.A., los accionistas mayoritarios de Coltejer se obligaron a ceder
los derechos fiduciarios de los cuales eran titulares a las sociedades que
dicho grupo indicara; (iii) el 9 de julio de 2008, los accionistas celebraron
contratos de fiducia mercantil irrevocable de administración con Alianza
Fiduciaria S.A., por medio de los cuales se crearon los Patrimonios
Autónomos denominados Fideicomiso Acciones Coltejer y Fideicomiso
Acciones C.I. Coltejer; (iv) el 14 de julio de 2008, Gaseosas de Duitama
S.A. cedió a la sociedad Kaltex Sudamérica S.A. los derechos fiduciarios
que tenía en el Fideicomiso Acciones Coltejer S.A., por un valor de
$242.472.513, y (v) el 15 de julio de 2008, Gaseosas de Duitama S.A.
cedió a Coltejer S.A. los derechos fiduciarios que tenía en el Fideicomiso
Acciones C.I. Coltejer.

2.1.1. Como primer cargo, expuso que la sentencia recurrida es nula “POR
VULNERAR EL ARTÍCULO 29 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y POR EL
DESCONOCIMIENTO DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA”.

Dijo que, al resolver la controversia planteada, la autoridad judicial no
valoró las pruebas aportadas al proceso —no especificó cuáles—, que
demostraban que la operación objeto de análisis correspondía a una
cesión de derechos fiduciarios, y concluyó equivocadamente, aplicando el
concepto de transparencia fiscal, que se había tratado de una enajenación
de acciones, lo que generó un fallo contrario a derecho que rechazó la
pérdida registrada en la declaración, la cual, de conformidad con las
normas vigentes para el período gravable 2008, era deducible del
impuesto de renta.

2.1.2. Como segundo cargo, expuso la “NULIDAD DE LA SENTENCIA POR
VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA, AL DERECHO DE DEFENSA
Y AL DEBIDO PROCESO DE GASEOSAS HIPINTO POR INAPLICACIÓN DEL
ARTÍCULO 187 CPACA y LOS ARTÍCULOS 281 Y 287 DEL CÓDIGO
GENERAL DEL PROCESO”.

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Aseveró que la providencia violó el principio de congruencia en la
modalidad de congruencia externa, pues omitió analizar varios cargos de
la demanda y del recurso de apelación.

En concreto, alegó que la providencia recurrida no tuvo en cuenta la
doctrina fijada por la DIAN en los conceptos 030976 del 26 de octubre de
1999, 124479 del 27 de diciembre de 2000 y 01391 del 9 de enero de
2008, así como en los oficios 070308 del 7 de septiembre de 2007,
027479 del 14 de marzo de 2008, 076724 del 11 de agosto de 2008 y
048995 del 2 de agosto de 2012, allegados al expediente por la entidad
en cumplimiento del auto de pruebas11, los cuales se refirieron a la no
aplicabilidad del principio de transparencia fiscal al contrato de fiducia,
criterio vigente en el momento en el que se expidió el requerimiento
especial y la liquidación de revisión, y le permitían a la sociedad exigir la
aplicación del artículo 264 de la Ley 223 de 1995.

Argumentó que la anterior doctrina de la DIAN, avalada por la
jurisprudencia en forma reiterada, sostenía que “‘el bien aportado en
forma irrevocable a la fiducia sale del patrimonio del fideicomitente
porque lo enajena y en consecuencia respecto a cualquier otra operación
que con posterioridad se realice sobre el mismo, ya no es titular el
fideicomitente sino el patrimonio autónomo al que fue transferido’.
(Concepto 01391 del 9 de enero de 2008)”.

Entonces, de conformidad con los conceptos de la DIAN, vigentes para el
período gravable 2008, que no fueron tenidos en cuenta por la Sección
Cuarta, los derechos fiduciarios objeto de la cesión realizada en desarrollo
del Acuerdo de Salvamento de Coltejer eran activos diferentes a las
acciones que fueron enajenadas de manera irrevocable al patrimonio
autónomo y, por lo tanto, la pérdida se dio en la cesión o venta de los
derechos fiduciarios, por lo que no era válido aplicar el artículo 153 del

11
Dictado en la audiencia inicial celebrada el 21 de enero de 2014.

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ET, que es la norma especial para las acciones, ni el artículo 300 ibidem,
que regula la ganancia ocasional que se presenta cuando se enajenan
activos poseídos por más de dos años.

Al respecto, agregó que, de acuerdo con los antecedentes de la Ley 223
de 1995, que modificó el artículo 102 del ET, la transparencia fiscal solo
se consagra en relación con los ingresos originados en los contratos de
fiducia mercantil y respecto de las utilidades obtenidas en el período
gravable, y no respecto de los activos aportados al patrimonio autónomo.

Agregó que la Sección Cuarta omitió pronunciarse sobre las razones por
la cuales las sentencias del Consejo de Estado que se invocaron no son
aplicables al caso concreto. Y enfatizó que el hecho de que el juez de
primera instancia haya omitido pronunciarse sobre los conceptos de la
DIAN, así como sobre la aplicabilidad del artículo 264 de la Ley 223 de
1995 y de la jurisprudencia invocada, no le impedían al ad quem decidir
sobre tales aspectos.

2.1.3. Por otra parte, alegó la “NULIDAD DE LA SENTENCIA POR
VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA, AL DERECHO DE DEFENSA
Y AL DEBIDO PROCESO DE GASEOSAS HIPINTO POR INAPLICACIÓN DEL
ARTÍCULO 734 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO”.

Señaló que, contra tales consideraciones del fallo recurrido, no existe un
requisito según el cual tenga que haber transcurrido un año entre la
presentación o inadmisión del recurso de reconsideración y la
presentación de la demanda, para que se configure el silencio
administrativo positivo, máxime cuando la consecuencia objetiva de este
no depende de la interposición o no interposición de la demanda, sino del
simple paso del tiempo sin que haya sido resuelto.

2.1.4. A continuación alegó la “NULIDAD DE LA SENTENCIA POR
VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA, AL DERECHO DE DEFENSA
Y AL DEBIDO PROCESO DE GASEOSAS HIPINTO POR AUSENCIA DE

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PRONUNCIAMIENTO FRENTE AL ARTÍCULO 128 DE LA LEY 1607 DE 2012
QUE ADICIONÓ EL ARTÍCULO 153 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO”.

Al respecto, aseveró que la sentencia del 14 de noviembre de 2019 omitió
pronunciarse sobre el argumento expuesto en la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho, según el cual, solo a partir del 1º de enero
de 2013, fecha en la que entró en vigor la Ley 1607 de 2012 (artículo 28),
que adicionó el artículo 153 del ET, las pérdidas en la enajenación de
derechos fiduciarios no son deducibles si el activo subyacente son
acciones o cuotas de interés social o se trata de un activo cuya pérdida
esté restringida de conformidad con las normas generales; lo que significa
que, en los demás casos de enajenación de derechos fiduciarios, la regla
general es y siempre ha sido la deducibilidad.

En tal sentido, dijo que en esa oportunidad se alegó que no era cierto que
no fueran deducibles las pérdidas originadas en la enajenación de
derechos fiduciarios, como equivocadamente lo señaló la DIAN. Empero,
la sentencia que se ataca nada dijo al respecto.

2.1.5. A continuación, alegó la “NULIDAD DE LA SENTENCIA POR
VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA, AL DERECHO DE DEFENSA
Y AL DEBIDO PROCESO DE GASEOSAS HIPINTO POR INAPLICACIÓN DEL
ARTÍCULO 149 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO Y POR LA INDEBIDA
APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 300 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO”.

Recordó que el fallo recurrido concluyó que, debido a la derogatoria del
artículo 352 del ET por la Ley 1111 de 2006, desde el año gravable 2007
no era posible deducir en el impuesto sobre la renta la pérdida ocasional
generada por la enajenación de acciones poseídas por más de dos años,
y sostuvo que tal razonamiento es errado, pues desconoce lo manifestado
por esa misma Sección en una sentencia anterior12, donde se precisó que,
aún después de la derogatoria, los ajustes por inflación constituían renta

12
Citó la sentencia del 2 de abril de 2009, radicación: 11001-03-27-000-2006-00040-00(16152).

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ordinaria y las pérdidas ocasionales originadas en la enajenación eran
deducibles de la renta bruta, sin que tuviera incidencia el término de
posesión del activo.

Arguyó que en el caso concreto era procedente la aplicación del artículo
149 del ET y asimismo la deducción de los ajustes por inflación practicados
a las acciones que poseía en Valorem S.A., independientemente del
tiempo de posesión, por expresa disposición legal, reconocida por la
jurisprudencia de la Sección Cuarta del Consejo de Estado13.

Agregó que, el desconocer los ajustes por inflación efectuados a las
acciones que tenía en Valorem S.A., la DIAN contrarió la posición que ella
misma había adoptado en la Resolución 900080 del 15 de octubre de
2009, que reconoció la deducibilidad de los ajustes por inflación a la
sociedad Bancolombia.

2.1.6. Luego, alegó la “NULIDAD DE LA SENTENCIA POR VIOLACIÓN AL
PRINCIPIO DE CONGRUENCIA, AL DERECHO DE DEFENSA Y AL DEBIDO
PROCESO DE GASEOSAS HIPINTO POR INAPLICACIÓN DE LA EXIMENTE
CONSAGRADA EN EL ARTÍCULO 647 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO”.

Argumentó que la sentencia recurrida es nula porque omitió pronunciarse
sobre un aspecto crucial de su defensa planteado en la demanda, esto es,
la eximente de responsabilidad de la sanción por inexactitud contemplada
en el artículo 647 del ET, que establece que no se configura inexactitud
sancionable cuando las diferencias en las declaraciones tributarias se
deben a errores de apreciación o diferencias de criterio en la
interpretación del derecho aplicable, siempre que los hechos y cifras
declarados sean completos y verdaderos.

La recurrente sostiene que en su caso se cumplían estas condiciones, ya
que los datos declarados eran completos y verdaderos, y la discrepancia

13
Ídem.

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con la DIAN surgía de una diferencia de criterio en la interpretación de las
normas tributarias. Al respecto, invocó el salvamento de voto del
consejero de Estado Jorge Octavio Ramírez Ramírez a la sentencia objeto
del recurso, quien manifestó que reconocía la validez de su planteamiento
y la omisión del fallo en considerarlo.

2.2. Oposición al recurso extraordinario de revisión

El recurso fue admitido por el despacho sustanciador a través de auto del
22 de septiembre de 202214, que ordenó notificar y dar traslado a la
Sección Cuarta del Consejo de Estado, a la DIAN y al Ministerio Público,
conforme con lo previsto en el artículo 253 del CPACA.

2.2.1. El magistrado de la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Julio
Roberto Piza Rodríguez, presentó contestación en la que:

2.2.1.1. Alegó que el recurso extraordinario de revisión es un medio de
impugnación excepcional contra la sentencia, enfocado en hechos
procesales externos a la labor del juez, y no constituye una discusión
contra la autoridad judicial que la profirió. Por lo tanto, argumentó que la
notificación del auto admisorio del recurso a la Sección Cuarta era
improcedente, y solicitó que se le desvincule del proceso.

2.2.1.2. Sin perjuicio de lo anterior, se opuso a los argumentos del
recurso, señalando que éstos no están orientados a acreditar la
configuración de la causal de nulidad originada en la sentencia, sino que
buscan constituir una instancia adicional en el proceso, lo cual es
improcedente.

2.2.1.3. Aseveró que la sentencia recurrida sí efectuó el análisis de los
cargos de la demanda ordinaria que la recurrente considera que no fueron
resueltos. En concreto, señaló que la decisión: (i) sí analizó la

14
Índice 13.

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interpretación realizada en sentencias anteriores sobre el régimen de
transparencia fiscal en los contratos de fiducia mercantil, pero concluyó
que la posición vigente era aplicar el tratamiento fiscal de los activos
subyacentes (acciones) a la enajenación de derechos fiduciarios; (ii)
precisó que la parte actora solo sustentó la aplicación de dos conceptos
de la DIAN en específico, por lo que el análisis efectuado en el fallo se
limitó a estos; (iii) determinó que la operación del contribuyente generaba
el impuesto a las ganancias ocasionales, en los términos del artículo 300
del ET, razón por la cual no era necesario analizar la retroactividad del
artículo 153 del ET, que se refiere al impuesto de renta, y (iv) sí analizó
la aplicabilidad de la sanción por inexactitud y concluyó que estaba
ajustada a derecho, pues las deducciones reclamadas no estaban
amparadas por la normativa vigente.

2.2.1.4. Citó y analizó sentencias previas de la misma Sección Cuarta15,
que respaldan su posición sobre el tratamiento fiscal de la enajenación de
derechos fiduciarios y la aplicación del régimen de transparencia fiscal.

2.2.1.5. Advirtió que muchos de los argumentos de la recurrente se
centran en su inconformidad con la interpretación y aplicación del derecho
realizada en la sentencia revisada, lo cual no es objeto del recurso
extraordinario.

2.2.2. La DIAN presentó contestación por intermedio de apoderado y
expuso los argumentos que pasan a sintetizarse.

2.2.2.1. Argumentó que el recurso extraordinario de revisión no tiene
como finalidad permitir una nueva valoración de las pruebas o una nueva
interpretación del derecho, sino que procede únicamente cuando se
configura alguna de las causales taxativamente señaladas en la ley. En

15
Sentencia del 25 de julio de 2019, exp. 21703, CP: Stella Jeannette Carvajal Basto; sentencia del 14 de
agosto de 2019, exp. 23513, CP: Stella Jeannette Carvajal Basto; sentencia del 24 de abril de 2020 (exp,
23307, CP: Milton Chaves García); sentencia del 18 de febrero de 2021 (exp. 24558, CP: Stella Jeannette
Carvajal Basto), y sentencia del 17 de marzo de 2022 (exp. 24649, CP: Myriam Stella Gutiérrez Argüello).

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tal sentido, adujo que en este caso el recurso está siendo utilizado como
una tercera instancia, para discutir nuevamente cuestiones que ya fueron
debatidas y decididas en las instancias anteriores.

2.2.2.2. Arguyó que en la actuación administrativa y en el proceso judicial
ordinario se probó que el mecanismo utilizado por Gaseosas Hipinto
S.A.S. para la salvaguarda de Coltejer fue la venta de acciones, y no una
cesión de derechos fiduciarios, como lo pretende hacer ver la parte
recurrente. Por lo tanto, señaló que la deducción reclamada era
improcedente, en virtud del artículo 153 del ET.

2.2.2.3. Afirmó que la Sección Cuarta sí analizó y se pronunció sobre los
argumentos y las normas invocadas por la parte recurrente, pero que
determinó que no eran aplicables al caso concreto. En particular, no
desconoció el principio de congruencia, no infringió el debido proceso ni
desconoció el artículo 264 de la Ley 223 de 1995, sino que simplemente
determinó que, dada la naturaleza del negocio jurídico (venta), era
improcedente la aplicación de las deducciones que se desprendían del
artículo 149 del ET.

Enfatizó que la Sección Cuarta analizó las sentencias invocadas por la
demandante sobre la inaplicación del artículo 149 del ET y la deducción
de los ajustes integrales por inflación, pero concluyó que estos últimos no
eran aplicables al caso, ya que las normas que los regulaban ya estaban
derogadas en el año 2008.

2.2.2.4. Arguyó que la Sección Cuarta no estableció un requisito no
contemplado en el artículo 732 del ET para la configuración del silencio
positivo, como afirma el recurrente, sino que explicó que este surge
cuando transcurre un año desde la interposición del recurso de
reconsideración sin que la administración lo haya resuelto, y que esto no
ocurrió en el caso concreto, pues la demanda se interpuso antes del

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vencimiento de ese plazo, por lo que lo procedente era estudiar de fondo
los cargos de la demanda.

2.2.2.5. Por último, adujo que la imposición de la sanción por inexactitud
era procedente al probarse que la realidad del negocio jurídico fue la
enajenación o venta de acciones, caso en el cual las pérdidas no son
deducibles.

2.3. Concepto del Ministerio Público

2.3.1. El procurador quinto delegado ante el Consejo de Estado rindió
concepto en el que explicó que la causal invocada no tiene como objetivo
proponer un debate sobre la corrección o incorrección del juzgamiento o
sobre la apreciación de los hechos y las pruebas, sino que debe ceñirse a
la existencia de una nulidad que se haya originado en la sentencia misma,
lo que puede ocurrir, por ejemplo, si es dictada cuando el proceso esté
suspendido, o si no cuenta con la motivación debida, entre otros.

De acuerdo con lo anterior, manifestó que el presente recurso
extraordinario no cumple con las condiciones de procedencia, pues lo que
busca la recurrente es plantear sus inconformidades con la decisión
tomada en segunda instancia y que se realice un control de legalidad de
la sentencia emitida por el Consejo de Estado, como si se tratara de una
nueva instancia.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia y oportunidad

De acuerdo con lo previsto por los artículos 107 y 249 del CPACA y por el
numeral 1 del artículo 29 del Acuerdo nro. 080 del 12 de marzo de 201916,

16
Reglamento interno del Consejo de Estado.

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la Sala Especial de Decisión es competente para conocer del recurso
extraordinario de revisión.

La sentencia del 14 de noviembre de 2019, objeto del recurso, fue
notificada el 16 de diciembre de 201917, y la presente demanda se radicó
18 de diciembre de 202018, es decir, dentro del plazo de un año posterior
a la ejecutoria de la decisión, establecido en el artículo 25119 del CPACA.

3.2. Del recurso extraordinario de revisión

El recurso extraordinario de revisión es un mecanismo procesal que
implica una excepción a la cosa juzgada, pues constituye un medio de
impugnación de las sentencias que han producido plenos efectos jurídicos.

Ahora, como dicho recurso afecta el carácter de inmutable de la sentencia
judicial ejecutoriada, las decisiones que se producen con ocasión de su
interposición son de carácter excepcional, restrictivo, y están sometidas
a las causales taxativamente previstas en la ley, con el fin de evitar que
se convierta en una tercera instancia20. No comporta entonces una nueva
oportunidad procesal para reabrir el debate judicial, suplir la omisión
probatoria de las partes, corregir yerros en la interpretación o la aplicación
del derecho o en la valoración de las pruebas.

En tal sentido, el recurrente debe cumplir los requisitos para presentar la
demanda consagrados en el artículo 252 del CPACA, en los que, además
de designar las partes y su representante, el nombre y domicilio del
recurrente y los hechos y omisiones que le sirven de fundamento, deberá

17
Índice 26 del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho en SAMAI.
18
Índice 2 del proceso de revisión en SAMAI.
19
“Artículo 251. Término para interponer el recurso. El recurso podrá interponerse dentro del año siguiente a
la ejecutoria de la respectiva sentencia.
En los casos contemplados en los numerales 3 y 4 del artículo precedente, deberá interponerse el recurso
dentro del año siguiente a la ejecutoria de la sentencia penal que así lo declare.
En el caso del numeral 7, el recurso deberá presentarse dentro del año siguiente a la ocurrencia de los motivos
que dan lugar al recurso. (…)”. (Subrayas de la Sala).
20
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 11 de febrero de 1993, Rad.
1992-00037-00 (Rev).

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señalar con precisión la causal y exponer los motivos que justifican su
procedencia21.

3.3. La causal de revisión del numeral 5º del artículo 250 del
CPACA

3.3.1. El numeral 5º del artículo 250 del CPACA previó como causal de
revisión la de “existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al
proceso y contra la que no procede recurso de apelación”.

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta corporación ha
precisado que, para la configuración de esta causal, deben estar reunidos
los siguientes presupuestos22:

(i) Que contra la decisión objeto del recurso extraordinario no proceda el
recurso de apelación.

(ii) Que la causal de nulidad se haya originado en la sentencia, y no antes,
ya que la proposición de nulidades procesales está sometida a las reglas
de procedibilidad establecidas en el artículo 134 del Código General del
Proceso (CGP).

(iii) Debe corresponder a alguno de los vicios señalados por el artículo
133 ibidem o alguna de las siguientes situaciones: cuando se le haga más
gravosa la situación al demandante sin que exista demanda de
reconvención; en los eventos en que la providencia carezca de
motivación23; cuando se profiera un nuevo fallo en un proceso concluido

21
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 17 de julio de 2013, Rad.
2012-00231-00 (Rev).
22
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 8 de mayo de 2018. C.P.
Alberto Yepes Barreiro. Expediente radicación 11001-03-15-000-1998-00153-01.
23
Frente a la nulidad originada en la sentencia por ausencia de motivación, esta Corporación ha precisado que
“se presenta ante la carencia absoluta de pronunciamiento del juez sobre las razones de hecho o de derecho
sirvieron de fundamento a la decisión, o cuando se sustenta en circunstancias manifiestamente erróneas,
incompletas o de actitudes dolosas”. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección
Tercera. Subsección A. Sentencia del 22 de noviembre de 2021. C.P. María Adriana Marín. Expediente
radicación nro. 11001 03 26 000 2019 00143 00 (64827). Así mismo la Corporación ha dicho que esta causal
también se presenta por violación al debido proceso por falta de congruencia. En este punto ver: Consejo de
Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 7 de abril de 2015. C.P. Alberto Yepes
Barreiro. Expediente radicación nro. 11001 03 15 000 2013 00358 00.

25
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Radicación: 11001 03 15 000 2020 05259 00
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con sentencia en firme; si se procede a dictar sentencia cuando
previamente se ha aceptado el desistimiento, aprobada la transacción o
declarada la perención; si se profiere fallo como única actuación; cuando
se condena a quien no ha sido parte en el proceso; cuando se dicta
sentencia después de ocurrida alguna de las causales de interrupción o
suspensión; cuando existe un mayor o menor número de magistrados o
de votos a los previstos, u otras situaciones que comporten una violación
del derecho fundamental al debido proceso.

Así mismo, la jurisprudencia ha explicado que24 “se desprende del artículo
29 constitucional, cuya violación puede originar la nulidad del fallo
respectivo, cuando la transgresión (…) se presente directamente en el
fallo, por ejemplo, cuando no existe coherencia entre la parte motiva y la
resolutiva, o se decide por fuera de los términos que originaron la
controversia”.

Es importante resaltar que, como lo ha señalado la jurisprudencia de esta
corporación25, “en principio, esta causal está limitada a los vicios
procesales que surgen al momento de la expedición de la sentencia, mas
no los acaecidos en etapas anteriores26. La jurisprudencia de la Sala Plena
de esta Corporación27, sin embargo, ha aceptado como hechos
constitutivos de esta causal los vicios procesales ocurridos antes de
proferirse la sentencia, siempre que el afectado no haya tenido la
oportunidad de invocarlos ante el juez porque solo los conoció cuando fue

24
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 7 de abril de 2015. C.P.
Alberto Yepes Barreiro. Expediente radicación nro. 11001 03 15 000 2013 00358 00.
25
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala Diecisiete Especial de Decisión.
Sentencia del 26 de enero de 2023. C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas. Expediente radicación nro. 11001
03 15 000 2019 04168 00.
26
Cita original: “La Sala Plena, en uno de sus pronunciamientos concluyó que esa causal de revisión exige que
el vicio se configure al momento en que se profiera la sentencia y que, por ende, no es posible “alegar como
causal del recurso extraordinario de revisión la nulidad acaecida en una etapa previa a la sentencia, máxime
si se advierte que la proposición de nulidades procesales se encuentra sometida a las reglas de oportunidad y
legitimación previstas en el artículo 142 del Código de Procedimiento Civil, sin perjuicio del deber que el artículo
145 ejusdem, impone al juez de declarar de oficio las nulidades insaneables que observe ‘antes de dictar
sentencia’ ”. Sentencia del 2 de marzo de 2010, exp. 11001- 03-15-000-2001-0091-01”.
27
Cita original: “En este sentido, la Corporación se ha pronunciado en las siguientes providencias: del 31 de
mayo de 2011, expediente número 1100103150002008-00294-00; del 9 de marzo de 2010, expediente
número 1100103150002002-1024-01; del 2 de marzo de 2010, expediente número 185; del 7 de febrero de
2006, expediente número 11001-03-15-000-1997-00150-00; del 18 de octubre de 2005, expediente número
11001-03-15-000-2000-00239-00, y del 20 de abril de 2004, expediente número 11001-03-15-000-1996-
0132-01”.

26
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proferida la sentencia recurrida28. Quien considere fue afectado, en todo
caso, tiene la carga de probar que no tuvo la oportunidad de proponer la
nulidad o alegar el vicio oportunamente. De lo contrario, la causal de
revisión en cuestión será una anormal oportunidad para que las partes
subsanen las omisiones del proceso ordinario y aleguen nulidades o
errores procesales que debieron proponer en la oportunidad prevista en
el artículo 134 del Código General del Proceso (C.G.P.) o para proponer
nulidades que quedaron saneadas en los términos del artículo 136
ibidem”.

3.3.2. La corporación ha sostenido que esta causal también se presenta
por violación del principio de congruencia29. Al respecto, es pertinente
tener en cuenta el artículo 281 del CGP, que prescribe:

“Artículo 281. Congruencias. La sentencia deberá estar en consonancia con los
hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades
que este código contempla y con las excepciones que aparezcan probadas y
hubieren sido alegadas si así lo exige la ley.

No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto
del pretendido en la demanda ni por causa diferente a la invocada en esta.

Si lo pedido por el demandante excede de lo probado se le reconocerá solamente
lo último.

En la sentencia se tendrá en cuenta cualquier hecho modificativo o extintivo del
derecho sustancial sobre el cual verse el litigio, ocurrido después de haberse
propuesto la demanda, siempre que aparezca probado y que haya sido alegado
por la parte interesada a más tardar en su alegato de conclusión o que la ley
permita considerarlo de oficio. (…)”. (Subrayas de la Sala).

El principio de congruencia se erige como una garantía del derecho
fundamental al debido proceso, comoquiera que, en virtud de éste, el juez
sólo puede pronunciarse respecto de las pretensiones, las pruebas y las
excepciones que las partes hayan expuesto30. Este presenta dos ámbitos
o facetas: la externa, que se refiere a la armonía que debe existir entre
lo pedido y alegado por las partes; y la interna, relacionada con la

28
Cita original: “La jurisprudencia de esta Sala ha aceptado la posibilidad de alegar como nulidad originada en
la sentencia aquella que, aunque ocurrida en momento anterior al de la emisión del fallo definitivo no apelable,
no pudo ser advertida por el recurrente durante el curso del proceso”. Sentencia del 2 de marzo de 2010, exp.
11001-03-15-000-2001-0091-01”.
29
Ver nota al pie 24.
30
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 26 de octubre de 2016, radicado: 25000-
23-42-000-2014-01139-01(2458-15).

27
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coherencia entre lo dispuesto en la parte resolutiva y los argumentos o
razonamientos expuestos en la parte motiva de la providencia.

La Sección Primera de esta corporación, en sentencia del 25 de enero de
201831, resaltó que, en virtud del principio de congruencia, “debe existir
una correspondencia entre lo que se decide por el Juez y lo que constituye
la materia del litigio”, pues “el pronunciamiento que se profiera no solo
debe referirse al petitum elevado sino además, a los hechos que sirven
de soporte aducidos por quien entabla la demanda, y en tratándose de
las acciones incoadas ante la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo, es menester señalar que el quebranto normativo
endilgado en el capítulo del libelo que contenga el concepto de violación,
constituye un límite que no puede traspasar el Juzgador, sobre todo si se
tiene en cuenta que en este campo la justicia es rogada; por lo cual la
contienda no puede desatarse sino dentro de las pautas fijadas en el libelo
incoativo del proceso”32. Asimismo, enfatizó que “la sentencia no puede
reconocer lo que no se ha pedido (extra petita) ni tampoco más de lo
solicitado (ultra petita), excepto en los casos autorizados expresamente
por el legislador, como en los asuntos de familia y de protección de los
derechos fundamentales”.

Particularmente, sobre la causal de nulidad originada en la sentencia por
violación del principio de congruencia, esta corporación se pronunció en
los siguientes términos33:

“El juez de la revisión debe cuidarse de no incurrir en el error de confundir la
disconformidad que puedan tener los sujetos procesales frente a lo
argumentado y decidido en el fallo en cuestión, con la falta de armonía
sustancial que inexorablemente debe darse entre la parte motiva y la dispositiva
de la providencia, ya que en el primer supuesto, el recurso extraordinario debe
negarse, pues el mismo se estaría empleando para mimetizar tesis o razones
propias de los recursos ordinarios o de las discusiones de instancia, pero no de
las que por su naturaleza especial se requieren para este tipo de recursos
extraordinarios”. (Subrayas de la Sala).

31
Consejo de Estado, Sección Primera. Radicado: 25000-23-41-000-2013-00911-01. Consejera ponente:
María Elizabeth García González.
32
En este punto, la Sección Primera citó: “Sentencia de 5 de junio de 1997, Expediente nro. 4092, CP Manuel
Santiago Urueta Ayola”.
33
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala 22 Especial de Revisión, providencia de 7
de abril de 2015, radicación 11001-03-15-000-2013-00358-00 (REV).

28
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Así las cosas, en virtud del principio de congruencia, los funcionarios
judiciales deben resolver los asuntos puestos en su conocimiento en
atención a las pretensiones, las pruebas aportadas, las normas aplicables
y lo alegado por las partes, sin incurrir en fallos ultra, extra o infra petita,
como regla general.

Ahora, en caso de existir incongruencia, para que pueda generar la
invalidez de la sentencia, debe ser de tal magnitud que no proceda
solución diferente de su nulidad. Además, no debe dejarse de lado que,
en el contexto del recurso extraordinario de revisión, no puede
confundirse la falta de congruencia con la simple disparidad de criterios
que presentan las partes contra las decisiones que les resultan adversas.

3.4. Análisis del caso

3.4.1. La sociedad Gaseosas Hipinto S.A.S. interpuso el recurso
extraordinario de revisión contra la sentencia del 14 de noviembre de
2019, dictada por el Consejo de Estado, Sección Cuarta, con fundamento
en la causal consagrada en el numeral 5º del artículo 250 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
(CPACA)34, “existir nulidad originada en la sentencia”. Más
concretamente, alega que la decisión cuestionada incurrió en violación del
debido proceso y en desconocimiento del principio de congruencia porque
no tuvo en cuenta algunos argumentos formulados en la demanda
ordinaria, así como algunas pruebas allegadas a ese asunto.

Para determinar si el recurso extraordinario de revisión se encuentra
fundado, la Sala estima pertinente, en primer término, recordar los
argumentos que fueron formulados por Gaseosas Hipinto S.A.S. en la
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, para luego
compararlos con el debate que se propone en esta oportunidad.

34
Ley 1437 de 2011.

29
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3.4.2. Entonces, se observa que en la demanda primigenia, además del
debate sobre la oportunidad del recurso de reconsideración, frente al que
la decisión recurrida le dio la razón, Gaseosas Hipinto S.A.S. alegó, en
síntesis, que la Liquidación Oficial de Revisión No. 202412012000018 del
23 de julio de 2012 era nula porque: (i) desconoció la deducción del ajuste
por inflación en venta de las acciones que tenía en otra sociedad, al
considerar equivocadamente que ese valor constituía ganancia ocasional,
interpretación que no es consonante con la jurisprudencia el Consejo de
Estado y con el criterio previamente expuesto por la propia DIAN en un
concepto, así como en una resolución que reconoció tal derecho a la
sociedad Bancolombia; (ii) se equivocó al denegar la deducción del ajuste
por inflación efectuado a las acciones que la contribuyente poseía en
Coltejer S.A. y en C.I. Coltejer S.A., la cual sí era procedente, pues al
caso no le era aplicable la restricción del artículo 153 del ET; (iii)
equivocadamente le adicionó los ingresos correspondientes al precio de
venta de los derechos fiduciarios que tenía en Coltejer S.A. y en C.I.
Coltejer S.A.; (iv) incurrió en errores en la determinación del costo fiscal
de esos derechos fiduciarios, pues equivocadamente utilizó el valor
patrimonial; (v) desconoció que la pérdida generada en la venta de
derechos fiduciarios es deducible, pues, de acuerdo con la doctrina de la
DIAN, esos derechos son activos distintos a los bienes que integran el
patrimonio autónomo, por lo que no les son aplicables las restricciones
tributarias aplicables a la venta de acciones, como la no deducibilidad de
la pérdida, y (vi) no había lugar a la imposición de la sanción por
inexactitud, pues en el caso se presentaron diferencias en los criterios de
interpretación de las normas aplicables.

3.4.3. A su vez, en el recurso extraordinario de revisión, Gaseosas Hipinto
S.A.S., en suma, alegó que la sentencia del 14 de noviembre de 2019,
dictada por el Consejo de Estado, Sección Cuarta: (i) no valoró las
pruebas aportadas al proceso —no especificó cuáles—, que demostraban
que la operación objeto de análisis correspondía a una cesión de derechos
fiduciarios, y no a una venta de acciones; (ii) no tuvo en cuenta los
conceptos de la DIAN, que fueron allegados al expediente, de los que se

30
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desprendía que al asunto no le era aplicable el principio de transparencia
fiscal, y que los derechos fiduciarios objeto de la cesión eran activos
diferentes a las acciones que fueron enajenadas de manera irrevocable al
patrimonio autónomo constituido para salvaguardar a Coltejer,
precisando que la pérdida se produjo respecto del primero de tales
negocios, no resultando entonces aplicable el artículo 153 del ET, que es
la norma especial para las acciones, ni el artículo 300 ibidem, que regula
la ganancia ocasional que se presenta cuando se enajenan activos
poseídos por más de dos años; y agregó que la sentencia omitió indicar
por qué no eran aplicables las sentencias del Consejo de Estado que se
invocaron, para lo cual no era óbice el silencio del inferior; (iii) aplicó un
requisito inexistente respecto de la configuración del silencio
administrativo positivo, esto es, que haya transcurrido un año entre la
presentación o inadmisión del recurso de reconsideración y la
presentación de la demanda; (iv) no se pronunció sobre el argumento
expuesto en la demanda, según el cual, al momento de la declaración, las
pérdidas en la enajenación de derechos fiduciarios eran deducibles si el
activo subyacente eran acciones, lo cual sólo cambió a partir del 1º de
enero de 2013, cuando entró en vigor el artículo 28 de la Ley 1607 de
2012, que adicionó el artículo 153 del ET; (v) al concluir que, debido a la
derogatoria del artículo 352 del ET por la Ley 1111 de 2006, desde el año
gravable 2007 no era posible deducir en el impuesto sobre la renta la
pérdida ocasional generada por la enajenación de acciones poseídas por
más de dos años, desconoció que esa misma Sección35 había señalado
que, aún después de dicha derogatoria, los ajustes por inflación
constituían renta ordinaria y las pérdidas ocasionales originadas en la
enajenación eran deducibles de la renta bruta, en los términos del artículo
149 del ET, sin que tuviera incidencia el término de posesión del activo,
lo cual fue reconocido por la entidad en la Resolución 900080 del 15 de
octubre de 2009, que aceptó la deducibilidad de los ajustes por inflación
a la sociedad Bancolombia, y (vi) omitió pronunciarse sobre la
inaplicabilidad de la sanción por inexactitud, teniendo en cuenta que en

35
Citó la sentencia del 2 de abril de 2009, radicación: 11001-03-27-000-2006-00040-00(16152).

31
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el caso se presentaron errores de apreciación o diferencias de criterio en
la interpretación del derecho aplicable.

3.4.4. Siendo así, la Sala observa que, si bien la sociedad Gaseosas
Hipinto S.A.S. en el recurso extraordinario de revisión alega la
configuración de una nulidad originada en la sentencia, como
consecuencia de la supuesta infracción del debido proceso y del principio
de congruencia, lo cierto es que los fundamentos expuestos buscan
nuevamente: (i) revalidar la deducción del ajuste por inflación en la venta
de las acciones que la demandante tenía en la sociedad Valorem S.A; (ii)
buscar que se acepte la deducción del ajuste por inflación efectuado a las
acciones que tenía en Coltejer S.A. y en C.I. Coltejer S.A.; (iiii)
controvertir la adición de los ingresos obtenidos por la venta de los
derechos fiduciarios que tenía en dichas sociedades; (iv) confirmar que la
pérdida generada en la venta de esos derechos fiduciarios es deducible
del impuesto de renta, y (v) discutir la configuración de las condiciones
para la imposición de la sanción por inexactitud.

3.4.5. En efecto, la Sala advierte que, si bien la demandante alega que
sobre tales aspectos la decisión recurrida no abordó algunos de los
argumentos expuestos en la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho, o que no valoró las pruebas aportadas, o que no tuvo en cuenta
la doctrina de la DIAN invocada en la demanda, lo cierto es que en
realidad no pone de presente una falta de pronunciamiento sobre tales
aspectos, sino que reitera la controversia que ya se agotó en el proceso
ordinario en cuanto a la interpretación de la normativa, la jurisprudencia
y la doctrina oficial que rigieron la declaración que en su momento
presentó, por el impuesto de renta del año gravable 2008, la sociedad
Gaseosas de Duitama S.A., luego absorbida por la recurrente.

De hecho, la Sala observa que, pese a que en el primer cargo del recurso
se alega la falta de valoración de las pruebas que a juicio de la actora
demostraban que la operación objeto de análisis correspondía a una

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cesión de derechos fiduciarios y no a una venta de acciones, la actora ni
siquiera indicó a cuáles pruebas se refería.

3.4.6. Adicionalmente, se observa que la actora alega que la providencia
objeto de recurso no tuvo en cuenta los conceptos de la DIAN, aportados
por la misma entidad en cumplimiento del auto de pruebas. Empero, lo
cierto es que la decisión objeto de debate sí se pronunció al respecto
cuando indicó que la demandante únicamente había sustentado la
aplicabilidad de dos de esos conceptos al caso, por lo que a estos limitó
el análisis que efectuó en el caso concreto.

3.4.7. Asimismo, se observa que en el recurso se cuestiona el análisis que
efectuó la sentencia del 14 de noviembre de 2019 sobre la configuración
del silencio administrativo positivo. Empero, es evidente que el
argumento allí propuesto no gira en torno a la violación del debido proceso
o a la configuración de una incongruencia, sino que simplemente busca
generar una controversia adicional, finalidad para la cual no es procedente
este recurso extraordinario.

3.4.8. La recurrente sostiene además que la sentencia no se pronunció
sobre el argumento de la demanda relacionado con la deducibilidad de las
pérdidas en la enajenación de derechos fiduciarios, si el activo subyacente
eran acciones. Sin embargo, la Sala advierte que tal aspecto sí fue objeto
de pronunciamiento, aunque contrario a los intereses de la actora. En
efecto, como se vio, la sentencia recurrida dijo sobre el particular que la
venta de derechos fiduciarios tiene el mismo tratamiento fiscal que la
venta de las acciones subyacentes y, por lo tanto, no era procedente la
deducción solicitada por la demandante.

3.4.9. Se observa asimismo que la recurrente propone nuevamente el
mismo debate ya resuelto sobre la deducibilidad del ajuste por inflación
en venta de las acciones que tenía en otra sociedad, frente al cual reitera
que la DIAN ya había reconocido tal derecho a Bancolombia en una
oportunidad anterior. Al respecto, hay que reiterar que la providencia
recurrida resolvió tal argumento señalando que, debido a la derogatoria

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del artículo 352 del ET por la Ley 1111 de 2006, desde el año gravable
2007 no era posible deducir en el impuesto sobre la renta la pérdida
ocasional generada por la enajenación de acciones poseídas por más de
dos años. Y, si bien la actora aduce en el recurso que con tal decisión se
desconoció un pronunciamiento anterior de la misma Sección, lo cierto es
que ello no constituye más que la continuación del debate ya agotado.

3.4.10. Finalmente, se observa que a la recurrente no le asistió la razón
al sostener que la providencia omitió pronunciarse sobre la inaplicabilidad
de la sanción por inexactitud, pues al respecto la decisión manifestó que
sí había lugar a tal sanción porque la actora incluyó deducciones
improcedentes en la declaración. Y, de hecho, en virtud del principio de
favorabilidad, la redujo del 160% al 100% de la diferencia entre el saldo
a pagar y el saldo a favor de la declaración privada.

3.4.11. De acuerdo con lo expuesto, para la Sala es claro que los
argumentos el recurso de revisión buscan revivir el debate que se surtió
en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, además de
adicionar la controversia con argumentos nuevos, pero ahora dirigidos
contra la sentencia de segunda instancia, finalidad para la cual no puede
emplearse este mecanismo extraordinario.

3.4.12. Por lo expuesto, la Sala declarará infundado el recurso
extraordinario de revisión interpuesto por la sociedad Gaseosas Hipinto
S.A.S. contra la sentencia del 14 de noviembre de 2019, proferida por el
Consejo de Estado, Sección Cuarta.

3.5. Costas

Vistos los artículos 188 del CPACA36 y 365 del CGP37, en especial su
numeral 8º, en consonancia con lo dispuesto en el artículo 255 ibidem, y

36
“Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de
Procedimiento Civil.”
37
“Artículo 365. Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya
controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas:

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a lo expuesto por esta corporación, la Sala considera que hay lugar a
decretar condena en costas por agencias en derecho, en la medida en que
se comprueba que la DIAN compareció a este proceso por conducto de
apoderado debidamente constituido.

En consecuencia, se dará aplicación al Acuerdo nro. PSAA 16- 10554 del
5 de agosto de 201638, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura
y se impondrá a su favor y a cargo de Gaseosas Hipinto S.A.S., la suma
equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual vigente. No se
condenará al pago de gastos y expensas, toda vez que no se acreditó
probatoriamente su causación.

En mérito de lo expuesto, la Sala Dieciocho Especial de Decisión de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia
en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de
revisión interpuesto por la sociedad Gaseosas Hipinto S.A.S. contra la
sentencia del 14 de noviembre de 2019, proferida por el Consejo de
Estado, Sección Cuarta, por las razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia.

SEGUNDO: CONDENAR en costas a la sociedad Gaseosas Hipinto S.A.S.
por concepto de agencias en derecho, por lo que deberá pagar a la DIAN
la suma equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual vigente.

1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el
recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos
especiales previstos en este código.
Además se condenará en costas a quien se le resuelva de manera desfavorable un incidente, la formulación
de excepciones previas, una solicitud de nulidad o de amparo de pobreza, sin perjuicio de lo dispuesto en
relación con la temeridad o mala fe.
2. La condena se hará en sentencia o auto que resuelva la actuación que dio lugar a aquella. (…)
8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su
comprobación. (…)”.
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“Por el cual se establecen las tarifas de agencias en derecho”.

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Radicación: 11001 03 15 000 2020 05259 00
Demandante: Gaseosas Hipinto S.A.S.

TERCERO: En firme esta providencia, se ordena DEVOLVER al Tribunal
de origen para lo de su cargo.

Cópiese, notifíquese y cúmplase

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente Sala Especial Consejera de Estado
Consejero de Estado

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR WILSON RAMOS GIRÓN
Consejero de Estado Consejero de Estado (E)
Aclara voto

ALBERTO MONTAÑA PLATA
Consejero de Estado
Ausente con excusa

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sala en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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