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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2021-00031-01

Acción de tutela contra providencia judicial

Fecha
6 de agosto de 2021
Consejero ponente
Nicolás Yepes Corrales

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2021-00031-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: MODIFICAR la sentencia de tutela del 18 de febrero de 2021 proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, para, en su lugar, DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo en cuanto a los defectos sustantivo, desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución; y NEGAR la acción constitucional en lo concerniente al defecto fáctico, por los motivos expuestos en la parte motiva. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes intervinientes e interesados por el medio más expedito. TERCERO: PUBLICAR la presente providencia en la página web de esta Corporación y en la de la Rama Judicial. CUARTO: ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2021-00031-01

Consejero ponente: Nicolás Yepes Corrales

6 de agosto de 2021

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / AUSENCIA DE CARGA ARGUMENTATIVA – Omisión de identificación suficiente de los hechos y argumentos de tutela / INEXISTENCIA DEL DEFECTO SUSTANTIVO / INEXISTENCIA DEL DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL / INEXISTENCIA DE LA VIOLACIÓN DIRECTA DE LA CONSTITUCIÓN / ALCANCE DEL PRINCIPIO DE INFORMALIDAD DE LA ACCIÓN DE TUTELA – No es absoluto

[E]n cuanto a que el escrito esté debidamente motivado, en la medida que se indicaron de forma razonada los hechos vulneradores y los derechos fundamentales trasgredidos, debe anotarse que las alegaciones relacionadas con los defectos sustantivo, de desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución, no cumplen con este presupuesto. Ciertamente, en la sustentación del defecto sustantivo, la parte actora se limitó a indicar que hubo una interpretación errada de lo ordenado en los fallos de tutela del 02 de mayo y 13 de octubre de 2016, así como un desconocimiento del Convenio 169 de 1989 de la OIT. Frente al desconocimiento del precedente, solo citó unas sentencias de revisión de tutelas y de unificación de la Corte Constitucional, sin desarrollar en mayor medida la censura. Finalmente, en cuanto a la violación directa de la Constitución, trajo unas normas de orden superior, pero tampoco esbozó argumentación alguna. En tal virtud, es de anotar que, en relación con el requisito de identificación suficiente de los hechos y argumentos de tutela, la Corte Constitucional ha señalado que pese al carácter informal de la acción, los peticionarios se encuentran en el deber de precisar “las circunstancias concretas que dan lugar a la afectación del derecho”, con el fin de delimitar el campo en el que le es posible actuar al juez constitucional, razón por la que no son procedentes las solicitudes de amparo fundamentadas en “planteamientos vagos, contradictorios, equívocos o ambiguos”. Por ende, resulta evidente que esos defectos no fueron debidamente respaldados para ligar, de manera inescindible, los fundamentos de hecho con una situación que pudiera amenazar o transgredir los derechos fundamentales de los que son titulares los interesados. Así pues, las falencias argumentativas impiden, prima facie, determinar de forma inteligible la amenaza o vulneración invocada, de manera que resulta improcedente continuar con su estudio.

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / AUSENCIA DE DEFECTO FÁCTICO / ADECUADA VALORACIÓN DEL ELEMENTO MATERIAL PROBATORIO / AUTO QUE SE ABSTIENE A TRAMITAR EL INCIDENTE DE DESACATO / CONSULTA PREVIA DE LA COMUNIDAD INDÍGENA - Comunidad Étnica de San Vicente / CONSULTA PREVIA – Desviación del Arroyo Bruno / COMUNIDAD WAYUU – No se acreditó el criterio de etnicidad Wayuu / MOTIVACIÓN DE LA PROVIDENCIA JUDICIAL – La providencia acusada no es caprichosa ni arbitraria / AUSENCIA DE VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES

Pues bien, la parte accionante soportó este defecto en que el censurado efectuó una errada valoración probatoria en tanto no tuvo en cuenta que la comunidad que representa siempre ha dependido del arroyo Bruno, que está a menos de 600 metros de distancia, y aparece relacionada en la Resolución No. 0498 del 2015 de la ANLA como afectada directa por el proceso de desviación del afluente. De otro lado, recalcó que nunca fue visitada, escuchada ni incluida en la Mesa Interinstitucional, cuya conformación fue ordenada en los fallos de tutela con efectos inter comunis. Sobre el particular, es de anotar que al interior del trámite constitucional el Tribunal Administrativo de La Guajira resolvió abstenerse de abrir el incidente de desacato, luego de no encontrar mérito para ello, en la medida que, conforme con el proceso interinstitucional ordenado, de los cuatros requisitos necesarios para ser beneficiarios de los efectos de la tutela, se consideró que la comunidad no cumplió con el criterio de etnicidad Wayuu ni con que su fuente de agua fuera el arroyo Bruno. (…) De lo anterior, resulta palmario que la autoridad judicial accionada para solucionar el caso en concreto tuvo en cuenta las circunstancias de hecho y el material probatorio aportado, deduciendo objetiva y razonablemente que la parte accionante no acreditó, en el marco del proceso de concertación, los requisitos necesarios para ser beneficiaria de tales prerrogativas. En efecto, observa la Sala que tales conclusiones no son caprichosas y, por el contrario, guardan coherencia con la documentación que acreditó el cumplimiento de las órdenes emitidas en los fallos de tutela del 02 de mayo y 13 de octubre de 2016. Es así como, por ejemplo, se pudo constatar del “INFORME TÉCNICO DE LA VISITA REALIZADA POR LA MESA INTERINSTITUCIONAL EN CUMPLIMIENTO DEL FALLO DE TUTELA PROFERIDO POR EL CONSEJO DE ESTADO” que las visitas a las 26 comunidades relacionadas en la Resolución No. 498 de 2015 de la ANLA sí se efectuaron, concertando los recorridos con aquellas, solo que para el caso de la parte accionante se encontró que el predio “fue adquirido por Cerrejón y hace parte de la operación minera actual” y se encuentra en lo que hoy se conoce como “Botadero Potrerito”. También, se observa que la señora [S] aparece relacionada dentro de las actividades desarrolladas el 19 de octubre de 2017 y 11 de abril de 2018, como perteneciente a la comunidad La Horqueta 2. Por ende, la providencia enjuiciada no se avista arbitraria, por el contrario, resulta razonable bajo los principios de autonomía judicial y sana crítica, y atiende a las circunstancias propias del asunto, que la llevaron a concluir lo que se conoce. Cosa distinta es que la parte actora no comparta el sentido de la decisión adoptada, aspecto que desborda el ámbito de competencia del juez constitucional.

ACLARACIÓN DE VOTO / CONTROL JUDICIAL DE CONSTITUCIONALIDAD – Decreto 2591 de 1991 / ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Inconstitucional / INCONSTITUCIONALIDAD DE LA NORMA – Sentencia C-543 de 1992 / DERECHO LEGISLADO – Artículo 230 Constitución Política / VIOLACIÓN DE LA COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL / ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Procedente por vía jurisprudencial sentencia C-590 de 2005 / DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE CONSTITUCIONAL

La Corte Constitucional, en sentencia C-543 de 1992, declaró inexequibles los artículos del Decreto 2591 de 1991 que establecían que la acción de tutela procedía contra providencia judicial. Sin embargo, en fallos posteriores de tutela y luego en la sentencia de constitucionalidad C-590 de 2005 esa Corporación cambió su criterio y, en su lugar, admitió el amparo contra las decisiones de los jueces y estableció unos requisitos generales y especiales de procedibilidad. A mi juicio, (…) la sentencia C-543 de 1992 hizo tránsito a cosa juzgada constitucional, el criterio contenido en esa decisión era inmodificable, incluso para la misma Corte Constitucional de conformidad con el artículo 243 CN. (…) La procedibilidad de la tutela contra providencia judicial se fundamenta en un “precedente judicial”. (…) [C]onsidero que, sin desconocer la importancia de la jurisprudencia como fuente auxiliar del derecho (art. 230 CN), no es posible trasplantar figuras del [common law] a un sistema de derecho legislado.

FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 230

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., seis (06) de agosto de dos mil veintiuno (2021)

Radicación número: 11001-03-15-000-2021-00031-01(AC)

Actor: CARMEN CECILIA SIERRA JUSAYU, EN CALIDAD DE AUTORIDAD TRADICIONAL DE LA COMUNIDAD ÉTNICA INDÍGENA WAYUU DE SAN VICENTE (LA GUAJIRA)

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE LA GUAJIRA Y OTROS

Asunto: Acción de tutela – Segunda instancia

Tema: Acción de tutela en contra de providencia judicial. Subtema 1: Requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela – Exposición insuficiente de los hechos y argumentos que generan la vulneración – Defecto sustantivo, desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución. Subtema 2: Requisitos específicos de procedencia – defecto fáctico. Decisión: Se modifica el fallo de primera instancia.

La Sala decide la impugnación presentada por la parte accionante en contra del fallo de tutela proferido el 18 de febrero de 2021 por la Sección Quinta de esta Corporación.

I.- ANTECEDENTES

1.- La solicitud de amparo constitucional

El 17 de diciembre de 2020, la señora Carmen Cecilia Sierra Jusayu, en calidad de autoridad tradicional de la Comunidad Étnica Indígena Wayuu de San Vicente del municipio de Albania (La Guajira), por medio de apoderado, presentó acción de tutela en procura de la protección de sus derechos fundamentales a la “Consulta Previa, Igualdad, Debido Proceso, Autonomía, Autodeterminación, Autoreconocimiento [sic], Propiedad Colectiva , [sic] Tejido Social, Tejido Cultural, Tejido Espiritual y Acceso a la Administración de Justicia”, que estima transgredidos por:

El Tribunal Administrativo de La Guajira con el auto del 21 de septiembre de 2020, mediante el cual se abstuvo de abrir el incidente de desacato que promovió en contra de la Nación – Ministerio del Interior – Dirección de Consulta Previa y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), al interior de la tutela con radicado No. 44001-23-33-000-2016-00079-00/01, por considerar que las órdenes contenidas en las sentencias allí emitidas, al haberse decretado con efectos inter comunis, sí los cobijaban como comunidad étnica indígena y no se les habían cumplido.

La Nación – Ministerio del Interior – Dirección de Consulta Previa, la ANLA y la Empresa Carbones del Cerrejón Limited (en adelante Cerrejón) con los informes y conceptos rendidos el 03, 07 y 13 de marzo de 2017, por medio de los cuales, en su sentir, desconocieron la existencia de la comunidad.

La Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General de la República y la Corporación Autónoma Regional de La Guajira (Corpoguajira) por no vigilar y garantizar la protección de sus derechos fundamentales.

1.1.- Hechos

1.1.1.- La señora Lorenza Gil Pushaina, en su calidad de autoridad tradicional del asentamiento indígena Wayuu La Horqueta 2 del municipio de Albania (La Guajira), promovió acción de tutela en contra de la Nación – Ministerio del Interior, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la ANLA y el Cerrejón, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales, con ocasión de la falta de consulta previa respecto de las obras de esta última empresa tendientes a desviar el cauce del arroyo Bruno y a la realización de construcciones en la vía férrea.

1.1.2.- Mediante sentencia del 02 de mayo de 2016, el Tribunal Administrativo de La Guajira, amparó los derechos fundamentales a la vida, a la salud, al acceso al agua potable, a la consulta previa, al debido proceso y a la igualdad de la comunidad La Horqueta 2, en razón a la evidente descoordinación institucional derivada de la modificación del proyecto de alteración del cauce del arroyo Bruno, sin que constara, además, que la comunidad accionante hubiera estado debidamente informada. Las órdenes de protección consistieron en lo siguiente:

Suspender los efectos jurídicos de las licencias ambientales proferidas por Corpoguajira.
Ordenar al Cerrejón que, dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de la providencia, iniciara las gestiones necesarias para dar cumplimiento a lo ordenado en la Resolución No. 2104 del 08 de noviembre de 2012, respecto de las comunidades indígenas afectadas directamente por la modificación parcial del arroyo Bruno, sin que se supere el término de un mes.
Ordenar a la Oficina de Consulta Previa del Ministerio del Interior que, dentro de los 30 días siguientes a la solicitud anterior, determine si existe influencia directa en la comunidad La Horqueta 2 del proyecto parcial de desviación del arroyo Bruno, por las actividades de explotación minera del Cerrejón.
Ordenar la conformación de una mesa de concertación interinstitucional coordinada con el fin de que (a) diseñe un plan definitivo que asegure a la comunidad La Horqueta 2 el estudio técnico sobre la no extinción del recurso hídrico proveniente del arroyo Bruno, de acuerdo con las políticas ambientales y (b) si existe influencia directa de la modificación del cauce del arroyo Bruno, coordine la realización de la consulta previa con dicha comunidad en un término no mayor a un mes, e involucre dentro del procedimiento administrativo la definición de los derechos de las personas de dicha comunidad.

Al efecto, precisó que los efectos de la tutela eran inter comunis “para las demás personas que se encuentren en comunidades del pueblo Wayuu en los municipios de Albania o Maicao, cuya fuente de agua sea el arroyo Bruno, que se encuentren mencionadas en la resolución 0498 de 2015, o que se afecten directamente con la modificación parcial del cauce del arroyo Bruno “1A” y cuyo foco de impacto ambiental se encuentre en el tajo “La puente”.

1.1.3.- Impugnada la decisión por las partes, el 13 de octubre de 2016, la Sección Cuarta del Consejo de Estado la confirmó parcialmente, al considerar que se ajustó a derecho en cuanto al amparo y a poner de presente que la evidente descoordinación interinstitucional influyó en la falta de reconocimiento del derecho a la consulta previa. No obstante, determinó que no hubo certeza en cuanto a la conducta a cumplir con el fin de hacer efectiva dicha garantía. Por ende, resolvió confirmar los ordinales 1º, 2º y 3º, pero modificó los numerales 4º y 5º, así:

“[…] Cuarto: ORDÉNASE a la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior, a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA y a la empresa Carbones de Cerrejón Limited que adelanten, en lo que a cada una corresponde, un proceso de consulta con la comunidad La Horqueta 2 sobre las formas menos lesivas en que la obra de desviación parcial del Arroyo Bruno se puede conciliar con las condiciones actuales de vida y los futuros intereses de dicha comunidad, consulta que deberá incluir los aspectos que generan la preocupación de la misma, en los términos expuestos en la parte motiva de esta decisión y que se deberá completar en un periodo máximo de treinta (30) días hábiles y se sujetará a los parámetros previstos por la normativa que regula dicho proceso y a la jurisprudencia constitucional sobre el tema.

Quinto: ORDÉNASE la realización de una mesa interinstitucional coordinada de las siguientes autoridades y personas: los representantes legales o sus delegados de Nación Ministerio de Interior - Dirección de consulta previa, Corporación Autónoma Regional de La Guajira - CORPOGUAJIRA, IDEAM, Carbones de Cerrejón Limited, Autoridad de Licencias Ambientales - ANLA, Agencia Nacional Minera ANM, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, INCODER, Instituto Agustín Codazzi, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Departamento de La Guajira, municipios de Maicao y Albania, Defensor del Pueblo, Procurador General de la Nación, Contralor General de la República y Servicio Geológico Colombiano con el fin de que, dentro del ejercicio de sus competencias, diseñen un plan que asegure a la comunidad la HORQUETA 2 el estudio técnico definitivo sobre la no extinción del recurso hídrico proveniente del arroyo Bruno de acuerdo con las políticas ambientales.

Las autoridades nacionales y las entidades territoriales, en cumplimiento de las leyes 373 y 1753 y en los asuntos de sus competencias, deberán dar aplicación a los principios de Estado Unitario, coordinación y concurrencia, respecto de los recursos del sistema general de participaciones utilizados para agua potable y saneamiento y demás competencias concurrentes para la prestación del servicio público de agua. Igualmente, en relación con las competencia[s] sobre uso del suelo.

Los efectos de esta acción respecto de los derechos de la comunidad la HORQUETA 2 serán inter comunis para las demás personas que se encuentre[n] en comunidades del pueblo Wayuu en los municipios de Albania o Maicao, cuya fuente de agua sea el arroyo Bruno, que estén mencionadas en la Resolución 0498 de 2015 o que se afecten directamente con la modificación del cauce del mismo”.

1.1.4.- La parte accionante refiere que el 03 de marzo de 2017 la ANLA allegó un informe de las 26 comunidades relacionadas en la Resolución No. 0498 de 2015, en la que incluyó a la comunidad de San Vicente y excluyó a la de La Horqueta 2, dado que con esta última ya se había iniciado el proceso de consulta previa.

1.1.5.- Agregó que los días 07 y 13 de marzo de 2017, la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior realizó unas verificaciones en diversas comunidades, elaboró unos criterios para que se aplicaran los efectos inter comunis de la sentencia de tutela y presentó unos informes a la Mesa Interinstitucional, sin consultar a las 26 comunidades étnicas incluidas en la Resolución No. 0498 de 2015 de la ANLA, entre ellas, a la de San Vicente, afectada directamente por la desviación del arroyo Bruno.

1.1.6.- Adicionalmente, refirió que la Corte Constitucional en la sentencia SU-698 del 28 de noviembre de 2017, no se pronunció sobre los efectos inter comunis, ni frente a la comunidad, en tanto solo tuteló los derechos fundamentales de La Horqueta 2, Paradero y La Gran Parada, todas del municipio de Albania.

1.1.7.- Por tanto, añadió que el 18 de diciembre de 2019 radicó solicitud para que se abriera incidente de desacato ante el incumplimiento de las órdenes de tutela contenidas en los fallos del 02 de mayo y 13 de octubre de 2016.

1.1.8.- Sostuvo que el Tribunal Administrativo de La Guajira, mediante proveído del 30 de enero de 2020, previo a decidir sobre la apertura del incidente, decretó de manera oficiosa que se efectuara una inspección judicial desde el desvío del cauce del arroyo Bruno, aguas abajo, hasta la afluencia con el río Ranchería, con el fin de constatar las comunidades que reúnen las condiciones para la aplicación del efecto inter comunis.

1.1.9.- No obstante, señala que por auto del 18 de febrero de 2020 se aplazó la diligencia y que, finalmente, por providencia del 21 de septiembre de ese año la autoridad judicial se abstuvo de abrir el incidente de desacato y ordenó su archivo.

1.2.- Fundamentos de la acción de tutela

La parte tutelante adujo que representa una comunidad étnica indígena Wayuu ubicada en el municipio de Albania (La Guajira) y que su única fuente de agua desde épocas ancestrales es el arroyo Bruno, conforme aparece plasmado en la Resolución No. 0498 de 2015 de la ANLA. Por tanto, sostuvo que la providencia atacada vulneró sus derechos fundamentales al incurrir en los siguientes defectos:

1.2.1.- Sustantivo, por interpretación errada de lo ordenado en las decisiones de tutela del 02 de mayo y 13 de octubre de 2016. Además, por desconocer el Convenio 169 de 1989 de la OIT y el precedente de la Corte Constitucional de las sentencias “SU 123 del año 2018, SU-037 […] T-021, T-011, T-281, T-063, T-172, T-151, T-058 y T-312 del año 2019 […]” sobre los procesos de consulta previa y los efectos inter comunis.

1.2.2.- Fáctico, por error en la valoración de las pruebas presentadas, pues la comunidad que encarna siempre ha dependido para su supervivencia del arroyo Bruno. Añadió, para sustentar este cargo, que no entiende cómo no los han consultado, en la medida que están ubicados a menos de 600 metros de este y, en cambio, que sí lo hayan hecho con la comunidad de La Horqueta 2, que está a más de cuatro kilómetros de distancia de aquel.

Adicionalmente, recalcó que se pasó por alto que aparecen relacionados en la Resolución No. 0498 del 2015 de la ANLA como afectados directos por el proceso de desviación del afluente. Por ello, indicó que los conceptos e informes emitidos por la Dirección de Consulta Previa, la ANLA y el Cerrejón el 03, 07 y 13 de marzo de 2017 no son valederos y tampoco pueden estar por encima de la resolución antes mencionada, ni prevalecer sobre las sentencias de tutela, pues tales entidades no interpretan ni aplican los efectos inter comunis.

Además, destacó que nunca visitaron la comunidad que representa, ni la escucharon, y que tampoco le permitieron participar en la Mesa Interinstitucional. En punto de esto, precisó que la inspección judicial ordenada por el tribunal acusado es necesaria para demostrar que la comunidad de San Vicente es indígena Wayuu descendiente del fundador Bruno Sierra de los clanes indígenas Jusayu y Pushaina, así como que depende del arroyo Bruno para todas sus actividades.

También alegó que la providencia cuestionada se sustentó en la SU-698 de 2017, pero que sus efectos fueron inter pares solo para tres comunidades, mientras que las autoridades judiciales de primera y segunda instancia que originaron el incidente de desacato aplicaron un efecto inter comunis.

1.2.3.- Desconocimiento del precedente constitucional, por apartarse de las “Sentencias T-576 de 2014, T-475 de 2014, T-313 de 2016, T-704 de 2016, T-576 de 2017, SU-123, SU-698 del año 201[7], T-011, T-001, T-172 Y SU-037 del año 2019 […] que se aplican para este Proceso de Consulta Previa de manera concreta”.

1.2.4.- Violación directa de la Constitución, por transgredir los artículos 2°, 7°, 29, 40, 93, 229 y 330 superiores, así como el Convenio 169 de 1989 de la OIT y la Ley 21 de 1991. Adicionalmente, hizo referencia a las generalidades de los efectos inter comunis, a la autonomía para fijar criterios de pertenencia a las comunidades étnicas y culturalmente diversas, al reconocimiento de dichas comunidades y de su autonomía, al concepto de autoridad tradicional y territorio de los Wayuu, a la afectación directa de estas y a la procedencia de la acción de tutela para la consulta previa.

1.3.- Pretensiones de la acción de tutela

La parte actora solicitó: (i) tutelar los derechos fundamentales invocados; (ii) dejar sin efectos el auto del 21 de septiembre de 2020 proferido por el Tribunal Administrativo de La Guajira, para que se tramite el incidente de desacato y se efectúe la inspección judicial al cauce del arroyo Bruno, decretada mediante proveído del 30 de enero de ese año, a fin de determinar las afectaciones directas originadas por la desviación de este afluente; (iii) ordenar a la Procuraduría General de la Nación, a la Defensoría del Pueblo, a la Contraloría General de la República y a Corpoguajira, vigilar y garantizar los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y consulta previa de la comunidad étnica indígena Wayuu de San Vicente; y (iv) ordenar:

“[…] Dejar Sin Efectos Jurídicos los Conceptos e Informes Presentados por el Ministerio del Interior Dirección de Consulta Previa, Autoridad Nacional de Licencias Ambientales de fechas 3, 7 y 13 del mes de Marzo del año 2017 y el Informe Presentado por La Empresa Carbones del Cerrejón Limited, porque estos Nunca Fueron Consultados a la Comunidad Étnica Indígena Wayuu de San Vicente, nunca se realizaron las Visitas de verificaciones a su Territorio Colectivo, y esto Vulnera Sus Derechos Constitucionales al Debido Proceso, Igualdad, Consulta Previa, porque con esos Conceptos e Informes están Determinando de Manera Errónea e Irregular que a [sic] la Comunidad étnica de San Vicente no es una Comunidad Indígena Wayuu, que no está ubicada en áreas de Influencias del Arroyo Bruno, lo cual no es cierto porque la Comunidad Étnica de San Vicente Forma parte [de] Las Comunidades Wayuu de la Alta y Media Guajira Según la Resolución No.28 del día 19 del mes de Julio del año 1994 expedida por el INCORA, en esa época Albania era un Corregimiento del Municipio de Maicao , [sic] También la Comunidad Wayuu de San Vicente está a menos de Quinientos metros del Arroyo Bruno , [sic] es una Comunidad Indígena Wayuu Clan Jusayu , [sic] Clan Pushaina, que desde Épocas Ancestrales depende su Supervivencia del Arroyo Bruno, para el uso del Agua, Para la Pesca, Para Regar sus Cultivos Agrícolas Tradicionales, Obtener de su orilla las Plantas Medicinales, Bañarse, Darle Agua a los Animales como l[o]s Chivos, Ovejos , [sic] Ganados Vacunos y otros”.

2.- Trámite de la acción de tutela en primera instancia

2.1.- Mediante auto del 18 de enero de 2021 se admitió la acción tuitiva, se ordenó la vinculación de la Sección Cuarta del Consejo de Estado, de la Agencia Nacional de Minería (ANM), del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, de la Gobernación de La Guajira y de las Alcaldías de Maicao y Albania (La Guajira), y dispuso su notificación.

2.1.1.- El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible sostuvo que no tiene funciones relacionadas con la consulta previa ni tiene injerencia alguna en los hechos que soportan el amparo; por ello, solicitó denegar la acción por falta de legitimación en la causa por pasiva, en la medida que no ha vulnerado ni amenazado derecho fundamental alguno.

2.1.2.- La ANLA adujo que no se acreditan los requisitos de procedencia de la tutela en contra de decisiones judiciales, en la medida que la parte actora se limitó a enunciar las causales especiales de procedibilidad, pero lo que pretende es que se resuelva su inconformidad en relación con las decisiones del tribunal accionado. También, adujo una falta de legitimación en la causa por pasiva y que ha ejercido todas sus actuaciones en el marco de sus competencias. Adicionalmente, que hay ausencia de un perjuicio irremediable e, incluso, una carencia de objeto porque la situación de la comunidad ya fue analizada por el despacho y concluyó que no era beneficiaria.

Sobre este último punto aclaró que en el numeral 3º del artículo 1º de la Resolución No. 498 del 05 de mayo de 2015 ordenó al Cerrejón que allegara un informe en el que se identificara la ubicación de cada una de las 26 comunidades señaladas por los líderes indígenas, entre ellos, la de San Vicente, y estableciera sus relaciones con el arroyo Bruno en términos de abastecimiento de agua, actividades productivas o asociadas con su dinámica cultural y que pudieran resultar afectadas con ocasión del desvío.

Al efecto, destacó que el 19 de noviembre de 2015 se presentó dicho documento y allí se consignó que la comunidad correspondía a un predio de la empresa, el cual se encontraba deshabitado y ubicado dentro del área del contrato minero y que hacía parte de la operación minera. Advirtió que estas circunstancias fueron evaluadas y, mediante concepto técnico No. 3924 del 05 de agosto de 2016, se concluyó que esta no sería afectada, así como que dicho concepto fue acogido por el Auto No. 6342 del 22 de diciembre de 2016, dentro del cual se declaró el cumplimiento de la obligación por parte de la empresa.

De otro lado, subrayó que el informe del 03 de marzo de 2017 corresponde a un documento emitido por el Cerrejón, referido a las 26 comunidades establecidas dentro de la Resolución No. 498 del 05 de mayo de 2015 y a su relación con los criterios emitidos por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, en el cual reiteró lo antes relacionado. Igualmente, aclaró que esa autoridad, tal y como consta en el concepto técnico No. 1432 del 31 de marzo de 2017, de acuerdo con lo ordenado por esta Corporación en la tutela y con la convocatoria realizada por la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior, realizó visita de verificación entre los días 06 y 14 de marzo de ese año a las 26 comunidades mencionadas, y en cuanto a la comunidad accionante, verificó que el predio pertenece al Cerrejón.

2.1.3.- La Procuraduría General de la Nación sostuvo que no tiene conocimiento de si existieron acuerdos previos y compensaciones entre la comunidad tutelante y el Cerrejón, a los que pueda dárseles el alcance de una consulta previa, por lo que debe el juez evaluar, a la luz de los informes que presenten esta empresa y el Ministerio del Interior, si hay lugar a declarar vulnerado algún derecho fundamental. De otro lado, adujo que no tiene injerencia alguna en las decisiones del Gobierno Nacional en relación con la concesión minera, ni con las licencias ambientales, por lo que solicitó su desvinculación.

2.1.4.- El Tribunal Administrativo de La Guajira aseveró que se abstuvo de abrir el incidente de desacato porque la comunidad de San Vicente no acreditó los criterios establecidos del efecto inter comunis, en la medida que no pertenece a la población wayuu y el arroyo Bruno tampoco es su fuente de agua, contrario a lo que ocurre con las comunidades El Rocío y Tigre Pozo. Agregó que el amparo carece de relevancia constitucional en tanto evidencia disensos que son propios de la dinámica del litigio y no demuestra que se hayan afectado derechos fundamentales, toda vez que la decisión que adoptó se ajustó a la valoración probatoria realizada y a las normas y jurisprudencia aplicables. Por tanto, pidió que se declara su improcedencia.

2.1.5.- El Cerrejón indicó que la decisión censurada está debidamente motivada en los elementos probatorios y fácticos que permitieron declarar que la parte accionante no cumple con los criterios establecidos para ser beneficiaria del efecto inter comunis, así como que existe cosa juzgada en relación con el fallo de tutela del 13 de octubre de 2016 emitido por la Sección Cuarta de esta Colegiatura.

Igualmente, sostuvo que la señora Cecilia Sierra ha ejercido su derecho de participación y consulta previa como miembro de la comunidad La Horqueta 2, dentro de los procesos consultivos ordenados por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, tal como se puede apreciar en los listados de asistencia a las reuniones del 19 de octubre de 2017 y 11 de abril de 2018. También, que pertenece al núcleo familiar número 21 de la mencionada colectividad étnica, conforme al censo realizado por el Ministerio del Interior, de manera que es evidente la mala fe con la cual ha obrado.

Por otro lado, afirmó que los criterios no fueron establecidos por el Ministerio del Interior, sino por el Consejo de Estado y que las comunidades sí participaron en la elaboración de los documentos, tal como se puede constatar en el informe del 15 de agosto de 2017 presentando por aquella entidad del gobierno ante el Tribunal Administrativo de La Guajira.

Finalmente, refirió que la accionante pretende que se le reestablezcan sus derechos, pero no acredita la existencia de la comunidad ni de amenaza alguna. Por tanto, solicitó negar o declarar improcedente el amparo.

2.1.6.- El Instituto Geográfico Agustín Codazzi, la Contraloría General de la República y Corpoguajira manifestaron que no han transgredido derechos, por lo que solicitan se desestime el amparo.

2.1.7.- El Ministerio de Hacienda y Crédito Público alegó que la acción de tutela no acredita el cumplimiento de las causales para su procedencia contra decisiones judiciales y los argumentos expuestos cuestionan juicios y valoraciones que ya hicieron tránsito a cosa juzgada.

Precisó que, en cuanto al desconocimiento del precedente, no se explicó con suficiencia por qué motivo el auto atacado obvió la jurisprudencia citada. Además, que en relación con el cargo de violación directa de la Constitución, tampoco se expusieron las razones por las que presuntamente se inobservaron las normas de orden superior. Frente al defecto fáctico, criticó que no se detallaron cuáles pruebas fueron negadas o valoradas incorrectamente, ni muchos menos la incidencia que tenían en la decisión adoptada. Por último, sobre el defecto sustantivo, sostuvo que tampoco se acreditó su existencia, máxime cuando lo que se reprocha son las valoraciones propias de la decisión y no las acciones u omisiones del trámite incidental que presuntamente vulneraron sus derechos.

2.1.8.- El Ministerio del Interior reiteró que la comunidad de San Vicente no acreditó los requisitos para que se le considerara como beneficiaria de los efectos del fallo de tutela, conforme lo analizado y determinado por la mesa interinstitucional conformada para ello. También sostuvo que la tutela era improcedente porque no cumplía con los requisitos de procedibilidad y lo que pretende es obtener un pronunciamiento favorable a sus intereses.

Por otro lado, puso de presente que la accionante impetró la tutela con radicado No. 44001-22-14-000-2019-00126 sobre los mismos hechos y con idénticas pretensiones, por lo que hay temeridad y debe ser rechazada. Además, adujo que no hay vulneración alguna de derechos fundamentales.

2.1.9.- Los demás guardaron silencio.

3.- Fallo de tutela de primera instancia

3.1.- La Sección Quinta de esta Colegiatura, mediante fallo del 18 de febrero de 2021, negó la declaratoria de temeridad, así como el amparo, luego de no encontrar configurados los defectos alegados. Para ello, expuso las razones que a continuación se anotan:

3.1.1- Aseveró que no había temeridad por parte de la accionante al promover esta acción de tutela y la 44001-22-14-000-2019-00126-00/01, toda vez que difieren tanto en el objeto como en la causa, pues si bien coinciden las partes demandantes y varias de las autoridades demandadas, lo cierto es que no existe identidad fáctica ni jurídica plena.

3.1.2.- Resaltó que no se incurrió en el defecto fáctico invocado al no practicarse la inspección judicial decretada, porque si bien el auto a través del cual no se abrió el incidente de desacato no señaló por qué prescindía de la práctica de la referida diligencia, sí advirtió que los conceptos e informes de las entidades eran suficientes para determinar que la comunidad no acreditó los cuatro requisitos que estableció la Sección Cuarta del Consejo de Estado para que la cobijaran los efectos inter comunis. Así, sentó que la decisión fue razonada.

Además, añadió que la actora no expuso los motivos por los cuales las pruebas y demás documentos que tuvo en cuenta el Tribunal demandado no resultaban adecuados ni pertinentes para no dar apertura al incidente de desacato promovido, como tampoco sustentó el motivo por el cual la inspección judicial era la prueba necesaria, pertinente y conducente para demostrar que el Ministerio y la ANLA no realizaron las visitas, verificaciones y demás estudios donde se encuentra asentada la comunidad.

3.1.3.- Dispuso, de otro lado, “que si bien la parte demandante hizo alusión a algunas normas y otros compendios, así como a varios pronunciamientos de la Corte Constitucional para soportar el defecto sustantivo, no señaló de forma expresa el motivo por el cual el Tribunal presuntamente hizo una interpretación errada o inadecuada de aquellas, ni la incidencia que tuvo en la decisión demandada”. Añadió, que si lo pretendido era destacar la importancia de los efectos inter comunis, tampoco observaba que en la providencia atacada se hubiesen desconocidos sus prerrogativas.

3.1.4.- Precisó, en cuanto al desconocimiento del precedente, que las sentencias de tutela citadas de la Corte Constitucional no constituyen precedente, por cuanto fueron dictadas en sede de revisión de casos particulares y concretos, en los que la Corporación no estableció reglas o subreglas que pudieran ser aplicadas al presente caso. Adicionalmente, refirió que el auto reprochado sí siguió lo definido en la sentencia SU-698 de 2017 y que en lo concerniente a la SU-037 de 2019, no se encontró dicha providencia en la relatoría del Alto Tribunal.

3.1.5.- Finalmente, adujo que, en relación con la violación directa de la Constitución, no se cumplió con la carga argumentativa necesaria para analizar el fondo del reproche, en tanto no se expusieron razones concretas y específicas. Incluso, indicó que solo se hizo mención de manera general al perjuicio irremediable y su atenuación en cuanto al examen de los requisitos frente a personas que por sus circunstancias específicas se encuentren en condiciones de debilidad manifiesta, mas no expuso razones específicas frente a la causa que invocó.

4.- Razones de la impugnación

Contra la decisión antes expuesta la parte accionante presentó escrito de impugnación.

II.- CONSIDERACIONES

1.- Cuestión preliminar

1.1.- La parte accionante alega que sus derechos fundamentales fueron presuntamente vulnerados por (i) el Tribunal Administrativo de La Guajira con el auto del 21 de septiembre de 2020, mediante el cual se abstuvo de abrir el incidente de desacato que promovió; (ii) la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior, la ANLA y el Cerrejón con los informes y conceptos rendidos el 03, 07 y 13 de marzo de 2017, por medio de los cuales, en su sentir, desconocieron la existencia de su comunidad; y (iii) la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General de la República y Corpoguajira, al no vigilar y garantizar la protección de sus derechos fundamentales.

1.2.- Al efecto, los reproches elevados por los tutelantes, a través de su autoridad tradicional, giran en torno al desconocimiento de sus garantías por no ser tenidos como beneficiarios de los efectos inter comunis del proceso de consulta previa adelantado con ocasión de la desviación parcial del arroyo Bruno por la empresa minera. Por consiguiente, si bien el amparo constitucional se dirigió contra las diferentes entidades anotadas, se advierte, de las circunstancias fácticas y de los fundamentos de derecho expuestos, que la acción tuitiva realmente cuestiona la actuación del Tribunal Administrativo de La Guajira, por ser el que con el auto del 21 de septiembre de 2020 se abstuvo de abrir el incidente de desacato promovido, al concluir que la comunidad no estaba afectada con el proyecto de modificación del cauce del afluente hídrico.

1.3.- Por tanto, la Sala enfocará su estudio en esta decisión judicial y tendrá los otros cargos como soporte de los defectos que se le enrostra a la decisión judicial que excluyó a los interesados de los efectos inter comunis de los fallos de tutela.

2.- Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada en contra del fallo de tutela proferido el 18 de febrero de 2021 por la la Sección Quinta de esta Corporación, de conformidad con lo establecido en los artículos 86 de la Constitución, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 25 del Acuerdo No. 080 de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado.

3.- Problema jurídico

3.1.- Corresponde a la Sala determinar si el Tribunal Administrativo de La Guajira vulneró los derechos fundamentales invocados por la parte accionante al incurrir en los defectos material o sustantivo, fáctico, de desconocimiento del precedente constitucional y de violación directa de la Constitución.

3.2.- Para resolver lo anterior, en primer lugar, se verificará si el recurso de amparo constitucional cumple con los requisitos generales de procedibilidad. En caso afirmativo, se examinará si las autoridades acusadas incurrieron en los defectos alegados.

4.- La acción de tutela en contra de providencias judiciales

La Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 reconoció que la acción de tutela en contra de providencias judiciales está sujeta al cumplimiento de rigurosos requisitos de procedibilidad y de procedencia, con el fin de determinar si se vulneraron o no los derechos de orden superior.

5.- El cumplimiento de los requisitos generales de la acción de tutela en el caso concreto

(i) La tutela cumple con el requisito de relevancia constitucional, sobre la base de que se debe determinar si la autoridad judicial accionada transgredió los derechos fundamentales invocados por la parte tutelante al incurrir en los defectos enunciados, como consecuencia de abstenerse de tramitar el incidente de desacato por considerar que aquella no cumplió con los requisitos para ser beneficiaria de los efectos inter comunis del proceso de tutela con radicado No. 44001-23-33-000-2016-00079-00/01.

(ii) También se acredita el requisito de subsidiariedad, en tanto en contra del auto que se abstuvo de abrir el incidente de desacato no existe otro medio de impugnación.

(iii) El presupuesto de inmediatez igualmente se encuentra superado. En efecto, la providencia que se reprocha fue proferida el 21 de septiembre de 2020 y el amparo se interpuso el 17 de diciembre de la misma anualidad, esto es, dentro del término razonable de seis meses señalado por la jurisprudencia.

(iv) Ahora, en cuanto a que el escrito esté debidamente motivado, en la medida que se indicaron de forma razonada los hechos vulneradores y los derechos fundamentales trasgredidos, debe anotarse que las alegaciones relacionadas con los defectos sustantivo, de desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución, no cumplen con este presupuesto.

Ciertamente, en la sustentación del defecto sustantivo, la parte actora se limitó a indicar que hubo una interpretación errada de lo ordenado en los fallos de tutela del 02 de mayo y 13 de octubre de 2016, así como un desconocimiento del Convenio 169 de 1989 de la OIT. Frente al desconocimiento del precedente, solo citó unas sentencias de revisión de tutelas y de unificación de la Corte Constitucional, sin desarrollar en mayor medida la censura. Finalmente, en cuanto a la violación directa de la Constitución, trajo unas normas de orden superior, pero tampoco esbozó argumentación alguna.

En tal virtud, es de anotar que, en relación con el requisito de identificación suficiente de los hechos y argumentos de tutela, la Corte Constitucional ha señalado que pese al carácter informal de la acción, los peticionarios se encuentran en el deber de precisar “las circunstancias concretas que dan lugar a la afectación del derecho”, con el fin de delimitar el campo en el que le es posible actuar al juez constitucional, razón por la que no son procedentes las solicitudes de amparo fundamentadas en “planteamientos vagos, contradictorios, equívocos o ambiguos”.

Por ende, resulta evidente que esos defectos no fueron debidamente respaldados para ligar, de manera inescindible, los fundamentos de hecho con una situación que pudiera amenazar o transgredir los derechos fundamentales de los que son titulares los interesados. Así pues, las falencias argumentativas impiden, prima facie, determinar de forma inteligible la amenaza o vulneración invocada, de manera que resulta improcedente continuar con su estudio.

Empero, en lo que corresponde al defecto fáctico planteado, sí se observa un ejercicio coherente de sustentación, en la medida que se plantearon diferentes motivos por los cuales se considera que la autoridad judicial accionada erró en su decisión; por tanto, el análisis se seguirá solo frente a este cargo.

(v) La solicitud de tutela no aduce como argumento central una irregularidad procesal.

(vi) Por último, no se ataca una decisión de tutela, sino la providencia que se abstuvo de abrir un incidente de desacato, proferida dentro del proceso de tutela con radicado No. 44001-23-33-000-2016-00079-00/01.
Así las cosas, verificado el cumplimiento de los requisitos que garantizan la viabilidad de la tutela en contra de una providencia judicial, la Sala analizará si en el caso de autos se encuentra configurado el defecto fáctico alegado.

6.- Análisis del defecto fáctico como causal específica de procedencia de la acción de tutela en el caso concreto

6.1.- La Corte Constitucional ha considerado que este se configura cuando el juez carece del apoyo probatorio que le permita la aplicación del supuesto legal en el que fundó su decisión. Este defecto, además, debe ser flagrante, ostensible, manifiesto y con incidencia directa en la decisión, de manera que para su existencia es necesario que de las pruebas que obren en el expediente no sea posible, de manera objetiva y razonable, alcanzar la conclusión a la que llegó en su providencia o que el apoyo probatorio en que se basó resulte absolutamente inadecuado para el caso.

6.2.- Pues bien, la parte accionante soportó este defecto en que el censurado efectuó una errada valoración probatoria en tanto no tuvo en cuenta que la comunidad que representa siempre ha dependido del arroyo Bruno, que está a menos de 600 metros de distancia, y aparece relacionada en la Resolución No. 0498 del 2015 de la ANLA como afectada directa por el proceso de desviación del afluente. De otro lado, recalcó que nunca fue visitada, escuchada ni incluida en la Mesa Interinstitucional, cuya conformación fue ordenada en los fallos de tutela con efectos inter comunis.

6.3.- Sobre el particular, es de anotar que al interior del trámite constitucional el Tribunal Administrativo de La Guajira resolvió abstenerse de abrir el incidente de desacato, luego de no encontrar mérito para ello, en la medida que, conforme con el proceso interinstitucional ordenado, de los cuatros requisitos necesarios para ser beneficiarios de los efectos de la tutela, se consideró que la comunidad no cumplió con el criterio de etnicidad Wayuu ni con que su fuente de agua fuera el arroyo Bruno. Lo anterior, con base en las siguientes consideraciones:

“[…] Ahora, el incidente adelantado por Carmen Cecilia Sierra Jusayu por conducto de apoderado judicial, es en representación de la comunidad Étnica Wayuu de San Vicente que invocan ser afectada con la modificación del cauce del arroyo Bruno pretendiendo que se le extiendan sus efectos, de manera que se hace necesario verificar si cumple con los criterios señalados.

Al respecto, la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior frente a lo ordenado en el inciso final del artículo quinto del fallo calendado 13 de octubre de 2016 como parte de la mesa interinstitucional y tomando la vocería convocó a una visita de verificación a las entidades que hacen parte de la mencionada mesa, los días 7 al 13 de marzo de 2017, con el fin de que en el marco de sus competencias, emitieran un pronunciamiento respecto a lo solicitado, es decir, determinar qué comunidades cumplían con los cuatro criterios.

La Mesa Interinstitucional, además de evaluar los análisis técnicos con fundamento en los cuales se determinó la viabilidad de la desviación de arroyo Bruno por carecer, presuntamente, de efectos ambientales significativos, implementó las órdenes de tutela relacionadas con la participación de las comunidades indígenas en este proceso, teniendo en cuenta los efectos inter comunis del fallo de tutela en favor de la comunidad La Horqueta.

[…]

Como resultado de lo anterior, las entidades participantes remitieron sus respectivos conceptos, los cuales esa Dirección compiló en dicho documento y adicional a ello elaboró la siguiente tabla, donde se permite establecer con claridad qué comunidades de las citadas en la Resolución No, 0498 de 2015, cumplen con los cuatro criterios del efecto “inter comunis”:

De esa manera se concluye que s[o]lo las comunidades El Rocío y Tigre Pozo, cumplen con los criterios señalados en el fallo de tutela fechado 15 de octubre de 2016, emanado del Honorable Consejo de Estado Sala del Contencioso Administrativo Sección Cuarta, radicado N° 44001-23-33-000-2016- 00079- 01.

En el caso concreto, considera el Despacho que no hay lugar a tramitar el incidente de desacato, pues la comunidad San Vicente no cumple con los criterios establecidos del efecto inter comunis, donde se pueda predicar el incumplimiento de las entidades incidentadas, pues, los criterios señalados por las sentencias cuyo cumplimiento se pretende en el incidente no son aplicables en la comunidad del caso bajo estudio”.

De lo anterior, resulta palmario que la autoridad judicial accionada para solucionar el caso en concreto tuvo en cuenta las circunstancias de hecho y el material probatorio aportado, deduciendo objetiva y razonablemente que la parte accionante no acreditó, en el marco del proceso de concertación, los requisitos necesarios para ser beneficiaria de tales prerrogativas.

6.4.- En efecto, observa la Sala que tales conclusiones no son caprichosas y, por el contrario, guardan coherencia con la documentación que acreditó el cumplimiento de las órdenes emitidas en los fallos de tutela del 02 de mayo y 13 de octubre de 2016.

Es así como, por ejemplo, se pudo constatar del “INFORME TÉCNICO DE LA VISITA REALIZADA POR LA MESA INTERINSTITUCIONAL EN CUMPLIMIENTO DEL FALLO DE TUTELA PROFERIDO POR EL CONSEJO DE ESTADO” que las visitas a las 26 comunidades relacionadas en la Resolución No. 498 de 2015 de la ANLA sí se efectuaron, concertando los recorridos con aquellas, solo que para el caso de la parte accionante se encontró que el predio “fue adquirido por Cerrejón y hace parte de la operación minera actual” y se encuentra en lo que hoy se conoce como “Botadero Potrerito”. También, se observa que la señora Sierra aparece relacionada dentro de las actividades desarrolladas el 19 de octubre de 2017 y 11 de abril de 2018, como perteneciente a la comunidad La Horqueta 2.

6.5.- Por ende, la providencia enjuiciada no se avista arbitraria, por el contrario, resulta razonable bajo los principios de autonomía judicial y sana crítica, y atiende a las circunstancias propias del asunto, que la llevaron a concluir lo que se conoce. Cosa distinta es que la parte actora no comparta el sentido de la decisión adoptada, aspecto que desborda el ámbito de competencia del juez constitucional.

7.- Bajo estas consideraciones, la Sala modificará el fallo de tutela proferido el 18 de febrero de 2021 por la Sección Quinta de esta Colegiatura, para, en su lugar, declarar la improcedencia de la acción de tutela respecto de los defectos sustantivo, desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución, por faltar al requisito de exposición suficiente de los hechos y argumentos que generan la vulneración; y negar el amparo frente al defecto fáctico, por no advertirse su configuración, de acuerdo con las razones aquí esbozadas.

En mérito de lo expuesto, la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

III.- RESUELVE

PRIMERO: MODIFICAR la sentencia de tutela del 18 de febrero de 2021 proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, para, en su lugar, DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo en cuanto a los defectos sustantivo, desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución; y NEGAR la acción constitucional en lo concerniente al defecto fáctico, por los motivos expuestos en la parte motiva.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes intervinientes e interesados por el medio más expedito.

TERCERO: PUBLICAR la presente providencia en la página web de esta Corporación y en la de la Rama Judicial.

CUARTO: ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Presidente de la Sala

GUILLERMO SÁNCHEZ LUQUE
Consejero de Estado
Aclaración de Voto Cfr. Rad. 11001-03-15-000-2019-00022-00

NICOLÁS YEPES CORRALES
Consejero Ponente

CON ACLARACIÓN DE VOTO DEL CONSEJERO GUILLERMO SÁNCHEZ LUQUE

ACLARACIÓN DE VOTO / CONTROL JUDICIAL DE CONSTITUCIONALIDAD – Decreto 2591 de 1991 / ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Inconstitucional / INCONSTITUCIONALIDAD DE LA NORMA – Sentencia C-543 de 1992 / DERECHO LEGISLADO – Artículo 230 Constitución Política / VIOLACIÓN DE LA COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL / ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Procedente por vía jurisprudencial sentencia C-590 de 2005 / DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE CONSTITUCIONAL

La Corte Constitucional, en sentencia C-543 de 1992, declaró inexequibles los artículos del Decreto 2591 de 1991 que establecían que la acción de tutela procedía contra providencia judicial. Sin embargo, en fallos posteriores de tutela y luego en la sentencia de constitucionalidad C-590 de 2005 esa Corporación cambió su criterio y, en su lugar, admitió el amparo contra las decisiones de los jueces y estableció unos requisitos generales y especiales de procedibilidad. A mi juicio, (…) la sentencia C-543 de 1992 hizo tránsito a cosa juzgada constitucional, el criterio contenido en esa decisión era inmodificable, incluso para la misma Corte Constitucional de conformidad con el artículo 243 CN. (…) La procedibilidad de la tutela contra providencia judicial se fundamenta en un “precedente judicial”. (…) [C]onsidero que, sin desconocer la importancia de la jurisprudencia como fuente auxiliar del derecho (art. 230 CN), no es posible trasplantar figuras del [common law] a un sistema de derecho legislado.

FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 230

TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL-El criterio fijado en la sentencia C-543 de 1992 hizo tránsito a cosa juzgada constitucional. PRECEDENTE JUDICIAL-No es una figura que pueda trasplantarse a los sistemas de derecho legislado.

ACLARACIÓN DE VOTO

Aunque comparto la decisión que se tomó en la providencia del 7 de febrero de 2019, que negó la solicitud de tutela, aclaro voto.

1. La Corte Constitucional, en sentencia C-543 de 1992, declaró inexequibles los artículos del Decreto 2591 de 1991 que establecían que la acción de tutela procedía contra providencia judicial. Sin embargo, en fallos posteriores de tutela y luego en la sentencia de constitucionalidad C-590 de 2005 esa Corporación cambió su criterio y, en su lugar, admitió el amparo contra las decisiones de los jueces y estableció unos requisitos generales y especiales de procedibilidad.

A mi juicio, como la sentencia C-543 de 1992 hizo tránsito a cosa juzgada constitucional, el criterio contenido en esa decisión era inmodificable, incluso para la misma Corte Constitucional de conformidad con el artículo 243 CN.

2. La procedibilidad de la tutela contra providencia judicial se fundamenta en un “precedente judicial”. Al respecto considero que, sin desconocer la importancia de la jurisprudencia como fuente auxiliar del derecho (art. 230 CN), no es posible trasplantar figuras del common law a un sistema de derecho legislado.

GUILLERMO SÁNCHEZ LUQUE

Según acta de concertación de la comunidad, que obra a folios 30 al 33 del documento No. 2 con certificado 4441B2A9A3F3A5D9 B5E7696D7F6E829A FB9355EDB3913534 6579E4E6475BC6D2, en el expediente digital de tutela de primera instancia. Obra a folios 2 a 18 ibidem. Folio 16 ibidem. En la misma calidad de autoridad tradicional de la Comunidad Étnica Indígena Wayuu de San Vicente. Proceso promovido por Lorenza Marcela Gil Pushaina, como autoridad tradicional del asentamiento indígena Wayuu La Horqueta 2 del municipio de Albania (La Guajira), en contra de la Nación – Ministerio del Interior, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la ANLA, y la Empresa de Carbones del Cerrejón Limited. El 02 de mayo de 2016 fue proferida la decisión del Tribunal Administrativo de La Guajira, que accedió al amparo. Luego, mediante fallo del 13 de octubre del mismo año, la Sección Cuarta del Consejo de Estado modificó parcialmente la sentencia de primera instancia. Comprendiendo a “las demás personas que se encuentre[n] en comunidades del pueblo Wayuu en los municipios de Albania o Maicao, cuya fuente de agua sea el arroyo Bruno, que estén mencionadas en la Resolución 0498 de 2015 o que se afecten directamente con la modificación del cauce del mismo”, según lo resuelto por la Sección Cuarta del Consejo de Estado en su decisión de segunda instancia, en el trámite de tutela. Folio 51 del documento No. 5 con certificado 6E17C9DBA2E8F072 E37F6945548D1ABF E8951561E63FDC05 E577268E7AF2B657, en el expediente digital de tutela de primera instancia. Complementados con la información contenida en los fallos de tutela de primera y segunda instancia. Folio 61 del documento No. 9 con certificado EB14A2226EA9C6E4 F877FDCE0CC65F36 613D8C02728A8148 76F2F0C2E2258A19, en el expediente digital de tutela de primera instancia. La parte accionante, el Cerrejón, el director de Consulta Previa del Ministerio del Interior, la ANLA, el Servicio Geológico Colombiano, el Incoder (en liquidación) y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible impugnaron el fallo de primera instancia. Folios 50 y 51 del documento No. 5 con certificado 6E17C9DBA2E8F072 E37F6945548D1ABF E8951561E63FDC05 E577268E7AF2B657, en el expediente digital de tutela de primera instancia.
“En el proceso de revisión de los fallos proferidos, en primera instancia, por el Juzgado 20 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá el 12 de enero de 2015 y, en segunda instancia, por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de la misma ciudad el 26 de febrero de 2016, dentro de la acción de tutela promovida por Lorenza Pérez Pushaina, José Manuel Vergara Pérez, Aura Robles Gutiérrez y Misael Socarrás Ipuana, en representación de las comunidades indígenas de La Horqueta, La Gran Parada y Paradero, contra Carbones del Cerrejón Limited, el Ministerio del Interior -Mininterior-, la Corporación Autónoma Regional de la Guajira -Corpoguajira-, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales –ANLA-, y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible -Minambiente-”. La Corte en esa decisión resolvió: (i) revocar las sentencias objeto de revisión, mediante las cuales se declaró improcedente el amparo constitucional; (ii) conceder el amparo de los derechos fundamentales al agua, a la seguridad alimentaria y a la salud, ante la amenaza de vulneración ocasionada por el proyecto de modificación parcial del cauce del Arroyo Bruno a cargo del Cerrejón; (iii) en armonía con la decisión del Tribunal Contencioso de La Guajira del 02 de mayo de 2016, así como con la del Consejo de Estado del 13 de octubre del mismo año (Rad.

44-001-23-33-002-2016-00079-00), dar continuidad a la mesa de trabajo interinstitucional; (iv) disponer que dicha mesa abriera espacios de participación suficientes a los representantes de las comunidades accionantes, así como a las instituciones y al personal técnico que intervino en ese trámite; (v) ordenar a la mesa interinstitucional referida que, además de cumplir con las funciones ordenadas por el Tribunal Administrativo de La Guajira y el Consejo de Estado, realice un estudio técnico completo que ofrezca una respuesta informada a las incertidumbres e interrogantes contenidos en el capítulo de esa providencia denominado “Incertidumbres sobre los impactos ambientales y sociales del proyecto de modificación parcial del cauce del Arroyo Bruno”, de manera que se pueda valorar su viabilidad ambiental; entre otras. Sentó el despacho accionado que “no hay lugar a tramitar el incidente de desacato, pues la Comunidad San Vicente no cumple con los criterios establecidos del efecto inter comunis, donde se pueda predicar el incumplimiento de las entidades incidentadas, pues, los criterios señalados por las sentencias cuyo cumplimiento se pretende en el incidente no son aplicables en la comunidad del caso bajo estudio”. Folio 16 del documento No. 7 con certificado 691AD21AAA9048B2 BD6E4BA078C62340 D1A8545013243F53 4D3C9263365185BB, en el expediente digital de tutela de primera instancia. Folio 7 del documento No. 2 con certificado 4441B2A9A3F3A5D9 B5E7696D7F6E829A FB9355EDB3913534 6579E4E6475BC6D2, en el expediente digital de tutela de primera instancia. Folio 8 ibidem. Folio 17 ibidem. Se indicó que: “Este es un predio que fue adquirido por Cerrejón y hace parte de la operación minera actual, por lo cual no existen residentes ni comunidades indígenas allí asentadas. Carbones del Cerrejón Limited y Cerrejón Zona Norte CZN, son propietarias de los predios San Vicente 1 y San Vicente 2, según consta en la Escritura Pública 332 del 3 de junio de 1997, de la Notaría Única del Círculo de Barrancas y Folio de Matrícula Inmobiliaria No. 212- 29908. Estos predios hacen parte de la operación de Cerrejón por ser parte de su área minera, por lo cual no existe ningún tipo de residente en esta área”. Folio 3 del documento No. 28 con certificado 4165D31AD82D6CEE 453ED353C76B756E D6F615F890B94E6F 3A44A07DA8ED0123, en el expediente digital de tutela de primera instancia. Ver folio 6 del documento No. 59 con certificado 0749CAE2B3F85C43 A987DE397A32C43A 398EE8EB4B66C49E 012C462EA2500EB3, en el expediente digital de tutela de primera instancia. Ver folio 13 del documento No. 60 con certificado 375232B8DB2D842A 05BB31A86BC89A6E 5361DDC72D4693AA 54F99ABF461F315D, en el expediente digital de tutela de primera instancia. Ver folio 11 del documento No. 58 con certificado 7E64FA05ED48DE9B 0E622A84C8C43392 6EF99260C3C0DB71 EDDC4EF33FD2639C, en el expediente digital de tutela de primera instancia. Denominado “INFORME TÉCNICO DE LA VISITA REALIZADA POR LA MESA INTERINSTITUCIONAL EN CUMPLIMIENTO DEL FALLO DE TUTELA PROFERIDO POR EL CONSEJO DE ESTADO”. Obra en el documento No. 83 con certificado B9BA5E412FF60026 9DF1CBDB60FDCC7C F6085B748CC9428C 4ADCD1DB14894589, en el expediente digital de tutela de primera instancia. Destacó que se convocó a visita de verificación a las entidades los días 06 al 14 de marzo de 2017, para que estas emitieran concepto en el marco de sus competencias. Folio 36 del documento No. ECB327479A7556B4 23465AA1C2A1CF97 1550F0D658580A60 9B4CB6D1CDDB3A35, en el expediente digital de tutela de primera instancia.

De acuerdo con la Sentencia C-590 de 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al cumplimiento de los siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del juez de tutela tenga relevancia constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios antes de acudir al juez de tutela; que la petición cumpla con el requisito de inmediatez; que en el evento de fundamentarse la solicitud en una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa en la decisión de fondo que se estima violatoria de los derechos fundamentales; que se identifiquen en forma razonable los hechos que generan la vulneración de los derechos y, de ser posible, hayan sido cuestionados al interior del proceso y; que el fallo censurado no sea de tutela. Los requisitos específicos, también conocidos como defectos, son: defecto orgánico; defecto procedimental; defecto fáctico; defecto material o sustantivo; defecto por error inducido; defecto por falta de motivación; defecto por desconocimiento del precedente; y defecto por violación directa de la Constitución. El Consejo de Estado estableció, como regla general, que el mecanismo de amparo debe promoverse en un plazo máximo de seis meses contados a partir de la notificación o ejecutoria de la sentencia o providencia objeto de reproche constitucional, límite temporal que también ha sido acogido por la Corte Constitucional. Consejo de Estado, Sala Plena, sentencia de unificación del 05 de agosto de 2014, radicado número 11001-03-15-000-2012-02201-01. Corte Constitucional, sentencia T-265 de 2014. Ibidem. Se agregó en esa decisión que “no se trata de rodear a la acción de tutela de exigencias formales contrarias a su naturaleza, sino de exigir que el actor tenga claridad y sea diligente en cuanto a la explicación del origen de la afectación de sus derechos y que dé cuenta de ello al momento de pretender su protección constitucional”. Sobre el particular, la Corte Constitucional ha señalado que la acción constitucional procede siempre que se reúnan los siguientes requisitos: “i) La decisión dictada en el trámite de desacato se encuentre ejecutoriada; es decir que la acción de tutela es improcedente si se interpone antes de finalizado el trámite –incluido el grado jurisdiccional de consulta, si es del caso–. ii) Se acrediten los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y se sustente, por lo menos, la configuración una de las causales específicas (defectos). iii) Los argumentos del promotor de la acción de tutela deben ser consistentes con lo planteado por él en el trámite del incidente de desacato, de manera que a) no debe traer a colación alegaciones nuevas, que dejó de expresar en el incidente de desacato, y b) no puede solicitar nuevas pruebas que no fueron pedidas en un principio dentro del desacato y que el juez no tenía que practicar de oficio”. Sentencia, SU-034 de 2018. De acuerdo con la sentencia SU-448 de 2016, “[s]e estructura, entonces, siempre que existan fallas sustanciales en la decisión, que sean atribuibles a deficiencias probatorias del proceso. (…) el fundamento de la intervención del juez de tutela por deficiencias probatorias en el proceso, radica en que, no obstante las amplias facultades discrecionales con que cuenta el juez del proceso para el análisis del material probatorio, [e]ste debe actuar de acuerdo con los principios de la sana crítica, es decir, con base en criterios objetivos y racionales”. Según la sentencia de tutela, los criterios que deben concurrir para que se considere que una comunidad se encuentra amparada por el alcance de los efectos inter comunis, son: (i) que pertenezcan a la etnia Wayuu; (ii) que esté localizada en los municipios de Albania y Maicao; (iii) que su fuente de agua sea el arroyo Bruno y, finalmente, (iv) que esté relacionada en la Resolución No. 498 de 2015. Ver folio 13 del documento No.

7 con certificado 691AD21AAA9048B2 BD6E4BA078C62340 D1A8545013243F53 4D3C9263365185BB, en el expediente digital de tutela de primera instancia. Obra en el documento No. 83 con certificado B9BA5E412FF60026 9DF1CBDB60FDCC7C F6085B748CC9428C 4ADCD1DB14894589, en el expediente digital de tutela de primera instancia. Folio 77 ibidem. Folio 111 ibidem. Ver folio 6 del documento No. 59 con certificado 0749CAE2B3F85C43 A987DE397A32C43A 398EE8EB4B66C49E 012C462EA2500EB3, en el expediente digital de tutela de primera instancia. Ver folio 13 del documento No. 60 con certificado 375232B8DB2D842A 05BB31A86BC89A6E 5361DDC72D4693AA 54F99ABF461F315D, en el expediente digital de tutela de primera instancia.

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