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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2021-00071-01

Acción de tutela contra providencia judicial

Fecha
15 de julio de 2021
Consejero ponente
Gabriel Valbuena Hernández

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2021-00071-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. – REVOCAR el numeral primero de la sentencia del 22 de febrero de 2021 proferida por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado que declaró la improcedencia del amparo solicitado respecto del cargo relacionado con el decreto oficioso de pruebas y en su lugar, SEGUNDO.- NEGAR el amparo requerido por el señor Horacio Barrera España de acuerdo con los argumentos expuestos en este fallo. TERCERO.- CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia impugnada que negó la acción de tutela de la referencia conforme los motivos señalados en la parte considerativa de esta decisión judicial. CUARTO.– LIBRAR las comunicaciones de que trata el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991, para los fines ahí contemplados. QUINTO. - Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, REMITIR el expediente a la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión. SEXTO. - REGISTRAR la presente providencia en la plataforma SAMAI.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2021-00071-01

Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernández

15 de julio de 2021

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA / AUSENCIA DE DEFECTO FÁCTICO – Adecuada valoración de las pruebas / AUSENCIA DE DEFECTO MATERIAL O SUSTANTIVO – Debida aplicación de las normas pertinentes / AUSENCIA DE DEFECTO POR DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE – Se aplicó criterio jurisprudencial que corresponde con el caso / AUSENCIA DE DEFECTO POR VIOLACIÓN DIRECTA DE LA CONSTITUCIÓN / AUSENCIA DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PARA LA IMPOSICIÓN DE RESTRICCIÓN DE LA LIBERTAD – Razonabilidad, proporcionalidad y legalidad

[E]l defecto fáctico no existió, puesto que el Tribunal tuvo en cuenta el material probatorio allegado al expediente a partir del cual determinó que no se encontraba acreditada que la medida de aseguramiento impuesta al demandante fuera injustificada, circunstancia que le correspondía probar al interesado, pero que no lo hizo. (…) De conformidad con lo expuesto, concuerda la Sala con el a quo en que la autoridad judicial accionada no estaba obligada a decretar unas pruebas de oficio a favor del señor Horacio Barrera España para suplir la actividad probatoria que le asistía para acreditar los hechos que sustentaron el medio de control (…) En esa medida, la decisión cuestionada tampoco incurrió en el defecto sustantivo y el desconocimiento del precedente endilgados, por cuanto al resolver la demanda consideró las normas aplicables y las interpretó bajo la jurisprudencia vigente y vinculante, como la sentencia de unificación de la Corte Constitucional y los fallos del Consejo de Estado, según los cuales, como juez contencioso administrativo, el Tribunal debía verificar si la medida de aseguramiento impuesta cumplía con los requisitos de razonabilidad y proporcionalidad y legalidad, para lo cual no fueron suficientes las pruebas allegadas por el demandante, de tal manera que no pudo concluir que la medida estuvo injustificada (…) [L]a decisión cuestionada tampoco incurrió en el defecto sustantivo y el desconocimiento del precedente endilgados, por cuanto al resolver la demanda consideró las normas aplicables y las interpretó bajo la jurisprudencia vigente y vinculante, como la sentencia de unificación de la Corte Constitucional y los fallos del Consejo de Estado, según los cuales, como juez contencioso administrativo, el Tribunal debía verificar si la medida de aseguramiento impuesta cumplía con los requisitos de razonabilidad y proporcionalidad y legalidad, para lo cual no fueron suficientes las pruebas allegadas por el demandante, de tal manera que no pudo concluir que la medida estuvo injustificada (…) Finalmente y en atención a los argumentos precedentes, la Sala de Decisión considera que la violación directa de la Constitución no existió, porque el fallo reprochado se ajustó a derecho en la medida que se sustentó en el marco normativo vigente y aplicable al asunto puesto en conocimiento del Tribunal Administrativo del Huila, lo que de forma alguna puede constituir la transgresión aludida en el escrito de acción.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

Bogotá D. C., quince (15) de julio de dos mil veintiuno (2021)

Radicación número: 11001-03-15-000-2021-00071-01(AC)

Actor: HORACIO BARRERA ESPAÑA Y OTROS

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA

La Sala de Subsección decide la impugnación presentada por la parte accionante en contra de la sentencia del 22 de febrero de 2021 proferida por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado que declaró la improcedencia del amparo solicitado respecto del cargo relacionado con el decreto oficioso de pruebas en el proceso de reparación directa y negó en todo lo demás la tutela de la referencia.

I. ANTECEDENTES

La solicitud de protección de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, defensa, y acceso a la administración de justicia y a los principios de confianza legitima, buena fe, seguridad jurídica, legalidad y non reformatio in pejus tiene sustento en los siguientes:

1. HECHOS

El señor Horacio Barrera España y otros presentaron medio de control de reparación directa contra la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, por la privación injusta de la libertad de la que fue sujeto, desde el 18 de mayo de 2011 al 10 de agosto de 2012.

El medio de control correspondió por reparto al Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Neiva que, mediante sentencia del 30 de noviembre de 2016, accedió a las solicitudes de la demanda.

Contra la providencia anterior la Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación presentaron recurso de apelación, en virtud de lo cual el Tribunal Administrativo del Huila, a través de providencia del 23 de junio de 2020, resolvió revocarla y en su lugar negar las pretensiones de reparación directa.

2. PRETENSIONES

La parte accionante pidió lo siguiente:

«PRIMERO: Solicito a los Honorables Magistrados tutelar los derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO, A LA IGUALDAD, A LA DEFENSA, AL ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, CONFIANZA LEGÍTIMA, BUENA FE, SEGURIDAD JURÍDICA, LEGALIDAD y NON REFORMATIO IN PEJUS.

SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTO la sentencia de segunda instancia proferida el 23 de junio del 2020 por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA dentro del proceso de Reparación Directa Radicado con el número 41001333300320140019600, dentro de la acción de reparación directa incoada por HORACIO BARRERA ESPAÑA Y OTROS, contra LA NACIÓN - RAMA JUDICIAL y LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN.

TERCERO: En consecuencia, se ORDENE al Consejo de Estado que, dentro de los 40 días siguientes a la notificación de la providencia, emita una decisión de remplazo, en el sentido de analizar en debida forma los regímenes de responsabilidad en materia de privación injusta de la libertad, esto es, los presupuestos legales de la medida de aseguramiento y la justificación de la necesidad de la misma; en caso de no resultar acreditada la falla del servicio, se aborde el estudio del régimen de responsabilidad objetiva del daño especial, bajo los parámetros que han sido fijados por el Consejo de Estado por no existir exclusión de regímenes».

3. FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN

La parte accionante aseguró que la sentencia del 23 de junio de 2020 proferida por el Tribunal Administrativo del Huila incurrió en los siguientes vicios:

Defecto fáctico: por cuanto (i) obvió que la Fiscalía no contaba con las pruebas suficientes para imponer la medida de aseguramiento, esto es, que no cumplió con las exigencias legales y (ii) aplicó un precedente jurisprudencial del año 2018 al caso que se sentenció en primera instancia en el año 2016, momento en el que se aplicaba el régimen objetivo de responsabilidad donde solo se debía acreditar una de las causales del artículo 414 del Decreto 2700 de 1991, respecto de la indemnización por privación injusta de la libertad.

Adicionalmente, porque el Tribunal se negó a decretar de oficio los audios de las audiencias preliminares según los cuales sus pretensiones estarían llamadas a prosperar.

Violación directa de la Constitución: toda vez que realizó un análisis limitado y exclusivo de la falla del servicio desconociendo el alcance constitucional del artículo 90 de la Constitución según el cual la responsabilidad administrativa del Estado no excluye entre sí la aplicación de los regímenes subjetivo y objetivo de imputación.

Defecto sustantivo: porque se restringió el análisis de la responsabilidad del Estado al régimen de imputación subjetiva, y no al régimen objetivo y a la fecha de la acción constitucional se ha dejado sin efectos la sentencia de unificación del 2018, de tal manera que la posición unificada de 2013, de acuerdo con la cual la imputación del daño es a título de daño especial, cobró vigencia.

Desconocimiento del precedente: por cuanto, se desconoció la jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional cuyos efectos son erga omnes bajo las cuales el análisis de la responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad se debe hacer desde la óptica de la responsabilidad objetiva y no desde la falla del servicio.

4. TRÁMITE PROCESAL

Mediante auto del 19 de enero de 2021, la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado admitió la acción de la referencia y ordenó notificar al Tribunal Administrativo del Huila, como accionado y a la Nación – Rama Judicial – Fiscalía General de la Nación, al Juzgado Tercero Administrativo Oral de Neiva, a Robinson Daniel Barrera Ríos; y a los sujetos vinculados en el proceso adelantado bajo el medio de control de reparación directa con número de radicado 41001-33-33-003-2014-00196-00/01, como terceros interesados en las resultas del proceso, para que dentro del término de dos (2) días, se pronunciaran sobre los hechos que originaron la solicitud de tutela.

5. INTERVENCIONES

5.1. La Unidad de Defensa Jurídica de la Unidad de Defensa Jurídica de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Fiscalía General de la Nación, a través de una de sus abogadas, solicitó que se declarara la improcedencia de la presente acción, por cuanto no cumplió con el requisito de subsidiariedad, en el entendido que contaba con recursos legales para controvertir la decision judicial y no explicó por qué no hizo uso de ellos y toda vez que no identificó los defectos en que incurrió la sentencia deprecada.

5.2. El Tribunal Administrativo del Huila, por medio de uno de sus magistrados, pidió que se negara el amparo requerido, puesto que realizó el análisis legal y jurisprudencial necesario y ponderado para tomar la decisión judicial cuestionada. En ese sentido, resaltó que tuvo en cuenta el precedente vigente para el momento en el que se profirió el fallo cuyo peso no fue cuestionado por el accionante y las pruebas allegadas al proceso según las cuales no habia lugar a acceder a las pretensiones del medio de control.

De igual forma, solicitó que se declarara la improcedencia de la tutela, porque el proposito del señor Horacio Barrera España es que se revisen nuevamente los fundamentos factivos y juridicos que analizó el Tribunal en la segunda instancia del proceso de reparación directa.

5.3. La Unidad de Asistencia Legal de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, a traves de apoderado, rindió informe en el que aseguró que la acción constitucional es improcedente, porque no cumplió con el requisito de inmediatez en el sentido que se interpuso siete meses después de proferida la sentencia deprecada.

Sin perjuicio de lo expuesto, aseguró que, en todo caso, ni esa entidad ni los despachos judiciales accionados vulneraron los derechos invocados en protección, porque el trámite y el proceso se surtieron conforme a derecho.

6. LA PROVIDENCIA IMPUGNADA

La Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, a través de sentencia del 22 de febrero de 2021, (i) declaró improcedente la tutela respecto del cargo que pretendió cuestionar la decisión del Tribunal Administrativo del Huila de negar el decreto oficioso de las pruebas que contenían las grabaciones de las audiencias preliminares del proceso adelantado en contra de la accionante y (ii) negó el amparo deprecado en relación con los defectos sustantivo, fáctico y violación directa de la Constitución, por el cargo de no valorar la medida de aseguramiento bajo el régimen objetivo de responsabilidad patrimonial del Estado.

Como fundamento de lo anterior, aseguró, en primer lugar, que el cargo relacionado con el decreto oficioso de pruebas no cumplió con el requisito de relevancia constitucional, porque no atacó en términos de defectos, la regla de decisión aplicada por el Tribunal relacionada con que la carga de la prueba que le asiste al demandante que pretende la reparación por los daños ocasionados por la privación de su libertad.

Por otra parte, sostuvo que en el caso concreto no se encontraban configurados los defectos alegados, porque el Tribunal Administrativo del Huila, al concluir que no era posible analizar el carácter injusto de la privación de la liberta sin tener en el expediente el medio de prueba que acreditara las condiciones específicas en las que detuvieron al señor Horacio Barrera España, tuvo en cuenta el precedente constitucional vinculante y la interpretación de las normas aplicables para adelantar el examen de antijuridicidad del daño reclamado en la demanda de reparación directa.

7. IMPUGNACIÓN

La parte accionante impugnó la decisión de primera instancia, pues insistió en la existencia de los defectos alegados, puesto que no se justificó la necesidad de la medida de aseguramiento que se le impuso, el fallo se fundamentó en jurisprudencia que no estaba vigente para la época en que ocurrieron los hechos y no se consideró la responsabilidad objetiva a pesar de que era el régimen aplicable para el momento en que se materializó el daño.

Recibido el expediente sin que se observe causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a desatar la presente controversia.

II. CONSIDERACIONES

1. COMPETENCIA

Corresponde a esta Sala de Subsección conocer la presente acción de tutela, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 080 de 2019, en cuanto estipula que «las tutelas que sean de competencia del Consejo de Estado en primera instancia y en segunda instancia se someterán a reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y serán resueltas por la sección o subsección de la cual haga parte el magistrado a quien le haya correspondido el reparto».

2. PROBLEMAS JURÍDICOS

De conformidad con lo expuesto, la Sala de Subsección entiende que el problema jurídico se circunscribe a responder si:

¿La presente acción de tutela cumple con los requisitos generales de procedibilidad?

De resultar afirmativo el anterior interrogante, se resolverá si:

¿El Tribunal Administrativo del Huila, al expedir la sentencia del 23 de junio de 2020, incurrió en los defectos fáctico, sustantivo, en un desconocimiento del precedente y en una violación directa de la Constitución y, por consiguiente, en la vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, defensa y acceso a la administración de justicia de la parte accionante?

Para dar respuesta a los anteriores interrogantes se procederá a analizar: i) la acción de tutela contra las providencias judiciales, ii) los requisitos generales de procedencia, iii) los requisitos especiales de procedibilidad: los defectos fáctico, sustantivo, el desconocimiento del precedente y la violación directa de la Constitución y iv) el caso concreto.

3. MARCO NORMATIVO Y JURISPRUDENCIAL APLICABLE AL CASO

3.1. LA PROCEDENCIA EXCEPCIONAL DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL

En términos generales y de acuerdo con la doctrina constitucional vigente aceptada mayoritariamente por la Sala Plena de esta corporación, es posible acudir al recurso de amparo para obtener la protección material de los derechos fundamentales, cuando éstos resulten amenazados o vulnerados por decisiones judiciales. Ello, atendiendo a que el ejercicio de la judicatura como cualquier rama del poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción a los valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y en esa perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de administrar justicia, sin importar su linaje, es susceptible de ser controlada a través de ese mecanismo constitucional cuando desborda los límites que la Carta le impone.

Ahora bien, al ser la tutela una acción de carácter excepcional y residual, supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la protección de sus derechos, en tanto que el ejercicio natural de la jurisdicción se inscribe dentro de procedimientos destinados a la eficacia de los mismos y en esa medida las controversias que allí surjan, son subsanables en el contexto del proceso. De ahí que la Corte Constitucional estructurara después de años de elaboración jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, que tienen como sano propósito garantizar el delicado equilibrio entre el principio de seguridad jurídica, la autonomía e independencia de los jueces para interpretar la ley y la necesidad de asegurar la vigencia efectiva de los derechos constitucionales fundamentales.

Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la tutela y por lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su interposición, como son:

Que el asunto que esté sometido a estudio sea de evidente relevancia constitucional. Sobre este punto, corresponde al juez de tutela, señalar de forma clara y precisa las razones por las cuales el asunto a resolver tiene tal entidad que afecta derechos fundamentales de alguna de las partes.

Que en el proceso se hayan agotado todos los medios de defensa, tanto ordinarios como extraordinarios que se encuentren al alcance de quien demande el amparo, salvo, claro está, que se busque evitar un perjuicio irremediable.

Que la presentación de la acción cumpla con el requisito de inmediatez. Esto significa que el término de interposición de la tutela sea “razonable y proporcionado” entre el momento en que se presentó la presunta vulneración y el tiempo de presentación de la acción de tutela. Lo anterior, con el fin de velar por los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica.

Que la irregularidad procesal devenga en sustancial: cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora. No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio.

Identificación de la situación fáctica que devino en la vulneración de derechos: que quien acciona identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible.

Que no se trate sentencias de tutela.

3.2. DEL DEFECTO FÁCTICO

De conformidad con la jurisprudencia constitucional, el defecto fáctico se configura cuando el juez carece de apoyo probatorio que le permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. Sobre el particular la Corte Constitucional ha identificado dos dimensiones en las que puede presentarse:

Una dimensión negativa, que ocurre cuando el juez niega o valora la prueba de manera arbitraria, irracional y caprichosa, u omite su valoración y sin razón valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente. Esta dimensión, comprende las omisiones en la valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos analizados por el juez.

Una dimensión positiva, que se presenta generalmente cuando el juzgador aprecia pruebas esenciales y determinantes de lo resuelto en la providencia cuestionada que no ha debido admitir ni valorar.

Ahora bien, en virtud del principio de autonomía judicial, la intervención del juez de tutela en relación con el manejo dado por el juez natural es, y debe ser, de carácter extremadamente reducido, toda vez que:

«[…] las diferencias de valoración en la apreciación de las pruebas no constituyen defecto fáctico pues, si ante un evento determinado se presentan al juez dos interpretaciones de los hechos, diversas pero razonables, le corresponde determinar al funcionario, en el ámbito su especialidad, cuál resulta más convincente después de un análisis individual y conjunto de los elementos probatorios».

En ese sentido, no es procedente la acción constitucional cuando se encamina a obtener una nueva valoración de la actividad evaluativa realizada por el juez que ordinariamente conoce de un asunto.

3.3. DEL DEFECTO MATERIAL O SUSTANTIVO

De conformidad con la jurisprudencia constitucional, el defecto material o sustantivo se origina en primer momento cuando la autoridad judicial, ya sea juez o tribunal que dicta sentencia, fundamenta su decisión en normas que son inexistentes o inconstitucionales, es decir, se da en los casos en que la autoridad judicial se basa en, “(i) una norma no aplicable al caso, ya sea, porque la norma,(a) no es pertinente de aplicación, (b) se empleó cuando fue derogada y como consecuencia perdió su vigencia, (c) es inexistente, (d) ha sido declarada contraria a la Constitución, (e) está vigente y es constitucional pero no se adecua a la situación fáctica a la cual se aplicó, (ii) su interpretación no se encuentra dentro del margen de interpretación razonable o es errada, (iii) no se da aplicación a las sentencias con efecto Erga Omnes, que son aquellas de aplicación general, (iv) la norma aplicada se torna injustificadamente regresiva o contraria a la Constitución, y finalmente, (v) cuando un poder concedido al juez por el ordenamiento jurídico se utiliza para un fin no previsto en la disposición”.

En segundo momento, el defecto material o sustantivo se origina cuando en la estructura de la sentencia, se presenta una contradicción evidente y grosera entre la decisión y los fundamentos que la explican. En este orden de ideas, se produce cuando la decisión “(vi) se funda en una hermenéutica no sistémica de la norma, es decir, con omisión del análisis de otras disposiciones que regulan el caso, (vii) cuando desconoce la norma constitucional o legal aplicable al caso en concreto,(viii) no se encuentra debidamente justificada y por ende afecta derechos fundamentales (ix) cuando sin un mínimo de argumentación se desconoce el precedente judicial, (x) y cuando el juez no aplica la excepción de inconstitucionalidad frente a una manifiesta violación de la Constitución”. Este defecto, se presenta ante situaciones excepcionales, por lo que se debe demostrar que la decisión judicial es irrazonable, desproporcionada, arbitraria o caprichosa, pues de no ser así, la acción de tutela resultaría improcedente.

3.4. SOBRE EL DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE

En materia de decisiones judiciales, se destaca el respeto por el principio de igualdad (artículo 13 de la C.P.) el cual implica no solamente la igualdad ante la ley sino también la igualdad de protección y trato por parte de las autoridades y específicamente la igualdad en la interpretación y aplicación de la ley por parte de las autoridades judiciales, preservándose de esta manera la seguridad jurídica y con ella la certeza en los jueces van a decidir los casos iguales de la misma forma.

En ese sentido, el precedente judicial es la figura jurídica que sirve como dispositivo de preservación de la confianza de la ciudadanía en el ordenamiento, pues no solo hace previsibles las consecuencias jurídicas de sus actos sino también materializa la igualdad en la aplicación del derecho.

En ese orden sentido, la Corte Constitucional ha diferenciado lo que constituye un antecedente jurisprudencial y el precedente en estricto sentido. Por una parte, ha aclarado que antecedente es una decisión de una controversia anterior a la que se estudia, que puede tener o no algunas similitudes desde el punto de vista fáctico, pero lo más importante es que contiene algunos puntos de Derecho que guían al juez para resolver el caso objeto de estudio y por tanto, tiene un carácter orientador, lo que no significa que (a) no deba ser tenido en cuenta por el juez al momento de fallar y (b) que lo exima del deber de argumentar las razones para apartarse, en virtud de los principios de transparencia e igualdad”.

Por otra parte, ha precisado que puede predicarse la existencia de un precedente, cuando “(i) los hechos relevantes que definen el asunto pendiente de fallo son semejantes a los supuestos de hecho que enmarcan un caso del pasado; (ii) la consecuencia jurídica aplicada a los supuestos del caso pasado constituye la pretensión del caso presente; y (iii) la regla jurisprudencial no ha sido cambiada en una distinta o más específica que modifique algún supuesto de hecho para su aplicación”.

No obstante lo anterior, el sometimiento al precedente no puede convertirse en una camisa de fuerza para el juzgador, por lo que la jurisprudencia constitucional ha sostenido que las autoridades judiciales pueden apartarse válidamente de precedentes previos, bien sean estos verticales u horizontales, siempre y cuando cumplan con (i) la carga de transparencia, de hacer referencia al precedente del que se va a apartar, y (ii) la carga de argumentación que les impone el deber de señalar una justificación razonable, seria, suficiente y proporcionada, en la que manifiesten las razones por las cuales se apartan de la regla jurisprudencial; elementos con los que, en palabras de la misma Corte, se portegen el carácter dinámico del derecho y los principios de autonomía e independencia que caracterizan la labor judicial.

3.5. VIOLACIÓN DIRECTA A LA CONSTITUCIÓN

Frente a este defecto, la Corte Constitucional en repetidas ocasiones ha referido que se origina en la obligación que les asiste a todas las autoridades de velar por el cumplimiento del mandato consagrado en el artículo 4° de la carta política, según el cual «la Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales.»

La jurisprudencia constitucional también ha sostenido que procede la tutela contra providencias judiciales por violación directa de la Constitución en dos casos: (i) cuando se deja de aplicar una disposición ius fundamental a un caso concreto; o (ii) aplica la ley al margen de los dictados de la Carta:

«En el primer evento (inaplicación ius fundamental), la Corte ha dispuesto que procede la tutela: (i) cuando en la solución del caso se dejó de interpretar y aplicar una disposición legal de conformidad con el precedente constitucional; (ii) cuando se trata de un derecho fundamental de aplicación inmediata; y (iii) cuando el juez en sus resoluciones vulneró derechos fundamentales y no tuvo en cuenta el principio de interpretación conforme con la Constitución. En el segundo, la jurisprudencia ha afirmado que el juez debe tener en cuenta en sus fallos que la Constitución es norma de normas y, por lo tanto, debe aplicar las disposiciones constitucionales con preferencia a las legales mediante el ejercicio de la excepción de inconstitucionalidad».

Aunque, en principio, la violación directa de la Constitución puede tener una relación directa con otras causales especiales de procedencia, como los defectos sustantivos o el desconocimiento del precedente, la fuerza normativa de la constitución (art. 4) implica que esta sea reconocida como una causal independiente.

4. CASO CONCRETO

De conformidad con el marco normativo y jurisprudencial expuesto y orientados por el primer problema jurídico planteado, la Sala de Subsección evidencia de las pruebas obrantes en el plenario que:

(i) La pretensión de amparo es de marcada relevancia constitucional, en la medida en que se contrae a establecer de manera central si el Tribunal Administrativo del Huila, al expedir la sentencia del 23 de junio de 2020, incurrió en la violación al debido proceso, igualdad, defensa y acceso a la administración de justicia del accionante;

(ii) se agotaron todos los medios de defensa porque el accionante agotó los recursos procedentes contra la sentencia atacada;

(iii) se cumplió con el requisito de inmediatez, toda vez que la presentación de la acción se dio en un lapso «razonable y proporcionado», por cuanto la providencia reprochada se profirió el 23 de junio de 2020, el 6 de agosto de 2020 quedó ejecutoriada y la tutela de la referencia se radicó el 14 de enero de 2021;

(iv) de encontrarse probados los defectos alegados, estos tienen la vocación de vulnerar las garantías fundamentales invocadas en protección;

(v) se identificaron los hechos que sustentan la acción y los derechos que se consideran vulnerados en razón a la actuación de la parte accionada, motivo por el cual este requisito se encuentra cumplido, y

(vi) no se trata de una tutela contra tutela porque las providencias atacadas fueron proferidas en el trámite de un proceso de reparación directa.

De acuerdo con lo expuesto, la acción de la referencia cumple con todos los requisitos generales de la tutela contra providencia, de tal forma que a continuación se resolverá el segundo problema jurídico propuesto.

Al respecto, se advierte que la decisión judicial reprochada fue proferida por el Tribunal Administrativo del Huila el 23 de junio de 2020, en el trámite de la demanda de reparación directa presentada por el señor Horacio Barrera España y otros contra la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.

A través de esta providencia, el despacho judicial accionando (i) revocó la sentencia del 30 de noviembre de 2016 expedida por el Juzgado Tercero Administrativo de Neiva que accedió a las pretensiones de la demanda, en su lugar (ii) negó las solicitudes del medio de control y (iii) condenó en costas de las dos instancias a la parte demandante.

De acuerdo con las razones que fundamentaron el fallo cuestionado esta Sala de Subsección considera que el defecto fáctico no se configuró, toda vez que el Tribunal valoró las pruebas aportadas al proceso, esto es, (i) el certificado del 10 de agosto de 2012 expedido por el director del Establecimiento Penitenciario de Neiva en el que se indica la reclusión de la que fue sujeto el accionante desde el 18 de mayo de 2011 hasta el 20 de agosto de 2012 por los delitos de destinación ilícita de muebles o inmuebles y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes; (ii) la grabación magnetofónica, según la cual el 6 de julio de 2012, el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Neiva anunció el sentido del fallo condenatorio en contra del señor Horacio Barrera España por el delito de trafico, fabricación y porte de estupefacientes y absolutorio respecto del delito de destinación ilícita de bien mueble o inmueble, sin que obrara en el plenario la sentencia y su constancia de ejecutoria y (iii) la sentencia del 9 de agosto de 2012 proferida por el Tribunal Superior de Neiva que revocó la del juzgado y en su lugar absolvió al demandante ordenando su libertad inmediata, de acuerdo con las cuales concluyó que a partir de estos documentos no era posible «examinar la actuación de la demandada que dio lugar a la afectación del derecho a la libertad del demandante ni establecer si la medida se apartó de las exigencias que la gobiernan».

En otros términos, el defecto fáctico no existió, puesto que el Tribunal tuvo en cuenta el material probatorio allegado al expediente a partir del cual determinó que no se encontraba acreditada que la medida de aseguramiento impuesta al demandante fuera injustificada, circunstancia que le correspondía probar al interesado, pero que no lo hizo.

De conformidad con lo expuesto, concuerda la Sala con el a quo en que la autoridad judicial accionada no estaba obligada a decretar unas pruebas de oficio a favor del señor Horacio Barrera España para suplir la actividad probatoria que le asistía para acreditar los hechos que sustentaron el medio de control, así quedó manifestado en la decisión objeto de reproche:

«[…] debe precisarse que si bien al juez le asiste la facultad de decretar pruebas de oficio, ello solo resulta procedente para esclarecer puntos oscuros o dudosos de la contienda conforme al articulo 213 del CPACA, mas no para suplir la carga probatoria que incumbe en este caso a la parte demandante, según las previsiones del artículo 167 del CGP tal y como lo ha ratificado el precedente.»

Sin embargo, de acuerdo con el texto transcrito y el análisis realizado, se revocará el numeral primero de la sentencia impugnada, toda vez que para esta Sala dicho argumento no carece de relevancia constitucional, sino que debió ser analizado en la medida que fue relacionado con la violación de las garantías fundamentales del accionante, de tal manera que en lugar de declarar la improcedencia, se negará el amparo respecto de este argumento.

Ahora bien, en cuanto al defecto sustantivo y el desconocimiento del precedente, se advierte que el Tribunal consideró las normas aplicables al asunto, los artículos 28 y 90 de la Constitución Política, 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 9 del Pacto de New York, 7 del Pacto de San José de Costa Rica y el Pacto de Derechos Civiles y Políticos ratificado mediante la Ley 74 de 1968, la Convención Americana de Derechos Humanos ratificada por la Ley 16 de 1972, el articulo 68 de la Ley 270 de 1996, sobre privación injusta de la libertad, frente a la jurisprudencia vigente para el momento en que profirió la decisión judicial cuestionada, el 23 de junio de 2020, la sentencia SU-072 de 2018 expedida por la Corte Constitucional y los fallos de la Sección Tercera del Consejo de Estado del 6 de febrero de 2020 en los radicados 25000232600020090087601(46731) y 25000232600020081003401(43724).

En ese orden de ideas, se resalta que, según la sentencia de unificación precitada la Corte Constitucional determinó que:

«[…] la única interpretación posible -en perspectiva judicial-- del articulo 68 de la Lev 270 de 1996 es que el mismo no establece un único titulo de atribución y que, en todo caso, le exige al juez contencioso administrativo definir si la decisión que privó de la libertad a un ciudadano se apartó de los criterios que gobiernan la imposición de medidas preventivas, sin que ello implique la exigencia ineludible y para todos los casos de valoraciones del dolo o la culpa del funcionario que expidió la providencia, pues, será en aplicación del príncipe iura novit curia, aceptado por la propia jurisprudencia del Consejo de Estado, que se establezca cual será el régimen que ilumine el proceso y, por ende, el deber demostrativo que le asiste al demandante»

En consonancia con ello, la Sección Tercera del Consejo de Estado, en los fallos arriba relacionados, sostuvo que:

«De conformidad con el criterio expuesto por la Corte Constitucional, el carácter injusto de la privación de la libertad debe analizarse a la luz de los criterios de razonabilidad, proporcionalidad y legalidad de la medida de aseguramiento. de ahí que se deba determinar en cada caso si existía o no merito para proferir decisión en tal sentido.

[...]

Así las cosas, el hecho de que una persona resulte privada de la libertad dentro de un proceso penal que termina con sentencia absolutoria, no resulta suficiente para declarar la responsabilidad patrimonial al Estado. toda vez que se debe determinar si la medida restrictiva resulto injusta y, en tal caso, generadora de un daño antijurídico imputable a la administración»

En esa medida, la decisión cuestionada tampoco incurrió en el defecto sustantivo y el desconocimiento del precedente endilgados, por cuanto al resolver la demanda consideró las normas aplicables y las interpretó bajo la jurisprudencia vigente y vinculante, como la sentencia de unificación de la Corte Constitucional y los fallos del Consejo de Estado, según los cuales, como juez contencioso administrativo, el Tribunal debía verificar si la medida de aseguramiento impuesta cumplía con los requisitos de razonabilidad y proporcionalidad y legalidad, para lo cual no fueron suficientes las pruebas allegadas por el demandante, de tal manera que no pudo concluir que la medida estuvo injustificada, así quedó dispuesto en la decisión judicial cuestionada:

«Según lo anterior, la Corporación no ha podido conocer las evidencias y pruebas ni los argumentos con los que respaldo el ente acusador la aludida solicitud y lo mismo cabe señalar en relación con el juez de control de garantías al otorgarla, para así auscultar su razonabilidad, proporcionalidad y legalidad que le permitan señalar si la misma fue injusta y en esas condiciones la parte actora, quien tiene la carga de probar que la medida de aseguramiento fue injusta, no allego ninguna prueba de ello».

Finalmente y en atención a los argumentos precedentes, la Sala de Decisión considera que la violación directa de la Constitución no existió, porque el fallo reprochado se ajustó a derecho en la medida que se sustentó en el marco normativo vigente y aplicable al asunto puesto en conocimiento del Tribunal Administrativo del Huila, lo que de forma alguna puede constituir la transgresión aludida en el escrito de acción.

En conclusión, por las razones manifestadas anteriormente, el numeral primero de la sentencia impugnada será revocado en el sentido que, en lugar de declarar la improcedencia de la acción, se negará el amparo solicitado teniendo en cuenta que no se probó la configuración del defecto fáctico respecto del cargo referido al decreto oficioso de pruebas, en todo lo demás la decisión será confirmada, toda vez que no se acreditaron los vicios endilgados contra el fallo reprochado y con ello la transgresión de los derechos fundamentales invocados en protección.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sección Segunda, Subsección “A” de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

IV. FALLA

PRIMERO. – REVOCAR el numeral primero de la sentencia del 22 de febrero de 2021 proferida por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado que declaró la improcedencia del amparo solicitado respecto del cargo relacionado con el decreto oficioso de pruebas y en su lugar,

SEGUNDO.- NEGAR el amparo requerido por el señor Horacio Barrera España de acuerdo con los argumentos expuestos en este fallo.

TERCERO.- CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia impugnada que negó la acción de tutela de la referencia conforme los motivos señalados en la parte considerativa de esta decisión judicial.

CUARTO.– LIBRAR las comunicaciones de que trata el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991, para los fines ahí contemplados.

QUINTO. - Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, REMITIR el expediente a la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión.

SEXTO. - REGISTRAR la presente providencia en la plataforma SAMAI.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Estefanía Ramírez Carvajal, Leonilde España Carvajal y Ramiro Barrera López.
Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado.
Corte Constitucional. Sentencia C-590-05.
Sentencia de treinta y uno (31) de julio de dos mil doce (2012). Radicación número: 11001-03-15-000-2009-01328-01(IJ) Actor: Nery Germania Álvarez Bello. C.P. María Elizabeth García González.
Véase: Sentencias SU-632 de 2017, SU-195 de 2012, T-143 de 2011, T-456 de 2010, T-567 de 1998, T-456 de 2010, T-311 de 2009, entre otras.
Corte Constitucional. Sentencia T-576 de 1993. Magistrado Ponente: Jorge Arango Mejía.
Corte Constitucional. Sentencia T-538 de 1994. Magistrado Ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz.
Corte Constitucional. Sentencia SU-222 de 2016. Magistrada Ponente: María Victoria Calle Correa.
Véase: Sentencias SU-647 de 2017, SU-072 de 2018, SU-168 de 2017, SU-210 de 2017, SU-567 de 2015, entre otras.
Corte Constitucional. Sentencia C-590 de 2005. Magistrado Ponente: Jaime Córdoba Triviño.
Corte Constitucional. Sentencia SU-416 de 2015. Magistrado Ponente: Alberto Rojas Ríos.
Corte Constitucional. Sentencia SU-034 de 2018. Magistrado Ponente: Alberto Rojas Ríos.
Corte Constitucional. Sentencia T-367 de 2018. Magistrada Ponente: Cristina Pardo Schlesinger.
Ver entre otras las sentencias C-836 de 2001, T-1130 de 2003, T-698 de 2004, T-731 de 2006, T-571 de 2007, T-808 de 2007, T-766 de 2008 y T-014 de 2009.
En la sentencia SU-053 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado., la Corte Constitucional precisó que precedente judicial se concibe como “la sentencia o el conjunto de ellas, anteriores a un caso determinado, que, por su pertinencia y semejanza en los problemas jurídicos resueltos, debe necesariamente considerarse por las autoridades judiciales al momento de emitir un fallo”.
MARINON, Luiz Guilherme. El precedente en la dimensión de la seguridad jurídica. Ius et Praxis, 2012, vol. 18, no 1, p. 249-266.
Sentencia T-109 de 2019. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
Sentencias T-830 de 2012 y T-714 de 2013. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
Sentencia T-794 de 2011. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
Se entiende por precedente vertical aquellas decisiones previas promulgadas por un superior jerárquico y que resultan pertinentes para resolver el caso concreto, y por el horizontal aquellas decisiones fijadas por una autoridad judicial de la misma jerarquía y que resultan relevantes para resolver un caso concreto. Al respecto ver la Sentencias T- 589 de 2007.
Sentencia T-109 de 2019. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
SU-336 de 2017, Corte Constitucional
Sentencia T-094 de 2013, T-209 de 2015 y SU-542 de 2016, Corte Constitucional.
De acuerdo con las pruebas aportadas en el proceso visible en el aplicativo SAMAI.

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