Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2021-00094-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2021-00094-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2021-00094-01
Consejero ponente: José Roberto Sáchica Méndez
16 de julio de 2021
IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL POR INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE RELEVANCIA CONSTITUCIONAL / AUSENCIA DE CARGA ARGUMENTATIVA / TERCERA INSTANCIA - La parte demandante pretende reabrir el debate jurídico y probatorio decidido por el juez natural
Ciertamente, una revisión de los planteamientos esgrimidos tanto en la demanda como en el escrito impugnativo permite advertir no solo la falta de suficiencia argumentativa, sino también que su finalidad es convertir el mecanismo de amparo constitucional en una instancia adicional o complementaria al litigio contencioso administrativo tramitado y concluido, al pretender reabrir un debate ya zanjado por el juez natural de la causa por no estar de acuerdo con la decisión de excluir de responsabilidad a la Compañía de Seguros La Previsora S.A. frente a la condena impuesta por los daños y perjuicios causados con motivo del accidente de tránsito (…) Recuérdese que, por oposición al principio de informalidad que caracteriza a la acción de tutela, cuando esta se formula contra providencias judiciales, es necesario que quien reclama la protección iusfundamental no solo señale los derechos que estima afectados, sino que identifique con cierto nivel de detalle en qué consiste la violación que le atribuye al pronunciamiento judicial y demuestre de qué forma aquel se aparta del ámbito del derecho o incurre en una actuación abusiva contraria al ordenamiento jurídico.
FUENTE FORMAL: CONSTITUCION POLÍTICA - ARTÍCULO 86 / DECRETO 2591 DE 1991
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá D.C., dieciséis (16) de julio de dos mil veintiuno (2021)
Radicación número: 11001-03-15-000-2021-00094-01(AC)
Actor: EDGAR DUQUE GIRALDO Y OTROS
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA -SALA CUARTA DE ORALIDAD-
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Procede la Sala a decidir la impugnación presentada por la apoderada judicial del señor Edgar Duque Giraldo y otros en contra del fallo del 13 de mayo de 2021, proferido por la Sección Primera del Consejo de Estado, mediante el cual se negó el recurso de amparo incoado en contra del Tribunal Administrativo de Antioquia -Sala Cuarta de Oralidad-.
I. A N T E C E D E N T E S
A. De la demanda y sus fundamentos
1.- El 18 de diciembre de 2020, los señores Edgar Duque Giraldo, Claudia Patricia Correa Hurtado, María José Quirama Correa, Luis Ángel Duque Naranjo, Mariela Giraldo de Duque y María de los Ángeles Hurtado de Correa, obrando a través de mandataria judicial, presentaron acción de tutela en procura de obtener la protección de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por el Tribunal Administrativo de Antioquia -Sala Cuarta de Oralidad-, al confirmar parcialmente, en sede de segunda instancia, la sentencia de primer grado dictada por el Juzgado Treinta y Seis Administrativo Oral del Circuito de Medellín, en la que se declaró la responsabilidad civil y patrimonial de la parte demandada por los perjuicios causados como consecuencia de la muerte de su hijo, hermano y nieto Juan Pablo Duque Correa.
2.- Según se ilustra en la acción de tutela, la pretensión en ella contenida se contrae a lo siguiente:
<<(…) Tutelar el derecho fundamental constitucional invocado y, como consecuencia de ello, se deje sin efectos la sentencia proferida en segunda instancia y se ordene a la Sala Cuarta de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia que emita un nuevo fallo que cumpla con los parámetros del DEBIDO PROCESO>> (Negrillas propias del texto).
3.- Entre los presupuestos de orden fáctico que respaldan la protección invocada con base en el artículo 86 Superior, la parte actora expuso que:
3.1.- El 23 de mayo de 2016, el señor Edgar Duque Giraldo, junto con su núcleo familiar, actuando por intermedio de apoderada judicial y en ejercicio del medio de control de reparación directa, entablaron proceso contencioso administrativo en contra de la E.S.E. Hospital San Rafael del municipio de San Luis, la Compañía de Seguros La Previsora S.A. y el señor Iván Darío Rojas López, para que se les declarara administrativa y patrimonialmente responsables del daño antijurídico ocasionado por la muerte de su familiar en un accidente de tránsito, de suerte que fueran condenados a pagar la indemnización pecuniaria correspondiente por concepto de daños morales y materiales a cada miembro, “declarándose que la Compañía de Seguros La Previsora S.A., en calidad de garante de la responsabilidad extracontractual, debe responder por los perjuicios de todo orden causados por el asegurado demandado, hasta la concurrencia del límite del valor asegurado en la póliza o pólizas vigentes para el día 16 de octubre de 2014 y que amparaban la responsabilidad extracontractual vinculada al vehículo de placas FHN940 (…)”.
3.2.- De la demanda interpuesta conoció en primera instancia el Juzgado Treinta y Seis Administrativo Oral del Circuito de Medellín, despacho que, mediante sentencia del 14 de noviembre de 2017, declaró solidariamente responsables a la E.S.E. Hospital San Rafael y al señor Iván Darío Rojas López “por los daños generados a los demandantes con ocasión de los hechos ocurridos el 16 de octubre de 2014”, condenándolos a pagar, por concepto de perjuicios morales, tan solo el 70% de la condena reclamada, a raíz de “la concurrencia de culpas que se configuró dentro del presente asunto”. Al mismo tiempo, encontró probada la excepción propuesta por la Compañía de Seguros La Previsora S.A. y, por ende, la exoneró de toda responsabilidad. Esto último, teniendo en cuenta que, a pesar de “estar demostrado que la muerte de su pariente fue resultado de la negligencia y falta de cuidado que debió tener el conductor del vehículo de placas FHN940 designado y/o contratado por parte de la E.S.E. Hospital San Rafael del municipio de San Luis”, produciéndose así un nexo de causalidad entre el hecho y la conducta del Estado, respecto de la póliza de seguros de responsabilidad civil extracontractual contratada “operó la exclusión contenida en el numeral 2.4.3. de las condiciones generales de la póliza de automóviles AUP-001”, conforme a la cual no habrá lugar a su aplicación “cuando el conductor desatienda las señales reglamentarias de tránsito” (Negrillas originales). Las demás pretensiones fueron negadas.
3.3.- La decisión en precedencia fue apelada por ambos extremos procesales. Mientras la apoderada judicial de la E.S.E. Hospital San Rafael adujo que (i) el occiso no adoptó las mínimas medidas de seguridad previstas en la Ley 769 de 2002, (ii) las circunstancias que rodearon el siniestro acontecieron por fuera del servicio público ofrecido por la entidad y (iii) la exclusión contenida en el anexo de la póliza de seguros es ineficaz por no figurar en la primera página del contrato, la abogada de la parte demandante expuso que el fallador de primera instancia (iv) inobservó los términos de aseguramiento pactados entre la E.S.E. Hospital San Rafael y la Compañía de Seguros La Previsora S.A. al pasar por alto “el certificado individual del rodante de placas FHN940” que incluye como cobertura adicional el “amparo de protección patrimonial en casos de culpa grave”, (v) redujo en un 30% la indemnización pecuniaria sin advertir que la conducta desplegada por la víctima no fue causa adecuada del daño y (vi) negó el lucro cesante en contravía de la propia jurisprudencia del Consejo de Estado que ha admitido su reconocimiento y pago cuando se acredita la ayuda económica suministrada por el menor que ha sido víctima y la consecuencial ausencia de condiciones de desescolarización o explotación infantil. Por su parte, la mandataria judicial del señor Iván Darío Rojas López señaló que (vii) el occiso creó un riesgo de entidad relevante y anormal que incidió en el accidente y (viii) la empresa aseguradora tiene el deber de reembolsar “el valor de la condena en la proporción legalmente establecida”, sin posibilidad de traer a colación ningún tipo de exclusión contractual. El medio impugnativo fue concedido en el efecto suspensivo.
3.4.- El Tribunal Administrativo de Antioquia -Sala Cuarta de Oralidad-, mediante providencia del 24 de noviembre de 2020, resolvió confirmar la declaratoria de responsabilidad efectuada por el a-quo, “modificando y adicionando la condena solidaria impuesta por concepto de perjuicios morales” al 100% de la suma dineraria pretendida y “en una proporción del 80% a cargo de la E.S.E. Hospital San Rafael del municipio de San Luis y del 20% a cargo del señor Iván Darío Rojas López”. Lo anterior, tras concluir que “el accidente de tránsito fue ocasionado por el vehículo de placas FHN940 que estaba al servicio de la E.S.E. Hospital San Rafael y que se encontraba bajo la guarda y custodia de uno de sus empleados, quien al realizar una invasión de carril y circular en contravía, ejecutó una maniobra altamente peligrosa que constituyó la causa directa y determinante del accidente”, sin que además pueda hablarse de la configuración de la concausa establecida por el juez a-quo, “puesto que, si bien la víctima no contaba con licencia de conducción de motocicletas y no tenía los seguros obligatorios exigidos por la ley, NO contribuyó causalmente en la producción del choque”, modificándose la sentencia apelada en lo relativo a la reducción de la condena por concepto de perjuicios morales. Finalmente, interesa destacar que no solo mantuvo la decisión de negar los perjuicios materiales solicitados al no haberse probado en la causa “todos los criterios fijados por la Sección Tercera del Consejo de Estado en la sentencia de unificación del 6 de abril de 2018 sobre indemnización del lucro cesante a favor de los padres por la muerte de un hijo menor de 25 años”, sino también la de eximir de responsabilidad a la Compañía de Seguros La Previsora S.A., en atención a que la póliza tomada, por un lado, “incluía expresas condiciones generales a las que se hallaba sujeta” y, por otro, “no resultaba aplicable al caso concreto”, debido a que el amparo de protección patrimonial no abarca daños o perjuicios de carácter inmaterial.
4.- Como fundamento de derecho de su solicitud de amparo, la parte actora alegó que, por virtud de la decisión en comento, el Tribunal Administrativo de Antioquia -Sala Cuarta de Oralidad- quebrantó su prerrogativa iusfundamental al debido proceso, en cuanto incurrió en un defecto fáctico “por haber valorado de manera arbitraria e irracional el contrato de seguro allegado a la causa”, dándose por no probada la cobertura contenida en la póliza expedida por La Previsora S.A. frente a la condena atribuida a la empresa asegurada.
Así las cosas, trayendo nuevamente apartes del recurso de apelación interpuesto ante el Juzgado Treinta y Seis Administrativo Oral del Circuito de Medellín dentro del proceso contencioso administrativo de reparación directa, sostuvo que el juez ad-quem debió evaluar de forma integral las condiciones del contrato de seguro, “determinando que en el mismo se amparaba tanto la culpa grave del conductor del vehículo asegurado en una eventual responsabilidad civil extracontractual como los perjuicios extrapatrimoniales del tercero afectado”.
B. Del trámite procesal y la contestación de la demanda
5.- La Sección Primera del Consejo de Estado, en autos del 22 de enero y del 19 de marzo de 2021, admitió la acción de tutela y notificó de su presentación al Juzgado Treinta y Seis Administrativo Oral del Circuito de Medellín y al Tribunal Administrativo de Antioquia -Sala Cuarta de Oralidad-, al mismo tiempo que vinculó a la E.S.E. Hospital San Rafael del municipio de San Luis, a la Compañía de Seguros La Previsora S.A. y al señor Iván Darío Rojas López como terceros interesados en las resultas del proceso, “para que rindan informe y alleguen la documentación que pretendan hacer valer como pruebas”.
Igualmente, allí se requirió al Juzgado Treinta y Seis Administrativo Oral del Circuito de Medellín para que, en uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, remitiera, en calidad de préstamo, el expediente contentivo del proceso contencioso administrativo de reparación directa radicado con el número 05001-33-33-036-2016-00427-01.
(i) Compañía de Seguros La Previsora S.A.
6.- La Representante Legal Judicial y Extrajudicial de la Compañía de Seguros La Previsora S.A. instó al juez constitucional para que decretara la improcedencia del recurso de amparo por ausencia de infracción a la prerrogativa superior invocada, en tanto el escrito de demanda “no cumple con los requerimientos jurisprudenciales establecidos en materia de acción de tutela contra providencias judiciales”, principalmente, porque “está demostrado que en el proceso ordinario se debatieron, analizaron y pusieron en consideración de manera amplia los mismos temas que ahora se reprochan, profiriéndose en derecho decisiones conforme los hechos probados y las pruebas válidamente incorporadas por las partes”, con lo cual, en últimas, acudir al presente mecanismo supone “un abuso del derecho y una clara intención de aprovechar la figura residual para obtener un beneficio respecto de una situación ya resuelta por la Jurisdicción Contenciosa en cumplimiento de las disposiciones propias del ordenamiento jurídico”.
De cualquier modo, se sirvió exponer que la providencia dictada por el Tribunal Administrativo de Antioquia -Sala Cuarta de Oralidad- valoró en su integridad tanto la carátula de la póliza como el clausulado de condiciones particulares y generales que la acompañan, apreciándose “que la objeción de los accionantes se orienta a reabrir el debate en cuanto a la operancia o no de uno de los amparos de la póliza”, aspecto que también fue discutido en el recurso de apelación y que resolvió en forma clara el fallador de segunda instancia, “dedicándole un espacio importante en su providencia a exponer los motivos por los cuales el amparo de protección patrimonial no tenía vocación de afianzamiento”.
(ii) Remisión del expediente contentivo del proceso contencioso administrativo de reparación directa
7.- El Juzgado Treinta y Seis Administrativo Oral del Circuito de Medellín allegó al presente trámite el expediente radicado con el número 05001-33-33-036-2016-00427-01, contentivo del medio de control de reparación directa ejercido por el señor Edgar Duque Giraldo y otros en contra de la E.S.E. Hospital San Rafael del municipio de San Luis, la Compañía de Seguros La Previsora S.A. y el señor Iván Darío Rojas López.
8.- Las autoridades judiciales y las demás entidades y personas vinculadas al proceso optaron por guardar silencio frente al requerimiento efectuado.
C. De la sentencia de primera instancia
9.- La Sección Primera del Consejo de Estado, a través de sentencia del 13 de mayo de 2021, negó el amparo constitucional solicitado por los demandantes al estimar que la autoridad judicial censurada no incurrió en un defecto fáctico, pues para adoptar la correspondiente decisión, “valoró de manera razonable e integral las diferentes pruebas obrantes en el expediente”, entre las que figura la póliza colectiva de automóviles y sus anexos, “lo que le permitió confirmar la decisión adoptada por el a-quo de declarar probada la excepción propuesta por la aseguradora y, en consecuencia, exonerarla de responsabilidad por los hechos que dieron origen al litigio”.
D. De la impugnación
10.- La anterior decisión fue impugnada por la apoderada judicial de la parte actora, quien se limitó a reiterar lo manifestado en su escrito inicial, agregando, como respuesta a las consideraciones desplegadas por el fallador de primera instancia, que “no se hizo alusión a los argumentos de la demanda en los que se especificó en qué consistía el defecto fáctico”, el cual no supone una mera diferencia de interpretación de las pruebas arrimadas al proceso, sino “la omisión al momento de valorar la póliza colectiva de automóviles No. 3017691 frente a sus condiciones particulares que comprenden la cobertura de los perjuicios extrapatrimoniales para el amparo de la responsabilidad civil extracontractual” y que, indiscutiblemente, “tienen prelación sobre el clausulado de carácter general que está predispuesto para todos los contratos de un mismo tipo por parte de la aseguradora”.
II. C O N S I D E R A C I O N E S
E. De la competencia
11.- Es competente esta Sala para conocer de la impugnación presentada y examinar su contenido en contraste con el acervo probatorio y el fallo proferido en primera instancia, según lo establecido en el artículo 32 del Decreto-Ley 2591 de 1991.
11.1.- Debe precisarse, además, que en los estrictos términos de los artículos 13 y 25 del Acuerdo 80 de 2019, por medio del cual se expidió el Reglamento Interno del Consejo de Estado, le corresponde a la Sección Tercera resolver las acciones de tutela que sean de su competencia, de acuerdo con la distribución de los procesos entre las secciones y el correspondiente reparto por la Secretaría General de la Corporación.
11.2.- En ese orden, esta Sala determinará en sede de segunda instancia si se confirma, modifica o revoca el fallo de primer grado proferido por la Sección Primera del Consejo de Estado, a través del cual se denegó la protección tutelar deprecada por el señor Duque Giraldo y otros contra el Tribunal Administrativo de Antioquia -Sala Cuarta de Oralidad-.
F. De la acción de tutela contra providencias judiciales
12.- La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en fallo del 31 de julio de 2012, unificó la postura en relación con la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
12.1.- Posteriormente, a través de una nueva sentencia de unificación, la Sala Plena de la Corporación adoptó los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la Sentencia C-590 de 2005 para determinar la procedencia del mecanismo de amparo constitucional contra providencias judiciales y reiteró que dicha acción es apenas un instrumento de carácter residual y subsidiario para la protección de los derechos fundamentales, tal y como lo señala el artículo 86 Superior.
12.2.- Así entonces, esta Corporación no ha vacilado en reiterar que los requisitos generales alusivos a la procedencia formal del mecanismo tuitivo de los derechos fundamentales que deben ser cuidadosamente verificados son, los siguientes:
• Que la cuestión sometida a estudio por parte del juez de tutela resulte de evidente relevancia constitucional.
• Que se hayan agotado todos los recursos judiciales -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se advierta la ocurrencia de un perjuicio de carácter irremediable.
• Que la solicitud de amparo tutelar cumpla con el requisito de inmediatez.
• Que, en caso de tratarse de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa en la decisión que resulta lesiva de las prerrogativas iusfundamentales.
• Que quien pretende el amparo identifique, de forma razonable, tanto los hechos que generan la violación como los derechos que resultan infringidos y que ello haya sido alegado en el proceso judicial, siempre que esto fuese posible; y,
• Que el fallo impugnado no se trate de una acción de tutela.
12.3.- Ahora bien, interesa destacar que la relevancia constitucional, como requisito general de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, supone la presentación de un conflicto que trascienda las discusiones legales ante el juez constitucional. Bien es sabido que el ámbito de los derechos fundamentales tiene un efecto irradiador en el ordenamiento, de tal suerte que, en la práctica, no existen temas jurídicos que no puedan relacionarse con un derecho de esta naturaleza. En tal virtud, no basta con que el actor afirme que una determinada providencia judicial infringe derechos fundamentales para dar por cumplido dicho requisito, sino que este debe estructurar una fundamentación clara y suficiente en torno a la necesidad de la intervención del juez de tutela con el propósito de hacer cesar la presunta infracción de los derechos fundamentales invocados.
12.4.- Lo anterior, comoquiera que con dicho requisito se persiguen al menos tres finalidades: (i) preservar los principios de autonomía e independencia judicial de los jueces de las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, en ese sentido, evitar que la acción de tutela se utilice para debatir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio del recurso de amparo a cuestiones con clara y marcada relevancia desde la óptica constitucional por afectar derechos fundamentales; e (iii) impedir que la interposición de la acción de tutela se transmute en una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de las autoridades jurisdiccionales.
12.5.- A su turno, los requisitos específicos de procedibilidad que ha decantado la jurisprudencia constitucional a partir de la Sentencia C-590 de 2005, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, hacen relación a los denominados defectos materiales, identificados y definidos como las fuentes de vulneración de derechos fundamentales: (i) orgánico; (ii) sustantivo; (iii) procedimental; (iv) fáctico; (v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente judicial; y, (viii) violación directa de la Constitución.
12.6.- En resumidas cuentas, los criterios generales y específicos de procedencia suponen pautas metodológicas que limitan la competencia del juez constitucional al abordar el escrutinio de una acción de tutela promovida en contra de una providencia judicial. Tanto unos como otros confluyen en el propósito de realizar el mandato de efectividad de los derechos fundamentales en un escenario de respeto por el valor de la cosa juzgada, la garantía de seguridad jurídica y los principios constitucionales de autonomía e independencia judicial. De ahí que la autoridad judicial a cargo de esta labor carezca de competencia para reemplazar al juez de la causa en la interpretación del derecho legislado o en la evaluación detenida de las pruebas del caso o para imponer su criterio en debates de orden legal que corresponden a otras autoridades judiciales, ya que su rol “se reduce a asegurar de manera residual y excepcional la protección de los derechos fundamentales en los trámites judiciales”.
12.7.- De lo que hasta ahora ha sido reseñado, le corresponde al juez de tutela verificar el cumplimiento estricto de todos los requisitos generales, de tal manera que, una vez superado ese examen formal, pueda constatar si se configura, por lo menos, uno de los defectos arriba mencionados, los cuales también deben ser adecuadamente formulados por el interesado.
G. Del análisis del caso concreto
13.- En los términos precedentes, esta Sala se ocupará de verificar el acierto de la decisión impugnada, esto es, si los hechos que se alegan en la presente causa se enmarcan en los requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencias judiciales, particularmente si cumple con el referido a la relevancia constitucional. Solo en el evento de acreditarse, pasará a abordar el estudio de los demás presupuestos con el objetivo de establecer si el Tribunal Administrativo de Antioquia -Sala Cuarta de Oralidad- incurrió en el yerro o vicio aducido por la parte actora y si se justifica la adopción de medidas de protección del derecho fundamental invocado.
14.- No obstante, debe recordarse que, en lo atinente al trámite de impugnación, la competencia de quien conoce el asunto se ve delimitada, prima facie, por las razones o motivos de inconformidad con la providencia que es objeto de debate, con la circunstancia particular de que estando de por medio derechos y garantías fundamentales, el juez, tribunal o alta Corporación, adquiere mayores facultades para que, llegado el caso, adelante un análisis integral ante la evidencia de la afectación y necesidad de intervenir en la protección de un derecho de la anotada raigambre.
H. Estudio sobre el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
15.- Sobre el análisis específico de la relevancia constitucional del asunto, es de precisar que la Sala Plena del Consejo de Estado ha reconocido que para determinar si una acción de tutela satisface dicho requisito es necesario entrar a examinar dos elementos, a saber:
• Que el actor cumpla su carga argumentativa de motivar la relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales, escenario en el que no basta con enunciar los derechos presuntamente vulnerados, sino que tal vulneración ha de estar justificada, esto es, desde la carga argumentativa, debe expresar con suficiencia las razones y motivos de índole constitucional que revelan un juicio de desvalor frente a los derechos fundamentales de quien promueve la acción de tutela, de cara a la definición que ha adoptado el juez, encargado por mandato constitucional de definir el derecho, bajo la sacramental fórmula de administrar justicia por mandato de la Constitución y la ley. En este caso, tal ejercicio debe permitir una acción valorativa de la justeza de la decisión, asunto que se superpone aún a la justicia que envuelve el mandato de ley en que se basa la sentencia.
• Que la demanda de tutela no constituya una instancia adicional al proceso ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, en la medida en que este mecanismo constitucional fue instituido para proteger derechos fundamentales y no para discutir toda discrepancia que el actor tenga frente a una decisión judicial, aspecto que se vincula en perfecta armonía con el anterior elemento anotado, en tanto la acción de tutela no se presenta como garantía para la confrontación entre la decisión del juez y la opinión, criterio, dicho y aún raciocinio de quien con la determinación contenida en la sentencia no se ve favorecido pues, a no dudarlo, de lo que se trata es de verificar la justeza constitucional de la decisión judicial.
16.- En el asunto sub iudice, la parte actora alega que el Tribunal Administrativo de Antioquia -Sala Cuarta de Oralidad-, al confirmar parcialmente la sentencia proferida el 14 de noviembre de 2017 por el Juzgado Treinta y Seis Administrativo Oral del Circuito de Medellín, en la que se declaró la responsabilidad civil, patrimonial y solidaria de la E.S.E Hospital San Rafael del municipio de San Luis y del señor Iván Darío López, incurrió en un defecto fáctico al haber valorado de forma indebida la póliza aportada al proceso por la Compañía de Seguros La Previsora S.A., tal y como quedó consignado en el acápite de antecedentes de esta providencia.
17.- Pues bien, valorados los presupuestos de hecho y de derecho que dieron lugar a que se formulara el medio de control de reparación directa, las pruebas arrimadas por los extremos procesales y el contenido en sí mismo considerado de la providencia dictada en segunda instancia, no encuentra esta Sala que el Tribunal Administrativo de Antioquia -Sala Cuarta de Oralidad- haya transgredido la prerrogativa superior del debido proceso invocada por los demandantes, así como tampoco que hubiere incurrido en el defecto específico que se le endilga. Ciertamente, una revisión de los planteamientos esgrimidos tanto en la demanda como en el escrito impugnativo permite advertir no solo la falta de suficiencia argumentativa, sino también que su finalidad prístina es convertir el mecanismo de amparo constitucional en una instancia adicional o complementaria al litigio contencioso administrativo tramitado y concluido, al pretender reabrir un debate ya zanjado por el juez natural de la causa por no estar de acuerdo con la decisión de excluir de responsabilidad a la Compañía de Seguros La Previsora S.A. frente a la condena impuesta por los daños y perjuicios causados con motivo del accidente de tránsito acontecido el 16 de octubre de 2014.
17.1.- Con miras a corroborar el anterior acierto, ha de iniciarse por relievar que la parte actora señaló que la autoridad judicial censurada “valoró de manera arbitraria e irracional las pruebas documentales allegadas por La Previsora S.A. directamente relacionadas con el contrato de seguro”, debido a que no dio por acreditada “la cobertura de la condena impuesta a la E.S.E. Hospital San Rafael del municipio de San Luis en calidad de entidad asegurada”, sin explicar clara ni suficientemente en qué consistió la inadecuada motivación o malinterpretación valorativa en el examen de fondo de la póliza colectiva No. 3017691, ni mucho menos justificar la trascendencia adjetiva de la irregularidad alegada en el sentido del fallo, de suerte que si esta no se hubiera suscitado, el Tribunal demandado habría optado por acoger una decisión diametralmente opuesta.
De hecho, ni siquiera es patente que se haya conferido una calificación abiertamente desacertada o atribuido un alcance contraevidente a su contenido o que de paso al escrutinio del defecto fáctico en su dimensión negativa, esto es, por apreciar tal pieza probatoria de modo incongruente o caprichoso, pretermitiendo su consideración, para sin razón valedera dar por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente, aspecto que tampoco se vislumbra en el pronunciamiento reprochado, pues en aquel se constató no solo que el contrato de seguro, la carátula de la póliza y el clausulado de condiciones generales y particulares de la misma fueron objeto de escrutinio integral tras su válida incorporación al juicio, sino también que a partir de los amparos y valores allí estipulados, discutidos en cada una de las etapas surtidas dentro del proceso contencioso administrativo de reparación directa -alegatos de conclusión en sede de primera y segunda instancia y sustentación del recurso de apelación-, pudo establecerse que la referida póliza no ofrecía cobertura alguna para los perjuicios morales o extrapatrimoniales causados por la entidad asegurada o las personas autorizadas para la conducción de los vehículos asegurados, lo que justamente llevó al operador jurídico a inferir que no resultaba aplicable el “amparo de protección patrimonial” pactado entre la E.S.E. Hospital San Rafael del municipio de San Luis y La Previsora S.A. en el seguro colectivo de automóviles que comprendía el automotor de placas FHN940 involucrado en el accidente de tránsito que originó el pleito y, en últimas, a revalidar la decisión adoptada por el Juzgado Treinta y Seis Administrativo Oral del Circuito de Medellín de declarar probada la excepción denominada “exclusiones” propuesta por la propia empresa aseguradora, liberándola de la responsabilidad que se le pretendía endilgar.
Esto significa que la parte actora no cumplió con el deber de indicar con rigor demostrativo el presunto yerro que, en su sentir, se produjo en el fallo dictado por el juez ad-quem, pues aun cuando intentó invocar la existencia de una decisión con sustanciales deficiencias probatorias a fin de poner en tela de juicio su racionabilidad, en ninguna de sus alegaciones logró identificar los escenarios genéricos de configuración perfilados por la Corte Constitucional para habilitar la intervención excepcional del juez de tutela, limitándose simplemente a enunciar la transgresión del debido proceso haciendo aproximaciones reiterativas sobre “la falta de valoración holística de las condiciones particulares del contrato de seguro”, pero sin sustentar debidamente las razones por las cuales aquella se produce.
Recuérdese que, por oposición al principio de informalidad que caracteriza a la acción de tutela, cuando esta se formula contra providencias judiciales, es necesario que quien reclama la protección iusfundamental no solo señale los derechos que estima afectados, sino que identifique con cierto nivel de detalle en qué consiste la violación que le atribuye al pronunciamiento judicial y demuestre de qué forma aquel se aparta del ámbito del derecho o incurre en una actuación abusiva contraria al ordenamiento jurídico, no por la materialidad de la decisión y sus implicaciones, sino por las razones y fundamentos que la sustentan, aspecto sobre el que gravita la relevancia constitucional. De no ser así, toda providencia judicial que desestima una demanda o accede a las pretensiones, esto es, por sus consecuencias, sería transgresora de los derechos fundamentales de la parte vencida, asunto que, sin duda alguna, cuestionaría los cimientos del pacto político y social en que se soporta la existencia del Estado, y con este, el establecimiento de autoridades que detentan el poder público bajo las diferentes manifestaciones requeridas para la realización de sus fines, entre ellos, el de la solución de los conflictos y la efectividad de los derechos.
De ahí que la tutela contra providencias judiciales, que se presenta como expresión del poder realizador de valores tales como la convivencia pacífica, la seguridad de las relaciones y los derechos del conglomerado, entre otros, solo puede ser evaluada por el juez constitucional en aquellos eventos en que se logre establecer, a partir de una carga argumentativa seria, coherente y razonada de parte de quien la emplea, que una determinada actuación del juzgador es manifiestamente contraria al orden jurídico y, a su vez, violatoria de derechos fundamentales, en especial, del debido proceso y del acceso a la administración de justicia, que son los ejes medulares sobre los que, tratándose de acciones de tutela contra sentencias judiciales, se proyecta el análisis y la decisión del juez constitucional. Exigencia adicional que resulta razonable, pues sin buscar imprimir a la acción de tutela formalidades que la desnaturalicen, se requiere que su promotor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que de cuenta de todo ello al momento de pretender la protección constitucional de sus derechos.
Para el caso concreto, comoquiera que la parte actora no se sirvió estructurar en debida forma el único cargo que imputó como defecto a la sentencia judicial proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia -Sala Cuarta de Oralidad, esta Corporación tampoco puede proceder a ello de forma supletiva, teniendo en cuenta que, como ya se mencionó, tratándose de acciones de tutela contra providencias judiciales, la especial carga de contar con una argumentación coherente y suficiente recae en quien solicita el amparo constitucional y no en quien lo decide, pues están de por medio los principios superiores de los que se desprende el respeto por la cosa juzgada, la necesidad de preservar la seguridad jurídica, la garantía de la independencia, la autonomía de los jueces y, a no dudarlo, también los derechos de la parte contradictora que resultó favorecida con la decisión adoptada.
17.2.- Con todo, aun si en gracia de discusión se admitiera que la acusación que fundaron los actores logra corresponderse con la presunta configuración de un defecto fáctico, esta Sala considera que la providencia sometida a examen en esta oportunidad fue proferida dentro del marco de la autonomía e independencia judicial que le asiste al Tribunal demandado, respaldado a su turno en disposiciones claramente aplicables al caso concreto, con apoyo en el material probatorio aportado al proceso y ajustado al procedimiento establecido para tramitar el medio de control de reparación directa, según las previsiones del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo para este tipo de asuntos.
En efecto, como consta en el respectivo expediente digital, la autoridad judicial censurada, en la sentencia de segunda instancia del 24 de noviembre de 2020, luego de establecer que uno de los enfoques del problema jurídico que debía resolver en la causa se concretaba en definir si debía confirmar la excepción propuesta por la Compañía de Seguros La Previsora S.A. y, por tanto, exonerarla de toda responsabilidad, procedió, en acápite independiente, a realizar el análisis que se sigue a continuación:
<<(…) 2.4.2. De la exoneración de la compañía de seguros demandada
En cuanto a La Previsora Compañía de Seguros S.A., tal como lo verificó el juez de primer grado, la póliza N° 3017691 denominada “seguro automóviles colectiva”, se encontraba vigente al momento de la ocurrencia de los hechos. Así mismo, entre los amparos contratados está el de “RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR MUERTE O LESIÓN A UNA PERSONA” dado lo cual, el siniestro ocurrido estaba amparado por la referida póliza de seguros, sin que se observe exclusión expresa respecto de dicho amparo.
Ahora bien, determinó el juez a quo que, tal como lo excepcionó la asegurada demandada, a este caso resulta aplicable la exclusión contenida en el numeral 2.4.3. en la póliza de automóviles AUP-001 de condiciones generales aportada al plenario, en atención a que, en la póliza de seguros N° 3017691 “se dejó expresa constancia que la misma incluía condiciones generales como complemento de la póliza tomada y en efecto estaría sujeta a las condiciones allí establecidas, y en ese orden de ideas, la exclusión señalada en el numeral 2.4.3. que establece que será exclusión aplicable a todos los amparos de esa póliza “cuando el conductor desatienda las señales reglamentarias de tránsito”, lo cual ocurre en el caso que nos ocupa”.
En disenso con lo anterior, el hospital y particular demandados adujeron en sus recursos de apelación que “la “exclusión” contenida en el anexo de la póliza de automóviles colectiva adquirida por la ESE, que fue la aportada por la aseguradora y que fue tenida en cuenta por el fallador para eximirlos de responsabilidad, resulta contraria a lo dispuesto en la ley, toda vez que el marco legal que regula precisamente el tema de las “exclusiones en las pólizas de seguros”, dada su naturaleza pública, es de obligatorio cumplimiento y, por ende su inobservancia torna los pactos que se hagan en contrario como ineficaces, esto es, que no producen ningún efecto en el tráfico jurídico”.
El contrato de seguro se rige por el principio general consagrado en el artículo 1602 del Código Civil, según el cual el contrato es Ley para las partes, y no puede ser invalidado sino por el consentimiento mutuo o por causas legales. Se itera, como se verificó en la sentencia de primer grado, en la póliza de seguros N° 3017691 se dejó expresa constancia que la misma incluía condiciones generales como complemento de la póliza tomada y en efecto estaría sujeta a las condiciones allí establecidas, entre ellas, las exclusiones pactadas, por lo que, no procede desconocer, en sede judicial, el contenido y alcances de la misma.
De otro lado, la parte actora argumentó en el recurso de apelación, que en el certificado individual aportado por la misma compañía aseguradora, aparece como amparo contratado “PROTECCIÓN PATRIMONIAL”, al frente del mismo se observa “SI AMPARA”, además, establece el amparo denominado “AUTOMÓVILES – R.C.E. EN EXCESO” por un valor asegurado de 1.000.000.000,00” y “si bien en las condiciones generales de la póliza aparecen las exclusiones incluidas en la excepción propuesta dentro de la contestación a la demanda y que se declaró probada en la sentencia (…) en la condición quinta cuando se abordan los AMPAROS ADICIONALES, se expresa: “Esta póliza además por mutuo acuerdo incluirá los siguientes amparos adicionales cuando se indique en el cuadro de amparos de la póliza: 5.3. AMPARO DE PROTECCIÓN PATRIMONIAL (…)” (fl. 320).
Ciertamente, la póliza de automóviles AUP-001 de condiciones generales contiene la siguiente cláusula:
“5.3 AMPARO DE PROTECCIÓN PATRIMONIAL
Si así se pacta en el cuadro de amparos, PREVISORA, teniendo en cuenta las coberturas contratadas en la póliza, indemnizará con sujeción a la suma asegurada y a los deducibles estipulados, cuando el conductor incurra en las causales de exclusión indicadas en los numerales 2.4.3. y 2.4.5., de la póliza, por los siguientes conceptos:
5.3.1. Los perjuicios patrimoniales que cause el Asegurado o las personas autorizadas para la conducción del vehículo asegurado (…) con motivo de la Responsabilidad Civil Extracontractual en que incurra de acuerdo con la ley.
(…)”
Entonces, en virtud del AMPARO DE PROTECCIÓN PATRIMONIAL, La Previsora S.A. Compañía de Seguros, debe indemnizar con sujeción a la suma asegurada y a los deducibles estipulados, cuando el conductor incurra en las causales de exclusión indicadas en los numerales 2.4.3. y 2.4.5. de la póliza, por los siguiente conceptos: i) perjuicios patrimoniales que cause el asegurado o las personas autorizadas para la conducción del vehículo asegurado, con motivo de la Responsabilidad Civil Extracontractual en que incurra de acuerdo con la ley; y ii) los daños que sufra el vehículo asegurado.
En el caso concreto, únicamente se reconocerá a favor de los demandantes perjuicios morales, es decir, extrapatrimoniales, y no así perjuicios materiales, esto es, patrimoniales, dado lo cual, no resulta aplicable el AMPARO DE PROTECCIÓN PATRIMONIAL pactado en la póliza de automóviles AUP-001 de condiciones generales.
En consecuencia, se confirmará la decisión adoptada por el Despacho a quo de declarar probada la excepción de “EXCLUSIONES” propuesta por la demandada La Previsora S.A. Compañía de Seguros, y, por tanto, exonerarla de responsabilidad por los hechos que dieron origen a este litigio>> (Negrillas y subrayas no originales).
Como se puede apreciar, no se advierte en la decisión que se reprocha infracción alguna al derecho fundamental alegado por la parte actora bajo la configuración de un defecto fáctico, pues claro está que para resolver sobre la responsabilidad de La Previsora S.A. en calidad de parte demandada en virtud del contrato de seguros que suscribió con la E.S.E. Hospital San Rafael del municipio de San Luis, no solo se tuvo en cuenta la póliza No. 3017691 denominada “seguro automóviles colectiva” con vigencia hasta el 25 de octubre de 2014, el certificado individual expedido para el vehículo de placas FHN940 y las condiciones generales y particulares del aludido aseguramiento, sino también el hecho de que, en primera instancia, el Juzgado Treinta y Seis Administrativo Oral del Circuito de Medellín únicamente reconoció perjuicios morales a los demandantes, frente a los cuales la cláusula de protección patrimonial pactada en el seguro carecía de cobertura.
18.- En suma, de las circunstancias fácticas y de los fundamentos jurídicos que expuso el Tribunal Administrativo de Antioquia -Sala Cuarta de Oralidad-, se advierte que la decisión cuestionada encuentra pleno respaldo en el principio de libre valoración judicial y, antes de configurar una actuación subjetiva o arbitraria como lo sostiene la parte actora es, en realidad, el resultado de una interpretación razonable del material probatorio aportado al proceso, a su vez confrontado con las preceptivas legales que lo delimitan y que resultaban aplicables al caso concreto.
19.- No sobra agregar, en este punto, que la causal de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales por la configuración de un defecto fáctico surge cuando la autoridad judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación objetiva y racional del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. Premisa tras la cual subyace el fundamento justificante de la intervención del juez de tutela por deficiencias probatorias en el proceso, a pesar de las amplias facultades con que cuenta el juez ordinario en la materia. De ahí que en la jurisprudencia constitucional se haya explicado que las deficiencias probatorias pueden generarse con motivo de: (i) una omisión judicial, como puede ser la falta de práctica y decreto de pruebas conducentes al caso debatido, presentándose una insuficiencia probatoria; (ii) o por vía de una acción positiva, como puede ser la errada interpretación de las pruebas allegadas al proceso, o la valoración de pruebas que son nulas de pleno derecho o que son totalmente inconducentes al caso concreto, presentándose, en el primer evento, un defecto por interpretación errónea, y en el segundo, un defecto por ineptitud e ilegalidad de la prueba. Pero también una deficiencia de tipo probatorio sobreviene como consecuencia de (iii) una actuación negativa consistente en omitir o ignorar en su integridad el material probatorio, principalmente aquellos elementos de juicio determinantes para tomar una decisión.
20.- También recuerda esta Sala, en cuanto hace relación a los fundamentos y al margen de intervención que tiene el juez de tutela para configurar la ocurrencia de un defecto fáctico, que la Corte Constitucional se ha ocupado de fijar los siguientes criterios de aplicación:
• La intervención del juez de tutela, frente al manejo dado por el juez natural es, y debe ser, de carácter extremadamente reducido. El respeto por el principio de autonomía judicial y el principio del juez natural, impiden que en sede de tutela se lleve a cabo un examen exhaustivo del material probatorio.
• Las diferencias de valoración que puedan surgir en la apreciación de una prueba no pueden considerarse ni calificarse como errores fácticos. Frente a interpretaciones diversas y razonables, es el juez natural quien debe determinar, conforme a los criterios de la sana crítica, y en virtud de su autonomía e independencia, cuál es la que mejor se ajusta al caso concreto. El juez del proceso, en ejercicio de sus funciones, no sólo es autónomo, sino que sus actuaciones están amparadas por el principio de la buena fe, lo que le impone al juez de tutela la obligación de asumir, en principio y salvo hechos que acrediten lo contrario, que la valoración de las pruebas realizadas por aquél es razonable y legítima.
• Para que la acción de tutela pueda proceder por error fáctico, “[e]l error en el juicio valorativo de la prueba debe ser de tal entidad que sea ostensible, flagrante y manifiesto, y el mismo debe tener una incidencia directa en la decisión, pues el juez de tutela no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de evaluación probatoria del juez que ordinariamente conoce de un asunto”.
21.- Inclusive, no siendo suficiente con lo anterior, cabe puntualizar que la jurisprudencia constitucional no ha estimado factible la procedencia excepcional de la tutela contra providencias judiciales, cuando estas se fundamentan en un determinado criterio jurídico, en una razonable interpretación de las normas que son aplicables a la causa y en una valoración adecuada de las pruebas allegadas, ya que de no ser ello así, habría una intromisión arbitraria del juez de tutela que menoscabaría de forma grave los principios constitucionales de autonomía e independencia judicial, los cuales habilitan al juez para aplicar la ley -sustancial y procesal-.
22.- Por lo tanto, al margen de que la determinación aquí adoptada no se corresponda precisamente con las expectativas que la parte actora cifra como única alternativa para la satisfacción de sus intereses, no es posible predicar que la autoridad judicial censurada vulneró su derecho fundamental al debido proceso por haber confirmado parcialmente la decisión adoptada por el Juzgado Treinta y Seis Administrativo Oral del Circuito de Medellín. Contrario sensu, considera esta Sala que la supuesta deficiencia alegada respecto del escrutinio probatorio que hizo en la sentencia objeto de reproche y que llevó a la exoneración de responsabilidad de la Compañía de Seguros La Previsora S.A. dentro del proceso contencioso administrativo de reparación directa, responde, en realidad, a una mera discrepancia sobre la metodología de estimación de las pruebas evaluadas, que no es susceptible de admitirse como una causal de procedibilidad especial, pues siempre que se trate de interpretaciones diversas y razonables, es el juez natural el llamado a fijar aquella que mejor se ajuste al caso de que se trate, conforme a los criterios de la sana crítica y en virtud de su autonomía e independencia.
23.- Insiste además esta Sala en que los derechos, expectativas e intereses que se llevan al conocimiento de la judicatura, de cara la preexistencia de un conflicto, la mayoría de las veces están desprovistos de una connotación iusfundamental, por lo que solo resulta admisible que se abra paso la acción de tutela cuando la labor del juez se proyecta como afrenta al derecho de acceso a la administración de justicia, que se presenta como emanación directa del derecho al debido proceso, asunto que, como ya se vio, no se reduce a la discrepancia de criterios entre la decisión judicial y la de la parte que no resulta favorecida con ella, pues en esta materia asiste al operador judicial la importante tarea de aplicar y definir el derecho, justamente en aplicación y desarrollo de la anterior premisa.
24.- Así las cosas, contrario a lo señalado por la Sección Primera del Consejo de Estado que dio por satisfecho el requisito general de relevancia constitucional por la sola razón de haberse controvertido en la demanda la garantía fundamental del debido proceso, esta Sala estima que la acción de tutela objeto de estudio no acredita su cumplimiento, máxime, si se repara en que su objeto es continuar con un debate que se concluyó en las instancias respectivas, lo que desnaturaliza su finalidad como mecanismo supletivo de protección de los derechos fundamentales. De esta suerte, habrá de revocarse la sentencia del 13 de mayo de 2021 proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado, en cuanto denegó el amparo impetrado por el señor Edgar Duque Giraldo y otros al no hallar configurado el defecto específico de procedibilidad invocado para, en su lugar, declarar la improcedencia del recurso formulado por la ausencia del antedicho presupuesto formal.
25.- En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
III. F A L L A
PRIMERO. - REVOCAR la sentencia proferida el 13 de mayo de 2021 por la Sección Primera del Consejo de Estado, en cuanto denegó el amparo impetrado por el señor Edgar Duque Giraldo y otros al no hallar configurado el defecto específico de procedibilidad invocado para, en su lugar, DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela por la ausencia de relevancia constitucional, conforme a las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.
SEGUNDO. - NOTIFICAR la presente decisión a las partes e interesados, por el medio más expedito.
TERCERO. - ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual revisión.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Expediente digital, Folio 7 del escrito de demanda. Expediente digital, Folios 1 a 7 del escrito de demanda. Expediente digital, Folios 14 a 38 del proceso contentivo del medio de control de reparación directa radicado bajo el número 05001-33-33-036-2016-00427-01. Expediente digital, Folios 573 a 604 del proceso contentivo del medio de control de reparación directa radicado bajo el número 05001-33-33-036-2016-00427-01. Expediente digital, Folios 607 a 621, 623 a 643 y 651 a 667 del proceso contentivo del medio de control de reparación directa radicado bajo el número 05001-33-33-036-2016-00427-01. Expediente digital, Folios 673 a 676 del proceso contentivo del medio de control de reparación directa radicado bajo el número 05001-33-33-036-2016-00427-01. Expediente digital, Folios 791 a 820 del proceso contentivo del medio de control de reparación directa radicado bajo el número 05001-33-33-036-2016-00427-01. Expediente digital, Folios 7 a 23 del escrito de demanda. Expediente digital, Folios 3 y 4 del mencionado proveído. Expediente digital, intervención contenida en 8 folios. El referido expediente digital fue remitido por el Juzgado Treinta y Seis Administrativo Oral del Circuito de Medellín en oficio del 26 de febrero de 2021 y se encuentra disponible en el aplicativo web SAMAI. Soportes de notificación Nos. 15202, 15203, 15204, 15205, 25724, 25725, 25726, 25727, 25728 y 25730, disponibles en el aplicativo web SAMAI.
“por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
“DISTRIBUCIÓN DE LOS PROCESOS ENTRE LAS SECCIONES. Para efectos de repartimiento, los asuntos de que conoce la Sala de lo Contencioso Administrativo se distribuirán entre sus secciones atendiendo un criterio de especialización y de volumen de trabajo, así: (…) Sección Tercera (…) 14. Las acciones de tutela que sean de competencia del Consejo de Estado (…)”.
“ASUNTOS RELACIONADOS CON LAS ACCIONES DE TUTELA, DE CUMPLIMIENTO, POPULARES Y DE GRUPO. Las impugnaciones y demás asuntos relacionados con las acciones de tutela y de cumplimiento, serán resueltos por la Sección o Subsección de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la cual haga parte el Consejero a quien haya correspondido el reparto y su trámite se hará por la Secretaría General de la Corporación.// Las tutelas que sean de competencia del Consejo de Estado en primera instancia y en segunda instancia se someterán a reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y serán resueltas por la sección o subsección de la cual haga parte el magistrado a quien le haya correspondido el reparto (…)”. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, exp. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 23 de febrero de 2017, exp. 11001-03-15-000-2016-03336-00 (AC). Sentencia T-079 de 2010 de la Corte Constitucional. Con relación a este aspecto, se indica en la sentencia hito en la materia (C-590 de 2005), lo siguiente: “En este sentido es muy importante reiterar que la acción de tutela no puede ser un mecanismo que sirva para que el juez constitucional pueda desplazar al juez ordinario en la decisión de la respectiva causa. En efecto, por esta vía no puede el juez de tutela convertirse en el máximo intérprete del derecho legislado ni suplantar al juez natural en su función esencial como juez de instancia. Lo que sin embargo sí habilita la tutela es la vigilancia de la aplicación judicial al caso concreto de los derechos fundamentales pertinentes y, en especial, del derecho al debido proceso y de acceso a la administración de justicia”.
Estos son de competencia exclusiva de los jueces que integran las demás jurisdicciones distintas a la constitucional; por tanto, la competencia del juez de tutela se limita a aquellos casos en que existan afectaciones o vulneraciones de derechos fundamentales. Tal como se ha reiterado en la jurisprudencia constitucional, “la definición de asuntos meramente legales o reglamentarios que no tengan una relación directa con los derechos fundamentales de las partes o que no revistan un interés constitucional claro, no puede ser planteada ante la jurisdicción constitucional”. Cfr, Sentencias T-1044 de 2007, T-658 de 2008, T-505 de 2009, T-610 de 2009, T-896 de 2010, T-040 de 2011, T-338 de 2012, T-512 de 2012, T-543 de 2012, T-1061 de 2012, T-931 de 2013, T-182 de 2014 y T-406 de 2014 de la Corte Constitucional. Tal como lo consideró la Sala Plena, en la sentencia hito en la materia (C-590 de 2005), “los fundamentos de una decisión de tutela contra una sentencia judicial deben aclarar con transparencia la relevancia iusfundamental del punto que se discute y el juez debe contraerse a estudiar esta cuestión y ninguna otra. No se trata entonces de un mecanismo que permita al juez constitucional ordenar la anulación de decisiones que no comparte o suplantar al juez ordinario en su tarea de interpretar el derecho legislado y evaluar las pruebas del caso. De lo que se trata es de un mecanismo excepcional, subsidiario y residual para proteger los derechos fundamentales de quien luego de haber pasado por un proceso judicial se encuentra en condición de indefensión y que permite la aplicación uniforme y coherente -es decir segura y en condiciones de igualdad- de los derechos fundamentales a los distintos ámbitos del derecho”. En este sentido, la Corte ha exigido que, “teniendo en cuenta que la tutela contra providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos ordinarios, es necesario que la causa que origina la presentación de la acción suponga el desconocimiento de un derecho fundamental”. Cfr. Sentencia T-102 de 2006 de la Corte Constitucional. Es de anotar que la jurisprudencia constitucional en torno a las vías de hecho evolucionó para comprender situaciones que no despojaban a la providencia de su condición de tal, pero que aún llevaban a un desconocimiento de derechos fundamentales, por lo cual se cambió el vocablo de vía de hecho por causal específica de procedibilidad. Cfr. Sentencias T-774 de 2004 y T-453 de 2005 de la Corte Constitucional. Sentencia T-297 de 2020 de la Corte Constitucional. Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 7 de diciembre de 2016, exp. 2016 00134-01; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 7 de diciembre de 2016, exp. 2016-02213-01; sentencia de 24 de noviembre de 2016, exp. 2016-02568-01; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 27 de noviembre de 2016, entre otras. Cfr. Sentencias de la Corte Constitucional SU-556 de 2016, SU-542 de 2016 y SU-490 de 2016. Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado número: 11001 03 15 000 2012 02201 01 (IJ). Cfr. Sentencias T-055 de 1997, T-008 de 1998 y T-809 de 2014 de la Corte Constitucional. Cfr. Sentencias T-055 de 1997 y T-008 de 1998 de la Corte Constitucional. Cfr. Sentencia T-590 de 2009 de la Corte Constitucional. Cfr. Sentencia T-1015 de 2010 de la Corte Constitucional.
VF
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo web SAMAI del Consejo de Estado, de suerte que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace HYPERLINK "http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador" \h http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.
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