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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2021-00130-01

Fecha
8 de abril de 2021
Consejero ponente
Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2021-00130-01

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: Confirmar parcialmente la sentencia de 12 de febrero de 2021, proferida por la Subseción B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que declaró improcedente el amparo frente a la solicitud de documentos realizada en el numeral séptimo de la petición de 10 de noviembre de 2020; y negar la acción de tutela frente a los demás puntos contenidos en la citada solicitud, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia. SEGUNDO: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2021-00130-01

Consejero ponente: Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez

8 de abril de 2021

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA ACCIÓN U OMISIÓN DE AUTORIDAD PÚBLICA - Niega / CONCURSO DE MÉRITOS DE LA RAMA JUDICIAL - Convocatoria 27 / SOLICITUD DE INFORMACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA DE APTITUDES Y CONOCIMIENTOS / IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA / RECURSO DE INSISTENCIA - En trámite

[C]ompete a la Sala analizar si en el presente caso el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de Carrera Judicial y la Universidad Nacional de Colombia, vulneraron el derecho fundamental de petición del señor [J.D.P.], frente al escrito de fecha 10 de noviembre de 2020. (…) [L]a Sala [observa] que, contrario a lo sostenido por la parte accionante, las autoridades convocadas dieron respuesta a su derecho de petición, atendiendo los interrogantes relacionados con el concurso de méritos convocado mediante el Acuerdo PCSJA18-11077 del 16 de agosto de 2018. (…) En ese sentido, la Sala estima razonable y válido sostener que la solicitud de amparo debe ser negada, pues se concluye que lo reprochado en sede constitucional no fue la omisión de las autoridades accionadas frente al escrito contentivo de la petición, pues, conforme lo expuesto, el señor Duque Pérez si recibió una respuesta, pero no estuvo de acuerdo con el contenido de esta. Lo cual, no da lugar a la concesión del amparo, pues, tal como se consignó en líneas anteriores, la garantía constitucional vertida en el artículo 23 de la Constitución Política, impone la obtención de una respuesta que sea clara, de fondo y congruente, pero dicha situación no implica que deba accederse a lo solicitado por el peticionario. Por otro lado, en lo que refiere a la solicitud de documentos, la cual se encuentra vertida en el numeral séptimo de la petición, se resalta que actualmente cursa ante la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, bajo el radicado 25000-23-41-000-2021-000-90-00, el trámite del recurso de insistencia. (…) Lo anterior significa que, ante la inexistencia de un perjuicio irremediable, el juez de tutela no puede usurpar las competencias de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, quien es el llamado a determinar si resulta procedente o no que las autoridades accionadas suministren la información y documentos solicitados por el peticionario. [De modo que,] [l]a Sala confirmará parcialmente la sentencia de primera instancia, respecto a la improcedencia de la solicitud de amparo, por cuanto se encuentra en trámite el recurso de insistencia frente a los documentos solicitados en el numeral séptimo del derecho de petición; y, frente a los demás puntos de la petición, se negará el amparo.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Consejera ponente: LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ

Bogotá, D.C., ocho (8) de abril de dos mil veintiuno (2021)

Radicación número: 11001-03-15-000-2021-00130-01(AC)

Actor: JULIÁN DUQUE PÉREZ

Demandado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE CARRERA JUDICIAL Y OTRO

Procede la Sala a decidir la impugnación formulada por la parte accionante, contra el fallo de 12 de febrero de 2021, proferido por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por medio del cual se declaró improcedente la solicitud de amparo.

ANTECEDENTES

1. La tutela

Mediante mensaje de datos remitido el día 12 de enero de 2021, dirigido al correo electrónico de Tutela y Hábeas Corpus en Línea de la Rama Judicial y posteriormente remitido al buzón de la Secretaría General de esta Corporación, el señor Julián Duque Pérez, actuando en nombre propio, promovió acción de tutela contra el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de Carrera Judicial y la Universidad Nacional de Colombia, a efectos de obtener el amparo de su derecho fundamental de petición.

Para el señor Duque Pérez, la citada garantía constitucional se trasgredió por las accionadas, en razón a que no se dio respuesta de fondo a la petición promovida el día 10 de noviembre de 2020, referente al concurso de méritos convocado mediante Acuerdo PCSJA18-11077 del 16 de agosto de 2018.

1.1. Hechos de la acción

La solicitud de amparo encuentra sustento en los hechos plasmados en el escrito introductorio, los cuales admiten el siguiente compendio:
1.1.1. Con ocasión del Acuedo PCSJA18-11077 del 16 de agosto de 2018, proferido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, el accionante se inscribió para aspirar al cargo de Juez Promiscuo Municipal.

1.1.2. Mediante Resolución CJR19-0679 del 7 de junio de 2019, se notificaron los resultados del examen realizado a los participantes, en los cuales se advierte que el señor Duque Pérez aprobó dicha prueba para el cargo al cual se había inscrito.

1.1.3. Posteriormente, el 28 de octubre de 2019, el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad Administrativa de la Carrera Judicial, mediante Resolución CJR19-0877 resolvió los recursos promovidos contra la Resolución CJR19-0679 del 7 de junio de 2019.

1.1.4. La entidad profirió el 27 de octubre de 2020 la Resolución CJR20-0202, en virtud de la cual se ordenó reconstruir la actuación administrativa adelantada y, en consecuencia, se debía llevar a cabo nuevamente las fases de citación y práctica de pruebas por parte de los aspirantes.
1.1.5. Frente al citado acto, el accionante el día 10 de noviembre de 2020, presentó un derecho de petición ante el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de Carrera Judicial y la Universidad Nacional de Colombia.

1.1.6. Finaliza su relato la parte actora indicando que pese a haber recibido una respuesta, la misma no fue de fondo y dejó varios planteamientos sin respuesta, por lo que advierte que se configuró la vulneración al núcleo esencial del derecho fundamental de petición.

1.2. Fundamentos de la tutela y petición de amparo constitucional

Para la parte accionante, la conducta desplegada por las convocadas, vulnera su derecho fundamental de petición, en razón a que: i) se anularon los resultados ya establecidos, incluyendo el del señor Duque Pérez, quien había aprobado el examen para el cargo de juez promiscuo municipal, ii) se fijó un término precario para la realización de la nueva prueba, y iii) no se le ha permitido el acceso a documentos, los cuales no pueden ser objeto de reserva frente a él, por haber fungido como ciudadano inscrito y partícipe del concurso de méritos.

Con base en lo anterior, solicitó en su escrito de tutela, a título de pretensión, lo siguiente:

“Solicito a su despacho, TUTELAR mis derechos fundamentales de petición, debido proceso y defensa, acceso a cargos públicos, el acceso a la información pública, y el obtener respuestas de fondo a los derechos de petición, ordenarles a las entidades accionadas, que en el término de las cuarenta y ocho (48) horas, contados a partir de la notificación, proceda a dar respuesta completa, congruente de fondo y precisa, al derecho de petición elevado el 10 de noviembre pasado; no incluyéndolo a escritos, exposiciones o respuestas genéricas, en masa o grupales; y me la haga conocer.

Dar efecto inter comunis a la sentencia, de manera que la orden de entrega de los documentos cobije a todos los demás participantes aprobados que solicitaron acceder a la documentación mencionada en la Resolución CJR20-0202 del 27 de octubre de 2020.

Subsidiariamente, solicito al Despacho, que ordene dar respuesta sobre las peticiones las cuales considera Usted, no se encuentran sometidas a reserva legal”

2. Trámite de instancia

El magistrado ponente de primera instancia, por auto de fecha 20 de enero de 2021 admitió la solicitud de amparo, y tuvo como autoridades accionadas al Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de Carrera Judicial y a la Universidad Nacional de Colombia.

También ordenó la publicación de la providencia en la página web del Consejo de Estado, a efectos de poner en conocimiento de la comunidad y cualquier tercero interesado la existencia del trámite constitucional.

2.1. Intervenciones

La Secretaría General una vez remitió las notificaciones del caso, recibió las siguientes intervenciones:

2.1.1. Universidad Nacional de Colombia

La institución académica solicita que se declare la improcedencia del amparo solicitado, por cuanto, en su criterio, se configuraron en el presente caso las siguientes circunstancias: i) carencia actual de objeto, en la medida que el accionante ha recibido respuesta a su solicitud; ii) existencia de otro mecanismo judicial, dado que la solicitud de documentos, sobre los cuales recae la reserva legal, debe de manera preliminar agotar el trámite de insistencia; y iii) inexistencia de un perjuicio irremediable, puesto que la conducta de las accionadas no conlleva de manera inmediata e intrínseca la trasgresión de los derechos fundamentales invocados por el actor.

2.1.2. Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de Carrera Judicial.

En su escrito de intervención, la autoridad accionada precisó que la acción de tutela no tenía vocación de éxito, por cuanto: i) no se había configurado un perjuicio irremediable al accionante, con ocasión de los actos administrativos que dieron origen a la decisión de repetir nuevamente la fase de pruebas; ii) no había trasgresión al derecho fundamental de petición, puesto que se han atendido en debida forma las solicitudes planteadas por el señor Duque Pérez; y iii) frente a la solicitud de documentos, precisó que dicho acceso no puede obtenerse vía acción de tutela, por cuanto el legislador ha previsto un mecanismo legal idóneo para la consecución de tal fin.

3. Sentencia de primera instancia

El 12 de febrero de 2021, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, clausuró la primera instancia con sentencia que declaró la improcedencia del amparo solicitado. Lo anterior con base en las siguientes consideraciones:

“a) Sobre la existencia de un mecanismo ordinario idóneo, la Sala advierte que, el demandante promovió recurso de insistencia ante la Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura, el cual fue remitido por esa autoridad el 27 de enero de 2021 al Tribunal Administrativo de Cundinamarca para su decisión y a la fecha se encuentra en trámite. De modo que, dicho mecanismo resulta idóneo y eficaz para la solución a la controversia planteada por el señor Duque Pérez. Por lo tanto, es preciso recordar que el objeto de la acción de tutela no es vaciar las competencias de otras autoridades, dado el carácter subsidiario de aquella.

(…)

b) Sobre la configuración del perjuicio irremediable, debe indicarse que, una vez revisado el proceso, no se advierte prueba sobre la existencia o configuración de este.”

La anterior decisión fue notificada a las partes e intervinientes el 4 de marzo de 2021.

4. Impugnación

Mediante escrito radicado el día 4 de marzo de 2021, remitido por correo electrónico al buzón HYPERLINK "mailto:secgeneral@consejoestado.ramajudicial.gov.co" secgeneral@consejoestado.ramajudicial.gov.co, la parte accionante presentó escrito de impugnación contra el fallo de primera instancia.

Al respecto indicó que la respuesta que en su momento le suministró la accionada fue genérica, ambigüa y no resolvió de fondo el cuestionario que en su momento fue formulado.

Adicionalmente, precisó que, si bien es cierto, se alegó la reserva legal frente a unos puntos en concreto, por otro lado subsiste el interrogante de cara a algunas de las solicitudes plasmadas en el escrito contentivo de la petición.

II.CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la impugnación al fallo de tutela de la referencia, según lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991, el Decreto 1069 de 2015 modificado por el Decreto 1983 de 2017 y en el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.

2. Problema Jurídico

De conformidad con los antecedentes expuestos, la decisión de primera instancia y el escrito de impugnación, compete a la Sala analizar si en el presente caso el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de Carrera Judicial y la Universidad Nacional de Colombia, vulneraron el derecho fundamental de petición del señor Julián Duque Pérez, frente al escrito de fecha 10 de noviembre de 2020.

A partir del anterior panorama, se realizará el estudio de la acción de tutela y el derecho fundamental de petición, para acto seguido abordar el caso concreto de conformidad a la petición formulada por el actor y las respuestas que obran en el plenario.

2.1. Generalidades de la acción de tutela

Conforme lo preceptúa el artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela es un mecanismo preferente y sumario que permite a cualquier persona reclamar la protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando quiera que resulten vulnerados por acciones u omisiones de autoridades o, excepcionalmente, de particulares.

Su procedencia se encuentra supeditada a la carencia de medios de defensa judicial ordinarios o, en su defecto, a la falta de idoneidad de aquellos para evitar la consumación de un perjuicio irremediable; caso en el que se habilita su ejercicio como mecanismo transitorio, lo cual limita sus efectos futuros a la activación, por parte del peticionario, de los instrumentos jurídicos pertinentes.

En ese orden de ideas, resulta evidente que el mecanismo de amparo demanda la concurrencia de determinados presupuestos procesales que le son inherentes, como son la subsidiariedad y la inmediatez, sin los cuales no le es dable al juez constitucional inmiscuirse en determinada controversia.

Lo anterior tiene como objetivo salvaguardar a la tutela del uso inadecuado, irracional y desmesurado, que podría desnaturalizar su valor preeminente y especial dentro del ordenamiento jurídico y, de contera, atentar contra el fin superior que el constituyente le confirió.

2.2. Derecho de petición

Consagrado en el artículo 23 de la Constitución y siendo regulado por la Ley 1755 de 2015, el derecho de petición es concebido de antaño como una garantía fundamental de aplicación inmediata, a la luz de lo dispuesto en el artículo 85 de la Constitución Política de 1991, el derecho fundamental de petición se presenta como un instrumento en beneficio de los administrados, que más allá de vehiculizar el conjunto de derechos plasmados en la Carta, permite la consecución de los fines esenciales del Estado Social de Derecho, al potenciar “la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación”.

Es este carácter axiológico del derecho de petición, el que explica la carga obligacional que surge para las diversas ramas del poder público, luego de que es empleado por los ciudadanos.

En efecto, los deberes de las autoridades van más allá de las meras formas, pues el contenido de la respuesta debe adecuarse a ciertos presupuestos fijados por la jurisprudencia, lo que significa que no basta para su concreción que las entidades públicas, e incluso los particulares, resuelvan, de manera vaga y superficial, los pedimentos formulados.

Se requiere igualmente que la solución procurada satisfaga criterios de claridad y congruencia en relación directa entre lo pedido y lo resuelto, lo que no quiere decir que tenga que ser positiva frente a lo solicitado.

Cuenta de ello da, no solamente el desarrollo normativo del artículo 23 constitucional, sino a la vez su tratamiento jurisprudencial, en el que no se escatima oportunidad para recordar el núcleo complejo que compone el derecho de petición. Así, del derecho de toda persona a obtener pronta resolución de sus peticiones, que se relaciona con los tiempos en que deben ser decididas (artículo 23 constitucional), se avanza, en el entendido de que, además de oportunas, las resoluciones deberán ser completas y de fondo (inciso 1° Artículo 13 Ley 1755 de 2015), en una especie de positivización del derecho fijado por la jurisprudencia constitucional.

En términos de la Corte Constitucional, el contenido esencial del derecho de petición comprende los siguientes elementos:

«... a) la posibilidad cierta y efectiva de elevar, en términos respetuosos, solicitudes ante las autoridades, sin que éstas se nieguen a recibirlas o se abstengan de tramitarlas; b) la respuesta oportuna dentro de los términos establecidos en el ordenamiento jurídico; e) la respuesta de fondo o contestación material, lo que supone que la autoridad entre en el fondo de la materia propia de la solicitud, sobre la base de su competencia, refiriéndose de manera completa a todos los asuntos planteados (plena correspondencia entre la petición y la respuesta), excluyendo fórmulas evasivas o elusivas; y d) la pronta comunicación de lo decidido al peticionario, con independencia de que su sentido sea positivo o negativo»

Se colige del aparte trascrito que la respuesta de fondo o contestación material de las peticiones implica, por contera, que la autoridad administrativa:

Se inmiscuya activamente en las materias propias de la solicitud.
Trate o desarrolle todos los asuntos planteados, de manera particular y precisa.
Conteste de forma congruente, es decir, que exista correspondencia entre la petición y la respuesta.
Excluya de sus respuestas fórmulas o conceptos evasivos o elusivos.
Responda con base en su competencia, lo cual supone, por oposición lógica, que, si no lo es, informe inmediatamente al interesado y remita la petición a la autoridad competente.

2.3. Análisis del caso concreto

A efectos de determinar si en el presente caso se trasgredió el derecho fundamental de petición invocado por la parte accionante, la Sala estima pertinente contrastar el escrito presentado por el accionante y la respuesta en su momento dada por las accionadas.

Solicitud
Respuesta
Primero: Se identifique concreta y claramente los errores advertidos en el examen practicado a los aspirantes al cargo de Jueces Promiscuos Municipales, señalando:

i) La índole del error, es decir, si fue un error de pertinencia de la pregunta, de formulación de la pregunta, de las opciones de respuesta, de las claves de respuestas correctas o del lector óptico, etc.

ii) la pregunta y las opciones de respuesta que se encuadran en cualquiera de las anteriores tipologías, acompañada de una explicación razonada del error.
En segundo término, se señala que, una vez aplicadas las pruebas en cuestión, la Universidad Nacional de Colombia efectuó la revisión psicométrica de los ítems, la cual arrojó un comportamiento que atendió a las previsiones estadísticas contempladas, pues no se encontraron inconsistencias en forma o contenido y el comportamiento psicométrico arrojó resultados típicos y esperados para la población evaluada.

(…)

Así, esta institución educativa envió los resultados, junto con el informe psicotécnico, para que las calificaciones fueran publicadas por el Consejo Superior de la Judicatura - Unidad de Administración de la Carrera Judicial.

Luego de la jornada de exhibición del material de pruebas, se recibieron varias solicitudes de revisión de los contenidos de la prueba, particularmente del componente de aptitudes. Producto de estas reclamaciones, la Universidad Nacional pudo evidenciar un error en el procedimiento de calificación de este componente, y por consiguiente, además de corregir la calificación, revisó el contenido de todas las preguntas, incluyendo las de conocimientos generales y conocimientos específicos, razón por la cual propuso al Consejo Superior de la Judicatura que corrigiera el error administrativo y volviera a calificar las pruebas.

No obstante lo anterior, esto es, de la recalificación de las pruebas, no trajo una solución de fondo a esta problemática, dado que por derechos de petición, recursos y acciones de tutela, los aspirantes continuaron encontrando deficiencias en la calificación de los exámenes, en la lectura óptica de las hojas de respuesta y en la construcción de las pruebas, porque incluyó temas que no correspondía con al cargo evaluado y porque algunas tenían múltiples opciones de respuesta, lo que impedía que esos ítems cumplieran su función de discriminación, por ser cualquier respuesta válida.

Frente a que se indique el número de aciertos, así como la desviación estándar obtenidos en cada uno de los componentes de la prueba, se informa que el suministro de los datos relacionados con los resultados iniciales actualmente carece de objeto, teniendo en cuenta que se retrotrajo la actuación administrativa hasta la citación a las pruebas y por ende se realizará nuevamente la práctica de la prueba.
Segundo: Se informe

i) Toda vez que el ACUERDO PCSJA18-11077 del 16 de agosto de 2018 “Por medio del cual se adelanta el proceso de selección y se convoca al concurso de méritos para la provisión de los cargos de funcionarios de la Rama Judicial” es el que contiene todas las pautas y condiciones para la realización del concurso, INFORMARÁ: Con fundamento en que norma, acuerdo, resolución o similar se ordenó la conformación de la supuesta comisión u otra, nombrada para realizar el supuesto estudio de las preguntas del concurso.

ii) Quien fue esa persona natural o jurídica que encontró las diferencias referidas a las claves inicialmente otorgadas por el auto, en relación con las 226 preguntas relacionadas en la Resolución No. CJR20-0202 del 27 de octubre de 2020.

iii) La competencia e idoneidad que posee tal persona para realizar esta evaluación.

iv) Se identifique, de esas 226 preguntas, cuántas y cuáles se encontraban en el examen practicado a los aspirantes a Jueces Promiscuos Municipales.

v) Cuál es el porcentaje de preguntas erróneas necesarias para que se repita un examen en un concurso de mérito y el fundamento jurídico legal o jurisprudencial de ello.
En relación con la solicitud de informar la imparcialidad, experiencia y estudios académicos del “Comité de Expertos” y si estos son superiores a los de la Universidad, es necesario inicialmente hacer la salvedad que la Universidad Nacional de Colombia en atención a las obligaciones del contrato 096 de 2018, de conformidad con el numeral 38 concernientes a la calidad del servicio, conformó equipos de profesionales expertos en las diferentes áreas del derecho, para que hicieran la revisión y verificación del contenido de los ítems, en los cuales se detectaron las inconsistencias, lo que generó como respuesta de la Universidad la repetición de la prueba, teniendo en cuenta que el Consejo Superior de la Judicatura no tiene ni ha tenido acceso a ellas.

Así mismo se informa que el equipo estuvo conformado por 10 profesionales: 9 abogados con especialización en el área en la cual se realizó la revisión complementaria y un Administrador Público. De ellos, tres han sido profesores de Cátedra; siete son egresados del pregrado y del postgrado de Facultad de Derecho y diez han tenido experiencia en Programas de Extensión, todos ellos han formado parte de la Universidad Nacional, de igual manera se informa que su elección cumple con los parámetros de calidad e imparcialidad requerida para este tipo de procesos, tratándose de personas con la idoneidad y experticia necesaria sobre las temáticas evaluadas para emitir un concepto informado sobre las preguntas analizadas.
Tercero: Se explique objetiva y razonadamente por qué la solución a los errores advertidos es la realización de un nuevo examen y no otros medios onerosos y lesivos para mis derechos, como la recalificación del examen con la anulación de las preguntas erradas o impertinentes, como lo ha considerado la jurisprudencia de la Corte Constitucional en sentencia T-386 de 2016 y los precedentes del Consejo de Estado antes citados. Así mismo, de concluirse que existen otros errores que afectan de manera sustancial e insubsanable la prueba de conocimientos y que aptitudes frente a los cargos de algunas especialidades y, no su totalidad, ¿Por qué razón se opta por repetir el examen para todos los aspirantes?
En este sentido, los yerros en las pruebas de aptitudes y conocimiento reportadas por la Universidad Nacional, según el concepto técnico, denotaron fallas en la calidad del servicio contratado, lo que generó como respuesta la repetición de la prueba, asumiendo ésta los costos de ello, toda vez que los errores afectaron su estructura básica, así como la calificación del universo de participantes.
Cuarto: De encontrarse que no existe razón suficiente para practicar nuevamente el examen presentado por los aspirantes al cargo de juez promiscuo municipal, se aclare, modifique, revoque o adicione la Resolución No. CJR20-0202 del octubre de 2020 en este sentido.
En cuanto a la suspensión de la aplicación de la prueba, se precisa que corresponde al cumplimiento de una actuación administrativa, que no ha sido suspendida por la jurisdicción de lo contencioso administrativo y que goza de presunción de legalidad; cuyo objeto no fue otro que corregir dicha actuación, de conformidad con lo establecido en el artículo 41 de Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - Ley 1437 de 2011, con el propósito de garantizar que el concurso está orientado por el mérito y la igualdad.
Quinto: De concluirse sustentada y jurídicamente que existen razones suficientes para practicar nuevamente el examen presentado por los aspirantes al cargo de juez promiscuo municipal , se informe que determinaciones, previsiones, indicaciones, sanciones y correctivos se han realizado a la Universidad Nacional de Colombia, para que no vuelva a incurrir en los errores advertidos.
De otra parte, frente las medidas adoptadas para evitar nuevos yerros en la prueba, se informa que las preguntas que la conforman son formuladas a partir de la participación de profesionales expertos en las diferentes materias y áreas de conocimiento de acuerdo con los requerimientos de cada uno de los cargos convocados. En el mismo sentido, durante el proceso de validación de preguntas se realiza la verificación objetiva por expertos capacitados en metodología de construcción de preguntas para procesos de selección, con miras a la construcción final del banco de preguntas, garantizando la seguridad de la información y la absoluta confidencialidad.

Así mismo, los procedimientos de análisis estadísticos aplicados a cada aspecto de la prueba deben garantizar resultados que permitan concluir que las pruebas aplicadas responden a las exigencias psicométricas de este tipo de concursos.

En esas condiciones, se ha realizado la conformación de nuevos equipos de trabajo tanto en el área de psicometría como en el equipo constructor de las preguntas que harán parte del nuevo examen, los cuales desarrollan actividades de manera permanente y conjunta, en aras de garantizar que la estructura y contenidos de los diferentes ítems cumplan a cabalidad con las exigencias requeridas para este tipo de concursos, atendiendo a las obligaciones referidas en el contrato 096 de 2018, suscrito por las condiciones de calidad, de conformidad con el numeral 38 del referido contrato.
Sexto. En que porcentaje de ejecución presupuestal se encuentra el contrato de consultoría No. 096 de 2018, cuál es el valor ejecutado y pagado, cuál es el valor presupuestado para la repetición de la prueba de conocimientos y aptitudes, la calificación de esta y su exhibición; y, de qué rubro presupuestal provienen los dineros destinados para tal fin.
En lo relacionado con el porcentaje de ejecución presupuestal del contrato de consultoría No. 096 de 2018, el valor ejecutado y pagado, el valor presupuestado para la repetición de la prueba de conocimientos y aptitudes, y el rubro presupuestal provienen los dineros destinados para tal fin, se dio respuesta por parte de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial en oficio DEAJRHO20-4674 de 27 de noviembre de 2020 del cual se anexa copia.
Séptimo. Solicito copia de los siguientes documentos:
De los “varios requerimientos” realizados por la Unidad de Carrera Judicial a la Universidad Nacional de Colombia por las supuestas inconsistencias de la prueba, luego de realizada la recalificación.
Requerimiento realizado por la Unidad de Carrera Judicial a la Universidad Nacional de Colombia para que certificara la inexistencia de yerros adicionales a los evidenciados en la recalificación.
Copia de la respuesta emitida por la Universidad Nacional a la Unidad de Carrera Judicial, ofreciendo explicaciones por las supuestas fallas identificadas por los concursantes.
Copia y/o soportes de la supuesta “revisión complementaria de ítems de la prueba de conocimientos y aptitudes” realizada por la Universidad Nacional en el mes de mayo de 2020, en virtud de la cual se determinó realizar la verificación de validez de contenido de 226 preguntas.
Copia del informe de los “revisores expertos” en el que encontraron diferencias referidas a las claves inicialmente otorgadas por el autor en relación con 226 preguntas que presuntamente afectaron los componentes de derecho administrativo, civil-comercial, familia, laboral y penal, para magistrados y jueces.
Copia del acta de la sala plena del Consejo Superior de la Judicatura, en donde se determinó la realización de una nueva prueba de conocimientos, competencias generales y específicas y psicotécnica.
Oficio del 7 de junio de 2019 donde la Universidad Nacional de Colombia certificó haber realizado la verificación de los cuadernillos, hoja y claves de respuestas y haber realizado la respectiva corrección de calificación.
En lo que tiene que ver con la solicitud de copia de los requerimientos efectuados por la Unidad de Administración de la Carrera Judicial, informes de la Universidad Nacional, documentos técnicos y las actas de la Corporación, así como las diferentes solicitudes sobre datos índice de desempeño y discriminación, porcentaje de aciertos, los procedimientos, etapas o periodos en los cuales fue construida la prueba, así como la información relacionada con la revisión complementaria de los items, se precisa que éstos por tratar temas correspondientes a la estructura, contenido y soporte técnico de las pruebas son reservados, de conformidad con lo establecido en el parágrafo 2 del artículo 164 de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia, la cual no contempla ninguna excepción.

Aunado a lo anterior, frente a su solicitud de la entrega de copias de los cuadernillos de la prueba practicada el 2 de diciembre de 2018, se advierte que no es posible entregar a los aspirantes el material de la prueba, ni permitir una disposición ilimitada de la información allí contenida, dada la reserva que en ella recae en virtud del artículo 164 de la Ley 270 de 1996, mandato al cual se encuentra sujeto esta entidad.
Octavo: Con el fin de evitar una grave vulneración de mis derechos fundamentales y un daño fiscal de grandes proporciones, solicito la suspensión de la realización del examen fijada para el 21 de marzo de 2021, mientras se resuelven de fondo las pretensiones aquí planteadas.
En cuanto a la suspensión de la aplicación de la prueba, se precisa que corresponde al cumplimiento de una actuación administrativa, que no ha sido suspendida por la jurisdicción de lo contencioso administrativo y que goza de presunción de legalidad; cuyo objeto no fue otro que corregir dicha actuación, de conformidad con lo establecido en el artículo 41 de Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - Ley 1437 de 2011, con el propósito de garantizar que el concurso está orientado por el mérito y la igualdad.
Noveno: Por qué razón, los errores detectados son graves e impide que el proceso de selección continúe, bajo los criterios de objetividad y transparencia. Y no permiten que se corrijan, y continuar con el concurso en las otras etapas.
En virtud de lo anterior, la Universidad Nacional presentó informe sobre la revisión complementaria de ítems de las pruebas escritas de aptitudes y conocimientos aplicadas, en el que señaló que se realizó un nuevo análisis psicométrico del 100% de las preguntas de aptitudes y conocimientos y concluyó que debía hacerse la revisión de solo 226 preguntas en las cuales se encontraron nuevos errores en la construcción de las preguntas; por lo cual, al haberse verificado solo una muestra respecto de la totalidad de los ítems que conformaron las pruebas, anular las preguntas con errores o tomarlas como válidas, como se plantea en la petición, no era suficiente para tener la certeza de la ausencia de errores adicionales.

En este sentido, los yerros en las pruebas de aptitudes y conocimiento reportadas por la Universidad Nacional, según el concepto técnico, denotaron fallas en la calidad del servicio contratado, lo que generó como respuesta la repetición de la prueba, asumiendo ésta los costos de ello, toda vez que los errores afectaron su estructura básica, así como la calificación del universo de participantes.
Décimo: Por qué razón, no siguieron el precedente de la Corte Constitucional en la sentencia SU 617 de 2013.
Luego de la jornada de exhibición del material de pruebas, se recibieron varias solicitudes de revisión de los contenidos de la prueba, particularmente del componente de aptitudes. Producto de estas reclamaciones, la Universidad Nacional pudo evidenciar un error en el procedimiento de calificación de este componente, y por consiguiente, además de corregir la calificación, revisó el contenido de todas las preguntas, incluyendo las de conocimientos generales y conocimientos específicos, razón por la cual propuso al Consejo Superior de la Judicatura que corrigiera el error administrativo y volviera a calificar las pruebas.

No obstante lo anterior, esto es, de la recalificación de las pruebas, no trajo una solución de fondo a esta problemática, dado que por derechos de petición, recursos y acciones de tutela, los aspirantes continuaron encontrando deficiencias en la calificación de los exámenes, en la lectura óptica de las hojas de respuesta y en la construcción de las pruebas, porque incluyó temas que no correspondía con al cargo evaluado y porque algunas tenían múltiples opciones de respuesta, lo que impedía que esos ítems cumplieran su función de discriminación, por ser cualquier respuesta válida.

El anterior cuadro pone en evidencia para la Sala que, contrario a lo sostenido por la parte accionante, las autoridades convocadas dieron respuesta a su derecho de petición, atendiendo los interrogantes relacionados con el concurso de méritos convocado mediante el Acuerdo PCSJA18-11077 del 16 de agosto de 2018.

Ahora bien, corresponde determinar si debe confirmarse, modificarse o revocarse la decisión de primera instancia. Lo anterior, por cuanto la declaración de improcedencia solo tendría la vocación de afectar el numeral séptimo del escrito de petición, pero los demás interrogantes no tienen relación alguna con el acceso a documentos que gozan de reserva legal.

Puestas de ese modo las cosas, se hace énfasis en que, frente a la petición del accionante, la cual, se reitera, data del 10 de noviembre de 2020, obra en el expediente dos respuestas emitidas por la Universidad Nacional de Colombia, una que data del 10 de diciembre de 2020 y otra del 27 de enero de 2021, que reiteró lo expuesto en la primera respuesta.

Dicha respuesta del 10 de diciembre de 2020 es conocida por la parte accionante, pues así lo reconoció de forma expresa, tal como se colige de la lectura de los hechos por él narrados, en los cuales indica que recibió la contestación por parte de la Universidad Nacional de Colombia.

En ese sentido, la Sala estima razonable y válido sostener que la solicitud de amparo debe ser negada, pues se concluye que lo reprochado en sede constitucional no fue la omisión de las autoridades accionadas frente al escrito contentivo de la petición, pues, conforme lo expuesto, el señor Duque Pérez si recibió una respuesta, pero no estuvo de acuerdo con el contenido de esta. Lo cual, no da lugar a la concesión del amparo, pues, tal como se consignó en líneas anteriores, la garantía constitucional vertida en el artículo 23 de la Constitución Política, impone la obtención de una respuesta que sea clara, de fondo y congruente, pero dicha situación no implica que deba accederse a lo solicitado por el peticionario.

Por otro lado, en lo que refiere a la solicitud de documentos, la cual se encuentra vertida en el numeral séptimo de la petición, se resalta que actualmente cursa ante la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, bajo el radicado 25000-23-41-000-2021-000-90-00, el trámite del recurso de insistencia y cuyo estado actual es este:

En ese sentido, esta Sala de Decisión en otrora oportunidad, en un caso de similares características precisó lo siguiente:

“Para efectos de resolver la petición de amparo, se tiene que, de los términos en los que fue formulada la solicitud de información y del alcance de la respuesta ofrecida a la accionante, es claro que lo requerido no está relacionado directamente con la obtención de la prueba de conocimientos generales y específicos, de aptitudes y psicotécnica y de la hoja de respuesta de la concursante sino que lo pretendido realmente es el suministro de los datos técnicos atinentes a la estructura de la elaboración de las pruebas, con el propósito de establecer si las inconsistencias halladas en las preguntas y los yerros detectados en la recalificación, justificaban válidamente o no, la corrección de toda la actuación administrativa.

Hechas las anteriores precisiones, la Sala advierte que en razón a que la petición de información no está orientada a que la concursante consulte su propia prueba junto con el cuadernillo de respuestas, se concluye que la acción de tutela no es el mecanismo procedente para reclamar la protección de los derechos fundamentales que estima conculcados, pues tal como quedó explicado con suficiencia en párrafos precedentes, la reserva legal de los documentos en el marco de los concursos de mérito no es oponible al participante únicamente cuando este solicita el acceso al examen por él realizado, de lo que se colige que la confidencialidad de la información se mantiene incólume respecto de todo lo referido a la estructura de la prueba.

Ante este escenario, se concluye que la parte actora cuenta con un mecanismo de defensa judicial para que se garantice la protección de los derechos que alegó como vulnerados, vale decir, el recurso de insistencia consagrado en el artículo 26 de la Ley 1755 de 2015, para que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca decida si niega o acepta, total o parcialmente la petición incoada.”

Lo anterior significa que, ante la inexistencia de un perjuicio irremediable, el juez de tutela no puede usurpar las competencias de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, quien es el llamado a determinar si resulta procedente o no que las autoridades accionadas suministren la información y documentos solicitados por el peticionario.

3. Conclusión

La Sala confirmará parcialmente la sentencia de primera instancia, respecto a la improcedencia de la solicitud de amparo, por cuanto se encuentra en trámite el recurso de insistencia frente a los documentos solicitados en el numeral séptimo del derecho de petición; y, frente a los demás puntos de la petición, se negará el amparo, en razón a que se demostró que las accionadas previo a la interposición de la acción de tutela habían dado respuesta al accionante y, por ende, no se materializó la trasgresión del derecho fundamental de petición.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley

FALLA:

PRIMERO: Confirmar parcialmente la sentencia de 12 de febrero de 2021, proferida por la Subseción B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que declaró improcedente el amparo frente a la solicitud de documentos realizada en el numeral séptimo de la petición de 10 de noviembre de 2020; y negar la acción de tutela frente a los demás puntos contenidos en la citada solicitud, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrada

LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Magistrada

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”
Al consultar el texto denominado Anexo 1 Resolución CJR19-0679 del 7 de junio de 2019, con el número de cédula de ciudadanía se puede corroborar lo anterior. El link para verificar dicha información, es el siguiente: HYPERLINK "https://www.ramajudicial.gov.co/documents/7227621/21981712/CJR19-0679+-+Anexo+1.pdf/fa18e399-5431-42a9-a67f-2302803c9951" https://www.ramajudicial.gov.co/documents/7227621/21981712/CJR19-0679+-+Anexo+1.pdf/fa18e399-5431-42a9-a67f-2302803c9951
En la parte considerativa se lee lo siguiente: “En consecuencia, la Universidad Nacional de Colombia construirá y aplicará nuevas pruebas de conocimientos generales, específicos y de aptitudes, con el propósito de garantizar que el merito sea siempre su principio rector.

El fundamento legal está contenido en el artículo 41 de la Ley 1437 de 2011, que para superar una carencia del Decreto 01 de 1984, que no tenía previsto un mecanismo para corregir errores en el proceso administrativo, incluyó uno que permite a la administración ajustar la actuación a derecho, cuando se adviertan graves irregularidades, como se precisa en pronunciamiento reciente del Consejo de Estado, con ocasión de una acción de tutela interpuesta contra la resolución que corrigió la actuación administrativa y se publicaron los nuevos puntajes de las pruebas de conocimientos y aptitudes expedidas dentro del marco de esta convocatoria.

En este sentido, dado que aún no se han expedido los registros de elegibles, la corrección de la actuación administrativa es el mecanismo previsto en la ley, como idóneo y viable para ajustar a derecho el curso de la actuación que corresponde a este concurso, orientado a preservar la legalidad del concurso, sin desconocer derechos adquiridos en tanto recae sobre actos de trámite, que no crean situaciones consolidadas y porque la razón que justifica su aplicación es precisamente la protección de derechos que se puedan ver lesionados con el error.

Tratándose de concursos, cobra mayor importancia la necesidad de corregir los yerros presentados en el proceso administrativo, si se tiene en cuenta que se trata de un concurso para jueces y magistrados, dado que la administración de la carrera judicial se debe orientar a atraer y retener los servidores más idóneos para ocupar dichos cargos, responsables de la prestación del servicio público esencial de administrar justicia y en los cuales podrán permanecer hasta la edad de retiro forzoso, esto es, hasta los setenta (70) años.

Como resultado de todo lo expuesto, es necesario subsanar los errores incurridos por la Universidad Nacional de Colombia, en la construcción de las pruebas de conocimientos generales y específicos y, de aptitudes, para dar paso a una nueva construcción y aplicación de las pruebas de conocimientos generales y específicos, de aptitudes y psicoténicas, en una misma jornada, como lo señala el Acuerdo PCSJA18-11077 de 2018, de tal suerte que debe retrotraerse la actuación administrativa, a partir de las citaciones, y por tanto deberá continuarse el proceso de selección con una nueva citación a pruebas de los aspirantes inscritos.”
La Secretaría General de la Corporación, el día 25 de enero de 2021, remitió los Oficios 5313 a 5316 dirigidos a las partes e intervinientes.
Radicado No. 25000-23-41-000-2021-00090-00.
Corte Constitucional. Sentencias T-12/92. MP: José Gregorio Hernández Galindo y T-419/92. M.P: Simón Rodríguez Rodríguez.
“Son de aplicación inmediata los derechos consagrados en los artículos 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 37 y 40."
Corte Constitucional. Sentencia T-801 del 11 de octubre 2012. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
Corte Constitucional. Sentencia T-149 de 2013. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
Artículo 2º Constitucional.
Corte Constitucional. SentenciaT-161de10 de marzo de 2011.M.P.Humberto Antonio Sierra Porto.
El pasaje bajo transcripción presenta la siguiente nota de pie de página, bajo el número 5, la cual se transcribe literalmente: “Sentencia T-94/99 reiterada en la sentencia C-510 de 2004, entre muchas”
Ibídem para toda la cita.
Ibídem para toda la cita.
El caso estudiado en esta oportunidad, correspondió a varios ciudadanos que se inscribieron a concurso abierto de méritos para proveer empleos vacantes de docentes y directivos docentes, de instituciones educativas oficiales en entes territoriales, dentro de las convocatorias 056 a 122 de 2009 de la CNSC. Tales personas consideraron que sus derechos fundamentales  al trabajo y al debido proceso habían sido vulnerados por la CNSC y el ICFES, por cuanto, se eliminaron unas preguntas del cuestionario, dado que las mismas presentabas varias inconsistencias y, por ende, no podía ser tenidas en cuenta para el puntaje obtenido por los aspirantes. Los accionantes sustentaron su pretensión en los siguientes términos: “En primer lugar, no se les informó antes de publicar los puntajes obtenidos que habían sido eliminadas las preguntas 39 y 47 del componente de aptitud numérica, situación que les impidió controvertir tal decisión. En segundo término, la prueba no fue calificada siguiendo los parámetros establecidos en el artículo 1° de la Ley 1324 de 2009 HYPERLINK "https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/SU617-13.htm" \l "_ftn4" \o "" [4]. Tercero, el ICFES erró al manifestar que anuló las preguntas 39 y 47, ya que éstas no existían, pues la prueba de aptitud numérica solo tenía 30 preguntas.” Posteriormente, la Corte Constitucional, en la sentencia acá citada, concluyó que: “De tal manera, se constata que el procedimiento adelantado por el ICFES para la calificación de las pruebas, se ajustó a los términos de las normas reguladoras y no vulnera ningún derecho fundamental de los demandantes, en cuanto era deber de la entidad eliminar las preguntas que generaban duda para dar estricto cumplimiento a las normas reguladoras del concurso y a las reglas sobre la calificación de las pruebas.”
Consulta realizada HYPERLINK "https://consultaprocesos.ramajudicial.gov.co/Procesos/NumeroRadicacion" https://consultaprocesos.ramajudicial.gov.co/Procesos/NumeroRadicacion el día lunes 5 de abril de 2021 a las 8.00 am.
Exp. 11001-03-15-000-2021-00199-00. SILVIA PATRICIA MEDINA GUTIÉRREZ contra CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y OTRO. Sentencia de 18 de febrero de 2021. M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio.

Radicado: 11001-03-15-000-2019-03414-01
Demandante: LUZ MAYELI SERRANO MOGOLLÓN Y OTROS

PAGE \* MERGEFORMAT 1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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