Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2021-00216-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2021-00216-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2021-00216-00
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
18 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA NOVENA ESPECIAL DE DECISIÓN
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá, D.C., dieciocho (18) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Recurso extraordinario de revisión
Radicación: 11001 03 15 000 2021 00216 00 REV
Recurrente: Nelson Napoleón Gutiérrez Cuéllar
Temas: Causal quinta. Art. 250 Ley 1437 de 2011. Principio de
congruencia de la sentencia. Reliquidación de pensión de
jubilación. Ley 71 de 1988. Régimen de transición de Ley 100
de 1993. Sentencia de unificación de 28 de agosto de 2018
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA /LEY 1437 DE 2011
I. ASUNTO
1. La Sala Novena Especial de Decisión decide el recurso extraordinario de
revisión interpuesto contra la sentencia de 31 de octubre de 20191, proferida en
segunda instancia por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado
25000-23-42-000-2013-06340-01 (0404-2017).
II. ANTECEDENTES
2.1. Proceso originario2
2.1.1. Demanda de nulidad y restablecimiento del derecho.
2. El señor Nelson Napoleón Gutiérrez Cuéllar, actuando a través de apoderada,
promovió demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho contemplado en el artículo 138 del CPACA, en contra del Instituto de
Seguros Sociales, hoy COLPENSIONES, a efectos de obtener la nulidad parcial
de la Resolución 024361 de 13 de agosto de 2010 proferida por el Instituto de
Seguros Sociales por medio de la cual se le reconoció la pensión por aportes de
acuerdo con la Ley 71 de 1988 y la Resolución 036416 de 11 de octubre de 2011
que modificó el reconocimiento frente a las semanas de cotización y el valor de
1 Con ponencia del consejero Dr. Gabriel Valbuena Hernández.
2 Proceso originario aportado en el archivo: «CUADERNO PRINCIPAL.pdf», archivo
«71_RECIBEPRUEBAS_ONEDRIVE_5_1.ZIP». Digitalizado sistema SAMAI.
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la mesada pensional; así como la nulidad de las Resoluciones 00534 de 21 de
febrero de 2012 y 26865 de 9 de agosto de 2012 a través de las cuales se
resolvieron los recursos de reposición y apelación interpuestos y que confirmaron
la Resolución 024361 de 13 de agosto de 2010.
3. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene a la parte
demandada: (i) liquidar la pensión con un IBL equivalente al 75% del promedio
mensual cotizado en el último año de aportes, comprendido entre el 1.° de
octubre de 2008 y el 1.° de octubre de 2009, (ii) reconocer y pagar la diferencia
entre lo pagado por la entidad en virtud de las Resoluciones 024361 de 13 de
agosto de 2010 y 036416 de 11 de octubre de 2011 y lo que se ordene por parte
de la jurisdicción; (iii) que las sumas generadas sean actualizadas de acuerdo
con el índice de precios al consumidor y sobre las mismas se apliquen los ajustes
legales y finalmente, (iv) que se indexe el monto pensional y se dé cumplimiento
a la sentencia en los términos de los artículos 187, 188 y 192 del CPACA.
2.1.1.1. Fundamentos fácticos:
4. Se indicó en la demanda que el señor Nelson Napoleón Gutiérrez Cuéllar
laboró como empleado en entidades del sector público (Rama Judicial: 4713 días
y DAS 1562 días); en el sector privado con cotizaciones al Instituto de Seguros
Sociales 1820 días y como trabajador independiente 960 días, para una total de
1032 semanas.
5. Por lo anterior el Instituto de Seguros Sociales le reconoció una pensión por
aportes, según lo señalado por la Ley 71 de 1988, a través de la Resolución
024361 de 13 de agosto de 2010 en cuantía de $2.630.534, monto que fue
modificado posteriormente por la Resolución 036416 de 11 de octubre de 2011
por la cual se fijó la cuantía de la pensión en $ 2.758.014, acto en el que se
aplicaron las pautas de la pensión por aportes en cuanto a edad y tiempo de
servicios, pero se liquidó la mesada pensional de acuerdo con el inciso 3.° del
artículo 36 de la Ley 100 de 1993, es decir, con el 75% de lo devengado en los
últimos 10 años de aportes.
6. Como normas desconocidas se citaron los 13, 25, 29, 46, 48, 53 y 58 de la
Constitución Política; 7° y 8° de la Ley 71 de 1988; 21, 36 y 288 de la Ley 100 de
1993; 6° y 8° del Decreto 2709 de 1994 y los Decretos 1158 de 1994 y 1474 de
1997.
7. En el concepto de violación se indicó que el actor tenía derecho a que se le
aplicara de manera integral el régimen de transición de la Ley 100 de 1993, dado
que cuando entró en vigencia el 1° de abril de 1994 contaba con más de 45 años
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de edad, porque nació el 1° de enero de 1949 y tenía más de 15 años de
servicios; de acuerdo con ello tenía derecho a la aplicación de la Ley 71 de 1988
y su Decreto 2709 de 1994, que consagran el derecho a pensionarse con el 75%
del salario base de liquidación, es decir, con el promedio sobre el cual se
efectuaron los aportes durante el último año.
8. Empero, el Instituto de Seguros Sociales liquidó la pensión con el promedio de
lo devengado en los últimos 10 años de servicios, conforme al inciso 3° del
artículo 36° de la Ley 100 de 1993 y desconociendo que la pensión por aportes
debía liquidarse como lo señalaban los artículos 6° y 8° del Decreto 2709 de 1994
en cuanto al salario base y el monto pensional, con lo cual no le eran aplicables
las previsiones de los artículos 21° y 36° inciso 3° de la Ley 100 de 1993.
2.2. La sentencia de primera instancia3.
9. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
A4, mediante sentencia de 21 de julio de 2016, negó las súplicas de la demanda
y se abstuvo de imponer condena en costas.
10. Para arribar a la anterior determinación explicó que la entidad reconoció que
el demandante se encontraba cobijado por el régimen de transición del artículo
36° de la Ley 100 de 1993 por cuanto a 1° de abril de 1994 tenía más de 15 años
de servicios como servidor público y además contaba con más de 45 años de
edad.
11. Luego explicó que esa Sala había sostenido la posición de que las pensiones
reconocidas con la Ley 71 de 1988 debían liquidarse con los factores salariales
sobre los cuales se efectuaron aportes durante el último año de prestación de
servicios como lo establece el artículo 6° del Decreto 2709 de 1994, que
establece que el salario base de liquidación de esa pensión será el salario
promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de prestación
de servicios.
12. El Tribunal consideró que pese a que el artículo 6.° del Decreto 2709 de 1994
fue derogado por el artículo 24° del Decreto 1474 de 1997, el Consejo de Estado5,
declaró la nulidad parcial del artículo 24 en mención, por lo que recobró vigor el
inciso 2° del artículo 6° del Decreto 2709 de 1994, que resultaba aplicable.
3
Folios 197 y s.s. del archivo PDF documento PDF «CUADERNO PRINCIPAL.pdf», archivo
«71_RECIBEPRUEBAS_ONEDRIVE_5_1.ZIP». Digitalizado sistema SAMAI.
4 Con ponencia de la magistrada Carmen Alicia Rengifo Sanguino
5 La Sección Segunda, a través de sentencia de 15 de mayo de 2014 dentro del proceso radicado 11001-
03-25-000-2011-00620-00 (2427-2011).
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13. Estimó que, en el caso concreto advertía un cambio abrupto en la base de
cotización reportada en los últimos años de aportes (2007-2009), por lo que
reconocer la prestación en los términos pretendidos, rompería con el equilibrio
económico del sistema de pensiones y resquebrajaría los pilares de la solidaridad
e integralidad propios de la seguridad social. En consecuencia, negó las
pretensiones de la demanda y se abstuvo de imponer condena en costas a cargo
del accionante.
14. En acápite posterior al abordar el estudio de la causal se profundizará sobre
las consideraciones de la sentencia.
2.3. Recurso de apelación6.
15. La apoderada del demandante interpuso recurso de apelación, para lo cual
precisó que la decisión del Tribunal era contradictoria, toda vez que pese a
encontrar que le eran aplicables las pautas de la Ley 71 de 1988, así como el
inciso 2.° del artículo 6.° del Decreto 2709 de 1994, no accedió a la reliquidación
pensional con el argumento del cambio abrupto de los aportes percibidos en el
último año de servicios, lo que afectaría la sostenibilidad financiera del sistema
de seguridad social.
16. La parte apelante precisó que el Tribunal no podía pronunciarse sobre ello,
dado que no era parte del debate procesal, como tampoco podía afirmar que el
accionante incurrió en abuso del derecho y defraudación del sistema financiero
pensional para negarle el derecho al reajuste pensional. Desde su punto de vista,
el Tribunal se atribuyó una competencia que no le corresponde dado que las
afiliaciones o el monto de las cotizaciones es un asunto «de carácter
administrativo», que unido a la sostenibilidad financiera del sistema general de
seguridad social y, en virtud de ello, el artículo 53 de la Ley 100 de 1993 otorgó
facultades de fiscalización, verificación e investigación administrativa a las
entidades administradoras del régimen solidario de prestación definida sobre el
empleador o agente retenedor de las cotizaciones y que tal función no
corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa con base en un cambio
abrupto en el IBC. En ese sentido, asumió competencias que no le correspondían
para cuestionar el monto de la cotización del afiliado, cuando lo único que debía
era ordenar el reconocimiento del derecho a la reliquidación solicitada a la luz de
los aportes de la Ley 71 de 1988.
6 Folios 217 y s.s. Archivo «documento PDF «CUADERNO PRINCIPAL.pdf», archivo
«71_RECIBEPRUEBAS_ONEDRIVE_5_1.ZIP». Digitalizado sistema SAMAI.
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17. Por lo anterior, adujo que la sentencia se apartó de los cargos de anulación
propuestos en la demanda o en la contestación y además, las providencias en
las que se apoyó el Tribunal se refieren a casos donde se realizaron previamente
investigaciones administrativas sobre la capacidad económica de los afiliados
para realizar los aportes, lo cual difiere del caso del señor Gutiérrez Cuéllar.
18. Adicional a ello precisó que, si el demandante cotizó al ISS desde el 2007 en
forma continua, regular y uniforme tanto a pensión como a salud con una
capacidad de pago de 25 salarios mínimos legales mensuales, esto fue permitido
por la Ley 797 de 2003, y el artículo 6.° del Decreto 2709 de 1994, con lo que
debió ordenarse tomar el promedio del salario base sobre el cual cotizó para
pensión durante su último año de cotización.
2.4. Sentencia objeto del recurso7
19. La Sección Segunda, Subsección A8 del Consejo de Estado, mediante
sentencia de 31 de octubre de 2019, confirmó la decisión de primera instancia y
se abstuvo de imponer condena en costas a cargo del accionante.
20. En síntesis la Subsección A se remitió a la sentencia de unificación del 28 de
agosto de 20189 sobre el ingreso base de liquidación (IBL) en pensiones bajo el
régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, destacando que el
cálculo debe atender al promedio de los salarios cotizados durante los diez años
previos al reconocimiento, conforme a los artículos 21 y 36 de la Ley 100 y el
Decreto 1158 de 1994.
21. Analizó la pensión por aportes, indicando que el régimen de transición permite
aplicar la Ley 71 de 1988 para requisitos de edad y tiempo, pero no para el IBL,
el cual se rige por las reglas fijadas en la sentencia de unificación de 2018. Así,
descartó la aplicación del artículo 6.º del Decreto 2709 de 1994, criterio que había
sido sostenido antes de la modificación jurisprudencial.
22. Del acervo probatorio concluyó que el actor, contaba con más de 40 años de
edad y 15 de servicio al entrar en vigencia la Ley 100, por lo que era beneficiario
del régimen de transición y adquirió estatus pensional en 2009 con 1029 semanas
cotizadas. Por tanto, su pensión debía reconocerse bajo las pautas de Ley 71 de
1988, pero liquidarse según el promedio de los últimos diez años cotizados,
actualizado con IPC y factores del Decreto 1158 de 1994.
7 Folio 288 y s.s. del archivo PDF. Ibidem.
8 Con ponencia del consejero Dr. Carmelo Perdomo Cuéter.
9Sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018 (proceso 52001-23-33-000-2012-00143-01).
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23. Sobre el razonamiento de la Subsección plasmado en la sentencia objeto de
revisión se ahondará en acápite posterior, al analizar la causal esgrimida.
2.5. El recurso extraordinario de revisión
24. Mediante escrito presentado el 21 de enero de 2021, el señor NELSON
Napoleón Gutiérrez Cuéllar10, actuando a través de apoderada, interpuso recurso
extraordinario de revisión contra la sentencia reseñada en el numeral anterior, en
el cual sostuvo que se incurrió en la causal de revisión relacionada en el numeral
5.°11 del artículo 250 del CPACA.
25. El recurrente señaló que la sentencia objeto de esta revisión no se refirió a
los cuestionamientos planteados en el recurso de apelación formulado contra la
sentencia del 21 de julio de 2016, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, recurso que según indicó, fue interpuesto frente al
pronunciamiento sobre la elevada cotización del afiliado como único argumento
para negar la declaratoria del derecho ya reconocido.
26. Advirtió que el principio de congruencia tanto de manera interna como externa
fue vulnerado con el fallo recurrido emitido por el Consejo de Estado por cuanto
«hay disconformidad entre los antecedentes, el análisis del caso concreto y las
consideraciones, mientras los antecedentes se refieren a los argumentos del
recurso, en los considerandos se razona sobre la reliquidación de pensión,
resuelta favorablemente por el tribunal y no objeto de apelación».
27. Según lo explicó, en la sentencia objeto del recurso se incurrió en las
siguientes irregularidades:
• Carencia absoluta de motivación del caso concreto objeto de
apelación. Sobre este aspecto precisó que existe incoherencia del fallo recurrido
entre lo atacado en el recurso y los temas sobre los que se pronunció,
desconociendo el derecho al debido proceso y a la defensa del demandante.
Adujo que «en la parte de antecedentes el ad-quem trajo un resumen del recurso
10 Expediente digitalizado sistema SAMAI. Archivo: «2_ED_2. Recurso Extraordinario de Revisión. Nelson
Gutiérrez. Versión final docx.pdf.PDF». Corregido a través de escrito: «25_RECIBE MEMORIALES POR
CORREO ELECTRONICO_Memorial subsanando demanda de revisión Nelson Gutiérrez.pdf.PDF» (sic).
11 «ARTÍCULO 250. CAUSALES DE REVISIÓN. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la Ley 797
de 2003, son causales de revisión:
[…]
5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de
apelación.
[…]».
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y del alegato de conclusión, no obstante, en la parte considerativa el recurso de
apelación se tornó inexistente, no hubo ningún pronunciamiento sobre el
desborde de la competencia del Tribunal, al asumir funciones de
COLPENSIONES, ajenas al objeto del proceso, ni tampoco sobre la violación al
derecho de defensa, argumentos expuestos en la impugnación».
• La reliquidación de pensión no era objeto de apelación. Sostiene el
recurrente que la reliquidación de la pensión no era objeto de discusión, pues ya
había sido resuelta favorablemente en primera instancia, sobre lo cual no se
presentó la apelación.
• Se quebrantó el principio de non reformatio in pejus. Sobre este punto
precisó que el fallo recurrido solo podía resolver sobre los argumentos del recurso
de apelación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 328 del Código
General del Proceso, pero que, no obstante, no hubo pronunciamiento sobre la
apelación, sino que en su lugar se analizó la procedencia de reliquidar la pensión.
Afirmó que «de esta manera, en la sentencia recurrida en revisión, cuando el
magistrado ponente decidió sobre el tema de la reliquidación de la pensión, obro
sin la necesaria y suficiente competencia, sobre un tema que no le correspondía,
configurándose así la causal 5ª del artículo 250 del Código de Procedimiento
Administrativo y Contencioso Administrativo que afecta su validez».
• Resultaba improcedente confirmar la sentencia del Tribunal.
Finalmente precisó que la sentencia del 21 de julio de 2016, emitida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, incurrió en usurpación de la
competencia de COLPENSIONES, esto es sobre el IBL, por cuanto no podía
pronunciarse respecto de este tema para negar las súplicas de la demanda. A su
vez, señaló que «la sección Segunda del Consejo de Estado quebrantó el debido
proceso judicial, con la confirmación de la sentencia del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca que desconoció los derechos constitucionales del señor
Gutiérrez Cuéllar, razón por la cual, solicito declarar fundado el recurso
extraordinario de revisión propuesto y la consiguiente nulidad de la sentencia de
la Subsección” A” de la Sección Segunda del Consejo de Estado».
2.6. Trámite del recurso
28. Por auto de 23 de febrero de 202112 se admitió el recurso y se ordenó la
notificación al presidente de la Administradora Colombiana de Pensiones,
Colpensiones, al agente del Ministerio Público, a la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado y al recurrente.
12 Digitalizado sistema SAMAI. «28_AUTO ADMISORIO DE LA DEMANDA.PDF».
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29. El 22 de abril de 202113 se resolvió tener como pruebas las aportadas por el
recurrente y por Colpensiones y, se ordenó oficiar al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca para que, remitiera el expediente de nulidad y restablecimiento
del derecho 25000-23-42-000-2013-06340-01.
30. El 6 de abril de 202214 la Sala Especial de Decisión declaró infundada la
recusación presentada contra el consejero Gabriel Valbuena Hernández. A través
de providencia de 2 de septiembre de 202215 se aceptó el impedimento
presentado por el consejero Julio Roberto Piza Rodríguez. Por auto de 20 de
septiembre de 202316, la Sala Especial de Decisión declaró infundado el
impedimento manifestado por el consejero Gabriel Valbuena Hernández.
2.7. Contestación al recurso17
2.7.1. La Administradora Colombiana de Pensiones se opuso a la prosperidad
del recurso, para lo cual expresó que no se configuró la causal de nulidad
esgrimida, sino que lo pretendido es reabrir el debate jurídico.
31. En síntesis indicó que si bien no fueron favorables las sentencias
cuestionadas que se profirieron en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho 25000-23-42-000-2013-06340-01 esto no quiere
decir que se incurrió en la causal de revisión dado que se garantizaron
plenamente los derechos del recurrente, quien acudió al recurso extraordinario
de revisión para utilizarlo como una tercera instancia.
32. Frente a la presunta irregularidad derivada del fallo judicial de segunda
instancia del 31 de octubre de 2019, según la cual la reliquidación de la pensión
no fue objeto del recurso de apelación, precisó que el recurrente incurrió en una
contradicción dado que en las pretensiones de la demanda sí se incluyó la
reliquidación pensional con el «[…]75% del promedio mensual de lo cotizado al
I.S.S. en el último año de aportes comprendido entre el 1 de octubre de 2008 y
el 1 de octubre de 2009, fecha de retiro del ISS, actualizado en su valor a dicha
fecha y a partir de allí con los reajustes a que legalmente tiene derecho»; por
tanto, la Subsección A de la Sección Segunda sí debía pronunciarse acerca de
dicha pretensión que también había sido negada, por lo que no hubo vulneración
del denominado principio de non reformatio in pejus.
13
Archivo «52AUTODECRETANDOPRUEBAS.PDF», ibidem.
14 Archivo «84_AUTOQUERESUELVEIMPEDIMENTOORECUSACION_AUTOQUER.pdf».
15 Archivo «100_AUTOQUERESUELVEIMPEDIMENTOORECUSACION.pdf».
16 Archivo «120_AUTOQUERESUELVEIMPEDIMENTO_AUTO(.pdf) NroActua 96».
17 Archivo «43RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_CONTESTACION.PDF».
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33. Además, no era posible la reliquidación pensional teniendo en cuenta la
totalidad de los factores salariales devengados en el último año de servicios, toda
vez que esa posición discrepa con el lineamiento jurisprudencial plasmado en las
sentencias T-078 de 2014, A-326 de 2014, SU-230 de 2015, T-060 de 2016, SU-
427 de 2016, SU-210 de 2017, SU- 395 de 2017, SU- 023 de 2018 y la sentencia
del 28 de agosto de 2018 del Consejo de Estado, donde se ha señalado que el
modo de promediar la base de liquidación no puede ser la estipulada en la
legislación anterior, en razón a que el régimen de transición sólo comprende los
conceptos de edad, monto y semanas de cotización y excluye el ingreso base de
liquidación, y por medio de la sentencia del 31 de octubre de 2019 objeto del
recurso, el Consejo de Estado – Sección Segunda, Subsección “A”, dio aplicación
al precedente jurisprudencial, siendo errónea la interpretación del recurrente.
2.8. Concepto del Ministerio Público18
34. El procurador III delegado ante esta Corporación emitió concepto donde
indicó que el recurso interpuesto debe declararse infundado al no observarse
violación al debido proceso por desconocimiento del principio de la non reformatio
in pejus y la regla técnica de la congruencia.
35. En este sentido consideró que si bien en la sentencia de primera instancia de
21 de julio de 2016, se concluyó, para ese momento, que sería del caso ordenar
la reliquidación de la pensión del demandante con el promedio del salario base
con el que aportó para pensión durante su último año de cotización, dicha
manifestación se hizo en la parte motiva, sin que fuere objeto de decisión en la
resolutiva, por lo que no adquirió connotación de cosa juzgada material, ni se
transfirió al patrimonio del demandante como un derecho adquirido, de modo que,
en conclusión, no quedó limitada la competencia del Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A, para pronunciarse sobre la pretensión de reliquidación
de la pensión, por un lado, por tratarse del «thema decidendum de la
controversia» y, por otro, porque ese aspecto fue objeto de los argumentos de la
apelación, y en últimas era consustancial a la apelación, en la medida en que
justamente el objeto del recurso era que se revocara la sentencia de primera
instancia y, en su lugar, se accediera a las pretensiones de reliquidación de la
pensión.
36. Además en los alegatos de conclusión de segunda instancia la apoderada del
señor Gutiérrez Cuéllar se refirió a las sentencias de unificación de la Corte
Constitucional a efectos de que no fuera aplicada esa tesis en el caso concreto,
18Archivo: «44CONCEPTO_NOEXP202121600_CONCEPTOMINISTERIOPUBLICO.PDF.
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pues allí se determinó que el IBL no era un aspecto de la transición y que para
su determinación debía aplicarse el inciso 3.° del artículo 36 de la Ley 100 de
1993, afirmando que tal y como lo expresaron las sentencias C-531 y C-816 de
2011, se puede inaplicar este precedente constitucional, «cuando exista un
principio de razón suficiente […] en un caso concreto».
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
37. La Sala Novena Especial de Decisión del Consejo de Estado es competente
para tramitar y decidir el presente recurso extraordinario de revisión, en los
términos del artículo 249 del CPACA y del artículo 2919 del Acuerdo 080 de 2019
proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, por tratarse de un recurso
dirigido contra una sentencia dictada por una Sección del Consejo de Estado.
3.2. Oportunidad y norma aplicable
38. En este caso, resultan aplicables las disposiciones procesales vigentes para
la fecha de presentación de la demanda -21 de enero de 2021-, las cuales
corresponden a las contenidas en la Ley 1437 de 2011, así como a las
disposiciones del CGP, en virtud de la integración normativa dispuesta por el
artículo 306 del primero de los estatutos mencionados.
39. Igualmente se advierte que el término para interponer el recurso
extraordinario de revisión oportunamente es de un año a partir de la ejecutoria de
la decisión judicial, tal como lo dispone el artículo 251 del CPACA que señala:
40. «ARTÍCULO 251. TÉRMINO PARA INTERPONER EL RECURSO.
El recurso podrá interponerse dentro del año siguiente a la ejecutoria de la
respectiva sentencia.
En los casos contemplados en los numerales 3 y 4 del artículo precedente,
deberá interponerse el recurso dentro del año siguiente a la ejecutoria de la
sentencia penal que así lo declare.
En el caso del numeral 7, el recurso deberá presentarse dentro del año siguiente
a la ocurrencia de los motivos que dan lugar al recurso.
En los casos previstos en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el recurso deberá
presentarse dentro de los cinco (5) años siguientes a la ejecutoria de la
providencia judicial o en los casos de que ella no se requiera, dentro del mismo
19 «ARTÍCULO 29.- Las Salas Especiales de Decisión decidirán los siguientes asuntos de competencia de
la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo:
1. Los recursos extraordinarios de revisión interpuestos contra las sentencias de las Secciones o
Subsecciones del Consejo de Estado.
[…]».
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término contado a partir del perfeccionamiento del acuerdo transaccional o
conciliatorio.» (Subrayas de la Sala).
41. La sentencia recurrida de 31 de octubre de 2019, proferida por la Subsección
A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, dentro del proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho radicado 25000234200020130634001 se notificó
por correo electrónico el día viernes 17 de enero de 202020 y por su parte el
recurso extraordinario de revisión fue presentado el 21 de enero de 202121, de lo
que se colige que el escrito fue presentado en término, de acuerdo con el inciso
1.º del artículo 251 transcrito.
3.3. Problema jurídico
42. Corresponde a la Sala Novena Especial de Decisión verificar si tienen
vocación de prosperidad los argumentos del recurrente, según los cuales la
sentencia de 31 de octubre de 2019, proferida por la Sección Segunda,
Subsección A del Consejo de Estado, incurrió en la causal de revisión señalada
en el numeral 5.º del artículo 250 del CPACA.
43. Para resolver lo anterior, se analizará (i) el marco normativo y jurisprudencial
del recurso extraordinario de revisión, (ii) la causal de revisión invocada, y (iii) el
caso concreto.
3.4. El recurso extraordinario de revisión
44. El recurso extraordinario de revisión es un medio que permite impugnar una
providencia judicial ya ejecutoriada, siempre y cuando se configuren, de manera
expresa, las causales señaladas en el artículo 250 del CPACA, situación que es
posible entenderse como una de las excepciones al principio de la cosa
juzgada22, que se aplica exclusivamente a aquellas situaciones «críticas» en las
que a pesar de la presunción de legalidad que cobija a las sentencias, ellas no
pueden subsistir por el grave desconocimiento de los principios fundamentales
del proceso.
45. No obstante, es indispensable delimitar el ámbito del recurso de revisión,
pues tal medio de impugnación no ha de tomarse como nueva instancia, en la
que se pueda intentar una nueva valoración de la prueba o provocar una
20 Digitalizado sistema SAMAI, Archivo « Proceso originario aportado en el archivo:
«71_RECIBEPRUEBAS_ONEDRIVE_5_1.ZIP». Digitalizado sistema SAMAI.» Folios 321 y s.s.
21 Sistema Samai.
22 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de veintidós (22) de abril de dos mil
quince (2015), radicación número: 25000-23-25-000-2004-05294-01(2116-12), actor: Luis Alberto Jiménez
Beltrán, demandado: Registraduría Nacional del Estado Civil.
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interpretación adicional de las normas aplicables al caso. Por el contrario, los
errores de apreciación probatoria en que se haya podido incurrir, son ajenos al
recurso de revisión pues éste no es una instancia más en la que pueda
replantearse el litigio que dio lugar a una sentencia.
46. En este sentido, puede concluirse que este recurso no constituye un
escenario que permita, luego de la existencia de un fallo debidamente
ejecutoriado, debatir la litis propuesta a lo largo del correspondiente proceso
ordinario, en tanto que su naturaleza excepcional exige el cumplimiento de unos
requisitos o presupuestos señalados por la ley, es decir, el acatamiento de lo
descrito en el artículo 250 del CPACA, por lo que para que el juez pueda entrar
a examinar la controversia materia del recurso, es necesario que la causal
invocada por el recurrente se encuentre debidamente acreditada dentro de las
contempladas por el artículo en mención.
3.5. Causal de revisión
47. La parte accionante señala que en este caso se configuró la causal 5ª del
artículo 250 del CPACA. La Sala procederá a su análisis de la siguiente manera.
3.5.1. Causal quinta del artículo 250 del CPACA: «5. Existir nulidad originada
en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de
apelación».
48. Sobre esta causal, el Consejo de Estado, en sentencia de 3 de febrero de
201523 acogió la tesis del respeto a la taxatividad y legalidad de las nulidades, de
ahí que las causales de nulidad de la sentencia son:
(i) Las previstas en el artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, hoy 133 del
Código General del Proceso, y, (ii) Las que se originan en la sentencia a partir
del artículo 29 de la Constitución Política, así24:
a. Haberse dictado con sustento, únicamente, en una prueba obtenida con
violación al debido proceso.
b. Haberse dictado fallo condenatorio contra una persona que no fue vinculada
al proceso.
c. Proferir una sentencia sin motivarla.
d. Dictar un fallo inhibitorio injustificado.
23
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala 26 de decisión, sentencia de 25 de marzo
de 2015, consejera ponente: Dra. Olga Mélida Valle De la Hoz, número interno: 11001-03-15-000-1998-
00157-01.
24 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del
20 de febrero de 2020, consejera ponente: Dra. María Adriana Marín, exp: 2019-03861-01 (AC).
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e. Desconocer el principio de congruencia.
49. Frente a esta causal de revisión, esta Corporación ha señalado que se
configura por situaciones originadas, o bien en la misma sentencia recurrida, en
hechos que sobrevengan con posterioridad a ella y que deben tener una
influencia tal que la decisión a adoptar sea distinta. Además, ha precisado:
a) Que no se trate de causales que originen la nulidad del proceso, pues,
éstas debieron alegarse en el curso de éste y no con posterioridad a
él25.
b) Que la causal está prevista para atacar las nulidades procesales
generadas en la sentencia, que como acto jurídico se encuentra sujeto
al cumplimiento de precisas ritualidades que de ser desoídas y «ante la
improcedencia de recursos ordinarios contra ella subsistirían
groseramente»26.
c) Que tal nulidad se presenta en los casos en los que se dicta la sentencia
en un proceso terminado por desistimiento, transacción, perención o
estando legalmente suspendido o interrumpido y antes de la
oportunidad para reanudarlo, cuando la sentencia aparece firmada con
menor o mayor número de magistrados o adoptada con un número de
votos diferente del previsto en la ley, o expedida completamente sin
motivación, con violación al principio de la non reformatio in pejus27.
50. Por su parte, la Corte Suprema de Justicia, en relación con la misma causal,
hoy establecida en el numeral 8.º del artículo 355 del Código General del
Proceso, sostiene que se deben reunir ciertos requisitos para su prosperidad:
i) Incurrir en vicio estructurante de nulidad al proferir la sentencia que puso
fin al proceso y no ser susceptible de recurso alguno.
ii) Dictar sentencia en proceso que terminó anormalmente y, condenar en
ella a quien no figuró como parte «[…] lo cual es apenas lógico porque si
tal nulidad solamente aparece para las partes cuando éstas conocen la
sentencia, no existiendo legalmente para ellas otra oportunidad para
25 Consejo de Estado, Sección Segunda, consejera ponente: Dra. Clara Forero de Castro, providencia de
28 de febrero de 1994, exp. No. 4380, actor: Departamento del Valle del Cauca.
26 Consejo de Estado, Sección Segunda, consejero ponente: Dr. Carlos Arturo Orjuela Góngora, providencia
de 3 de abril de 1995, exp. No. 6390, actor: José María Bautista Pérez.
27
Consejo de Estado, Sección Segunda; consejera ponente: Dra. María Eugenia Samper Rodríguez, exp.
No. 11202, actor: Ezequiel Rodríguez Carrillo; consejera ponente: Dra. Clara Forero de Castro, providencia
de 28 de abril de 1998, exp. Rev 131, actor: Antonio Garcés González; consejero ponente: Dr. Delio Gómez
Leyva, providencia de 4 de abril de 2000, exp. Rev 097, actor: Guillermo Antonio Builes; consejera ponente:
Dra. María Inés Ortiz Barbosa, sentencia de 20 de abril de 2004, exp. rev 132, actor: Gabriel Acosta Torres.
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reclamar su reconocimiento, lo procedente es que les abra el campo de
la revisión»28.
iii) Que no se trate de nulidad del proceso nacida antes de dictar la sentencia
que decide el litigio, dado que ésta podía y debía alegarse previamente
a dicha oportunidad, so pena de considerarse saneada, sino de
irregularidades en que pueda incurrir al momento de dictar sentencia y
tuvieren la vocación de constituir nulidad, entendidas únicamente las
enlistadas en el artículo 140 del C.P.C. ( hoy 133 del CGP) y en el artículo
29 de la Carta Política, esta última hipótesis con los alcances dados por
la Corte Constitucional en las sentencias C-491 de 199529 y C-217 de
199630, teniendo en cuenta que no puede haber nulidad sin texto que la
consagre31 y, que en ese orden de ideas con sujeción a ese principio
cualquier ataque que pretenda hacer el recurrente en sede de revisión,
bajo la causal de existir nulidad originada en la sentencia, impone al
recurrente la carga de demostrar algunas de las situaciones que
exclusivamente bajo las normas citadas, fueran constitutivas de nulidad
de la sentencia.
28 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil y Agraria. magistrado ponente: Dr. Jorge Santos
Ballesteros, sentencia de 30 de septiembre de 1999, exp. No. 7245, actor: Sociedad Quintero Quintero y
Compañía S.C.S.
29 Aparte de la Sentencia C- 491 de 1995: «[…]Con fundamento en lo anterior, estima la Corte que se ajusta
a los preceptos de la Constitución, porque garantiza el debido proceso, el acceso a la justicia y los derechos
procesales de las partes, la expresión "solamente" que emplea el art. 140 del C.P.C., para indicar que en
los casos allí previstos es posible declarar la nulidad, previo el trámite incidental correspondiente, pero
advirtiendo, que además de dichas causales legales de nulidad es viable y puede ser invocada la consagrada
en el art. 29 de la Constitución, según el cual "es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación
del debido proceso", esto es, sin la observancia de las formalidades legales esenciales requeridas para la
producción de la prueba, especialmente en lo que atañe con el derecho de contradicción por la parte a la
cual se opone ésta. Por lo tanto, se declarará exequible la expresión demandada, con la referida
advertencia».
30 Aparte de la sentencia C- 217 de 1996: « […] Ahora bien, la propia norma del artículo 29 de la Constitución
señala como uno de los elementos integrantes del debido proceso la sujeción a las reglas y procedimientos
plasmados por el legislador para el respectivo juicio. Por eso, manifiesta con claridad que nadie podrá ser
juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente,
según las reglas de la ley, y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio, también
previstas en la ley, lo cual implica que la normatividad legal es punto de referencia obligado para establecer
en cada caso concreto si se acatan o desconocen las reglas del debido proceso. De todo ello se deduce
que una cosa es la efectividad de la garantía constitucional, que no depende de la ley en cuanto no proviene
de ésta, y otra muy distinta, la verificación acerca del contenido del debido proceso en relación con cada
caso, que siempre tendrá por factor de comparación lo dispuesto en la ley correspondiente. Eso implica que,
si bien el derecho constitucional al debido proceso no precisa de un estatuto legal que lo haga reclamable
de manera inmediata y plena, siempre habrá de verse, para deducir si tal derecho ha sido respetado o es
objeto de violación, cuáles son las reglas procesales aplicables en el evento específico, es decir, las
generales y abstractas, vigentes con anterioridad e integrantes de la ley prevista para cada proceso»
31 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Magistrado Ponente: Dr. Antonio Castillo Rugeles,
sentencia de 5 de diciembre de 2000, exp. No. 7732, actor: Sociedad Acevedo Martínez Limitada.
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3.5.2. Principio de congruencia de la sentencia
51. El principio de la congruencia de la sentencia actualmente se encuentra
establecido en el artículo 28132 del Código General del Proceso y ha sido definido
por esta Corporación como «[…] el deber legal que tienen los funcionarios
judiciales al emitir sus decisiones de no incurrir en fallos ultrapetita, extrapetita o
minuspetita, definidos por la jurisprudencia del Consejo de Estado […] exige de
una parte que exista armonía entre la parte motiva y la parte resolutiva de la
misma, lo que se denomina congruencia interna, y de otra, que la decisión que
ella contenga, sea concordante con lo pedido por las partes tanto en la demanda,
como en el escrito de oposición, denominada congruencia externa, es decir, se
tome la decisión conforme se ha marcado la controversia en el proceso»33.
52. La Corte Constitucional34 ha relacionado este principio como uno de los
elementos constitutivos del derecho fundamental al debido proceso consagrado
en el artículo 29 de la Constitución Política, en la medida que impide
determinadas decisiones «porque su justificación no surge del proceso por no
responder en lo que en él se pidió, debatió, o probó». Esto señaló la Corte:
«[…]
De lo expuesto hasta el momento, se puede concluir que el juez debe tomar su decisión de
manera congruente con los hechos, pretensiones y excepciones probadas dentro del
proceso. Por lo tanto, no podrá proferir una sentencia en la que se pronuncie acerca de
algo que no fue solicitado por las partes (extra petita) o en la que otorgue más de lo pedido
(ultra petita), pero tampoco podrá fallar sin pronunciarse acerca de todas las pretensiones,
pues de lo contrario deberá explicar de manera suficiente las razones por las cuales omitió
referirse a algún pedimento. El principio de congruencia de la sentencia, además garantiza
el oportuno uso del derecho de defensa por parte de las partes, puesto que les permite
hacer uso de cada una de las herramientas establecidas en la ley para ello.
[…]».
53. Igualmente ha señalado la citada Corporación, que la incongruencia de la
sentencia puede generar la nulidad de la sentencia cuando esta trastorna
completamente los términos de referencia que sirvieron al desarrollo del
32 Ley 1564 de 2012. “Artículo 281 Congruencias. La sentencia deberá estar en consonancia con los hechos
y las pretensiones aducidas en la demanda y en las demás oportunidades que este código contempla y con
las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley. // No podrá
condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la demanda ni por
causa diferente a la invocada en esta. // Si lo pedido por el demandante excede de lo probado se le
reconocerá solamente lo último. // En la sentencia se tendrá en cuenta cualquier hecho modificativo o
extintivo del derecho sustancial sobre el cual verse el litigio, ocurrido después de haberse propuesto la
demanda, siempre que aparezca probado y que haya sido alegado por la parte interesada a más tardar en
su alegato de conclusión o que la ley permita considerarlo de oficio (…)”
33
(Consejo de Estado) Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Cuarta.
Sentencia de 16 de agosto de 2002. Expediente: 760012324000199704345-01 (12668). Actor: Productora
de Papeles Propal S.A. Demandado: Municipio de Yumbo – Valle del Cauca. C.P. Juan Ángel Palacio
Hincapié.
34 Corte Constitucional, Sentencia T-455 de 2016.
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proceso35 es decir, que la disparidad entre lo pedido, lo debatido y lo probado sea
protuberante, a tal punto que, no exista justificación objetiva y relacionada con
las materias medulares del proceso.
3.5.3. Principio de non reformatio in pejus
54. Esta Corporación ha indicado que dentro del marco de la competencia
funcional cuando el apelante es único, el pronunciamiento del funcionario judicial
se encuentra limitado por el principio de la non reformatio in pejus, establecido
en el artículo 31 de la Constitución Política y consagrado por los artículos 187 del
CPACA36 y 328 del CGP37, de acuerdo con los cuales el juez se encuentra sujeto
al objeto mismo del recurso de apelación (revocar o modificar la providencia), y
con ese objeto se atienden a las razones de inconformidad o juicios de reproche
esbozados por el apelante, en relación con la situación creada por el fallo de
primera instancia.
55. En esa línea ésta Corporación ha señalado38 que «[…] al juez de segundo
grado le está vedado, en principio y salvo las excepciones hechas por el
35 Corte Constitucional, Sentencia T- 1274 de 2008.
36 «Artículo 187.Contenido de la sentencia. La sentencia tiene que ser motivada. En ella se hará un breve
resumen de la demanda y de su contestación y un análisis crítico de las pruebas y de los razonamientos
legales, de equidad y doctrinarios estrictamente necesarios para fundamentar las conclusiones,
exponiéndolos con brevedad y precisión y citando los textos legales que se apliquen.
En la sentencia se decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera otra que el fallador
encuentre probada El silencio del inferior no impedirá que el superior estudie y decida todas las excepciones
de fondo, propuestas o no, sin perjuicio de la no reformatio in pejus.
Para restablecer el derecho particular, la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo podrá estatuir
disposiciones nuevas en reemplazo de las acusadas y modificar o reformar estas.
Las condenas al pago o devolución de una cantidad líquida de dinero se ajustarán tomando como base el
Índice de Precios al Consumidor.
[…]».
37 El artículo 328 del Código General del Proceso dispone:
«Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los
argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los
casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al
recurso, el superior resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar
en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la
modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades
procesales deberán alegarse durante la audiencia». ( Negrilla de la Sala).
38 Sección Tercera, Subsección A del Consejo de Estado, en sentencia de 12 de febrero de 2015, con
ponencia del consejero Dr. Carlos Alberto Zambrano Barrera, dentro del expediente radicado con el No.
25000-23-26-000-2003-00874-01(28278).
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legislador39, revisar temas del fallo de primer grado que son aceptados por el
recurrente (bien porque omite reargüirlos en la sustentación del recurso de
apelación o bien porque expresamente los elimina de la discusión manifestando
su asentimiento en relación con ellos), pues éstos quedan excluidos del siguiente
debate y, por lo mismo, debe decirse que, frente a dichos aspectos, fenece por
completo el litigio o la controversia.».
56. Así mismo, la Corte Constitucional40 ha señalado que el juez de segunda
instancia en contadas excepciones puede pronunciarse sobre situaciones no
planteadas por el recurrente, pero sin desmejorar la situación del apelante único,
pues la posibilidad extraordinaria de referirse a asuntos no recurridos no llega
hasta el punto de desconocer la garantía constitucional de la non reformatio in
pejus.
57. Esta Corporación ha señalado igualmente que la materialización de este
principio está ligada a la garantía del debido proceso en tanto el funcionario
judicial de segunda instancia se debe limitar, en principio, a lo que en la apelación
se indica como lo desfavorable para el apelante. No obstante, también ha
indicado que «[…] de manera excepcionalísima el ad quem cuando encuentre
que la decisión de primera instancia es manifiestamente ilegítima, puede entrar
a estudiar cuestiones propias del debate jurídico así no hayan sido objeto del
recurso de apelación. Dicho de otra manera, un funcionario judicial al advertir que
se están consolidando situaciones jurídicas en abierta contradicción del
ordenamiento jurídico, no puede rehusarse a efectuar algún tipo de
pronunciamiento sólo bajo la consideración de que fue un asunto que no se
planteó en el escrito de apelación»41.
3.5.4. Análisis de la causal
58. La Sala procede a establecer si, en el presente caso, se estructuran los
presupuestos que la ley establece y que el Consejo de Estado ha precisado, a
través de los criterios citados en acápites anteriores, para la configuración de la
causal prevista en el numeral 5.º del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011, por
39 El artículo 357 del C. de P.C. consagra la excepción, al señalar que el superior no puede modificar la
providencia apelada en la parte que no fue recurrida, a menos que “… en razón de la reforma fuere
indispensable hacer modificaciones sobre puntos íntimamente relacionados con aquélla…” –conexidad-
También cuando la providencia ha sido cuestionada por ambas partes (de manera directa o por adhesión),
o cuando la sentencia impugnada es inhibitoria, o cuando por razones de orden público se hace necesario
introducir modificaciones al fallo de primer grado (ver Corte Suprema de justicia, Sala de Casación Civil,
casación del 8 de septiembre de 2009, exp. 11001-3103-035-2001-00585-01).
40 En sentencia T-455 de 2016.
41 Consejo de estado Sección Cuarta, sentencia de 19 de enero de 2017, consejera ponente: Dra. Stella
Jeannette Carvajal Basto, expediente 11001-03-15-000-2015-02281-01.
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haberse proferido con violación al debido proceso por desconocimiento del
principio de la non reformatio in pejus y por incongruencia de la sentencia.
59. Específicamente el recurrente fundamenta el recurso, en que, según él, dado
que la competencia de la sala en segunda instancia estaba determinada por los
argumentos expuestos en el recurso de apelación, conforme al artículo 328 del
Código General del Proceso se incurrió en: (i) carencia absoluta de motivación
dado que en su consideración no hubo algún pronunciamiento sobre el desborde
de la competencia del Tribunal, al «asumir funciones de COLPENSIONES»,
ajenas al objeto del proceso, ni tampoco sobre la violación al derecho de defensa,
(ii) porque la reliquidación de pensión no era objeto de apelación pues en su
parecer ya había sido resuelta favorablemente en primera instancia, sobre lo cual
no se presentó la apelación; (iii) se quebrantó el principio de non reformatio in
pejus y en consecuencia (iv) no podía confirmarse la sentencia de primera
instancia.
60. Para resolver lo anterior, es necesario precisar que en la demanda de nulidad
y restablecimiento del derecho, el señor Gutiérrez Cuéllar solicitó la nulidad
parcial de la Resolución 024361 de 13 de agosto de 2010 proferida por el ISS
por medio de la cual se le reconoció la pensión por aportes de acuerdo con la Ley
71 de 1988 y la Resolución 036416 de 11 de octubre de 2011 que modificó el
reconocimiento frente a las semanas de cotización y el valor de la mesada
pensional; así como la nulidad de las Resoluciones 00534 de 21 de febrero de
2012 y 26865 de 9 de agosto de 2012 a través de la cuales se resolvieron los
recursos de reposición y apelación interpuestos y que confirmaron la Resolución
024361 de 13 de agosto de 2010.
61. A título de restablecimiento del derecho, solicitó, en síntesis, la reliquidación
de su pensión de jubilación con un IBL equivalente al 75% del promedio mensual
cotizado en el último año de aportes, comprendido entre el 1.° de octubre de 2008
y el 1.° de octubre de 2009.
62. En la sentencia de primera instancia, de 21 de julio de 2016 el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones formuladas por el señor
Gutiérrez Cuéllar. Para tal efecto determinó como problema jurídico establecer
si:
«[…] el señor NELSON NAPOLEÓN GUTIÉRREZ CUÉLLAR, tiene derecho a que su
pensión de jubilación por aportes se reliquide de conformidad con lo dispuesto en la Ley
71 de 1988, es decir, con el 75% del promedio del salario base sobre el cual efectuó los
aportes durante el último año, o como lo hizo la entidad demandada, esto es, con el
promedio de los salarios o rentas sobre los cuales cotizó durante los diez años anteriores
al reconocimiento de la pensión.»
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63. En primer lugar destacó esa Corporación que la entidad registró en el acto de
reconocimiento pensional que el señor GUTIÉRREZ CUÉLLAR se encontraba
cobijado por el régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por
cuanto a 1.° de abril de 1994 tenía más de 15 años de servicios como servidor
público y además contaba con más de 45 años de edad, por lo que la
inconformidad del allí demandante radicaba en el ingreso base de liquidación,
dado que la entidad solamente aplicó el régimen de transición en lo relacionado
con la edad, el tiempo de servicios, el monto de la pensión y respecto del IBL
aplicó lo dispuesto en el inciso 3.° del precitado artículo.
64. Estimó que sobre ese aspecto, la tesis de esa Sala consistía en que las
pensiones reconocidas con la Ley 71 de 1988 debían liquidarse con los factores
salariales sobre los cuales se efectuaron aportes durante el último año de
prestación de servicios como lo establece el artículo 6.° del Decreto 2709 de
1994, reglamentario de la Ley 71 de 1988, norma que establece que el salario
base de liquidación de esa pensión correspondería al salario promedio que sirvió
de base para los aportes durante el último año de prestación de servicios.
65. A renglón seguido efectuó un recuento normativo donde concluyó que pese
a que el artículo 6.° del Decreto 2709 de 1994 fue derogado por el artículo 24 del
Decreto 1474 de 1997, el Consejo de Estado, Sección Segunda, a través de
sentencia de 15 de mayo de 2014 dentro del proceso radicado 11001-03-25-000-
2011-00620-00 (2427-2011) declaró la nulidad parcial del artículo 24 del Decreto
1474 de 1997. En consecuencia, recobró vigor el inciso 2.° del artículo 6.° del
Decreto 2709 de 1994 que resultaba aplicable.
66. Luego estimó que, pese a lo anterior, reconocer la prestación en los términos
pretendidos, rompería con el equilibrio económico del sistema de pensiones y
resquebrajaría los pilares de la solidaridad e integralidad propios de la seguridad
social al estimar que hubo un cambio abrupto en el ingreso base de cotización
dado que el señor Gutiérrez Cuéllar dejó de cotizar durante aproximadamente 20
años. Esto con los siguientes argumentos:
«Así las cosas, sería del caso ordenar a la entidad demandada reliquidar la pensión del
demandante con el promedio del salario base sobre el cual aportó para pensión durante
su último año de cotización. Empero, este Tribunal no puede pasar por alto un cambio
abrupto en el ingreso base de cotización, que si bien no fue cuestionado por la entidad,
sin lugar a dudas genera la insostenibilidad del sistema de pensiones en caso de acceder
a la pretensión esgrimida en la demanda.
Nótese como el señor NELSON NAPOLEÓN GUTIÉRREZ CUELLAR desde 1967 hasta
1985, trabajó como servidor público por 17 años y 5 meses y aportó para pensión sobre
un ingreso base de cotización de $ 122.129.oo que equivalían a 9 salarios mínimos
legales mensuales vigentes. Nuevamente cotizó como independiente al Instituto de los
Seguros Sociales desde el 2007 sobre un salario base de $10.840.000, llegando para el
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2009 a $12.422.000, lo que equivale a más de 20 salarios mínimo legales mensuales
vigentes.
Causa curiosidad que el demandante haya dejado de cotizar por más de 20 años y
acercándose a la fecha de adquisición del status de pensionado nuevamente comenzó a
cotizar sobre un salario que supera exageradamente el salario base que devengaba
cuando era servidor público.
Reconocer la prestación en los términos pretendidos, rompería con el equilibrio
económico del sistema de pensiones y resquebrajaría los pilares de la solidaridad e
integralidad propios de la seguridad social.
De esa forma lo ha manifestado la Corte Suprema de Justicia en su Sala de casación
Laboral donde fungió como Magistrada Ponente Isaura Vargas Díaz dentro del proceso
referenciado con el No. 23699 de 29 de junio de 2005.
[…]
Así las cosas, es claro que las pretensiones del demandante van en contravía de los
principios de solidaridad y sostenibilidad financiera, toda vez que tienen la finalidad de
abusar del derecho y defraudar el sistema financiero Pensional, pues si bien la norma
dispone que el ingreso base de cotización se obtiene del último año cotizado, este
Tribunal no puede acceder a dicha pretensión por cuanto con dicha decisión se estarían
vulnerando flagrantemente los principios constitucionales que sostienen el sistema
pensional. En consecuencia, deberán negarse las pretensiones de la demanda.»
67. Contra la anterior decisión la apoderada del demandante presentó recurso de
apelación en el que señaló que el Tribunal incluyó en el pronunciamiento judicial
razonamientos ajenos a la controversia de reliquidación planteada en el proceso,
en torno a la solidaridad y sostenibilidad financiera del Sistema General de
Seguridad Social, en contravía de la realidad procesal, para atribuirle al
demandante abuso del derecho y fraude al sistema financiero pensional con lo
cual «asumió poderes que no correspondían, para cuestionar el monto de
cotización del afiliado». Por lo anterior, estimó que el Tribunal asumió una
competencia que no le había sido atribuida y en consecuencia solicitó la
revocatoria de la sentencia apelada y ordenar a la demandada, con base en la
Ley 71 de 1988, «[…] efectuar la reliquidación de la pensión de vejez del actor
con las cotizaciones efectuadas en el último año, en la forma invocada en las
pretensiones de la demanda, como así respetuosamente solicito se resuelva al
examinar este primer cargo contra la sentencia apelada».
68. Es de anotar que en los alegatos de conclusión de segunda instancia 42 la
apoderada del demandante se refirió a las razones por las cuales consideró que
no eran aplicables las sentencias de la Corte Constitucional C-258 de 2013 y SU-
230 de 2015, por cuanto estimó que: (i) cuando se produjo la sentencia apelada
estaba vigente la sentencia de unificación de jurisprudencia del 15 de febrero de
2016 de la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de Estado; (ii) la
sentencia apelada reconoció el derecho pensional a la reliquidación con el último
año de aportes, (iii) Colpensiones no apeló sino que solamente lo hizo el
42 Folios 267 y s.s. del documento PDF «CUADERNO PRINCIPAL.pdf», archivo
«71_RECIBEPRUEBAS_ONEDRIVE_5_1.ZIP». Digitalizado sistema SAMAI.
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pensionado; (iv) se afectaron dos garantías constitucionales: la non reformatio in
pejus y el principio de favorabilidad en el reconocimiento del derecho a la
reliquidación pensional con el último año de aportes.
69. Ahora bien, como ya quedó visto en la parte histórica de esta providencia, la
providencia recurrida, dictada por la Subsección A de la Sección Segunda de esta
Corporación, confirmó la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca que negó las pretensiones de la demanda.
70. Para tal efecto se refirió a la sentencia de unificación del Consejo de Estado
de 28 de agosto de 2018 dictada dentro del proceso 52001-23-33-000-2012-
00143-01 sobre el ingreso base de liquidación de las pensiones reconocidas bajo
el régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 de la que destacó
las reglas jurisprudenciales a las cuales se arribó frente al periodo que se debe
tener en cuenta para liquidar el IBL de las mismas y los factores salariales que
se deben incluir para tales efectos.
71. Con posterioridad se refirió a la pensión por aportes, precisando que el
régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 remite no solo a la
Ley 33 de 1985 (sector público), sino también a la Ley 71 de 1988, que permite
acumular tiempos en los sectores público y privado. Esta norma fue reglamentada
por los Decretos 1160 de 1989 y 2709 de 1994, cuyo artículo 6.º fijaba el salario
base para la liquidación. Aunque este artículo fue derogado por el Decreto 1474
de 1997, la derogatoria fue anulada por sentencia del 15 de mayo de 2014, con
lo que recuperó su vigencia.
72. Coligió que como el artículo 6.° del Decreto 2709 de 1994, había cobrado
vigencia nuevamente a partir de dicha declaratoria de nulidad, la Corporación 43
entendió en su momento que la regla que debía tenerse en cuenta sobre el IBL
de las personas beneficiarias de la transición del artículo 36 de la Ley 100 de
1993 con derecho a la pensión por aportes era la dispuesta en esa norma,
posición que era concordante con el criterio judicial sostenido a partir de la
sentencia del 4 de agosto de 2010, de acuerdo con el cual, el periodo y el ingreso
base de liquidación de las pensiones amparadas por el régimen de transición
consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, debía ser el 75% de lo
devengado por el trabajador en el último año de servicios. No obstante, explicó
que la Sala Plena de la Corporación modificó el criterio judicial que se venía
sosteniendo en la sentencia del 4 de agosto de 2010, postura que quedó
rezagada con el nuevo criterio de unificación fijado en sentencia del 28 de agosto
de 2018.
43 Citó la sentencia dictada en el proceso 11001032500020110062000 (2427-2011).
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73. Según sostuvo, la Subsección A44 de la Sección Segunda del Consejo de
Estado al resolver una controversia contenciosa con supuestos similares, sostuvo
que el IBL de las personas beneficiarias de la transición consagrada en el artículo
36 de la Ley 100 de 1993 a quienes se les aplique la Ley 71 de 1988 será el
determinado por las regla y subreglas dispuestas en la sentencia de unificación
de 28 de agosto de 2018. De acuerdo con ello, tales pensiones se liquidarán en
los términos de los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993 y el Decreto 1158 de
1994 y no del artículo 6.° del Decreto 2709 de 1994.
74. Luego de analizar el acervo probatorio concluyó que el actor contaba con 45
años de edad y tenía más de 15 años de servicios laborados en entidades
oficiales al entrar en vigencia la Ley 100 de 1993, por lo cual era beneficiario del
régimen de transición previsto en el artículo 36 de dicha ley y podía pensionarse
con arreglo a la Ley 71 de 1988, norma que estableció el régimen anterior
aplicable, es decir, el de pensión por aportes. El tiempo de servicios en el DAS
fue del 16 de febrero de 1981 al 20 de junio de 1985 (f. 16) y adquirió el estatus
pensional el 1.° de octubre de 2009 tras acreditar 1029 semanas cotizadas.
75. Entonces, concluyó que, dado que el actor cumplió los presupuestos para
gozar del régimen de transición de que trata el artículo 36 de la Ley 100 de 1993,
teniendo en cuenta que al momento de su entrada en vigencia, contaba con más
de 40 años de edad, y que adicionalmente acreditó haber realizado aportes a
entidades del sector público y cotizaciones al Instituto de los Seguros Sociales,
era procedente que su prestación pensional fuera reconocida en aplicación de la
Ley 71 de 1988, en cuanto a los requisitos de edad, tiempo de servicios y monto,
salvo lo dispuesto en relación con el ingreso base de liquidación previsto en el
inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, dado que resultaban
aplicables al caso las reglas jurisprudenciales de la sentencia de unificación de
28 de agosto de 2018 toda vez que la liquidación de la pensión por aportes debía
obedecer al promedio de los salarios o rentas sobre los cuales cotizó durante los
diez años anteriores al reconocimiento, primero, por encontrarse dentro del
régimen de transición y, segundo, por adquirir el estatus de pensionado el 1.° de
octubre de 2009, esto es, en vigencia de la Ley 100 de 1993.
76. Por ello la liquidación de la pensión por aportes debía obedecer al promedio
de los salarios o rentas sobre los cuales cotizó durante los diez años anteriores
al reconocimiento, actualizados anualmente con base en el IPC y con los factores
establecidos en el Decreto 1158 de 1994 sobre los que se hubieren realizado
cotizaciones. En consecuencia, confirmó la decisión apelada y se abstuvo de
44 Citó la sentencia de 2 de mayo de 2019 dictada en el proceso radicado 25000234200020150321601
(2240-17) con ponencia del consejero Rafael Francisco Suárez Vargas.
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condenar en costas al demandante.
77. Ahora bien, estima la Sala que en este caso no se acredita la causal de
revisión alegada por el señor Nelson Napoleón Gutiérrez Cuéllar por los
siguientes motivos:
78. En primer lugar, es de destacar que contrario a lo señalado por la recurrente,
es evidente que la decisión judicial de primera instancia, fue adversa a las
pretensiones de la demanda, negándose todas las pretensiones formuladas
por el demandante como son la nulidad de los actos administrativos y con ello,
las pretensiones de restablecimiento del derecho, entre las que se cuenta la
reliquidación de la pensión con base en lo devengado en el último año de
prestación de servicios a la luz de lo establecido el artículo 6.° del Decreto 2709
de 1994, reglamentario de la Ley 71 de 1988.
79. En ese sentido, no le asiste razón al recurrente al señalar que por parte del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca se reconoció que le asistía derecho a
la reliquidación de la pensión de jubilación, dado que al contrario, si bien en las
razones de la decisión se dejó plasmado que en otras oportunidades ese juez
colegiado había accedido al reconocimiento de la pensión por aportes con la
liquidación del monto pensional con el promedio de devengado en el último año
de servicios, es evidente que esa fue apenas una reflexión sobre un aspecto legal
de la controversia, careciendo de fuerza vinculante dado que su decisión final
consistió en no acceder a la reliquidación pensional con el promedio de lo
devengado en el último año de servicios.
80. Las consideraciones del Tribunal ahondaron sobre la falta de correlación de
las cotizaciones con el monto de la pensión reclamada dado que al analizar el
acervo probatorio se demostró que el señor Gutiérrez Cuéllar no efectuó
cotizaciones durante aproximadamente veinte años y al acercarse la fecha de
acreditación del estatus pensional efectuó cotizaciones que sobrepasarían más
de 20 salarios mínimos mensuales vigentes de la época.
81. Es importante señalar que el Tribunal adoptó esa decisión no solo al detectar
un cambio abrupto en el monto de las cotizaciones del último año de servicios,
como lo quiere hacer ver el recurso de revisión, sino también al advertir una
estrategia para elevar la cotización solo en el último año de servicios,
habiendo dejado de cotizar durante 20 años:
«Así las cosas, sería del caso ordenar a la entidad demandada reliquidar la pensión del
demandante con el promedio del salario base sobre el cual aportó para pensión durante
su último año de cotización. Empero, este Tribunal no puede pasar por alto un cambio
abrupto en el ingreso base de cotización, que si bien no fue cuestionado por la entidad,
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sin lugar a dudas genera la insostenibilidad del sistema de pensiones en caso de acceder
a la pretensión esgrimida en la demanda.
Nótese como el señor NELSON NAPOLEÓN GUTIÉRREZ CUELLAR desde 1967 hasta
1985, trabajó como servidor público por 17 años y 5 meses y aportó para pensión sobre
un ingreso base de cotización de $ 122.129.oo que equivalían a 9 salarios mínimos
legales mensuales vigentes. Nuevamente cotizó como independiente al Instituto de los
Seguros Sociales desde el 2007 sobre un salario base de $10.840.000, llegando para el
2009 a $12.422.000, lo que equivale a más de 20 salarios mínimo legales mensuales
vigentes.
Causa curiosidad que el demandante haya dejado de cotizar por más de 20 años y
acercándose a la fecha de adquisición del status de pensionado nuevamente comenzó a
cotizar sobre un salario que supera exageradamente el salario base que devengaba
cuando era servidor público.»
82. En efecto, al revisar los periodos que se analizaron por parte del ISS al
expedir la Resolución 00534 de 21 de febrero de 201245 se advierte lo siguiente:
«[…]
[…]».
83. Ahora bien, teniendo como base una sentencia adversa a todas las
pretensiones del libelo, la apoderada del señor Gutiérrez Cuéllar presentó
recurso de apelación donde cuestionó el argumento del Tribunal referente a la
afectación de la sostenibilidad del sistema pensional por el cambio abrupto que
detectó en las cotizaciones. En ese sentido solicitó revocar a sentencia de
primera instancia y en su lugar, ordenar a la demandada «[…] efectuar la
reliquidación de la pensión de vejez del actor con las cotizaciones efectuadas en
el último año, en la forma invocada en las pretensiones de la demanda, como así
respetuosamente solicito se resuelva al examinar este primer cargo contra la
sentencia apelada».
84. Como se aprecia de lo anterior, es evidente que el recurso de apelación
formulado comportaba pronunciarse sobre la forma en que debían interpretarse
45 Folios 26 y s.s. del documento PDF «CUADERNO PRINCIPAL.pdf», archivo
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las normas que gobiernan el régimen pensional aplicable al demandante a
efectos de determinar si la conclusión a la que arribó el Tribunal se ajustó a
derecho y así determinar si el argumento de afectación al equilibrio del sistema
pensional gozaba de la entidad suficiente como para sustentar la denegación de
las pretensiones de la demanda.
85. En este sentido, al resolver la apelación correspondía a la Subsección A
pronunciarse sobre la forma en que debía liquidarse la pensión por aportes, al
verificar en primer lugar que el señor Gutiérrez Cuéllar se encontraba amparado
por el régimen de transición de la Ley 100 de 1993, así como los requisitos de
edad y acreditación de aportes públicos y privados para a partir de allí, establecer
las pautas jurídicas vigentes aplicables a casos similares con las cuales debería
darse una solución a la controversia y de esa manera determinar si le asistió
razón al Tribunal al proferir la sentencia de 21 de julio de 2016 adversa al
accionante.
86. Al avanzar a este aspecto de la decisión la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado atendió a que para ese momento esa misma
Subsección A46 venía aplicando la tesis según la cual el IBL de las personas
beneficiarias de la transición consagrada en el citado artículo 36 y a quienes se
les aplique la Ley 71 de 1988 sería el establecido en la aludida sentencia de
unificación de 28 de agosto de 2018, para el cual se acatarían los términos de los
artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993 y el Decreto 1158 de 1994 y no del artículo
6.° del Decreto 2709 de 1994.
87. Es pertinente indicar además que, en la mencionada sentencia de unificación
de 28 de agosto de 2018, se precisó que para la interpretación de las normas que
contemplaron el IBL en el régimen de transición debía atenderse igualmente a
los principios de solidaridad, universalidad y sostenibilidad financiera para
garantizar la viabilidad futura del Sistema General de Pensiones:
«[…]
85. A juicio de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado una
lectura del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 permite concluir que en el régimen de
transición el IBL que debe tenerse en cuenta para liquidar el monto pensional es el previsto
en el inciso 3 de dicha norma.
86. […] el régimen de transición prorrogó la vigencia de todos los regímenes pensionales
anteriores a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, otorgando efectos ultractivos a
algunos elementos constitutivos de dichos regímenes para aquellas personas que se
encontraban afiliadas a los mismos y que estaban próximas a adquirir el derecho
pensional. Tales elementos son la edad, el tiempo de servicios y el monto de la pensión.
46 Citó la sentencia de 2 de mayo de 2019 dictada en el proceso radicado 250002342000201503216 01
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87. Para establecer el monto de la pensión, el legislador, en este caso de la Ley 100 de
1993, en desarrollo de su libertad de configuración, fijó un elemento, el IBL, que cumpliría
con la finalidad no solo de unificar la base de la pensión para todos aquellos que estaban
próximos a pensionarse, sino como manifestación de los principios de solidaridad,
universalidad y sostenibilidad financiera para garantizar la viabilidad futura del Sistema
General de Pensiones; máxime teniendo en cuenta que el periodo de transición abarcaría
varias décadas.
[…]
91. Para la Sala Plena de esta Corporación esa es la lectura que debe darse del artículo
36 de la Ley 100 de 1993. El artículo 36 contiene todos los elementos y condiciones para
que las personas beneficiarias del régimen transición puedan adquirir su pensión de vejez
con la edad, el tiempo de servicios o semanas de cotización y la tasa de reemplazo del
régimen anterior y con el IBL previsto en el mismo artículo 36, inciso 3, y en el artículo 21
de la Ley 100 de 1993. La regla establecida por el legislador en el inciso 3 del artículo 36
de la Ley 100 de 1993 excluyó la aplicación ultractiva del ingreso base de liquidación que
consagraba el régimen general de pensiones anterior a dicha ley. El reconocimiento de la
pensión en las condiciones previstas a cabalidad por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993
constituye un verdadero beneficio para este grupo poblacional, porque frente a los mismos
requisitos que están consagrados para el Sistema General de Pensiones, indudablemente,
le son más favorables.
[…]».
88. Así entonces se tiene que la decisión del Tribunal de primera instancia fue
adversa al libelista teniendo como punto de partida la afectación del principio de
la sostenibilidad del sistema pensional, y en segunda instancia la Subsección A
de la Sección Segunda del Consejo de Estado encontró que precisamente debían
aplicarse los parámetros dados en la sentencia de unificación de 28 de agosto de
2018.
89. Además, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo determinó que la
sentencia de unificación de 28 de agosto de 2018, constituía un precedente
vinculante y obligatorio en la resolución de casos fáctica y jurídicamente iguales,
y precisó que se aplicaría con efectos retrospectivos «[…] a todos los casos
pendientes de solución tanto en vía administrativa como en vía judicial a través
de acciones ordinarias; salvo los casos en los que ha operado la cosa juzgada
que, en virtud del principio de seguridad jurídica, resultan inmodificables».
90. Al respecto, la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado
estableció en la sentencia recurrida que adoptaría la pauta de unificación frente
a los casos de los beneficiarios del régimen de transición de la Ley 100 de 1993,
a quienes se aplique la Ley 71 de 1988. Esto con base en lo decidido por la misma
Subsección en sentencia de 9 de mayo de 2019 dictada dentro del proceso
250002342000201503216 01 (2240-17). Además, la apoderada en segunda
instancia discutió que no eran aplicables las pautas expresadas por la Corte
Constitucional dadas en las sentencias C-258 de 2013 y SU-230 de 2015,
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mismas que impusieron la necesidad de pronunciarse al respecto por parte de
esta Corporación. Así se señaló en la sentencia unificadora:
«38. La necesidad de definir estos temas surge a partir de algunas decisiones
que, en sede ordinaria y de tutela, han desconocido el precedente jurisprudencial
fijado por la Sección Segunda de esta Corporación, no solo en jurisprudencia
reiterada y constante de los últimos años, sino en la sentencia de unificación
proferida por la Sección Segunda, a propósito de los pronunciamientos de la
Corte Constitucional en sentencias C-258 de 2013 y SU-230 de 2015 sobre el
problema interpretativo en materia de aplicación integral de los regímenes
pensionales, a partir de las reglas de la transición sobre las condiciones del IBL
aplicables a todos los beneficiarios del régimen general de la Ley 33 de 1985. »
91. El escenario descrito impone concluir que, como la sentencia de primer grado
fue adversa a todas las pretensiones de la demanda y fue confirmada esa
decisión en la providencia objeto de recurso, por lo que es claro que no hubo
afectación alguna al principio de non reformatio in pejus en atención, a que
ninguna reclamación salió avante ante el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca.
92. Respecto al principio de congruencia, no se advierte vulneración alguna, pues
el ad quem analizó los requisitos para acceder al reconocimiento de la pensión
de jubilación conforme a la Ley 71 de 1988 y, además, con base en la
jurisprudencia aplicable, determinó la forma en que debía liquidarse la prestación,
aspecto central de la controversia.
93. En ese contexto, concluyó que, para establecer el IBL de las pensiones de
los beneficiarios del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100
de 1993, a quienes se les aplica como régimen anterior la pensión por aportes
contemplada en la Ley 71 de 1988, deben observarse las reglas y subreglas
fijadas en la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018 proferida por la
Sala Plena de la Corporación. Esto implica que el IBL debía calcularse conforme
a lo dispuesto en el inciso 3.º del artículo 36 o en el artículo 21 de la Ley 100 de
1993 y el Decreto 1158 de 1994, razón por la cual no era procedente acceder a
la reliquidación de la pensión con base en el último año de prestación de
servicios.
94. Es evidente entonces que, si en primera instancia se denegaron las
pretensiones de la demanda con base en la presunta afectación del principio de
sostenibilidad del sistema pensional, sobre este aspecto debía pronunciarse el
ad quem, de cara al recurso de apelación formulado, para lo que consideró que
eran aplicables las pautas de la sentencia de unificación de 28 de agosto de 2018
donde precisamente uno de los principios sobre los cuales se cimentó fue la
sostenibilidad financiera del sistema pensional.
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Radicación: 11001 03 15 000 2021 00216 00 REV
Recurrente: Nelson Napoleón Gutiérrez Cuéllar
95. Visto lo anterior, es evidente que no se incurrió en incongruencia de la
sentencia, como fuera alegado por el accionante, en la medida que la sentencia
se pronunció sobre los extremos planteados por las partes en el litigio, pues no
se omitió algún aspecto del recurso de apelación acorde con la demanda
pretensiones formuladas por el señor Gutiérrez Cuéllar y la sentencia de primera
instancia.
96. En este sentido, simplemente disentir de las posturas jurídicas adoptadas por
los funcionarios judiciales no configura la causal de revisión esgrimida tal como
lo ha señalado esta Corporación en otras oportunidades, al precisar que «No
resulta acertado plantear cuestionamientos a la sentencia, motivados en que se
realizó una apreciación errada de las pruebas, en que no se aplicó una
determinada regla de derecho, en que se aplicó en forma indebida o en que se
interpretó equivocadamente una norma jurídica, pues todas estas observaciones
escapan al ámbito de la aludida causal […]»47.
97. En conclusión, esta Sala Especial de Decisión no advierte que los
planteamientos esgrimidos por el actor puedan tener vocación de prosperidad,
toda vez que pese a que la sentencia fue adversa a los intereses del recurrente,
no desbordó el objeto de la controversia, ni incurrió en incongruencia o violación
del debido proceso.
3.6. Condena en costas.
98. El artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, en su versión original,34 establece
que «[s]alvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán
por las normas del Código de Procedimiento Civil».
99. A su turno, el artículo 365 del Código General del Proceso prevé que:
«Artículo 365. Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones posteriores
a aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes
reglas:
1. [s]e condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o
revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este
código.
[…]. ».
8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en
la medida de su comprobación.
47Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 26 de mayo de 2010, C.P
Mauricio Fajardo Gómez, número único de radicación 2001 – 1504
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100. En este contexto, atendiendo a que el recurso extraordinario no prosperó,
es procedente la imposición de esta condena, por cuanto COLPENSIONES
intervino en este trámite, quien se aprestó a defender sus intereses. Por lo que
sigue, se condenará en costas y agencias en derecho al recurrente.
101. Igualmente debe destacarse que el numeral 4.º del artículo 366 del CGP,
prevé que «para la fijación de agencias en derecho deberán aplicarse las tarifas
que establezca el Consejo Superior de la Judicatura. Si aquéllas establecen
solamente un mínimo, o éste y un máximo, el juez tendrá en cuenta, además la
naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte
que litigó personalmente, la cuantía del proceso y otras circunstancias
especiales, sin que pueda exceder el máximo de dichas tarifas».
100. En ese orden, el Acuerdo No. PSAA16-10554, del 5 de agosto de 2016
expedido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, que
reguló lo referente a las tarifas de agencias en derecho, estipuló:
«ARTÍCULO 1º. Objeto y alcance. El presente acuerdo regula las tarifas para efectos de
la fijación de agencias en derecho y se aplica a los procesos que se tramiten en las
especialidades civil, familia, laboral y penal de la jurisdicción ordinaria y a los de la
jurisdicción de lo contencioso administrativo.
9. RECURSOS EXTRAORDINARIOS. Entre 1 y 20 S.M.M.L.V».
101. En vista de lo anterior, se condenará al recurrente al pago de las agencias
en derecho de acuerdo con lo establecido en citado Acuerdo número PSAA16-
10554 del 5 agosto de 2016 del Consejo Superior de la Judicatura, que se fijan
en un (1) salario mínimo legal mensual vigente, a favor de la entidad accionada,
dado que la interposición del recurso originó su intervención dentro del proceso.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sala Novena Especial de Decisión, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO.- DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión
interpuesto contra la sentencia de 31 de octubre de 2019, proferida en segunda
instancia por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado,
dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado 25000-23-
42-000-2013-06340-01 (0404-2017), de acuerdo con las consideraciones
señaladas en la parte motiva.
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SEGUNDO.- CONDENAR Condenar en costas y agencias en derecho al
recurrente a favor de Colpensiones. En cuanto a estas últimas, ascenderán a un
(1) salario mínimo legal mensual vigente. Liquídense por Secretaría General de
esta Corporación.
TERCERO.- Por Secretaría General, en caso de haber sido remitido en versión
física, DEVOLVER el expediente Nº. 25000-23-42-000-2013-06340-01 (0404-
2017) a la Sección Segunda del Consejo de Estado.
CUARTO: En firme esta decisión, ARCHIVAR el expediente contentivo de este
recurso extraordinario y REALIZAR las anotaciones en el sistema de gestión
judicial SAMAI del Consejo de Estado.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Esta providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión del dieciocho
(18) de agosto de dos mil veintiséis (2026).
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Consejero de Estado
Con aclaración de voto
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
Consejero de Estado
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Consejero de Estado
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