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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2021-00235-01

Acción de tutela contra providencia judicial

Fecha
15 de julio de 2021
Consejero ponente
Hernando Sánchez Sánchez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2021-00235-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de tutela proferida el 24 de junio de 2021 por el Tribunal Administrativo de Nariño, por medio del cual declaró improcedente el amparo, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, dentro de los diez (10) siguientes a la ejecutoria de este fallo, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2021-00235-01

Consejero ponente: Hernando Sánchez Sánchez

15 de julio de 2021

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / AUSENCIA DE REQUISITOS DE PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL POR INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE SUBSIDIARIEDAD / PROCESO JUDICIAL EN TRÁMITE / MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO – Se encuentra pendiente la resolución del recurso de apelación contra el auto que decretó la suspensión provisional / PROCEDENCIA DEL INCIDENTE DE NULIDAD – Para controvertir las posibles irregularidades procesales que se presentaron al interior del proceso ordinario

Analizado el material probatorio obrante en el expediente, la Sala considera que el actor al interior del proceso adelantado en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 52-001-33-33-008 -2019-00140-00, puede hacer uso de los recursos y mecanismos tendientes a ejercer su derecho de defensa y contradicción, teniendo en cuenta que el actor presentó el respectivo recurso de apelación contra el auto de 1.° de marzo de 2021 proferido por el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Pasto, por lo que el respectivo proceso se encuentra en trámite. Lo anterior, en la medida que es al juez ordinario a quien le corresponde hacer la interpretación normativa pertinente, determinar cuáles son los preceptos que resultan aplicables en el caso particular y valorar en conjunto los medios de prueba obrantes en el expediente, sin que en la etapa procesal en la que se encuentra el proceso se tenga certeza de los efectos de la presunta irregularidad en la decisión que pone fin al proceso. En esa medida, como lo ha señalado esta Sección no se cumple el requisito de subsidiariedad, en la medida que el proceso se encuentra en trámite. (…) En ese orden de ideas, la Sala considera que los argumentos jurídicos que aquí expone el actor deben ser analizados al interior del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, por lo que en el presente caso no se logró acreditar el cumplimiento del requisito de subsidiariedad dentro del marco de la acción de tutela. Ahora bien, frente al posible defecto procedimental absoluto en que incurrió el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Pasto, por indebida notificación del auto núm. 967 de 31 de julio de 2019, la Sala considera que tampoco el actor acreditó el cumplimiento del requisito de subsidiariedad, toda vez que contaba con otro medio de defensa judicial a través del cual podía alegar la irregularidad procesal invocada en su escrito de tutela como causa de vulneración de sus derechos fundamentales, como lo era la posibilidad de interponer un incidente de nulidad procesal, de conformidad con lo establecido en el Código General del Proceso. (…) En ese orden de ideas, la Sala encuentra que en el caso concreto, existían otros mecanismos de control judicial para garantizar la protección de los derechos del actor, como lo es el incidente de nulidad, previo al cumplimiento de los requisitos legales, para controvertir las posibles irregularidades procesales que se presentaron al interior del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 52-001-33-33-008 -2019-00140-00, antes de acudir a la acción de tutela.

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA ACTO ADMINISTRATIVO / IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA ACTO ADMINISTRATIVO POR INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE SUBSIDIARIEDAD / PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO – Para controvertir la legalidad de los actos administrativos de carácter particular / AUSENCIA DE ACREDITACIÓN DEL PERJUICIO IRREMEDIABLE

[F]rente a la pretensión del actor de que se deje sin efectos la Resolución núm. RDP006700 de 15 de marzo de 2021, expedida por la UGPP, la Sala considera que no se cumple con el requisito de la subsidiariedad. En primer lugar, la Sala debe precisar que el ordenamiento jurídico colombiano establece otros mecanismos de defensa judicial idóneos para controvertir la legalidad de los actos administrativos de carácter particular y a través de ellos se puede proteger de forma oportuna e inmediata los derechos fundamentales que estima el actor le han sido vulnerados. En segundo lugar, para demandar el acto administrativo contenido en la Resolución núm. RDP006700 de 15 de marzo de 2021, el legislador estableció el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 del CPACA. (…) De acuerdo con esa normativa, la Sala considera que las pretensiones del actor, es decir, dejar sin efectos la Resolución núm. RDP006700 de 15 de marzo de 2021, debe analizarse por su juez natural ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, comoquiera que es el encargado de realizar el examen de legalidad del acto expedido por la UGPP. (…) Para la Sala al revisar el expediente no se evidencia la existencia de un perjuicio irremediable que haga procedente la acción de tutela como mecanismo transitorio. Del análisis del acervo probatorio no es posible establecer que el actor se encuentre en una situación de debilidad manifiesta que implique adoptar medidas urgentes, impostergables e inmediatas para la protección de sus derechos fundamentales.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá D.C., quince (15) de julio de dos mil veintiuno (2021)

Radicación número: 11001-03-15-000-2021-00235-01(AC)

Actor: JAIME ROBERTO MENA ROSERO

Demandado: JUZGADO OCTAVO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE PASTO Y OTRO

Referencia: Acción de tutela

Temas: Acción de tutela contra providencia judicial / falta del cumplimiento del requisito de subsidiariedad

Acción de tutela para controvertir actos administrativos de contenido particular/ eventos en que procede

Derechos Fundamentales Invocados: i) Debido proceso, ii) acceso a la administración de justicia, iii) igualdad y iv) mínimo vital

Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por el actor contra la sentencia de tutela de 24 de junio de 2021 proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño, por medio de la cual declaró improcedente el amparo.

La presente providencia tiene tres partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollarán a continuación.

I. ANTECEDENTES
La solicitud

1. El actor, quien actúa en nombre propio, presentó solicitud de tutela contra el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Pasto y la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Parafiscales de la Protección Social – UGPP, porque, a su juicio, el Juzgado al proferir la providencia de 1.º de marzo de 2021 dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 52-001-33-33-008 -2019-00140-00 y la UGPP al haber expedido la Resolución núm. RDP006700 de 15 de marzo de 2021, vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al acceso a la administración de justicia y mínimo vital.

Presupuestos fácticos

2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en síntesis, son los siguientes:

3. Indicó que laboró para la Rama Judicial por más de 30 años y que por medio de la Resolución núm. 14514 del 5 de agosto de 2003, la Caja Nacional de Previsión Social – CAJANAL le reconoció una pensión de jubilación.

4. Expresó que en atención a que se omitió aplicar el régimen especial establecido en el Decreto 546 de 27 de marzo de 1971, solicitó su reliquidación, la cual, obtuvo mediante sentencia de tutela proferida por el Juzgado Tercero de Familia del Circuito de Pasto el 3 de octubre de 2005, decisión que no fue impugnada, ni mucho menos seleccionada para revisión por parte de la Corte Constitucional.

5. Adujo que el 25 de julio de 2019, la UGPP presentó demanda en su contra, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, con el fin de que se declarara la nulidad de la Resolución núm. 35167 del 21 de octubre de 2005, a través de la cual, en cumplimiento de la referida orden de tutela, se reliquidó su pensión de jubilación.

6. Manifestó que el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Pasto, profirió auto de 31 de julio de 2019, admitiendo la respectiva demanda.

7. Agregó que “[…] De manera concomitante, en el acápite V del libelo inicial 3, el apoderado de la UGPP solicita decretar como medida cautelar, la suspensión provisional de la Resolución 35167 de 21-10-2005, acto administrativo que a su juicio es contrario a la ley, a cuyo efecto se remite a lo expuesto en los hechos, fundamentos de derecho y concepto de violación de la demanda […]”.
8. Afirmó que el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Pasto, profirió el auto núm. 967 de 31 de julio de 2019, resolviendo lo siguiente:

“[…] PRIMERO.- CORRER TRASLADO de la solicitud de medida cautelar a la parte demandada, por el término de cinco (5) días, para que se pronuncie sobre aquella en escrito separado al de la contestación de la demanda. El término correrá en forma independiente al de la contestación del libelo inicial.

SEGUNDO.- Notifíquese personalmente al señor Jaime Roberto Mena Rosero, conforme lo ordena el artículo 171 del C.P.A.C.A. Para los anteriores efectos, se procederá en la forma indicada en el art. 200 ibídem, esto de acuerdo con lo previsto en los artículos 291 a 293 del C.G.P […]”.

9. Indicó que el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Pasto, mediante auto núm. 167 de 10 de febrero de 2020, negó la medida cautelar de suspensión provisional de la Resolución núm. 35167 de 2005, por lo que la UGPP presentó el respectivo recurso de reposición contra dicha providencia judicial.

Auto núm. 165 proferido el 1.° de marzo de 2021 por el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Pasto dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 52-001-33-33-008 -2019-00140-00

10. El Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Pasto resolvió lo siguiente:

“[…] PRIMERO.- REPONER PARA REVOCAR el auto interlocutorio No. 167/2020 calendado el 10 de febrero de 2020, en virtud del cual se negó la medida cautelar de suspensión provisional de la Resolución No. 35167 de 2005, por las razones expuestas en la parte motiva de esta determinación.

SEGUNDO.- DECRETAR la medida cautelar de suspensión provisional de la Resolución No. 35167 de 2005, por medio de la cual se da cumplimiento a un fallo de tutela, advirtiendo a la entidad demandada, que la medida reposa únicamente sobre el monto objeto de reliquidación, debiendo quedar incólume la mesada pensional a que tiene derecho el señor Jaime Roberto Mena Rosero.

TERCERO.- Ordenar que por Secretaria se suministre al apoderado judicial de la entidad demandante, el link de acceso al expediente electrónico del proceso de la referencia, para su consulta y demás fines legales correspondientes.

CUARTO.- Notifíquese de la presente providencia por inserción en estados electrónicos, de conformidad con lo previsto en el Decreto Legislativo 806 de 2020 y el CPACA […]”.

11. Consideró que:

“[…] El señor Jaime Roberto Mena Rosero nació el 4 de julio de 1947, tal como consta en su documento de identificación visible a folio 99 del cuaderno principal.

De acuerdo a la certificación de tiempo de servicios No. 667 expedida (sic) 27 de junio de 2002 por la jefe de Recursos Humanos de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Pasto (N), el demandado laboró al servicio de la Rama Judicial desde el 01 de marzo de 1973 al 04 de septiembre de 1977. Luego del 01 de febrero de 1978 al 30 de julio de 2002 (fl.72v).
De acuerdo con la Resolución 35167 de 2005 (fl.120v), posteriormente acreditó tiempos adicionales de servicio del 01 de agosto de 2002 al 30 de junio de 2004.

De igual forma se evidencia que el demandado es beneficiario del régimen de transición estipulado por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, porque para el 1º de abril de 1994, fecha en la que cobró vigencia dicha ley en el ámbito nacional, contaba con la edad de 47 años de edad. Asimismo, había prestado más de 20 años de servicio a la rama judicial.

En ese entendido, el régimen aplicable para efectos del reconocimiento de su pensión, es el consagrado en el artículo 6º del Decreto 546 de 1971, que exige para acceder a la prestación 50 años de edad, que los cumplió el 4 de julio de 1997 y 20 años de servicios que completo en el año 1995, continuos o discontinuos anteriores o posteriores a la vigencia de dicho decreto, los cuales fueron a la Rama Jurisdiccional.

En estas condiciones se tiene acreditado que adquirió el estatus pensional a los 50 años de edad, el 4 de julio de 1997, esto es, 3 años 3 meses y 3 días con posterioridad a la entrada en vigencia de la ley 100 de 1993.

Ahora bien, se tiene que, en cumplimiento de un fallo de tutela, mediante Resolución No. 35167 de 2005, se procedió a reliquidar la pensión del señor Mena Rosero, con el 75% de la asignación más elevada devengada en el último año de servicio, con la inclusión de factores como prima de navidad, prima de servicios y vacaciones, los cuales se verifica se encuentran incluidos en la nómina del pensionado, según certificación de salarios y descuentos (fls.89 a 90).

En ese orden, de un examen preliminar de las pruebas documentales que reposan en el expediente, advierte esta Agencia Judicial una clara contradicción entre los actos administrativos demandados – específicamente la Resolución No. 35167 de 2005 y la sentencia de unificación del Consejo de Estado como quiera que, según las reglas de unificación la pensión del demandado se debe reconocer con un ingreso básico de liquidación o IBL que corresponda al promedio de lo devengado en el tiempo que le hiciere falta para ello, o (ii) El cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior actualizado anualmente con base en IPC certificado por el DANE.

En cuanto a los factores de liquidación, serán los contemplados por el artículo 1.° del Decreto 1158 de 1994 al igual que por los artículos 14 de la Ley 4ª. de 1992 con la modificación de la Ley 332 de 1996; 1° del Decreto 610 de 1998; 1° del Decreto 1102 de 2012; 1° del Decreto 2460 de 2006; 1° del Decreto 3900 de 2008; y 1° del Decreto 383 de 2013, según se trate de magistrados o empleados de la Rama Judicial, para lo cual será necesario acreditar que respecto de ellos se hubieren realizado las cotizaciones respectivas. Situación que en el evento que ocupa y de un examen inicial, no se encuentra demostrado.

En este punto, encuentra el Despacho que el acto enjuiciado no se acompasa con los lineamientos expuestos en la citada providencia de unificación, pues como se miró líneas atrás al demandado le fue reconocida la reliquidación de su mesada pensional en virtud de un fallo de tutela que ordenó la inclusión del IBL con el 75% de la asignación más elevada devengada en el último año de servicio, en la cual se tuvieron en cuenta factores salariales como las primas de navidad y de vacaciones, entre otros, en aplicación de lo dispuesto en el Decreto 546 de 1971, circunstancia que podría ocasionar una afectación a los recursos públicos del sistema general de pensiones, por lo que resulta necesario revocar la decisión inicialmente adoptada y decretar la medida cautelar solicitada […]”.

La solicitud de tutela

Pretensiones

12. El actor solicitó en su escrito de tutela:

“[…] Solicito respetuosamente a la Corporación de Tutela, se sirva realizar los siguientes pronunciamientos:

1. Tutelar en nuestro favor los derechos fundamentales invocados y aquellos cuya vulneración resulte probada.

2. Declarar la nulidad de la providencia de 01-03-2021 proferida por el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Pasto, Nariño, dentro del expediente 52-001-33-33-008 - 2019-00140-00 que bajo el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho ha instaurado la UGPP en mi contra.

3. Declarar la nulidad de la Resolución RDP006700 expedida el 15-03-2021 por la UGPP, “POR LA CUAL SE DA CUMPLIMIENTO A UNA PROVIDENCIA JUDICIAL PROFERIDA POR EL JUZGADO OCTAVO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE PASTO…”.

4. Ordenar a la UGPP que proceda, inmediatamente, a reintegrar las sumas deducidas de mi pensión de jubilación en virtud de dicho resolutorio.

5. Los demás que su Señoría tenga a bien impartir.

6. Se advierta a las accionadas sobre las sanciones que pueden imponerse en caso de desacato […]”.

13. Indicó que el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Pasto incurrió en un defecto procedimental absoluto por indebida notificación del auto de 31 de julio de 2019, y por desatender la “[…] su obligación de correr traslado de la solicitud de medida cautelar, cercenando mi derecho de defensa y contradicción por cuanto me impide solicitar y aportar pruebas […]”.

14. Expresó que el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Pasto incurrió en un defecto fáctico. En ese orden de ideas, señaló que:

“[…] Tomando en cuenta que al interponer el recurso de reposición en contra de la providencia de 10-02-2020, el apoderado de la UGPP no aportó nuevas pruebas, y por cuanto las mismas adosadas inicialmente, resultaron, a juicio de la agencia judicial demandada, insuficientes para decretar la medida cautelar, se presenta defecto fáctico en la motivación de la providencia de 01-03-2021, por cuanto que al cambiar diametralmente el sentido de decisión el funcionario despliega un análisis equivocado, insuficiente e inadecuado del mismo haz probatorio. Utilizar las mismas pruebas para decidir en dos sentidos totalmente opuestos resulta arbitrario y, por lo tanto, injusto […]”.
15. Consideró que el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Pasto incurrió en un defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial. En ese orden de ideas, indicó que:

“[…] El auto de 01-03-2021 incurre en los siguientes defectos sustantivos por desconocimiento del precedente:

1) Asume una lectura insuficiente y desafortunada, consecuentemente, desconoce el precedente vertido en la Sentencia de Unificación CE-SUJ-S2-021-20133, la cual invoca en sus fundamentos, en tanto, señala que dicho pronunciamiento “no tiene efectos respecto de aquellos asuntos en los que ya existe sentencia ejecutoriada”, pero a renglón seguido, recurriendo a un lineamiento hermenéutico diferente, indica que los jueces administrativos se encuentran facultados para remover los actos administrativos proferidos en virtud de decisiones adoptadas por los jueces de tutela. Nada más alejado de la realidad y del momento hermenéutico actual, porque precisamente, la referida sentencia de unificación explica que su alcance no puede afectar aquellos asuntos que hayan sido finiquitados mediante providencia ejecutoriada, sin distinción ni especificidad alguna.

El criterio aplicado por el juzgado no se encuentra expresamente señalado por la Sección Segunda en el citado proveído. Menos puede el despacho demandado, acudir a un argumento decantado en un pronunciamiento ajeno y anterior al fallo de unificación, cual es el plasmado en la Sentencia de 25 de octubre de 201134. Ello por cuanto el advenimiento de la referida sentencia de unificación se erige en circunstancia crucial para que el funcionario aquo cambie su postura interpretativa inicial, pues recuérdese que, mediante auto de 10 de febrero de 2020, había negado la medida cautelar, razón por la que no se encuentra justificado dicho viraje decisional […]”.

[…]

“[…] La providencia censurada de fecha 01-03-2021 contradice los lineamientos acrisolados por la Corte Constitucional en la Sentencia de Unificación SU-427 de 2016, en la que advierte i) que la disminución de la mesada pensional reconocida no tendrá efectos de manera inmediata, sino que los mismos entrarán a regir luego de trascurridos SEIS MESES contados a partir de la notificación de la resolución que sea expedida por la entidad demandante en cumplimiento de la respectiva providencia.

7) La advertencia de diferir los efectos de suspensión del acto administrativo a un término de SEIS (06) MESES contados a partir de la ejecutoria de la respectiva resolución proferida por la UGPP, misma que debe estar precedida de sentencia judicial que la autorice ha sido reiterada en las sentencias T-591 de 2016, SU631 de 2017, T-039 de 2016, reseñadas con detalle en precedencia, pronunciamientos desconocidos por la agencia judicial accionada al proferir el auto de 01-03-2021.

8) Además, por las mismas razones, la providencia de 01-03-2021 abandona la directriz impartida por el Consejo de Estado en la Sentencia de 26 de junio de 2018. C.P: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ Expediente 11001-03-25-000-2013-00515-00(1019-13) […]”.

16. Por último, la Sala al revisar los argumentos jurídicos expuestos por el actor en su escrito de tutela, evidencia que está controvirtiendo la Resolución núm. RDP006700 de 15 de marzo de 2021, expedida por la UGPP.

Actuación

17. El Tribunal Administrativo de Nariño, mediante auto de 11 de junio de 2021; i) admitió la acción de tutela; ii) ordenó notificar al Juez Octavo Administrativo del Circuito de Pasto y a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de Protección Social - UGPP; y iii) “[…] ACEPTAR la coadyuvancia a la parte accionante, de la señora Lydia Esperanza Ortega Rosero […]”.

Intervenciones de la parte demandada y de la coadyuvante

18. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de Protección Social – UGPP señaló que:

“[…] Expuesto lo anterior, es pertinente manifestar su señoría, la Unidad no ha vulnerado derecho alguno a la parte accionante, en primera medida es deber de la UGPP velar por el Erario y la Sostenibilidad Financiera del Sistema General de Pensiones, la UGPP es conocedora del deber de protección de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política, las decisiones emitidas en los distintos actos administrativos se encuentran ajustadas a derecho y conforme a la normatividad vigente aplicable al caso, la suspensión provisional de la prestación reconocida al accionante, se realizó en cumplimiento a la medida provisional decretada por el JUZGADO OCTAVO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE PASTO, el 01 de Marzo de 2021.

El accionante pretende vía tutela se ordene a la UGPP, realizar el pago de las mesadas de la pensión de vejez deducidas, al respecto su señoría es pertinente indicar, se encuentra en curso un proceso de Nulidad y restablecimiento del derecho dentro del cual se dictó una medida provisional y de la cual la UGPP procedió a dar cumplimiento, una vez se culmine el proceso la Entidad procederá de conformidad a lo que se ordene en el mismo.

La Acción de Tutela, no es el recurso judicial para reclamar el reconocimiento y pago de prestaciones de carácter Laboral, no puede aducir el accionante vulneración de derechos fundamentales y que se le está causando un perjuicio irremediable en aras de obtener a su favor una decisión por vía tutela, cuando es claro, que esta no es la vía para reclamar prestaciones económicas; así mismo, el señor JAIME ROBERTO MENA ROSERO tiene reconocimiento pensional por parte de esta entidad y se encuentra activo en el servicio de salud en la NUEVA EPS junto a su grupo familiar, lo anterior se corrobora en el desprendible de pago que adjunta al escrito tutelar, descartándose así que se encuentre en una debilidad manifiesta, tanto el accionante como a su Cónyuge […]”.

19. El Juez Octavo Administrativo del Circuito de Pasto y la señora Lydia Esperanza Ortega Rosero guardaron silencio en esta oportunidad procesal.

La sentencia impugnada

20. El Tribunal Administrativo de Pasto mediante sentencia de 24 de junio de 2021, resolvió lo siguiente:

“[…] PRIMERO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA del amparo solicitado por el señor Jaime Roberto Mena Rosero, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia […]”.

21. Consideró que:

“[…] Bajo este contexto, lo primero que la Sala advierte es que los argumentos que se aducen en el escrito de tutela, a excepción de los cargos efectuados en cuanto al defecto procedimental por la omisión de la notificación por aviso del auto que ordena correr traslado de la medida cautelar, del defecto fáctico por el análisis inadecuado de las pruebas y del defecto sustantivo por desconocimiento del precedente frente a la supuesta vulneración al derecho a la igualdad, corresponden a aquellos que fueron utilizados en el recurso de apelación que elevó el señor Jaime Roberto Mena Rosero contra la providencia del 1º de marzo de 2021, recurso que se encuentra en trámite conforme a lo informado por el Juzgado accionado y a la documentación allegada en el informe.

De lo anterior, se puede colegir que el reclamo solicitado por la parte accionante, con excepción de los puntos indicados, no procede por esta vía constitucional pues no existe una decisión definitiva respecto a la viabilidad de decretar medidas cautelares en el caso en estudio, debido a que no se ha proferido un pronunciamiento respecto al recurso de apelación interpuesto contra la providencia del 1º de marzo de 2021 y, por tanto, dicha providencia carece de ejecutoria.

Por consiguiente, la Sala no abordará el estudio de la controversia sugerida por la parte accionante en la tutela, puesto que, la discusión que planteó en dicho recurso es la misma que expuso en esta instancia constitucional – con excepción de los puntos indicados-, siendo improcedente emitir un pronunciamiento de fondo frente a lo solicitado en la presente acción de tutela, toda vez que, mediante esta vía constitucional no se pueden adoptar decisiones paralelas a las de la autoridad judicial que conoce de un determinado asunto radicado bajo su competencia.

Ahora bien, como se indicó en líneas atrás, adicionalmente a los argumentos expuestos en el recurso de apelación, la Sala encuentra que en el escrito de tutela se alega que los accionados incurrieron en defecto procedimental por omitir realizar la notificación por aviso al ahora accionante del auto que ordenó correr traslado de la medida cautelar solicitada, cercenando su derecho de defensa y contradicción, por cuanto se le impidió solicitar y aportar pruebas.

Se aduce también que al cambiar diametralmente el sentido de decisión el funcionario desplegó un análisis equivocado, insuficiente e inadecuado del mismo haz probatorio, con lo cual, en criterio del accionante, se configura un defecto fáctico.

Se reprocha además que en consideración a que desde el mes de julio de 2020 hasta la fecha de radicación del escrito de tutela, el juzgado accionado no ha decretado ninguna otra medida cautelar de suspensión de efectos de resoluciones que reconocen o liquidan pensiones de jubilación bajo idénticos o similares supuestos fácticos y jurídicos, se evidencia un defecto sustantivo por desconocimiento de precedente ante la vulneración del derecho a la igualdad ante la ley del accionante.

Al respecto, la Sala advierte que los anteriores cargos alegados en la demanda presentada en ejercicio de la acción de tutela no fueron puestos en conocimiento del juez natural de la causa a través del recurso de apelación y, por tanto, tampoco superan el requisito de subsidiariedad, toda vez que, la parte demandante se reitera contaba con otro mecanismo de defensa judicial idóneo – el recurso- para que el juez del conocimiento revisara la presunta causal de nulidad por no haberse efectuado la notificación por aviso, la supuesta indebida valoración probatoria alegada y el desconocimiento del derecho a la igualdad del ahora accionante, pero este no se utilizó en debida forma y, en consecuencia, la Sala se abstendrá del estudio de estos aspectos y procederá a declarar también improcedente la solitud de amparo en lo que respecta a los argumentos adicionalmente alegados […]”.

[…]

“[…] Además, frente al defecto que específicamente se refiere a la notificación, bien pudo la parte demandante, proponer la nulidad respectiva, trámite que tampoco adelantó […]”.

La impugnación

22. El actor impugnó la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Pasto, para lo cual, indicó lo siguiente:

“[…] La Corporación de primera instancia declara la improcedencia de la acción bajo el argumento de que se encuentra pendiente la resolución del recurso de alzada formulado por el suscrito en contra de la providencia de 01-03-2021. No obstante, pierde de vista que por efectos de la suspensión de los efectos de la resolución 35167, cada día, desde la fecha indicada, mi grupo familiar viene percibiendo graves perjuicios ante la ostensible reducción de ingresos que se traduce en vulneración cierta y permanente de nuestro derecho fundamental al mínimo vital, y consecuentemente, de nuestros derechos, también de rango fundamental, a una existencia congrua, a la dignidad humana, a la atención en salud, a la protección de las personas en situación de debilidad manifiesta, entre otros. Esta realidad suplica por la decidida intervención del juez de tutela como medida necesaria y adecuada de protección.

Al analizar el requisito de subsidiariedad de la presente acción, el fallo de primer grado se limita a señalar que he ejercitado mi derecho de defensa y contradicción a través de la interposición del mentado recurso de reposición, pero ni por vislumbres se ocupa de analizar la idoneidad y efectividad de dicho mecanismo judicial ordinario en el caso concreto, al punto que, a la Corporación de tutela de primera instancia muy poco le importa que han transcurrido casi cuatro meses desde que incoé el recurso, interregno durante el cual, el funcionario accionado ni siquiera se había ocupado de ordenar el trámite respectivo. Así las cosas, hay que decirlo con la claridad y contundencia que la situación amerita, de no ser por el requerimiento formulado en sede de tutela, el juez demandado no habría emitido pronunciamiento alguno al respecto.

Pero es que ni siquiera el hecho de que, por fin, el funcionario accionado haya dispuesto la concesión del recurso garantiza los derechos fundamentales invocados en la petición de auxilio excepcional, porque pese a haber sido ordenado en el numeral sexto del auto que dispone su admisión a trámite, hasta la fecha no se conoce el despacho que en suerte debe resolver el aludido recurso apelación, por cuanto que: (i) no obra documento alguno en el expediente digital de tutela; (ii) el fallo de tutela de primera instancia omite referencia a tal prueba; (iii) no aparece asignado en el sistema digital de consulta – página web de rama judicial (Justicia Siglo XXI; (iv) no he recibido notificación ni comunicación al respecto. Si ello es así, menos se puede esperar una respuesta judicial efectiva y coherente con mi situación personal y familiar a través de los conductos judiciales ordinarios.

Además, no puede perderse de vista la ingente y permanente congestión de la jurisdicción contencioso administrativa, certidumbre aparejada a la consuetudinaria inobservancia de términos judiciales, hecho notorio que no requiere prueba de conformidad con el artículo 167 del CGP, lo cual torna inane el medio de defensa judicial ordinario al tiempo que erige la tutela en el mecanismo apto de salvaguarda de los derechos fundamentales, cuya vulneración se agrava y se perpetúa.

El juez accionado intenta justificar la tardanza en dictar el auto de sustanciación en diversas situaciones administrativas, cuyo acaecimiento no tiene por qué afectar los derechos fundamentales de los usuarios de la administración de justicia […]”.

[…]

“[…] Respecto de la nulidad planteada por falta de notificación del auto de 31-07-2019 que ordena correr traslado de la solicitud de medida cautelar, el fallo impugnado contiene un razonamiento contradictorio pues, por una parte, para sustentar incumplimiento del requisito de subsidiariedad, aduce que la providencia de 01-03- 2021 aún no ha alcanzado ejecutoria, pero, por otro lado, señala que he perdido la oportunidad de alegar dicha nulidad, por haber actuado sin alegarla. Una conclusión llena de contradicciones insuperables. Precisamente, la interposición del recurso de apelación en contra del auto que decreta la medida cautelar es una forma de evitar que la misma alcance ejecutoria, y mientras ello no suceda, en uso del derecho de defensa me encuentro facultado para atacar dicha providencia a través de los medios estatuidos en el código procesal correspondiente, entre estos, mediante la solicitud de nulidad […]”.

23. La UGPP mediante escrito del 6 de julio de 2021, solicitó que se confirmara la sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño, el 24 de junio de 2021.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia de la Sala

24. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad con los artículos 1.º y 37 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de 6 de abril de 2021 y en armonía con el Acuerdo 377 de 11 de diciembre de 2018 y con el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019, que asigna a esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.

Generalidades de la acción de tutela

25. La acción de tutela ha sido instituida como un instrumento preferente y sumario, destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades públicas, o por los particulares, en los casos expresamente señalados. Procede, a falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.

Problema jurídico

26. Corresponde a la Sala establecer: i) si, en efecto, es procedente la acción de tutela, acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra sentencias judiciales, concretamente si se cumplió con el requisito de la subsidiariedad, y ii) si además, es procedente la acción de tutela contra la decisión contenida en la Resolución núm. RDP006700 de 15 de marzo de 2021 expedida por la UGPP.

27. Para resolver el presente problema jurídico esta Sala analizará los siguientes temas: i) procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, ii) requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela cuando se dirige contra providencias judiciales; iii) la procedencia excepcional de la acción de tutela contra actos administrativos de carácter particular; iv) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al acceso a la administración de justicia; v) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental a la igualdad; vi) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al debido proceso; vii) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al mínimo vital, procediendo posteriormente a viii) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y cuando, se satisfagan los requisitos generales, y finalmente las ix) conclusiones de la Sala.

Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

28.Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania Álvarez Bello, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala Plena, en sentencia de 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profiera - que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro determine la ley y la propia doctrina judicial.

Requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra decisiones judiciales

29. Esta Sección adoptó como parámetros a seguir los señalados en la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el tema.

30. Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición jurisprudencial, estableció como requisitos generales de procedibilidad de esta acción constitucional, cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia constitucional del asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) la existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de la vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se trate de tutela contra tutela.

31. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una providencia judicial: en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso objeto de análisis se configura uno de los defectos especiales, permitiéndole de esta manera “dejar sin efecto o modular la decisión” que encaje en dichos parámetros.

32. Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.

33. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014.

Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela en el caso concreto

34. La Sala estudiará la procedencia de la acción de tutela bajo la premisa del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, dispuestos por la sentencia C-590 de 2005, proferida por la Corte Constitucional, en especial, el cumplimiento del requisito de subsidiariedad.

Requisito de subsidiariedad de la solicitud de tutela

35. La jurisprudencia constitucional, en armonía con lo dispuesto en los artículos 86 superior y 6.º del Decreto núm. 2591 de 19 de noviembre de 1991, indica que la solicitud de tutela es un medio de defensa de carácter subsidiario para obtener la protección inmediata y efectiva de los derechos fundamentales, lo que impone su procedencia siempre y cuando en el ordenamiento jurídico no exista otra acción idónea y eficaz para el amparo judicial de estos derechos.

36. Asimismo, esta Sección respecto de este requisito de subsidiariedad ha señalado:

“[….] la Corte Constitucional, en la sentencia T-113 de 2013, advirtió que al analizar el requisito de subsidiariedad es necesario considerar si el proceso ha culminado o está en curso, pues en el último evento “la intervención del juez constitucional está en principio vedada, pues como se sabe la acción de tutela no es un mecanismo alternativo o paralelo, pero puede resultar necesaria para evitar un perjuicio irremediable que comprometa la vulneración de derechos fundamentales”.

La misma Corte Constitucional, de manera reiterada, ha señalado que la acción de tutela contra una providencia judicial es improcedente por no cumplir con el requisito de subsidiariedad cuando: “(i) el asunto está en trámite; (ii) no se han agotado los medios de defensa judicial ordinarios y extraordinarios; y (iii) se usa para revivir etapas procesales en donde se dejaron de emplear los recursos previstos en el ordenamiento jurídico””.

Lo anterior atiende a que, en primer lugar, es el juez ordinario quien debe corregir las irregularidades que llegaren a presentarse en el curso del proceso, de manera oficiosa o a solicitud de parte, a efecto de dictar una sentencia que materialice el derecho a la tutela judicial efectiva y sea el resultado de una actuación conforme a las garantías procesales […]”.

37. De lo anterior se colige la competencia subsidiaria y residual del juez de tutela para la protección de los derechos constitucionales, salvo que no exista otro medio de defensa judicial de comprobada eficacia para lograr que cese inmediatamente la vulneración. Al respecto la Corte Constitucional ha considerado:

“[…] La regla general es que el mecanismo constitucional de protección no puede superponerse a los mecanismos ordinarios establecidos en el ordenamiento jurídico de forma que los suplante o que se actúe como una instancia adicional para debatir lo que ya se ha discutido en sede ordinaria. En particular, la Sala insiste en que esta regla general conduce a que en los procedimientos administrativos, la tutela no procede contra actos expedidos por una autoridad administrativa, pues para ello se han previsto otros instrumentos judiciales, sin embargo, sólo de manera excepcional esta acción procede transitoriamente cuando se compruebe la existencia de un perjuicio irremediable […]”.

38. Así las cosas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad, la tutela resulta improcedente cuando es utilizada como mecanismo que desplaza los medios ordinarios de defensa previstos por la ley. Sin embargo, tal regla general encuentra la excepción si el juez constitucional logra determinar que los mecanismos y recursos ordinarios de defensa no son suficientemente idóneos y eficaces para garantizar la protección de los derechos presuntamente vulnerados o amenazados; y se requiere el amparo constitucional como mecanismo transitorio para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable.

39. Para que el perjuicio tenga categoría de irremediable ha de ser actual y las medidas que se requieran para conjurarlo han de ser urgentes; no basta cualquier perjuicio, se requiere que sea grave, lo que equivale a una gran intensidad del daño o menoscabo material o moral en el haber jurídico de la persona; la urgencia y la gravedad determinan que la acción de tutela sea impostergable, debido a que tiene que ser adecuada para restablecer el orden social justo en toda su integridad.

Procedencia de la acción de tutela contra actos administrativos de carácter particular

40. Sobre el particular, resulta importante poner de presente que, de conformidad con lo establecido por el artículo 6.° del Decreto 2591 de 1991, relativo a la subsidiaridad de la acción de tutela, esta no procede, por regla general, para controvertir actos administrativos de carácter particular y concreto, toda vez que el legislador previó como mecanismo de defensa judicial para desvirtuar su legalidad, el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho; y, excepcionalmente, el medio de control de nulidad.

41. En ese sentido, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha sido reiterativa en expresar que:

“[…] En principio, la acción de tutela es improcedente como mecanismo principal para proteger derechos fundamentales que resulten amenazados o vulnerados con ocasión de la expedición de actos administrativos de contenido particular y concreto, ya que para controvertir estos actos el juez natural es la jurisdicción contenciosa administrativa, instancia en la cual los afectados pueden hacer uso de dos mecanismos de defensa.

De un lado, en ejercicio del artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, se puede interponer la acción de nulidad y restablecimiento del derecho y, según el artículo 152, numeral 2° del mismo código, en caso de que sea manifiesta la infracción de una de las disposiciones invocadas, también se puede solicitar la suspensión provisional del acto administrativo demandado.

De otro lado, el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo dispone que toda persona podrá solicitar que se declare la nulidad de los actos administrativos cuando quebranten las normas en que deberían fundarse, hayan sido expedidos por funcionarios u organismos incompetentes, o en forma irregular, o con desconocimiento del derecho de audiencias y defensa, o mediante falsa motivación, o con desviación de las atribuciones propias del funcionario o corporación que los profirió. […]

Sobre la base de lo expuesto, la persona que estime vulnerados sus derechos por un acto administrativo puede solicitar alternativamente la nulidad y restablecimiento del derecho o, en la medida en que esta acción no se ejerza dentro del término legalmente establecido para ello, pedir la nulidad simple del acto, caso en el cual la pretensión debe ser exclusivamente el control de legalidad en abstracto de dicho acto. […]”.

42. Sin embargo, también la jurisprudencia ha reconocido que, en algunas circunstancias especiales, procede la acción de tutela contra actos administrativos, siempre que, i) se esté ante la presencia de la vulneración de derechos fundamentales y, ii) exista peligro de la ocurrencia de un perjuicio irremediable; con lo que el amparo procedería como mecanismo transitorio. En ese sentido, en sentencia T-514 de 2003, la Corte Constitucional determinó:

“[…] la Corte concluye (i) que por regla general, la acción de tutela es improcedente como mecanismo principal para la protección de derechos fundamentales que resulten amenazados o vulnerados con ocasión de la expedición de actos administrativos, como quiera que existen otros mecanismos tanto administrativos como judiciales para su defensa; (ii) que procede la acción de tutela como mecanismo transitorio contra las actuaciones administrativas cuando se pretenda evitar la configuración de un perjuicio irremediable; y (iii) que solamente en estos casos el juez de tutela podrá suspender la aplicación del acto administrativo (artículo 7 del Decreto 2591 de 1991) u ordenar que el mismo no se aplique (artículo 8 del Decreto 2591 de 1991) mientras se surte el proceso respectivo ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. […]”.

43. Además, la Corte Constitucional ha admitido que, cuando se presenta una vía de hecho administrativa y se demuestra un perjuicio irremediable, la acción de tutela puede incluso proceder, excepcionalmente como mecanismo definitivo. Sobre este punto, en Sentencia T-912 de 2006, señaló:

“No obstante, esta Corporación también ha admitido que en ciertos casos, cuando existe una vía de hecho en un acto administrativo y se observa la existencia de un perjuicio irremediable, la acción de tutela procederá no sólo como mecanismo transitorio, sino que excepcionalmente podrá concederse de forma definitiva. En efecto, en la sentencia T-418 de 2003, se señaló sobre este punto lo siguiente:

(…), si se trata de una decisión proferida en proceso administrativo, fiscal o disciplinario, en la que se alega la existencia de una vía de hecho en la decisión correspondiente, el examen del juez de tutela es distinto, pues, en estos casos, el afectado siempre puede acudir ante la jurisdicción contenciosa administrativa. En estos eventos, cuando existe indudablemente la vía de hecho, según las circunstancias del caso concreto, y frente a un perjuicio irremediable, debidamente sustentado, el juez de tutela puede conceder la acción de tutela, como mecanismo transitorio, o, excepcionalmente, en forma definitiva.’

Así también lo señaló en la sentencia T-811 de 2003, en donde la Corte resaltó lo siguiente:

‘No obstante lo afirmado, ha de manifestarse que la acción de tutela resulta excepcionalmente procedente contra actuaciones administrativas en todos aquellos casos en los que la actuación de la autoridad respectiva carezca de fundamento objetivo y sus decisiones sean el producto de una actitud arbitraria y caprichosa que traiga como consecuencia la vulneración de derechos fundamentales de la persona, incurriendo de esa manera en lo que se ha denominado como ‘vía de hecho.” (Negrillas fuera de texto original).

44. En suma, en principio la acción de tutela resulta improcedente para controvertir la legalidad de actos administrativos, a menos de que esté en juego la vulneración de derechos fundamentales y se busque evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, caso en el cual, procedería el amparo de manera transitoria. Sin embargo, cuando se está frente a una vía de hecho administrativa y un perjuicio irremediable, el juez de tutela podría conceder la protección definitiva mediante la acción constitucional.

Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental de acceso a la administración de justicia

45.Visto el artículo 229 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que establece que:

“[…] ARTICULO 229. Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia. La ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin la representación de abogado. […]”.

46.Atendiendo a que, la Corte Constitucional ha entendido el derecho de acceso a la administración de justicia, “[…] como la posibilidad reconocida a todas las personas de poder acudir, en condiciones de igualdad, ante las instancias que ejerzan funciones de naturaleza jurisdiccional que tengan la potestad de incidir de una y otra manera, en la determinación de los derechos que el ordenamiento jurídico les reconoce, para propugnar por la integridad del orden jurídico y por la debida protección o restablecimiento de sus derechos e intereses legítimos, con estricta sujeción a los procedimientos previamente establecidos y con plena observancia de las garantías sustanciales y procedimentales previstas en la Constitución y la ley […]”.

Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental a la igualdad

47.Visto el artículo 13 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que establece que:

“[…] ARTICULO 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.

El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados.

El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. […]”.

48.Atendiendo a que la Corte Constitucional ha entendido que el derecho a la igualdad “[…] comporta un conjunto de mandatos independientes y no siempre armónicos, entre los que se destacan (i) la igualdad formal o igualdad ante la ley, relacionada con el carácter general y abstracto de las disposiciones normativas dictadas por el Congreso de la República y su aplicación uniforme a todas las personas; (ii) la prohibición de discriminación, que excluye la legitimidad constitucional de cualquier acto (no solo las leyes) que involucre una distinción basada en motivos definidos como prohibidos por la Constitución Política, el derecho internacional de los derechos humanos, o bien, la prohibición de distinciones irrazonables; y (iii) el principio de igualdad material, que ordena la adopción de medidas afirmativas para asegurar la vigencia del principio de igualdad ante circunstancias fácticas desiguales. […]”.

Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al mínimo vital

49. Visto el artículo 94 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que establece que:

“[…] La enunciación de los derechos y garantías contenidos en la Constitución y en los convenios internacionales vigentes, no debe entenderse como negación de otros que, siendo inherentes a la persona humana, no figuren expresamente en ellos […]”.

50. En ese orden de ideas, la Corte Constitucional frente al derecho innominado al mínimo vital, ha dicho:

“[…] El derecho al mínimo vital ha sido definido por esta Corte como "la porción de los ingresos del trabajador o pensionado que están destinados a la financiación de sus necesidades básicas, como son la alimentación, la vivienda, el vestido, el acceso a los servicios públicos domiciliarios, la recreación, la atención en salud, prerrogativas cuya titularidad es indispensable para hacer efectivo el derecho a la dignidad humana, valor fundante del ordenamiento jurídico constitucional".

99.  En ese sentido, el mínimo vital constituye un presupuesto básico para el efectivo goce y ejercicio de la totalidad de los derechos fundamentales, en tanto salvaguarda de las condiciones básicas de subsistencia del individuo. El reconocimiento del derecho al mínimo vital encuentra su fundamento en el concepto de dignidad humana, pues es claro que la carencia de las condiciones materiales mínimas necesarias para garantizar la subsistencia del individuo, comporta la negación de la dignidad que le es inherente.  Igualmente, este derecho se proyecta en otros derechos fundamentales como la vida (Art. 11 C.P.), la salud (Art. 49 C.P.), el trabajo (Art. 25 C.P.) y la seguridad social (Art. 48 C.P.). De esta forma, la protección al mínimo vital se configura una de las garantías de mayor relevancia en el Estado Social de Derecho […]”.

Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al debido proceso

51. Visto el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que establece que:

“[…] ARTICULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio.

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. […]”.

52. Atendiendo a que, la Corte Constitucional ha definido el derecho al debido proceso, como “[…] el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico, a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se logre la aplicación correcta de la justicia. […]”, y ha recordado que “[…] En virtud del citado derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en forma omnímoda, sino dentro del marco jurídico definido democráticamente, respetando las formas propias de cada juicio y asegurando la efectividad de aquellos mandatos que garantizan a las personas el ejercicio pleno de sus derechos[…]” de manera que ha resaltado que el derecho al debido proceso tiene como propósito “[…] la defensa y preservación del valor material de la justicia, a través del logro de los fines esenciales del Estado, como la preservación de la convivencia social y la protección de todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes y demás derechos y libertades públicas (preámbulo y artículos 1° y 2° de la C.P) […]”.

Análisis del caso concreto

53. El actor, quien actúa en nombre propio, presentó solicitud de tutela contra el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Pasto y la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Parafiscales de la Protección Social – UGPP, porque, a su juicio, el Juzgado al proferir la providencia de 1.º de marzo de 2021 dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 52-001-33-33-008 -2019-00140-00 y la UGPP al haber expedido la Resolución núm. RDP006700 de 15 de marzo de 2021, vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al acceso a la administración de justicia y mínimo vital.

54. Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el caso concreto.

55. La Sala procederá a apreciar y valorar las pruebas aportadas por las partes, de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del artículo 176 del Código General del Proceso, aplicando para ello las reglas de la lógica y la certeza que sobre determinados hechos se requiere para efectos de decidir lo que en derecho corresponda, en relación con los problemas jurídicos planteados por el actor en su respectivo escrito de tutela e impugnación.

Acervo y análisis probatorios

56. Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentran los siguientes documentos:

56.1. Copia del auto de 31 de julio de 2019, proferido por el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Pasto.

56.2. Copia del auto de 1.° de marzo de 2021, proferido por el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Pasto.

56.3. Copia del recurso de apelación interpuesto por el actor contra el auto de 1.° de marzo de 2021 proferido por el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Pasto.

56.4. La Sala al consultar el Sistema de Información Judicial Colombiano de procesos "Justicia Siglo XXI", encontró la siguiente actuación procesal dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 52-001-33-33-008 -2019-00140-00:

Fecha
Actuación
Anotación
15/06/2021
Auto concede recurso de apelación
Actuación registrada el 15/06/2021 a las 07:15:28.

Solución del caso concreto

Análisis del cumplimiento del requisito de subsidiariedad

57. Analizado el material probatorio obrante en el expediente, la Sala considera que el actor al interior del proceso adelantado en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 52-001-33-33-008 -2019-00140-00, puede hacer uso de los recursos y mecanismos tendientes a ejercer su derecho de defensa y contradicción, teniendo en cuenta que el actor presentó el respectivo recurso de apelación contra el auto de 1.° de marzo de 2021 proferido por el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Pasto, por lo que el respectivo proceso se encuentra en trámite.

58. Lo anterior, en la medida que es al juez ordinario a quien le corresponde hacer la interpretación normativa pertinente, determinar cuáles son los preceptos que resultan aplicables en el caso particular y valorar en conjunto los medios de prueba obrantes en el expediente, sin que en la etapa procesal en la que se encuentra el proceso se tenga certeza de los efectos de la presunta irregularidad en la decisión que pone fin al proceso.

59. En esa medida, como lo ha señalado esta Sección no se cumple el requisito de subsidiariedad, en la medida que el proceso se encuentra en trámite:

“[…] Es necesario reiterar que, por regla general, cuando el proceso se encuentra en curso la acción de tutela no es procedente para cuestionar cualquier decisión adversa las partes, aún luego de agotados los recursos que contra ellas proceden dentro del proceso, si el desarrollo del medio de control no ha finalizado y, por tanto, no se puede tener certeza de la trascendencia de esa presunta irregularidad procesal en la decisión que pone fin al proceso.

Lo anterior atiende, además, a la imposibilidad de acudir a la acción de tutela como una tercera instancia ante decisiones que no convienen a las partes en el trámite de los procesos, cuyos efectos en la decisión definitiva son inciertos, y que, además, no generan ningún perjuicio ius fundamental irremediable.

En este sentido, solo en el evento en que las presuntas irregularidades en el curso del proceso impidan el acceso a la administración de justicia y el derecho a la tutela judicial efectiva de la parte accionante, y ésta carezca de medios judiciales de defensa al interior del proceso, resultaría procedente asumir su estudio en sede de tutela, situación que no se presenta en el caso sub judice por cuanto, el medio de control aún está en trámite. […]”.

60. En ese orden de ideas, la Sala considera que los argumentos jurídicos que aquí expone el actor deben ser analizados al interior del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, por lo que en el presente caso no se logró acreditar el cumplimiento del requisito de subsidiariedad dentro del marco de la acción de tutela.

61. Ahora bien, frente al posible defecto procedimental absoluto en que incurrió el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Pasto, por indebida notificación del auto núm. 967 de 31 de julio de 2019, la Sala considera que tampoco el actor acreditó el cumplimiento del requisito de subsidiariedad, toda vez que contaba con otro medio de defensa judicial a través del cual podía alegar la irregularidad procesal invocada en su escrito de tutela como causa de vulneración de sus derechos fundamentales, como lo era la posibilidad de interponer un incidente de nulidad procesal, de conformidad con lo establecido en el Código General del Proceso.

62. Visto el numeral 8 del artículo 133 del Código General del Proceso, que dispone lo siguiente:

“[…] El proceso es nulo, en todo o en parte, solamente en los siguientes casos: […]”.

[…]

“[…] 8.Cuando no se practica en legal forma la notificación del auto admisorio de la demanda a personas determinadas, o el emplazamiento de las demás personas aunque sean indeterminadas, que deban ser citadas como partes, o de aquellas que deban suceder en el proceso a cualquiera de las partes, cuando la ley así lo ordena, o no se cita en debida forma al Ministerio Público o a cualquier otra persona o entidad que de acuerdo con la ley debió ser citado.

Cuando en el curso del proceso se advierta que se ha dejado de notificar una providencia distinta del auto admisorio de la demanda o del mandamiento de pago, el defecto se corregirá practicando la notificación omitida, pero será nula la actuación posterior que dependa de dicha providencia, salvo que se haya saneado en la forma establecida en este código […]”.

63. En ese orden de ideas, la Sala encuentra que en el caso concreto, existían otros mecanismos de control judicial para garantizar la protección de los derechos del actor, como lo es el incidente de nulidad, previo al cumplimiento de los requisitos legales, para controvertir las posibles irregularidades procesales que se presentaron al interior del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 52-001-33-33-008 -2019-00140-00, antes de acudir a la acción de tutela.

64. Por último, frente a la pretensión del actor de que se deje sin efectos la Resolución núm. RDP006700 de 15 de marzo de 2021, expedida por la UGPP, la Sala considera que no se cumple con el requisito de la subsidiariedad.

65. En primer lugar, la Sala debe precisar que el ordenamiento jurídico colombiano establece otros mecanismos de defensa judicial idóneos para controvertir la legalidad de los actos administrativos de carácter particular y a través de ellos se puede proteger de forma oportuna e inmediata los derechos fundamentales que estima el actor le han sido vulnerados.

66. En segundo lugar, para demandar el acto administrativo contenido en la Resolución núm. RDP006700 de 15 de marzo de 2021, el legislador estableció el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 del CPACA, que prevé:

“[…] Toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La nulidad procederá por las mismas causales establecidas en el inciso segundo del artículo anterior.

Igualmente, podrá pretenderse la nulidad del acto administrativo general y pedirse el restablecimiento del derecho directamente violado por este al particular demandante o la reparación del daño causado a dicho particular por el mismo, siempre y cuando la demanda se presente en tiempo, esto es dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su publicación. Si existe un acto intermedio, de ejecución o de cumplimiento del acto general, el término anterior se contará a partir de la notificación de aquel […]”.

67. En el inciso segundo del artículo 137 ibidem, se establecieron las causales de nulidad de los actos administrativos, las cuales refieren que procede cuando estos hayan sido expedidos “con infracción de las normas en que deberían fundarse, sin competencia, o en forma irregular, o con desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, mediante falsa motivación, o con desviación de las atribuciones propias de quien los profirió”.

68. De acuerdo con esa normativa, la Sala considera que las pretensiones del actor, es decir, dejar sin efectos la Resolución núm. RDP006700 de 15 de marzo de 2021, debe analizarse por su juez natural ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, comoquiera que es el encargado de realizar el examen de legalidad del acto expedido por la UGPP.

69. Además, esta Sala precisó en oportunidades anteriores que con la expedición del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, ya no es aceptable el argumento según el cual los medios de control ordinarios no son eficaces ni oportunos para la protección de los derechos presuntamente conculcados en casos como el estudiado.

70. Igualmente, consideró que la mencionada normativa además de darle celeridad a los procesos al establecer la oralidad en los mismos, contiene diferentes herramientas jurídicas que permiten solicitar, entre otras cosas, las medidas cautelares incluso de urgencia, como la suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos o del procedimiento hasta tanto se defina la declaración o no de su nulidad; ordenar la adopción de una decisión administrativa; impartir órdenes o imponerle obligaciones de hacer o no hacer a cualquiera de las partes, las cuales demuestran la efectividad del procedimiento ordinario cuando se advierte una situación apremiante que necesite ser remediada incluso, antes de que se profiera una decisión definitiva.

Estudio del perjuicio irremediable

71. Ahora bien, debe preguntarse la Sala si en el presente caso se configura la existencia de un perjuicio irremediable que haga procedente la acción de tutela como mecanismo transitorio.

72. Frente a la configuración del perjuicio irremediable dentro del marco de la acción de tutela ha dicho la Corte Constitucional:

“[…] A propósito del perjuicio irremediable, esta Corporación ha precisado que éste debe reunir las siguientes características: “debe ser inminente o próximo a suceder. Este exige un considerable grado de certeza y suficientes elementos fácticos que así lo demuestren, tomando en cuenta, además, la causa del daño. (…) el perjuicio ha de ser grave, es decir, que suponga un detrimento sobre un bien altamente significativo para la persona (moral o material), pero que sea susceptible de determinación jurídica. (…) deben requerirse medidas urgentes para superar el daño, entendidas éstas desde una doble perspectiva: como una respuesta adecuada frente a la inminencia del perjuicio, y como respuesta que armonice con las particularidades del caso. Por último, las medidas de protección deben ser impostergables, esto es, que respondan a criterios de oportunidad y eficiencia a fin de evitar la consumación de un daño antijurídico irreparable[…]”.

73. Para la Sala al revisar el expediente no se evidencia la existencia de un perjuicio irremediable que haga procedente la acción de tutela como mecanismo transitorio. Del análisis del acervo probatorio no es posible establecer que el actor se encuentre en una situación de debilidad manifiesta que implique adoptar medidas urgentes, impostergables e inmediatas para la protección de sus derechos fundamentales.

Conclusiones de la Sala

74. La Sala confirmará la sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño, el 24 de junio de 2021, por medio del cual declaró improcedente el amparo, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

III. RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de tutela proferida el 24 de junio de 2021 por el Tribunal Administrativo de Nariño, por medio del cual declaró improcedente el amparo, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, dentro de los diez (10) siguientes a la ejecutoria de este fallo, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Presidente
Consejero de Estado

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejera de Estado

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Consejero de Estado

“Por el cual se establece el régimen de seguridad y protección social de los funcionarios y empleados de la Rama Jurisdiccional, del Ministerio Público y de sus familiares”.
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política''
“Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
“[…] Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado […]”. Reglamento Interno del Consejo de Estado. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P. Dra. María Elizabeth García González, Expediente identificado con número de radicación: 2009-01328. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C, P. María Elizabeth García González, número único de radicación 2009-01328
Corte Constitucional, Sentencia de 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño. Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, M.P.Mauricio González Cuervo. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 4 de agosto de 2014, C.P Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación: 11001031500020120220101.
"Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política"
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 15 de diciembre de 2017, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación 11001031500020170300600
M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. La subregla mencionada ha sido aplicada en las sentencias SU-1299 de 2001, T-886 de 2001, T-212 de 2006, T-113 de 2013, T-103 de 2014, entre otras. Al respecto, la sentencia C-590 de 2005 afirmó que es “un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última”. Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño. La subregla jurisprudencial expuesta previamente fue aplicada en la sentencia SU-858 de 2001, SU-1299 de 2001, entre otras. Corte Constitucional, Sentencia T-103 de 2014, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. Corte Constitucional, Sentencia T-001 de 2017
Sentencia T-030 26 de enero de 2015
Corte Constitucional. Sentencia T-956 de 15 de diciembre de 2011, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. Corte Constitucional, Sentencia T-514 de 19 de junio de 2003, M.P. Eduardo Montealegre Lynett. Corte Constitucional, Sentencia T-912 de 3 de noviembre de 2006, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. Corte Constitucional, Sentencia T 799 de 21 de octubre de 2011, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto
Corte Constitucional, Sentencia C178 de 26 de marzo de 2014, M.P. María Victoria Calle Correa. Corte Constitucional, sentencia T-678 de 16 de noviembre de 2017, M.P. Carlos Bernal Pulido. Corte Constitucional, Sentencia C 980 de 1º. de diciembre de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 15 de diciembre de 2017, C.P. doctor Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación 11001031500020170300600. Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 1.° de marzo de 2018, C.P. María Elizabeth García González, acción de tutela con núm. único de radicación: 52001-23-33-000-2017-00626-01, Actor: Pio León Caicedo Bustos, demandado: Procuraduría General de la Nación. Artículo 243 del CPACA, que textualmente señala:

Desde la presentación de la solicitud y sin previa notificación a la otra parte, el juez o magistrado ponente podrá adoptar una medida cautelar, cuando cumplidos los requisitos para su adopción, se evidencie que por su urgencia, no es posible agotar el trámite previsto en el artículo anterior. Esta decisión será susceptible de los recursos a que haya lugar. La media así adoptada deberá comunicarse y cumplirse inmediatamente, previa la constitución señalada en el auto que así lo decrete
Corte Constitucional, Sentencia SU-439 de 13 de julio de 2017, M.P. Alberto Rojas Ríos. Corte Constitucional, Sentencia T-1316 de 7 de diciembre de 2001, M.P. Rodrigo Uprimny Yepes.

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