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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2021-00349-01

Fecha
18 de agosto de 2022
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2021-00349-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 6 de diciembre de 2021, proferida por la Subsección “B” de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que declaró la improcedencia de la solicitud de amparo por falta de relevancia constitucional. SEGUNDO: NEGAR la tutela presentada por la señora Ana Delia Cortés de Rubiano contra la Subsección “B” de la Sección Segunda del Consejo de Estado. TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991. 11 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Demandante: Ana Delia Cortés de Rubiano Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B” Radicado: 11001-03-15-000-2021-00349-01 CUARTO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2021-00349-01

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

18 de agosto de 2022

Demandante: Ana Delia Cortés de Rubiano
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B”
Radicado: 11001-03-15-000-2021-00349-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá, D. C., dieciocho (18) de agosto de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2021-00349-01
Demandante: ANA DELIA CORTÉS DE RUBIANO
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN
“B”

Temas: Tutela contra providencia judicial. Defecto sustantivo.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Resuelve la Sala la impugnación presentada por la parte actora contra el fallo de 6
de diciembre de 2021, por medio del cual, la Subsección “B” de la Sección Tercera
del Consejo de Estado declaró improcedente la solicitud de amparo, por falta de
relevancia constitucional.

1. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

La señora Ana Delia Cortés de Rubiano, por conducto de apoderado judicial,
interpuso1 acción de tutela para que le fueran amparados sus derechos
fundamentales al debido proceso, de petición y a la seguridad social.

Las referidas garantías constitucionales las consideró vulneradas con ocasión de
la sentencia de 12 de junio de 2020, de la Subsección “B” de la Sección Segunda
del Consejo de Estado, por medio de la cual se confirmó la decisión del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “C” de 7 de junio
de 2017, que accedió a las pretensiones de la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho, referidas al reconocimiento y pago de una pensión
gracia que promovió contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, proceso
identificado con el radicado 25000-23-42-000-2015-05142-00/01.

1.2. Pretensiones

Las peticiones de la demanda de tutela son las siguientes:

“1. Que se tutelen los derechos fundamentales de petición, debido proceso y a la
seguridad social de la accionante, vulnerados por la Sección Segunda Subsección B
del Consejo de Estado con la expedición de la Sentencia con radicado interno 4512-
2017 de 12 de junio de 2020.

1 La demanda se presentó el 26 de enero 2021.

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Demandante: Ana Delia Cortés de Rubiano
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B”
Radicado: 11001-03-15-000-2021-00349-01

2. Declarar que la prescripción se interrumpió con la reclamación administrativa de 30
de marzo de 2012.

3. Declarar que el término trienal para demandar quedó suspendido entre el 30 de
marzo de 2012 con la reclamación que dio origen a la vía gubernativa y, hasta el 19
de octubre de 2012, fecha en que notificaron personalmente la Resolución RDP
010322 de 1 de octubre de 2012 que dio fin al agotamiento de vía gubernativa y
cumplimiento del requisito de procedibilidad.

4. Declarar que el término trienal para demandar el reconocimiento y pago de la
PENSIÓN GRACIA empieza a contabilizarse sólo a partir del 19 de octubre de 2012
cuando se cumplió con el agotamiento del requisito de procedibilidad.

5. Condenar a la demandada a pagar a la accionante las mesadas pensionales a
partir del 30 de marzo de 2009.”.

1.3. Hechos

De la solicitud de tutela y de las pruebas allegadas al proceso, se advierten los
siguientes supuestos fácticos que, a juicio de la Sala, son relevantes para la
decisión que se adoptará en esta sentencia:

1.3.1. La señora Ana Delia Cortés de Rubiano nació el 21 de diciembre de 1955 y
prestó sus servicios en la Secretaría de Educación de Bogotá como docente interina
en la Escuela La Valvanera, jornada nocturna, del 13 de mayo de 1980 al 12 de
junio de 1980, del 18 de marzo de 1983 al 30 de abril de 1983, del 2 de agosto de
1983 al 4 de octubre de 1983 y del 7 de octubre de 1983 al 30 de noviembre de
1983.

1.3.2. Asimismo, se desempeñó como docente temporal de tiempo completo del 11
de octubre de 1984 al 7 de diciembre de 1984, del 6 de septiembre de 1985 al 17
de enero de 1986, del 3 de febrero de 1986 al 30 de noviembre de 1986, del 19 de
febrero de 1987 al 30 de noviembre de 1987, del 18 de enero de 1988 al 30 de
noviembre de 1988, del 16 de enero de 1989 al 3 de diciembre de 1989, del 22 de
enero de 1990 al 3 de diciembre de 1990, del 21 de enero de 1991 al 2 de diciembre
de 1991 y del 20 de febrero de 1992 al 30 de noviembre de 1992 y, finalmente, como
docente nombrada en propiedad mediante la Resolución N.° 254 del 15 de febrero
de 1993.

1.3.3. El 2 de marzo de 2006, la accionante le solicitó a la extinta Caja Nacional de
Previsión Social -Cajanal EICE- el reconocimiento y pago de la pensión gracia, de
conformidad con las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928 y 37 de 1933, petición resuelta
de manera negativa mediante la Resolución N.° 19388 de 13 de mayo de 2008, por
cuanto no se habían aportado las certificaciones necesarias para el estudio del
caso. Decisión confirmada por la Resolución N.° 22157 de 31 de marzo de 2009.

1.3.4. El 30 de marzo de 2012, la señora Ana Delia le realizó la anterior petición a
la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social -UGPP-, la cual fue despachada de manera
desfavorable a través de la Resolución N.° RDP 004461 del 26 de junio de 2012, en
la que se indicó que no se había cumplido con el requisito del tiempo de servicios.
El referido acto fue confirmado por las Resoluciones Nos. RDP 010030 y RDP
010322, de 26 de septiembre y 1° de octubre de 2012, respectivamente.

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1.3.5. El 16 de octubre de 2015, la señora Cortés de Rubiano presentó demanda en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, con el fin
de que se declarara la nulidad de los actos administrativos que le negaron el
reconocimiento y pago de la pensión gracia, expedidos por la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
-UGPP-.

1.3.6. El conocimiento del asunto en primera instancia correspondió a la Subsección
“C” de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, autoridad
judicial que en sentencia del 7 de junio de 2017, accedió a las pretensiones del
contencioso, en el sentido de ordenar el reconocimiento de la prestación a partir del
30 de enero de 2006, pero con efectos fiscales desde el 16 de octubre de 2012, por
prescripción trienal. Lo anterior, al considerar que si bien la petición se elevó el 30
de marzo de 2012, con lo cual se interrumpió la prescripción por 3 años, la demanda
se presentó después de fenecido dicho lapso, esto es, el 16 de octubre de 2015,
luego el fenómeno había afectado a las mesadas anteriores al 16 de octubre de
2012.

1.3.7. Frente a la anterior decisión ambas partes interpusieron recurso de apelación,
la demandante, sustentado en que el término prescriptivo de 3 años se debía contar
desde el 19 de octubre de 2012, fecha en la cual se agotó “ la vía gubernativa”; la
demandada, por su lado, alegó que la actora no había acreditado los 20 años de
servicio en la docencia oficial del orden municipal, distrital o departamental.

1.3.8. La Subsección “B” de la Sección Segunda del Consejo de Estado en
providencia de 12 de junio de 20202, al desatar los recursos de alzada, confirmó la
decisión de primer grado, con argumentos similares a los expuestos por el a quo.

1.3.9. El anterior fallo fue notificado el 8 de septiembre de 2020.

1.4. Fundamentos de la solicitud

La parte tutelante manifestó que la autoridad judicial accionada vulneró sus
derechos fundamentales, por cuanto, en su sentir, se incurrió en una decisión sin
motivación.

Advirtió entonces, que la sentencia atacada se limitó simplemente a citar el artículo
413 del Decreto 3135 de 1968, sobre prescripción, sin hacer una interpretación
sistemática con lo dispuesto en el artículo 161 de la Ley 1437 de 2011, referido al
agotamiento de la actuación administrativa como requisito de procedibilidad para
poder acudir a la jurisdicción en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, pues a partir de la culminación de esta, se tienen los
3 años que otorga la primera de las normas para demandar.

2 Decisión que fue notificada el 8 de septiembre de 2020.

3 Artículo 41. “Las acciones que emanen de los derechos consagrados en este Decreto prescribirán

en tres años, contados desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible.
El simple reclamo escrito del empleado o trabajador ante la autoridad competente, sobre un derecho
o prestación debidamente determinado, interrumpe la prescripción, pero sólo por un lapso igual”.
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Aseveró que, en ese orden, en la referida providencia no se motivó ni fáctica ni
jurídicamente la decisión de prescripción, pues, en esta se declaró la nulidad de la
Resolución No. RDP 010322 de 1º de octubre de 2012, notificada el 12 del mismo
mes y año, con la cual se agotó el requisito de procedibilidad del agotamiento de la
actuación administrativa, pero se contabilizó el término de la prescripción desde el
30 de marzo de 2012, esto es, 6 meses y medio antes de que se notificara el referido
acto administrativo.

1.5. Trámite de la acción

Mediante auto de 15 de febrero de 2021, se inadmitió la tutela y posteriormente en
proveído de 5 de marzo de 2021, el consejero ponente de la primera instancia la
admitió y ordenó notificar a los magistrados del Subsección “B” de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, en calidad de accionados, y les otorgó el término
de dos (2) días para que rindieran el informe de que trata el artículo 19 del Decreto
2591 de 1991.

Como tercero con interés, vinculó a la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, en su condición de
entidad demandada dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho.

El 18 de noviembre de 2021, se remitió la acción de amparo al despacho del
magistrado Fredy Ibarra Martínez, en atención a que el proyecto de fallo presentado
por el consejero Martín Bermúdez Muñoz, no logró la mayoría para su aprobación.

1.6. Intervención

Efectuadas las notificaciones correspondientes a través de mensajes enviados por
correo electrónico, solo se presentó el siguiente informe:

1.6.1. Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social4

Mediante escrito enviado al buzón web de la Secretaría General del Consejo de
Estado, el subdirector de Defensa Judicial Pensional de la referida entidad solicitó
que se declarara improcedente la tutela o se denegaran las pretensiones de la
misma, en atención a que no se habían configurado los defectos alegados por la
tutelante.

1.7. Fallo impugnado

Mediante sentencia de 6 de diciembre de 2021, la Subsección “B” de la Sección
Tercera del Consejo de Estado declaró improcedente la solicitud de amparo por falta
de relevancia constitucional.

En concreto, el juez de tutela de primera instancia consideró que, los argumentos
de la acción de tutela eran una reproducción de los expuestos en el recurso de

4 Correo de 16 de marzo de 2021.

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apelación, los cuales fueron analizados por el juez ordinario de segundo grado,
luego lo pretendido era reabrir un debate jurídico procesal ya zanjado, por lo que le
estaba vedado al juez constitucional pronunciarse sobre materias que desbordan su
competencia.

1.8. Impugnación5

Mediante escrito enviado por correo electrónico el 18 de enero de 2022, la parte
actora planteó su inconformidad con el fallo de primera instancia, para lo cual, indicó
que en el escrito primigenio se sustentó la relevancia constitucional a partir de la
contradicción en la sentencia cuestionada, entre los fundamentos y lo decidido
respecto de la prescripción de las mesadas pensionales, con lo cual se desconoció
la jurisprudencia constitucional como es la sentencia C-792 de 2006 y
principalmente el artículo 29 de la Carta Política, con lo cual la referida providencia
“carece de todo sentido material y filosófico de justicia”.

Precisó igualmente que en la tutela se advirtió que la autoridad judicial demandada,
sin motivación y en clara vulneración de sus derechos fundamentales, incluyó,
dentro del término de los 3 años de interrupción de la prescripción, el tiempo en que
se demoró la administración para resolver los recursos de la vía administrativa, con
lo cual se le redujo aquel a 2 años y medio.

En ese orden, arguyó que la solicitud de amparo está encaminada a que se expida
una nueva providencia en la que para el cómputo de la prescripción no se tenga en
cuenta el tiempo trascurrido entre el 30 de marzo y el 19 de octubre de 2012, que
correspondió al que tomó la administración para adelantar su actuación, luego, se
considere que la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho se presentó
dentro de los 3 años ya referidos.

Finalmente, señaló que la tutela tiene relevancia constitucional, comoquiera que al
garantizarse el respeto al término trienal, se constituye en una protección a los
derechos fundamentales deprecados, pues, la simple aplicación del artículo 41 del
Decreto 3135 de 1968, sin una interpretación sistemática con el artículo 161 de la
Ley 1437 de 2011, implica un lapso de tiempo inferior pata interponer el medio de
control, lo cual deviene en una vulneración a las garantías constitucionales.

1.9. Trámite en segunda instancia

Previo a resolver la impugnación, el magistrado ponente de esta decisión, por auto
de 8 de agosto de 2022, advirtió la existencia de una nulidad saneable por la
ausencia de vinculación como tercero con interés del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “C”, al ser la autoridad judicial que
conoció en primera instancia el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho,
en el que se dictó la sentencia cuestionada en la presente solicitud de amparo.

Realizada la respectiva notificación, la referida corporación se pronunció por
conducto de la magistrada ponente de la decisión de primer grado, en el sentido de

5 La sentencia fue notificada el 11 de enero de 2022, como consta en el aplicativo SAMAI del Consejo

de Estado.
5
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señalar que al no ser parte de la tutela no podía ser sujeto de traslado de presuntos
vicios del procedimiento. No obstante, advirtió que sus decisiones estaban a
disposición del juez constitucional, pero sin que sea vinculada en la parte pasiva de
la presente acción por inexistencia de vulneración alguna de los derechos
fundamentales de la demandante.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada por la parte
actora contra la sentencia de 6 de diciembre de 2021, proferida por la Subsección
“B” de la Sección Tercera del Consejo de Estado, de conformidad con el Decreto
2591 de 1991, el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 y
el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si debe confirmarse, modificarse o revocarse la
decisión de primera instancia de 6 de diciembre de 2021, a través de la cual, la
Subsección “B” de la Sección Tercera del Consejo de Estado declaró improcedente
la solicitud de amparo por falta de relevancia constitucional.

Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: (i) el criterio de
la Sala sobre procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii) el
cumplimiento de los requisitos adjetivos de procedibilidad y, de encontrarse
superados; (iii) el caso concreto.

2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 6,
unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones
y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema7.

Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente en la parte resolutiva de la
providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales8.
Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio,
pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los “fijados hasta el momento
jurisprudencialmente”.

6 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. ACCIÓN DE

TUTELA - Importancia jurídica. Actora: NERY GERMANIA ÁLVAREZ BELLO. Magistrada Ponente:
María Elizabeth García González.
7 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes

reseñada.
8 Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia”.
6
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Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 9, la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por
la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la
procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial.

Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.4. Análisis de los requisitos de procedibilidad adjetiva

2.4.1. Para la Sala, contrario a las consideraciones del a quo, el caso objeto de
estudio está revestido de relevancia constitucional, por cuanto al revisar el escrito
que dio origen a la acción de tutela en relación con los supuestos fácticos de la
demanda, las pretensiones, la carga argumentativa y probatoria, se advierte que la
parte actora solicitó la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso,
de petición y a la seguridad social.

De acuerdo con lo anterior, en el asunto concreto, se evidencia una tensión o
contradicción entre la razonabilidad de la decisión y el núcleo esencial de los
derechos fundamentales señalados por la parte actora, comoquiera que se alega
que se incurrió en una decisión sin motivación, por lo que, se advierte, trasciende
de un estudio de lo meramente legal.

2.4.2. Por otro lado, se establece que, la acción de tutela de la referencia no se
dirige contra una sentencia de la misma naturaleza, puesto que, la providencia
judicial que censura la parte accionante, fue proferida en el marco de un proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho que adelantó la señora Ana Delia Cortés
de Rubiano contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social.

2.4.3. Respecto al requisito de inmediatez es preciso señalar que, la providencia
atacada fue dictada el 12 de junio de 2020, por la Subsección “B” de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, notificada el 8 de septiembre de 2020, mientras
que la solicitud de amparo se presentó el 26 de enero de 2021, de manera que sin
que sea necesario establecer la fecha de su ejecutoria, ha transcurrido un término
que a juicio de la Sala es razonable.

Lo anterior, a la luz de la sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014 10, en la
que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado adoptó
los criterios fijados por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 200511, para
determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencias judiciales

9 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de

2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. actor: Alpina
Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
10 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de

2014, Rad: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. M. P: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
11 “c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en

un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. De lo contrario,
esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las
decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.”
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y, reiteró que seis (6) meses es el término prudente para acudir y solicitar el amparo
de los derechos fundamentales que se estimen vulnerados con estas.

2.4.4. Frente al agotamiento de los medios de defensa judicial, la Sala precisa
que la sentencia que se censura es la dictada por la Subsección “B” de la Sección
Segunda del Consejo de Estado que resolvió la alzada elevada por las partes en el
contencioso, frente a la cual no procede ningún recurso ordinario.

Asimismo, no proceden los mecanismos extraordinarios de revisión y de unificación
de jurisprudencia, comoquiera que los cargos no se enmarcan en alguna de las
causales de procedencia de estos.

Es oportuno advertir que si bien la tutelante alega que en la sentencia de 2 de junio
de 2020, de la Subsección “B” de la Sección Segunda del Consejo de Estado se
incurrió en una contradicción y en una decisión sin motivación, lo cierto es que, de
manera preliminar se encuentra que se trata de un asunto relativo a la interpretación
o aplicación normativa frente al tema de la prescripción y no de tales aspectos, que
habilitaría el recurso extraordinario de revisión por la causal de nulidad originada en
sentencia, en tanto son argumentos relativos a una indebida aplicación del artículo
41 del Decreto 3135 de 1968, en concordancia con el artículo 161 de la Ley 1437
de 2011, lo cual da cuenta de la posible configuración de un defecto sustantivo. 12

Superadas dichas exigencias, la Sala abordará el fondo de la solicitud, sin perjuicio
de resaltar el carácter excepcional de la tutela, que tiene como fin garantizar la
intangibilidad de la cosa juzgada, el respeto de la autonomía judicial, la protección
de derechos de terceros de buena fe, la seguridad jurídica y la confianza en los
fallos judiciales.

2.5. Caso concreto

En el sub examine la parte actora adujo la trasgresión de sus garantías
constitucionales con ocasión de la sentencia de 2 de junio de 2020, proferida por la
Subsección “B” de la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante la cual se
confirmó la decisión de 7 de junio de 2017, del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “C”, que accedió a las pretensiones
de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en el sentido de ordenar
el reconocimiento y pago de una pensión gracia, a partir del 30 de enero de 2006,
pero con efectos fiscales desde el 16 de octubre de 2012, por prescripción trienal,
por incurrir, según se interpreta, en un defecto sustantivo.

Por su parte, la Subsección “B” de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en
fallo de 6 de diciembre de 2021, declaró improcedente la tutela por falta de
relevancia constitucional, en síntesis, por cuanto lo pretendido por el actor fue
reabrir el debate de orden legal ya superado en el proceso ordinario.

12 En igual sentido se ha procedido la Sala como por ejemplo en las sentencias de 22 de abril de

2021, expediente N.º 11001-03-15-000-2021-01086-00, MP Carlos Enrique Moreno Rubio, de 24 de
marzo de 2022, expediente N.º 11001-03-15-000-2022-01065-00, MP Carlos Enrique Moreno Rubio
y de 30 de junio de 2022, expediente N.º 11001-03-15-000-2021-010351-01, MP Luis Alberto Álvarez
Parra.
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Demandante: Ana Delia Cortés de Rubiano
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B”
Radicado: 11001-03-15-000-2021-00349-01

Inconforme con la anterior decisión la accionante impugnó la providencia, para lo
cual señaló que la solicitud de amparo cumplía con el requisito de la relevancia
constitucional, el cual se puso de presente en el escrito introductorio, consistente en
que la autoridad judicial había aplicado de manera simple el artículo 41 del Decreto
3135 de 1968, sin haber realizado una interpretación sistemática con el artículo 161
de la Ley 1437 de 2011, con lo que se tenía que la prescripción se debía computar
desde el 12 de octubre de 2012, fecha en cual feneció la actuación administrativa.

Conforme a lo anterior esta Sala de Decisión tal como se advirtió en precedencia,
considera que los argumentos se enmarcan en un defecto sustantivo, frente al cual
se tiene que la Corte Constitucional13, ha explicado que este se presenta cuando “la
autoridad judicial aplica una norma claramente inaplicable al caso o deja de aplicar la que
evidentemente lo es, u opta por una interpretación que contraríe los postulados mínimos de
la razonabilidad jurídica”14.

Puntualmente, lo configuran los siguientes supuestos:

a) El fundamento de la decisión judicial es una norma que no es aplicable al caso
concreto, por impertinente15 o porque ha sido derogada16, es inexistente17,
inexequible18 o se le reconocen efectos distintos a los otorgados por el Legislador19.

b) No se hace una interpretación razonable de la norma20.

c) La disposición aplicada es regresiva21 o contraria a la Constitución22.

d) El ordenamiento otorga un poder al juez y este lo utiliza para fines no previstos
en la disposición23.

e) La decisión se funda en una interpretación no sistemática de la norma24.

f) Se afectan derechos fundamentales, debido a que el operador judicial sustentó o
justificó de manera insuficiente su actuación.

Procederá entonces el amparo constitucional cuando se acredite la existencia de un
defecto sustantivo, en cualquiera de los supuestos que se han presentado
anteriormente, siempre que la parte accionante cumpla con la carga argumentativa.

13 Corte Constitucional, Sentencia SU-195 del 12.03.12., M.P. Dr. Jorge Iván Palacio Palacio.
14 Corte Constitucional, Sentencias SU-159 del 6.03.02. M.P. Manuel José Espinosa, T-043 del
27.01.05, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, T-295 del 31.03.05, M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa, T-657 del 10.08.06, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, T-686 del 31.08.07, M.P. Jaime
Córdoba Triviño, T-743 del 24.07.08, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-033 del 1.02.10, M.P.
Jorge Iván Palacio Palacio, T-792 del 1.10.10, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio entre otras.
15 Corte Constitucional, Sentencia T-189 del 3.03.05. M.P. Manuel José cepeda Espinosa.
16 Corte Constitucional, Sentencia T-205 del 4.03.04. M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
17 Corte Constitucional, Sentencia T-800 del 22.09.06. M.P. Jaime Araujo Rentería.
18 Corte Constitucional, Sentencia T-522 del 18.05.01. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
19 Corte Constitucional, Sentencia SU-159 del 6.03.02. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
20 Corte Constitucional, Sentencias T-051 del 30.01.09. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y T-

1101 del 28.10.05, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
21 Corte Constitucional, Sentencia T-018 del 22.01.08, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
22 Corte Constitucional, Sentencia T-086 del 8.02.07, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
23 Corte Constitucional, Sentencia T-231 del 13.05.94. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
24 Corte Constitucional, Sentencia T-807 del 26.08.004. M.P. Clara Inés Vargas.

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Demandante: Ana Delia Cortés de Rubiano
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Radicado: 11001-03-15-000-2021-00349-01

Ahora bien, conforme se señaló en párrafos anteriores, la señora Ana Delia Cortés
de Rubiano alega que el juez colegiado interpretó erróneamente el texto del artículo
41 del Decreto 3135 de 1968, pues no lo hizo de manera sistemática en relación
con el artículo 161 de la Ley 1437 de 2011, toda vez que tomó como fecha relevante
para determinar la configuración de la prescripción trienal, la que corresponde al
momento en que se presentó la solicitud de reconocimiento pensional, esto es, el
30 de marzo de 2012, cuando, en su sentir, lo correcto era haber realizado el
cómputo correspondiente a partir del 12 de octubre de 2012, momento en el que se
notificó la Resolución No. RDP 010322 de 1º de octubre de 2012, que resolvió el
recurso de apelación y con la que se culminó la actuación administrativa.

Lo anterior, en atención a que conforme a la última norma, la interposición y decisión
de los recursos, que de acuerdo con la ley fueren obligatorios, constituye un
requisito de procedibilidad para el ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho.

En ese orden, revisada la providencia cuestionada, se encuentra que la judicatura,
en el acápite respectivo, citó al inició los artículos 41 del Decreto 3135 de 196825 y
102 del Decreto 1848 de 196926, de donde concluyó:

“De conformidad con las citadas normas, se señala que una vez causado el derecho,
el titular cuenta con un lapso de tres años para reclamarlo ante la administración y,
posteriormente, en sede judicial; el solo hecho de reclamar ante la administración,
interrumpe el referido lapso de tiempo por otro período igual, lo que significa que inicia
nuevamente a contarse el término de los tres años.”.

Enseguida, la autoridad judicial, con sustento en dicho marco jurídico, advirtió la
configuración del fenómeno judicial de la prescripción en el caso en estudio, así:

“Ahora bien, la Sala observa que el derecho a la pensión gracia se hizo exigible a
partir del 29 de enero de 2006, fecha en la que se consolidó el estatus pensional
(según lo definió el a quo) y la actora presentó la primera solicitud de reconocimiento
ante CAJANAL el 2 de marzo de 2006, habiendo interrumpido con ello el término de
prescripción por tres años, es decir, hasta el 2 de marzo de 2009, el cual se reanudó
por un periodo igual, que venció el 2 de marzo de 2012, sin que la demandante
formulara ninguna otra reclamación para ese momento.

No obstante, la Sala advierte que con posterioridad, la accionante formuló una nueva
petición de reconocimiento de la pensión gracia ante la UGPP el 30 de marzo de
2012, interrumpiendo con ello el lapso de prescripción hasta el 30 de marzo de 2015,
sin embargo, la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho se presentó el 16
de octubre de 2015. Por ende, se tienen como prescritas las mesadas causadas antes
del 16 de octubre de 2012 y en consecuencia, se desestima el recurso de apelación
interpuesto por la parte actora.”.

25 “Artículo 41. Las acciones que emanen de los derechos consagrados en este Decreto prescribirán

en tres años, contados desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible. El simple reclamo
escrito del empleado o trabajador ante la autoridad competente, sobre un derecho o prestación
debidamente determinado, interrumpe la prescripción, pero sólo por un lapso igual.”.
26 “Artículo 102. PRESCRIPCIÓN DE ACCIONES. 1. Las acciones que emanan de los derechos

consagrados en el Decreto 3135 de 1968 y en este Decreto, prescriben en tres (3) años, contados a
partir de la fecha en que la respectiva obligación se haya hecho exigible.
2. El simple reclamo escrito del empleado oficial formulado ante la entidad o empresa obligada, sobre
un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpe la prescripción, pero sólo por un
lapso igual.”
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Como viene de verse, la judicatura accionada aplicó acertadamente el supuesto
legal que establece la prescripción en el caso concreto, toda vez que tomó como
fecha de interrupción de esta el 30 de marzo de 2012, data, que conforme a lo
probado y corroborado por las partes en el proceso ordinario, correspondía al
momento en el que la demandante radicó la solicitud de reconocimiento pensional,
luego, hasta el 30 de marzo de 2015, no operaba la referida figura procesal.

Asimismo, es claro que la norma bajo cita en manera alguna conviene la interrupción
de la prescripción al momento en que la reclamación sea resuelta, como tampoco
cuando se notifica el acto que culmina la actuación administrativa, por lo que la tesis
de la tutelante no tiene asidero alguno.

Por ello, al margen del lapso de la actuación administrativa, lo cierto es que el
ordenamiento jurídico no establece que la interrupción de la prescripción esté
condicionada a su culminación.

Sumado a lo anterior, recuerda esta Sala que el artículo 86 de la Ley 1437 de 2011,
consagra el silencio administrativo en relación con los recursos, donde establece
que si pasados dos (2) meses, contados desde la presentación de estos, sin que se
hubiere notificado el acto expreso que los resuelva, se deberá entender que la
decisión es negativa, es decir, que el peticionario queda habilitado para interponer
la demanda de manera inmediata contra el acto ficto producto del silencio de la
administración.

2.6. Conclusión

En consecuencia, se revocará la providencia de la Subsección “B” de la Sección
Tercera de esta Corporación de 6 de diciembre de 2021, que declaró la
improcedencia de la tutela por falta de relevancia constitucional, para en su lugar
denegarla, comoquiera que la autoridad judicial accionada profirió una decisión
conforme a derecho.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 6 de diciembre de 2021, proferida por la
Subsección “B” de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que declaró la
improcedencia de la solicitud de amparo por falta de relevancia constitucional.

SEGUNDO: NEGAR la tutela presentada por la señora Ana Delia Cortés de
Rubiano contra la Subsección “B” de la Sección Segunda del Consejo de Estado.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.

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CUARTO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia,
REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

(Firmado electrónicamente)
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

(Firmado electrónicamente)
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

(Firmado electrónicamente)
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

(Firmado electrónicamente)
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

“Esta providencia fue generada con firma electrónica la cual tiene plena validez y efectos jurídicos
conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.”

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