Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2021-00486-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Acción de tutela contra providencia judicial
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2021-00486-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 11001-03-15-000-2021-00486-01
Consejero ponente: Julio Roberto Piza Rodríguez
22 de julio de 2021
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / IMPROCEDENCIA POR INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE RELEVANCIA CONSTITUCIONAL
[L]a Sala advierte que el señor [C.R.M.C.] propone la misma discusión jurídica que presentó en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que promovió contra la Procuraduría General de la Nación, esto es, que no era procedente la imposición de la sanción disciplinaria. El demandante alegó que se vulneró el derecho fundamental al debido proceso, por cuanto la sentencia del 12 de marzo de 2020, dictada por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B: (i) no sustentó probatoriamente la adecuación típica de la falta disciplinaria, pues se dio un alcance diferente al concepto jurídico que emitió; (ii) no tuvo en cuenta las irregularidades que se presentaron en el trámite del proceso disciplinario, relativas a la falta de notificación del auto de indagación preliminar, la falta de adecuación típica de la conducta y de la dosificación de la sanción, y (iii) que no se advirtió que la Procuraduría General de la Nación desconoció el principio de inocencia. (…) Siendo así, aunque el demandante alega la vulneración del derecho fundamental al debido proceso, lo cierto es que termina promoviendo indebidamente la tutela para obtener un pronunciamiento que acceda a las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho que promovió contra los fallos sancionatorios. Si bien la Sala ha analizado de fondo las acciones de tutela dirigidas contra sentencias dictadas en procesos de única instancia, lo cierto es que en esas oportunidades los interesados han propuesto argumentos encaminados a demostrar que las providencias pudieron incurrir en algún defecto o vicio de fondo, circunstancia que no ocurre en este caso, pues, como se ve, el demandante simplemente insistió en los argumentos que ofreció en el proceso ordinario sin demostrar un verdadero debate constitucional. (…) Siendo así, la Sala revocará la sentencia de primera instancia que denegó las pretensiones de la acción de tutela y, en su lugar, declarará improcedente la solicitud de amparo.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
Consejero ponente: JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ
Bogotá, D.C., veintidós (22) de julio de dos mil veintiuno (2021)
Radicación número: 11001-03-15-000-2021-00486-01(AC)
Actor: CARLOS ROBERTO MOJICA CERQUERA
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCION SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
La Sala decide la impugnación interpuesta por el señor Carlos Roberto Mojica contra la sentencia del 4 de marzo de 2021, dictada por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, que denegó las pretensiones de la acción de tutela.
ANTECEDENTES
Pretensiones
1.1. En ejercicio de la acción de tutela, el señor Carlos Roberto Mojica Cerquera pidió la protección del derecho fundamental al debido proceso, que estimó vulnerado por el fallo de única instancia del 12 de marzo de 2020, dictado por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. En concreto, formuló las siguientes pretensiones:
(…)
SEGUNDO: Que, como consecuencia de lo anterior, se deje sin efecto el Fallo de única instancia proferido por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, M.P. CÉSAR PALOMINO CORTÉS, proferida el doce (12) de marzo de dos mil veinte (2020).
TERCERO: Que, como consecuencia de lo anterior, se dejen sin efectos los fallos disciplinarios de primera y segunda instancia proferidos por la Procuraduría General de la Nación, en el Radicado No. IUD D 2009 937 97680.
2. Hechos
Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:
2.1. Mediante Decreto Municipal 054 del 14 de mayo de 2008, el señor Carlos Roberto Mojica Cerquera fue nombrado como jefe de la Oficina Asesora Jurídica del municipio de Arauca, código 115, grado 01, adscrito al despacho del alcalde.
2.2. El 17 de octubre de 2008, el gerente general de PROBOLSA S.A. presentó una propuesta al tesorero del municipio de Arauca para la compra de títulos TES clase B, por un valor de $ 16 mil millones, a través de la operación de venta con pacto de recompra por un plazo de 180 días y rentabilidad del 12 % efectiva anual, la cual se realizaría por medio de la firma comisionista SERFINCO S.A.
2.3. El 22 de octubre de 2008, el actor emitió concepto respecto de la inversión de títulos TES clase B, en el sentido de indicar que el negocio comercial era legal y que la operación tenía cero riesgos.
2.4. Por Resolución No. 991 de 2008, el alcalde de Arauca autorizó el desembolso y giro, por valor de $ 16 mil millones a la firma SERFINCO S.A., provenientes de excedentes de liquidez de los recursos de regalías, para la compra de títulos de tesorería TES clase B en el mercado primario. El demandante, como jefe de la Oficina Asesora Jurídica del municipio de Arauca, revisó y dio visto bueno al anterior acto administrativo.
2.5. El 28 de enero de 2009, el procurador regional de Arauca inició indagación preliminar para determinar los responsables del posible manejo irregular de $ 16 mil millones de pesos del erario del municipio de Arauca, provenientes de recursos de regalías.
2.6. Mediante auto del 16 de febrero de 2009, el funcionario designado por el procurador dispuso la apertura de la investigación contra el alcalde municipal de Arauca, William Alfonso Reyes Cadena; el secretario de Hacienda, José Andrides Córdoba García; el jefe de la Oficina Asesora Jurídica, Carlos Roberto Mojica Cerquera, y el profesional universitario con funciones de tesorero, Andrés Herrera Bernal.
2.7. Por auto del 18 de mayo de 2009, el funcionario designado para adelantar la investigación formuló pliego de cargos contra los servidores públicos referidos. Respecto del señor Carlos Roberto Mojica Cerquera, con fundamento en el artículo 48 de la Ley 734 de 2002, falta calificada como gravísima, porque “su conducta se enmarcaba en el numeral 27, por permitir invertir recursos públicos en cuantía de 16 mil millones de pesos sin que se hubieran garantizado condiciones de liquidez y seguridad; en el numeral 3 inciso 1, por dar lugar a que por su culpa se extraviaran bienes de la Alcaldía municipal de Arauca en cuantía de $ 7.670.277.867; y en el inciso 2 ibidem, por permitir el incremento injustificado del patrimonio de PROBOLSA S.A. por el monto referido”.
2.8. Mediante fallo disciplinario del 3 de noviembre de 2009, la Procuraduría Delegada para la Descentralización y las Entidades Territoriales sancionó en primera instancia, entre otros, al señor Carlos Roberto Mojica Cerquera, en la condición de jefe de la Oficina Asesora Jurídica del municipio de Arauca, con destitución e inhabilidad general por el término de 20 años para ejercer funciones públicas, por incurrir en la falta gravísima reprochada.
2.9. Inconforme con la anterior decisión, el señor Mojica Cerquera interpuso recurso de apelación y la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación, mediante fallo disciplinario del 14 de junio de 2010, la confirmó.
2.10. El señor Carlos Roberto Mojica presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Procuraduría General de la Nación, para obtener la nulidad de los fallos disciplinarios del 3 de noviembre de 2009 y 14 de junio de 2010 y, a título de restablecimiento del derecho, solicitó que se condenara a la autoridad demandada al pago por daño emergente en la suma de $ 44.342.604, por los perjuicios causados como consecuencia del proceso disciplinario, así como el pago del lucro cesante hasta el momento de la ejecución de la sentencia.
2.11. El conocimiento de la demanda correspondió al Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, que, por sentencia de única instancia del 12 de marzo de 2020, denegó las pretensiones de la demanda. En concreto, la autoridad judicial consideró que en la actuación disciplinaria quedó probado que el señor Mojica Cerquera incurrió en una de las faltas gravísimas reprochadas, de ahí que la sanción de la destitución e inhabilidad general por el término de 20 años para ejercer funciones públicas estuviera acorde con lo establecido por el legislador, por el daño ocasionado al ente territorial, permitiéndole a PROBOLSA S.A. incrementar injustificadamente el patrimonio en la suma de $ 2.2287.626.687.
2.12. El actor solicitó la aclaración y adición de la sentencia del 12 de marzo de 2020 y el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, por auto del 23 de octubre de 2020, la denegó.
3. Argumentos de la acción de tutela
3.1. El señor Carlos Roberto Mojica Cerquera, de manera preliminar, manifestó que la tutela cumple los requisitos generales de procedencia contra providencia judicial. En cuanto al fondo del asunto, alegó que la sentencia del 12 de marzo de 2020, dictada por el Consejo de Estado Sección Segunda, Subsección B, vulneró el derecho al debido proceso, por cuanto mantuvo la legalidad de un acto administrativo que impuso una sanción sin soporte probatorio y a partir de apreciaciones y criterios personales.
3.2. Adujo que en el proceso disciplinario y en el de nulidad y restablecimiento del derecho, no fueron sustentadas probatoriamente las circunstancias legales y funcionales indispensables para adecuar la falta disciplinaria endilgada, esto es, para demostrar la conducta, responsabilidad y grado de culpabilidad del actor en la descripción del artículo 48, numeral 3, inciso final de la Ley 734 de 2002, que prevé como falta gravísima “incrementar injustificadamente el patrimonio, directa o indirectamente, en favor propio o de un tercero, permitir o tolerar que otro lo haga”.
3.2.1. Que, en efecto, en la adecuación de la falta se tuvo por probado, sin estarlo, que el concepto jurídico que el actor rindió fue una aceptación o aval de una oferta, cuando de la simple lectura se infería que la inversión sería realizada a través de SERFICO S.A., firma que cumplía las exigencias legales para realizar el encargo. Que, además, el control y monitoreo de la inversión no hacía parte de sus deberes funcionales y que el concepto se limitó a aspectos jurídicos.
3.2.2. Sumado a lo expuesto, manifestó que los conceptos jurídicos emitidos por los servidores públicos o cualquier particular, no son de obligatorio cumplimiento para quienes lo solicitan. Que, de hecho, el alcalde y el tesorero municipal no acogieron su concepto, específicamente en cuanto a la constatación de que los oferentes, intermediarios o corredores de bolsa con quienes se iba a realizar la negociación, estuvieran o no acreditados como tales en el mercado de valores.
3.2.3. Por otro lado, manifestó que en el trámite disciplinario se produjeron varias irregularidades, consistentes en que no se le notificó el auto que abrió indagación preliminar y, por ende, no tuvo oportunidad de controvertir las pruebas que se practicaron en esa etapa, que no se realizó una adecuación típica de la conducta, falta de congruencia y ausencia de la dosificación de la sanción.
3.2.4. Adujo que la Procuraduría General de la Nación desconoció el principio de inocencia y que abusó de su poder al ajustar arbitrariamente una conducta a diferentes normas disciplinarias, sin definir cuál fue el deber funcional afectado con el presunto comportamiento que se reprocha.
4. Intervenciones
4.1. La apoderada de la Procuraduría General de la Nación solicitó que se declarara improcedente la solicitud de amparo, con fundamento en que la sentencia objeto de tutela se dictó conforme al ordenamiento jurídico. Además, porque, según dijo, lo pretendido por el actor era que el juez de tutela revisara asuntos relativos a prácticas y valoraciones probatorias que ya fueron analizadas tanto en el fallo disciplinario como en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
4.2. A pesar de haber sido notificados, los magistrados del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, no rindieron informe sobre los hechos que motivaron la interposición de la presente acción de tutela.
5. Informe del Ministerio público
5.1. El procurador tercero delegado ante el Consejo de Estado rindió concepto en el que manifestó que en el presente asunto no había lugar a acceder a las pretensiones de la acción de tutela, por cuanto el fallo acusado no adolecía de irregularidades que hubieren afectado los derechos fundamentales del actor. Que, además, todos los aspectos que alega el demandante fueron propuestos en el proceso ordinario y que, en todo caso, cuenta con otro medio de defensa como lo es el recurso extraordinario de revisión.
6. Sentencia impugnada
6.1. El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, por sentencia del 4 de marzo de 2021, denegó las pretensiones de la demanda de tutela. Fundamentó la decisión, en las siguientes razones:
6.2. A juicio del a quo, la autoridad judicial demandada analizó de manera detallada y precisa cada uno de los argumentos de nulidad que planteó el actor, a la luz de las pruebas legalmente recaudadas y del marco jurídico aplicable.
6.3. Que, en efecto, sí se encontró demostrada en el proceso la responsabilidad del señor Mojica Cerquera y la tipicidad de la conducta, pues se determinó que “no hizo un estudio sobre la inversión, y por el contrario afirmó que el riesgo de la operación era cero y que no podía existir ningún detrimento del municipio de Arauca” y adicionalmente, se precisó que el monto de las pérdidas para el municipio de Arauca se cuantificaron en un monto de $ 7.306.434.855,62, y se valoró el incremento injustificado al patrimonio factor de PROBOLSA S.A., en una suma de $ 2.287.626.697.
6.4. El a quo consideró que en la providencia objeto de tutela se resolvieron cada uno de los reparos referentes a las supuestas irregularidades ocurridas en la vinculación del demandante al proceso disciplinario, la práctica de pruebas, la ausencia de dosificación de la sanción y la falta de motivación alegados.
6.5. Por otro lado, advirtió que los reproches formulados por el actor, lejos de controvertir desde el punto de vista constitucional la providencia del 12 de marzo de 2020, estaban dirigidos a reproducir los argumentos de nulidad que formuló contra las decisiones disciplinarias, situación que reñía con la naturaleza subsidiaria y residual de la acción de tutela.
7. Impugnación
7.1. El señor Carlos Roberto Mojica Cerquera impugnó la sentencia de primera instancia, solicitó que se revocara y, en su lugar, se accediera a las pretensiones de la acción de tutela. El actor manifestó que no se tuvo en cuenta que el juez administrativo no cumplió el deber de evaluar si el procedimiento, la falta y las pruebas arrimadas a la investigación evidentemente conducían a establecer su responsabilidad, situación que conlleva a la vulneración del derecho fundamental al debido proceso. Que, por su parte, al juez constitucional le competía cotejar esas particulares circunstancias que denunció como quebrantadoras del derecho invocado, empero, tal análisis no se hizo en la sentencia de primera instancia impugnada.
7.2. Reiteró que del concepto y el visto bueno que emitió en su calidad de asesor jurídico no se podría derivar la permisión para el desembolso de recursos y, por lo tanto, no merecía ningún reproche su conducta. Que, además, la autoridad judicial demandada omitió valorar las pruebas que daban cuenta que no cometió ninguna infracción, incurriendo así en un defecto fáctico.
7.3. Insistió en que no se realizó una adecuación típica de la conducta y adujo que al interior del proceso disciplinario se incurrió en varias irregularidades, como el desconocimiento del principio de congruencia entre el acto de formulación de descargos y el fallo disciplinario de segunda instancia.
CONSIDERACIONES
1. De la acción de tutela contra providencias judiciales
1.1. A partir del año 2012, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación aceptó la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. De hecho, en la sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014, se precisó que la acción de tutela, incluso, es procedente para cuestionar providencias judiciales dictadas por el Consejo de Estado, pues, de conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política, ese mecanismo puede ejercerse contra cualquier autoridad pública.
1.2. Para tal efecto, el juez de tutela debe verificar el cumplimiento de los requisitos generales (procesales o de procedibilidad) que fijó la Corte Constitucional, en la sentencia C-590 de 2005. Esto es, la relevancia constitucional, el agotamiento de los medios ordinarios de defensa, la inmediatez y que no se esté cuestionando una sentencia de tutela.
1.3. Una vez la acción de tutela supere el estudio de las causales procesales, el juez puede conceder la protección, siempre que advierta la presencia de alguno de los siguientes defectos o vicios de fondo, que miran más hacia la prosperidad de la tutela: (i) defecto sustantivo, (ii) defecto fáctico, (iii) defecto procedimental absoluto, (iv) defecto orgánico, (v) error inducido, (vi) decisión sin motivación, (vii) desconocimiento del precedente y (viii) violación directa de la Constitución.
1.4. Las causales específicas que ha decantado la Corte Constitucional (y que han venido aplicando la mayoría de las autoridades judiciales) buscan que la tutela no se convierta en una instancia adicional para que las partes reabran discusiones jurídicas que son propias de los procesos ordinarios o expongan los argumentos que, por negligencia o decisión propia, dejaron de proponer oportunamente.
1.5. Ahora, tratándose de tutela contra providencias judiciales proferidas por el Consejo de Estado o por la Corte Suprema de Justicia, cuando ejercen funciones de órganos de cierre en las respectivas jurisdicciones, la Corte Constitucional ha establecido un requisito adicional, consistente en «la configuración de una anomalía de tal entidad que exija la imperiosa intervención del juez constitucional».
2. Planteamiento del problema jurídico y solución del problema jurídico
2.1. En los términos de la impugnación, en principio, correspondería a la Sala decidir si el a quo acertó al denegar las pretensiones de la acción de tutela. No obstante, aunque el juez de primera instancia tuvo por superados los requisitos generales para la procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la Sala estima necesario verificar si se cumple el requisito de relevancia constitucional.
2.2. El requisito de relevancia constitucional tiene como finalidad proteger la autonomía e independencia judicial y evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde resolver a otras jurisdicciones.
En ese sentido, la Corte Constitucional ha señalado que la relevancia constitucional tiene tres finalidades: (i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales, e (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces.
De acuerdo con los anteriores criterios y con los expuestos por la Sala Plena del Consejo de Estado en sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014, para que un asunto goce de relevancia constitucional deben verificarse los siguientes elementos:
(i) Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración de derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse para plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción de tutela.
(ii) Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales». Es necesario que el interesado exponga de manera clara las razones por las que considera que la providencia judicial amenaza o vulnera los derechos fundamentales.
(iii) Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones de la decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la demanda de tutela debe referirse a las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener relación con la ratio decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en el sentido de la propia decisión cuestionada.
(iv) Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar, mejorar o modificar los argumentos propuestos ante el juez natural.
(v) Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento de los procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad. Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces competentes.
2.3. En el caso concreto, la Sala advierte que el señor Carlos Roberto Mojica Cerquera propone la misma discusión jurídica que presentó en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que promovió contra la Procuraduría General de la Nación, esto es, que no era procedente la imposición de la sanción disciplinaria. El demandante alegó que se vulneró el derecho fundamental al debido proceso, por cuanto la sentencia del 12 de marzo de 2020, dictada por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B: (i) no sustentó probatoriamente la adecuación típica de la falta disciplinaria, pues se dio un alcance diferente al concepto jurídico que emitió; (ii) no tuvo en cuenta las irregularidades que se presentaron en el trámite del proceso disciplinario, relativas a la falta de notificación del auto de indagación preliminar, la falta de adecuación típica de la conducta y de la dosificación de la sanción, y (iii) que no se advirtió que la Procuraduría General de la Nación desconoció el principio de inocencia. Veamos
a) Sobre la falta de adecuación típica de la falta disciplinaria, porque se dio un alcance diferente al concepto jurídico emitido
2.4.1. Al resumir la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, la sentencia cuestionada señala lo siguiente:
Sostuvo que, “se incurrió en una indebida adecuación típica por la falta de técnica jurídica, al omitir la identificación clara de la forma de imputación de los comportamientos, ya como concurso, una sola acción compleja o tres acciones independientes, esta improvisación permitió que el juzgador cambiara una y otra vez la adecuación típica del cargo sin dar lugar a la controversia y defensa pertinente, desconociendo las formas propias del juicio (Art. 165 inciso final Ley 734 de 2002) y que para culminar incluyera en la sanción un comportamiento que sustentó la infracción al deber funcional, así haya sido de manera inadecuada”.
(…)
Señaló que, la autoridad disciplinaria incurrió en falsa motivación, en razón a que, “la responsabilidad del señor MOJICA CERQUERA se ha deducido en la expedición del concepto jurídico de fecha 22 de octubre de 2008 y en el visto bueno dado a la Resolución 991 de 2008. A partir de estas dos únicas acciones se profirieron cargos disciplinarios por la presunta responsabilidad del servidor en tres faltas disciplinarias, todas ellas calificadas GRAVISIMAS, las mismas que en segunda y última instancia se redujeron a una gravísima y una grave, modificación que incidió en la imposición de la sanción disciplinaria más alta posible, como lo es la Destitución y la inhabilidad de veinte años”.
Expresó que, “La entidad de control desconoció que las gestiones entre PROBOLSA S.A. y la alcaldía municipal tuvieron su génesis y desarrollo en reuniones que fueron llevadas a cabo en la ciudad de Bogotá, desde el mes de septiembre de 2008, reuniones a las que no asistió el Jefe de la Oficina Jurídica MOJICA CERQUERA, y en las que se concretó el diligenciamiento de formatos de apertura y actualización de cuenta de personas jurídicas, así como la elaboración de un perfil de inversión por parte de JUANITA IRAGORRI, en su calidad de Gerente de Inversión de SERFINCO y el representante legal del ente territorial (17 de octubre de 2008); todo esto, sin que mi cliente tuviera conocimiento o intervención alguna en dicha decisión.
La forma, condiciones, términos y pormenores de la negociación, garantías y respaldos de la transacción fueron asuntos ajenos al funcionario jurídico que, sin embargo, por orden de su superior evalúo de manera general la inversión de excedentes de liquidez en títulos TES y sin mas información lo consideró ajustado a las normas vigentes, como en efecto, lo era para ese momento. Los demás aspectos de negociación incluyendo la escogencia del comisionista no fueron puestos de presente a mi defendido, que además de cierta forma había sido desplazado de sus labores por un asesor jurídico externo del despacho del Alcalde, tal como se encuentra probado en la actuación” .
2.4.2. Por su parte, en la demanda de tutela, el señor Mojica Cerquera sostuvo lo siguiente:
En la adecuación realizada se tuvo como probado que el concepto jurídico fue una aceptación o aval de una oferta, cuestión que falta totalmente a la verdad ya que de su simple lectura se puede colegir que el concepto no tenía tal alcance. Por otra parte, en lo concerniente al visto bueno otorgado a la Resolución 991 de 2008 se consignó que la inversión sería realizada a través de SERFINCO S.A., porque verifiqué de conformidad con lo señalado en mi concepto, que era esta la firma que cumplía con las exigencias legales para realizar el encargo.
(…)
La deficiencia en la adecuación típica se hizo evidente en los fallos y se ratificó por el Consejo de Estado, siendo que, nunca se probó cual fue mi intervención en la entrega de recursos a PROBOLSA S.A., cuyo giro como se encuentra demostrado lo hizo SERFINCO S.A. excediendo lo planteado por el Alcalde al solicitar el concepto respecto a la inversión, de ahí en adelante los hechos que se suscitaron escapaban por completo de mi control funcional y no hicieron parte del panorama esperado.
(…)
Como se ha dicho, en los fallos disciplinarios y contencioso administrativos se omitió valorar la adecuación típica de la conducta, estando ausente la prueba del presunto incremento, omitiendo además que los valores señalados como incremento no podían cuantificarse ni a favor, ni en contra de patrimonio alguno, porque las fluctuaciones financieras no incrementan un patrimonio específico.
(…)
No fue acertada la adecuación típica, al tener que se partió de la violación del deber contenido en el numeral 1 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002, sin embargo la autoridad disciplinaria enmarca la falta como gravísima de acuerdo con el numeral 27 del artículo 48 ibídem, para finalmente encuadrarla en el inciso segundo del numeral 3 de la misma disposición, incremento injustificado al patrimonio.
(…)
Frente a esta situación la sala de decisión del consejo de estado sección segunda RECONOCE que el operador disciplinario desconoció el principio de congruencia, mas la pasa por alto advirtiendo que esta “situación procesal no contiene la suficiente envergadura para declarar la nulidad” cuando no es dable por parte del fallador, que vista la nulidad se proceda a entrar a calificar la gravedad o no de la misma, porque lo que aquí importa es la existencia de la violación al principio de congruencia que conllevaría a declarar la Nulidad.
(…)
La autoridad disciplinaria incurrió en falsa motivación, en razón a que, “la responsabilidad del señor MOJICA CERQUERA se ha deducido en la expedición del concepto jurídico de fecha 22 de octubre de 2008 y en el visto bueno dado a la Resolución 991 de 2008. A partir de estas dos únicas acciones se profirieron cargos disciplinarios por la presunta responsabilidad del servidor en tres faltas disciplinarias, todas ellas calificadas GRAVÍSIMAS, las mismas que en segunda y última instancia se redujeron a una gravísima y una grave, modificación que incidió en la imposición de la sanción disciplinaria más alta posible, como lo es la destitución y la inhabilidad de veinte años.
(…)
En lo referente a que se violó los principios de congruencia y transparencia al variarse la falta disciplinaria en el fallo de segunda instancia, manifestó que “si la declaratoria de responsabilidad procede pero por una falta de menor entidad siempre y cuando se respete el núcleo básico de la imputación, no existe violación al principio de congruencia. Sólo cuando la imputación jurídica implique mayor imposición de una sanción y se varíe el núcleo básico de la imputación se requiere acudir a la figura de la variación de la calificación jurídica.
b) De las irregularidades que se presentaron en el trámite del proceso disciplinario, relativas a la falta de notificación del auto de indagación preliminar y ausencia de la dosificación de la sanción
2.4.3. En la providencia cuestionada, al resumirse la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho propuesta por el actor, se lee:
Agregó que, la entidad demandada ordenó en el auto de indagación preliminar del 28 de enero de 2009 escuchar en versión libre al alcalde, secretario de hacienda, el tesorero y el jefe de presupuesto del municipio de Arauca, omitiendo hacerlo respecto del demandante; sin embargo, el actor fue citado a la referida diligencia a través del oficio 00270 del 6 de febrero de 2009, escuchándolo en versión libre el 10 del mismo mes y año, por esa razón sostiene que no se le notificó el auto “inexistente” que decretaba su versión, y reitera que no pudo intervenir en las diligencias practicadas.
Señaló que la Procuraduría General de la Nación el 16 de febrero de 2009 abrió investigación disciplinaria entre otros servidores, contra el demandante, y ordenó la práctica de unas pruebas sin indicar el medio por el cual serían cumplidas, es decir, si era por visita especial o inspección.
Expresó que el funcionario delegado para adelantar la investigación comisionó para la práctica de pruebas a la procuradora Regional del Valle cuando ésta es de mayor jerarquía que el comitente, desconociendo el inciso primero del artículo 133 de la Ley 734 de 2002.
El demandante reiteró que en el proceso nunca le notificaron las pruebas a practicar, de manera que la Procuraduría General de la Nación al omitir esta situación le vulneró sus derechos de contradicción, defensa, principio procesal de comunidad de la prueba y el debido proceso, lo que conllevó a la inexistencia de las pruebas recaudadas, de acuerdo con el artículo 140 de la Ley 734 de 2002.
Afirmó la parte actora que, en el fallo de primera instancia se varió sutilmente la conducta imputada en el auto de cargos del 18 de mayo de 2009, dándole un alcance diferente al reprochado, al sostener, “como se observa en la lectura de una y otra pieza procesal al Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, se le endilga inicialmente la emisión del concepto del 22 de octubre de 2008, así como el proyecto y la aprobación de la resolución 991 del 27 de octubre de 2008; sin embargo, en el fallo de primera instancia sin ninguna motivación se cercena la presunta infracción y tan sólo se cita la emisión del concepto y la aprobación de la resolución 991 de 2008, llamando la atención que se dejó de modificar la imputación respecto a este hecho especifico.
(…)
La parte actora afirmó que, existió una ausencia en la dosificación de la sanción, “al observar que el fallador de primera instancia, aunque no motivó su sanción la impulsó en virtud de dos faltas disciplinarias de carácter gravísimo. Por su parte, la segunda instancia mantiene la máxima sanción inicialmente impuesta, pero esta vez en virtud de una sola falta gravísima acompañada de una falta grave, lo que a todas luces habla de un comportamiento menos agresivo y dañino, desconociendo la proporcionalidad de la sanción”.
2.4.4. Al respecto, en la demanda de tutela, el señor Carlos Roberto Mojica Cerquera manifestó lo siguiente:
En la indagación preliminar al no existir auto de vinculación del Dr. MOJICA CERQUERA y al no notificarse auto de pruebas se le vulneró en forma flagrante el derecho de contradicción, al coartarse el derecho a participar de la práctica de pruebas.
(…)
La Procuraduría General de la Nación el 16 de febrero de 2009 abrió investigación disciplinaria entre otros servidores, contra el demandante, y ordenó la práctica de unas pruebas sin indicar el medio por el cual serían cumplidas, es decir, si era por visita especial o inspección.
(…)
El funcionario delegado para adelantar la investigación comisionó para la práctica de pruebas a la procuradora Regional cuando ésta es de mayor jerarquía que el comitente, desconociendo el inciso primero del artículo 133 de la Ley 734 de 2002.
(…)
La Procuraduría General en el fallo de primera instancia varió sutilmente la conducta imputada en el auto de cargos del 18 de mayo de 2009, dándole un alcance diferente al reprochado, al sostener, “como se observa en la lectura de una y otra pieza procesal al Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, se le endilga inicialmente la emisión del concepto del 22 de octubre de 2008, así como el proyecto y la aprobación de la resolución 991 del 27 de octubre de 2008; sin embargo, en el fallo de primera instancia sin ninguna motivación se cercena la presunta infracción y tan sólo se cita la emisión del concepto y la aprobación de la resolución 991 de 2008, llamando la atención que se dejó de modificar la imputación respecto a este hecho especifico”.
(…)
Existió una ausencia en la dosificación de la sanción, “al observar que el fallador de primera instancia, aunque no motivó su sanción la impulsó en virtud de dos faltas disciplinarias de carácter gravísimo. Por su parte, la segunda instancia mantiene la máxima sanción inicialmente impuesta, pero esta vez en virtud de una sola falta gravísima acompañada de una falta grave, lo que a todas luces habla de un comportamiento menos agresivo y dañino, desconociendo la proporcionalidad de la sanción”.
c) Respecto a que la Procuraduría General de la Nación desconoció el principio de inocencia
2.4.5. De acuerdo con lo señalado en la providencia acusada, en la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho se alegó que: “la Procuraduría General de la Nación omitió la búsqueda de la verdad material y desconoció el principio de inocencia, al tener que, no se indagó el por qué SERFINCO S.A. entregó los recursos del municipio de Arauca a PROBOLSA S.A., contrariando el acto administrativo que ordenaba el giro a aquélla”.
2.4.6. A su turno, en el escrito de tutela, el actor manifestó:
La Procuraduría General de la Nación omitió la búsqueda de la verdad material y desconoció el principio de inocencia, al tener que, no se indagó el por qué SERFINCO S.A. entregó los recursos del municipio de Arauca a PROBOLSA S.A., contrariando el acto administrativo que ordenaba el giro a aquélla. Por otra parte “La entidad de control desconoció que las gestiones entre PROBOLSA S.A. y la alcaldía municipal tuvieron su génesis y desarrollo en reuniones que fueron llevadas a cabo en la ciudad de Bogotá, desde el mes de septiembre de 2008, reuniones a las que no asistió el Jefe de la Oficina Jurídica MOJICA CERQUERA, y en las que se concretó el diligenciamiento de formatos de apertura y actualización de cuenta de personas jurídicas, así como la elaboración de un perfil de inversión por parte de JUANITA IRAGORRI, en su calidad de Gerente de Inversión de SERFINCO y el representante legal del ente territorial (17 de octubre de 2008); todo esto, sin que el disciplinado tuviera conocimiento o intervención alguna en dicha decisión.
2.5. Como se ve, el demandante formuló inconformidades que coinciden con las que expuso en la demanda de nulidad y restablecimiento que promovió contra los actos sancionatorios. Evidentemente la tutela busca revivir la discusión jurídica respecto de la legalidad de la sanción disciplinaria, asunto que ya fue resuelto por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, en la sentencia del 12 de marzo de 2020, que en lo que interesa, consideró:
Ahora bien, con el fin de determinar si el ejercicio de la subsunción típica realizado por parte de la autoridad disciplinaria estuvo correctamente efectuado, la Sala analizará el acervo probatorio con el fin de establecer, sí los comportamientos reprochados al demandante se erigen en las faltas grave y gravísima por las cuales el fallador de segunda instancia lo responsabilizó y sancionó.
(…)
Conforme a la reseña probatoria aludida, la Sala establece que ciertamente el señor Carlos Roberto Mojica Cerquera con el comportamiento reprochado, esto es, emitir el concepto el 22 de octubre de 2008 y, revisar y dar visto bueno a la Resolución 991 de 2008, permitió de forma directa el desembolso por valor de $16 mil millones a favor de la firma SERFINCO S.A., para la compra de títulos de tesorería TES clase B, la cual el 13 de noviembre de 2008 los compró a nombre de PROBOLSA S.A. Sin embargo, la firma PROBOLSA S.A sólo trasladó al municipio de Arauca los títulos clase B por la suma de $13.864.194.000, y el valor restante, esto es, $2.287.626.687, no se lo devolvió a la entidad territorial, ya que el cheque que le giro no tenía fondos, con lo cual se configuró el incremento injustificado al patrimonio por la citada sociedad que para el 15 de diciembre de 2008 estaba en liquidación, conforme lo informó el representante legal de PROBOLSA EN LIQUIDACIÓN a la sociedad SERFINCO S.A., al indicarle, “que por motivo de liquidación PROBOLSA S.A. a partir de la fecha cancela definitivamente toda clase de relaciones comerciales con ustedes”.
Así mismo, cabe destacar que el municipio de Arauca perdió la suma de $5.018.808.168,62 al bajar la tasa nominal de los TES clase B, es decir, que el detrimento al patrimonio que sufrió la entidad territorial fue de $7.306.434.855,62, lo que demuestra ostensiblemente que el actor al realizar el concepto no hizo un estudio serio sobre la inversión, y por el contrario afirmó que el riesgo de la operación era cero y que no podía existir ningún detrimento al patrimonio del municipio de Arauca, de esta manera queda demostrado la configuración de la falta gravísima, contenida en el inciso segundo del numeral 3 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, por la cual se le responsabilizó y sancionó al jefe de la Oficina Asesora Jurídica en el fallo de segunda instancia.
Así entonces, no se presentó atipicidad en la conducta ni hubo una indebida formulación de cargos como lo argumenta la parte demandante.
(…)
Por otra parte, la Sala determina que si bien se desconoció el principio de congruencia entre el pliego de cargos y la decisión de segunda instancia, al tener, que la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación concluyó que, el señor Carlos Roberto Mojica Cerquera incurrió en falta grave al desconocer el numeral 1 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002, en lo pertinente a cumplir los deberes contenidos en la constitución, las leyes y los decretos, cuando en el pliego de cargos del 18 de mayo de 2009 no se le imputó tal falta; es pertinente indicar que esta situación procesal no contiene la suficiente envergadura para declarar la nulidad de los actos administrativos demandados, al estar plenamente probada la falta gravísima contenida en el inciso segundo del numeral 3 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, esto es, el incremento injustificado al patrimonio a favor de PROBOLSA S.A. por una suma considerable de $2.287.626.687.
(…)
En suma, la autoridad disciplinaria realizó el ejercicio de subsunción típica adecuadamente, sin variar los comportamientos reprochados, quedando vigente únicamente la falta gravísima, contenida en el inciso segundo del numeral 3 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, al permitir el actor en la condición de jefe de la Oficina Asesora Jurídica del municipio de Arauca con las actuaciones probadas que PROBOLSA S.A. incrementara injustificadamente su patrimonio, al no reintegrar la totalidad de los $16 mil millones girados a favor de la firma SERFINCO S.A.
(…)
En conclusión, la Sala determina que si bien en el auto de indagación preliminar no se ordenó la exposición libre del actor, esta situación se reitera no constituye violación al debido proceso y al derecho de defensa del demandante, y una vez individualizados los presuntos autores de la falta y determinada las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrió la conducta reprochada, la autoridad disciplinaria el 16 de febrero de 2009 abrió investigación entre otros, contra el señor Carlos Roberto Mojica Cerquera en la condición de jefe de la Oficina Asesora Jurídica del municipio de Arauca, garantizándole en estas etapas procesales los derechos fundamentales referidos, por lo que este cargo no está llamado a prosperar.
(…)
Así entonces, en el sub lite la Procuraduría General de la Nación dispuso practicar las pruebas que eran pertinentes para esclarecer los hechos objeto de investigación, acudiendo a la visita especial, medio probatorio permitido por el legislador, sin que sea necesario que en el auto que se ordenó la prueba se identifique el instrumento a utilizar, pues la autoridad disciplinaria puede concurrir a cualquier de los establecidos en el artículo 130 de la Ley 734 de 2002, sin que exista un imperativo de expresar el mecanismo para esclarecer los hechos, por esta razón, la Sala no encuentra violación al debido proceso y menos al derecho de defensa por no haber señalado que era a través de visita especial.
(…)
Así las cosas, la Sala determina que no existió violación del artículo 133 de la Ley 734 de 2002, pues el funcionario delegado actuó conforme los parámetros previstos en la referida disposición, al comisionar a la procuradora Regional del Valle del Cauca para practicar unas pruebas.
(…)
Las versiones libres transcritas junto con argumentado por la autoridad disciplinaria demuestran sin necesidad de acudir a un análisis e interpretaciones que el jefe de la Oficina Asesora Jurídica conocía que la firma PROBOLSA S.A. no cumplía con los requisitos legales para ser un intermediario de inversiones, al no estar inscrita en el registro de mercado de valores, ni vigilada por la Superintendencia Financiera, debiendo acudir a la firma SERFINCO S.A., por estas razones quedan desvirtuados los fundamentos esbozados por la parte actora; y los fallos de primera y segunda instancia fueron suficientemente motivados conforme con el material probatorio acopiado.
(…)
En ese orden de ideas, si bien es cierto que solo quedó vigente en la actuación disciplinaria adelantada contra Carlos Roberto Mojica Cerquera una sola conducta, referente al incremento injustificado del patrimonio a favor de PROBOLSA S.A., tipo que está calificado como falta gravísima, de conformidad con el inciso segundo del numeral 3 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002; para la Sala la autoridad disciplinaria no se extralimitó en la imposición de la sanción, pues la inhabilidad estuvo acorde con los parámetros legales, teniendo en cuenta el daño que se le causó a la entidad territorial, donde una importante suma de dinero de $7.306.434.846,62 se extravió cuando debió ser invertida en la comunidad, atendiendo los fines esenciales del Estado en bienestar de la sociedad que tanto lo necesita.
(…)
Así entonces, el fundamento al desconocimiento del principio de inocencia alegado por el demandante se desvanece al quedar probado en la actuación disciplinaria que el señor Carlos Roberto Mojica Cerquera incurrió en una de las faltas gravísimas reprochadas, tal como quedó demostrado en el fallo de segunda instancia, de ahí que la sanción de destitución e inhabilidad general por el término de 20 años para ejercer funciones públicas estuvo acorde con lo establecido por el legislador, por el daño ocasionado al ente territorial, permitiéndole a PROBOLSA S.A. incrementar injustificadamente el patrimonio en la suma de $2.287.626.687.
2.6. Siendo así, aunque el demandante alega la vulneración del derecho fundamental al debido proceso, lo cierto es que termina promoviendo indebidamente la tutela para obtener un pronunciamiento que acceda a las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho que promovió contra los fallos sancionatorios.
2.6.1. Si bien la Sala ha analizado de fondo las acciones de tutela dirigidas contra sentencias dictadas en procesos de única instancia, lo cierto es que en esas oportunidades los interesados han propuesto argumentos encaminados a demostrar que las providencias pudieron incurrir en algún defecto o vicio de fondo, circunstancia que no ocurre en este caso, pues, como se ve, el demandante simplemente insistió en los argumentos que ofreció en el proceso ordinario sin demostrar un verdadero debate constitucional.
2.6.2. Además, tampoco puede desconocerse que los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela son más estrictos cuando se cuestiona una decisión expedida por un órgano de cierre, como ocurre en este caso, que se acusa una providencia proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado. Así lo explicó la propia Corte Constitucional, en la sentencia T-398 de 2017:
Cuando se trata de una acción de tutela contra una providencia de la Corte Suprema de Justicia o del Consejo de Estado, la jurisprudencia de esta Corporación ha sido clara en manifestar que los requisitos de procedibilidad son más estrictos, pues se trata de decisiones judiciales de los órganos de cierre de la jurisdicción ordinaria y contenciosa administrativa, quienes se encargan de unificar jurisprudencia. Por ello, “la tutela contra providencias judiciales de las Altas Corporaciones es más restrictiva, en la medida en que sólo tiene cabida cuando una decisión riñe de manera abierta con la Constitución y es definitivamente incompatible con la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional al definir el alcance y límites de los derechos fundamentales o cuando ejerce el control abstracto de constitucionalidad, esto es, cuando se configura una anomalía de tal entidad que exige la imperiosa intervención del juez constitucional. En los demás eventos los principios de autonomía e independencia judicial, y especialmente la condición de órganos supremos dentro de sus respectivas jurisdicciones, exigen aceptar las interpretaciones y valoraciones probatorias aun cuando el juez de tutela pudiera tener una percepción diferente del caso y hubiera llegado a otra conclusión”.
2.7. Siendo así, la Sala revocará la sentencia de primera instancia que denegó las pretensiones de la acción de tutela y, en su lugar, declarará improcedente la solicitud de amparo.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Revocar la sentencia impugnada que denegó las pretensiones de la demanda. En su lugar:
2. Declarar improcedente la acción de tutela presentada por el señor Carlos Roberto Mojica Cerquera, por las razones expuestas en esta providencia
3. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
5. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente de la Sección
(Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Magistrada
(Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Magistrada
(Firmado electrónicamente)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ
Magistrado
Uno de los magistrados aclaró el voto, porque la demanda de tutela debió declararse improcedente por falta de relevancia constitucional.
Ver sentencia del 31 de julio de 2012.
Expediente (IJ) 11001-03-15-000-2012-02201-01.
SU-573 de 2017.
Al respecto, ver sentencias C-590 de 2005, T-335 de 2000, T-102 de 2006, T-1044 de 2007, T-658 de 2008, T-505 de 2009, T-610 de 2009, T-896 de 2010, T-040 de 2011, T-338 de 2012, T-512 de 2012, T-543 de 2012, T-1061 de 2012, T-931 de 2013, T-182 de 2014 y T-406 de 2014.
Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado número: 11001 03 15 000 2012 02201 01 (IJ). Actor: Alpina Productos Alimenticios S.A. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
Ibidem.
Folio 17 del cuaderno principal.
Folio 17 del cuaderno principal.
“Incrementar injustificadamente el patrimonio, directa o indirectamente en favor propio o de un tercero, o permitir o tolerar que otro lo haga”.
Ver, entre otras, las sentencias del 6 de mayo de 2021 (expediente 11001-03-15-000-2021-00920-00) y del 8 de abril de 2021 (expediente 11001-03-15-000-2020-04412-01).
En el mismo sentido se pronunció la Sala en la sentencia del 13 de mayo de 2021, en el proceso de tutela N°. 11001-03-15-000-2021-00252-01.
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