Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2021-00559-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Acción de tutela contra providencia judicial
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2021-00559-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2021-00559-01
Consejero ponente: Hernando Sánchez Sánchez
5 de agosto de 2021
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL POR FALTA DEL REQUISITO DE INMEDIATEZ / INTERPOSICIÓN TARDÍA E INJUSTIFICADA DE LA ACCIÓN DE TUTELA - Superó los 6 meses a partir de la ejecutoria de la providencia acusada / REQUISITO DE INMEDIATEZ / DESCONOCIMIENTO DEL PLAZO RAZONABLE / FLEXIBILIZACIÓN DEL PRINCIPIO DE INMEDIATEZ DE LA ACCIÓN DE TUTELA – La razón presentada por el actor no justifica la tardanza / NOTIFICACIÓN DE LA SENTENCIA - Válida
En el expediente está plenamente acreditado que i) la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado profirió la sentencia el 23 de enero de 2020, y se notificó el 24 de febrero de 2020; y ii) que el actor presentó la acción de tutela el 11 de febrero de 2021, es decir, 11 meses, 18 días desde la fecha de la notificación hasta la presentación de la acción de tutela. (…) Con base en lo anterior, la Sala considera que la acción de tutela fue presentada, superando el plazo razonable de los seis (6) meses, término que como se evidencia ha sido establecido tanto por la jurisprudencia de la Corte Constitucional como del Consejo de Estado. No obstante, la misma jurisprudencia ha considerado que el requisito de inmediatez dentro del marco de la acción de tutela contra providencias judiciales debe ser analizado en cada caso concreto, y que existen situaciones especiales que permiten establecer un plazo superior al determinado, como por ejemplo en los casos donde se controvirtieren asuntos sobre prestaciones periódicas, donde se deben verificar los requisitos antes mencionados en la parte motiva de esta sentencia como lo son: “[…] que se demuestre que la vulneración de los derechos permanezca, esto es, que sea continua y actual, pese a que el hecho que la originó sea muy antiguo respecto de la presentación de la tutela; y ii) que el actor se encuentre en condición de debilidad manifiesta […]”. En el análisis del caso concreto, se cumple el primer requisito toda vez que la pensión de jubilación constituye una prestación periódica y la presunta vulneración alegada es continua y actual, teniendo en cuenta que lo que se procura es que tal prestación le sea reconocida, con los reajustes respectivos. En cuanto al segundo requisito, relativo a la condición de debilidad manifiesta, (…) se advierte que el actor no demostró, ni siquiera con prueba sumaria, que se encontraba en un estado de debilidad manifiesta que justificara su inactividad por más de seis (6) meses para interponer este mecanismo de protección constitucional contra la sentencia que presuntamente violó sus derechos fundamentales invocados supra, ni demostró que la providencia objeto de la acción de tutela no le hubiera sido notificada en debida forma como hecho relevante que justificaba la tardanza en la interposición de la acción y flexibilizar el término de inmediatez. (…) Finalmente, la Sala advierte que, frente a los argumentos expuestos en el escrito de impugnación, relacionados con que la sentencia de 23 de enero de 2020 “[…] se notificó a OCTAVIO RAMÍREZ LÓPEZ por un correo simple, al que no se adjuntó copia de la providencia con firmas, físicas o digitales o la constancia de ejecutoria de la misma el 24 de febrero de 2020 […]”, no son de recibo. En efecto, al revisar el expediente del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho objeto de estudio, se evidencia que, contrario a lo expuesto por el actor, al correo electrónico a través del cual se le notificó lo resuelto sí se adjuntó la sentencia respectiva, tal cual como se advierte de la Notificación núm. 13496, en donde se registró el documento que se anexó con su debida clave de integridad, (…) Ahora bien, frente a la ausencia de la constancia de ejecutoria en el correo de notificación, la Sala considera que este argumento no tiene incidencia alguna, toda vez que, lo que se debía notificar era la sentencia y, en todo caso, tal cual como esta Sección lo ha sostenido en varias oportunidades, el extremo inicial a partir del cual se debe efectuar la contabilización del término para encontrar acreditado el requisito de la inmediatez es la notificación de la sentencia, la cual como ya se indicó se realizó el 24 de febrero de 2020.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá, D.C., cinco (5) de agosto de dos mil veintiuno (2021)
Radicación número: 11001-03-15-000-2021-00559-01(AC)
Actor: OCTAVIO RAMÍREZ LÓPEZ
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RISARALDA Y SUBSECCIÓN A DE LA SECCIÓN SEGUNDA DEL CONSEJO DE ESTADO
Referencia: Acción de tutela
Tema: Improcedencia de la acción de tutela por falta de cumplimiento del requisito de inmediatez
Derechos Fundamentales Invocados: i) Debido proceso, ii) seguridad social e iii) igualdad
Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por el actor contra la sentencia de tutela de 16 de abril de 2021 proferida por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por medio de la cual declaró improcedente el amparo.
La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.
I. ANTECEDENTES
La solicitud
1. El actor, obrando mediante apoderado, presentó solicitud de tutela contra el Tribunal Administrativo de Risaralda y la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, porque, a su juicio, el Tribunal al proferir la sentencia de 29 de abril de 2016 y el Consejo al proferir la sentencia de 23 de enero de 2020 dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 63001233300020140011101, vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad social y a la igualdad.
Presupuestos fácticos
2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en síntesis, son los siguientes:
3. Indicó que nació el 4 de septiembre de 1957 y para el 1.° de abril de 1994 contaba con más de 750 semanas cotizadas al Sistema Pensional, razón por la cual es beneficiario del régimen de transición en los términos del artículo 36 de la Ley 100 de 23 de diciembre de 1993.
4. Expresó que cotizó a pensión un total de 1.833,58 semanas entre el 10 de marzo de 1975 y el 16 de noviembre de 2012.
5. Adujo que laboró en la Contraloría General de la República entre el 8 de marzo de 2001 y el 16 de noviembre de 2012.
6. Manifestó que desempeñó el cargo de contralor provincial nivel directivo grado 01 en la gerencia departamental del Vaupés entre el 31 de octubre de 2011 y el 16 de noviembre de 2012, periodo en el cual percibió i) sueldo básico, ii) prima técnica, iii) remuneración adicional, iv) prima de vacaciones, v) bonificación especial de servicios, vi) prima de servicios y vii) prima de navidad.
7. Agregó que solicitó ante Colpensiones el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación el 3 de octubre de 2012, petición que fue negada a través de la Resolución núm. GNR 088696 del 6 de mayo de 2013.
8. Afirmó que contra la Resolución núm. GNR 088696 del 6 de mayo de 2013 interpuso el recurso de apelación, el cual fue resuelto por medio de la Resolución núm.VPB 3245 del 4 de agosto de 2013, confirmando en su integridad lo dispuesto en dicho acto administrativo.
9. El señor Octavio Ramírez López presentó demanda contra la Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, con el fin de que se declarara la nulidad de las Resoluciones núm. GNR 088696 del 6 de mayo de 2013 y VPB 3245 del 4 de agosto de 2013; y a título de restablecimiento del derecho solicitó que se ordenara a la entidad demandada a reconocerle y pagarle la respectiva pensión de jubilación.
Sentencia proferida el 29 de abril de 2016 por el Tribunal Administrativo de Risaralda dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 63001233300020140011101
10. El Tribunal Administrativo de Risaralda, dispuso en su parte resolutiva lo siguiente:
“[…] NIÉGANSE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia […]”.
11. Consideró que:
“[…] Conforme a los medios probatorios allegados al dossier, se acreditó que al 1 de abril de 1994 el señor Octavio Ramírez López tenía más de 15 años de servicios, con un total de 989,28 semanas cotizadas, por lo cual se encuentra dentro de las previsiones del régimen de transición de la Ley 100 de 1993. Por lo tanto, es del caso establecer cuál era la norma anterior que regulaba su situación pensional, debiéndose analizar si en efecto le es aplicable el Decreto 929 de 1976, conforme lo depreca la apoderada de la parte demandante.
Con el objetivo de identificar el régimen pensional aplicable al demandante, es preciso establecer el carácter público o privado, o ambos, de la vinculación laboral que tuvo durante el tiempo de servicio que le sirve de fundamento para solicitar su pensión de jubilación, pues tal naturaleza es esencial al momento de establecer las disposiciones aplicables al sub júdice.
Al respecto, se tiene de los hechos probados que el demandante efectuó cotizaciones a la Administradora Colombiana de pensiones - Colpensiones, en virtud de la actividad personal desplegada para el Banco Cafetero, para el señor Correa Pulgarin Octavio, Industrias Los Pinos Ltda, Bavaria S.A., Ingenio Risaralda, Embotelladora Risaralda Ltda, Movitierra S.A., Cooperativa Médica del Vqlle y Profesionales, Coomeva Ibagué, Instituto de Administración y Finanzas, CIPCA, Conexión Futuro CTA y Controlaría General de la República, lo que se traduce en que el señor Ramírez López realizó aportes en virtud de vinculaciones de índole público y privado, teniendo en cuenta, además, que el tiempo laborado en entidades públicas no es igual o superior a 20 años.
Bajo tal panorama, y dado que la vinculación laboral del actor obedece a la acumulación de tiempos tanto en el sector público como en el privado, lo procedente es realizar el reconocimiento pensional bajo el régimen que trata la Ley 71 de 1988, la cual regula lo concerniente al reconocimiento de pensión de jubilación por aportes al siguiente tenor literal:
“Artículo 7. A partir de la vigencia de la presente ley, los empleados oficiales y trabajadores que acrediten veinte (20) años de aportes sufragados en cualquier tiempo y acumulados en una o varías de las entidades de previsión social que hagan sus veces, del orden nacional, departamental, municipal, intendencial, comisarial o distrital y en el Instituto de los Seguros Sociales, tendrán derecho a una pensión de jubilación siempre que cumplan sesenta (60) años de edad o más si es varón y cincuenta y cinco (55) años o más si es mujer. El Gobierno Nacional reglamentará los términos y condiciones para el reconocimiento y pago de esta prestación y determinará las cuotas partes que correspondan a las entidades involucradas (...) (Negrillas fuera del texto original).
Sin embargo, el demandante invocó la aplicación del Decreto 929 de 1976, por el cual se estableció un régimen especial a favor de los funcionarios y empleados de la Contraloría General de la República, disponiendo en su artículo 7o que tendrán derecho, al llegar a los 55 años de edad, si son hombres y de 50 si son mujeres, y cumplir 20 años de servicio continuo o discontinuo, anteriores o posteriores a la vigencia del Decreto, de los cuales por lo menos diez lo hayan sido exclusivamente a la Contraloría General de la República a una pensión ordinaria vitalicia de jubilación equivalente al 75% del promedio de los salarios devengados durante el último semestre.
Si bien el referido artículo no establece con claridad qué tipo de naturaleza debe rodear la prestación del servicio parte del funcionario o empleado para completar los 20 años requeridos, es decir, si debe ser de carácter privado o público, para este Tribunal es claro, y por ende no admite discusión que el Decreto 929 de 1976, trae de manera implícita como requisito para el reconocimiento pensional que dicho término en efecto haya sido laborado al sector público, por la potísima razón que para la época en que fue proferido no era posible acumular los tiempos prestados al servicio de entidades públicas y de entes privados, pues esta posibilidad se previo (sic) gracias a la expedición posterior de la Ley 71 de 1988, la cual, se colige es posterior al régimen especial deprecado […]”.
[…]
“[…] En el caso concreto, en primer lugar se dejó sentado que el señor Octavio Ramírez López no tiene derecho a obtener su pensión de vejez con 55 años de edad, pues las normas que invoca son de aplicación exclusiva para el personal que haya prestado sus servicios a entidades del orden público en la forma antes prevista; y, segundo lugar la disposición que establece la pensión permitiendo acumular tiempos de servicio prestados al sector privado y público, es la Ley 71 de 1988, que exige 60 años de edad para efectos del reconocimiento de la pensión de jubilación en el caso de los hombres, tampoco se encuentra acreditada, pues del registro civil de nacimiento y de la cédula de ciudadanía antes citados se encuentra anotada como fecha de nacimiento el día 4 de septiembre de 1957, lo que significa que a la fecha y en el trámite de esta instancia, el demandante cuenta con 58 años de edad, lo que no le permite por presupuesto de edad acceder al reconocimiento pensional por aportes a favor del actor […]”.
Sentencia proferida el 23 de enero de 2020 por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 63001233300020140011101
12. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, dispuso en su parte resolutiva lo siguiente:
“[…] Primero: Revocar la sentencia del 29 de abril de 2016 proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda, en la demanda que en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho interpuso el señor Octavio Ramírez López contra la Administradora Colombiana de Pensiones.
Segundo: Declarar no probadas las excepciones de mérito denominadas «inexistencia de la obligación», «exoneración de la condena por buena fe» y «prescripción» formuladas por la Administradora Colombiana de Pensiones, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.
Tercero: Declarar la nulidad de las Resoluciones GNR 088696 del 6 de mayo de 2013 y VPB 3245 del 5 de agosto de 2013, expedidas por Colpensiones, en cuanto negaron el reconocimiento pensional del demandante.
Cuarto: A título de restablecimiento del derecho, ordenar a Colpensiones reconocer y pagar en favor del señor Octavio Ramírez López una pensión mensual vitalicia de vejez de que trata el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 9 de la Ley 797 de 2003, en los términos de los artículos 21 y 34 de la citada ley, a partir del 4 de septiembre de 2019.
Quinto: Las sumas resultantes en favor del demandante se ajustarán en su valor, en aplicación de la fórmula en la parte considerativa de esta providencia.
Sexto: A la sentencia se le dará cumplimiento en los términos previstos en el artículo 192 del CPACA […]”.
13. Consideró que:
“[…] En ese sentido, esta Corporación ha sostenido en casos similares que los 20 años de servicio de que trata el artículo 7 del Decreto 929 de 1976 deben ser prestados en el sector público, por lo que no es posible computar los tiempos trabajados al Estado con cotizaciones efectuadas en el sector privado o de manera independiente para efectos de completar él tiempo de servicios a fin de obtener la pensión de jubilación con base en el régimen especial […]”.
[…]
“[…] De acuerdo con lo anterior, es claro que el señor Octavio Ramírez López no puede acceder a la pensión de jubilación en los precisos términos del Decreto 929 de 1976 porque no alcanzó a reunir todos los requisitos exigidos en dicha norma.
Ahora, el demandante expuso en el recurso de apelación que con la decisión adoptada por la a quo y, como se ha visto, compartida por la jurisprudencia del Consejo de Estado, se desconocieron precedentes de la Corte Constitucional como las sentencias T-470 de 2002, T-571 de 2002 o T-430 de 2011, en las cuales según indicó el libelista, la Alta Corporación consideró que el cómputo de tiempos de servicio debía incluir el tiempo cotizado en el sector privado.
Sobre el particular, la Sala observa que las providencias proferidas por la Corte Constitucional en sede de revisión de acción de tutela tienen por regla general efectos inter partes, es decir, cuya decisión solo vincula a las partes en conflicto, y en algunos casos excepcionales, la Corte ha modulado sus efectos de modo tal que se predica de ellas una consecuencia ínter comunis, según la cual la decisión en ella contenida se hace extensiva a todas las personas que aun sin ser parte en el procedimiento de tutela, comparten idénticos presupuestos tácticos y jurídicos de quienes si lo fueron.
Sin embargo, este último efecto (inter comunis) solo puede ser otorgado por la Corte Constitucional, esto es, debe existir un pronunciamiento expreso por parte de la Alta Corporación en el sentido de extender sus efectos a todas aquellas personas que se encuentren en circunstancias tácticas de tiempo, modo y lugar, y jurídicas, idénticas a aquellas de quien promovió la acción de tutela; caso que no se presenta en este asunto, pues las sentencias aludidas no hacen mención en forma alguna al régimen pensional especial aplicable a los empleados y funcionarios de la Contraloría General de la República, contenido en el Decreto 929 de 1976.
Conclusión: El señor Octavio Ramírez López no tiene derecho a que le sea reconocida y pagada la pensión de jubilación en los términos previstos por el Decreto 929 de 1976, al no haber demostrado que prestó servicios en el sector público por 20 años, pues las cotizaciones realizadas en el sector privado no pueden ser contabilizados como tiempo de servicio al Estado.
Segundo problema jurídico
¿Al demandante puede concedérsele la pensión de jubilación por aportes por haber cotizado al sistema pensional en el sector público y privado?
Al respecto, la Sala sostendrá la siguiente tesis: Pese a que el demandante estaba cobijado por el régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, no le es aplicable la Ley 71 de 1988 o el Acuerdo 049 de 1990 por cuanto el derecho lo causó con posterioridad al 31 de diciembre de 2014, es decir, que en virtud del Acto Legislativo 01 este perdió el beneficio de la transición porque tan solo acreditó el requisito de la edad en el año 2017 […]”.
14. Señaló que el actor tenía derecho al reconocimiento de la pensión de vejez en los términos del artículo 33 de la Ley 100 de 1993. En ese orden de ideas, expresó que:
“[…] Consecuentemente, la subsección estima que es indispensable que el aspecto sustancial del demandante se solucione de manera directa y efectiva, por lo tanto, para que se pueda zanjar la controversia y la situación jurídica se defina de la mejor manera, en garantía de los derechos fundamentales a la seguridad social y mínimo vital del demandante, y quien además solicitó la prelación de la resolución de su caso en memorial allegado a la Corporación a folios 248-250 ante su edad actual, difícil situación económica a la espera del reconocimiento de su pensión de jubilación y dado que el proceso ingresó a despacho para fallo el 13 de junio de 2017, es necesario declarar la nulidad de los actos administrativos demandados de tal manera que la entidad demandada expida una nueva resolución en cumplimento de la presente sentencia sin el velo de permanencia en el sistema jurídico de las decisiones anteriores.
Por lo tanto, como está definido que el señor Ramírez López satisface los requisitos exigidos en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 9 de la Ley 797 de 2003 (que es la norma aplicable a su caso) desde el 4 de septiembre de 2019, ostenta un derecho indiscutible a que se le reconozca la pensión de vejez.
En virtud de los razonamientos expuestos, en amparo de las garantías a la seguridad social, al mínimo vital y a la dignidad humana se ordenará a la entidad demandada que en cumplimiento a esta sentencia efectúe el reconocimiento de la pensión de vejez prevista en la Ley 100 de 1993 si aún no lo hubiere aún realizado.
En conclusión: El señor Octavio Ramírez López demostró la edad y el número de semanas requeridas para adquirir el derecho a su pensión de vejez desde el 4 de septiembre de 2019. Por lo tanto, en garantía de la tutela judicial efectiva y de sus derechos al mínimo vital y a la seguridad social se ordenará a la entidad demandada que proceda al reconocimiento con base en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 9 de la Ley 797 de 2003, al ser la norma aplicable […]”.
La solicitud de tutela
Pretensiones
15. El actor solicitó en su escrito de tutela:
“[…] Previos los trámites de la acción de tutela consagrados en el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia, se decrete TUTELAR los derechos al debido proceso, defensa, igualdad, y la seguridad social al ciudadano OCTAVIO RAMÍREZ LÓPEZ, y en consecuencia se hagan las siguientes declaraciones y condenas:
1. TUTELAR los derechos al debido proceso, a la defensa, igualdad, seguridad social, al ciudadano OCTAVIO RAMÍREZ LÓPEZ.
2. Dejar sin efectos las sentencias del 29 de abril de 2016, emanadas del Tribunal Contencioso Administrativo de Risaralda, dentro del radicado 66001233300020140011100, y la sentencia de segunda instancia proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado, del 23 de enero de 2020, dentro del radicado 66001233300020140011101.
3. Ordenar al Tribunal Contencioso Administrativo de Risaralda, y a la Sección Segunda del Consejo de Estado, que decrete la nulidad de la Resolución GNR 088696 del 6 de mayo de 2013 y Resolución VPB 3245 del 4 de agosto de 2013.
4. Ordenar al Tribunal Contencioso Administrativo de Risaralda, y a la Sección Segunda del Consejo de Estado, que a título de restablecimiento del derecho conceda la pensión de jubilación del señor OCTAVIO RAMÍREZ LÓPEZ, en el régimen de transición aplicable a su caso, que es el contenido en el Artículo 7 del Decreto 929 de 1976.
5. Como consecuencia de lo anterior, se ordene el pago del retroactivo de la pensión de jubilación al señor OCTAVIO RAMÍREZ LÓPEZ, desde el 9 de noviembre de 2012, dineros que se deben indexar como lo establece el CPACA.
6. Condenar a COLPENSIONES al pago de los intereses moratorios contenidos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, desde noviembre de 2012, hasta que se verifique el pago de las mesadas adeudadas.
7. Ordenar al Tribunal Contencioso Administrativo de Risaralda y a la Sección Segunda del Consejo de Estado, que como consecuencia de lo anterior se condene en costas y agencias en derecho a COLPENSIONES.
8. Las demás condenas a las que extra y ultra petita hubiere lugar […]”.
16. El actor en su escrito de tutela indicó que la autoridad judicial accionada incurrió en un defecto fáctico. Sin embargo, la Sala al revisar los argumentos jurídicos, evidencia que estructuró un defecto sustantivo por interpretación irrazonable del artículo 7 del Decreto 929 de 11 de mayo de 1976 y un defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial.
Actuación
17. La Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por auto de 16 de febrero de 2021; i) admitió la acción de tutela, ii) ordenó notificar a la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado y al Tribunal Administrativo de Risaralda, y iii) vinculó a la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones; y a las […]”.personas que hayan participado en el proceso ordinario con radicado 66001-12-33-000-2014-00111-00 […]” en calidad de terceros con interés legítimo, concediéndoles el término de tres (3) días para que rindieran informe sobre el particular.
Intervenciones de la parte demandada y de los terceros con interés legítimo
18. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado consideró que:
“[…] Al respecto, se observa que la conclusión a la que se llegó en la segunda instancia del proceso ordinario por parte de esta subsección se sustentó en la misma línea interpretativa aplicada en casos similares por la Corporación desde noviembre de 2011, en el proceso con radicación 25000-23-42-000-2006-03452- 01, tesis en la cual también se edificó la sentencia del 2 de octubre de 2019 con radicación 23001-23-31-000-2011-00519-01, por lo que para la fecha de promulgación de la sentencia objeto de tutela, esto es, el 23 de enero de 2020, la tesis imperante respecto de los exservidores de la Contraloría General de la República era que debía acreditarse 20 años de servicio en el sector público, de los cuales como mínimo 10 debían ser al servicio de dicha entidad.
En ese sentido, esta subsección, luego de aplicar el precedente jurisprudencial de la Sección Segunda del Consejo de Estado respecto de la forma de aplicar el régimen pensional de los funcionarios de la Contraloría, y con el fin de garantizar los derechos del señor Octavio Ramírez López realizó un estudio sobre los otros regímenes pensionales aplicables a él, con lo cual se concluyó que el demandante tenía derecho al reconocimiento pensional en los términos de la Ley 100 de 1993.
Por este motivo, se considera que en segunda instancia se garantizaron los derechos fundamentales al debido proceso y a la seguridad social, invocados como vulnerados por el señor Ramírez López, pues luego de concluir, se reitera, con fundamento en el precedente de la Corporación que no era procedente contabilizar tiempos privados para completar los 20 años que exigía el Decreto 929 de 1976 y el consecuente reconocimiento pensional, se ordenó otorgar la pensión al demandante en los términos del régimen general de pensiones […]”.
19. La Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones señaló que:
“[…] En presencia de lo expuesto, solicito respetuosamente a esa H. Corporación se declare improcedente la presente acción de tutela por cuanto no se ha materializado ningún vicio, defecto o vulneración de derechos fundamentales por parte del Consejo de estado (sic), Sección Segunda y Tribunal Contencioso Administrativo de Risaralda, así como por la abierta improcedencia de la tutela contra sentencias judiciales, teniendo en cuenta que nuestra legislación ha dispuesto mecanismos tales como los recursos judiciales para debatir lo allí determinado, sin que esta pueda constituirse en una tercera instancia […]”.
20. El Tribunal Administrativo de Risaralda guardó silencio en esta oportunidad procesal.
La sentencia impugnada
21. La Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado mediante sentencia de 16 de abril de 2021, resolvió lo siguiente:
“[…] PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo presentada por el señor Octavio Ramírez López en contra del Tribunal Administrativo de Risaralda, la Sección Segunda del Consejo de Estado y la Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, por los motivos expuestos en las consideraciones de esta providencia […]”.
22. Consideró que:
“[…] En el sub lite, la Sala observa que la sentencia de segunda instancia, objeto de tutela en el presente trámite, fue proferida el 23 de enero de 2020 y quedó ejecutoriada el 27 de febrero de 2020. Por otro lado, la solicitud de amparo fue incoada el 11 de febrero de 2021, por lo que, para esa fecha, habían transcurrido más de doce meses desde que el solicitante de amparo tuvo conocimiento de la providencia cuestionada. En ese orden, la solicitud de amparo formulada por el señor Ramírez López no cumpliría los términos establecidos por la jurisprudencia, respecto del requisito de inmediatez.
2.2.2. Ahora bien, el señor Ramírez López, adujo que formuló la solicitud de amparo dentro de los términos que exige la jurisprudencia para cumplir con el requisito de inmediatez, pues sostuvo que el conteo del plazo razonable se debía efectuar desde el auto que ordenó cumplimiento a la sentencia de segunda instancia, proferido por el Tribunal Administrativo de Risaralda. En sus palabras, manifestó:
“(…) La sentencia recurrida, quedó ejecutoriada mediante el auto de cúmplase lo resuelto por el superior, expedido por el Tribunal Contencioso Administrativo de Risaralda del 3 de noviembre de 2020, cumpliéndose con el requisito de inmediatez en la interposición de la acción de tutela. (…)”.
“(…) se cumple con el requisito de inmediatez, pues el auto de acatamiento de lo resuelto por el superior es del 3 de noviembre de 2020 (tres meses aproximadamente, sin descontar la vacancia judicial) (…)”.
La Sala no encuentra de recibo los argumentos del solicitante de amparo, ya que el auto que ordena el cumplimiento de la sentencia, no contiene las decisiones ni las razones que configuran el objeto de la reclamación de amparo, pues la inmediatez de la acción de tutela se debe verificar a partir de las sentencias proferidas en el proceso ordinario, y en concreto, desde la decisión de segunda instancia (que resuelve de manera definitiva la controversia), toda vez que los hechos que generan la presunta vulneración de los derechos del solicitante de amparo, tienen origen en dichas providencias […]”.
La impugnación
23. El actor impugnó la sentencia proferida por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado. En ese orden de ideas, expresó lo siguiente:
“[…] El yerro en el que incluye el a quo, lo explicaremos a continuación: Tal como se observa en el histórico del proceso y que se descargó de la página web de la Rama Judicial, dentro del radicado 66001233300020140011101, la sentencia de (sic) profirió el 23 de enero de 2020, se notificó a OCTAVIO RAMÍREZ LÓPEZ por un correo simple, al que no se adjuntó copia de la providencia con firmas, físicas o digitales o la constancia de ejecutoria de la misma el 24 de febrero de 2020, [ver documento en formato PDF que se adjunta como prueba] tal como lo muestra la siguiente imagen […]”.
[…]
“[…] Tanto mi poderdante como el suscrito nos encontrábamos en Bucaramanga – Santander, por esas calendas, razón por la cual viajé a la ciudad de Bogotá D.C., el 15 de marzo de 2020 a obtener una copia de la providencia con la constancia de la ejecutoria, con las firmas físicas o digitales, pero el lunes 16 de marzo de 2020 el Consejo Superior de la Judicatura CERRÓ la atención al público en la totalidad de los despachos judiciales.
Por lo anterior, solo nos quedó la opción que el expediente regresara al Tribunal Contencioso Administrativo de Risaralda, como se indicó, se había despachado el 10/03/2020, con el oficio: 2495.
No obstante lo anterior, al Tribunal Contencioso Administrativo de Risaralda, solo llegó el proceso el 23 de septiembre de 2020, seis meses y 13 días después de haber sido enviado por el Consejo de Estado, tal como se observa en el siguiente pantallazo [ver documento en formato PDF que se adjunta como prueba]: […]”.
[…]
“[…] El 16 de octubre entró al Despacho y solo salió el 3 de noviembre de 2020 con el auto de obedézcase lo resuelto por el superior, y la copia auténtica que presta mérito ejecutivo fue entregada físicamente a mi poderdante 22 enero de 2021 y la acción de tutela se instauró el 11 de febrero de 2021, esto es apenas 20 días corridos después de haber obtenido la copia de la sentencia de segunda instancia.
Se itera, que el petitum del amparo, se basa en una nulidad y restablecimiento del derecho de un acto administrativo que concede una PENSIÓN o lo que es lo mismo un derecho laboral, razón por la cual, el a quo debió otorgar la condición más beneficiosa para el trabajador, tal como la misma Corte Constitucional lo ha expresado en reiteradas jurisprudencias, incluso de unificación.
Así pues, exigirle a mi poderdante la prueba imposible: poseer copia de la sentencia para interponer el amparo de tutela, es por lo menos un desafuero jurisprudencial […]”.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia de la Sala
24.Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad con los artículos 1.º y 32 del Decreto núm. 2591 de 19 de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en concordancia con el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021 y en armonía con el Acuerdo 377 del 11 de diciembre de 2018 y con el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019, que asigna a esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.
Generalidades de la acción de tutela
25. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario, destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.
Problemas jurídicos
26. Corresponde a la Sala establecer: i) si, en efecto, es procedente la acción de tutela acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra sentencias judiciales, concretamente si se cumplió con el requisito de la inmediatez.
27. Para resolver el presente problema jurídico esta Sala analizará los siguientes temas: i) procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, ii) requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela cuando se dirige contra providencias judiciales, iii) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al debido proceso, iv) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental a la igualdad, v) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental a la seguridad social; procediendo posteriormente a vi) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y cuando, se satisfagan los requisitos generales.
Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
28. Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania Álvarez Bello, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala Plena, en sentencia de 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profiera - que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro determine la ley y la propia doctrina judicial.
Requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra decisiones judiciales
29. Esta Sección adoptó como parámetros a seguir los señalados en la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el tema.
30. Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición jurisprudencial, estableció como requisitos generales de procedibilidad de esta acción constitucional, cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia constitucional del asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) la existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de la vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se trate de tutela contra tutela.
31. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una providencia judicial: en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso objeto de análisis se configura uno de los defectos especiales, permitiéndole de esta manera “dejar sin efecto o modular la decisión” que encaje en dichos parámetros.
32. Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.
33. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014.
Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela en el caso concreto
34. La Sala estudiará la procedencia de la acción de tutela bajo la premisa del cumplimiento del requisito de inmediatez como requisito general de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, dispuesto por la sentencia C-590 de 2005, proferida por la Corte Constitucional.
Acerca del requisito de inmediatez dentro del marco de la acción de tutela
35. Si bien es cierto el Decreto 2591 de 19 de noviembre de 1991 estableció que la acción de tutela puede presentarse en todo momento, no significa que no deba interponerse dentro de un plazo razonable. La Corte Constitucional en la sentencia SU-961 de 1999 dijo:
“[…] La inexistencia de un término de caducidad no puede significar que la acción de tutela no deba interponerse dentro de un plazo razonable. La razonabilidad de este plazo está determinada por la finalidad misma de la tutela, que debe ser ponderada en cada caso concreto. De acuerdo con los hechos, entonces, el juez está encargado de establecer si la tutela se interpuso dentro de un tiempo prudencial y adecuado, de tal modo que no se vulneren derechos de terceros.
Si bien el término para interponer la acción de tutela no es susceptible de establecerse de antemano de manera afirmativa, el juez está en la obligación de verificar cuándo ésta no se ha interpuesto de manera razonable, impidiendo que se convierta en factor de inseguridad, que de alguna forma afecte los derechos fundamentales de terceros, o que desnaturalice la acción. […]”.
36. Ahora bien, el Consejo de Estado frente al cumplimiento del requisito de inmediatez dentro del marco de la acción de tutela contra providencias judiciales en sentencia de unificación dijo:
“[…] Anótese que el término o plazo de inmediatez no es único. Eso explica que las diversas secciones del Consejo de Estado hayan fijado pautas diferentes sobre este aspecto.
Por eso, la Sala Plena, como regla general, acoge un plazo de seis meses, contados a partir de la notificación o ejecutoria de la sentencia, según el caso, para determinar si la acción de tutela contra providencias judiciales se ejerce oportunamente. Se ha estimado como aceptable ese plazo, teniendo en cuenta la naturaleza del acto jurisdiccional, los plazos previstos en la ley para la interposición de los recursos ordinarios y extraordinarios contra las mismas, el derecho a la tutela judicial efectiva y la necesidad de que las situaciones jurídicas resueltas logren certeza y estabilidad. La regla general del plazo de seis meses se acoge, además, teniendo en cuenta: i) que el plazo ha sido considerado como razonable por la jurisprudencia de la Corte Constitucional y; (ii) se trata de una decisión judicial adoptada en un proceso jurisdiccional […].
37. Con fundamento en la anterior regla jurisprudencial, es posible advertir que la acción de tutela contra providencias judiciales debe interponerse dentro de los seis meses siguientes a la notificación de la providencia, para efectos de acreditar el cumplimiento del requisito de inmediatez.
38. Además, la Corte Constitucional en jurisprudencia reiterada ha dicho:
“[…] Más recientemente, la Sala Octava de Revisión, en sentencia T- 322 del 10 de abril de 2008, estimó que, al momento de determinar si se presentaba el fenómeno de la inmediatez en materia de acción de tutela contra providencias judiciales, era necesario examinar los siguientes aspectos: (i) si obra en el expediente prueba alguna que justifique la inactividad del peticionario en cuestionar en sede de amparo la constitucionalidad de la providencia; (ii) si se está en presencia de un sujeto de especial protección o de una persona que se encontrase en una situación de especial indefensión; y (iii) la existencia de un plazo razonable.[…]”.
39. De igual manera frente al tema y concretamente cuando se trata del reconocimiento de prestaciones periódicas, esta Sección ha dicho:
“[…]…la Sala (Expediente nro. 2013-02423-01, Actora: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -UGPP-), concluyó que “[…] siempre que se trate de una acción de tutela contra providencia judicial que verse sobre prestaciones periódicas, se realizará el análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad, incluido el de inmediatez, el cual deberá efectuarse desde los criterios de i) que se demuestre que la vulneración de los derechos permanezca, esto es, que sea continua y actual, pese a que el hecho que la originó sea muy antiguo respecto de la presentación de la tutela; y ii) que el actor se encuentre en condición de debilidad manifiesta […]”.
Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al debido proceso
40. Visto el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que establece que:
“[…] ARTICULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio.
En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. […]”.
41. Atendiendo a que, la Corte Constitucional ha definido el derecho al debido proceso, como “[…] el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico, a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se logre la aplicación correcta de la justicia. […]”, y ha recordado que “[…] En virtud del citado derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en forma omnímoda, sino dentro del marco jurídico definido democráticamente, respetando las formas propias de cada juicio y asegurando la efectividad de aquellos mandatos que garantizan a las personas el ejercicio pleno de sus derechos[…]” de manera que ha resaltado que el derecho al debido proceso tiene como propósito “[…] la defensa y preservación del valor material de la justicia, a través del logro de los fines esenciales del Estado, como la preservación de la convivencia social y la protección de todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes y demás derechos y libertades públicas (preámbulo y artículos 1° y 2° de la C.P) […]”.
Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental a la igualdad
42. Visto el artículo 13 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que establece que:
“[…] ARTICULO 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.
El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados.
El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. […]”.
43. Atendiendo a que la Corte Constitucional ha entendido que el derecho a la igualdad “[…] comporta un conjunto de mandatos independientes y no siempre armónicos, entre los que se destacan (i) la igualdad formal o igualdad ante la ley, relacionada con el carácter general y abstracto de las disposiciones normativas dictadas por el Congreso de la República y su aplicación uniforme a todas las personas; (ii) la prohibición de discriminación, que excluye la legitimidad constitucional de cualquier acto (no solo las leyes) que involucre una distinción basada en motivos definidos como prohibidos por la Constitución Política, el derecho internacional de los derechos humanos, o bien, la prohibición de distinciones irrazonables; y (iii) el principio de igualdad material, que ordena la adopción de medidas afirmativas para asegurar la vigencia del principio de igualdad ante circunstancias fácticas desiguales. […]”.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental a la seguridad social
44. Visto el artículo 48 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que establece que:
“[…] La Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que establezca la ley.
Se garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la Seguridad Social.
El Estado, con la participación de los particulares, ampliará progresivamente la cobertura de la Seguridad Social que comprenderá la prestación de los servicios en la forma que determine la ley.
La Seguridad Social podrá ser prestada por entidades públicas o privadas, de conformidad con la ley.
No se podrán destinar ni utilizar los recursos de las instituciones de la Seguridad Social para fines diferentes a ella.
La ley definirá los medios para que los recursos destinados a pensiones mantengan su poder adquisitivo constante […]”.
45. De igual manera, la Corte Constitucional frente al derecho fundamental a la seguridad social ha dicho lo siguiente:
“[…] El artículo 48 de la Constitución Política consagra el derecho a la seguridad social bajo una doble connotación: i) como derecho fundamental; y ii) como un servicio público de carácter obligatorio que se presta bajo la dirección, coordinación y control del Estado.
Esta garantía fundamental “surge como un instrumento a través del cual se le garantiza a las personas el ejercicio de sus derechos fundamentales cuando se encuentran ante la materialización de algún evento o contingencia que mengüe su estado de salud, calidad de vida y capacidad económica, o que se constituya en un obstáculo para la normal consecución de sus medios mínimos de subsistencia a través del trabajo”. Su fundamentalidad se sustenta en el principio de dignidad humana en virtud del cual “resulta posible que las personas afronten con decoro las circunstancias difíciles que les obstaculizan o impiden el normal desarrollo de sus actividades laborales y la consecuente recepción de los recursos que les permitan ejercer sus derechos subjetivos” […]”.
Análisis del caso concreto
46. La Sala estudia si en el presente caso se cumple con el requisito de inmediatez.
47. Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el caso concreto.
48. La Sala procederá a apreciar y valorar todas las pruebas decretadas y aportadas, de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del artículo 176 del Código General del Proceso, aplicando para ello las reglas de la lógica y la certeza que sobre determinados hechos se requiere para efectos de decidir lo que en derecho corresponda, en relación con los problemas jurídicos planteados en la acción de tutela y en la impugnación.
Acervo y análisis probatorios
49. En el expediente está plenamente acreditado que i) la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado profirió la sentencia el 23 de enero de 2020, y se notificó el 24 de febrero de 2020; y ii) que el actor presentó la acción de tutela el 11 de febrero de 2021, es decir, 11 meses, 18 días desde la fecha de la notificación hasta la presentación de la acción de tutela.
Solución del caso concreto
Análisis del cumplimiento del requisito de inmediatez
50. Con base en lo anterior, la Sala considera que la acción de tutela fue presentada, superando el plazo razonable de los seis (6) meses, término que como se evidencia ha sido establecido tanto por la jurisprudencia de la Corte Constitucional como del Consejo de Estado.
51. No obstante, la misma jurisprudencia ha considerado que el requisito de inmediatez dentro del marco de la acción de tutela contra providencias judiciales debe ser analizado en cada caso concreto, y que existen situaciones especiales que permiten establecer un plazo superior al determinado, como por ejemplo en los casos donde se controvirtieren asuntos sobre prestaciones periódicas, donde se deben verificar los requisitos antes mencionados en la parte motiva de esta sentencia como lo son: “[…] que se demuestre que la vulneración de los derechos permanezca, esto es, que sea continua y actual, pese a que el hecho que la originó sea muy antiguo respecto de la presentación de la tutela; y ii) que el actor se encuentre en condición de debilidad manifiesta […]”. (Resaltado por la Sala).
52. En el análisis del caso concreto, se cumple el primer requisito toda vez que la pensión de jubilación constituye una prestación periódica y la presunta vulneración alegada es continua y actual, teniendo en cuenta que lo que se procura es que tal prestación le sea reconocida, con los reajustes respectivos.
53. En cuanto al segundo requisito, relativo a la condición de debilidad manifiesta, conviene traer a colación las precisiones hechas por esta Sección en sentencia de 28 de mayo de 2015, por medio del cual unificó su jurisprudencia en cuanto a la aplicación de los criterios que deben tenerse en cuenta para analizar el requisito de la inmediatez en estos casos particulares, especialmente, el que hace referencia a la “condición de debilidad manifiesta”, en donde señaló que:
“[…] Pues bien, comoquiera que por medio de la providencia transcrita, se estableció “el criterio que, en adelante observará la Sala para analizar la procedibilidad de la acción de tutela contra providencias que traten de prestaciones periódicas”; en casos como el presente, en que se controvierte una sentencia relacionada con la reliquidación de una prestación periódica, se ha acudido al citado lineamiento Jurisprudencial de manera invariable, para determinar si el hecho de haber superado el plazo prudencial para interponer la acción de tutela merece ser tratado en forma especial, esto es, a la luz de los criterios de ”que i) se demuestre que la vulneración de los derechos permanece en el tiempo, esto es, que es continua y actual, pese a que el hecho que la originó sea muy antiguo respecto de la presentación de la tutela; y que ii) el actor se encuentre en un condición de debilidad manifiesta.”
Sin embargo, cuando el tema ha involucrado prestaciones periódicas en las modalidades de pensión o asignación de retiro, la aplicación de dichos criterios frente al requisito de la inmediatez, en cada caso concreto, ha dado lugar a soluciones divergentes, habida cuenta de que la Sala ha aceptado que el pensionado, por el simple hecho de serlo, ostenta una calidad que le permite enervar dicho requisito de procedibilidad, pero también ha entendido que en ocasiones se requieren elementos adicionales a tal condición para proceder al estudio de fondo […]”.
[…]
“[…] Dichas divergencias merecen ser precisadas y, por lo tanto, en esta oportunidad la Sala, con el propósito de unificar su Jurisprudencia, determinará como lineamiento único y preciso, en cuanto a la exigencia o no del requisito de inmediatez de la tutela contra providencias judiciales, cuando el solicitante del amparo constitucional es un pensionado o persona que goza de Asignación de Retiro, que tal condición no es per se circunstancia que permita enervar el citado requisito, habida cuenta de que es necesario que confluyan elementos adicionales que permitan concluir que el actor se encuentra en “la especial situación” que “convierte en desproporcionado el hecho de adjudicarle la carga de acudir a un juez; por ejemplo el estado de indefensión, interdicción, abandono, minoría de edad, incapacidad física, entre otros”, tal como lo ha señalado la Corte Constitucional en sentencia T-158 de 2006 y esta Sala en el Expediente núm. 2013-02423-01, Consejero Ponente doctor Marco Antonio Velilla Moreno.
Obsérvese que la Corte cita, solo a manera de ejemplo, algunas circunstancias que pueden tenerse en cuenta para determinar si el actor está o no en una ESPECIAL SITUACIÓN, que justifique su inactividad en el tiempo frente a la defensa de sus derechos, dentro de las cuales sugiere “el estado de indefensión, abandono, minoría de edad, incapacidad física, entre otras…” sin que éstas constituyan taxatividad alguna. Justamente por ello, esta Sala introdujo dentro de dicha lista al pensionado, por tratarse de un sujeto de protección especial, conforme lo ha determinado la Jurisprudencia Constitucional.
Pero, ocurre que el concepto de sujeto de especial protección incluye, además de los pensionados, a otros grupos de personas, tales como: indígenas, padres y madres cabeza de familia, mujer embarazada, menores de edad, minusválidos, ancianos, defensores de derechos humanos, enfermos graves, desplazados, entre otros; sin que sea aceptable concluir que en todos los casos, éstos resulten eximidos de cumplir el requisito de procedibilidad de inmediatez, cuando acudan a la tutela para obtener la pérdida de efectos de una providencia judicial, por el solo hecho de ser denominados sujetos de especial protección[…]”.
54. Al respecto, se advierte que el actor no demostró, ni siquiera con prueba sumaria, que se encontraba en un estado de debilidad manifiesta que justificara su inactividad por más de seis (6) meses para interponer este mecanismo de protección constitucional contra la sentencia que presuntamente violó sus derechos fundamentales invocados supra, ni demostró que la providencia objeto de la acción de tutela no le hubiera sido notificada en debida forma como hecho relevante que justificaba la tardanza en la interposición de la acción y flexibilizar el término de inmediatez.
55. Ahora bien, la Corte Constitucional, en sentencia de unificación reciente, SU – 354 de 2017, reiteró la importancia del requisito de inmediatez en la acción de tutela contra providencias judiciales, sin embargo, al decidir este caso hizo una excepción en el término de los seis meses establecidos por regla general como tiempo razonable para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, haciendo un análisis particular del caso, por lo que consideró que la acción de tutela en el caso bajo estudio procedía diez meses después de haber sido notificada la decisión que se controvertía en la acción de tutela. La anterior decisión se tomó con fundamento en la existencia de un hecho relevante que justificaba la tardanza en la interposición de la acción, circunstancia que no se observa en el presente caso.
56. En ese orden de ideas, para la Sala no se cumple con el requisito de inmediatez dentro del marco de la acción de tutela contra providencias judiciales, toda vez que se interpuso por fuera del plazo razonable, teniendo en cuenta que con fundamento en la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, el amparo debe ser presentado dentro de los seis (6) meses siguientes contados a partir de la notificación de la providencia.
57.Finalmente, la Sala advierte que, frente a los argumentos expuestos en el escrito de impugnación, relacionados con que la sentencia de 23 de enero de 2020 “[…] se notificó a OCTAVIO RAMÍREZ LÓPEZ por un correo simple, al que no se adjuntó copia de la providencia con firmas, físicas o digitales o la constancia de ejecutoria de la misma el 24 de febrero de 2020 […]”, no son de recibo. En efecto, al revisar el expediente del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho objeto de estudio, se evidencia que, contrario a lo expuesto por el actor, al correo electrónico a través del cual se le notificó lo resuelto sí se adjuntó la sentencia respectiva, tal cual como se advierte de la Notificación núm. 13496, en donde se registró el documento que se anexó con su debida clave de integridad, como se observa en la siguiente imagen:
58.Ahora bien, frente a la ausencia de la constancia de ejecutoria en el correo de notificación, la Sala considera que este argumento no tiene incidencia alguna, toda vez que, lo que se debía notificar era la sentencia y, en todo caso, tal cual como esta Sección lo ha sostenido en varias oportunidades, el extremo inicial a partir del cual se debe efectuar la contabilización del término para encontrar acreditado el requisito de la inmediatez es la notificación de la sentencia, la cual como ya se indicó se realizó el 24 de febrero de 2020.
Conclusiones de la Sala
59. Con fundamento en las consideraciones jurídicas establecidas en la parte motiva de esta sentencia, la Sala confirmará la sentencia proferida en primera instancia por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, el 16 de abril de 2021, por medio del cual declaró improcedente el amparo, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
III. RESUELVE:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de tutela proferida el 16 de abril de 2021 por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por medio del cual declaró improcedente el amparo, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, dentro de los diez (10) siguientes a la ejecutoria de este fallo, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente Consejera de Estado
Consejero de Estado
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Consejero de Estado Consejero de Estado
“Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones”.
“Por el cual se establece el régimen de prestaciones sociales de los funcionarios y empleados de la Contraloría General de la República y sus familiares”. Archivo electrónico identificado con certificado: 4525818C4289B105 8BEA9F9DE589B387 CBDF0A929B71E4ED DE185AB0CEF39799. Archivo electrónico identificado con certificado: 81288CB55909AF5F 20E9B17F81CCA87F 7BD77EE3CDC7C52B 1DC93EB53736EEA9. Página 7 del archivo electrónico que contiene el escrito de tutela, identificado con certificado: 400EC9E5E374A815 C18BB5CC12C5AC84 EAC3AB273618FDCD F8CE7CC12D30C7ED. Página 9 del archivo electrónico que contiene el escrito de tutela, identificado con certificado: 400EC9E5E374A815 C18BB5CC12C5AC84 EAC3AB273618FDCD F8CE7CC12D30C7ED.
“Por la cual se modifican los artículos HYPERLINK "http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=62503" \l "2.2.3.1.2.1" 2.2.3.1.2.1, HYPERLINK "http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=62503" \l "2.2.3.1.2.4" 2.2.3.1.2.4 y HYPERLINK "http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=62503" \l "2.2.3.1.2.5" 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
“Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado.”
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P. Dra. María Elizabeth García González, Expediente identificado con número de radicación: 2009-01328. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C, P. María Elizabeth García González, número único de radicación 2009-01328. Corte Constitucional, Sentencia de 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño. Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, M.P. Mauricio González Cuervo. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 4 de agosto de 2014, C.P Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación: 11001031500020120220101. Corte Constitucional. Sentencia C- 590 de 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
"Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política"
Corte Constitucional, sentencia SU-961 de 1 de diciembre de 1999, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de Unificación del 5 de agosto de 2014, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación: 11001-03-15-000-2012-02201-01. Corte Constitucional, sentencia T-395 de 24 de mayo de 2010, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. Corte Constitucional, sentencia T- 322 del 10 de abril de 2008, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 4 de mayo de 2018, C.P María Elizabeth García González, número único de radicación: 11001-03-15-000-2018-00293-00. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 22 de mayo de 2014, C.P Marco Antonio Velilla Moreno, número único de radicación: 11001-03-15-000-2013-02423-01. Corte Constitucional, sentencia C - 980 de 1º. de diciembre de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo
Corte Constitucional, Sentencia C178 de 26 de marzo de 2014, M.P. María Victoria Calle Correa. Corte Constitucional, sentencia T-281 de 23 de julio de 2018, M.P. José Fernando Reyes Cuartas. Artículo 48. “La Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que establezca la Ley. Se garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la Seguridad Social.
El Estado, con la participación de los particulares, ampliará progresivamente la cobertura de la Seguridad Social que comprenderá la prestación de los servicios en la forma que determine la Ley”. Sentencia T-173 de 2016. Ibídem. Corte Constitucional, Sentencia T-395 de 24 de mayo de 2010, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub
Sobre los sujetos de especial protección constitucional por encontrarse en una situación de debilidad manifiesta con fundamento en el artículo 13 de la Constitución Política de 1991, ha dicho la Corte Constitucional: “La categoría de sujeto de especial protección constitucional, según ha definido esta Corporación, está constituida por aquellas personas que, debido a su condición física, psicológica o social particular merecen una acción positiva estatal para efectos de lograr una igualdad efectiva. Así se ha considerado que entre los grupos de especial protección constitucional se encuentran los niños, los adolescentes, los ancianos, los disminuidos físicos, síquicos y sensoriales, las mujeres cabeza de familia, las personas desplazadas por la violencia y aquellas que se encuentran en situación de extrema pobreza”. ( Corte Constitucional, Sentencia T-979 de 19 de diciembre de 2011, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo). Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección primera, sentencia de 28 de mayo de 2015, C.P María Elizabeth García González, número único de radicación: 11001-03-15-000-2015-00001-01.
Corte Constitucional, sentencia SU-354 de 25 de mayo de 2017, M.P. Iván Humberto Escrucería.
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