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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2021-00659-00

Control inmediato de legalidad: naturaleza y finalidad

Fecha
24 de agosto de 2021
Consejero ponente
Oswaldo Giraldo López

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2021-00659-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: DECLARAR que la Resolución No. No. 075 de 2021, expedida por Corponariño, se encuentra ajustada a derecho, de conformidad con las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2021-00659-00

Consejero ponente: Oswaldo Giraldo López

24 de agosto de 2021

CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD – Naturaleza y finalidad

El control inmediato de legalidad es el medio jurídico previsto en Ley Estatutaria 137 de 1994 y en la Ley 1437 de 2011 para examinar “las medidas de carácter general que sean dictadas” por las diferentes autoridades públicas, tanto del orden nacional como territorial, en ejercicio de la función administrativa, para desarrollar o reglamentar los decretos legislativos proferidos durante los estados de excepción. El examen de legalidad se realiza mediante la confrontación del acto administrativo con las normas constitucionales que permiten la declaratoria de los estados de excepción (artículos 212 a 215 de la Constitución), la ley estatutaria de los estados de excepción (Ley 137 de 1994), el decreto que declara la situación de excepción, y los decretos legislativos expedidos por el Gobierno Nacional para conjurarla.

FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 212 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 213 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 214 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 215 / LEY 137 DE 1994 – ARTÍCULO 20

CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD - Características

Esta Corporación ha definido como características del control inmediato de legalidad las siguientes: (a) Es un verdadero proceso judicial, porque el artículo 20 de la Ley 137 de 1994 otorgó competencia a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para tramitar dicho mecanismo de escrutinio o revisión de las medidas de carácter general, expedidas por las autoridades públicas nacionales y territoriales, en ejercicio de la función administrativa, para desarrollar los decretos legislativos expedidos por el Gobierno Nacional durante los estados de Excepción. De ahí que la providencia que decida el control inmediato de legalidad es una sentencia judicial. (b) Es automático e inmediato, porque tan pronto se expide el correspondiente acto administrativo general para desarrollar los decretos legislativos expedidos por el Gobierno Nacional durante los estados de Excepción, la autoridad pública de la cual emanó dicho acto, debe enviarlo a la jurisdicción contenciosa dentro de las 48 horas siguientes, para que se ejerza el control correspondiente, so pena de que la autoridad judicial competente asuma, de oficio, el conocimiento del asunto. Por lo tanto, ni siquiera es necesario que el acto se haya divulgado. (c) Es autónomo, porque es posible que se controlen los actos administrativos generales expedidos para desarrollar los decretos legislativos proferidos por el Gobierno Nacional durante los estados de excepción, antes de que la Corte Constitucional se pronuncie sobre la constitucionalidad del decreto que declara el mismo y de los decretos legislativos que expida el presidente de la República para conjurarlo. (d) Es integral, por cuanto es un juicio en el que se examina la competencia de la autoridad que expidió el acto, la conexidad del acto con los motivos que dieron lugar a la declaratoria del estado de excepción y con el propio decreto legislativo, la sujeción a las formas y la proporcionalidad de las medidas adoptadas para conjurar la crisis e impedir la extensión de los efectos del Estado de Excepción. Es de aclarar que, aunque en principio, podría pensarse que el control integral supone que el acto administrativo general expedido para desarrollar los decretos legislativos proferidos por el Gobierno Nacional durante los estados de Excepción, se confronta frente a todo el ordenamiento jurídico, hay que tener en cuenta que, debido a la complejidad y extensión del ordenamiento jurídico, el control inmediato de legalidad queda circunscrito a las normas invocadas en la sentencia con la que culmina el proceso. (e) La Sala Plena del Consejo de Estado ha dicho, además, que el control es compatible con las acciones públicas de Nulidad Simple y Nulidad por Inconstitucionalidad, según sea el caso. De modo que el acto administrativo general expedido para desarrollar los decretos legislativos proferidos por el Gobierno Nacional durante los estados de Excepción, puede demandarse posteriormente en nulidad simple o en nulidad por inconstitucionalidad, siempre que se alegue la violación de normas diferentes a las examinadas en el trámite del control inmediato de legalidad. (f) Es un control participativo, pues los ciudadanos podrán intervenir defendiendo o atacando la legalidad de los actos administrativos objeto de control. (g) La sentencia que decide el control inmediato de legalidad hace tránsito a cosa juzgada relativa (artículo 189 del CPACA). En cuanto a esta característica, esta Corporación ha dicho que los fallos que desestiman la nulidad de los actos objeto de control o que la decretan sólo parcialmente respecto de algunos de sus preceptos, aunque tienen efecto erga omnes, esto es, oponible a todos y contra todos, tienen la autoridad de cosa juzgada relativa, es decir, sólo frente a los ítems de ilegalidad analizados y decididos en la sentencia.

Entonces, la decisión adoptada en un fallo desestimatorio, en estos casos, en tanto se contrae a un estudio de legalidad limitado dado su carácter oficioso, ajeno a la naturaleza dispositiva del control judicial asignado a la justicia administrativa, no implica el análisis de todos los posibles motivos de contradicción con normas superiores y, por lo mismo, no es óbice para que a futuro se produzca otro pronunciamiento, que verse sobre reproches distintos que puedan edificarse sobre la misma norma.

NOTA DE RELATORÍA: Sobre las características del control inmediato de legalidad, ver: Consejo de Estado, sentencias de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del 28 de enero de 2003, expediente núm. 2002-0949-01, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez; del 7 de octubre de 2003, expediente núm. 2003-0472-01, C.P. Tarcisio Cáceres Toro, del 16 de junio de 2009, expediente núm. 2009-00305-00, y del 9 de diciembre de 2009, expediente núm. 2009-0732-00, C.P. Enrique Gil Botero.

CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD – Competencia en la expedición del acto enjuiciado

La Sala precisa que Corponariño, si bien invocó la aplicación de las Leyes 99 de 1993 y 909 de 1994, el Decreto Legislativo 491 de 2020 y la Resolución 666 de ese año para la expedición de la decisión objeto de control, no precisó cuál[es] de las disposiciones en ellas contenidas la habilitaban para ello. Sin embargo, en aras de verificar este primer aspecto, se advierte que el artículo 23 de la Ley 99 de 1993 establece cuál es la naturaleza jurídica de las Corporaciones Autónomas Regionales. (…). Por su parte, el artículo 29 de la Ley 99 de 1993 concibe al director de las Corporaciones Autónomas Regionales como la persona encargada de dirigir, coordinar y controlar todas las actividades de la entidad y para ejecutar aquellas que se requieran para garantizar el funcionamiento de ésta, contando para ello con la posibilidad de expedir actos administrativos. (…). A su turno, el artículo 31 ibídem determina [las] funciones de las mencionadas entidades. (…). Bajo tal perspectiva, la Resolución 075 de 2021 habría sido expedida en uso de esas expresas atribuciones, siendo entendida dentro del contexto de emergencia en el que se encuentra el país, en tanto dispuso que los funcionarios de planta y contrato de esa entidad que adelanten las correspondientes visitas técnicas de control y monitoreo a los permisos, autorizaciones y conceptos, según corresponda, deberán solicitar una autorización previa al equipo de Salud y Seguridad en el Trabajo – SST de esa entidad y cumplir con los protocolos de bioseguridad adoptados por esa Corporación. Igualmente, habilita a las direcciones y dependencias de esa entidad realizar las visitas técnicas de verificación, en caso de que presente alguna de las contingencias ambientales previstas en el artículo 2.2.2.3.9.3. del Decreto 1076 de 2015, siempre que se cumplan con los aludidos protocolos. Ahora bien, a la luz de los artículos 47 y 48 de la Ley 909 de 1994, se entiende que el cargo de director de las Corporaciones Autónomas Regionales (en adelante CAR), tienen el carácter de empleo de gerencia pública, en tanto que son del nivel directivo del orden nacional, y en esa medida, son los encargados de formular las políticas y estrategias que conduzcan al cumplimiento misional de esas Corporaciones. (…). Vistas así las cosas, se colige que Corponariño cuenta con facultades legales para la expedición de la Resolución Nro. 075 del 15 de febrero de 2021, pues los preceptos en cita habilitan a su director a adoptar lineamientos que permitan el cumplimiento de las funciones misionales de esa Corporación, con apego a los protocolos de bioseguridad adoptados por esa entidad.

FUENTE FORMAL: LEY 989 DE 1993 – ARTÍCULO 23 / LEY 989 DE 1993 – ARTÍCULO 29 / LEY 989 DE 1993 – ARTÍCULO 31 / DECRETO 1076 DE 2015 - ARTÍCULO 2.2.2.3.9.3 / LEY 909 DE 1994 – ARTÍCULO 47 / LEY 909 DE 1994 – ARTÍCULO 48 / DECRETO LEGISLATIVO 491 DE 2020

CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD – Análisis de los requisitos de forma del acto bajo análisis

Desde el punto de vista formal, la Resolución No. 075 del 15 de febrero de 2021 examinada contiene los elementos requeridos para la efectiva expresión de una voluntad unilateral emitida en ejercicio de la función administrativa, en tanto que en ella aparece el objeto, la causa, el motivo y finalidad de su expedición, según se advierte de la lectura de sus considerandos. Aunado a lo anterior, la citada resolución cumple con los demás elementos formales de todo acto administrativo, tales como: el encabezado, número, fecha, epígrafe o resumen de las materias reguladas, la competencia o la referencia expresa de las facultades que se ejercen, el contenido de las materias reguladas u objeto de la disposición, la parte resolutiva y la firma de quien lo suscribe.

CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD – Conexidad del acto bajo análisis / PUBLICACIÓN DE ACTO ADMINISTRATIVO GENERAL / PUBLICACIÓN DE ACTO ADMINISTRATIVO EN LA PÁGINA WEB

[S]e advierte que la disposición objeto de control tuvo la intención de materializar en los ámbitos funcionales y territoriales de competencia de Corponariño las medidas adoptadas en el Decreto Legislativo número 491 del 28 de marzo de 2020. En efecto, la Resolución 075 del 15 de febrero de 2021 reglamentó lo relacionado a las directrices de las actividades que, por su esencia, deben seguir adelantándose de forma presencial con el uso de las medidas de bioseguridad que permitan su prestación, fundándose en criterios de necesidad debidamente explicados en la parte motiva. En efecto, la intención de Corponariño no fue otra que la de velar por la correcta y eficiente utilización de los recursos naturales a través de la vigilancia del cumplimiento de los términos y condiciones que fueron establecidas en los distintos permisos y autorizaciones ambientales, a través de herramientas dispuestas en el orden jurídico como las correspondientes visitas de campo, habida cuenta de que la reapertura gradual de diversos sectores genera la continuidad de actividades de distinta índole, lo cual a su vez se traduce en impactos ambientales que deben ser monitoreados. (…). De ahí que, a juicio de la Sala, dichas medidas se encuentren en consonancia con el inciso segundo del artículo 6 del Decreto Legislativo 491 del 28 de marzo de 2020, que dispuso que la suspensión de las actuaciones de la Administración Pública, dentro de la cual se encuentra Corponariño, puede ser parcial o total, de acuerdo con el análisis que cada ente efectúe y justifique debidamente, por lo que, en caso de encontrar la necesidad de llevar a cabo una determinada actividad, puede autorizar su realización siempre que la justifique. (…). En tal contexto, se observa que las medidas adoptadas en la anotada norma guardan conexidad con las disposiciones adoptadas en el citado Decreto Legislativo, dado que las actividades de control y seguimiento de aprovechamiento recursos naturales y de inspección a las contingencias ambientales que deben efectuar las Corporaciones Autónomas Regionales se encuentra estrechamente ligadas con el mandato establecido con el artículo 79 de la Carta Política , según el cual, es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente; así como conservar las áreas de especial importancia ecológica, de modo que, en razón a dicha circunstancia, era procedente que el director general de Corponariño autorizara la realización de las mencionadas visitas. (…). En lo que hace al artículo tercero de la Resolución No. 075 de 2021, se observa que, a través de éste, Corponariño ordenó la publicación de dicho acto en la página web de esa entidad. En tal orden, debe señalarse que el artículo 65 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 15 de la Ley 2080 de 2021, dispone que por regla general los actos administrativos generales no serán obligatorios mientras no hayan sido publicados en el Diario Oficial o en las Gacetas territoriales, según el caso. Asimismo, la norma en comento prevé a modo de excepción, que en el evento de que las entidades de la administración central y descentralizada de los entes territoriales no cuenten con un organismo oficial de publicidad podrán divulgar esos actos, entre otras, en su página electrónica. (…). Sin embargo, en este punto, es preciso señalar que esta Corporación ha aceptado que la publicación de un acto general se haga en la página web de la entidad que emite el acto, debido a la situación de fuerza mayor ocasionada por la pandemia del coronavirus COVID – 19

FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 79 / DECRETO LEGISLATIVO 491 DE 2020 / LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 65 / LEY 2080 DE 2021 – ATÍCULO 15

NOTA DE RELATORÍA: Sobre el cumplimiento del requisito de publicidad de un acto administrativo de carácter general en la página web de la entidad, ante la situación de fuerza mayor como lo es la pandemia por COVID-19, ver: Consejo de estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Décima Especial de Decisión, sentencia del 8 de junio de 2021, C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez, radicado 11001-03-15-000-2021-00149-00.

CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD – Requisito de proporcionalidad

[L]as razones que se invocaron para la expedición del acto objeto de control obedecieron a la necesidad de velar por el correcto aprovechamiento de los recursos naturales a través de las visitas técnicas de los distintos instrumentos ambientales concedidos para esos efectos, así como las correspondientes inspecciones a las contingencias ambientales que sucedan en el área de jurisdicción de la CAR, para lo cual se exigió el cumplimiento de los distintos protocolos de bioseguridad adoptados por esa entidad y para el caso de las primeras actividades en cuestión, una autorización previa por parte del equipo de Salud y Seguridad en Trabajo– SST de esa entidad; por lo que es claro que con dicho acto se garantiza un equilibrio entre la necesidad de prestar de manera adecuada ese servicio público y el cuidado y prevención del contagio por coronavirus de los funcionarios y contratistas vinculados a esa entidad y de los usuarios de la misma. Así pues, la emisión de la Resolución No. 075 de 2021 es adecuada a los fines buscados por el Decreto Legislativo 491 del 28 de marzo de 2020, dado que permite la continuidad en la prestación de dicho servicio al tiempo que establece las medidas de bioseguridad dirigidas a cuidar la vida y salud de las personas vinculadas a esa entidad y de los usuarios, así como de los ciudadanos que tengan contacto con las mismas. En conclusión, teniendo en cuenta las consideraciones expuestas, se encuentra la Resolución No. 075 de 2021, expedida por Corponariño, resulta idónea, necesaria y proporcional con la gravedad de los hechos que dieron lugar a la declaratoria del estado de excepción. Asimismo, se observa una especial correlación entre los fines buscados y los medios empleados para conseguirlo, de modo que se hace evidente la proporcionalidad en cuestión con los que han declarado la emergencia económica, social y ecológica.

NOTA DE RELATORÍA: En cuanto a que si bien es cierto que el control automático supone un control integral, no puede pretenderse con ello que, al ejercer tal control, el juez revise todo el ordenamiento jurídico, consultar, entre otras que se citan: Consejo de Estado, sentencia de 18 de enero de 2011, exp. 11001-03-15-000-2010-00165-00(CA); sentencia de 12 de abril de 2011, exp. 1100103-15-000-2010-00170-OO(CA).

NORMA DEMANDADA: RESOLUCIÓN 075 DE 2021 (15 de febrero) CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE NARIÑO (CORPONARIÑO) (No anulada)

CONSEJO DE ESTADO

SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SALA DIECIOCHO ESPECIAL DE DECISIÓN

Consejero ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá D.C., veinticuatro (24) de agosto de dos mil veintiuno (2021)

Radicación número: 11001-03-15-000-2021-00659-00(CA)

Actor: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE NARIÑO (CORPONARIÑO)

Demandado: RESOLUCIÓN 075 DEL 15 DE FEBRERO DE 2021

Asunto: Control inmediato de legalidad de la Resolución número 075 del 15 de febrero de 2021, “POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL ARTÍCULO 12 DE LA RESOLUCIÓN 294 DEL 12 DE JUNIO DE 2020”, expedida por el Director General de la Corporación Autónoma Regional de Nariño – Corponariño.

SENTENCIA

La Sala 18 Especial de Decisión del Consejo de Estado, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 20 de la Ley 137 de 1994 y 136 de la Ley 1437 de 2011, procede a efectuar el control inmediato de legalidad de la Resolución número 075 del 15 de febrero de 2021, “POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL ARTÍCULO 12 DE LA RESOLUCIÓN 294 DEL 12 DE JUNIO DE 2020”, proferida por el Director General de la Corporación Autónoma Regional de Nariño (en adelante Corponariño).

ANTECEDENTES

Acto sometido a control

Corponariño remitió a esta Corporación, para los efectos de su control inmediato de legalidad, copia de la mencionada norma, cuyo tenor literal es el que sigue:

“RESOLUCIÓN No. 075

“POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL ARTICULO 12 DE LA RESOLUCION 294 DEL 12 DE JUNIO DE 2020”

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE NARIÑO EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES Y ESTATUARIAS Y EN ESPECIAL LAS CONFERIDAS EN LAS LEY 99 DE 1993, LEY 909 DE 1994, DECRETO 465 DE 2020, DECRETO 491 DE 2020, RESOLUCIÓN 666 DE 2020 DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, ATENDIENDO LAS DIRECTRICES IMPARTIDAS POR EL GOBIERNO NACIONAL EN EL MARCO DE LA PRESENTE EMERGENCIA SANITARIA, Y,

CONSIDERANDO

Que mediante Circular Externa No. 018 de 2020, expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social, el Ministerio del Trabajo y el director del Departamento Administrativo de la Función Pública, se impartieron directrices en materia de acciones de contención ante el COVID 19 y la prevención de enfermedades asociadas al primer pico epidemiológico de enfermedades respiratorias.

Que mediante Resolución No. 385 del 12 de marzo de 2020, el Ministerio de Salud y Protección Social declaró la emergencia sanitaria en el País con vigencia hasta el día 30 de mayo de 2020, tras la declaratoria por parte de la Organización Mundial de Salud del COVID19 como pandemia.

Que mediante Directiva Presidencial No. 02 del 12 de marzo de 2020, el señor presidente de la Republica impartió instrucciones sobre las medidas para atender la contingencia del COVID -19, a partir del uso de las Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones, en relación con el trabajo en casa por medio de las TIC y el uso de herramientas colaborativas.

Que mediante Decreto Legislativo No.417 del 17 de marzo de 2020, el señor presidente de la República declaró el “Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el Territorio Nacional".

Que, en el marco de la emergencia sanitaria, el Presidente de la Republica expidió el Decreto No. 457 del 22 de marzo de 2020 "Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del COVID-19 y el mantenimiento del orden público ", en el cual se ordenó un aislamiento preventivo obligatoria de todos los habitantes de la Republica de Colombia, a partir de las 00:00 horas del 25/03/2020, hasta las 00:00 horas del 13/04/2020. Que mediante el Decreto No. 465 del 23 de marzo del 2020, se adicionó el Decreto 1076 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, en lo relacionado con la adopción de disposiciones transitorias en materia de concesiones de agua para la prestación del servicio público esencial de acueducto, y se toman otras determinaciones en el marco de la emergencia sanitaria declarada por el Gobierno Nacional a causa de la Pandemia COVID-19.

Que mediante el Decreto 491 del 28 de marzo de 2020, “Por el cual se adoptan medidas de urgencia para garantizar la atención y la prestación de los servicios por parte de las autoridades públicas y los particulares que cumplan funciones públicas y se toman medidas para la protección laboral y de los contratistas de prestación de servicios de las entidades públicas, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica”, el Presidente de la República estableció medidas en materia de prestación de servicios a cargo de las entidades y organismos del Estado, con la finalidad de prevenir la propagación de la pandemia mediante el distanciamiento social, flexibilizando la prestación del servicio, y estableciendo mecanismos de atención mediante la utilización de medios digitales y del uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información y las comunicaciones, de manera que se evite el contacto entre los servidores públicos y los ciudadanos.

Que el artículo 6 del mencionado decreto, establece la suspensión de términos de las actuaciones administrativas o jurisdiccionales en sede administrativa, de la siguiente manera:

“Hasta tanto permanezca vigente la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social las autoridades administrativas a que se refiere el artículo 1 del presente Decreto, por razón del servicio y como consecuencia de la emergencia, podrán suspender, mediante acto administrativo, los términos de las actuaciones administrativas o jurisdiccionales en sede administrativa. La suspensión afectará todos los términos legales, incluidos aquellos establecidos en términos de meses o años.

La suspensión de los términos se podrá hacer de manera parcial o total en algunas actuaciones o en todas, o en algunos trámites o en todos, sea que los servicios se presten de manera presencial o virtual, conforme al análisis que las autoridades hagan de cada una de sus actividades y procesos, previa evaluación y justificación de la situación concreta. En todo caso los términos de las actuaciones administrativas o jurisdiccionales se reanudarán a partir del día hábil siguiente a la superación de la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social. Durante el término que dure la suspensión y hasta el momento en que se reanuden las actuaciones no correrán los términos de caducidad, prescripción o firmeza previstos en la Ley que regule la materia.

Parágrafo 1. La suspensión de términos a que se refiere el presente artículo también aplicará para el pago de sentencias judiciales.

Parágrafo 2. Los Fondos Cuenta sin personería jurídica adscritos a los ministerios, que manejen recursos de seguridad social y que sean administrados a través de contratos fiduciarios, podrán suspender los términos en el marco señalado en el presente artículo. Durante el tiempo que dure la suspensión no correrán los términos establecidos en la normatividad vigente para la atención de las prestaciones y en consecuencia no se causarán intereses de mora.

Parágrafo 3. La presente disposición no aplica a las actuaciones administrativas o jurisdiccionales relativas a la efectividad de derechos fundamentales.”

Que en virtud de lo anterior, la Corporación Autónoma Regional de Nariño – CORPONARIÑO profirió la Resolución No. 255 del 1 de abril del 2020, “Por medio de la cual se ordena la suspensión de términos procesales en la Corporación Autónoma Regional de Nariño - CORPONARÑO y se adoptan otras disposiciones", en la cual entre otras, se ordenó “Suspender todos los términos procesales para la expedición de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones ambientales, procesos sancionatorios ambientales, cobro coactivo, procesos disciplinarios, términos de liquidación contractual y las acciones relacionadas con imposición de multas, sanciones y declaratorias de incumplimiento señaladas en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, interposición y resolución de recursos administrativos y demás términos procesales a partir de la fecha en que se suspendió la atención al público en CORPONARIÑO, esto es desde el día 20 de marzo de 2020”.

Que la suspensión de términos ordenada en la Corporación, de conformidad con lo señalado en el artículo 6 del Decreto 491 de 2020, se encuentra vigente mientras que se encuentre igualmente vigente el Estado de emergencia Sanitario en el País.

Que mediante Decreto No. 531 del 8 de abril de 2020 "Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del COVID-19 y el mantenimiento del orden público", en el cual se ordenó la prórroga del aislamiento preventivo obligatorio hasta el día 26 de abril de 2020.

Que mediante el Decreto Legislativo 539 del 13 de abril de 2020 se estableció que durante el término de la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, con ocasión de la pandemia derivada del Coronavirus COVID-19, el Ministerio de Salud y Protección Social será la entidad encargada de determinar y expedir los protocolos que sobre biosegurídad se requieran para todas las actividades económicas, sociales y sectores de la administración pública, para mitigar, controlar, evitar la propagación y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus COVID-19.

Que mediante Decreto 593 del 24 de abril del 2020 “Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19, y el mantenimiento del orden público”, se ordenó el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la República de Colombia, a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del día 27 de abril de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 11 de mayo de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19.

Que el decreto en mención en su artículo 3 facultó a los gobernadores y alcaldes para facilitar el derecho de circulación de las personas en sectores de la productividad nacional relacionadas con el sector de la manufactura y la construcción entre otros.

Que de igual forma, el citado decreto estableció que para el desarrollo de las actividades exceptuadas en el artículo 3, estos deberán cumplir con los protocolos de bioseguridad que establezca el Ministerio de Salud y Protección Social para el control de la pandemia del Coronavirus COVID - 19.

Que mediante Resolución No. 666 del 24 de abril de 2020 emitida por el Ministerio de Salud y Protección Social, se adoptó el protocolo general de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus COVID-19, el cual debe ser adoptado y adaptado por todas las actividades, sociales, económicas y sectores de la administración pública según sus propias actividades.

Que mediante Decreto 636 del 6 de mayo del 2020 “Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19, y el mantenimiento del orden público”, se ordenó el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la República de Colombia, a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del día 11 de mayo de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 25 de mayo de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19.

Que mediante Decreto 689 del 22 de mayo del 2020 se ordenó la prórroga del Decreto 636 del 2020 hasta las doce de la noche del día 31 de mayo de 2020.

Que mediante directiva presidencial No. 03 del día 22 de mayo de 2020, denominada “Aislamiento inteligente y productivo - trabajo en casa servidores públicos y contratistas de prestación de servicios y apoyo a la gestión.”, el Presidente dela República exhortó a los representantes legales de las entidades públicas, incluidas los órganos autónomos, a adoptar las medidas que permitan priorizar el trabajo en casa, tal como lo señala el Protocolo General de Bioseguridad para todas las actividades económicas, sociales y sectores de la administración pública, adoptado mediante la Resolución 666 del 24 de abril de 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social.

Que mediante Resolución No. 844 del 26 de mayo de 2020, el Ministerio de Salud y Protección Social decidió prorrogar la emergencia sanitaria en el País a causa de la nueva enfermedad COVID-19, hasta el día 31 de agosto de 2020.

Que mediante Decreto 749 del 28 de mayo del 2020 “Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19, y el mantenimiento del orden público”, se ordenó mantener el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la República de Colombia, a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del día 1 de junio de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 1 de julio de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19.

Que el citado decreto en su artículo 3 facultó a los gobernadores y alcaldes para facilitar el derecho de circulación de las personas en sectores de la productividad nacional relacionadas con el sector del comercio al mayor y al detal, ordenando la restricción exclusivamente de aquellas actividades no permitidas listadas en el artículo 5 del mismo decreto.

Que conforme a lo anterior, el equipo de SST, en trabajo realizado de manera articulada con la ARL, proyectó los Protocolos de Bioseguridad para el desarrollo de la función pública a cargo de la Corporación Autónoma Regional de Nariño, de acuerdo a los diferentes escenarios de trabajo que se pueden presentar, esto es, priorización del trabajo en casa siguiendo los lineamientos del Gobierno Nacional, y trabajo en oficina y de campo, cuando la necesidad del servicio público lo amerite y las condiciones de bioseguridad lo permitan.

Que teniendo en cuenta la reapertura progresiva de la economía, la cual ha sido autorizada por los diferentes niveles del poder ejecutivo de manera gradual y en forma diferente en cada territorio, se hizo necesario la reactivación de los términos procesales razón por la cual se profirió la resolución 294 del 12 de junio de 2020 por medio de la cual se levanta la suspensión de términos procesales, se adoptan los protocolos de bioseguridad requeridos y se dictaron otras disposiciones.

Que la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE NARIÑO como máxima autoridad ambiental y en su quehacer misional se encuentra la de velar por la correcta y eficiente utilización de los recursos naturales, así como de vigilar el cumplimiento de los términos y condiciones en los que se otorgaron permisos y autorizaciones ambientales requiere adelantar vistas de campo para el control y monitoreo de las mismas, considerando que la modalidad documental limita la eficiente función de máxima autoridad ambiental en el departamento de Nariño, de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente, principalmente en lo relacionado al seguimiento y control a los diferentes permisos, autorizaciones ambientales y conceptos según corresponda, existe la necesidad de realizar visitas técnicas en campo, bajo el estricto cumplimiento de los protocolos de bioseguridad adoptados por la Corporación.

Que lo anterior, permitirá verificar el cumplimiento a los términos, condiciones y obligaciones establecidas a los proyectos, obras o actividades que cuentan con permisos y autorizaciones ambientales, con el fin de realizar los requerimientos dirigidos a corregir y/o controlar posibles contingencias, daños o peligros a los recursos naturales, al medio ambiente, al paisaje o la salud humana; contribuyendo a la disminución de los impactos ambientales sobre los componentes aire, agua, suelo, flora y fauna de los ecosistemas, mitigando el riesgo ecológico y coadyuvando al mejoramiento de la calidad de vida de la población y la sostenibilidad ambiental de los ecosistemas en el Departamento de Nariño.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: MODIFICAR EL ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO de la Resolución 294 del 12 de junio de 2020, el cual quedara en el siguiente sentido;

ARTÍCULO SEGUNDO DEL CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL: A partir de la expedición de la presente Resolución y durante la vigencia de la emergencia sanitaria nacional declarada por el COVID-19, se adelantarán las visitas técnicas de control y monitoreo a través del personal de planta y contrato de la Corporación Autónoma Regional de Nariño, para seguimiento a los permisos, autorizaciones y conceptos según corresponda. La función de control y seguimiento sobre estos instrumentos se realizarán previa autorización del equipo de Salud y Seguridad en el Trabajo SST y dando cumplimiento a los protocolos de Bioseguridad adoptados por la Corporación.

Así mismo, si se presentan contingencias ambientales de las previstas en el artículo 2.2.2.3.9.3 del Decreto 1076 de 2015, las direcciones y dependencias competentes podrán realizar visitas técnicas de verificación, siguiendo los protocolos de seguridad implementados

ARTÍCULO TERCERO: PUBLICIDAD. La presente Resolución se publicará en la página web de la Corporación (www.corponarino.gov.co) el cual constituye el medio oficial de publicación en los términos de los estatutos de la entidad.

ARTICULO CUARTO: CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 136 DEL CPACA. En cumplimiento de lo establecido en el artículo 136 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -CPACA, Ley 1437 de 2011, remítase copia del presente acto administrativo al Consejo de Estado dentro de las 48 horas siguientes a su expedición, para el respectivo control de legalidad, al correo HYPERLINK "mailto:secgeneral@consejoestado.ramajudicial.gov.co" secgeneral@consejoestado.ramajudicial.gov.co

ARTICULO QUINTO: VIGENCIA. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. La misma se mantendrá vigente por el periodo durante el cual se mantenga la declaratoria de la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19, determinada por el Gobierno Nacional.”

PUBLÍQUSE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE” (Subrayas dentro del texto)

Actuación procesal surtida

Por reparto de la Secretaría General de esta Corporación el presente asunto fue remitido al Despacho del consejero Ponente el 18 de febrero de 2021, para el trámite de rigor.

Mediante auto del 22 de febrero de 2021, se ordenó la remisión del proceso la referencia al Despacho a cargo del Doctor Milton Chaves García, con miras a que éste resolviera sobre eventual acumulación con el proceso 1001 03 15 000 2020 02805 00, en el que se controla la legalidad de la Resolución nro. 294 del 12 de junio de 2020, “POR MEDIO DEL CUAL SE LEVANTA LA SUSPENSIÓN DE TÉRMINOS PROCESALES, SE ADOPTAN LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD REQUERIDOS Y SE DICTAS OTRAS DISPOSICIONES.”, emitida por Corponariño.

En cumplimiento de lo ordenado, mediante auto del 19 de marzo de 2021, el aludido consejero resolvió no decretar la acumulación del proceso de la referencia con el expediente radicado 11001 03 15 000 2020 02805 00, arguyendo el vencimiento del plazo para esa actuación.

El expediente pasó al Despacho sustanciador nuevamente el 26 de abril de los corrientes.

En providencia del 24 mayo de 2021 se avocó conocimiento del presente asunto, en única instancia, y, con arreglo a lo dispuesto en los artículos 185 y 186 de la Ley 1437 de 2011, dispuso notificar al director general de Corponariño, así como al Director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y al Ministerio Público, e igualmente comunicar a la comunidad en general sobre su existencia, en orden a que cualquier ciudadano interviniera por escrito para defender o impugnar la legalidad de la Resolución No. 075 del 15 de febrero de 2021, e invitar a las entidades públicas, organizaciones privadas y expertos en la materia, para que presentara su concepto.

Asimismo, se dispuso oficiar a Corponariño, con el fin de que remitiera, en medio magnético, copia de los antecedentes administrativos que sirvieron de fundamento a la Resolución número 075 del 15 de febrero de 2021, “POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL ARTICULO 12 DE LA RESOLUCION 294 DEL 12 DE JUNIO DE 2020”, o de cualquier otro documento que hubiere sido relevante para expedir dicho acto administrativo. Y se ordenó a la Secretaría General de esta Corporación que, vencido el término de que trata el numeral 4 del artículo 185 del CPACA, enviara el asunto al Ministerio Público para que rindiera su concepto.

INTERVENCIÓN

No intervino ninguna entidad.

CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO

El Procurador Quinto delegado ante el Consejo de Estado emitió concepto en el asunto de la referencia de la manera que se transcribe a continuación:

“Análisis en relación con el marco normativo ya señalado

Del análisis de las previsiones contenidas en la resolución 75 de 15 de febrero de 2021 y su confrontación con las normas en las que se soportó, el Ministerio Público considera que la misma no vulnera ni limita el núcleo esencial de ningún derecho fundamental, y que, por el contrario, lo que pretende es precisamente que las visitas técnicas, de control y monitoreo para seguimiento a los permisos, autorizaciones y conceptos que deba realizar la corporación, se lleven a cabo previa autorización del equipo de Salud y Seguridad en el Trabajo SST y dando cumplimiento a los protocolos de Bioseguridad adoptados por la Corporación.

Así, el acto administrativo señaló la modalidad de realización de las visitas de control y seguimiento a los permisos, autorizaciones y conceptos que se deban practicar en las actuaciones administrativas de competencia de CORPONARIÑO, en todo caso, con la autorización del equipo de Salud y Seguridad en el Trabajo y atendiendo los protocolos y medidas de bioseguridad, con el fin de que esa entidad pueda cumplir sus tareas funcionales sin afectar el derecho a la vida y a la salud de los servidores públicos de la entidad, contratistas y usuarios. Es decir, realizar el trabajo de campo, cuando la necesidad del servicio lo amerite y las condiciones de bioseguridad lo permitan, sin sacrificar la continuidad en la prestación del servicio ni poner en riesgo los derechos a la vida y a la salud, en el contexto de la pandemia por el COVID-19.

En cuanto a la necesidad, tenemos que, conforme a la actual situación de emergencia, resulta necesario que las visitas técnicas de control y monitoreo que deban realizarse para seguimiento a los permisos, autorizaciones y conceptos y para controlar las posibles contingencias, daños o peligros a los recursos naturales, al medio ambiente, al paisaje o a la salud humana, así como al aire, agua, suelo, flora y fauna de los ecosistemas, requieran la autorización del equipo de Salud y Seguridad en el Trabajo SST y exijan el cumplimiento de los protocolos de Bioseguridad adoptados por la Corporación.

Respecto de la finalidad de las medidas, sin duda, los aspectos regulados tienen como principal y único objetivo atender la emergencia declarada por el Gobierno Nacional y tienen una relación directa con la situación presentada con el COVID 19, que, en este caso, se requieren para evitar la propagación del virus. Es decir, la finalidad que se pretende alcanzar es la de conjurar la crisis y sus efectos.

Se evidencia además que se trata de disposiciones que atienden el criterio de proporcionalidad, puesto que este acto administrativo regula la modalidad de las visitas técnicas de control y monitoreo a través del personal de planta y contrato de la Corporación Autónoma Regional de Nariño, previa autorización del equipo de Salud y Seguridad en el Trabajo y acatando los protocolos de Bioseguridad adoptados por la Corporación.

Estas medidas pretenden garantizar la prestación de los servicios de forma adecuada, continua y oportuna, sin crear un conflicto entre principios o derechos, ni suponer afectación alguna a derechos fundamentales.

Además, esta Procuraduría Delegada resalta que la Corporación Autónoma Regional de Nariño, mediante resolución 255 de 1º de abril de 2020, había exceptuado de la suspensión de visitas técnicas las previstas en el artículo 2.2.2.3.9.3 del Decreto 1076 de 2015, relacionadas con la atención de contingencias ambientales. Norma que el Consejo de Estado encontró ajustada a la legalidad.

En otras palabras, las medidas adoptadas atienden la necesidad de garantizar un equilibrio entre la orden de cuidado y prevención del contagio por coronavirus y la de continuar prestando servicios que tienen implicaciones en ámbitos sensibles para la sociedad, como lo es el medio ambiente.

Por último, las medidas enunciadas de la resolución objeto de control no contienen ninguna disposición discriminatoria, y tampoco incurren en alguna de las prohibiciones contempladas en el artículo 15 de la Ley 137 de 1994.

Así las cosas, puede concluirse que la resolución 75 de 15 de febrero de 2021, emitida por la Corporación Autónoma Regional de Nariño, no contradice mandatos constitucionales o legales, es una regulación expedida en virtud de las competencias legalmente atribuidas al Director General de dicha Corporación, que respeta los lineamientos contemplados en la Ley 137 de 1994, norma que señala los parámetros y los límites a los cuales deben ceñirse las decisiones adoptadas durante los estados de excepción.

Por ese motivo, desde la perspectiva de los elementos de análisis ya expuestos, a juicio del Ministerio Público el acto objeto de control, resulta ajustado a derecho y las medidas adoptadas resultan proporcionales con los fines perseguidos con su expedición.” (Negrillas dentro del texto).

CONSIDERACIONES

Competencia

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 137 de 1994, y en los artículos 118, numeral 8 y 136 de la Ley 1437 de 2011, corresponde a la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado ejercer el control inmediato de legalidad de los actos administrativos de carácter general, proferidos por autoridades del orden nacional, en ejercicio de la función administrativa y como desarrollo de los decretos expedidos durante los estados de excepción.

En sesión virtual número 10 llevada a cabo el 1º de abril del año en curso, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado aprobó “asignar los controles inmediatos de legalidad a las salas especiales de decisión, de conformidad, entre otros, con los artículos 107-4, 185-1 y 111-8 del CPACA y 23, 29-3 y 42 del Acuerdo 080 de 2019”.

Naturaleza, finalidad y características del control inmediato de legalidad

El control inmediato de legalidad es el medio jurídico previsto en Ley Estatutaria 137 de 1994 y en la Ley 1437 de 2011 para examinar “las medidas de carácter general que sean dictadas” por las diferentes autoridades públicas, tanto del orden nacional como territorial, en ejercicio de la función administrativa, para desarrollar o reglamentar los decretos legislativos proferidos durante los estados de excepción.

El examen de legalidad se realiza mediante la confrontación del acto administrativo con las normas constitucionales que permiten la declaratoria de los estados de excepción (artículos 212 a 215 de la Constitución), la ley estatutaria de los estados de excepción (Ley 137 de 1994), el decreto que declara la situación de excepción, y los decretos legislativos expedidos por el Gobierno Nacional para conjurarla.

Esta Corporación ha definido como características del control inmediato de legalidad las siguientes:

Es un verdadero proceso judicial, porque el artículo 20 de la Ley 137 de 1994 otorgó competencia a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para tramitar dicho mecanismo de escrutinio o revisión de las medidas de carácter general, expedidas por las autoridades públicas nacionales y territoriales, en ejercicio de la función administrativa, para desarrollar los decretos legislativos expedidos por el Gobierno Nacional durante los estados de Excepción. De ahí que la providencia que decida el control inmediato de legalidad es una sentencia judicial.

Es automático e inmediato, porque tan pronto se expide el correspondiente actoadministrativo general para desarrollar los decretos legislativos expedidos por el Gobierno Nacional durante los estados de Excepción, la autoridad pública de la cual emanó dicho acto, debe enviarlo a la jurisdicción contenciosa dentro de las 48 horas siguientes, para que se ejerza el control correspondiente, so pena de que la autoridad judicial competente asuma, de oficio, el conocimiento del asunto. Por lo tanto, ni siquiera es necesario que el acto se haya divulgado.

Es autónomo, porque es posible que se controlen los actos administrativos generales expedidos para desarrollar los decretos legislativos proferidos por el Gobierno Nacional durante los estados de excepción, antes de que la Corte Constitucional se pronuncie sobre la constitucionalidad del decreto que declara el mismo y de los decretos legislativos que expida el Presidente de la República para conjurarlo.

Es integral, por cuanto es un juicio en el que se examina la competencia de la autoridad que expidió el acto, la conexidad del acto con los motivos que dieron lugar a la declaratoria del estado de excepción y con el propio decreto legislativo, la sujeción a las formas y la proporcionalidad de las medidas adoptadas para conjurar la crisis e impedir la extensión de los efectos del Estado de Excepción. Es de aclarar que, aunque en principio, podría pensarse que el control integral supone que el acto administrativo general expedido para desarrollar los decretos legislativos proferidos por el Gobierno Nacional durante los estados de Excepción, se confronta frente a todo el ordenamiento jurídico, hay que tener en cuenta que, debido a la complejidad y extensión del ordenamiento jurídico, el control inmediato de legalidad queda circunscrito a las normas invocadas en la sentencia con la que culmina el proceso.

La Sala Plena del Consejo de Estado ha dicho, además, que el control es compatible con las acciones públicas de Nulidad Simple y Nulidad por Inconstitucionalidad, según sea el caso. De modo que el acto administrativo general expedido para desarrollar los decretos legislativos proferidos por el Gobierno Nacional durante los estados de Excepción, puede demandarse posteriormente en nulidad simple o en nulidad por inconstitucionalidad, siempre que se alegue la violación de normas diferentes a las examinadas en el trámite del control inmediato de legalidad.

Es un control participativo, pues los ciudadanos podrán intervenir defendiendo o atacando la legalidad de los actos administrativos objeto de control.

La sentencia que decide el control inmediato de legalidad hace tránsito a cosa juzgada relativa (artículo 189 del CPACA). En cuanto a esta característica, esta Corporación ha dicho que los fallos que desestiman la nulidad de los actos objeto de control o que la decretan sólo parcialmente respecto de algunos de sus preceptos, aunque tienen efecto erga omnes, esto es, oponible a todos y contra todos, tienen la autoridad de cosa juzgada relativa, es decir, sólo frente a los ítems de ilegalidad analizados y decididos en la sentencia. Entonces, la decisión adoptada en un fallo desestimatorio, en estos casos, en tanto se contrae a un estudio de legalidad limitado dado su carácter oficioso, ajeno a la naturaleza dispositiva del control judicial asignado a la justicia administrativa, no implica el análisis de todos los posibles motivos de contradicción con normas superiores y, por lo mismo, no es óbice para que a futuro se produzca otro pronunciamiento, que verse sobre reproches distintos que puedan edificarse sobre la misma norma.

Control inmediato de legalidad de la Resolución Nro. 075 del 15 de febrero de 2021, expedida por Corponariño.

De manera previa a abordar el control de legalidad en contra del citado acto, es menester hacer alusión a los siguientes antecedentes de su expedición, a efectos de lograr una mejor comprensión del asunto que ocupa la atención de la Sala en esta oportunidad:

Pues bien, sea lo primero indicar que el 1 de abril de 2020 Corponariño profirió la Resolución No. 255, “Por medio de la cual se ordena la suspensión de términos procesales en la Corporación Autónoma Regional de Nariño - CORPONARÑO y se adoptan otras disposiciones". En dicho acto adoptó, entre otras determinaciones, las siguientes:

“ARTICULO PRIMERO: SUSPENSION DE TÉRMINOS. Suspender todos los términos procesales para la expedición de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones ambientales, procesos sancionatorios ambientales, cobro coactivo, procesos disciplinarios, términos de liquidación contractual y las acciones relacionadas con imposición de multas, sanciones y declaratorias de incumplimiento señaladas en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, interposición y resolución de recursos administrativos y demás términos procesales a partir de la fecha en que se suspendió́ la atención al público en CORPONARIÑO, esto es desde el día 20 de marzo de 2020, de conformidad con la parte motiva del presente acto administrativo.

En consecuencia, manténganse las medidas adoptadas en la implementación de trabajo en casa y la suspensión de la práctica de visitas para cualquier fin, con excepción de lo determinado en el siguiente artículo.

En todo caso los términos de las actuaciones administrativas o jurisdiccionales se reanudarán a partir del día hábil siguiente a la superación de la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, en los términos establecidos en el Decreto 491 de 2020.

ARTÍCULO SEGUNDO: EXCEPCIONES. Se exceptúan de la aplicación del artículo precedente los trámites previstos en el Decreto 465 del 23 de marzo 2020, contenidos en los artículos 1, 2, 3 y 9, y lo establecido en el artículo 5 del Decreto 491 de 2020. Igualmente, exceptúese la atención de fauna y flora y la imposición de medidas cautelares de la Ley 1333 de 2020.

Igualmente, se exceptúa de la suspensión de visitas técnicas, las previstas en el artículo 2.2.2.3.9.3 del Decreto 1076 de 2015, relacionadas con la atención de contingencias ambientales.” (Subrayas de la Sala y negrillas dentro del texto)

Posteriormente, mediante Resolución No. 294 del 12 de junio de 2020, Corponariño ordenó levantar la suspensión de términos procesales y adoptar los protocolos de bioseguridad requeridos para la prestación del servicio de manera presencial, así:

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: ADOPCIÓN DE PROTOCOLOS. Adoptar los protocolos generales de bioseguridad de la Corporación Autónoma Regional de Nariño “CORPONARIÑO”, que se listan a continuación y que constituyen los anexos técnicos respectivos, los cuales hacen parte integral de la presente.

1. Protocolo de Bioseguridad 01 General para la prevención de transmisión de COVID 19. Anexo Técnico 1.

2. Protocolo de Bioseguridad 02 Visitas de campo. Anexo Técnico 2

3. Protocolo de Bioseguridad 03 Retorno a trabajo presencial. Anexo Técnico 3.

4. Protocolo de Bioseguridad 04 Trabajo en Casa. Anexo Técnico 4.

ARTÍCULO SEGUNDO: IMPLEMENTACIÓN DE PROTOCOLOS. Impleméntese en de la Corporación Autónoma Regional de Nariño “CORPONARIÑO”, las medidas sanitarias establecidas en los protocolos a fin de garantizar la prevención de contagio, la protección integral de los trabajadores y colaboradores de la entidad.

ARTICULO TERCERO: PLAN DE COMUNICACIONES. Adoptados e implementados los protocolos, dese cumplimiento al plan de comunicaciones de los mismos a efectos de socializar y dar a conocer a funcionarios, colaboradores y usuarios los mismos. Para tales fines se deberán articular las acciones entre la Subdirección Administrativa y Financiera, el equipo de SST y la Oficina de Planeación, para la generación de material divulgativo y piezas gráficas ilustrativas y representativas que faciliten la apropiación y entendimiento de los mismos, así como su divulgación a través de las diferentes plataformas de la entidad y sus redes sociales.

ARTÍCULO CUARTO: LEVANTAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN DE TERMINOS PROCESALES. Considerando la adopción de los protocolos, y el proceso de implementación de los mismos, a partir del día 23 de junio de 2020, reanúdense los términos procesales suspendidos mediante la resolución No. 255 del día 1 de abril de 2020. Se exceptúan de este levantamiento, el proceso de cobro coactivo y proceso disciplinario, cuyos términos procesales se mantendrán suspendidos mientras la declaratoria de emergencia sanitaria se mantenga en el país, o cuando las condiciones particulares lo permitan si esto ocurre antes, para lo cual se expedirá el correspondiente acto administrativo.

No obstante, lo anterior, se deberá proceder con la realización de actividades de cobro persuasivo con el fin de generar recaudos de obligaciones a favor de la entidad, cuando sea posible. Para la reactivación de términos procesales, cada dependencia deberá establecer los procedimientos de atención necesarios a fin de prestar el servicio público encomendado, procurando en todo momento que la atención de los mismos se realice por medios de atención virtual, manteniéndose en todo caso las medidas adoptadas para la implementación de trabajo en casa. A fin de garantizar el conocimiento por parte de los usuarios de la forma de recepción de documentación y trámite de sus requerimientos, cada dependencia deberá publicar en la página web de la entidad, en un sitio destinando exclusivamente para la atención del público y terceros interesados, los procedimientos que adoptará para el trámite de los mismos, indicando con claridad la forma y medios de comunicación que serán utilizados para cada trámite específico.

Parágrafo 1. Los trámites ambientales que fueron exceptuados de la suspensión de términos procesales en virtud del Decreto 465 de 2020, se continuaran ejecutando conforme a los protocolos ya adoptados por la Subdirección de Conocimiento y Evaluación Ambiental y debidamente publicados en la página web de la entidad, www.corponarino.gov.co y serán complementados con los protocolos de bioseguridad que se adoptan en la presente. En consecuencia, se deben mantener los siguientes procedimientos ya adoptados.

1. Protocolo de atención de concesiones de aguas superficiales y subterráneas presentadas por municipios, distritos o prestadoras servicio público domiciliario de acueducto, destinadas a los sistemas de acueductos urbanos y rurales, resaltando que según el Decreto 465 del 23 de marzo del 2020, los términos previstos para trámite de las concesiones agua superficiales se reducirán a una tercera parte.

2. Protocolo de atención de actividades de prospección y exploración de aguas superficiales.

3. Protocolo de atención de solicitud de Licencias Ambientales o su modificación para el almacenamiento, tratamiento, aprovechamiento, recuperación y/o disposición final de residuos con riesgo biológico o infeccioso, y de otros residuos peligrosos.

De igual manera se mantiene la atención de Peticiones, Quejas, Reclamos y Solicitudes (PQRS), la cual no ha sido suspendida por la entidad y será tramitada según el centro ambiental al que corresponda, de acuerdo a los canales de comunicación que se fijan en la presente. Una vez el centro ambiental recepcione la misma deberá reportarla al gestor del proceso de Atención al Público para su registro.

Toda respuesta que se genere desde los centros ambientales deberá ser proyectada por Coordinador del respectivo Centro para firma del jefe de la dependencia a la que corresponda.

Parágrafo 2. Todos los demás procedimientos no identificados en el presente artículo y que impliquen la interacción con usuarios externos deberán ser publicados en la página web de CORPONARIÑO a fin de garantizar el principio de publicidad de las actuaciones administrativas y el conocimiento de los usuarios de la forma y trámite de sus solicitudes.

Parágrafo 3. En toda petición, queja, reclamo y solicitud de cualquier índole que se radique virtualmente ante la Corporación, el peticionario o interesado deberá suministrar los datos de contacto y el correo electrónico a través del cual se le comunicará o notificará, según corresponda, la respuesta o decisión de la Corporación.

(…)

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: DEL CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL. Debido a la imposibilidad de realizar durante la vigencia de la emergencia sanitaria nacional declarada por el COVID-19, visitas técnicas de seguimiento a los permisos, autorizaciones y conceptos según corresponda, la función de control y seguimiento sobre estos instrumentos se realizará únicamente por la modalidad documental. Para tales fines se establecerán, por parte de las Subdirecciones mecanismos de recolección de información por medios telefónicos y electrónicos como correos, video llamadas, entre otros, en los que fundamentaran sus conceptos.

En todo caso, si se presentan contingencias ambientales de las previstas en el artículo 2.2.2.3.9.3 del Decreto 1076 de 2015, las direcciones y dependencias competentes podrán realizar visitas técnicas de verificación, siguiendo los protocolos de seguridad implementados y cumpliendo con lo indicado en el artículo anterior.

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: MEDIDAS A CUMPLIR POR EL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATISTAS. Los funcionarios adscritos a la planta de personal y los contratistas de prestación de servicios y demás colaboradores de la Corporación deberán cumplir con las siguientes medidas: 1. Dar cumplimiento integral a los protocolos de bioseguridad adoptados por CORPONARIÑO. 2. Procurar el cuidado integral de su salud. 3. Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud. 4. Los funcionarios adscritos a la planta de personal, en caso de accidente laboral, deberá informarlo de inmediato a su jefe, quien gestionará la realización del reporte a la administradora de Riesgos Laborales, siempre y cuando el accidente se genere en cumplimiento de las funciones establecidas en la presente resolución.” (Subrayas de la Sala y negrillas dentro del texto)

Por su parte, la Resolución Nro. 075 del 15 de febrero de 2021, que es objeto de control en el presente asunto, modificó el artículo décimo segundo de la anotada Resolución No. 294 del 12 de junio de 2020, como se observa a continuación:

ARTICULO PRIMERO: MODIFICAR EL ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO de la Resolución 294 del 12 de junio de 2020, el cual quedara en el siguiente sentido;

ARTÍCULO SEGUNDO DEL CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL: A partir de la expedición de la presente Resolución y durante la vigencia de la emergencia sanitaria nacional declarada por el COVID-19, se adelantarán las visitas técnicas de control y monitoreo a través del personal de planta y contrato de la Corporación Autónoma Regional de Nariño, para seguimiento a los permisos, autorizaciones y conceptos según corresponda. La función de control y seguimiento sobre estos instrumentos se realizarán previa autorización del equipo de Salud y Seguridad en el Trabajo SST y dando cumplimiento a los protocolos de Bioseguridad adoptados por la Corporación.

Así mismo, si se presentan contingencias ambientales de las previstas en el artículo 2.2.2.3.9.3 del Decreto 1076 de 2015, las direcciones y dependencias competentes podrán realizar visitas técnicas de verificación, siguiendo los protocolos de seguridad implementados” (Negrillas dentro del texto)

Ubicados en este punto, procede la Sala Especial a realizar el control inmediato de legalidad de este acto administrativo, de acuerdo con los criterios explicados por la jurisprudencia, a saber: competencia, sujeción a las formas, conexidad y proporcionalidad.

En cuanto a la competencia

La Sala precisa que Corponariño, si bien invocó la aplicación de las Leyes 99 de 1993 y 909 de 1994, el Decreto Legislativo 491 de 2020 y la Resolución 666 de ese año para la expedición de la decisión objeto de control, no precisó cuál[es] de las disposiciones en ellas contenidas la habilitaban para ello.

Sin embargo, en aras de verificar este primer aspecto, se advierte que el artículo 23 de la Ley 99 de 1993 establece cuál es la naturaleza jurídica de las Corporaciones Autónomas Regionales:

“Artículo 23. Naturaleza jurídica. Las Corporaciones Autónomas Regionales son entes corporativos de carácter público, creados por la ley, integrado por las entidades territoriales que por sus características constituyen geográficamente un mismo ecosistema o conforman una unidad geopolítica, biogeográfica o hidrogeográfica, dotados de autonomía administrativa y financiera, patrimonio propio y personería jurídica, encargados por la ley de administrar, dentro del área de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y las políticas del Ministerio del Medio Ambiente.

Exceptúase del régimen jurídico aplicable por esta Ley a las Corporaciones Autónomas Regionales, la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena, creada por el artículo 331 de la Constitución Nacional, cuyo régimen especial lo establecerá la ley”.

Por su parte, el artículo 29 de la Ley 99 de 1993 concibe al director de las Corporaciones Autónomas Regionales como la persona encargada de dirigir, coordinar y controlar todas las actividades de la entidad y para ejecutar aquellas que se requieran para garantizar el funcionamiento de ésta, contando para ello con la posibilidad de expedir actos administrativos; veamos:

“Artículo 29. Funciones del Director general. Son funciones de los Directores Generales las señaladas en las leyes, en los reglamentos y en los estatutos respectivos. En particular les corresponde:

1. Dirigir, coordinar y controlar las actividades de la entidad y ejercer su representación legal;

(…)

5. Ordenar los gastos, dictar los actos, realizar las operaciones y celebrar los contratos y convenios que se requieran para el normal funcionamiento de la entidad;

(…)” (Subrayas de la Sala),

A su turno, el artículo 31 ibídem determina que son funciones de las mencionadas entidades:

“Artículo 31. Funciones. Las Corporaciones Autónomas Regionales ejercerán las siguientes funciones:

(…)

2) Ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente;

.(…)

9) Otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la Ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva;

(…)

11) Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de las actividades de exploración, explotación, beneficio, transporte, uso y depósito de los recursos naturales no renovables, incluida la actividad portuaria con exclusión de las competencias atribuidas al Ministerio del Medio Ambiente, así como de otras actividades, proyectos o factores que generen o puedan generar deterioro ambiental. Esta función comprende la expedición de la respectiva licencia ambiental. Las funciones a que se refiere este numeral serán ejercidas de acuerdo con el artículo 58 de esta Ley.

12) Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, solidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos, estas funciones comprenden expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos concesiones, autorizaciones y salvoconductos;

(…)

23) Realizar actividades de análisis, seguimiento, prevención y control de desastres, en coordinación con las demás autoridades competentes, y asistirlas en los aspectos medioambientales en la prevención y atención de emergencias y desastres; adelantar con las administraciones municipales o distritales programas de adecuación de áreas urbanas en zonas de alto riesgo, tales como control de erosión, manejo de cauces y reforestación; (…)” (Subrayas de la Sala).

Bajo tal perspectiva, la Resolución 075 de 2021 habría sido expedida en uso de esas expresas atribuciones, siendo entendida dentro del contexto de emergencia en el que se encuentra el país, en tanto dispuso que los funcionarios de planta y contrato de esa entidad que adelanten las correspondientes visitas técnicas de control y monitoreo a los permisos, autorizaciones y conceptos, según corresponda, deberán solicitar una autorización previa al equipo de Salud y Seguridad en el Trabajo – SST de esa entidad y cumplir con los protocolos de bioseguridad adoptados por esa Corporación. Igualmente, habilita a las direcciones y dependencias de esa entidad realizar las visitas técnicas de verificación, en caso de que presente alguna de las contingencias ambientales previstas en el artículo 2.2.2.3.9.3. del Decreto 1076 de 2015, siempre que se cumplan con los aludidos protocolos.

Ahora bien, a la luz de los artículos 47 y 48 de la Ley 909 de 1994, se entiende que el cargo de director de las Corporaciones Autónomas Regionales (en adelante CAR), tienen el carácter de empleo de gerencia pública, en tanto que son del nivel directivo del orden nacional, y en esa medida, son los encargados de formular las políticas y estrategias que conduzcan al cumplimiento misional de esas Corporaciones. El siguiente es el tenor literal de esas normativas:

“Artículo 47. Empleos de naturaleza gerencial.

1. Los cargos que conlleven ejercicio de responsabilidad directiva en la administración pública de la Rama Ejecutiva de los órdenes nacional y territorial tendrán, a efectos de la presente ley, el carácter de empleos de gerencia pública.

(…)” (Subrayas de la Sala).

“Artículo 48. Principios de la función gerencial.

1. Los empleados que ejerzan funciones gerenciales en las entidades públicas a las cuales se refiere esta Ley están obligados a actuar con objetividad, transparencia y profesionalidad en el ejercicio de su cargo, sin perjuicio de la subordinación al órgano del que dependan jerárquicamente.

2. Los gerentes públicos formularán, junto con los jefes del organismo o entidad respectiva, las políticas públicas o las acciones estratégicas a cargo de la entidad y serán responsables de su ejecución.

3. Los gerentes públicos están facultados para diseñar, incorporar, implantar, ejecutar y motivar la adopción de tecnologías que permitan el cumplimiento eficiente, eficaz y efectivo de los planes, programas, políticas, proyectos y metas formulados para el cumplimiento de la misión institucional.

4. Los gerentes públicos formularán, junto con los funcionarios bajo su responsabilidad y en cumplimiento de las políticas gubernamentales, así como de las directrices de los jefes del organismo o entidad respectiva, las políticas públicas o las acciones estratégicas a cargo de la entidad y serán responsables de su ejecución. En tal sentido, darán las instrucciones pertinentes para que los evaluadores tengan en cuenta en la evaluación del desempeño los resultados por dependencias, procesos y proyectos.

5. Los gerentes públicos están sujetos a la responsabilidad de la gestión, lo que significa que su desempeño será valorado de acuerdo con los principios de eficacia y eficiencia. El otorgamiento de incentivos dependerá de los resultados conseguidos en el ejercicio de sus funciones.

6. Todos los puestos gerenciales estarán sujetos a un sistema de evaluación de la gestión que se establecerá reglamentariamente”. (Subrayas de la Sala).

El Decreto Legislativo 491 del 18 de marzo de 2020, dictado por el Presidente de la República, dispuso, en lo pertinente lo siguiente:

“Artículo 1. Ámbito de aplicación. El presente Decreto aplica a todos los organismos y entidades que conforman las ramas del poder público en sus distintos órdenes, sectores y niveles, órganos de control, órganos autónomos e independientes del Estado, y a los particulares cuando cumplan funciones públicas. A todos ellos se les dará el nombre de autoridades”. (Subrayas de la Sala).

“Artículo 2. Objeto. El presente Decreto, en el marco de los hechos que dieron lugar a la Emergencia Económica, Social y Ecológica, esto es, la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, tiene por objeto que las autoridades cumplan con la finalidad de proteger y garantizar los derechos y libertades de las personas, la primacía de los intereses generales, la sujeción de las autoridades a la Constitución y demás preceptos del ordenamiento jurídico, el cumplimiento de los fines y principios estatales, el funcionamiento eficiente y democrático de la administración y la observancia de los deberes del Estado y de los particulares”.

“Artículo 3. Prestación de los servicios a cargo de las autoridades. Para evitar el contacto entre las personas, propiciar el distanciamiento social y hasta tanto permanezca vigente la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, las autoridades a que se refiere el artículo 1 del presente Decreto velarán por prestar los servicios a su cargo mediante la modalidad de trabajo en casa, utilizando las tecnologías de la información y las comunicaciones.

Las autoridades darán a conocer en su página web los canales oficiales de comunicación e información mediante los cuales prestarán su servicio, así como los mecanismos tecnológicos que emplearán para el registro y respuesta de las peticiones.

En aquellos eventos en que no se cuente con los medios tecnológicos para prestar el servicio en los términos del inciso anterior, las autoridades deberán prestar el servicio de forma presencial. No obstante, por razones sanitarias, las autoridades podrán ordenar la suspensión del servicio presencial, total o parcialmente, privilegiando los servicios esenciales, el funcionamiento de la economía y el mantenimiento del aparato productivo empresarial.

En ningún caso la suspensión de la prestación del servicio presencial podrá ser mayor a la duración de la vigencia de la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social.

Parágrafo. En ningún caso, los servidores públicos y contratistas del Estado que adelanten actividades que sean estrictamente necesarias para prevenir, mitigar y atender la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19, y garantizar el funcionamiento de los servicios indispensables del Estado podrán suspender la prestación de los servicios de forma presencial. Las autoridades deberán suministrar las condiciones de salubridad necesarias para la prestación del servicio presencial”. (Subrayas de la Sala).

“Artículo 6. Suspensión de términos de las actuaciones administrativas o jurisdiccionales en sede administrativa. Hasta tanto permanezca vigente la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social las autoridades administrativas a que se refiere el artículo 1 del presente Decreto, por razón del servicio y como consecuencia de la emergencia, podrán suspender, mediante acto administrativo, los términos de las actuaciones administrativas o jurisdiccionales en sede administrativa. La suspensión afectará todos los términos legales, incluidos aquellos establecidos en términos de meses o años.

La suspensión de los términos se podrá hacer de manera parcial o total en algunas actuaciones o en todas, o en algunos trámites o en todos, sea que los servicios se presten de manera presencial o virtual, conforme al análisis que las autoridades hagan de cada una de sus actividades y procesos, previa evaluación y justificación de la situación concreta.

En todo caso los términos de las actuaciones administrativas o jurisdiccionales se reanudarán a partir del día hábil siguiente a la superación de la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social.

Durante el término que dure la suspensión y hasta el momento en que se reanuden las actuaciones no correrán los términos de caducidad, prescripción o firmeza previstos en la Ley que regule la materia.

Parágrafo 1. La suspensión de términos a que se refiere el presente artículo también aplicará para el pago de sentencias judiciales.

Parágrafo 2. Los Fondos Cuenta sin personería jurídica adscritos a los ministerios, que manejen recursos de seguridad social y que sean administrados a través de contratos fiduciarios, podrán suspender los términos en el marco señalado en el presente artículo.

Durante el tiempo que dure la suspensión no correrán los términos establecidos en la normatividad vigente para la atención de las prestaciones y en consecuencia no se causarán intereses de mora.

Parágrafo 3. La presente disposición no aplica a las actuaciones administrativas o jurisdiccionales relativas a la efectividad de derechos fundamentales.” (Subrayas de la Sala).”.

Por su parte, el artículo 2º y 3º de la Resolución 666 del 24 de abril de 2020, emitida por el Ministerio de Salud es del siguiente tenor:

“Artículo 2 Ámbito de aplicación. Está resolución aplica a trabajadores del sector público y privado, aprendices, practicantes, cooperados de cooperativas o precooperativas de trabajo asociado, afiliados participes, contratantes públicos y privados, contratistas vinculados mediante contrato de prestación de servicios de los diferentes sectores económicos, productivos, en adelante trabajadores, empleadores, entidades gubernamentales, ARL y a las actividades sociales y económicas que realicen las personas, en lo pertinente.

Parágrafo 1. Para la aplicación del protocolo cada sector, empresa o entidad deberá realizar, con el apoyo de sus administradoras de riesgos laborales, las adaptaciones correspondientes a su actividad, definiendo las diferentes estrategias que garanticen un distanciamiento físico y adecuados procesos de higiene y protección en el trabajo.

Parágrafo 2. Las medidas de toma de temperatura, limpieza de zapatos, registro de clientes, proveedores y visitantes, eliminadas del anexo técnico que se modifica a través de este acto administrativo, se harán extensivas a los demás protocolos de bioseguridad expedidos por este Ministerio.

Parágrafo 3. En ningún caso, la obligación de la implementación de este protocolo podrá traducirse en el desconocimiento o desmejora de las condiciones ni en la terminación de los vínculos laborales, y demás formas contractuales del personal de las empresas.” (Subrayas de la Sala).

“Artículo 3. Responsabilidades. Son responsabilidades a cargo del empleador o contratante y del trabajador, contratista cooperado o afiliado partícipe, vinculado mediante contrato de prestación de servicios o de obra, las siguientes:

3.1. A cargo del empleador o contratante

3.1.1. Adoptar, adaptar e implementar las normas contenidas en esta resolución.

3,1.2. Capacitar a sus trabajadores y contratistas vinculados mediante contrato de prestación de servicios o de obra las medidas indicadas en este protocolo.

3.1.3. Implementar las acciones que permitan garantizar la continuidad de las actividades y la protección integral de los trabajadores, contratistas vinculados mediante contrato de prestación de servicios o de obra, y demás personas que estén presentes en las instalaciones o lugares de trabajo.

3.1.4. Adoptar medidas de control administrativo para la reducción de la exposición, tales como la flexibilización de turnos y horarios de trabajo, así como propiciar el trabajo remoto o trabajo en casa.

3.1.5. Reportar a la EPS y a la ARL correspondiente los casos sospechosos y confirmados de COVID-19.

3.1.6. Incorporar en los canales oficiales de comunicación y puntos de atención establecidos la información relacionada con la prevención, propagación y atención del COV1D-19 con el fin de darla a conocer a sus trabajadores, contratistas vinculados mediante contrato de prestación de servicios o de obra y comunidad en general.

3.1.7. Apoyarse en la ARL en materia de identificación, valoración del riesgo y en conjunto con las EPS en lo relacionado con las actividades de promoción de la salud y prevención de la enfermedad.

3.1.8. Solicitar la asistencia y asesoría técnica de la ARL para verificar medidas y acciones adoptadas a sus diferentes actividades.

3.1.9. Proveer a los empleados los elementos de protección personal que deban utilizarse para el cumplimiento de las actividades laborales que desarrolle para el empleador.

3.1.10. Promover ante sus trabajadores y contratistas, que tengan celulares inteligentes el uso de la aplicación CoronApp para registrar en ella su estado de salud.” (Subrayas de la Sala).

Vistas así las cosas, se colige que Corponariño cuenta con facultades legales para la expedición de la Resolución Nro. 075 del 15 de febrero de 2021, pues los preceptos en cita habilitan a su director a adoptar lineamientos que permitan el cumplimiento de las funciones misionales de esa Corporación, con apego a los protocolos de bioseguridad adoptados por esa entidad.

En cuanto a los requisitos de forma

Desde el punto de vista formal, la Resolución No. 075 del 15 de febrero de 2021 examinada contiene los elementos requeridos para la efectiva expresión de una voluntad unilateral emitida en ejercicio de la función administrativa, en tanto que en ella aparece el objeto, la causa, el motivo y finalidad de su expedición, según se advierte de la lectura de sus considerandos.

Aunado a lo anterior, la citada resolución cumple con los demás elementos formales de todo acto administrativo, tales como: el encabezado, número, fecha, epígrafe o resumen de las materias reguladas, la competencia o la referencia expresa de las facultades que se ejercen, el contenido de las materias reguladas u objeto de la disposición, la parte resolutiva y la firma de quien lo suscribe.

En cuanto a la conexidad

En relación con el análisis de conexidad en el marco del control inmediato de legalidad, el Consejo de Estado ha precisado que “Se trata de establecer si la materia del acto objeto de control inmediato tiene fundamento constitucional y guarda relación directa y específica con el estado de emergencia declarado y el decreto legislativo que adopta medidas para conjurarlo. Se puede afirmar que hay conexidad entre el decreto legislativo y el decreto que lo desarrolla cuando entre uno y otro hay una correlación directa”.

En este orden, se debe establecer si la Resolución No. 075 del 15 de febrero de 2021 guarda relación con las causas que generaron la declaratoria del Estado de Excepción y las normas que se han expedido para superar dicha situación, principalmente los Decretos Legislativos 417 del 17 de marzo de 2020 y 491 del 28 de marzo de la misma anualidad, el Decreto Ordinario 465 del 43 de marzo de 2020 y la Resolución 666 del 24 de abril de 2020, esta última proferida por el Ministerio de Salud.

Al respecto, es pertinente señalar que el señor Presidente de la República, en ejercicio de las facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas en el artículo 215 de la Constitución Política y en la Ley 137 de 1994, declaró por medio del Decreto 417 de 17 de marzo de 2020 declaró el “Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional, por el término de 30 días”, con el fin de adoptar todas las medidas necesarias para conjurar la crisis derivada de la Pandemia COVID-19 (Coronavirus), dirigidas, de un lado, a evitar la propagación de la misma, y de otro, a reducir la extensión de sus efectos negativos en la economía y demás sectores de la vida nacional, atendiendo, entre otras, a las siguientes motivaciones:

“Que la misma Organización señaló́ que describir la situación como una pandemia no significaba que los países afectados pudieran darse por vencidos, pues esto significaría terminar enfrentándose a un problema mayor y a una carga más pesada para el sistema de salud, que a la postre requeriría medidas más severas de control y por tanto, los países deban encontrar un delicado equilibrio entre la protección a la salud, la prevención de los trastornos sociales y económicos y el respeto de los derechos humanos, razón por la cual hizo un llamado a los países afectados para que adopten una estrategia de contención.

(…)

Que el vertiginoso escalamiento del brote de nuevo coronavirus COVID-19 hasta configurar una pandemia representa actualmente una amenaza global a la salud pública, con afectaciones al sistema económico, de magnitudes impredecibles e incalculables, de la cual Colombia no podrá́ estar exenta.

(…)

Que lo expuesto anteriormente evidencia que el sistema de salud colombiano no se encuentra físicamente preparado para atender una emergencia de salud, requiere ser fortalecido de manera inmediata para atender un evento sorpresivo de las magnitudes que la pandemia ha alcanzado ya en países como China, Italia, España, Alemania, Francia e Irán , entre otros.

(…)

Que de acuerdo con lo expuesto anteriormente como consideraciones, es evidente que el país se encuentra enfrentando una situación repentina e inesperada que afecta de manera grave el orden económico y social por hechos absolutamente imprevisibles y sobrevinientes que no pueden ser controlados a través de las potestades ordinarias de que goza el Gobierno nacional, siendo necesario acudir al mecanismo contemplado en el artículo 215 de la Constitución Política, además que se trata de situaciones diferentes a las que se refieren los artículos 212 y 213 de la Constitución Política.

(…)

Que el posible aumento de casos de contagio del nuevo Coronavirus COVID-19 constituye un reto de dimensiones inusuales para el Sistema Nacional de Salud, quien no sólo debe atender las necesidades de los directamente afectados, sino que tiene la responsabilidad impedir la extensión de los efectos hacia todos los habitantes, del país, lo cual exige la disposición de ingentes recursos económicos y la adopción de parte de todas las entidades del Estado y de los particulares de las acciones necesarias para restringir el contacto de los habitantes, con la finalidad, de garantizar las condiciones necesarias de atención en salud, evitar el contagio de la enfermedad y su propagación.

(…)

Que la adopción de medidas de rango legislativo -decretos ley-, autorizada por el Estado de Emergencia, busca fortalecer las acciones a conjurar los efectos de la crisis, mediante la protección a la salud de los habitantes del territorio colombiano, así como la mitigación y prevención del impacto negativo a la economía del país".

Más adelante, el 23 de marzo de 2020, el Presidente de la República expidió el Decreto ordinario No. 465, “Por el cual se adiciona el Decreto 1076 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, en lo relacionado con la adopción de disposiciones transitorias en materia de concesiones de agua para la prestación del servicio público esencial de acueducto, y se toman otras determinaciones en el marco de la emergencia sanitaria declarada por el Gobierno nacional a causa de la Pandemia COVID-19”, invocando para ello las facultades previstas en el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política y el Decreto Ley 2811 de 1974, en cuya parte considerativa indicó que, en cumplimiento de lo ordenado en el Decreto Legislativo 441 del 20 de marzo de 2020, era necesario garantizar que los prestadores del servicio público de acueducto contaran con el recurso hídrico, dados los previsibles aumentos en las cifras de consumo de este elemento, por virtud de las condiciones sanitarias exigidas para contrarrestar el riesgo de contagio, como el constante lavado de manos y las rutinas de limpieza doméstica de superficies e instalaciones públicas.

Para ello, consideró que las autoridades ambientales debían priorizar los trámites de solicitudes de concesión de aguas, optimizar los términos de tales procedimientos, prorrogar las concesiones existentes mientras transcurre el estado de emergencia, cobrar a una tarifa mínima la tasa de uso de agua y la retributiva y, por último, modificar las licencias otorgadas a los gestores de residuos peligrosos como consecuencia del potencial incremento de esta clase de residuos producto de la atención de la enfermedad en los centros de salud. Así lo concibió expresamente en la parte considerativa:

“Que en el marco de las medidas que se están adoptando para la prevención y contención de la propagación del COVID 19, se hace necesario prever las situaciones que permitan a los prestadores del servicio público esencial de acueducto, contar en todo momento con el recurso hídrico requerido para: (i) satisfacer la demanda de agua potable requerida por sus usuarios para atender con la frecuencia recomendada las medidas de lavado de manos, especialmente antes de tocarse la boca, la nariz o los ojos; después de tocar instalaciones públicas como pasamanos o pomos de puertas; o cuando las manos están contaminadas por secreción respiratoria después de toser o estornudar y al saludar de mano a otras personas; y (ii) para realizar las rutinas de limpieza doméstica y de las superficies o instalaciones públicas con las que entran en contacto directo las personas en transportes públicos, ascensores, pasamanos de escaleras, y mobiliario urbano entre otros.

Que el artículo 2 del Decreto Legislativo 441 del 20 de marzo del año en curso, se ordenó a los municipios y distritos del país, durante el término de la declaratoria de la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19, asegurar de manera efectiva el acceso a agua potable mediante la prestación del servicio público de acueducto, y/o esquemas diferenciales, a través de las personas prestadoras que operen en cada municipio o distrito. Así mismo, se ordenó que excepcionalmente, en aquellos sitios en donde no sea posible asegurar el acceso a agua potable mediante la prestación del servicio público de acueducto y/o los esquemas diferenciales, los municipios y distritos deberán garantizarlo a través de medios alternos de aprovisionamiento como carrotanques, agua potable tratada envasada, tanques de polietileno sobre vehículos de transporte, tanques colapsibles, entre otros, siempre que se cumplan con las características y criterios de la calidad del agua para consumo humano señalados en el ordenamiento jurídico .

Que con el fin de que los municipios y distritos así como las empresas prestadoras del servicio público de acueducto puedan asegurar de manera efectiva el acceso a agua potable, se hace necesario que, cuando a ello haya lugar, las autoridades ambientales competentes como administradoras del mismo, prioricen el trámite de las solicitudes de concesión de aguas, de forma tal, que se garantice el oportuno suministro de agua potable para los fines señalados en la regulación emanada del Ministerio de Salud y Protección Social, y en el mismo Decreto Legislativo 441 de 2020.

Que igualmente se hace necesario como medida excepcional y transitoria, en tanto dura la emergencia sanitaria nacional, optimizar el trámite de las concesiones de agua, reduciendo los términos previstos para el trámite de dichas concesiones.

Que así mismo, resulta previsible el incremento del caudal actualmente concesionado a las empresas de servicios públicos de acueducto, en consideración a la implementación de las medidas del lavado frecuente de manos y rutinas de limpieza recomendadas por las instancias sanitarias.

Que ante la inminencia de la propagación del virus y la urgencia de contar con recurso hídrico para la prestación del servicio esencial de acueducto, igualmente es pertinente prever la situación de las concesiones de agua que están próximas a vencerse o las que pudieren vencerse durante el termino y posibles prórrogas de la emergencia sanitaria nacional, con miras a garantizar en todo momento la prestación de este servicio en procura del bienestar general de la población.

Que como quiera que la prestación del servicio público esencial de acueducto puede incrementar sus costos, con ocasión de la situación de emergencia sanitaria nacional, durante el término de dicha emergencia, la tasa de uso de agua y la tasa retributiva solo se cobrarán con base en la tarifa mínima y se pospondrá la entrega de las facturas de cobro de las tasas reglamentadas en desarrollo de los artículos 42 y 43 de la Ley 99 de 1993.

Que actualmente según el registro de gestores de residuos peligrosos del IDEAM, el país para situaciones normales, solo cuenta con 26 instalaciones licenciadas ambientalmente para el almacenamiento, tratamiento, aprovechamiento, recuperación y/o disposición final de los residuos con riesgo biológico o infeccioso, y en consecuencia, frente a una situación de emergencia sanitaria sin precedentes como la que enfrenta el país y la Declaratoria del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional, puede resultar posible que la capacidad actual de gestión no sea suficiente, por lo que se requiere adoptar una medida transitoria para que las Autoridades Ambientales Competentes, previa evaluación en cada caso particular, puedan modificar la licencia ambiental de los gestores de otros residuos peligrosos con capacidad para apoyar las actividades de recolección, tratamiento o disposición final de residuos con riesgo biológico infeccioso, en caso de que sea requerido.” (Subrayas de la Sala).

Posteriormente, el Gobierno Nacional, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, entre ellas, las derivadas del decreto declarativo del estado de emergencia, expidió el Decreto Legislativo 491 del 28 de marzo de 2020, “Por el cual se adoptan medidas de urgencia para garantizar la atención y la prestación de los servicios por parte de las autoridades públicas y los particulares que cumplan funciones públicas y se toman medidas para la protección laboral y de los contratistas de prestación de servicios de las entidades públicas, en el marco del Estado de Emergencia Económica”, con fundamento, entre otras, en las siguientes consideraciones:

“Que las entidades y organismos del Estado deben proteger y garantizar los derechos y libertades de las personas, la primacía de los intereses generales, la sujeción de las autoridades a la Constitución y demás preceptos del ordenamiento jurídico, el cumplimiento de los fines y principios esenciales estatales, el funcionamiento eficiente y democrático de la administración y la observancia de los deberes del Estado y de los particulares.

Que de conformidad con lo anterior se hace necesario tomar medidas en materia de prestación de servicios a cargo de las entidades y organismos del Estado, con la finalidad de prevenir la propagación de la pandemia mediante el distanciamiento social, flexibilizando la prestación del servicio de forma presencial y estableciendo mecanismos de atención mediante la utilización de medios digitales y del uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información y las comunicaciones, de manera que se evite el contacto entre los servidores públicos y los ciudadanos, sin que ello afecte la continuidad y efectividad del servicio.

Que según cifras del Sistema Único de Información de Trámites -SUIT, a la fecha Colombia cuenta con 68.485 trámites y procesos administrativos que deben adelantar los ciudadanos, empresarios y entidades públicas ante entidades del Estado, de los cuales 1.305 se pueden hacer totalmente en línea, 5.316 parcialmente en línea y 61.864 de forma presencial.

Que es necesario tomar medidas para ampliar o suspender los términos cuando el servicio no se pueda prestar de forma presencial o virtual, lo anterior, sin afectar derechos fundamentales ni servicios públicos esenciales.

Que el artículo 14 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo señala que, «Salvo norma legal especial, y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción. Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes peticiones: 1. Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los diez (10) días siguientes a su recepción. [...] 2. Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción [...]».

Que los términos establecidos en el precitado artículo resultan insuficientes dadas las medidas de aislamiento social tomadas por el Gobierno nacional en el marco de los hechos que dieron lugar a la Emergencia Económica, Social y Ecológica, y las capacidades de las entidades para garantizarle a todos sus servidores, especialmente en el nivel territorial, los controles, herramientas e infraestructura tecnológica necesarias para llevar a cabo sus funciones mediante el trabajo en casa, razón por la cual se hace necesario ampliar los términos para resolver las distintas modalidades de peticiones, con el propósito de garantizar a los peticionarios una respuesta oportuna, veraz, completa, motivada y actualizada.

(…)

Que, en virtud de las medidas adoptadas por las autoridades competentes para hacer frente a la crisis actual y con el fin de garantizar la seguridad jurídica y proteger los derechos de los usuarios y operadores que adelantan procesos de conciliación, insolvencia de persona natural no comerciante, arbitraje y amigable composición en todo el territorio nacional, se hace necesario disponer la posibilidad de suspender los términos de estos procesos cuando las circunstancias lo ameriten y dictar medidas para la prestación de los respectivos servicios, promoviendo la utilización de medios tecnológicos y los servicios virtuales.

Que el artículo 25 de la Constitución Política establece que el trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado, y que toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas.

Que la Organización Internacional del Trabajo en el comunicado de fecha de 18 de marzo de 2020 sobre el “El COVID-19 y el mundo del trabajo: Repercusiones y respuestas”, afirma que “[...] El Covid-19 tendrá una amplia repercusión en el mercado laboral. Más allá de la inquietud que provoca a corto plazo para la salud de los trabajadores y de sus familias, el virus y la consiguiente crisis económica repercutirán adversamente en el mundo del trabajo en tres aspectos fundamentales, a saber: 1) la cantidad de empleo (tanto en materia de desempleo como de subempleo); 2) la calidad del trabajo (con respecto a los salarios y el acceso a protección social); y 3) los efectos en los grupos específicos más vulnerables frente a las consecuencias adversas en el mercado laboral [...]”

Que así mismo la Organización Internacional del Trabajo en el referido comunicado estima “[...] un aumento sustancial del desempleo y del subempleo como consecuencia del brote del virus. A tenor de varios casos hipotéticos sobre los efectos del Covid-19 en el aumento del PIB a escala mundial [...], en varias estimaciones preliminares de la OIT se señala un aumento del desempleo mundial que oscila entre 5,3 millones (caso "más favorable") y 24,7 millones de personas (caso “más desfavorable”), con respecto a un valor de referencia de 188 millones de desempleados en 2019. Con arreglo al caso hipotético de incidencia “media”, podría registrarse un aumento de 13 millones de desempleados (7,4 millones en los países de ingresos elevados). Si bien esas estimaciones poseen un alto grado de incertidumbre, en todos los casos se pone de relieve un aumento sustancial del desempleo a escala mundial. A título comparativo, la crisis financiera mundial que se produjo en 2008-9 hizo aumentar el desempleo en 22 millones de personas”.

Que en consecuencia la Organización Internacional del Trabajo -OIT en el citado comunicado insta a los Estados a adoptar medidas urgentes para (i) proteger a los trabajadores y empleadores y sus familias de los riesgos para la salud generadas por el coronavirus COVID-19; (ii) proteger a los trabajadores en el lugar de trabajo; (iii) estimular la economía y el empleo, y (iv) sostener los puestos de trabajo y los ingresos, con el propósito de respetar los derechos laborales, mitigar los impactos negativos y lograr una recuperación rápida y sostenida.

Que de acuerdo con las cifras del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público - SIGEP, el país cuenta con 1.198.834 servidores públicos discriminados así: (i) Rama Ejecutiva del Orden Nacional: 411.986 uniformados; 326.952 docentes; 138.610 servidores; (ii) Orden Territorial: 222.160 servidores; (iii) Rama Judicial: 60.801 servidores; (iv) Entes Autónomos: 20.644 servidores; (v) Órganos de Control: 11.880 servidores; (vi) Organización Electoral: 3.553 servidores; (vii) Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición: 1.395 servidores; (viii) Rama Legislativa: 854 servidores.

Que de acuerdo con las cifras del Sistema Electrónico de Contratación Pública -SECOP, a la fecha el Estado cuenta con 231.935 contratistas incluyendo contratación directa y régimen especial.

Que acogiendo las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo -OIT, se deben adoptar medidas para proteger el trabajo en el sector público, implementando mecanismos que promuevan e intensifiquen el trabajo en casa, así como adoptar medidas para que por razones de la emergencia no se terminen o suspendan las relaciones laborales o contractuales en el sector público.

Que, de igual manera, se debe garantizar la atención a los administrados y el cumplimiento efectivo de las funciones administrativas y jurisdiccionales mediante el uso de medios tecnológicos y de telecomunicación sin afectar los servicios que sean estrictamente necesarias para prevenir, mitigar y atender la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19, y garanticen el funcionamiento de los servicios indispensables del Estado.

Que para garantizar la participación en los concursos sin discriminación de ninguna índole, evitar el contacto entre las personas y propiciar el distanciamiento social y hasta tanto permanezcan los hechos que dieron lugar a la Emergencia Económica, Social y Ecológica, se aplazarán varias etapas del proceso de selección para el ingreso al empleo público por mérito.”

Entre tanto, el Ministerio de Salud, con fundamento en el Decreto Legislativo 539 del 13 de abril de 2020, expidió la Resolución 666 del 24 de abril de 2020, “Por medio de la cual se adopta el protocolo general de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus COVID -18”. En la aludida decisión, fueron adoptadas medidas de bioseguridad destinadas a contener la expansión del virus del COVID – 19 y reactivar al tiempo los diferentes sectores productivos, así como la prestación del servicio público por las distintas entidades del país.

En ese orden, se contempló que los protocolos allí emitidos debían ser adoptados, entre otras, por las entidades públicas, a fin de que pudieran adelantar las funciones constitucionales y legales para las que fueron creadas.

Así las cosas, en dicho acto fueron establecidas las siguientes consideraciones:

“Que el artículo 2 de la Constitución Política prevé que las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento los deberes sociales del y los particulares.

Que el artículo 5 de la Ley 1751 de 2015 establece que el Estado es responsable de respetar, proteger y garantizar el goce efectivo del derecho fundamental a la salud, y señala, en su artículo 10, como deberes de las personas frente al derecho fundamental, los de "propender por su autocuidado, el de su familia y el de su comunidad'' y el de "actuar de manera solidaria ante situaciones que pongan en peligro la vida y la salud de las personas ".

Que mediante Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, el Ministerio de Salud y Protección Social decretó la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional, con el fin de prevenir y controlar la propagación del COVID-19 en el territorio nacional y mitigar sus efectos.

Que, así mismo, la Organización Internacional del Trabajo, mediante comunicado del 18 de marzo de 2020, instó a los Estados a adoptar medidas urgentes para i) proteger a los trabajadores y empleadores y sus familias de los riesgos para la salud generadas por el coronavirus COVID-19; ii) proteger a los trabajadores en el lugar de trabajo; iii) estimular la economía y el empleo, y iv) sostener los puestos trabajo y los ingresos, con el propósito respetar los derechos laborales, mitigar los impactos negativos y lograr una recuperación rápida y sostenida .

Que la evidencia muestra que la propagación del Coronavirus COVID-19 continúa, a pesar de los esfuerzos estatales y de la sociedad, y dado que, en ausencia de medidas farmacológicas como la vacuna y los medicamentos antivirales, son las medidas no farmacológicas las que tienen mayor costo/efectividad.

Que tales medidas incluyen la higiene de manos, la higiene respiratoria, el distanciamiento social, el autoaislamiento voluntario y la cuarentena, medidas que, en concepto de los expertos, se deben mantener hasta tanto la evaluación del riesgo indique que la situación permite retornar de manera paulatina y con seguimiento de las autoridades, a la cotidianeidad.

Que de la revisión realizada y, especialmente, las recomendaciones existentes a nivel mundial, los protocolos de bioseguridad para tales actividades tienen elementos comunes que deben ser atendidos con el fin de prevenir al máximo el contagio, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus COVID-19 y minimizar los factores que pueden generar la transmisión de la enfermedad.

Que los empleadores están obligados a proporcionar y mantener un ambiente de trabajo en adecuadas condiciones de higiene y seguridad, establecer métodos de trabajo con el mínimo de riesgos para la salud dentro del proceso de producción.

Que, de otra parte, dicha protección debe extenderse a las personas que, en su carácter de contratistas, vinculación diferente a la laboral, prestan sus servicios en la sede de la entidad o empresa.

Que, en consecuencia, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus es necesario adoptar los protocolos generales de bioseguridad que deben ser implementados y adoptados por todas las actividades económicas sociales y todos los sectores de la administración pública sin perjuicio de las especificidades propias de los protocolos que se estimen pertinentes para cada sector.” (Subrayas de la Sala).

Asimismo, se resolvió lo que sigue a continuación:

“RESUELVE

Artículo 1. Objeto. Adoptar el protocolo general de bioseguridad para todas las actividades económicas, sociales y sectores de la administración pública, contenido en el anexo técnico, el cual hace parte integral de esta resolución. Dicho protocolo está orientado a minimizar los factores que pueden generar la transmisión de la enfermedad y deberá ser implementado por los destinatarios de este acto administrativo en el ámbito de sus competencias.

Parágrafo. El protocolo que se adopta con este acto administrativo no aplica al sector salud.

Artículo 2 Ámbito de aplicación. Está resolución aplica a trabajadores del sector público y privado, aprendices, practicantes, cooperados de cooperativas o precooperativas de trabajo asociado, afiliados participes, los contratantes públicos y privados, contratistas vinculados mediante contrato de prestación de servicios de los diferentes sectores económicos, productivos, en adelante trabajadores, empleadores, entidades gubernamentales, ARL y a las actividades sociales y económicas que realicen las personas, en lo que aplique.

Parágrafo 1. Para la aplicación del protocolo cada sector, empresa o entidad deberá realizar, con el apoyo de sus administradoras de riesgos laborales, las adaptaciones correspondientes a su actividad, definiendo las diferentes estrategias que garanticen un distanciamiento físico y adecuados procesos de higiene y protección en el trabajo.

Parágrafo 2. Las menciones realizadas a la Resolución 666 de 2020 en los diferentes protocolos de bioseguridad expedidos por este Ministerio se deben entender complementadas por lo aquí previsto.

Parágrafo 3. En ningún caso, la obligación de la implementación de este protocolo podrá traducirse en el desconocimiento o desmejora de las condiciones ni en la terminación de los vínculos laborales, y demás formas contractuales del personal de las empresas.

Artículo 3. Responsabilidades. Son responsabilidades a cargo del empleador o contratante y del trabajador, contratista cooperado o afiliado partícipe, vinculado mediante contrato de prestación de servicios o de obra, las siguientes:

3.1. A cargo del empleador o contratante

3.1.1. Adoptar, adaptar e implementar las normas contenidas en esta resolución.

3.1.2. Capacitar a sus trabajadores y contratistas vinculados mediante contrato de prestación de servicios o de obra las medidas indicadas en este protocolo.

3.1.3. Implementar las acciones que permitan garantizar la continuidad de las actividades y la protección integral de los trabajadores, contratistas vinculados mediante contrato de prestación de servicios o de obra, y demás personas que estén presentes en las instalaciones o lugares de trabajo

3.1.4. Adoptar medidas de control administrativo para la reducción de la exposición, tales como la flexibilización de turnos y horarios de trabajo, así como propiciar el trabajo remoto o trabajo en casa.

3.1.5. Reportar a la EPS y a la ARL correspondiente los casos sospechosos y confirmados de COVID-19.

3.1.6. Incorporar en los canales oficiales de comunicación y puntos de atención establecidos la información relacionada con la prevención, propagación y atención del COVJD-19 con el fin de darla a conocer a sus trabajadores, contratistas vinculados mediante contrato de prestación de servicios o de obra y comunidad en general.

3.1.7. Apoyarse en la ARL en materia de identificación, valoración del riesgo y en conjunto con las EPS en lo relacionado con las actividades de promoción de la salud y prevención de la enfermedad.

3.1.8. Solicitar la asistencia y asesoría técnica de la ARL para verificar medidas y acciones adoptadas a sus diferentes actividades.

3.1.9. Proveer a los empleados los elementos de protección personal que deban utilizarse para el cumplimiento de las actividades laborales que desarrolle para el empleador.

3 .1.10. Promover ante sus trabajadores y contratistas, que tengan celu1ares inteligentes el uso de la aplicación CoronApp para registrar en ella su estado de salud.

3.2. A cargo del trabajador, contratista, cooperado o afiliado partícipe.

3.2.1. Cumplir los protocolos de bioseguridad adoptados y adaptados por el empleador o contratante durante el tiempo que permanezca en las instalaciones de su empresa o lugar de trabajo y en el ejercicio de las labores que esta le designe.

3.2.2. Reportar al empleador o contratante cualquier caso de contagio que se llegase a presentar en su lugar de trabajo o su familia, para que se adopten las medidas correspondientes.

3.2.3. Adoptar las medidas de cuidado de su salud y reportar al empleador o contratante las alteraciones de su estado de salud, especialmente relacionados con síntomas de enfermedad respiratoria y reportar en CoronApp.

Artículo 4. Vigilancia y cumplimiento de los protocolos. La vigilancia y cumplimiento de este protocolo estará a cargo de la secretaría municipal o distrital, o la entidad que haga sus veces, que corresponda a la actividad económica, social, o al sector de la administración pública, de acuerdo con la organización administrativa de cada entidad territorial, sin perjuicio de la función de vigilancia sanitaria que deben realizar las secretarias de salud municipales, distritales y departamentales, quienes, en caso de no adopción y aplicación del protocolo de bioseguridad por parte del empleador, trabajador o contratista vinculado mediante contrato de prestación de servicios o de obra, deberán informar a las Direcciones Territoriales del Ministerio del Trabajo, para que adelanten las acciones correspondientes en el marco de sus competencias.

Artículo 5. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación mientras dure la declaratoria de emergencia sanitaria.”

De lo descrito con antelación se advierte que la disposición objeto de control tuvo la intención de materializar en los ámbitos funcionales y territoriales de competencia de Corponariño las medidas adoptadas en el Decreto Legislativo número 491 del 28 de marzo de 2020.

En efecto, la Resolución 075 del 15 de febrero de 2021 reglamentó lo relacionado a las directrices de las actividades que, por su esencia, deben seguir adelantándose de forma presencial con el uso de las medidas de bioseguridad que permitan su prestación, fundándose en criterios de necesidad debidamente explicados en la parte motiva.

En efecto, la intención de Corponariño no fue otra que la de velar por la correcta y eficiente utilización de los recursos naturales a través de la vigilancia del cumplimiento de los términos y condiciones que fueron establecidas en los distintos permisos y autorizaciones ambientales, a través de herramientas dispuestas en el orden jurídico como las correspondientes visitas de campo, habida cuenta de que la reapertura gradual de diversos sectores genera la continuidad de actividades de distinta índole, lo cual a su vez se traduce en impactos ambientales que deben ser monitoreados.

También señala que la revisión meramente documental acerca del cumplimiento de las directrices fijadas en los correspondientes instrumentos de seguimiento ambiental limita la eficacia de la actividad de vigilancia y por ende se impone la adopción de otras medidas que logren optimizar los postulados de eficiencia que deben ser observados por las entidades administrativas.

De ahí que, a juicio de la Sala, dichas medidas se encuentren en consonancia con el inciso segundo del artículo 6 del Decreto Legislativo 491 del 28 de marzo de 2020, que dispuso que la suspensión de las actuaciones de la Administración Pública, dentro de la cual se encuentra Corponariño, puede ser parcial o total, de acuerdo con el análisis que cada ente efectúe y justifique debidamente, por lo que, en caso de encontrar la necesidad de llevar a cabo una determinada actividad, puede autorizar su realización siempre que la justifique.

Para una mejor ilustración, es pertinente traer a colación lo dicho en el aludido artículo del Decreto Legislativo 491 del 28 de marzo de 2020 y en el artículo 2º de la Resolución No. 075 de 2021; veamos:

DECRETO 491 DE 2020

RESOLUCIÓN 255 DE 2020

Artículo 6.Suspensión de términos de las actuaciones administrativas o jurisdiccionales en sede administrativa. Hasta tanto permanezca vigente la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social las autoridades administrativas a que se refiere el artículo 1 del presente Decreto, por razón del servicio y como consecuencia de la emergencia, podrán suspender, mediante acto administrativo, los términos de las actuaciones administrativas o jurisdiccionales en sede administrativa. La suspensión afectará todos los términos legales, incluidos aquellos establecidos en términos de meses o años.

La suspensión de los términos se podrá hacer de manera parcial o total en algunas actuaciones o en todas, o en algunos trámites o en todos, sea que los servicios se presten de manera presencial o virtual, conforme al análisis que las autoridades hagan de cada una de sus actividades y procesos, previa evaluación y justificación de la situación concreta.”

“Artículo Segundo del control y seguimiento ambiental: A partir de la expedición de la presente Resolución y durante la vigencia de la emergencia sanitaria nacional declarada por el COVID-19, se adelantarán las visitas técnicas de control y monitoreo a través del personal de planta y contrato de la Corporación Autónoma Regional de Nariño, para seguimiento a los permisos, autorizaciones y conceptos según corresponda. La función de control y seguimiento sobre estos instrumentos se realizarán previa autorización del equipo de Salud y Seguridad en el Trabajo SST y dando cumplimiento a los protocolos de Bioseguridad adoptados por la Corporación.

Así mismo, si se presentan contingencias ambientales de las previstas en el artículo 2.2.2.3.9.3 del Decreto 1076 de 2015, las direcciones y dependencias competentes podrán realizar visitas técnicas de verificación, siguiendo los protocolos de seguridad implementados.” (Subrayas de la Sala).

En tal contexto, se observa que las medidas adoptadas en la anotada norma guardan conexidad con las disposiciones adoptadas en el citado Decreto Legislativo, dado que las actividades de control y seguimiento de aprovechamiento recursos naturales y de inspección a las contingencias ambientales que deben efectuar las Corporaciones Autónomas Regionales se encuentra estrechamente ligadas con el mandato establecido con el artículo 79 de la Carta Política, según el cual, es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente; así como conservar las áreas de especial importancia ecológica, de modo que, en razón a dicha circunstancia, era procedente que el director general de Corponariño autorizara la realización de las mencionadas visitas.

Prueba de la importancia de dichas vistas para la protección eficaz y eficiente del medio ambiental es que incluso en la Resolución No. 255 del 1 de abril de 2020, por medio de la cual Corponariño suspendió los términos de las actuaciones llevadas a cabo de por esa entidad, resolvió exceptuar de las mismas las concernientes a las visitas técnicas para la atención de la fauna y la flora y la imposición de medidas cautelares reguladas en la Ley 1333 de 2009 y las relacionadas con las contingencias ambientales de que trata el artículo 2.2.2.3.9.3. del Decreto 1076 de 2015.

Por ende, como el objeto del acto de control no es otro que garantizar el amparo de recursos de orden colectivo, sin que ello conlleve un riesgo para los empleados, contratistas o usuarios de la administración pública, es claro que, al estar dadas las condiciones necesarias para llevar a cabo las anotadas visitas técnicas de forma presencial, podía ser autorizada su realización, siempre que se cumplieran las medidas de bioseguridad adoptadas para esos efectos.

En lo que hace al artículo tercero de la Resolución No. 075 de 2021, se observa que, a través de éste, Corponariño ordenó la publicación de dicho acto en la página web de esa entidad. En tal orden, debe señalarse que el artículo 65 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 15 de la Ley 2080 de 2021, dispone que por regla general los actos administrativos generales no serán obligatorios mientras no hayan sido publicados en el Diario Oficial o en las Gacetas territoriales, según el caso. Asimismo, la norma en comento prevé a modo de excepción, que en el evento de que las entidades de la administración central y descentralizada de los entes territoriales no cuenten con un organismo oficial de publicidad podrán divulgar esos actos, entre otras, en su página electrónica; veamos:

“Artículo 65. Deber de publicación de los actos administrativos de carácter general. Los actos administrativos de carácter general no serán obligatorios mientras no hayan sido publicados en el Diario Oficial o en las gacetas territoriales, según el caso.

Cuando se trate de actos administrativos electrónicos a que se refiere el artículo  HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1437_2011_pr001.html" \l "57" 57 de esta Ley, se deberán publicar en el Diario Oficial o gaceta territorial conservando las garantías de autenticidad, integridad y disponibilidad.

Las entidades de la administración central y descentralizada de los entes territoriales que no cuenten con un órgano oficial de publicidad podrán divulgar esos actos mediante la fijación de avisos, la distribución de volantes, la inserción en otros medios, la publicación en la página electrónica, o cualquier canal digital habilitado por la entidad, o por bando, en tanto estos medios garanticen amplia divulgación.

Las decisiones que pongan término a una actuación administrativa iniciada con una petición de interés general se comunicarán por cualquier medio eficaz.

En caso de fuerza mayor que impida la publicación en el Diario Oficial, el Gobierno nacional podrá disponer que la misma se haga a través de un medio masivo de comunicación eficaz.

Parágrafo. También deberán publicarse los actos de nombramiento y los actos de elección distintos a los de voto popular.” (Subrayas de la Sala).

Sin embargo, en este punto, es preciso señalar que esta Corporación ha aceptado que la publicación de un acto general se haga en la página web de la entidad que emite el acto, debido a la situación de fuerza mayor ocasionada por la pandemia del coronavirus COVID – 19. Sobre el particular, en providencia del 8 de junio de 2021, fue dicho:

“Finalmente, el artículo 2° de la Resolución 032 de 24 de abril de 2020, contempla que la norma «rige a partir de la fecha de su expedición», aspecto sobre el que el Ministerio Público advirtió un posible desconocimiento del requisito de publicidad de los actos administrativos.

Al respecto, precisa la Sala que el principio de publicidad encuentra su sustento en el artículo 209 de la Constitución Política, así como en el artículo 3° de la Ley 1437 de 2011, que lo establecen como uno de los atributos básicos de las manifestaciones de la voluntad de la administración. Sobre el particular, se tiene que son varias las normas que señalan cómo hacer efectivo este principio, verbigracia el artículo 65 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 15 de la Ley 2080 de 2021, que dispone que los actos administrativos generales, «no serán obligatorios mientras no hayan sido publicados en el Diario Oficial o en las gacetas territoriales, según el caso».

Por su parte, la jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional coinciden en que la publicidad es presupuesto básico para la eficacia del acto administrativo, más no para su validez. Sumado a lo expuesto, en pronunciamientos recientes de esta Corporación se ha establecido que, ante la situación de fuerza mayor como lo es la pandemia derivada con ocasión del COVID-19, con la publicación en la página web de la entidad que expidió el acto se llena el requisito de publicidad, consistente en la divulgación de este en un medio masivo de comunicación.”

De ahí que, a juicio de la Sala la medida dispuesta en el artículo tercero de la No. 075 de 2021, sea suficiente para entender acreditado el requisito de publicidad del acto objeto de control.

Proporcionalidad.

Pues bien, como se señaló anteriormente, se observa que las razones que se invocaron para la expedición del acto objeto de control obedecieron a la necesidad de velar por el correcto aprovechamiento de los recursos naturales a través de las visitas técnicas de los distintos instrumentos ambientales concedidos para esos efectos, así como las correspondientes inspecciones a las contingencias ambientales que sucedan en el área de jurisdicción de la CAR, para lo cual se exigió el cumplimiento de los distintos protocolos de bioseguridad adoptados por esa entidad y para el caso de las primeras actividades en cuestión, una autorización previa por parte del equipo de Salud y Seguridad en Trabajo– SST de esa entidad; por lo que es claro que con dicho acto se garantiza un equilibrio entre la necesidad de prestar de manera adecuada ese servicio público y el cuidado y prevención del contagio por coronavirus de los funcionarios y contratistas vinculados a esa entidad y de los usuarios de la misma.

Así pues, la emisión de la Resolución No. 075 de 2021 es adecuada a los fines buscados por el Decreto Legislativo 491 del 28 de marzo de 2020, dado que permite la continuidad en la prestación de dicho servicio al tiempo que establece las medidas de bioseguridad dirigidas a cuidar la vida y salud de las personas vinculadas a esa entidad y de los usuarios, así como de los ciudadanos que tengan contacto con las mismas.

En conclusión, teniendo en cuenta las consideraciones expuestas, se encuentra la Resolución No. 075 de 2021, expedida por Corponariño, resulta idónea, necesaria y proporcional con la gravedad de los hechos que dieron lugar a la declaratoria del estado de excepción. Asimismo, se observa una especial correlación entre los fines buscados y los medios empleados para conseguirlo, de modo que se hace evidente la proporcionalidad en cuestión con los que han declarado la emergencia económica, social y ecológica.

Aclara la Sala que, como lo ha reiterado esta Corporación en su jurisprudencia, “si bien es cierto que el control automático supone un control integral, no puede pretenderse con ello que, al ejercer tal control, el juez revise todo el ordenamiento jurídico”, por lo cual los efectos de esta sentencia tienen la autoridad de cosa juzgada relativa (artículo 189 del CPACA), es decir, sólo frente a los aspectos analizados y decididos en ella.

En mérito de lo expuesto, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, a través de su Sala Especial de Decisión No. 18, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: DECLARAR que la Resolución No. No. 075 de 2021, expedida por Corponariño, se encuentra ajustada a derecho, de conformidad con las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala Especial de Decisión número 18 de la Sala de Contencioso Administrativo, del Consejo de Estado, en sesión del 24 de agosto de 2021.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Presidente Consejera de Estado
Consejero de Estado Aclara voto

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA SANDRA LISSETH IBARRA VÉLEZ
Consejero de Estado Consejera de Estado

(Firmado electrónicamente)
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Consejero de Estado

ACLARACIÓN DE VOTO / CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD – Ausencia de estudio sobre los requisitos formales del acto administrativo / CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD – Falta de pronunciamiento sobre los requisitos materiales relativos a la finalidad, necesidad jurídica y el principio de no discriminación / CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD – Confusión de la conexidad de la medida con los demás requisitos

Aunque comparto la decisión adoptada por los integrantes de la Sala 18 Especial de Decisión de la Sala Plena Contencioso Administrativa del Consejo de Estado, dentro del medio de control sometido a análisis, existen dos aspectos que me llevan a aclarar el voto. El primero obedece a la ausencia de estudio sobre los requisitos formales del acto administrativo, relacionados con la verificación de que se trate de un acto administrativo general, expedido en desarrollo de un decreto legislativo. El segundo surge como consecuencia de la falta de pronunciamiento sobre la finalidad, necesidad jurídica, así como del principio de no discriminación y carencia de arbitrariedad. El tercero corresponde a que se expusieron las mismas razones a efectos de verificar la conexidad de la medida con los demás requisitos materiales, desconociendo que se trata, en realidad, de aspectos diferentes. (…). El examen formal impone verificar que el acto administrativo cumpla con los requisitos consagrados en los artículos 20 de la Ley 137 de 1994 y 136 de la Ley 1437 de 2011, esto es, que (i) se trate de un acto administrativo de contenido general, impersonal o abstracto (ii) que desarrolle un Decreto Legislativo dictado durante el Estado de excepción y (iii) en ejercicio de la función administrativa. En la sentencia del 24 de agosto de 2021, la Sala no expuso el cumplimiento de los primeros dos requisitos formales. Así mismo, de la revisión del auto del 24 de mayo de 2021, mediante el cual se avocó conocimiento, se observa que tampoco fueron analizados de forma específica. (…). Sobre el juicio de necesidad jurídica, también denominado por la doctrina constitucional como de subsidiariedad, debe señalarse que este implica verificar la existencia dentro del ordenamiento jurídico ordinario de previsiones legales que sean suficientes y adecuadas para lograr los objetivos de la medida excepcional. Para el caso concreto este requisito material se cumple, y así debió indicarlo expresamente la decisión, ya que el ordenamiento jurídico ordinario no cuenta con previsiones legales suficientes y adecuadas para lograr los objetivos de la medida excepcional. (…). [L]a metodología implementada por la Sala 18 Especial de Decisión, según la cual los requisitos contenidos en la Ley 137 de 1994, referidos a la proporcionalidad, a la finalidad, a la necesidad y la motivación, son elementos inherentes o propios de la conexidad, confunden este requisito con los materiales señalados, con lo cual, además, dejan de desarrollar este aspecto de la medida reglamentaria en concreto. En este caso, la Sala realizó una transcripción innecesaria de las motivaciones del Decreto 417 de 2020, Decreto ordinario No. 465 del 23 de marzo de 2020 y del Decreto legislativo 491 de 2020, así como de la Resolución No. 666 del 24 de abril de 2020 proferida por el Ministerio de Salud con el fin de explicar el cumplimiento del requisito de la conexidad. Sin embargo, no se explicó cómo, para el caso concreto, la medida adoptada guarda absoluta conexidad con los fundamentos fácticos y jurídicos que dieron lugar a la declaratoria de la emergencia económica, social y ecológica, teniendo en cuenta que aquella se sustentó en la necesidad de salvaguardar la salud pública por la velocidad de propagación y escala de transmisión del coronavirus - COVID-19, supuesto de hecho que igualmente sirvió de base para la declaratoria de la emergencia sanitaria. Sumado a lo anterior, es importante poner de presente que de la conexidad no se deriva, per se, que la disposición concreta, supere los requisitos de finalidad, necesidad fáctica y jurídica, motivación, proporcionalidad y carencia de arbitrariedad y que todas ellas guarden conexidad con las disposiciones que desarrollan en particular.

Para concluir con certeza la validez del acto objeto de estudio, es necesario desarrollar argumentos concretos, como se plasmó en esta aclaración de voto, más allá de las transcripciones normativas, porque ellas, por sí solas y sin explicación distinta a la que se dio en punto de la conexidad, no permiten llegar a esa conclusión. Finalmente, advierto que la Sala expuso los mismos argumentos en el desarrollo de la proporcionalidad de la medida adoptada en el acto administrativo, que fueron expuestos para sustentar la conexidad de la misma. Lo anterior, desconociendo la exigencia de que las medidas que se adopten durante los Estados de excepción deben ser proporcionales a la gravedad de los hechos.

CONSEJO DE ESTADO

SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SALA DIECIOCHO ESPECIAL DE DECISIÓN

ACLARACIÓN DE VOTO DE LA CONSEJERA ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Bogotá D.C., veinticuatro (24) de agosto de dos mil veintiuno (2021)

Radicación número: 11001-03-15-000-2021-00659-00(CA)

Actor: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE NARIÑO (CORPONARIÑO)

Demandado: RESOLUCIÓN 075 DEL 15 DE FEBRERO DE 2021

De conformidad con lo establecido en el artículo 129 de la Ley 1437 de 2011 y con el acostumbrado respeto por las decisiones adoptadas por la Sala Especial de Decisión 18 de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, a continuación, expongo las razones por las que suscribo la sentencia de la referencia con aclaración de voto.

ANTECEDENTES

El acto administrativos objeto del medio de control

La Corporación Autónoma Regional de Nariño, el 1º de abril de 2020, profirió la Resolución No. 255 “Por medio de la cual se ordena la suspensión de términos procesales en la Corporación Autónoma Regional de Nariño - CORPONARÑO y se adoptan otras disposiciones".

En dicha ocasión, suspendió todos los términos procesales para la expedición de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones ambientales, procesos sancionatorios ambientales, cobro coactivo, procesos disciplinarios, términos de liquidación contractual y las acciones relacionadas con imposición de multas, sanciones y declaratorias de incumplimiento señaladas en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, interposición y resolución de recursos administrativos y demás términos procesales.

Con posterioridad, Corponariño profirió la Resolución No. 294 del 2 de junio de 2020, mediante la cual levantó la suspensión de términos procesales y adoptó los protocolos de bioseguridad requeridos para la prestación del servicio de manera presencial.

En el artículo 12 de dicho acto administrativo, se dispuso que la función de control y seguimiento sobre las visitas técnicas de seguimiento a los permisos, autorizaciones y conceptos, se realizaría por la modalidad documental.

Así mismo, indicó que “si se presentan contingencias ambientales de las previstas en el artículo 2.2.2.3.9.3 del Decreto 1076 de 2015, las direcciones y dependencias competentes podrán realizar visitas técnicas de verificación, siguiendo los protocolos de seguridad implementados y cumpliendo con lo indicado en el artículo anterior.”

Ahora, mediante Resolución No. 075 del 15 de febrero de 2021, Corponariño modificó el artículo 12 de la Resolución No. 294 de 2020, esto es, la disposición antes referida.

Concretamente, ordenó que “durante la vigencia de la emergencia sanitaria nacional declarada por el COVID-19, se adelantarán las visitas técnicas de control y monitoreo a través del personal de planta y contrato de la Corporación Autónoma Regional de Nariño, para seguimiento a los permisos, autorizaciones y conceptos según corresponda. La función de control y seguimiento sobre estos instrumentos se realizarán previa autorización del equipo de Salud y Seguridad en el Trabajo SST y dando cumplimiento a los protocolos de Bioseguridad adoptados por la Corporación.”

Trámite en el Consejo de Estado

El proceso fue repartido al magistrado ponente el 18 de febrero de 2021, quien en providencia del 22 de febrero de 2021 remitió el expediente al despacho del magistrado Milton Chaves, con el fin de que se acumulara al radiado 2020-02805 en el cual se analizaba la legalidad del acto No. 294 del 12 de junio de 2020, es decir, la Resolución que fue modificada.

En auto del 19 de marzo de 2021, el magistrado Milton Chaves resolvió no decretar la acumulación debido al vencimiento del plazo para dicha actuación.

Finalmente, el proceso pasó nuevamente al despacho del magistrado ponente el 26 de abril de 2021 y fue admitido en auto del 24 de mayo del mismo año.

En la sentencia del 24 de agosto de 2021, la Sala 18 Especial de Decisión de la cual hago parte, declaró la legalidad de la Resolución No. No. 075 de 2021, expedida por Corponariño, al encontrar que estaba ajustada a derecho.

MOTIVOS DE LA ACLARACIÓN DE VOTO

Aunque comparto la decisión adoptada por los integrantes de la Sala 18 Especial de Decisión de la Sala Plena Contencioso Administrativa del Consejo de Estado, dentro del medio de control sometido a análisis, existen dos aspectos que me llevan a aclarar el voto.

El primero obedece a la ausencia de estudio sobre los requisitos formales del acto administrativo, relacionados con la verificación de que se trate de un acto administrativo general, expedido en desarrollo de un decreto legislativo. El segundo surge como consecuencia de la falta de pronunciamiento sobre la finalidad, necesidad jurídica, así como del principio de no discriminación y carencia de arbitrariedad. El tercero corresponde a que se expusieron las mismas razones a efectos de verificar la conexidad de la medida con los demás requisitos materiales, desconociendo que se trata, en realidad, de aspectos diferentes.

Teniendo en cuenta lo anterior, analizaré los tópicos mencionados, para concluir que, en el caso concreto concurren todos los requisitos formales y materiales, lo que permite declarar la legalidad de la Resolución 075 del 15 de febrero de 2021.

2.1. Ausencia de estudio sobre los requisitos formales del acto administrativo

El examen formal impone verificar que el acto administrativo cumpla con los requisitos consagrados en los artículos 20 de la Ley 137 de 1994 y 136 de la Ley 1437 de 2011, esto es, que (i) se trate de un acto administrativo de contenido general, impersonal o abstracto (ii) que desarrolle un Decreto Legislativo dictado durante el Estado de excepción y (iii) en ejercicio de la función administrativa.

En la sentencia del 24 de agosto de 2021, la Sala no expuso el cumplimiento de los primeros dos requisitos formales. Así mismo, de la revisión del auto del 24 de mayo de 2021, mediante el cual se avocó conocimiento, se observa que tampoco fueron analizados de forma específica, pues la decisión se limitó a hacer una transcripción de la Resolución No. 075 del 15 de febrero de 2021, para luego concluir, sin previo análisis que “en esa medida, es un acto de carácter general, dictado por una autoridad nacional, en ejercicio de la función administrativa y como desarrollo del Decreto Legislativo 491 de 2020.”

Por lo anterior, analizaré uno a uno los requisitos formales, los cuales se encuentran plenamente configurados.

2.1.1. Se trata de un acto administrativo de contenido general, impersonal o abstracto

Con respecto a la naturaleza jurídica de los actos susceptibles de control, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha señalado que son aquellos decretos reglamentarios de los decretos legislativos y los actos administrativos y medidas de carácter general, impersonal y abstracto que profiera la administración, que contengan una decisión de la autoridad, capaz de producir efectos jurídicos para los individuos, porque sólo esta clase de actos son administrativos.

Esto significa que, únicamente los actos o disposiciones que contengan una manifestación de voluntad de la Administración capaz de crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas generales, con independencia de la forma que revista o de la nominación que se le asigne, son actos administrativos y, por tanto, pueden ser objeto de control judicial.

Sobre éste aspecto, la Corporación ha sostenido que aun cuando las instrucciones, circulares y resoluciones administrativas son actos de la administración en sentido lato, no todos tienen la virtualidad de generar efectos jurídicos, teniendo esta capacidad únicamente aquellos que crean, extinguen o modifican situaciones jurídicas, y es a estos últimos que se limita el control por la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

Ahora, la Resolución No 072 del 15 de febrero de 2021 es un acto administrativo de contenido general, impersonal y abstracto, en consideración a que la entidad decidió adelantar las visitas técnicas de control y monitoreo para dar seguimiento a los permisos, autorizaciones y conceptos, previa autorización del equipo de Salud y Seguridad en el Trabajo SST y dando cumplimiento a los protocolos de Bioseguridad adoptados por la Corporación.

Igualmente, ordenó la realización de las visitas técnicas de manera presencial y en cumplimiento de los protocolos de bioseguridad si se presentan contingencias ambientales de las previstas en el artículo 2.2.2.3.9.3 del Decreto 1076 de 2015.

Esta medida está dirigida al personal de planta y contrato de la Corporación Autónoma Regional de Nariño, así como a los usuarios de la entidad que requieran la visita.

Dichas disposiciones, de cara a este procedimiento administrativo, tienen la capacidad de crear, modificar o extinguir las situaciones jurídicas de los destinatarios del acto, en la medida que la entidad decidió reanudar la realización de las visitas técnicas de manera presencial, siendo necesario (i) la autorización del SST y (ii) el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad.

En ese sentido, refleja la voluntad de la administración con plena capacidad para producir efectos en el mundo jurídico, en garantía de los derechos al debido proceso y a la salud de todas aquellas personas que intervienen en dicha actuación y de los funcionarios y empleados que tienen a su cargo el adelantamiento de los trámites.

2.1.2. Desarrolla un Decreto Legislativo dictado durante el Estado de excepción

La Resolución No. 075 de 2021 desarrolla el Decreto Legislativo No. 491 de 2020, particularmente el artículo 6º, que facultó a las entidades para la suspensión de términos, total o parcial, en todas las actuaciones administrativas o en algunas de ellas, sea que se realicen de manera presencial o virtual, conforme al análisis que las autoridades hagan de cada una de sus actividades y procesos, previa evaluación y justificación de la situación concreta.

En este punto, resulta importante poner de presente que la Corte Constitucional, en la sentencia C-242 de 2020 indicó que “cuando una actuación administrativa no pueda ser adelantada de manera razonable y adecuada por medios virtuales conforme a la normatividad vigente, la Corte estima que la administración está en la obligación de examinar si resulta pertinente suspender su trámite, como lo habilita el artículo 6° del Decreto 491 de 2020, o proseguir con el mismo de forma presencial, siempre que se adopten las medidas sanitarias pertinentes.”

En consecuencia, se advierte que la norma extraordinaria habilitó a las entidades para (i) suspender términos o (ii) evaluar la necesidad de continuar con la prestación presencial del servicio, teniendo en cuenta la situación concreta, siendo este punto el objeto de desarrollo por la Resolución objeto de control.

Para CORPONARIÑO, resultaba indispensable la realización de las visitas técnicas para el cumplimiento de sus objetivos, ya que dentro del “quehacer misional se encuentra la de velar por la correcta y eficiente utilización de los recursos naturales, así como de vigilar el cumplimiento de los términos y condiciones en los que se otorgaron permisos y autorizaciones ambientales”, para lo cual requería de la realización de las visitas técnicas.

2.1.3. Expedido en ejercicio de la función administrativa

Como se indicó en la sentencia del 24 de agosto de 2021, la Resolución 075 del 15 de febrero de 2021 fue expedida por el director general de la Corporación Autónoma Regional de Nariño –Corponariño en ejercicio de la función administrativa pues el acto fue dictado en uso de las facultades a él otorgados por los artículos 29 y 31 de la Ley 99 de 1993.

Falta de pronunciamiento sobre los requisitos materiales relativos a la finalidad, necesidad jurídica y el principio de no discriminación

Finalidad de la medida

Este requisito se encuentra consagrado en el artículo 10º de la Ley 137 de 1994 e implica verificar que las medidas adoptadas estén directa y específicamente encaminadas a conjurar las causas de la perturbación y a impedir la extensión de sus efectos.

Al respecto, se advierte que la finalidad de la medida administrativa sub examine la constituye, en primer lugar, la protección del derecho al debido proceso de los usuarios implicados en las visitas técnicas de control y monitoreo que se adelantan en la Corporación, para seguimiento a los permisos, autorizaciones y conceptos.

En efecto, Corponariño puede realizar requerimientos a los sujetos que reciben la visita, luego de verificar el cumplimiento a los términos, condiciones y obligaciones establecidas a los proyectos, obras o actividades que cuentan con permisos y autorizaciones ambientales.

Así las cosas, al realizar la visita de manera presencial, el usuario cuenta con la posibilidad de ejercer su derecho al debido proceso y acreditar el cumplimiento de los requisitos exigidos por la autoridad ambiental para mantener el permiso otorgado, actividad que requiere necesariamente de la exploración en campo.

En segundo lugar, la norma pretende el cumplimiento de las funciones misionales de Corponariño garantizando la protección del derecho a la salud de los referidos sujetos procesales y de los funcionarios que deben llevar a cabo las visitas de manera presencial, las cuales no pueden realizarse virtual o documentalmente.

Lo anterior por cuanto dichas modalidades limitan la eficiente función de Corponariño como máxima autoridad ambiental en el departamento de Nariño, principalmente en lo relacionado al seguimiento y control a los diferentes permisos, autorizaciones ambientales y conceptos.

En efecto, la entidad explicó en las motivaciones del acto que, para el cumplimiento de su misión, existe la necesidad de realizar visitas técnicas en campo, las cuales se realizarían bajo el estricto cumplimiento de los protocolos de bioseguridad adoptados por la Corporación, en aras de proteger la salud de todos los intervinientes en la actividad administrativa, ante la emergencia sanitaria declara por el Covid-19.

Lo anterior resulta suficiente para tener por cumplido este presupuesto y sobre él cabe destacar que las medidas se adoptaron sin suspender la vigencia de las normas ordinarias.

Necesidad jurídica de la medida

Sobre el juicio de necesidad jurídica, también denominado por la doctrina constitucional como de subsidiariedad, debe señalarse que este implica verificar la existencia dentro del ordenamiento jurídico ordinario de previsiones legales que sean suficientes y adecuadas para lograr los objetivos de la medida excepcional.

Para el caso concreto este requisito material se cumple, y así debió indicarlo expresamente la decisión, ya que el ordenamiento jurídico ordinario no cuenta con previsiones legales suficientes y adecuadas para lograr los objetivos de la medida excepcional.

Concretamente, si bien Corponariño está habilitado para la realización de las visitas técnicas de seguimiento, en desarrollo de sus funciones y de conformidad con la Ley 99 de 1993, lo cierto es que esas disposiciones resultaban insuficientes pues, con ocasión de las medidas de salud pública adoptadas para enfrentar la pandemia causada por el coronavirus COVID-19, se implementaron restricciones sanitarias que impedían o limitaban la movilidad de las personas, resultando necesario que las entidades implementaran protocolos de bioseguridad, argumentaran la necesidad de la prestación presencial del servicio y que, finalmente éste se prestara en garantía del derecho a salud de los destinatarios de la norma, ante el riesgo de contagio del COVID-19.

En efecto, directrices como el aislamiento social, las limitaciones de aforo de ciertos lugares o la suspensión del servicio de transporte intermunicipal, impidieron la realización presencial de las visitas técnicas, las cuales resultaban necesarias para el cumplimiento misional de la Corporación Autónoma Regional de Nariño, siendo indispensable que la entidad, en desarrollo de la norma excepcional, regulara la prestación del servicio y su funcionamiento.

2.2.3. Principio de no discriminación y carencia de arbitrariedad

En virtud de lo dispuesto por el artículo 14 de la Ley 137 de 1994, las medidas no pueden entrañar discriminación alguna, fundada en razones de raza, lengua, religión, origen nacional o familiar, opinión política o filosófica.

Además de tales criterios, la Corte Constitucional ha establecido que con este juicio se verifica que la disposición no imponga tratos diferenciados injustificados con base en otros criterios sospechosos señalados por la jurisprudencia constitucional como el sexo o la discapacidad.

Bajo esta perspectiva de análisis, encuentro que la disposición está encaminada a proteger los derechos fundamentales al debido proceso y a la salud de los usuarios implicados en las visitas técnicas y los funcionarios públicos encargados de su trámite y, en esa medida, salvaguarda tales derechos sin afectar los del resto de la población.

La medida, así mismo carece de arbitrariedad, respeta el ordenamiento superior y no se opone a los preceptos Constitucionales, legales y reglamentarios de superior jerarquía en que se fundamenta, pues hace uso de las potestades que le confirió el artículo 6º del Decreto Legislativo 491 de 2020.

Confusión de la conexidad de la medida con los demás requisitos

La conexidad, es un requisito establecido por la jurisprudencia de la Corporación, que se dirige a establecer si el acto controlado guarda relación directa con la norma extraordinaria que dice desarrollar y con las causas que dieron lugar a la declaratoria del estado excepcional.

Esto quiere decir que, ese estudio de conexidad permite determinar si el acto administrativo desarrolla, o no, decretos legislativos del Estado de excepción.

En este sentido, la metodología implementada por la Sala 18 Especial de Decisión, según la cual los requisitos contenidos en la Ley 137 de 1994, referidos a la proporcionalidad, a la finalidad, a la necesidad y la motivación, son elementos inherentes o propios de la conexidad, confunden este requisito con los materiales señalados, con lo cual, además, dejan de desarrollar este aspecto de la medida reglamentaria en concreto.

En este caso, la Sala realizó una transcripción innecesaria de las motivaciones del Decreto 417 de 2020, Decreto ordinario No. 465 del 23 de marzo de 2020 y del Decreto legislativo 491 de 2020, así como de la Resolución No. 666 del 24 de abril de 2020 proferida por el Ministerio de Salud con el fin de explicar el cumplimiento del requisito de la conexidad.

Sin embargo, no se explicó cómo, para el caso concreto, la medida adoptada guarda absoluta conexidad con los fundamentos fácticos y jurídicos que dieron lugar a la declaratoria de la emergencia económica, social y ecológica, teniendo en cuenta que aquella se sustentó en la necesidad de salvaguardar la salud pública por la velocidad de propagación y escala de transmisión del coronavirus - COVID-19, supuesto de hecho que igualmente sirvió de base para la declaratoria de la emergencia sanitaria.

Sumado a lo anterior, es importante poner de presente que de la conexidad no se deriva, per se, que la disposición concreta, supere los requisitos de finalidad, necesidad fáctica y jurídica, motivación, proporcionalidad y carencia de arbitrariedad y que todas ellas guarden conexidad con las disposiciones que desarrollan en particular.

Para concluir con certeza la validez del acto objeto de estudio, es necesario desarrollar argumentos concretos, como se plasmó en esta aclaración de voto, más allá de las transcripciones normativas, porque ellas, por sí solas y sin explicación distinta a la que se dio en punto de la conexidad, no permiten llegar a esa conclusión.

Finalmente, advierto que la Sala expuso los mismos argumentos en el desarrollo de la proporcionalidad de la medida adoptada en el acto administrativo, que fueron expuestos para sustentar la conexidad de la misma.

Lo anterior, desconociendo la exigencia de que las medidas que se adopten durante los Estados de excepción deben ser proporcionales a la gravedad de los hechos.

Esta exigencia está establecida en el numeral 2º del artículo 214 de la Constitución Política, desarrollada en el artículo 13 de la Ley 137 de 1994, haciendo relación a la “justa medida que debe existir entre los distintos instrumentos que se dicten para contrarrestar el orden perturbado y las situaciones o circunstancias de crisis que se pretende conjurar. Lo que equivale a decir que la proporcionalidad ‘es la razonabilidad que debe mediar entre la medida de excepción y la gravedad de los hechos’”.

Este presupuesto se encuentra contenido para todos los actos administrativos en el artículo 44 de la Ley 1437 de 2011, en virtud del cual “En la medida en que el contenido de una decisión de carácter general o particular sea discrecional, debe ser adecuada a los fines de la norma que la autoriza y proporcional a los hechos que le sirven de causa.”

Según la jurisprudencia constitucional, el juicio de proporcionalidad busca verificar si la medida adoptada se encuentra ajustada a los hechos que busca limitar y/o conjurar, y establecer si la afectación de posiciones jurídicas de estirpe constitucional no excede los beneficios que se logran con la medida.

En los anteriores términos dejo consignados las razones por las que salvo mi voto.

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

Fecha ut supra

“Por la cual se reglamentan los Estados de Excepción en Colombia”.
“Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.
Documento digital denominado “3_ED_RESOLUCION QUE MODIFICA E L ARTICULO 12-1-Copy.pdf(.pdf) NroActua 2”, visible en el índice número 2 del Sistema de Gestión SAMAI.
Visible en el índice número 19 del Sistema de Gestión Judicial SAMAI.
“Por la cual se regulan los Estados de Excepción en Colombia”
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Ver, entre muchas otras, sentencias de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del 28 de enero de 2003, expediente núm. 2002-0949-01, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez; del 7 de octubre de 2003, expediente núm. 2003-0472-01, C.P. Tarcisio Cáceres Toro, del 16 de junio de 2009, expediente núm. 2009-00305-00, y del 9 de diciembre de 2009, expediente núm. 2009-0732-00, C.P. Enrique Gil Botero.
Ver, entre otras, las siguientes sentencias: (i) del 7 de febrero de 2000, expediente núm. CA-033, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez; (ii) del 20 de octubre de 2009, expediente núm. 2009-00549, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, y (iii) del 9 de diciembre de 2009, expediente núm. 2009-00732, C.P. Enrique Gil Botero.
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Rad. 11001-03-15-000-2015-0257800(CA), sentencia de 24 de mayo de 2016, C.P. Guillermo Vargas Ayala.
Artículo 1º ibídem.
“Por el cual se adoptan medidas de bioseguridad para mitigar, evitar la propagación y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus COVID-19, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica”
“Artículo 79. Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo.
Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.” (Subrayas de la Sala).

Por la cual se suspenden todas las actuaciones y trámites administrativos disciplinarios en la UPRA-
Consejo de Estado- Sala de lo Contencioso Administrativo- Sección Primera. Sentencia del 18 de diciembre de 1997. Actor: Luis Mario Duque. Demandado: Director de Catastro Municipal de Cali. Consejero Ponente Dr. Manuel Santiago Urueta Ayola; posición reiterada por la Sección Quinta en la sentencia de 17 de marzo de 2005, proferida en el expediente de Radicación número: 13001-23-31-000-2004-00003-01 (3321) C.P. María Nohemí Hernández Pinzón; Consejo De Estado, Sección, Primera Consejero ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ., 12 de julio de 2018, Radicación número: 11001-03-24-000-2012-00073-00
Sentencia C-957 de 1999, con ponencia del magistrado Álvaro Tafur Galvis
Consejo de Estado; Sala de lo Contencioso Administrativo; Sala Especial De Decisión N° 4; Magistrada Ponente: Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez; Sentencia de 8 de febrero de 2021 en el proceso de Control Inmediato de Legalidad, rad. 11001-03-15-000-2020-01408-00
Consejo de estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sala Décima Especial de Decisión. Sentencia del 8 de junio de 2021. Proceso radicado número 11001 03 15 000 2021 00149 00. Consejera Ponente: Sandra Lisset Ibarra Vélez. Sobre este aspecto consultar: Sentencia de 20 de octubre de 2009, exp. 11001-03-15-000-2009-00549OO(CA); Sentencia de 23 de noviembre de 2010, exp. 11001-03-15-000-2010-00196-00(CA); Sentencia de 18 de enero de 2011, exp. 11001-03-15-000-2010-00165-00(CA); Sentencia de 12 de abril de 2011, exp. 1100103-15-000-2010-00170-OO(CA). Artículo 129. Firma de providencias, conceptos, dictámenes, salvamentos de voto y aclaraciones de voto. Las providencias, conceptos o dictámenes del Consejo de Estado, o de sus salas, secciones, subsecciones, o de los Tribunales Administrativos, o de cualquiera de sus secciones, una vez acordados, deberán ser firmados por los miembros de la corporación que hubieran intervenido en su adopción, aún por los que hayan disentido. Al pie de la providencia, concepto o dictamen se dejará constancia de los Magistrados ausentes. Quienes participaron en las deliberaciones, pero no en la votación del proyecto, no tendrán derecho a votarlo. // Los Magistrados discrepantes tendrán derecho a salvar o aclarar el voto. Para ese efecto, una vez firmada y notificada la providencia, concepto o dictamen, el expediente permanecerá en la secretaría por el término común de cinco (5) días. La decisión, concepto o dictamen tendrá la fecha en que se adoptó. El salvamento o aclaración deberá ser firmado por su autor y se agregará al expediente. // Si dentro del término legal el Magistrado discrepante no sustentare el salvamento o la aclaración de voto, sin justa causa, perderá este derecho. Acto objeto de control por parte de la Sala 18 Especial de Decisión en la sentencia objeto de esta aclaración. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 8.07. 2014, M.P. Danilo Rojas Betancourt, 11001031500020110112700(CA)
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia del 11 de abril de 2019, Exp. 11001-03-24-000-2012-0011-00, M.P. Nubia Margoth Peña Garzón. En el mismo sentido se pueden consultar las sentencias del 18 de julio de 2012, Exp. 11001-03-24-000-2007-00193-00, M.P. María Elizabeth García González; Sentencia del 1º de febrero de 2001, Exp 6375, M.P. Olga Inés Navarrete Barrero; Sentencia del 9 de marzo de 2009, Exp. 2005-00285. M.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta. Exp. 2005-00285. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia del 30.09.19 Rad. 11001-03-24-000-2018-00166-00. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia del 11.04.19. MP. Nubia Margoth Peña Garzón. Rad. 11001-03-24-000-2012-00211-00. Providencia del 18.07.12 MP. María Elizabeth García González. Rad. 11001-03-24-000-2007-00193-00. Providencia del 1.02.01. MP.

Olga Inés Navarrete Barrero. Rad. 6375. Providencia del 9.03.09. MP. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta. Rad. 2005-00285. Pues por razón de su naturaleza contienen directrices, orientaciones o instrucciones que se dictan para desarrollar la actividad administrativa o para informar aspectos propios de la prestación de un servicio o de la realización de una determinada función
Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-242 del 09.07.2020. M.Ps. Luis Guillermo guerrero Pérez y Cristina Pardo Schlesinger
Corte Constitucional, Sentencia C-466, 29.06.2017, M.P. Carlos Bernal Pulido y Sentencia C-155, 18.05.2020, M.P. Cristina Pardo Schlesinger
Corte Constitucional, Sentencia C-466, 19.07.2017, M.P. Carlos Bernal Pulido
Corte Constitucional, Sentencia C-179, 13.04.1994, M.P. Carlos Gaviria Díaz
Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-517, 10.08.2017., M.P. Iván Humberto Escrucería Mayolo

Radicado: 11001 03 24 000 2015 00337 00
Demandante: Paula Andrea Mejía Cardona

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