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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2021-00856-01

Fecha
7 de marzo de 2024
Consejero ponente
Oswaldo Giraldo Lopez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2021-00856-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR el fallo de tutela proferido el 14 de noviembre de 2023 por Sala de Conjueces de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por las razones expuestas en la parte considerativa. 24 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicación: 11001-03-15-000-2021-00856-01 Accionante: Fanny Velásquez Varón SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: ORDENAR a la Secretaría, que envíe el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro del término legal. Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2021-00856-01

Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez

7 de marzo de 2024

Radicación: 11001-03-15-000-2021-00856-01
Accionante: Fanny Velásquez Varón

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá, D.C., siete (7) de marzo de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2021-00856-01
Accionante: FANNY VELÁSQUEZ VARÓN
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA

Tesis: La acción de tutela es improcedente cuando la
controversia planteada por el actor pretende reabrir el
debate resuelto por el juez natural.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la parte accionante en
contra del fallo de tutela proferido el 14 de noviembre de 2023 por Sala
de Conjueces de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que negó por
improcedente la acción.

1. SÍNTESIS DEL CASO

La señora Fanny Velásquez Varón, actuando por conducto de apoderado,
interpuso acción de tutela en contra del Tribunal Administrativo del
Tolima, con el fin de que se amparen sus derechos fundamentales “(…) al
debido proceso, igualdad y tutela judicial efectiva (…), así como el
desconocimiento del precedente judicial, o entre otros (…)”, y formuló las
siguientes pretensiones1:

1
Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2021 00856 00.
1

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Radicación: 11001-03-15-000-2021-00856-01
Accionante: Fanny Velásquez Varón

“[…] PRIMERO: Que se tutelen los derechos Constitucionales
fundamentales invocados como vulnerados a la señora FANNY
VELÁSQUEZ VARÓN (…) por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL
TOLIMA con la sentencia de segunda instancia de fecha julio 22 de 2020.

SEGUNDO: Que como consecuencia de lo anterior, se declaré (sic) sin
valor y efectos jurídicos la providencia proferida por el honorable
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA de fecha julio 22 de 2020,
dentro del Medio de Control de Nulidad y Restablecimiento del derecho de
FANNY VELÁSQUEZ VARÓN contra la NACI[Ó]N – RAMA JUDICIAL –
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL. RAD.
73001-33-33- 003-2018-00050-02.

TERCERO: Que como consecuencia de lo anterior, se ordene al
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA, que en el término de diez
(15) [sic] días proceda a proferir una sentencia de reemplazo, teniendo
en cuenta para ello, las situaciones advertidas que propendan por la
prevalencia de la aplicación irrestricta al principio de favorabilidad
determinado en el artículo 53 constitucional, como también derechos
fundamentales a la igualdad, como del debido proceso por defecto
sustantivo y desconocimiento del precedente judicial, y por consiguiente,
se acceda a las pretensiones de la demanda […]” (negrillas propias de la
cita).

2. SITUACIÓN FÁCTICA

La accionante manifestó que se encuentra vinculada a la Rama Judicial
desde el 14 de mayo de 1978, ocupando actualmente el cargo de Juez
Segundo Civil del Circuito de Melgar, Tolima; y que el 1 de noviembre de
2017 solicitó a la Dirección Seccional de Administración Judicial de Ibagué
la reliquidación de las prestaciones que desde el año 2013 había
devengado, tomando como factor salarial la bonificación judicial del
Decreto 383 de 2013, petición que fue negada por el oficio nro.
DESAJIBO17-4257 del 7 de noviembre de 2017.

Señaló que en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho (radicado nro. 73001-33-33-003-2018-00050-00/02)
reclamó la precitada reliquidación, y que mediante la sentencia proferida
el 31 de mayo de 2019, por el Juzgado Tercero Administrativo de Ibagué,
se accedió a las pretensiones.

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Accionante: Fanny Velásquez Varón

Mencionó que la precitada decisión fue apelada por la parte demandada y
revocada por sentencia dictada el 22 de julio de 2020 por el Tribunal
Administrativo del Tolima, providencia en la que se “(…) argumentó para
ello que se había tenido la bonificación judicial como factor salarial en fallo
proferido por esa corporación el día 2 de mayo de 2019 y que sin embargo
en esta oportunidad se apartaba del referido precedente horizontal para
acoger el sentado por la Corte Constitucional en sentencia C - 279 de
1996 (…) el cual refirió que las normas legales pueden disponer que no
constituye factor salarial para efectos de liquidación de prestaciones
sociales (…)“.

Adujo que “(…) la Sala de decisión (…) se queda corta en la tesis que
plantea, pues conforme a la jurisprudencia de las Altas Cortes, si bien el
legislador goza de cierta libertad para determinar qué elementos
constituyen el salario, tal libertad no es absoluta, es decir, que la misma
se encuentra restringida por los principios constitucionales generales y
por unos elementos estructurales de la noción de salario que reposan en
la Constitución, y no como mal lo interpreto (sic) el Tribunal accionado
(…)“.

Indicó que la tutela cumple el requisito de relevancia constitucional
porque “(…) [l]os principios y derechos fundamentales que aquí se
encuentran vulnerados, (igualdad, debido proceso, tutela judicial efectiva,
entre otros) tienen clara trayectoria y relevancia constitucional en la
jurisprudencia de sentencias de tutela, proferidos por el máximo
organismo de la jurisdicción constitucional, sin mencionar la
jurisprudencia de otras jurisdicciones actuando como jueces de tutela
(…)”.

Argumentó que el fallo censurado incurrió en defecto sustantivo “(…) por
insuficiencia en la motivación de la decisión, porque sin mayor
argumentación jurídica y jurisprudencial, y ante la inexistencia de
supuestos fácticos, optó como metodología para resolver el caso, el

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estudio efectuado por la Corte Constitucional en la Sentencia C-279 de
1996, argumentando básicamente que por disposición del legislador y, en
virtud de su libertad de configuración normativa, un emolumento no podía
ser tenido en cuenta para la liquidación de las prestaciones sociales (…)”.

Aseveró que el Tribunal accionado “(…) interpretó incorrectamente la
libertad del legislador para la configuración de la norma laboral, en
relación a la determinación del factor salarial de una acreencia, sin tener
en cuenta que (…) la Corte2, precisó que el legislador bien puede asignarle
las consecuencias del salario a una prestación que por su naturaleza no
lo es (…)”.

Arguyó que en el fallo censurado “(…) no se aprecia que el Tribunal
Administrativo del Tolima, se haya pronunciado sobre la definición de lo
que es salario (…)”, ni “(…) se refirió [a]l régimen salarial y prestacional
de los empleados de la Rama Judicial (…)”, así como no tuvo en cuenta
“(…) la prevalencia de normas de carácter constitucional y legal sobre los
decretos reglamentarios (…)”, ni el “(…) papel protector del Juez en el
estado de derecho (…)”, ni “(…) se refirió al convenio CO-95, 100 y 111
de la OIT sobre la protección del salario (…)”, “(…) lo cual convierte dicho
fallo judicial en un mero acto de voluntad de dicha corporación (…)”.

Alegó que el fallo censurado incurrió igualmente en defecto sustantivo
“(…) en razón a que aplicó únicamente la primera regla de la sentencia
unificadora 0041 de fecha 2 de septiembre de 2019 (…)”, “(…)
desatendiendo la regla número 3, (…) [que] estableció reglas para fijar la
connotación con relación a que la Bonificación Judicial aquí discutida tiene
el carácter de salario (…)”, por lo que se “(…) desconoció completamente
la aplicación irrestricta (…) del principio de legalidad como de
‘FAVORABILIDAD’ ”, ya que la accionante “(…) se encuentra en las mismas
circunstancias a que se refiere dicha decisión para los efectos aquí
perseguidos (…)”.

2
Hace referencia a la sentencia C-710 de 1996 de la Corte Constitucional.
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Accionante: Fanny Velásquez Varón

Adicionalmente, argumentó que el Tribunal accionado incurrió en defecto
por desconocimiento del precedente con la decisión censurada, porque
desconoció la sentencia SU-995 de 1999 de la Corte Constitucional, “(…)
la cual marcó un hito en materia constitucional, en relación a la relevancia
del salario mínimo vital y móvil (…)”, aunado a que “(…) estaba llamado
a abordar igualmente el estudio del presente caso sobre el precedente
judicial trazado por la Corte Constitucional en el año 1996 y el Consejo
de Estado sobre el concepto de salario como eje central” (no precisa a
qué providencias hace referencia).

Indicó que “(…) no se aprecia que el Tribunal Administrativo del Tolima,
se haya pronunciado sobre la línea jurisprudencial sobre salario y
protección de los derechos de los trabajadores emitidas por la Corte
Constitucional mediante sentencias C-470 de 1995, C-521 de 1995, C-
630 de 2001, C-1218 de 2011; T143 de 2015, SU-955 de 1999 y T-1029
de 2012, C-493 de 2015, tampoco a la emitida por el Consejo de Estado
mediante la SU de agosto 04 de 2010, la sentencia de fecha agosto 03 de
2016, 19 de enero de 2017, 21 de octubre de 2011, y la Sala de Consulta
y Servicio civil mediante conceptos No. 1760 del 10 de agosto de 2006 y
de fecha 04 de diciembre de 2014”.

Agregó que el Tribunal accionado “(…) está haciendo una interpretación
equivocada de la sentencia C-279 del 24 de junio de 1996 (…)”, e hizo
referencia a las providencias dictadas por la Sala Laboral de la Corte
Suprema de Justicia el 28 de julio de 20093, el 25 de enero de 20114 y el
1 de febrero de 20115, y de las dictadas el 3 de agosto de 2016 por la
Sección Cuarta6, y el 19 de enero de 2017 por la Sección Segunda 7 del
Consejo de Estado, de la cuales “(…) se extrae (…) que la libertad de
configuración legislativa en materia laboral encuentra su alcance y límite

3
Radicado nro. 35579, M.P. Eduardo Villegas.
4
Radicado nro. 37037, M.P. Jorge Mauricio Burgos Ruiz.
5
Radicado nro. 35771, M.P. Gustavo José Gnecco Mendoza.
6
Radicado nro. 25000-23-37-000-2012-00091-01, C.P. Martha Teresa Briseño de
Valencia.
7
Radicado nro. 54001-23-33-000-2012-00180-01 (no especifica Subsección no
Consejero Ponente).
5

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Radicación: 11001-03-15-000-2021-00856-01
Accionante: Fanny Velásquez Varón

en los principios mínimos fundamentales del artículo 53 de la constitución
política (…)”.

En consonancia con lo anterior, señaló que el fallo censurado no tuvo en
cuenta “(…) el consenso en la jurisprudencia de las Altas Corporaciones
Judiciales, relacionado a razonar que todas las sumas que perciba
habituales los trabajadores deben considerarse salario (…)” (sic).

Por último, indicó que el Tribunal accionado “(…) desconoció los
‘PRECEDENTES HORIZONTALES’ de los diferentes Tribunales
Administrativos del país (…)”, en los que “(…) se sostuvo que [d]el
Decreto 0382, y 0383 de 2013, era contrario a la Constitución la frase
‘únicamente factor salarial para seguridad social en salud y Pensiones’,
porque desconocía el artículo 53 Superior que tiene una relación directa
con el concepto de salario”, y enunció las siguientes providencias, que
afirmó que “(…) tienen la condición de precedente horizontal, toda vez
que se trata del mismo tema en particular, y existe identidad en las Salas
y los Tribunales que las profirieron (…)”:

“(…) Tribunal Administrativo del Tolima:

• Sentencia del 29 de noviembre de 2018, M.P. José Aleth Ruiz Castro,
Rad. 73001333300920160021102. Demandante: José Rodrigo Rojas
Peñuela.
• Sentencia del 10 de mayo de 2019, M.P. Belisario Beltrán Bastidas,
Rad. 73001333300920160009302. Demandante: Audiel Ospina
Devia.
• Sentencia del 2 de mayo de 2019, M.P. Luis Eduardo Collazos Olaya,
Rad. 73001333300920150017702. Demandante: Carlos Arturo Oiaz y
otros.
• Sentencia del 22 de octubre de 2019, M.P. José Aleth Ruiz Castro,
Rad. 73001333300320170039202. Demandante: German Vargas
López. • Sentencia del 25 de octubre de 2019, M.P. José Aleth Ruiz
Castro, Rad. 73001333300320160015002. Demandante: Juan
Hidelbrando Andrade Correcha.
• Sentencia del 18 de febrero de 2021, M.P. José Aleth Ruiz Castro,
Rad. 73001333300820170041602. Demandante: Argemiro Rodriguez
Reyes.

Tribunal Administrativo del Valle del Cauca:

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Accionante: Fanny Velásquez Varón

• Sentencia del 18 de Noviembre de 2019, M.P. Luz Elena Sierra
Valencia, Rad. 76001333301220160032802. Demandante: Bety
Castaño Valencia. • Sentencia del 20 de Febrero de 2020, M.P. Luz
Elena Sierra Valencia, Rad. 76001333300120170006502.
Demandante: Marco Antonio Segura Grajales.
• Sentencia del 18 de Junio de 2020, M.P. Jhon Erick havez Bravo,
Rad. 76001333300920160021802. Demandante: Edgar Alberto Perez
Dorado.
• Sentencia del 18 de Junio de 2020, M.P. Fernando Augusto García
Muñoz, Rad. 76001333300720160021402. Demandante: Hernando
Londoño Montes.

Tribunal Administrativo de Cundinamarca:

• Sentencia del 2 de agosto de 2018, M.P. Néstor Javier Calvo Chávez,
Rad. 11001333500820150076502. Demandante: Nancy Pilar Orozco
Patiño.
• Sentencia del 2 de agosto de 2018, M.P. José María Armenta
Fuentes, Rad. 11001333501920150082102. Demandante: José
Antonio Orduz Villalobos.
• Sentencia del 30 de abril de 2020, M.P. Luis Eduardo Pineda
Palomino, Rad. 11001333501920170047802. Demandante: Cindy
Tatiana Daza Gonzales (…)”.

Concluyó afirmando que la providencia que censura da lugar a la
interposición de la presente acción “(…) al cimentar su decisión en
argumentos jurisprudenciales que se quedan cortos en la tesis que
plantea al caso particular, dar aplicación errónea al precedente
establecido por la Corte Constitucional y no fundamentar a cabalidad las
razones por las cuales decide apartarse del precedente judicial horizontal
y vertical que existe sobre los temas en los que recae el proceso”.

3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA

Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:

1. La tutela fue radicada el 1 de marzo de 20218 a través del aplicativo
de tutelas en línea de la página web de la Rama Judicial, y correspondió
por reparto a la Subsección A, Sección Tercera de la Corporación.

8
Visto en el índice 2 del radicado 2021-00856-00 en la Sede Electrónica para la Gestión
Judicial Samai.
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Accionante: Fanny Velásquez Varón

2. La Consejera María Adriana Marín y el Consejero José Roberto Sáchica
Méndez, por escrito del 12 de marzo de 20219; y la entonces Consejera
Marta Nubia Velásquez Rico, por escrito del 23 de marzo de 202110,
manifestaron su impedimento para conocer la solicitud de amparo con
fundamento en la causal prevista en el numeral 1 del artículo 56 del
Código de Procedimiento Penal.

3. Por auto del 19 de abril de 202111, el doctor Edgardo Villamil Portilla,
Conjuez ponente designado para conocer el asunto, i) declaró conformada
la Sala de Conjueces para decidir la presente tutela, con la doctora
Solmarina de la Rosa Flórez y el doctor Diego Enrique Franco Victoria; ii)
admitió la acción y iii) dispuso notificar al Tribunal Administrativo del
Tolima para que ejerza su derecho de defensa.

4. El magistrado Luis Eduardo Collazos Olaya, del Tribunal Administrativo
del Tolima, en calidad de ponente del fallo ordinario de segunda instancia
censurado, allegó informe por correo electrónico enviado el 29 de abril de
2021 a la Secretaría General de la Corporación12, en el que solicitó negar
las pretensiones de amparo al considerar que no se incurrió en vía de
hecho alguna, y manifestó que se estaría utilizando la acción como una
tercera instancia porque se pretende discutir criterios de interpretación
de normas legales y jurisprudencia para reabrir el debate, y los
argumentos de la tutela están ligados a problemas jurídicos establecidos
por el Juez natural.

5. El asunto se ingresó a Despacho el 3 de mayo de 2021 para continuar
su trámite13, y de acuerdo con la información reportada en la Sede

9
Visto en el índice 4 del radicado 2021-00856-00 en la Sede Electrónica para la Gestión
Judicial Samai.
10
Visto en el índice 9 del radicado 2021-00856-00 en la Sede Electrónica para la Gestión
Judicial Samai.
11
En Samai aparece como fecha de la actuación el 17 de abril de 2021. Visto en el índice
18 del radicado 2021-00856-00 en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial Samai.
12
Visto en el índice 21 del radicado 2021-00856-00 en la Sede Electrónica para la
Gestión Judicial Samai.
13
Visto en el índice 22 del radicado 2021-00856-00 en la Sede Electrónica para la
Gestión Judicial Samai.
8

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Electrónica para la Gestión Judicial Samai, la siguiente actuación que se
registra en el asunto es del 3 de mayo de 202314, fecha en la cual el
apoderado de la parte actora radicó memorial de impulso procesal.

6. De acuerdo con la constancia secretarial consignada en el índice 25 del
asunto en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial Samai, por solicitud
del entonces presidente de la Sección Tercera de la Corporación, el
Consejero Nicolás Yepes Corrales, se registró la actuación de cambio de
ponente en el expediente; y por auto del 2 de agosto de 202315, proferido
por el referido Consejero, se dispuso adelantar nuevo sorteo para elegir
2 Conjueces y designar el Conjuez ponente en el presente asunto, “(…)
en atención a que en la acción de tutela de la referencia resultaron
designados como conjueces los doctores Diego Enrique Franco Victoria y
Edgardo Villamil Portilla (ponente), quienes ya no cumplen ese rol en esta
Corporación (…)”.

7. El 4 de agosto de 2023 se llevó a cabo sorteo de Conjueces16, quedando
designados, por un lado, el doctor Daniel Posse Velásquez y, por otro lado,
la doctora Ruth Stella Correa Palacio, quien manifestó su impedimento
para conocer el asunto17.

8. Por auto del 25 de agosto de 202318, dictado por la Sala designada de
Conjueces de la Sección Tercera, se aceptaron los impedimentos
manifestados por las Consejeras María Adriana Marín y Marta Nubia
Velásquez Rico, y el Consejero José Roberto Sáchica Méndez.

14
Visto en el índice 23 del radicado 2021-00856-00 en la Sede Electrónica para la
Gestión Judicial Samai.
15
Visto en el índice 28 del radicado 2021-00856-00 en la Sede Electrónica para la
Gestión Judicial Samai.
16
Visto en el índice 32 del radicado 2021-00856-00 en la Sede Electrónica para la
Gestión Judicial Samai.
17
Visto en el índice 36 del radicado 2021-00856-00 en la Sede Electrónica para la
Gestión Judicial Samai.
18
Visto en el índice 38 del radicado 2021-00856-00 en la Sede Electrónica para la
Gestión Judicial Samai.
9

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Accionante: Fanny Velásquez Varón

9. Por auto del 11 de octubre de 202319, dictado por la Sala designada de
Conjueces de la Sección Tercera, se aceptó el impedimento manifestado
por la doctora Ruth Stella Correa Palacio para conocer el asunto en calidad
de Conjuez.

10. Por auto del 19 de octubre de 202320, el doctor Daniel Posse
Velásquez, Conjuez ponente designado, ordenó vincular a la presente
acción al Juzgado Tercero Administrativo de Ibagué, que guardó silencio.

4. EL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala designada de Conjueces de la Sección Tercera del Consejo de
Estado, a través de sentencia dictada el 14 de noviembre de 202321, negó
por improcedente la acción de tutela, por considerar que no cumplía el
requisito general de relevancia constitucional para la procedencia del
mecanismo constitucional contra providencias judiciales.

Indicó que, frente a lo alegado por la actora en el escrito de amparo
respecto al cumplimiento del requisito de relevancia constitucional, “(…)
su argumentación carece de motivos suficientes de índole constitucional
para revelar la afectación de sus derechos. Además, en el escrito de tutela
la accionante se limitó a indicar que el cumplimiento de dicho requisito se
observaba por la ‘clara trayectoria y relevancia constitucional en la
jurisprudencia de sentencias de tutela’ de los derechos que señala le
fueron vulnerados (…)”.

Adicionalmente, manifestó que, sin perjuicio de lo anterior, el Tribunal
accionado no incurrió en el defecto sustantivo alegado, porque no
desconoció que la bonificación judicial constituyera salario, sino que

19
Visto en el índice 44 del radicado 2021-00856-00 en la Sede Electrónica para la
Gestión Judicial Samai.
20
Visto en el índice 51 del radicado 2021-00856-00 en la Sede Electrónica para la
Gestión Judicial Samai.
21
Visto en el índice 59 del radicado 2021-00856-00 en la Sede Electrónica para la
Gestión Judicial Samai.
10

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concluyó que no podía ser tenida en cuenta para la liquidación de
prestaciones sociales; y porque la autoridad judicial solo efectuó “una
comparación” con la sentencia de unificación del 2 de septiembre de
201922, pero no fundamentó su decisión en dicha providencia.

Agregó que tampoco se incurrió en el defecto alegado por
desconocimiento de precedente, porque la decisión censurada no
contrarió principios o limites propios en materia laboral, y porque las
decisiones que alega como precedentes horizontales “(…) no son
vinculantes y (…) la argumentación de la actora es insuficiente para
soportar dicha aseveración (…)”.

5. EL MOTIVO DE LA IMPUGNACIÓN

Inconforme con la precitada decisión, la parte actora la impugnó23,
indicando que el caso sí tiene relevancia constitucional, “(…)
específicamente en la violación del principio de igualdad y el principio de
favorabilidad en materia laboral, por no respetar el precedente y la falta
de consistencia en la interpretación analógica de casos similares (…)”.

Reiteró que en el caso concreto “(…) ha existido una línea jurisprudencial
pacífica creada por los jueces y magistrados de la jurisdicción de lo
contencioso administrativo que desarrolló el carácter salarial de la
bonificación a partir del concepto de salario (…)”, y que “(…) la
interpretación y aplicación de los derechos laborales en Colombia, debe
consistir en la integración de las normas constitucionales y los tratados
internacionales ratificados sobre la materia (…)”.

Hizo referencia al principio de favorabilidad en materia laboral,
remitiéndose a lo considerado por la Corte Constitucional en la sentencia

22
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda – Sala
Plena de Conjueces, radicado nro. 41001-23-33-000-2016-00041-02, C.P. Carmen
Anaya de Castellanos.
23
Visto en el índice 63 del radicado 2021-00856-00 en la Sede Electrónica para la
Gestión Judicial Samai.
11

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Accionante: Fanny Velásquez Varón

SU-1185 de 2001, e hizo alusión a la “(…) Sentencia de la Sección Tercera,
con ponencia de la Conjuez Sol Marina de la Rosa, providencia del 21 de
noviembre de 2022. Rad. 76001333300020160133201 (…)”, y a “(…) la
sentencia del 06 de junio de 2022 en torno a la naturaleza de este mismo
emolumento reconocido a través del Decreto 382 de 2013 en favor de los
servidores públicos de la Fiscalía General de la Nación, los cuales pueden
hacerse extensivos al caso concreto (…)”.

Afirmó que “(…) el juez debe sustentar suficientemente la razón por la
que se aparta del precedente, tal como lo ha señalado la Corte
Constitucional (…)”, y que como en “(…) el sub lite el juez no hace un
análisis objetivo probatorio y ni tampoco justifica la separación del
precedente, hace que el fallo se torne violatorio del principio a la igualdad
(…)”.

Por último, manifestó que “(…) [s]i bien es cierto, es difícil fijar una línea
media entre autonomía e independencia judicial con la arbitrariedad en
los asuntos, uno de los mecanismos que ayudan a delimitarla es el respeto
por el precedente. En el sub lite existe un desconocimiento por el
precedente y un análisis ligero de la prueba, como quiera que los
argumentos expuestos en el Tribunal no analizan el recaudo probatorio
de manera conjunta, sino que tomó son fiables (sic) para fundar su
postura sin considerar las no fiables y justificar por qué las descarta (…)”.

Por auto del 14 de diciembre de 202324 se concedió la impugnación
formulada y la misma fue asignada a esta Sección por acta de reparto del
17 de enero de 202425.

24
Visto en el índice 66 del radicado 2021-00856-00 en la Sede Electrónica para la
Gestión Judicial Samai.
25
Visto en los índices 1 y 3 de la acción 2021-00856-01 en la Sede Electrónica para la
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12

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Accionante: Fanny Velásquez Varón

6. CONSIDERACIONES DE LA SALA

6.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN

Esta Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de
conformidad con lo previsto por el artículo 32 del Decreto 2591 del 19 de
noviembre de 199126, en concordancia con el numeral 5 del artículo
2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo de 201527, modificado por
el artículo 1 del Decreto 333 del 6 de abril de 202128, así como con
fundamento en lo señalado por el artículo 13 del Acuerdo nro. 080 del 12
de marzo de 2019 proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado que
regula la distribución de negocios entre las secciones29.

6.2. HECHOS RELEVANTES

En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente30:

6.2.1. La señora Fanny Velásquez Varón, actuando por conducto de
apoderado, presentó demanda en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Nación - Rama
Judicial – Dirección ejecutiva Seccional de Administración Judicial, con el
fin de que i) se anulara el oficio DESAJIBO17-4257 del 7 de noviembre de
2017, que negó su solicitud de reliquidación de prestaciones incluyendo
como factor salarial la bonificación judicial del Decreto 383 de 2013; y ii)

26
El artículo 32 prevé lo siguiente: “[…] TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN. (…) El juez que
conozca de la impugnación, estudiará el contenido de la misma, cotejándola con el
acervo probatorio y con el fallo. El juez, de oficio o a petición de parte, podrá solicitar
informes y ordenar la práctica de pruebas y proferirá el fallo dentro de los 20 días
siguientes a la recepción del expediente. Si a su juicio, el fallo carece de fundamento,
procederá a revocarlo, lo cual comunicará de inmediato. Si encuentra el fallo ajustado a
derecho, lo confirmará […]”.
27
Título 3 capítulo 1 secciones 1 y 2.
28
"Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 Y 2.2.3.1.2.5 del Decreto
1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las
reglas de reparto de la acción de tutela".
29
Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado,
publicado el 1 de abril de 2019 en el Diario Oficial nro. 50913.
30
Lo que se desprende del expediente del proceso ordinario nro. 73001-33-33-003-
2018-00050-00/02, registrado en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial Samai.
13

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se ordenara reconocer dicha reliquidación a título de restablecimiento del
derecho31.

6.2.2. La precitada demanda fue conocida en primera instancia por el
Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Ibagué, radicado nro.
73001-33-33-003-2018-00050-00, que por sentencia dictada el 31 de
mayo de 2019 accedió a las pretensiones de la demanda32.

6.2.3. Inconforme con la precitada decisión, la parte demandada la apeló,
y por fallo dictado el 22 de julio de 2020, el Tribunal Administrativo del
Tolima la revocó y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda,
señalando como fundamento lo siguiente33:

“(…) En sentencia emitida el 2 de mayo de 2019, dentro del proceso con
radicado 73001-33-33-009-2015-00177-02 (Int. 1507-2017)34, esta Sala
de decisión acogió el precedente de la Corporación35 que le dio carácter
salarial y prestacional a la bonificación judicial. Sin embargo, en esta
oportunidad se aparta del referido precedente horizontal para acoger el
sentado por la Corte Constitucional en sentencia C-279 de 1996 (no
abordado en aquella oportunidad) en la cual refirió que las normas legales
pueden disponer que no constituyen factor salarial para efectos de
liquidación de prestaciones sociales (…).

(…)

Bajo la referida perspectiva, destaca la Sala que, aunque la bonificación
judicial constituya salario, por tratarse de una sumas de dinero que recibe
el servidor como contraprestación directa y onerosa el servicio y que
ingresa efectivamente a su patrimonio, también lo es que, el Gobierno
Nacional, en uso de las facultades constitucionales y legales para fijar el
régimen salarial de los servidores públicos, puede disponer que
determinada prestación social o indemnización se liquide sin consideración
al monto total del salario del trabajador.

31
Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001-03-15-000-2021-00856-00.
32
Ibidem.
33
Ibidem.
34
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, próvido por José Omar
Aguirre Álzate y otros contra la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial (referencia propia de la cita).
35
Sentencia del 24 de enero de 2019, la cual fue adicionada el 14 de marzo de este año,
con ponencia del Dr. José Aleth Ruíz Castro, radicación No. 73001-23-33-008-2015-
00455-02, nulidad y restablecimiento del derecho, actor: Pastor Rodríguez-otros
(referencia propia de la cita).
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En este orden, y en consideración a que el artículo 1º del Decreto 383 de
2013 dispone que la bonificación judicial constituirá únicamente factor
salarial para la liquidación de la base de cotización al Sistema General de
Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud, se negará
su reconocimiento como factor de liquidación para las demás
contraprestaciones percibidas por el demandante.

En el mismo orden, frente a una prestación igualmente instituida por el
legislador sin carácter salarial para la liquidación de prestaciones sociales,
el Consejo de Estado en sentencia de unificación del 2 de septiembre de
201936, asintió que la prima especial de servicios, contemplada en el
artículo 14 de la Ley 4 de 1992, sólo constituye factor salarial para efectos
de cotización de aportes a pensión (…).

Bajo las consideraciones expuestas, la Sala deja sentadas las razones por
las cuales cambia de posición frente al carácter salarial de la bonificación
judicial para la liquidación de prestaciones sociales distintas a las de
seguridad social en salud y pensiones.

(…)

En ese sentido, como lo refirió el recurrente, era facultativo del Gobierno
Nacional, crea (sic) la bonificación judicial sin factor salarial, como en
efecto lo hizo, por tanto, se revocará la sentencia proferida el 31 de mayo
de 2019 (…)”.

6.3. ANÁLISIS DE LA SALA

Tratándose de tutela contra providencias judiciales, debe hacerse una
cuidadosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, con el fin
de evitar que este instrumento excepcional se convierta en una manera
de desconocer principios constitucionales como los de cosa juzgada,
debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial.

El primer requisito de procedencia que el juez constitucional debe verificar
es la relevancia constitucional y, para ello, la Sala se detendrá en (i) los
criterios que la jurisprudencia constitucional ha desarrollado para
identificar que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional, para luego, analizarlos en el (ii) caso concreto.

36
Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala Plena de Conjueces, sentencia de 2 de
septiembre de 2019, magistrada ponente Carmen Anaya de Castellanos,
radicado:41001-23-33-000-2016-0001-02 (2204-18) CE-SUJ-016-S2-19 (referencia
propia de la cita).
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6.3.1. Los criterios que la jurisprudencia constitucional ha
desarrollado para identificar que la cuestión que se discuta resulte
de evidente relevancia constitucional37

La Corte Constitucional, en la sentencia C – 590 de 2005, indicó que uno
de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial es que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. En ese sentido, señaló que “el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una
clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia,
el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué
la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de
relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las
partes”38.

Lo anterior implica que el juez de tutela tiene el deber de expresar
claramente las razones por las cuales el asunto planteado tiene relevancia
constitucional; de otro modo, si no lo hace, estaría involucrándose en
aspectos que le corresponde resolver al juez natural y, precisamente, esta
es la circunstancia que busca evitar el examen del requisito de relevancia
constitucional39.

A partir de la sentencia C – 590 de 2005, el concepto de la relevancia
constitucional ha sido desarrollado por la jurisprudencia de la Corte
Constitucional y en la sentencia SU – 573 de 2019 explicó que este
requisito persigue tres finalidades40:

37
Este requisito general de procedencia de la acción de tutela fue denominado en esos
términos en la sentencia C – 590 de 2005.
38
Corte Constitucional. Sentencia C – 590 del 8 de junio de 2005. M.P.: Jaime Córdoba
Triviño.
39
En ese mismo sentido, en la sentencia C – 590 de 2005, la Corte Constitucional precisó
que “los fundamentos de una decisión de tutela contra una sentencia judicial deben
aclarar con transparencia la relevancia iusfundamental del punto que se discute y el juez
debe contraerse a estudiar esta cuestión y ninguna otra”.
40
Corte Constitucional. Sentencia SU – 573 del 27 de noviembre de 2019. M.P.: Carlos
Bernal Pulido. Este criterio ha sido reiterado, verbigracias, en las sentencias SU 128 de
2021 y SU 103 de 2022.
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(i) Restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia
constitucional que afecten los derechos fundamentales.

(ii) Preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la
acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad.

(iii) Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces.

Por consiguiente, para que un asunto revista trascendencia constitucional
deben estar reunidos los tres elementos que conforman el requisito de la
relevancia41. De manera que, si no se logra acreditar alguno de ellos, la
acción de tutela será improcedente por no superar la relevancia
constitucional.

6.3.2. CASO CONCRETO

La Sala, para determinar si está superada la relevancia constitucional, se
detendrá en el examen del tercer criterio que la compone, el cual busca
impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces.

Frente a este elemento la Corte Constitucional ha dicho que42 “la tutela
no es una instancia o recurso adicional orientado a discutir asuntos de
mera legalidad. Según la jurisprudencia constitucional, ‘la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede
reemplazar los recursos ordinarios’, pues la competencia del juez de
tutela se restringe ‘a los asuntos de relevancia constitucional y a la
protección efectiva de los derechos [fundamentales] y no -se enfatiza- a

41
Sobre los demás elementos que componen la relevancia constitucional puede verse la
sentencia del 29 de septiembre de 2022 proferida por la Sección Primera del Consejo de
Estado. Expediente nro. 11001 0315 000 2022 02850 01. C.P.: Oswaldo Giraldo López.
42
Corte Constitucional. Sentencia SU – 573 del 27 de noviembre de 2019. M.P.: Carlos
Bernal Pulido.
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problemas de carácter legal’. En este orden de ideas, la tutela en contra
de una sentencia dictada, en particular, por una Alta Corte, exige
valorar, prima facie, si la decisión se fundamentó en una actuación
arbitraria e ilegítima de la autoridad judicial, violatoria de derechos
fundamentales. Solo así se garantizaría ‘la órbita de acción tanto de los
jueces constitucionales, como de los de las demás jurisdicciones’, en
estricto respeto a la independencia de los jueces ordinarios”.

En la sentencia SU 215 de 2022, la Corte Constitucional reiteró que la
tutela contra providencia judicial implica un juicio de validez y no un juicio
de corrección respecto de la providencia cuestionada, “circunstancia que
excluye su formulación para la discusión de asuntos de interpretación que
dieron origen a la controversia judicial. Como se expresó con claridad en
la Sentencia SU-128 de 2021, este ‘enfoque impide que el mecanismo de
amparo constitucional sea utilizado indebidamente como una instancia
adicional para discutir los asuntos de índole probatorio o de interpretación
de la ley que dieron origen a la controversia judicial’ (…)”.

En efecto, en aquellos casos en los que el interesado controvierte a través
de la acción de tutela la valoración que el juez natural hizo sobre el acervo
probatorio, o reprocha la convicción que genera en el fallador las pruebas
allegadas al expediente, o la inconformidad en la que se sustenta el
amparo radica en la interpretación de las normas de carácter legal que
regulan el caso, resulta evidente que este mecanismo constitucional está
siendo utilizado para reabrir el debate surtido en el proceso ordinario y
como una instancia adicional, con lo cual se estaría desconociendo la
autonomía e independencia del juez natural.

La Sala considera que, en este evento, no se cumple el requisito de
relevancia constitucional, comoquiera que el tercer elemento que la
compone, esto es, impedir que la acción de tutela se convierta en una
instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces,
no está superado.

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En el presente caso, el tercer requisito que compone la relevancia
constitucional no está superado, ya que las inconformidades expuestas
en el escrito de amparo están encaminadas a cuestionar la interpretación
que el juez competente hizo respecto de las normas y jurisprudencia
aplicables.

Al efecto, en el escrito de amparo la accionante manifiesta que “(…) la
Sala de decisión (…) se queda corta en la tesis que plantea, pues conforme
a la jurisprudencia de las Altas Cortes, si bien el legislador goza de cierta
libertad para determinar qué elementos constituyen el salario, tal libertad
no es absoluta, (…) no como mal lo interpreto (sic) el Tribunal accionado
(…)”.

En igual sentido, la accionante señala en su escrito que el Tribunal
accionado “(…) está haciendo una interpretación equivocada de la
sentencia C-279 del 24 de junio de 1996 (…)”, y que “(…) interpretó
incorrectamente la libertad del legislador para la configuración de la
norma laboral, en relación a la determinación del factor salarial de una
acreencia, sin tener en cuenta que (…) la Corte43, precisó que el legislador
bien puede asignarle las consecuencias del salario a una prestación que
por su naturaleza no lo es (…)”.

Así mismo, la accionante concluyó su escrito de tutela censurando el fallo
del Tribunal accionado “(…) al cimentar su decisión en argumentos
jurisprudenciales que se quedan cortos en la tesis que plantea al caso
particular, dar aplicación errónea al precedente establecido por la Corte
Constitucional y no fundamentar a cabalidad las razones por las cuales
decide apartarse del precedente judicial horizontal y vertical que existe
sobre los temas en los que recae el proceso (…)”.

Adicionalmente, se tiene que en el escrito de impugnación la parte actora
afirmó que en “(…) el sub lite el juez no hace un análisis objetivo

43
Hace referencia a la sentencia C-710 de 1996 de la Corte Constitucional.
19

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probatorio (…)”, y que “(…) existe (…) un análisis ligero de la prueba,
como quiera que los argumentos expuestos en el Tribunal no analizan el
recaudo probatorio de manera conjunta, sino que tomó son fiables (sic)
para fundar su postura sin considerar las no fiables y justificar por qué las
descarta (…)”.

En este sentido, se estima que la acción de tutela está siendo empleada
para controvertir la interpretación de las disposiciones aplicadas en la
sentencia cuestionada, e incluso la valoración probatoria, por lo que
acorde con la jurisprudencia constitucional aludida en precedencia, la
tutela no cumple con el requisito de relevancia constitucional.

De otro lado, la accionante en su escrito de amparo hizo referencia a la
sentencia de unificación del 2 de septiembre de 2019, radicado nro.
41001-23-33-000-2016-00041-02, proferida por la Sala Plena de
Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado, e indicó que “(…)
se encuentra en las mismas circunstancias a que se refiere dicha decisión
para los efectos aquí perseguidos (…)”; así mismo, reprochó que se “(…)
aplicó únicamente la primera regla de la sentencia (…), desatendiendo la
regla número 3, (…) [que] estableció reglas para fijar la connotación con
relación a que la Bonificación Judicial aquí discutida tiene el carácter de
salario (…)”.

Al respecto, la Sala advierte que la accionante no cumplió con la carga de
identificar la regla que constituía precedente y que era aplicable a su
situación particular, más aún cuando, prima facie, se advierte que en la
precitada sentencia se decidió un asunto en el que se reclamó la prima
especial del artículo 14 de la Ley 4 de 1992 (no la bonificación judicial del
Decreto 383 de 2013), y se unificó jurisprudencia en el sentido de
establecer que i) dicho emolumento constituía solamente factor salarial
para efectos de pensión, y que ii) la reliquidación de prestaciones que
procedía para ese caso era sobre el 30% del valor del salario o la
asignación básica que se tomaba como pago de dicha prima, y sobre el

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cual no se habían calculado prestaciones, caso que no tiene relación con
el presente.

Manifestó igualmente la accionante que en el asunto se desconoció la
sentencia SU-995 de 1999 de la Corte Constitucional, e hizo referencia a
las providencias “(…) emitidas por la Corte Constitucional (…) C-470 de
1995, C-521 de 1995, C-630 de 2001, C-1218 de 2011; T143 de 2015,
SU-955 de 1999 y T-1029 de 2012, C-493 de 2015, (…) la emitida por el
Consejo de Estado mediante la SU de agosto 04 de 2010, la sentencia de
fecha agosto 03 de 2016, 19 de enero de 2017, 21 de octubre de 2011,
y la Sala de Consulta y Servicio civil mediante conceptos No. 1760 del 10
de agosto de 2006 y de fecha 04 de diciembre de 2014 (…)”, pero no
precisó de manera expresa la regla de cada providencia que fue
desatendida, ni los supuestos fácticos que la estructuran en cada caso
para que se extienda al suyo; adicional, se agrega que, los conceptos de
la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado no son
providencias judiciales.

También, la accionante señaló que la parte accionada “(…) estaba
llamad[a] a abordar igualmente el estudio del presente caso sobre el
precedente judicial trazado por la Corte Constitucional en el año 1996 y
el Consejo de Estado sobre el concepto de salario como eje central”, pero
no identificó de manera expresa cuáles son las decisiones a las que se
refiere.

Asimismo, la actora afirmó que el Tribunal accionado “(…) desconoció los
‘PRECEDENTES HORIZONTALES’ de los diferentes Tribunales
Administrativos del país (…)”, que “(…) tienen la condición de precedente
horizontal, toda vez que se trata del mismo tema en particular, y existe
identidad en las Salas y los Tribunales que las profirieron (…)”; no
obstante, como se refirió en el acápite de “Situación Fáctica” de esta
providencia, se limitó simplemente a enunciar 6 providencias dictadas por

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el Tribunal Administrativo del Tolima44, 4 providencias dictadas por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y 3 providencias proferidas
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, y no indicó la regla de
cada providencia que fue desatendida, ni los supuestos fácticos que la
estructuran para que se extienda a su caso, aunado a que en principio se
trata de decisiones cuyos efectos son inter partes.

También la accionante enunció las providencias dictadas por la Sala
Laboral de la Corte Suprema de Justicia el 28 de julio de 200945, el 25 de
enero de 201146 y el 1 de febrero de 201147, y las dictadas el 3 de agosto
de 2016 por la Sección Cuarta48, y el 19 de enero de 2017 por la Sección
Segunda49 del Consejo de Estado, sobre las cuales manifestó que “(…) se
extrae (…) que la libertad de configuración legislativa en materia laboral
encuentra su alcance y límite en los principios mínimos fundamentales del
artículo 53 de la constitución política (…)”, lo cual denota una censura a
la interpretación efectuada por la autoridad judicial accionada de las
disposiciones y jurisprudencia que aplicó al caso, razón de más para
considerar que la tutela se pretende utilizar como una instancia adicional,
y que acorde con la jurisprudencia constitucional no cumple con el
requisito de relevancia constitucional.

Por último, en el escrito de impugnación la accionante hizo alusión a la
“(…) Sentencia de la Sección Tercera, con ponencia de la Conjuez Sol
Marina de la Rosa, providencia del 21 de noviembre de 2022. Rad.
76001333300020160133201 (…)”, y a “(…) la sentencia del 06 de junio
de 202250 (…), los cuales pueden hacerse extensivos al caso concreto

44
Una de las cuales es de la que se apartó el Tribunal accionado en la sentencia de
segunda instancia ordinaria que se censura en la presente tutela (“Sentencia del 2 de
mayo de 2019, M.P. Luis Eduardo Collazos Olaya, Rad. 73001333300920150017702
[…]”).
45
Radicado nro. 35579, M.P. Eduardo Villegas.
46
Radicado nro. 37037, M.P. Jorge Mauricio Burgos Ruiz.
47
Radicado nro. 35771, M.P. Gustavo José Gnecco Mendoza.
48
Radicado nro. 25000-23-37-000-2012-00091-01, C.P. Martha Teresa Briseño de
Valencia.
49
Radicado nro. 54001-23-33-000-2012-00180-01 (no especifica Subsección no
Consejero Ponente).
50
No indicó radicado del proceso.
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(…)”; sin embargo, se trataría de providencias dictadas con posterioridad
al fallo ordinario censurado (de fecha de 22 de julio de 2020), que no
constituían precedente a la fecha de su expedición.

Además, lo anterior denota igualmente la intención de la parte actora de
agregar vía tutela argumentos de fondo para reabrir la discusión decidida
por el Juez natural en el fallo ordinario censurado, y así mismo utilizar
este mecanismo constitucional como una instancia adicional.

En este punto, la Sala destaca que el proceso judicial debate sobre las
pretensiones, las excepciones y los hechos que proponen demandante y
demandado, y que la decisión del juez se fundamenta precisamente en
las razones de la demanda y de la contestación, las pruebas y el derecho
que ellas ponen a su disposición, o, en los casos excepcionales que la ley
prevé, de conformidad con las facultades oficiosas que tiene.

Por lo tanto, en los eventos en los cuales el juez decide precisamente
sobre la controversia que se le ha planteado, otorgándole la razón a
alguna de las partes, simplemente está ejerciendo las funciones que le
han sido atribuidas por la Constitución y la ley, en el ámbito de sus
competencias; y cualquier desconocimiento que a tales atribuciones
hiciera el juez constitucional constituiría claramente un pronunciamiento
por fuera de las competencias que le corresponden, utilizando además el
trámite de una acción que no ha sido diseñada con ese propósito, como
lo es la tutela.

En una condición de esta naturaleza, sería entonces el juez constitucional
el que vulneraría el derecho al debido proceso constitucional, pues, sin
competencia, entraría en la valoración legal y fáctica del proceso, para
modificar una decisión del juez competente para conocer del caso, en el
escaso término legal que le da la ley para pronunciarse, y siguiendo un
procedimiento totalmente atípico para tal efecto, con el evidente riesgo
de equivocarse en su decisión en un tema para el cual, valga decirlo, no
tiene la formación requerida.

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Radicación: 11001-03-15-000-2021-00856-01
Accionante: Fanny Velásquez Varón

Bajo tales circunstancias, cuando el juez de la causa se limita a
pronunciarse sobre las cuestiones fácticas y de derecho que fueron el
objeto del debate, porque así le fueron planteadas por el demandante y
el demandado en sus pretensiones, excepciones y hechos, resuelve
simplemente la controversia que le ha sido sometida, atendiendo sus
facultades constitucionales y legales; y no es el juez de constitucionalidad
el llamado a decirle cómo debe decidir el caso en particular, rompiendo
por demás el equilibrio entre las partes que precisamente se garantiza
con el proceso diseñado para dirimir la controversia.

Asunto distinto se presenta cuando la decisión que se controvierte no ha
atendido el debate planteado y sorprende a las partes con la decisión que
se toma, cuando ella está por fuera de los planteamientos que en los
hechos y en derecho han formulado demandante y demandado, pues, en
este caso, la decisión puede comprometer el núcleo fundamental del
debido proceso, en su elemento del derecho a la defensa, en la medida
en que tal decisión no haya podido ser controvertida. Pero es evidente
que ese no es el supuesto en la decisión que aquí se examina, ya que el
accionante no alega que el juez se haya desviado de los hechos o el
derecho propuesto en el proceso.

Por lo anotado, sin ser necesario descender en otras consideraciones, la
Sala declarará improcedente la acción de tutela por cuanto no cumple con
el requisito general de relevancia constitucional.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR el fallo de tutela proferido el 14 de noviembre
de 2023 por Sala de Conjueces de la Sección Tercera del Consejo de
Estado, por las razones expuestas en la parte considerativa.
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Accionante: Fanny Velásquez Varón

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: ORDENAR a la Secretaría, que envíe el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión, dentro del término legal.

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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