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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2021-00865-01

Fecha
1 de julio de 2021
Consejero ponente
Rocío Araújo Oñate (e)

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2021-00865-01

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 30 de abril de 2021, proferida por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado y en su lugar NEGAR la acción de tutela formulada por Luis Fernando Villera Barón, contra el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Montería y la Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo de Córdoba, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de la presente providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y terceros intervinientes, en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2021-00865-01

Consejero ponente: Rocío Araújo Oñate (e)

1 de julio de 2021

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL - Niega / MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / DECLARATORIA DE INSUBSISTENCIA EN EL CARGO DE PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 11 - De la Universidad de Córdoba / ACREDITACIÓN DE LA ILEGALIDAD EN LA EXPEDICIÓN DEL ACTO DE INSUBSISTENCIA - No se configura en la medida en que el cargo es de libre nombramiento y remoción / AUSENCIA DE DEFECTO SUSTANTIVO / AUSENCIA DE DEFECTO FÁCTICO

¿El Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Montería y la Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo de Córdoba vulneraron los derechos fundamentales al debido proceso y el trabajo, en cabeza del señor [L.F.V.B.], con ocasión de las sentencias de primera y segunda instancia proferidas al interior del proceso ordinario 23001-33-33-003-2016-00196-00/01, por presuntamente haber incurrido en los defectos sustantivo y fáctico? (…) [Frente al defecto sustantivo,] la Sala resalta que la Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo, luego de explicar la naturaleza del cargo que ocupaba el señor [V.B.], procedió al estudio de cada uno de los cargos por él planteados y concluyó, a la luz de los medios de prueba, que no se logró desvirtuar el acto administrativo cuestionado en el proceso ordinario. (…) [En ese orden de ideas, la Sala] evidencia que la autoridad judicial efectivamente analizó desde el punto de vista normativo la situación del accionante, para acto seguido sostener que la decisión de la Universidad de Córdoba se acompasó con el ordenamiento jurídico y, por ende, no tenía vocación de éxito la pretensión de nulidad y restablecimiento del derecho incoada por el señor [V.B.]. (…) [Respecto al defecto fáctico,] la Sala advierte que, contrario a lo aseverado por el actor, la autoridad judicial sí realizó un correcto ejercicio valorativo de los medios de prueba arrimados al proceso. Es decir, en otros términos, que el reproche en tutela se contrae en poner en evidencia una discrepancia del accionante respecto a la labor que en su momento desplegó la Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo de Córdoba. (…) [Así las cosas,] [l]a Sala revocará la sentencia de primera instancia, proferida por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que declaró improcedente el amparo por no satisfacer el requisito de relevancia constitucional; para en su lugar negar la acción de tutela, en la medida que las autoridades judiciales convocadas no incurrieron en los defectos formulados en el escrito de amparo.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Consejera ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE (E)

Bogotá, D.C., primero (1º) de julio de dos mil veintiuno (2021)

Radicación número: 11001-03-15-000-2021-00865-01(AC)

Actor: LUIS FERNANDO VILLERA BARÓN

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CÓRDOBA – SALA TERCERA DE DECISIÓN Y OTRO

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a decidir la impugnación formulada por la parte accionante, contra el fallo de tutela de 30 de abril de 2021, proferido por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en virtud del cual declaró improcedente la acción de tutela por cuanto, según consignó la citada decisión, no se cumplió con el requisito adjetivo de relevancia constitucional.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

1. Luis Fernando Villera Barón, obrando por conducto de apoderado judicial, promovió acción de tutela contra el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Montería y la Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo de Córdoba, en la que solicita el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y al trabajo.

2. En sentir de la parte accionante, las autoridades judiciales convocadas socavaron las citadas garantías constitucionales con ocasión de las sentencias de primera y segunda instancia de 9 de noviembre de 2018 y 19 de noviembre de 2020, respectivamente, proferidas al interior del proceso ordinario 23001-33-33-003-2016-00196-00/01 y en las cuales se negaron las pretensiones del señor Villera Barón.

3. Conforme lo anterior, a título de pretensión constitucional, la parte actora formuló las siguientes solicitudes:

“AMPARAR los derechos fundamentales constitucionales al debido proceso y el trabajo del señor LUIS FERNANDO VILLERA BARÓN, consagrados – respectivamente – en los artículos 29 y 25 de la Constitución Política de Colombia.

ORDENAR al accionado DECLARAR la nulidad de todo lo actuado con posterioridad a la audiencia inicial, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado número 23.001.33.33.003.2016.00196.01, por haber incurrido en los defectos fáctico y sustantivo.

ORDENAR al accionado valorar en conjunto y en su totalidad, las pruebas que fueron practicadas en la audiencia de pruebas de que trata el artículo 181 de la ley 1437 de 2011, la cual fue celebrada el día 22 de mayo de 2018, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado número 23.001.33.33.003.2016.00196.01.

ORDENAR al accionado tener en cuenta todo el marco normativo vigente con relación a los despidos de los cargos de libre nombramiento y remoción, al momento de proferir la nueva decisión judicial.”

1.2. Hechos probados y/o admitidos

La solicitud de amparo encuentra asidero en los hechos narrados en el escrito de tutela, así como también aquellos que se extraen de la revisión del expediente 23001-33-33-003-2016-00196-00/01, los cuales, en criterio de la Sala, admiten el siguiente compendio:

4. Luis Fernando Villera Barón promovió demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Universidad de Córdoba, en el cual se controvirtió la legalidad de la Resolución No. 943 de 6 de agosto de 2015, por medio de la cual el Rector de la institución académica declaró insubsistente al accionante en el cargo de Profesional Universitario grado 11 que venía desempeñando.

5. El asunto le correspondió en primera instancia al Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Montería, autoridad judicial que mediante sentencia de 9 de noviembre de 2018 negó las pretensiones de la demanda. La anterior postura encontró sustento en las siguientes consideraciones:

“En el sub lite, se advirtió un caso de género, ello en atención a que, si bien quien figura como demandante no es una mujer, si se apreciaron circunstancias relacionadas con la victimización de mujeres, lo cual hacía parte importante del supuesto fáctico utilizado para la motivación del acto administrativo demandado. Por ello, se consideró estar en presencia de un caso de género.

Y así se acreditó, dado que con la prueba testimonial recaudada, en la que se logró contar con la exposición directa de las víctimas, se probó que el demandante, señor Luis Fernando Villera Barón, cuando estuvo vinculado a la Universidad de Córdoba en el cargo de Profesional Universitario Grado 11, desplegó comportamientos reprochables contra compañeras de trabajo, con los que vulneró su libertad sexual, humilló públicamente, infligió sentimientos de inferioridad y menospreció a varias mujeres en distintas oportunidades, lo que claramente constituyen actos de violencia psicológica contra la mujer.”

6. Contra la anterior decisión, el señor Villera Barón formuló recurso de apelación que fue desatado por la Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo de Montería, mediante sentencia de 19 de noviembre de 2020, la cual, confirmó íntegramente la decisión del a quo. Al respecto, la citada autoridad judicial indicó:

“En el sub lite, aunque la causa no se inició directamente por una mujer víctima como bien lo estimó e indicó la Juez de Instancia, no es menos cierto que las conductas displicentes desplegadas por el actor en contra de sus compañeras de trabajo y que motivaron en parte según lo expuesto por la parte demandada la insubsistencia del señor Villera Barón, ameritaba sin duda alguna que se le diera a la sentencia el enfoque de género referido, lo anterior no comporta que la providencia objeto de alzada quebrantara los derechos fundamentales del demandante, como lo indica en el recurso de apelación, pues la sentencia no hace calificaciones de su conducta ni las evalúa bajo una óptica punitiva, pues se insiste el análisis desde la perspectiva de género, deviene de las circunstancias fácticas que rodearon la declaratoria de insubsistencia del demandante, conviene aclarar que en ningún momento el análisis de legalidad del acto demandado se circunscribió a la cuestión de género, pues la sentencia recurrida puntualmente y certeramente realizó el estudio de cada uno de los cargos enarbolados por el extremo activo del proceso, solo y en esto se insiste, se le dio una perspectiva de género al estudio que en su momento realizó la primera instancia y que este Tribunal encuentra adecuado por las mismas razones expuestas en el proveído apelado.”

7. La anterior decisión fue notificada por correo electrónico el día 24 de noviembre de 2020.

1.3. Fundamentos de la solicitud

8. Por un lado, la parte accionante estima que en el presente asunto se incurrió en un defecto sustancial, por cuanto las decisiones cuestionadas en sede de tutela se hace referencia a la facultad discrecional en cabeza del nominador para llevar a cabo la remoción de personal que ocupa los cargos en la modalidad de libre nombramiento y remoción. Del mismo modo, resalta que hubo un actuar desproporcionado frente a la conducta del accionante y la sanción que le fue impuesta, la cual implicó la pérdida de su trabajo. Y, por último, aduce como normatividad desconocida el artículo 41 de la Ley 909 de 2004 y el artículo 44 del CPACA.

9. Finalmente, aduce que las decisiones reprochadas incurrieron en defecto fáctico por una errada valoración de los medios de prueba que fueron incorporados en el proceso, haciendo referencia a los testimonios que fueron practicados en el proceso y de los cuales no era factible inferir que efectivamente el señor Villera Barón hubiese incurrido en conductas reprochables frente a sus compañeras de trabajo.

1.4. Trámite de la acción de tutela

10. La Subsección C de la Sección Tercera de esta Corporación, a través del magistrado ponente de la primera instancia, mediante auto de 5 de marzo de 2021 admitió la solicitud de amparo constitucional contra el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Montería y la Sala Tercera del Tribunal Administrativo de Córdoba.

11. Así mismo, vinculó en calidad de tercero con interés, a la Universidad de Córdoba, sujeto procesal que fungió como parte demandada al interior del proceso ordinario 23001-33-33-003-2016-00196-00/01.

1.5. Intervenciones

12. Realizadas las notificaciones ordenadas, de conformidad con las constancias visibles en el expediente digital de la acción de tutela, se tiene que tanto las autoridades convocadas como el tercero interviniente guardaron silencio.

1.6. Sentencia de primera instancia

13. La Subsección C de la Sección Tercera de esta Corporación clausuró la primera instancia con sentencia proferida el 30 de abril de 2021, en la cual declaró improcedente la acción de tutela, pues, en criterio del a quo del amparo, no superaba el requisito adjetivo de relevancia constitucional. En ese sentido indicó:

“5.2.- La Sala advierte que el amparo impetrado no satisface el requisito de relevancia constitucional, pues pese a que cumple la carga argumentativa requerida, se apercibe como un medio dirigido a revivir el análisis jurídico efectuado por los jueces naturales del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho No. 23001333300320160019600, como si este mecanismo fuera una instancia adicional al proceso ordinario.
(…)
5.4.- Entonces, la parte actora no está conforme con la decisión tomada en el marco del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho y, en sede de tutela, esgrime argumentaciones encaminadas a censurar la interpretación de los jueces ordinarios, desconociendo que ambos advirtieron que en el caso concreto fueron claros los motivos que tuvo el nominador para declarar la insubsistencia del cargo de libre nombramiento y remoción que ocupaba.”

14. La anterior decisión fue notificada a la parte accionante el día 27 de mayo de 2021.

1.7. Impugnación

15. Mediante escrito dirigido al buzón de la Secretaría General de esta Corporación, de fecha 1 de junio de 2021, el apoderado judicial del accionante impugnó la anterior decisión.

16. Como sustento de su alzada indicó que el hecho de poner en evidencia que hubo un defectuoso ejercicio de cara a la valoración de los medios de prueba arrimados al proceso, se constituye en razón más que suficiente para que el juez constitucional estudie de fondo la solicitud de amparo y garantice la salvaguarda de los derechos fundamentales invocados.

17. Finalmente resaltó que la primera instancia tampoco hizo mención alguna frente al defecto sustancial que en su momento fue planteado en el escrito de tutela.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

18. Esta Sala es competente para conocer de la impugnación formulada por el accionante contra el fallo de tutela proferido por la Subsección C de la Sección Tercera de esta Corporación de 30 de abril de 2021, de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política, el artículo 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y en el 1069 de 2015, modificado por el Decreto 1983 de 2017, así como en el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.

2.2. Cuestión previa

2.2.1. Relativa a la virtualidad de la Rama Judicial y del Consejo de Estado

19. Con ocasión del contagio a gran escala de la pandemia del Covid-19 y el aumento de ocupación en las unidades de cuidado Intensivo del país, el Consejo Superior de la Judicatura ha recomendado a los titulares de los despachos judiciales que implementen medidas que beneficien el trabajo en casa, a través de las plataformas tecnológicas institucionales, con el fin de preservar la salud e integridad de los funcionarios de la Rama Judicial, así como de los usuarios de la administración de justicia. En el Consejo de Estado se crearon correos electrónicos exclusivos para la interacción de los ciudadanos y se implementó el sistema de gestión judicial SAMAI, lo que ha permitido que las funciones del Máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo se sigan desarrollando de manera virtual.

2.2.2. Legitimación en causa

20. El inciso 1º del artículo 86 Constitucional consagra el derecho que tiene toda persona de reclamar ante los jueces, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando estos resulten amenazados o vulnerados, mediante un procedimiento preferente y sumario.

21. Igualmente, el artículo 10 del Decreto Ley 2591 de 1991 establece que toda persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales podrá ejercer la acción descrita por sí mismo o por representante, o a través de un agente oficioso cuando el titular de los derechos vulnerados o amenazados no esté en condiciones de promover su propia defensa.

22. Con ocasión de la sentencia T-416 de 1997 de la Corte Constitucional, se estableció que la legitimación en la causa por activa constituye un presupuesto de la sentencia de fondo, en la medida en que se analiza la calidad subjetiva de las partes respecto del interés sustancial que se discute en el proceso de tutela.

23. En la sentencia T-086 de 2010, la Alta Corporación reiteró que “Esta exigencia significa que el derecho para cuya protección se interpone la acción sea un derecho fundamental propio del demandante y no de otra persona. Lo anterior no se opone a que la defensa de los derechos fundamentales no pueda lograrse a través de representante legal, apoderado judicial o aun de agente oficioso”.

24. Con posterioridad, en la sentencia T-176 de 2011, indicó que la legitimación en la causa por activa constituye una garantía de que la persona que ejerce la acción de tutela tenga un interés directo y particular respecto del amparo que se solicita al juez constitucional, “de tal forma que fácilmente el fallador pueda establecer que el derecho fundamental reclamado es propio del demandante”.

25. En la sentencia T-435 de 2016, la Corte estableció las condiciones que deben concurrir para superar este presupuesto procesal, dentro de los cuales hizo especial énfasis en la titularidad de los derechos fundamentales reclamados, lo cual quedó reiterado en la SU-454 de 2016, en la que, adicionalmente, señaló que el estudio de la legitimación en la causa de las partes es un deber de los jueces constitucionales y constituye un presupuesto procesal de la demanda.

26. Con fundamento en el marco conceptual expuesto, la Sala advierte que el ciudadano Luis Fernando Villera Barón es el titular de los derechos fundamentales que reclama, en consideración a que es la parte demandante en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho en el que se dictó la providencia censurada.

27. En consecuencia, dicha persona goza de legitimación en la causa por activa, presupuesto procesal que al superarse permite el estudio sobre los requisitos de procedibilidad y del núcleo esencial de los derechos presuntamente vulnerados.

28. En relación con las autoridades judiciales convocadas, dicho presupuesto se encuentra satisfecho, pues fueron el el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Montería y la Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo de Córdoba, quienes profirieron los fallos de primera y segunda instancia al interior del proceso ordinario 23001-33-33-003-2016-00196-00/01, y que son objeto de reproche en sede constitucional.

2.3. Problema jurídico

29. De cara al examen de la situación fáctica expuesta por la parte actora, del material probatorio recaudado y de las causales de procedibilidad de la acción de tutela invocadas, los problemas jurídicos que subyacen al caso concreto son los siguientes:

¿Se superan en el sub lite los requisitos de procedibilidad adjetiva de la acción de tutela contra providencia judicial?

30. De ser positiva la respuesta a la pregunta anterior, la Sala analizará lo siguiente:

¿El Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Montería y la Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo de Córdoba vulneraron los derechos fundamentales al debido proceso y el trabajo, en cabeza del señor Luis Fernando Villera Barón, con ocasión de las sentencias de primera y segunda instancia proferidas al interior del proceso ordinario 23001-33-33-003-2016-00196-00/01, por presuntamente haber incurrido en los defectos sustantivo y fáctico?

31. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas: (i) criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii) de los requisitos de procedibilidad adjetiva; y (iii) análisis del caso concreto.

2.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

32. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema y declaró su procedencia.

33. Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros para realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que no se trate de tutela contra tutela; ii) inmediatez; iii) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia del amparo solicitado, sin que se analice el fondo del asunto.

34. Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.

35. Huelga manifestar que esta acción constitucional no puede ser considerada como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.5. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva

2.5.1. Relevancia constitucional

36. Para la Sala, contrario a lo sostenido por la Subsección C de la Sección Tercera de esta Corporación, se concluye que este requisito se encuentra superado dado que se reprochan las decisiones adoptadas por Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Montería y la Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo de Córdoba, indicando que tales providencias incurrieron en defecto sustancial y fáctico.

37. En segundo lugar, se observa que no se trata de un debate de orden exclusivamente legal, el cual basado en la tutela judicial efectiva no admite que el titular del derecho o el interesado legítimo quede en un estado de indefensión, pues en efecto, la parte actora considera vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso y al trabajo.

38. Así las cosas, es evidente la tensión alegada por la parte actora frente a la razonabilidad de la decisión, pues, en su sentir, considera que las pretensiones ventiladas al interior del proceso ordinario tenían vocación de éxito; sin embargo, a partir de los yerros antes referidos, las accionadas negaron tal situación.

39. Luego, es de relevancia constitucional cuando subsiste violación o amenaza a los derechos fundamentales, después de haber agotado el procedimiento legal o judicial establecido por la ley para su protección, como lo alega la parte actora en el caso objeto de estudio, lo que implica que el mecanismo constitucional no fue utilizado como una instancia adicional que busque reabrir el debate procesal.

40. Ello quiere significar que el asunto de la acción de tutela de la referencia tiene importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación, para su eficacia y para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales y libertades públicas, concretamente al debido proceso.

41. Corolario de lo expuesto, la Sala revocará el fallo de primera instancia, en lo que tiene que ver con la improcedencia del amparo por no satisfacer el requisito acá estudiado, pues, conforme lo discurrido en líneas anteriores, se advierte que dicho presupuesto si se encuentra presente.

2.5.2. Tutela contra tutela

42. La Sala observa que no existe reparo alguno en relación con este juicio de procedibilidad, toda vez que no se trata de una tutela contra una decisión de la misma naturaleza, pues, la providencia judicial demandada fue proferida en el trámite del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que promovió el accionante contra la Universidad de Córdoba.

2.5.3. Inmediatez

43. Conforme quedó consignado en el acápite de antecedentes, el fallo proferido por la Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo de Córdoba data del 19 de noviembre de 2020 y fue notificado por correo electrónico el día 24 de noviembre de 2020; mientras que la acción de tutela fue radicada por correo electrónico el día 2 de marzo de 2021, circunstancia por la cual se tiene que el amparo fue formulado en un término razonable.

44. Lo anterior, a la luz de la sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014, en la que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado adoptó los criterios fijados por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial y reiteró que seis (6) meses es el término razonable para acudir y solicitar el amparo de los derechos fundamentales que se estimen vulnerados con ocasión de providencias judiciales.
2.5.4. Subsidiariedad

45. Por último, se destaca que la sentencia de 19 de noviembre de 2020, proferida por la Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo de Córdoba resolvió el recurso de apelación formulado por el señor Villera Barón, contra la providencia de 9 de noviembre de 2018 que a su turno dictó el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Montería, circunstancia por la cual se entienden agotados todos los recursos ordinarios.

46. Así mismo, no proceden los recursos extraordinarios de revisión y de unificación de jurisprudencia, comoquiera que las inconformidades señaladas por la parte actora no se adecúan a las causales establecidas en los artículos 250 y 258 de la Ley 1437 de 2011.

47. Superados todos los requisitos de procedibilidad adjetiva, la Sala abordará de fondo el amparo solicitado, no sin antes resaltar el carácter excepcional de la acción de tutela, la cual tiene como fin garantizar la intangibilidad de la cosa juzgada, el respeto de la autonomía judicial, la protección de derechos de terceros de buena fe, la seguridad jurídica y la confianza en las decisiones judiciales.

2.6. Caso concreto

48. Para el señor Luis Fernando Villera Barón las autoridades judiciales incurrieron en defecto sustancial y fáctico al momento de proferir las sentencias de 9 de noviembre de 2018 y 19 de noviembre de 2020, al interior del proceso ordinario en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que él promovió contra la Universidad de Córdoba frente a la Resolución No. 943 de 6 de agosto de 2015, por medio de la cual el Rector de la institución académica declaró insubsistente al accionante en el cargo de Profesional Universitario grado 11 que venía desempeñando.

2.6.1. Defecto sustantivo

2.6.1.1. Generalidades del defecto sustantivo

49. La Corte Constitucional, ha explicado que el defecto sustantivo se presenta cuando “la autoridad judicial aplica una norma claramente inaplicable al caso o deja de aplicar la que evidentemente lo es, u opta por una interpretación que contraríe los postulados mínimos de la razonabilidad jurídica”.

50. Puntualmente, lo configuran los siguientes supuestos:

El fundamento de la decisión judicial es una norma que no es aplicable al caso concreto, por impertinente o porque ha sido derogada, es inexistente, inexequible o se le reconocen efectos distintos a los otorgados por el Legislador.

No se hace una interpretación razonable de la norma.

La disposición aplicada es regresiva o contraria a la Constitución.

El ordenamiento otorga un poder al juez y este lo utiliza para fines no previstos en la disposición.

La decisión se funda en una interpretación no sistemática de la norma.

Se afectan derechos fundamentales, debido a que el operador judicial sustentó o justificó de manera insuficiente su actuación.

51. Procederá entonces el amparo constitucional cuando se acredite la existencia de un defecto sustantivo, en cualquiera de los supuestos que se han presentado anteriormente, siempre que la parte accionante cumpla con la carga argumentativa.

2.6.1.2. Análisis

Atendiendo lo expuesto por la parte accionante en su escrito de tutela, el reparo planteado se contrae en indicar que la decisión de removerlo del cargo que venía ocupando al interior de la institución académica, encontró asidero únicamente en lo establecido en el artículo 41 de la Ley 909 de 2004 frente a las personas que se encuentran vinculadas a una entidad en cargos de libre nombramiento y remoción, sin atender lo dispuesto en el artículo 44 del CPACA.

52. Frente al cargo en mención, como primera medida, resulta importante indicar que el artículo 125 de la Constitución Política establece que al interior de los servidores públicos se encuentran incluidos aquellos que ocupan los cargos bajo la modalidad de libre nombramiento y remoción, en cuyo caso, la provisión de tales plazas se hace directamente por el nominador de la entidad. En ese sentido, tales personas, al no haber participado en un concurso de méritos y haber accedido al cargo por medio de la carrera administrativa, no son titulares de los mismos derechos frente a aquel persona que accedió al cargo luego de surtir las etapas propias de un concurso de méritos, así como tampoco gozan de una estabilidad en el empleo.

53. Ahora bien, frente a los reproches formulados por el accionante al acto administrativo que dispuso su remoción del cargo, la Sala resalta que la Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo, luego de explicar la naturaleza del cargo que ocupaba el señor Villera Barón, procedió al estudio de cada uno de los cargos por él planteados y concluyó, a la luz de los medios de prueba, que no se logró desvirtuar el acto administrativo cuestionado en el proceso ordinario. En ese sentido, la decisión del ad quem del proceso contencioso indicó:

“Finalmente, frente a los cargos de anulabilidad propuestos por la parte actora la Sala no se extenderá en demasía y solo acotar los aspectos más relevantes, de acuerdo con lo probado en el proceso el actor no logró  probar que el Acto declaratorio de su insubsistencia estuviera viciado de falsa motivación, es decir, que no correspondiera con la realidad fáctica de lo acontecido, pues se demostró  que la razón de la insubsistencia fue ciertamente la mejora del servicio, pues este se ve a afectado por la conducta mantenida por el señor Villera que incluso ascendió  al maltrato verbal hacia sus compañeras de trabajo como fue debidamente acreditado al proceso, por quien incluso puede considerarse como víctima, a saber la señora Carmen Angulo Bula, aunado a lo anterior, fueron probados al proceso los constantes llamados de atención de los que fue merecedor el señor demandante por el incumplimiento a los horarios de trabajo, lo que no puede excusarse con las labores propias del cargo como se indica en el recurso, pues aunque si bien se acepta que el demandante debía gestionar y revisar los procesos jurídicos en lo que era parte la Universidad de Córdoba en los distintos Juzgados de la ciudad, no es menos cierto que dicha labor conceda licencia para continuos abandonos del cargo y por prolongados periodos de tiempo como se entiende de lo contenido en los llamados de atención ya indicados y de los cuales fue como ya se dijo merecer el señor Villera. Así pues, para el Tribunal es notorio que la Universidad de Córdoba uso  en forma correcta el poder discrecional que le asiste y en la que la decisión de insubsistencia del actor devenía compatible con misión de mejora del servicio público, como se espera de quienes con responsabilidad prestan los servicios del Estado Colombiano.”

54. La anterior conclusión, pone en evidencia que la autoridad judicial efectivamente analizó desde el punto de vista normativo la situación del accionante, para acto seguido sostener que la decisión de la Universidad de Córdoba se acompasó con el ordenamiento jurídico y, por ende, no tenía vocación de éxito la pretensión de nulidad y restablecimiento del derecho incoada por el señor Villera Barón.

2.6.2. Defecto fáctico

2.6.2.1. Generalidades del defecto fáctico

55. Esta Sala en decisión del 12 de noviembre del 2015, precisó los alcances y requisitos que deben atenderse al momento de alegarse la ocurrencia de un defecto fáctico en una providencia judicial, los cuales son traídos a colación en la presente decisión:

56. Los eventos de configuración del defecto fáctico son: i) omisión de decretar o practicar pruebas indispensables para fallar el asunto; ii) desconocimiento del acervo probatorio determinante para identificar la veracidad de los hechos alegados por las partes; iii) valoración irracional o arbitraria de las pruebas aportadas; y iv) dictar sentencia con fundamento en pruebas obtenidas con violación del debido proceso, los cuales tienen las siguientes características:

Evento
Características
Omisión de decreto y práctica de pruebas indispensables para fallar el asunto

Se da cuando la parte, con el fin de probar los hechos que alega, solicitó al juez el decreto de una prueba relevante para resolver el problema jurídico sometido a consideración, y ésta fue negada; ello sin desconocer la facultad del juez ordinario de negar pruebas que no atiendan los requisitos de conducencia, pertinencia e idoneidad. Así las cosas, es importante considerar que no toda negativa a un decreto de pruebas abre la posibilidad a la configuración del defecto, ya que éste procederá cuando se rechace el decreto y práctica de la prueba que, solicitada oportunamente, no cumpla con los parámetros arriba señalados.

De esta manera, se requiere:

Que la parte identifique el elemento probatorio que solicitó
Que la parte demuestre que lo solicitó en oportunidad legal
Se expongan las razones por la cuales la prueba solicitada era conducente, pertinente o idónea.
Señalar de manera razonada la razón por la cual, de haberse decretado la prueba, el sentido de la decisión hubiere sido otro.

Desconocimiento del acervo probatorio determinante para identificar la veracidad de los hechos alegados por las partes
Se presenta cuando, obrando los elementos de convicción en el expediente, y estos resultan decisivos frente a los hechos que se pretenden probar, éstos no son tenidos en cuenta por el fallador ordinario. En este punto, se requiere que de forma específica, se concrete en el escrito de amparo, cuales pruebas, aportadas oportuna y legalmente, fueron desconocidas por el juez.

Así las cosas, se configura siempre que:

Se identifiquen los elementos de prueba no valorados por el juez.
Se demuestre que éstos fueron aportados en forma legal y oportunamente al proceso
Señale las razones por las cuales eran relevantes para la decisión
Se precise, razonadamente, la incidencia de los mismos para variar el sentido del fallo.

Valoración irracional o arbitraria de las pruebas aportadas

Procede cuando, a la luz de los postulados de la sana crítica, la apreciación efectuada por el fallador, resulta manifiestamente equivocada o arbitraria, y por ello, el peso otorgado a la prueba se entiende alterado.

Se requiere entonces que:

La parte precise cual o cuales de las pruebas fueron objeto de indebida valoración por el juez
La razón del por qué, en cada caso en particular, la consideración del operador judicial se aleja de las reglas de la lógica, la experiencia y la sana crítica.

El segundo de los elementos señalados, resulta de vital importancia, pues es claro que un sencillo desacuerdo en relación con la conclusión a la cual arribó el juez de instancia, en ninguna manera puede ser razón para ordenar el amparo constitucional por este aspecto. Aceptar lo contrario, implicaría una sustitución arbitraria del juez natural.

Incidencia de la prueba en el fallo atacado

Dictar sentencia con fundamento en pruebas obtenidas con violación del debido proceso

Refiere al supuesto cuando el fallador de instancia decide el asunto con base en pruebas que no observaron los requisitos legales para su producción o introducción al proceso. Así las cosas, el juez no ignora la prueba ni se equivoca en su apreciación, pero yerra al haberla tenido en cuenta para decidir el problema jurídico que le fue planteado, al ser ésta una prueba que desconoce el debido proceso de las partes.

Para su configuración corresponde señalar:

Señalar con claridad los elementos probatorios aportados con violación al artículo 29 constitucional.
Exponer las razones que sustentan dicha vulneración.
Demostrar que estos elementos de convicción fueron el sustento de la decisión.

57. Conforme con el anterior cuadro, la Sección señaló:

“[…] Como se ve en los elementos señalados, la parte accionante debe precisar mínimamente en su escrito el cargo que plantea, para demostrar no solo la configuración del defecto, sino también, su incidencia en la decisión judicial.

Lo anterior se suma a la exigencia de una carga argumentativa razonable para lograr la prosperidad del cargo, toda vez que, en el caso de una tutela contra una providencia judicial, están en juego valores importantes para el ordenamiento jurídico, como lo son la cosa juzgada, los derechos de terceros, la seguridad, la buena fe y los derivados de los artículos 1º, 2º, 4º, 5º y 6º de la Constitución.

Así mismo, debe ser cuidadoso el interesado al formular el cargo, en la medida en que los supuestos de hecho hasta aquí mencionados, se excluyen entre sí, de tal manera que no será posible alegar uno y otro respecto de una misma prueba, como suele ocurrir, pues además de ser desacertado, genera confusión al fallador […]”.

2.6.2.2. Análisis del cargo

58. Frente al cargo en cuestión, la Sala advierte que, contrario a lo aseverado por el actor, la autoridad judicial sí realizó un correcto ejercicio valorativo de los medios de prueba arrimados al proceso. Es decir, en otros términos, que el reproche en tutela se contrae en poner en evidencia una discrepancia del accionante respecto a la labor que en su momento desplegó la Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo de Córdoba. La sentencia cuestionada, en torno a la prueba arrimada al proceso, indicó:

“Por  último, para este Tribunal contrario a lo sostenido por el apoderado recurrente, en el proceso si se probó que el demandante incurrió  en malos tratos hacía sus compañeras de género de femenino como fuera el caso de Carmen Beatriz Angulo Bula quien en su declaración rendida ante la Juez de Instancia manifestó  que el señor Villera además de maltratarla con vocabulario soez, sostuvo no gustar de ella porque era una mujer “Maluca”, ello, a juicio de esta Colegiatura es una clara expresión de violencia verbal y es una práctica que debe ser erradicada de nuestra sociedad y para ello es que surge precisamente en el operador judicial la necesidad de permear sus decisiones de la perspectiva de género.
(…)
Este Tribunal luego de revisar los dichos de las testigos precisas indicadas por el señor recurrente arrima a la conclusión que la declaración de las dichas señoras fue lo suficientemente clara y responsiva frente a los acontecimientos de indisciplina en que se vio involucrado el señor demandante, una de ellas incluso fue protagonista de uno de ellos, la Sala por tanto encuentra veraces dichos testimonios y conviene aquí  clarificar que la decisión denegatoria de las pretensiones no solo fue sustentada en el dicho de las testigos en comento, sino que es clara la revisión y valoración en contexto de las probanzas arrimadas al plenario.”

59. En este punto, resulta pertinente resaltar que, dada la naturaleza excepcional de la acción de tutela, máxime cuando con esta se cuestionan providencias judiciales, la misma no se puede erigir en una tercera instancia y, por ende, el juez constitucional en principio no goza de las mismas prerrogativas que tenía el juez de la causa frente a la ponderación de los medios de prueba arrimados al plenario.

60. En igual sentido, se debe remembrar que en tratándose del defecto fáctico por un presunto error de valoración de los medios de prueba, el mismo solo tendrá cabida en el supuesto que dicha estimación resulta totalmente descabellada, abrupta y contraria a las reglas de la sana critica, las máximas de la experiencia y la lógica.

61. Lo anterior, por cuanto se debe preservar principios tales como la independencia y la autonomía del juez al momento de proferir sus decisiones, los cuales no pueden ser socavados vía amparo constitucional; salvo que, se reitera, dicho ejercicio este permeado por la discrecionalidad o la arbitrariedad del operario judicial que conoció del asunto, circunstancia que no acaeció en el fallo objeto de cuestionamiento.

2.7. Conclusión

62. La Sala revocará la sentencia de primera instancia, proferida por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que declaró improcedente el amparo por no satisfacer el requisito de relevancia constitucional; para en su lugar negar la acción de tutela, en la medida que las autoridades judiciales convocadas no incurrieron en los defectos formulados en el escrito de amparo.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

III. FALLA

PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 30 de abril de 2021, proferida por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado y en su lugar NEGAR la acción de tutela formulada por Luis Fernando Villera Barón, contra el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Montería y la Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo de Córdoba, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de la presente providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y terceros intervinientes, en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ROCÍO ARAÚJO OÑATE (E)
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos, conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
La acción de tutela se presentó mediante correo electrónico el día 2 de marzo de 2021 y dirigida al buzón HYPERLINK "mailto:tutelaenlinea@deaj.ramajudicial.gov.co" tutelaenlinea@deaj.ramajudicial.gov.co.
Oficios 19458 a 19461 de 10 de marzo de 2021.
Mediante Oficio 45529 dirigido al buzón de correo electrónico jica007@gmail.com.
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Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T-416, 28.08.97., M.P. Antonio Barrera Carbonell.
Corte Constitucional, Sala Séptima de Revisión, Sentencia T-083, 15.02.10., M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
Corte Constitucional, Sala Cuarta de Revisión, Sentencia T-176, 14.03.11., M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
Corte Constitucional, Sala Quinta de Revisión, Sentencia T-435, 12.08.16., M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado
Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia SU-454, 25.08.16., M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
Sobre el mismo tema, ver Corte Constitucional, Sala Quinta de Revisión, Sentencia T-511, 08.08.17., M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Así mismo, Corte Constitucional, Sala Tercera de Revisión, Sentencia T-318, 19.09.18., M.P. Luis Guillermo Guerrero López, en la cual se señaló: “En el marco de los procesos de amparo, previo al estudio del fondo del caso planteado, el juez constitucional debe verificar el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela, que al tenor del artículo 86 de la Carta Política y del Decreto 2591 de 1991, se sintetizan en: (i) la existencia de legitimación en la causa por activa y por pasiva; (ii) la instauración del recurso de protección de manera oportuna (inmediatez); y (iii) el agotamiento de los mecanismos judiciales existentes, salvo que tales vías no sean eficaces o idóneas, o en su defecto se configure la ocurrencia de un perjuicio irremediable (subsidiariedad)”. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
Cabe destacar que el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Quinta, ha venido aplicando la línea jurisprudencial de la Corte Constitucional, estudiando en las acciones de tutela la legitimación en la causa por activa y por pasiva. Sentencia 27.02.20., M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2019-05083-00.

Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 31.07.12., M.P. María Elizabeth García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01. El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñado. Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.”
Al respecto consultar Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, M.P. Rocío Araújo Oñate, Sentencia 27.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2020-00004-00; Sentencia 20.02.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05258-00; Sentencia 20.02.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05291-00; Sentencia 13.02.2020, Rad. 11001-03-15-000-2020-00137-00; Sentencia 13.02.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05354-00; Sentencia 06.02.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05153-00; Sentencia 30.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05121-00; Sentencia 30.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05167-00; Sentencia 23.10.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-04664-00; Sentencia 23.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-04833-00. Al respecto consultar Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Sentencia 27.02.20., M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Rad. 11001-03-15-000-2020-00014-00; Sentencia 27.02.20., M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, Rad. 11001-03-15-000-2020-00400-00; Sentencia 20.02.20., M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, Rad. 11001-03-15-000-2020-00092-00; Sentencia 20.02.20., M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, Rad. 11001-03-15-000-2020-00179-00; Sentencia 20.02.20., M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, Rad. 11001-03-15-000-2020-00141-00; Sentencia 20.02.20., M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2019-04788-01; Sentencia 13.02.20., M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2020-00137-00; Sentencia 13.02.20., M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2020-00037-00; Sentencia 06.02.20, M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2019-05346-00; Sentencia 06.02.20, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Rad. 11001-03-15-000-2019-05202-00. Al respecto consultar Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, M.P. Rocío Araújo Oñate, Sentencia 20.01.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-04664-00; Sentencia 23.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-04833-00; Sentencia 30.01.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-05167-00; Sentencia 30.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05121-00; Sentencia 30.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-03890-01; Sentencia 06.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-05153-00; Sentencia 06.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-05346-00; Sentencia 13.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-04693-01; Sentencia 13.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2020-00137-00; y Sentencia 20.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-04788-01. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05.08.14., M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
“c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos.”
Al respecto consultar Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, M.P. Rocío Araújo Oñate, Sentencia 23.01.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-04664-00; Sentencia 23.01.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-04833-00; Sentencia 30.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05121-00; Sentencia 30.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05121-00; Sentencia 30.01.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-03890-01; Sentencia 06.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-05025-00;

Sentencia 06.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-05153-00; Sentencia 13.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-04693-01; Sentencia 13.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2020-00137-00; y Sentencia 20.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-04788-01. Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia SU-159 de 06.03.02., M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. El retiro del servicio de quienes estén desempeñando empleos de libre nombramiento y remoción y de carrera administrativa se produce en los siguientes casos:
(…)
PARÁGRAFO 2o. Es reglada la competencia para el retiro de los empleos de carrera de conformidad con las causales consagradas por la Constitución Política y la ley y deberá efectuarse mediante acto motivado. La competencia para efectuar la remoción en empleos de libre nombramiento y remoción es discrecional y se efectuará mediante acto no motivado. En la medida en que el contenido de una decisión de carácter general o particular sea discrecional, debe ser adecuada a los fines de la norma que la autoriza, y proporcional a los hechos que le sirven de causa. La Corte Constitucional en sentencia T-752 de 2003 indicó: “(…) Los cargos de libre nombramiento, tal y como se infiere del artículo 125 constitucional y del artículo 5 de la Ley 443 de 1998, que los enuncia, son la excepción a la regla general que señala que los empleos del Estado son de carrera. Para estos cargos basta con que la autoridad nominadora tenga en cuenta que la persona asignada cumple con los conocimientos y las calidades exigidas para su ejercicio. Dicha modalidad se utiliza para aquellos empleos de cualquier nivel jerárquico superior que impliquen confianza o se refieran a la asignación de funciones de dirección y manejo.
(…)
La persona vinculada a la Administración pública mediante esta modalidad puede ser removida de su cargo por voluntad discrecional del nominador según lo exijan las necesidades propias del servicio. Por ello, la estabilidad laboral de un empleado de libre nombramiento y remoción es precaria frente al vinculado mediante carrera. Así lo ha considerado la Corte en sus pronunciamientos.” (subrayado por fuero de texto). Consejo de Estado, sentencia del 12 de noviembre de 2015, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Radicación No. 11001-03-15-000-2015-01471-01.

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