Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2021-00888-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Acción de tutela contra providencia judicial
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2021-00888-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 11001-03-15-000-2021-00888-01
Consejero ponente: Milton Chaves García
12 de agosto de 2021
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / IMPROCEDENCIA POR INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE RELEVANCIA CONSTITUCIONAL
[L]a Sala determinará si el presente asunto cumple con el requisito de relevancia constitucional y, solo en el evento en que se logre superar ese requisito de procedencia y los demás requisitos generales, descenderá con el estudio de los defectos planteados por la parte actora. (…) [L]a parte actora invoca los defectos por desconocimiento del precedente judicial y fáctico, [no obstante,] la Sala advierte de los argumentos expuestos en el escrito de tutela y en la impugnación que la acción de tutela para introducir argumentos que no fueron propuestos en el marco del proceso de reparación directa y porque no argumentó de manera suficiente y razonable la relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales en cuanto al alegado defecto fáctico. (…) Luego, resulta evidente que con el escrito de tutela la parte actora está planteando un debate que, si bien, lo expone a partir del título de imputación que considera debió aplicarse, lo hace exponiendo argumentos distintos a los que fueron objeto de análisis en el proceso ordinario, que bien pudo alegar en el recurso de apelación contra el fallo de reparación directa de primera instancia. Dicho de otro modo, en el recurso de apelación la parte actora cuestionó el título de imputación aplicable por tratarse de una actividad riesgosa en la que se sometió a la víctima a un riesgo mayor porque no era función del soldado profesional la actividad que desplegaba en el momento de los hechos, sumado a la inadecuada maniobra de descenso, pues el piloto de la aeronave no realizó aterrizaje adecuado. A su juicio, la aplicación del título lo fundó en el deber de la entidad de trasladar al soldado profesional sano y salvo, en tanto, un golpe en la cabeza con el aspa del rotor principal de un helicóptero es una situación ajena a las funciones de defensa y combate de los soldados profesionales. Mientras tanto, en el escrito de tutela, si bien, la parte actora plantea el desconocimiento de los referidos precedentes judiciales en los que se ha aplicado el título de imputación objetivo por riesgo excepcional, lo hace a partir de otro supuesto -tal es el caso de los eventos en que la víctima no era quien tenía la guarda material vehículo o nave, caso en el cual no resultaba aplicable el título de imputación subjetivo de la falla del servicio, sino que era procedente endilgar responsabilidad administrativa y patrimonial al Estado a partir del título de imputación objetivo por riesgo excepcional, porque no debe indemnizarse quien no tiene la guarda del vehículo o aeronave que ocasiona el hecho dañoso-.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
Consejero ponente: MILTON CHAVES GARCÍA
Bogotá, D.C., doce (12) de agosto de dos mil veintiuno (2021)
Radicación número: 11001-03-15-000-2021-00888-01(AC)
Actor: MARTÍN LÓPEZ RANGEL Y OTROS
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN C
La Sala decide la impugnación presentada por la parte actora contra la providencia del 5 de abril de 2021, dictada por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, que resolvió:
“PRIMERO: NEGAR el amparo de los derechos fundamentales de los señores Martín López Rangel, Quirsia María Noriega Aviles, Martín Antonio López Noriega, José Eladio López Noriega, Yiced Paola López Noriega, Jackson Carlos López Noriega, Jadins Palomino Noriega, Yader Palomino Noriega, Ronier Palomino Noriega, Teresa Rangel Jamaica y Minerva Aviles Fuentes, en la acción de tutela por ellos presentada contra la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
(…)”.
ANTECEDENTES
Pretensiones
Los señores Martín López Rangel, Quirsia María Noriega Aviles, Martín Antonio López Noriega, José Eladio López Noriega, Yiced Paola López Noriega, Jackson Carlos López Noriega, Jadins Palomino Noriega, Yader Palomino Noriega, Ronier Palomino Noriega, Teresa Rangel Jamaica, Minerva Aviles Fuentes, mediante apoderado judicial, interpusieron acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, por estimar vulnerados los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia. En consecuencia, formularon las siguientes pretensiones:
“PRIMERO: AMPARAR los derechos fundamentales de mis representados al debido proceso y al de acceso a la administración de justicia. En consecuencia, dejar sin efectos la sentencia SC3-10-07-2541 del siete (7) de octubre de 2020, dentro del proceso de reparación directa radicado bajo el número 110013336031-2016-00219-01, mediante la cual se confirmó la sentencia de primera instancia proferida el día 21 de junio de 2019 por el Juzgado Segundo Treinta y uno (sic) (31) Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá que a su vez había negado las pretensiones de la demanda interpuesta por los señores MARTÍN LÓPEZ RANGEL y Otros contra La Nación (Ministerio de Defensa – Ejército Nacional), con el fin de que se le declarara administrativa y extracontractualmente responsable de los perjuicios morales y materiales ocasionados a los demandantes, con motivo de la muerte sufrida por el Soldado Profesional (SLP) GUILLERMO ALFONSO LÓPEZ NORIEGA, en hechos ocurridos el día 24 de julio de 2015 en jurisdicción del municipio de El Patía (Cauca), en tanto desconoció el precedente judicial desarrollado por la jurisprudencia del Honorable Consejo de Estado e incurrió en defecto fáctico por indebida valoración del material probatorio.
SEGUNDO: Ordenar al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “C” que dentro del término que para el efecto se señale, dictar la sentencia de remplazo, por medio de la cual, se revoque la de primer grado proferida en el proceso de reparación directa incoado por MARTÍN NORIEGA RANGEL y Otros radicado con el número 110013336031-2016-00219-01 y se declare la responsabilidad patrimonial de la Nación – Ministerio de Defensa Ejército Nacional, conforme a los lineamientos que su señoría indique en el fallo que conceda este amparo constitucional”.
Hechos
De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
Los señores Martín López Rangel, Quirsia María Noriega Aviles, Martín Antonio López Noriega, José Eladio López Noriega, Yiced Paola López Noriega, Jackson Carlos López Noriega, Jadins Palomino Noriega, Yader Palomino Noriega, Ronier Palomino Noriega, Teresa Rangel Jamaica, Minerva Aviles Fuentes, ejercieron el medio de control de reparación directa contra la Nación – Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, con el fin de que se declarara patrimonialmente responsable por la muerte del soldado profesional Guillermo Alfonso López Noriega, en hechos ocurridos el 24 de junio de 2015, al recibir un golpe fulminante en la cabeza con la hélice del rotor del helicóptero del cual descendió.
El Juzgado 31 Administrativo de Bogotá, en sentencia del 21 de junio de 2019, negó las pretensiones de la demanda, por considerar que la víctima ingresó a la fuerza pública bajo su libre albedrío y de manera voluntaria se expuso a un riesgo superior al común de las actividades desempeñadas por los civiles, dada la naturaleza de sus funciones y, que en caso de existir responsabilidad del Estado, el reconocimiento de la indemnización sería a for fait.
Adicionalmente, concluyó que, de acuerdo con el material probatorio, el soldado se encontraba en desarrollo de la orden “fragmentaria No 2 judea”, en la que actuó de forma contraria a sus compañeros y las directrices dadas en las capacitaciones recibidas.
La parte demandante interpuso recurso de apelación contra la anterior decisión, con fundamento en que la muerte del soldado profesional no fue responsabilidad de la víctima.
Que, por el contrario, se demostró que el helicóptero efectuó una maniobra peligrosa al no ubicar un punto seguro para el desembarco de soldados, por lo tanto, sostuvo que no se probó la imprevisibilidad, irresistibilidad y exterioridad, además, la víctima prestaba una misión a bordo de una aeronave oficial, que estaba bajo la guarda y dirección de la entidad, que, siendo una actividad peligrosa, se le aplicaba el título de imputación objetivo por riesgo excepcional.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, en sentencia del 7 de octubre de 2020, confirmó el fallo de primera instancia, por considerar que el soldado profesional López Noriega se encontraba preparado para desempeñar la actividad de descenso, entrenado y capacitado en operaciones de combate terrestre y de asalto aéreo, que, en ese contexto, no resultaba aplicable el régimen objetivo de responsabilidad sino el de falla del servicio, la cual no fue debidamente probada en el plenario, por lo que concluyó que la muerte del soldado profesional se produjo en un acto propio del servicio.
Argumentos de la acción de tutela
A juicio de la parte actora, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, con la decisión del 7 de octubre de 2020, incurrió en el desconocimiento del precedente contenido en las sentencias del 26 de febrero de 2015 y 7 de octubre de 2015, proferidas por la Sección Tercera del Consejo de Estado, según las cuales «en los daños ocasionados por la materialización de los riegos propios de la actividad peligrosa en la que sufre un menoscabo quien no tiene la guarda material sobre una actividad, la reparación debe ser adoptada bajo el régimen de responsabilidad objetiva cuando no esta probada la falla en el servicio» y, especialmente, cuando el agente que resultó afectado no tenía la guarda de la actividad peligrosa.
Agregó que en sentencia del 13 de febrero de 1997, reiterada en las sentencias del 7 de septiembre de 2000, 23 de junio de 2010, el Consejo de Estado señaló que «quien maneja un arma, conduce un vehículo, etc., no podrá invocar después el ejercicio de la actividad peligrosa (…) por el contrario, sí el afectado es un tercero, quedará relevado de probar la falla del servicio y la administración sólo se exonerará si acredita que el hecho se produjo por culpa exclusiva de la víctima, por el hecho de un tercero ajeno al servicio, exclusivo y diferente, o por fuerza mayor», sin embargo, no identificó el número de radicado o el expediente.
Por su parte, señaló que, en un caso con identidad de presupuestos fácticos, en la que un soldado murió ahogado junto con 19 compañeros, luego de que la lancha en que se movilizaban se volcara y naufragara, en sentencia del 27 de noviembre de 2002, se reconoció la responsabilidad patrimonial del Estado, a partir del título de imputación de responsabilidad por riesgo, providencia que tampoco fue identificada con número de radicado o expediente.
Igualmente, citó la sentencia del 26 de marzo de 2014, en la que en un caso en el que un soldado voluntario sufrió graves lesiones al precipitarse a tierra, respecto del que se reconocieron perjuicios porque no era quien tenía a su cargo la guarda material de la nave, sin que aportara la providencia o el número de radicado o expediente.
De acuerdo con lo anterior y en consideración el soldado profesional Guillermo Alfonso Noriega López no conducía el helicóptero en que era transportado, afirmó que no tenía la guarda material de la actividad peligrosa, en ejercicio de la cual, al momento de descender de la aeronave fue golpeado por la hélice del helicóptero, por lo que, solicita que, con base en la regla jurisprudencial que refirió debía aplicarse el régimen de responsabilidad objetivo por riesgo excepcional.
Con fundamento en lo anterior, invocó la configuración del defecto fáctico porque se les dio una apreciación a partir del título de imputación de falla del servicio y por indebida valoración de las pruebas recaudas en el proceso, para lo cual transcribió algunas de las pruebas y el análisis de estas que empleó el tribunal accionado para hacer el estudio de las mismas, dentro de las que relacionó:
(i) orden fragmentaria No. 002 “judea a la orden de operaciones de control terrriorial No. 039 “Jaque”.
(ii) informe de 27 de julio de 2015, suscrito por el Capitán Luis Carlos Rincón López.
(iii) el testimonio rendido el 25 de septiembre de 2018 por el Mayor Diego Fernando Borda Sánchez, piloto al mando del helicóptero, que desarrolló la misión por el sector del Bordo Cauca.
(iv) los testimonios del Mayor Luis Carlos Rincón López y el Capitá Nelson Dario Muñoz Parada.
Sin embargo, la parte actora no explicó en qué consistió la indebida valoración de las referidas pruebas, excepto porque se refirió al informe de 27 de julio de 2015 y dijo que el material probatorio no fue valorado en su integridad y, por el contrario, fue valorada de forma “indebida y caprichosa”, porque se omitieron las reglas de la sana crítica y la experiencia.
Justamente, en punto al referido informe de 27 de julio de 2015, suscrito por el Capitán Luis Carlos Rincón López, indicó que el mismo estableció que en la operación se había dispuesto un “desembarco aterrado”, lo que significa que el helicóptero debía posarse en tierra, sin embargo, afirma que “el desembarco no se hizo de esa manera, sino aproximadamente a un metro de altura, de la puerta a la tierra, con un mal calculo de la pendiente del terreno, con una de las llantas de la nave tocando esporádicamente el suelo y la otra el aire, con fuerte flujo de aire, sumado a lo anterior que ya eran las 16:15 horas, esto es casi de noche, todo lo cual indica que la instrucción recibida por el soldado no puede servir de exculpación de la entidad demandada, pues la operación de desembarco excedió los riesgos propios de la actividad peligrosa, la que por lo demás se reitera no tenía bajo su guarda”.
Trámite Previo
El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, en auto del 8 de marzo de 2020, admitió la acción de tutela, ordenó notificar al demandante, a los magistrados que integran el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C y al Juzgado Treinta y Uno Administrativo de Bogotá y a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, como terceros interesados en el proceso.
Oposición
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, hizo referencia a la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales y afirmó que ninguno de los argumentos que se invocan como sustento de la pretensión de amparo configura o se adecua a una causal específica.
En cuanto al presunto desconocimiento del precedente judicial de las sentencias proferidas dentro de los radicados 520012331000200000621 y 20001233100020030171201 por la Sección Tercera del Consejo de Estado, señaló que conciernen a la responsabilidad del Estado Colombiano por “muerte de agentes colombianos en desarrollo de actividades propias del servicio por permitir el manejo de aeronave a miembros del Estado Colombiano para operativos militares / aeronave de fuerzas militares norteamericanas”.
Que, en este último, si bien es cierto se analizó la muerte de dos infantes de aviación, el sustento fáctico es diferente al abordado por la Sala de la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en la sentencia cuestionada, porque en ese caso el soldado – víctima directa, no se le impuso obligación distinta para aquella para la cual fue entrenado.
Indicó que se valoró la totalidad de los medios de prueba aportados al plenario y con observancia de los precedentes jurisprudenciales, que se han emitido en punto a los daños sufridos por soldados profesionales y arribó razonable y motivadamente a la conclusión de confirmar la decisión de primera instancia que denegó las pretensiones de la demanda.
Solicitó negar las pretensiones de la acción de tutela.
Intervención del tercero interesado
El Juzgado Treinta y Uno Administrativo de Bogotá y a la Nación – Ministerio de Defensa, Ejército Nacional guardaron silencio.
Sentencia de primera instancia
El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, en sentencia del 5 de abril de 2021, negó las pretensiones de la demanda, con fundamento en los argumentos que se pasan a resumir.
En primer lugar, precisó que el mecanismo de amparo constitucional no puede ser utilizado como una tercera instancia para reabrir discusiones jurídicas ya concluidas y resueltas por el juez natural del asunto, ni para valorar la prueba allegada a un proceso y menos para señalar cuál interpretación es la correcta. Sin embargo, señaló que lo anterior no era óbice para que la Sala de decisión no efectuara algunas precisiones para descartar el desconocimiento de precedente y el defecto fáctico.
En ese contexto, el a quo sostuvo que, en cuanto al desconocimiento de las sentencias del 26 de febrero de 2015, expediente 520012331000200000621 y del 7 de octubre de 2015, expediente 20001233100020030171201, proferidas por la Sección Tercera del Consejo de Estado, “de manera pedagógica se informaba a la parte accionante que las mismas tienen efectos inter partes y no constituyen precedente en tanto no son “sentencias de unificación” en los términos del artículo 270 de la Ley 1437 de 2011”.
No obstante, señaló que, sin perjuicio de lo anterior, al revisar los referidos casos, advirtió que estos tampoco daban cuenta de constituir un “antecedente” aplicable al asunto, pues como bien lo identificó la parte actora en su escrito de amparo, se trataron de situaciones fácticas diferentes al caso bajo estudio.
En segundo lugar, en relación con el defecto fáctico, no fue objeto de estudio de fondo, por encontrar que la parte actora, sin mayor motivación, se limitó a trascribir parte de la valoración de las pruebas y señalar que no era procedente analizarlas desde el título de imputación de la falla del servicio.
Al respecto, dijo “la Sala entiende que la inconformidad de los accionantes más que cuestionar el análisis probatorio efectuado, es insistir en que el caso debió estudiarse desde el régimen de responsabilidad objetiva, en torno al riesgo propio de una actividad peligrosa en la que sufre un menoscabo quien no tiene la guarda material sobre la misma; lo cual, tal como lo consideró el Tribunal accionado, no tiene asidero jurídico, pues, finalmente, encontró acreditado que el fatal resultado obedeció al actuar imprudente del soldado profesional fallecido, tanto así, que en el mismo momento de desembarque no ocurrieron situaciones similares”.
Recordó que la independencia judicial cobra mayor valor y trascendencia en aquellas acciones de tutela que se dirigen a obtener una nueva valoración frente al recaudo probatorio realizado por el juez que ordinariamente conoce de un asunto, y más, porque en el presente asunto no se expusieron argumentos constitucionalmente válidos y contundentes que permitan establecer duda alguna respecto de la tarea que en tal sentido realizó la autoridad judicial accionada para concluir que la prueba allegada al plenario no demostraba que el daño padecido por el soldado profesional Guillermo Alfonso López Noriega resultara endilgable al Ejército Nacional, cuando quedó claro, que su causación obedeció a un actuar imprudente de su parte, pese al alto conocimiento y entrenamiento en misiones tácticas, como en la que se encontraba en el momento de los fatídicos hechos.
Concluyó que lo que existe es una inconformidad de la parte actora con el resultado de la valoración efectuada por el juez natural de segunda instancia que no es atacable vía tutela.
Impugnación
La parte actora impugnó la decisión de primera instancia para lo cual reiteró los argumentos expuestos en el escrito inicial.
Agregó que contrario a la afirmación del a quo, según la cual, las sentencias referidas como desconocidas no constituyen precedente porque tienen efectos inter partes y no son sentencias de unificación, la Sección Quinta del Consejo de Estado, en sentencia del 5 de febrero de 2015, ha señalado que el «precedente es la decisión, o el conjunto de decisiones que sirve(n) de referente al juez que debe pronunciarse respecto de un asunto determinado, por guardar una similitud de presupuetos fácticos y jurídicos, y respecto de los cuales la ratio decidendi constituye la regal jurisprudencial que obliga al operador jurídico a fallar en determinado sentido» y, en general hizo amplia transcripción de las motivaciones de dicha providencia.
Asimismo, indicó que en sentencia del 10 de junio de 2021, la Sección Quinta del Consejo de Estado estableció los elementos necesarios para tener por configurado el desconocimiento del precedente judicial, esto son: «(i) que exista una regla contenida en la ratio decidendi, (ii) que ésta sea aplicable al caso bajo estudio, (iii) que el problema jurídico sea semejante al presente, (iv) que los hechos y normas invocadas seas similares, (v) que se plantee un punto de derecho semejante al que se debe resolver posteriormente».
Al efecto, explicó que en el presente caso se desconoció el precedente judicial, toda vez que: (i) se identificó en debida forma el precedente; (ii) la regla jurisprudencial establecida -que en los supuestos en que el agente que resultó dañado por razón del incidente no era quien tenía la guarda de la actividad peligrosa, es decir, no era quien conducía el automotor, por lo que no era relevante si el accidente que dio lugar al daño ocurrió o no por razón de una falla en el servicio, quedado relevado de probar la falla del servicio y la administración sólo se exonera si acredita que el hecho se produjo por culpa exclusiva de la víctima, por el hecho de un tercero ajeno al servicio o por fuerza mayor-; (iii) el caso fallado es perfectamente subsumible en la regla jurisprudencial contenida en la ratio decidendi de los precedentes identificados.
En lo demás, como se anticipó, insistió en los argumentos del escrito de tutela.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política, reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: «Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».
Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
Acción de tutela contra providencias judiciales
En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia cuando se advierte la afectación manifiesta de los derechos constitucionales fundamentales.
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia de 31 de julio de 2012, Exp. 2009-01328-01, aceptó la acción la tutela contra providencia judicial y acogió el criterio de la procedencia excepcional, para lo cual aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el amparo solicitado, mediante el empleo de las causales generales y específicas de procedencia de la acción de tutela.
Siendo así, a la Sala le corresponde establecer si en el presente caso se cumplen los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial descritos.
Problema jurídico
Mediante el ejercicio de la presente acción la parte actora pretende que se deje sin efecto la sentencia del 7 de octubre de 2020, mediante la que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C confirmó la decisión de primera instancia que profirió el Juzgado Treinta y Uno Administrativo Oral de Bogotá, que negó las pretensiones de la demanda de reparación directa.
Al efecto, la parte actora invoca los defectos por desconocimiento del precedente judicial y fáctico. En el escrito de impugnación la parte actora insistió en los argumentos propuestos en el escrito de tutela y adicionó otros relacionados con los eventos en los que se considera configurado el desconocimiento del precedente judicial.
En los términos de la impugnación, la Sala determinará si el presente asunto cumple con el requisito de relevancia constitucional y, solo en el evento en que se logre superar ese requisito de procedencia y los demás requisitos generales, descenderá con el estudio de los defectos planteados por la parte actora.
Requisito de la relevancia constitucional como presupuesto general de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
El requisito de relevancia constitucional tiene como finalidad proteger la autonomía e independencia judicial y evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde resolver a otras jurisdicciones.
En ese sentido, la Corte Constitucional ha señalado que la relevancia constitucional tiene tres finalidades: (i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales, e (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces.
De acuerdo con los anteriores criterios y con los expuestos por la Sala Plena del Consejo de Estado en sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014, para que un asunto goce de relevancia constitucional deben verificarse los siguientes elementos:
(i) Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración de derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse para plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción de tutela.
(ii) Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales» . Es necesario que el interesado exponga de manera clara las razones por las que considera que la providencia judicial amenaza o vulnera los derechos fundamentales.
(iii) Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones de la decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la demanda de tutela debe referirse a las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener relación con la ratio decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en el sentido de la propia decisión cuestionada.
(iv) Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o modificar los argumentos que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez natural.
(v) Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento de los procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad. Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces competentes.
Sobre la falta de relevancia constitucional en el caso concreto
La Sala advierte que, en el presente caso, concurren supuestos que permiten determinar que la acción de tutela no cumple el requisito general de la relevancia constitucional, como se pasa a explicar.
Si bien, la parte actora invoca los defectos por desconocimiento del precedente judicial y fáctico, la Sala advierte de los argumentos expuestos en el escrito de tutela y en la impugnación que la acción de tutela para introducir argumentos que no fueron propuestos en el marco del proceso de reparación directa y porque no argumentó de manera suficiente y razonable la relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales en cuanto al alegado defecto fáctico, veamos.
En el escrito de tutela, la parte actora hace consistir la vulneración invocada basícamente en: (i) la indebida interpretación de las pruebas aportadas al proceso de reparación directa y, (ii) en la falta de aplicación del régimen de imputación objetivo por las autoridades judiciales demandadas, para lo cual señala como desconocidas las sentencias del 26 de febrero de 2015 y del 7 de octubre de 2015, proferidas por la Sección Tercera del Consejo de Estado, incluso cita otras, que, pese a que no señaló el radicado o número de expediente, afirma que reiteran las referidas en precedencia, según las cuales, «quien maneja un arma, conduce un vehículo, etc., no podrá invocar después el ejercicio de la actividad peligrosa (…) por el contrario, sí el afectado es un tercero, quedará relevado de probar la falla del servicio y la administración sólo se exonerará si acredita que el hecho se produjo por culpa exclusiva de la víctima, por el hecho de un tercero ajeno al servicio, exclusivo y diferente, o por fuerza mayor».
En esa medida, la parte actora cuestiona la decisión, en cuanto, afirma que en tratándose de una actividad peligrosa como lo es la actividad militar y, dado que el soldado profesional Guillermo Alfonso López Noriega no era quien tenía la guarda material del helicópetero, no resultaba aplicable el título de imputación subjetivo de la falla del servicio, sino que era procedente endilgar responsabilidad admistrativa y patrimonial al Estado a partir del título de imputación objetivo por riesgo excepcional.
Sin embargo, la Sala advierte que tal argumento no fue el objeto de discusión en la demanda de reparación directa, como tampoco lo fue en el recurso de apelación contra el fallo ordinario de primera instancia, pese a que se negaron las pretensiones de la demanda, como se pasa a evidenciar:
En el fallo de reparación directa de primera instancia, el Juzgado Treinta y Uno Administrativo Oral de Bogotá negó las pretensiones de la demanda porque:
“(…) el Soldado Profesional Guillermo Alfonso López Noriega, se encontraba en desarrollo de la orden fragmentaria No 002 “Judea” a la orden de operaciones de control territorial No 039 “JAQUE”, ejecutando órdenes de los comandantes para combatir miembros del Frente 8 de las FARC, en una labor de infiltración, en el municipio de Patía-Cauca, vereda Santa Cruz, las declaraciones rendidas por los demás militares que integraban el pelotón de operación fueron concurrentes en señalar que el soldado víctima no siguió las instrucciones dadas para el descenso, que bajó por puerta contraría a la indicada, la hélice lo golpeo por exceso de confianza, precisan los testigos que todos los soldados tenían el entrenamiento debido y si no lo acatan puede ocurrir error que les puede costarles la vida.
Concluye en tópico de la inexistencia de falla en el servicio que la escuadra móvil a la que pertenecía el SPL Guillermo Alfonso López Noriega, tenía entrenamiento suficiente para realizar un adecuado descenso y, por exceso de confianza la víctima no se agachó lo suficiente, para evitar ser impactado por la hélice del helicóptero, configurándose causal eximente de responsabilidad que se conoce como culpa exclusiva de la víctima, desvirtuada la existencia de una falla del servicio.
Refiere sobre el riesgo excepcional conforme los elementos de prueba las órdenes que se habían impartido antes del desembarque, no fueron cumplidas por el SLP Guillermo Alfonso López Noriega, por lo que no se puede predicar que las mismas hayan excedido las cargas que un soldado profesional debía soportar, por el contrario, lo que avizoró es que de haber acatado las instrucciones de descenso impartidas, el accidente se hubiera podido evitar, por lo cual no la víctima no fue expuesta a riesgo excepcional atribuible a la entidad demandada”.
Según se lee de la providencia cuestionada, el recurso de apelación fue sustentado en los argumentos que se transcriben a continuación:
“(…) indicando que no comparte el análisis realizado en la sentencia recurrida, que la muerte del soldado profesional Guillermo Alfonso López Noriega no fue responsabilidad de este, lo que se demostró es que el helicóptero efectuó una maniobra peligrosa al no ubicar un punto seguro para el desembarco de los soldados, luego no se probó imprevisibilidad, irresistibilidad y exterioridad, agrega la víctima era un soldado profesional, que prestaba sus servicios al Ejército Nacional y al momento de los hechos cumplía con una misión a bordo de una aeronave oficial, que estaba bajo la guarda y dirección de la entidad pública demandada, los hechos no ocurrieron por fuera de la misión, ni con instrumento particular, mucho menos con violación a los reglamentos o por fuera del giro de sus funciones como soldado profesional, en criterio del apelante la sentencia censurada incurrió en un defecto fáctico o la valoración probatoria.
Anota que la muerte de la víctima ocurrió en desarrollo de una actividad peligrosa la utilización de naves o aeronaves es una de aquellas de tal suerte que en dichos eventos se aplica un régimen objetivo de responsabilidad por riesgo excepcional donde a la activa incumbe demostrar la existencia del daño y el nexo de casualidad con la actividad generadora del riesgo, en tanto que la pasiva para exonerarse de responsabilidad no le basta con acreditar diligencia o cuidado en su actuar, sino la comprobación de una causa extraña, como la fuerza mayor, el hecho exclusivo de un tercero o la culpa de la víctima. En este caso la demandada incumplió su deber legal de transportar sano y salvo hasta su destino final al SLP. Guillermo Alfonso López Moriega, por dicha omisión esta llamada indemnizar a la activa en los términos del artículo 90 de la C.N. Pues no puede ser considerado como un riesgo propio de la actividad militar morir de un golpe en la cabeza con el aspa del rotor principal de un helicóptero, esa situación es ajena por completo a las funciones de defensa y combate de nuestros soldados profesionales.
(…)”. (se destaca)
De manera que, con ocasión a lo anterior, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, resolvió las inconformidades planteadas por la parte actora, concretamente las relacionadas con: (i) la imprevisibilidad, irresistibilidad y exterioridad del hecho dañoso, en cuanto, se demostró es que el helicóptero efectuó una maniobra peligrosa al no ubicar un punto seguro para el desembarco de los soldados; (ii) el soldado profesional prestaba sus servicios al Ejército Nacional y al momento de los hechos cumplía con una misión a bordo de una aeronave oficial, “que estaba bajo la guarda y dirección de la entidad pública demandada” y, (iii) la muerte de la víctima ocurrió en desarrollo de una actividad peligrosa la utilización de naves o aeronaves es una de aquellas de tal suerte que en dichos eventos se aplica un régimen objetivo de responsabilidad por riesgo excepcional, en ese sentido, a su juicio, la institución demandada incumplió su deber legal de transportar sano y salvo hasta su destino final al SLP. Guillermo Alfonso López Moriega, por lo que no puede ser considerado como un riesgo propio de la actividad militar morir de un golpe en la cabeza con el aspa del rotor principal de un helicóptero, esa situación es ajena por completo a las funciones de defensa y combate de nuestros soldados profesionales.
Pues bien, frente a dichos argumentos el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, emitió pronunciamiento en los términos que se pasa a evidenciar:
“(…)
6.3. FIJACIÓN DEL DEBATE.
6.3.1. La activa pretende se revoque el fallo de primera instancia y en su lugar se concedan las pretensiones de la demanda, pues no comparte la decisión de la Jueza de Primera Instancia, de aplicar en el caso concreto la culpa exclusiva de la víctima, advertido que omitió valorar que la víctima directa se desempeñaba como Soldado Profesional en cumplimiento de funciones que no eran propias de su cargo, que encontraba a bordo de un helicóptero, en maniobra de descenso actividad que conlleva un riesgo ajeno al oficio del militar, pues esa ,maniobra no era función del soldado profesional, sumado que el polito del aeronave no realizó aterrizaje adecuado solo anclo una rueda en terreno inclinado y dan orden a los soldados de desembarca, que torna en anormal el riesgo que comporta el desplazamiento en aeronave. Destaca concurrentemente y en tamiz de la imputación fáctica, que no se probó la culpa exclusiva de la víctima al no acreditarse la imprevisibilidad e irresistibilidad del hecho para la entidad.
6.3.2- En este orden, advertido que, en esquema de la sentencia de primera instancia, el daño asume como riesgo propio de la profesión de soldado profesional, contrastado con medios de prueba que el uniformado contaba con suficiente entrenamiento para realizar un desembarque del helicóptero seguro, además de las instrucciones suministrada por los tripulantes a los soldados de descender, instrucciones que fueron desatendidas por el hoy occiso Guillermo Alfonso López Noriega, se tiene como problema jurídico:
¿La muerte del Soldado Profesional GUILLERMO ALFONSO LÓPEZ NORIEGA, mientras desarrollaba operación de desembarco desde un helicóptero que no encontraba en tierra debidamente aterrizado, subsumen en acto propio del servicio y enmarcan dentro del riesgo permitido, o le es imputable a la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO por falla en el servicio o riesgo superior al propio de la actividad castrense?
6.4. ASPECTOS SUSTANCIALES
6.4.1- En labor de desatar el interrogante planteado es tesis de la Sala, que procede confirmar la sentencia objeto de alzada, que negó las pretensiones de la demanda, advertido que el Soldado Profesional Guillermo Alfonso López Noriega, encontraba preparado para desempeñar la actividad de descenso de la aeronave como miembro adscrito al Batallón de combate Terrestre No 154 adscrito a la Brigada Móvil No 37 y agregado operacionalmente al Batallón de Alta Montaña No 4 General Benjamín Herrera Cortés, con sede en Popayán, grupo entrenado y capacitado en operaciones especiales de combate terrestre y de asalto aéreo.
Contexto en el que no aplica régimen objetivo de responsabilidad sino el de falla del servicio, y fortalece contrastado que en tesis de la activa el evento dañoso tuvo como hecho generador el golpe contundente en cabeza con hélice de helicóptero durante desembarque de la aeronave, que devino por conducta irregular de la accionada.
Falla en el servicio que en marco de los medios de convicción aducidos al plenario e indicios estructurados a partir de aquellos, no emerge probada, y se tiene en consecuencia, que la muerte del Soldado Profesional Guillermo Alfonso López Noriega, se produjo en acto propio del servicio. Como quiera que el golpe recibido en la cabeza con hélice del helicóptero fue causa de un descuido del soldado al momento de realizar maniobra de desembarque mientras en helicóptero no encontraba aterrizado totalmente en tierra, desatendió las instrucciones impartidas por la tripulación en cuentan a la puerta por la que debía descender, fue descuidado al caminar erguido mientras las hélices estaban en movimiento, en virtud de los cuales no resulta atribuible a la accionada, y su imputación a ésta exige que se hubiera probado que tuvo causa en el actuar completamente irregular e injustificado de la tripulación del Helicóptero, circunstancia que no acreditó la activa, y emerge en consecuencia que el golpe sufrido en la cabeza por el soldado profesional con hélice de la aeronave asume como un caso fortuito imprevisible que no resulta imputable a la pasiva y asume por ende como un riesgo propio del servicio amparado por régimen prestacional A Forfait, excepción hecha de la condena en costas, que habrá de revocarse, contrastado que en Jurisdicción Contencioso Administrativa, presupone una especial carga argumentativa, porque asume insuficiente, el resultar vencido en el proceso o actuación.
(…)
6.4.2.2.- En régimen de falla en el servicio, el título de imputación se estructura sobre la base de una conducta anormal del Estado en marco de sus deberes funcionales. De contera, que para deducir responsabilidad patrimonial por falla en el servicio, debe encontrarse probado que el daño antijurídico devino como resultado del retardo, irregularidad, ineficiencia u omisión en el cumplimiento de un deber exigible de la administración pública, atendida la órbita funcional y competencias de la entidad pública accionada.
En este contexto, la premisa del artículo 2341 del Código Civil, conforme a la cual, el que ha cometido un delito o culpa, que ha inferido daño a otro, es obligado a la indemnización, modula en tratándose de la responsabilidad patrimonial del Estado, por cuanto la imputación deriva primeramente de los deberes funcionales de la entidad pública accionada, y en esta secuencia, comprende el deber de cuidado sobre el uso y destinación de los recursos y talento humano del que se le ha provisto para la realización de su objeto institucional.
El retardo se da cuando la Administración actúa tardíamente; la irregularidad se configura cuando la administración actúa en forma diferente a como le es exigible, contrariando las normas, reglamentos u órdenes que lo regulan, la ineficiencia ocurre cuando el servicio no satisface los presupuestos de diligencia y eficacia que asumen como deber, en tanto que la omisión o ausencia del servicio, se presenta cuando la Administración teniendo el deber legal de prestar la función, no actúa y no presta el servicio.
Bajo el indicado paradigma, el régimen de falla en el servicio se define por la doctrina como subjetivo, porque exige para deducir responsabilidad, que encuentre probada la conducta anormal de la accionada por retardo, irregularidad, ineficiencia u omisión; el daño con características de particular, cierto, determinado y jurídicamente tutelado por el derecho, y el nexo de causalidad eficiente y determinante entre la anomalía y el daño, en tanto que el Estado se exonera probando una de los siguientes eximentes de responsabilidad: (i) el hecho de un tercero, (ii) la culpa exclusiva de la víctima, (iii) el caso fortuito y (iv) la fuerza mayor.
(…)
6.5.2. Análisis del caso y decisión
6.5.2.1.-NO Prospera el recurso de apelación promovido por la activa – Martín López Rangel, Quirsia María Noriega Aviles, Martín Antonio López Noriega, José Eladio López Noriega, Yiced Paola López Noriega, Jackson Carlos López Noriega, Jadins Palomino Noriega, Yader Palomino Noriega, Ronier Palomino Noriega, Teresa Rangel Jamaica y Minerva Aviles Fuentes, advertido primeramente que, en el caso concreto no aplica el régimen objetivo de responsabilidad, contrastado la condición de Soldado Profesional de la víctima directa, GUILLERMO ALFONSO LÓPEZ NORIEGA y consecuencialmente, que encontraba a bordo de aeronave en cumplimiento de las funciones propias, para las que se encontraba preparado como miembro del Batallón de Batallón de combate Terrestre No. 154 adscrito a la Brigada Móvil No 37 e incorporado a operaciones en Batallón de alta Montaña No, 4 General Benjamín Herrera Cortés, con sede en la ciudad de Popayán (Cauca).
Por consiguiente el estudio del caso procede es en tamiz del régimen subjetivo, advertido además, que la activa esgrime como hecho generador del daño, la falla en el proceso de aterrizaje y desembarque y, en consecuencia, era de su cargo probar que tuvo causa en conducta irregular de la accionada.
(…)”. (se destaca)
Luego, resulta evidente que con el escrito de tutela la parte actora está planteando un debate que, si bien, lo expone a partir del título de imputación que considera debió aplicarse, lo hace exponiendo argumentos distintos a los que fueron objeto de análisis en el proceso ordinario, que bien pudo alegar en el recurso de apelación contra el fallo de reparación directa de primera instancia.
Dicho de otro modo, en el recurso de apelación la parte actora cuestionó el título de imputación aplicable por tratarse de una actividad riesgosa en la que se sometió a la víctima a un riesgo mayor porque no era función del soldado profesional la actividad que desplegaba en el momento de los hechos, sumado a la inadecuada maniobra de descenso, pues el piloto de la aeronave no realizó aterrizaje adecuado. A su juicio, la aplicación del título lo fundó en el deber de la entidad de trasladar al soldado profesional sano y salvo, en tanto, un golpe en la cabeza con el aspa del rotor principal de un helicóptero es una situación ajena a las funciones de defensa y combate de los soldados profesionales.
Mientras tanto, en el escrito de tutela, si bien, la parte actora plantea el desconocimiento de los referidos precedentes judiciales en los que se ha aplicado el título de imputación objetivo por riesgo excepcional, lo hace a partir de otro supuesto -tal es el caso de los eventos en que la víctima no era quien tenía la guarda material vehículo o nave, caso en el cual no resultaba aplicable el título de imputación subjetivo de la falla del servicio, sino que era procedente endilgar responsabilidad administrativa y patrimonial al Estado a partir del título de imputación objetivo por riesgo excepcional, porque no debe indemnizarse quien no tiene la guarda del vehículo o aeronave que ocasiona el hecho dañoso-.
Luego, es evidente que el planteamiento que realiza en sede de tutela es diferente al que alegó en el proceso ordinario, a pesar de que, en principio, lo hace a partir del título de imputación que consideró aplicable.
Para que se cumpla con el requisito general de relevancia constitucional, la jurisprudencia de está Corporación ha señalado que su cumplimiento amerita que no se propongan nuevos argumentos, que no fueron expuestos en el proceso ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o modificar los argumentos que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez natural.
Luego, el cargo por desconocimiento del precedente judicial no cumple con el requisito de relevancia constitucional y, por ende, al no cumplir con un requisito general de procedencia, no procede el estudio de fondo, incluidos los argumentos del escrito de impugnación dirigidos a señalar cuáles son los elementos para que se configure dicho defecto.
Como se indicó, por más informal que sea la tutela y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento de los procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad. Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces competentes.
Ahora bien, en lo que concierne al defecto fáctico, la Sala observa que la acción de tutela tampoco cumple con el requisito general de relevancia constitucional, en tanto, la parte actora se limitó a transcribir algunas de las pruebas y el análisis que respecto de ellas llevó a cabo el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, sin señalar argumentos claros que permitan adviertir cuál sería la indebida valoración que conllevó a la vulneración de los derechos invocados.
Únicamente refirió que el informe de 27 de julio de 2015, suscrito por el Capitán Luis Carlos Rincón López estableció que en la operación se había dispuesto un “desembarco aterrado”, lo que significa que el helicóptero debía posarse en tierra, sin embargo, afirma que “el desembarco no se hizo de esa manera, sino aproximadamente a un metro de altura, de la puerta a la tierra, con un mal cálculo de la pendiente del terreno, con una de las llantas de la nave tocando esporádicamente el suelo y la otra el aire, con fuerte flujo de aire, sumado a lo anterior que ya eran las 16:15 horas, esto es casi de noche, todo lo cual indica que la instrucción recibida por el soldado no puede servir de exculpación de la entidad demandada, pues la operación de desembarco excedió los riesgos propios de la actividad peligrosa, la que por lo demás se reitera no tenía bajo su guarda”.
Sin embargo, dichas afirmaciones de la parte demandante no dejan de ser las opiniones que le merece el análisis desplegado por el juez de instancia o lo que, a su juicio, debió concluir el tribunal, sin que tales afirmaciones se encuntren sustentadas y respaldadas en otros elementos probatorios que obraran en el proceso de reparación directa que permitieran llegar a tal conclusión, o por lo menos, no lo sustentó así y, en esa medida, ese argumento no es suficiente para proceder con el estudio del defecto fáctico, mucho menos lo es para infirmar la decisión.
Recuerdese que para el cumplimiento de dicho requisito es necesario que se argumente de manera suficiente y razonable la relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales». Es necesario que el interesado exponga de manera clara las razones por las que considera que la providencia judicial amenaza o vulnera los derechos fundamentales.
Es preciso indicar que la naturaleza excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial, en especial, en punto al requisito general de relevancia constitucional, restringe de manera especial la procedencia de la acción para eventos tales como insistir en los mismos argumentos que fueron debatidos ante los jueces naturales de conocimiento, pero también para hábilitar la procedencia del estudio de argumentos, pruebas o elementos que pudiendo ser alegados o incorporados a los procesos no ocurrió así, como si se tratara de una etapa para subsanar omisiones, errores y, por ende, generar pronunciamientos nuevos y ajenos al objeto de la decisión cuestionada.
Recuérdese que para la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales es necesario, además, que se advierta la vulneración flagrante de derechos constitucionales fundamentales, con el cumplimiento de todos los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente.
En suma, en el presente caso no se encuentra satisfecho el requisito general de relevancia constitucional y, en esa medida, se impone revocar la decisión de primera instancia del 5 de abril de 2021, proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, y, en su lugar, declarar improcedente l aacción de tutela.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta – Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Revocar la decisión de primera instancia del 5 de abril de 2021, proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, objeto de impugnación. En su lugar:
Declarar improcedente la acción de tutela interpuesta por Martín López Rangel y otros.
Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Notificar a las partes por el medio más expedito posible.
Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.
(Con firma electrónica) (Con firma electrónica)
MILTON CHAVES GARCÍA STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente de la Sección
(Con firma electrónica)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
(Con firma electrónica)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ
expediente número: 520012331000200000621.
expediente número: 20001233100020030171201.
Expediente con radicado número: 11001031500020140131201.
Expediente con radicado número: 11001031500020210270900.
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso la acción de tutela, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. De ahí que en esa oportunidad - sentencia de 31 de julio de 2012 - se admita, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente. (Se destaca)
Causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial son: (i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) Que se cumpla con el requisito de la inmediatez; (iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal ésta debe tener un efecto determinante en la sentencia que se impugna y afectar los derechos fundamentales de la parte actora; (v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos que se transgredieron y que tal vulneración hubiere sido alegada en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y, (vi) Que no se trate de sentencias de tutela.
La configuración de una causal especial de procedibilidad, supone que la providencia controvertida haya incurrido en alguno de los siguientes defectos: (i) orgánico; (ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico, (iv) material o sustantivo; (v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente constitucional que establece el alcance de un derecho fundamental y, (viii) violación directa de la Constitución.
Expediente número: 520012331000200000621.
Expediente número: 20001233100020030171201.
Según las cuales «en los daños ocasionados por la materialización de los riegos propios de la actividad peligrosa en la que sufre un menoscabo quien no tiene la guarda material sobre una actividad, la reparación debe ser adoptada bajo el régimen de responsabilidad objetiva cuando no esta probada la falla en el servicio» y, especialmente, cuando el agente que resultó afectado no tenía la guarda de la actividad peligrosa.
Sentencia del 13 de febrero de 1997, reiterada en las sentencias del 7 de septiembre de 2000, 23 de junio de 2010 y sentencia del 27 de noviembre de 2002.
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente dirección electrónica: HYPERLINK "http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador" http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
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