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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2021-00899-00

Fecha
1 de noviembre de 2022
Consejero ponente
Milton Chaves Garcia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2021-00899-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Declarar infundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto por el señor Pedro Nel Ortegón Vergara contra la sentencia del 2 de octubre de 2020, proferida por la Sección Segunda, Subsección B, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado con nro. 76001-23-31-000-2010-01607-01, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: Condenar en costas a la parte recurrente, únicamente por concepto de agencias en derecho, a un (1) salario mínimo legal mensual vigente a la fecha en que se profiere la presente sentencia. TERCERO: En firme esta providencia, devolver al despacho de origen para lo de su cargo.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2021-00899-00

Consejero ponente: Milton Chaves Garcia

1 de noviembre de 2022

Radicado: 11001 03 15 000 2021 00899 00
Demandante: Pedro Nel Ortegón Vergara

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA QUINTA ESPECIAL DE DECISIÓN

Consejero ponente: MILTON CHAVES GARCÍA

Bogotá D.C., primero (1°) de noviembre de dos mil veintidós (2022)

Referencia: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
Radicado: 11001 03 15 000 2021 00899 00
Demandante: PEDRO NEL ORTEGÓN VERGARA
Demandado: EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI - EMCALI EICE E.S.P.
Temas: Recurso extraordinario de revisión. Causal 5 del artículo 250 del
CPACA

Recurso extraordinario de revisión

La Sala decide el recurso extraordinario de revisión interpuesto mediante apoderada
judicial por el señor Pedro Nel Ortegón Vergara contra la sentencia del 2 de octubre
de 2020, proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, que
revocó el fallo del 15 de enero de 2015, del Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca y, como consecuencia, accedió a las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1. Antecedentes administrativos y demanda

El señor Pedro Nel Ortegón Vergara prestó sus servicios a las Empresas Municipales
de Cali – EMCALI, desde el 18 de febrero de 1980 hasta el 2 de mayo de 2001,
sumando un total de 21 años, 2 meses y 14 días. El último cargo que ocupó fue el de
Asistente 906.000, Code 35110000, Dirección Colectores, Embalses y Canales,
Gerencia de Acueducto y Alcantarillado.

Mediante Resolución nro. 001911 del 11 de agosto de 2001, el gerente de recursos
humanos de las Empresas Municipales de Cali - EMCALI EICE E.S.P., reconoció
pensión de jubilación a favor del señor Pedro Nel Ortegón Vergara, con 50 años de
edad, 20 años de servicio, equivalente al 90 % del promedio de salarios del último
año de servicios, en aplicación del artículo transitorio parágrafo 3° de la convención
colectiva de trabajo, 1999 – 2000, celebrada entre el sindicato de trabajadores y la
entidad, el cual establecía:

“ARTÍCULO TRANSITORIO DE JUBILACIÓN: EMCALI EICE ESP. Reconocerá pensión
mensual vitalicia de jubilación al personal de trabajadores oficiales que, al 15 de marzo
de 1999, tenga cumplidos veinte (20) años o más de servicios continuos o discontinuos al
servicio de EMCALI EICE ESP, sin tener en cuenta la edad.”

EMCALI EICE E.S.P. promovió demanda de nulidad y restablecimiento del derecho,
en la modalidad de lesividad, con el fin de que se declarara la nulidad del anterior
acto administrativo, al considerar que el señor Ortegón Vergara no tenía derecho de
pensionarse con base en la convención colectiva, porque el cargo que desempeñaba
era de Asistente, por lo que era un empleado público y no un trabajador oficial.

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Demandante: Pedro Nel Ortegón Vergara

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante sentencia del 15 de enero
de 2015, se inhibió para emitir fallo de fondo, por considerar probada la excepción de
falta de jurisdicción propuesta por la defensa, al determinar que el cargo de Asistente
que desempeñaba el señor Ortegón Vergara al momento de pensionarse
correspondía a la clasificación de trabajador oficial y, en esa medida, le correspondía
al juez ordinario laboral dirimir los litigios surgidos del contrato de trabajo.

EMCALI EICE E.S.P. interpuso recurso de apelación contra la anterior decisión, y
señaló que la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo era la competente para
conocer del asunto porque: (i) en el caso concreto se debatía la legalidad de un acto
administrativo; (ii) en el expediente no existían pruebas que determinaran la
condición de trabajador oficial del señor Ortegón Vergara; y, (iii) conforme con lo
previsto en el artículo 104 del CPACA, en concordancia con el artículo 4 del CST, la
jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conoce los conflictos que se susciten
entre el Estado y sus servidores.

2. Sentencia recurrida en revisión

El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, en sentencia del 2 de
octubre de 2020, revocó el fallo de primera instancia y, en su lugar, declaró la nulidad
parcial de la Resolución 001911 del 9 de agosto de 2001; y como consecuencia,
condenó a EMCALI EICE E.S.P. al reconocimiento y pago de la pensión de jubilación
a favor del señor Pedro Nel Ortegón Vergara, aplicando la Ley 33 de 1985, esto es,
con el 75 % del promedio de los salarios cotizados sobre el IBL regulado en el
artículo 21 de la Ley 100 de 1993, la cual debía actualizarse anualmente con base en
el IPC certificado por el DANE.

Indicó que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca debió efectuar un análisis
de fondo del asunto, pues acorde con la jurisprudencia desarrollada por el Consejo
de Estado, es la materia de la controversia lo que define la jurisdicción competente y
no el estatus jurídico del trabajador. Que en casos con identidad fáctica, se ha
concluido que debe considerarse que: (i) las pretensiones están dirigidas a
determinar cuál era el régimen pensional aplicable a un servidor público, para lo cual
es imprescindible efectuar un estudio de fondo que implica una decisión de mérito;
(ii) que la competencia exclusiva para emitir los juicios de legalidad sobre los actos
administrativos reside en esta jurisdicción; y, (iii) la demanda que dio origen al
proceso es una acción reglada bajo las normas del Código Contencioso
Administrativo, razón por la cual no es procedente que el estudio se adelante por
parte de la jurisdicción ordinaria.

Indicó que el señor Ortegón Vergara trabajó en EMCALI del 18 de febrero de 1980
hasta el 2 de mayo de 2001, siendo su último cargo el de asistente Gerencia
Acueducto y Alcantarillado. Que, en esa medida, la primera etapa de la relación
laboral ostentó la calidad de empleado público, pero desde la transformación de la
entidad en empresa industrial y comercial del Estado – 1° de enero de 1997 -, tuvo la
condición de trabajador oficial, esta última al momento de adquirir el estatus
pensional.
Precisó que, conforme con lo previsto en el artículo 98 de la convención colectiva, el
tiempo requerido para ser acreedor de los beneficios convencionales, debía
acreditarse bajo la condición exclusiva de trabajador oficial, de modo que, para

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Demandante: Pedro Nel Ortegón Vergara

efectos del reconocimiento pensional, solo era posible contabilizar el tiempo laborado
bajo esa condición. Que, en el caso concreto, el señor Ortegón Vergara ostentó el
carácter de trabajador oficial solo por un lapso de 4 años, 4 meses y 1 día, por lo que
no sería beneficiario de la pensión convencional.

Que acorde con las pruebas allegadas al proceso, está probado que, al momento en
que entró en vigencia la Ley 100 de 1993, el señor Ortegón Vergara contaba con
más de 15 años de servicio, lo que lo hace beneficiario del régimen de transición
previsto en el artículo 36 de la referida norma y, por ende, debía pensionarse con los
requisitos de edad, tiempo de servicio y tasa de remplazo de la norma anterior, esto
es, la Ley 33 de 1985.

Refirió que, en el caso concreto, además, son aplicables la regla y subreglas de
interpretación y aplicación del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, desarrolladas por el
Consejo de Estado.

Que en ese orden, EMCALI debió de reconocer la pensión de jubilación del señor
Ortegón Vergara en los términos definidos en la Ley 33 de 1985, cuyo monto
corresponde al 75% (tasa de remplazo), sobre el IBL regulado en el artículo 21 de la
Ley 100 de 1993, porque a la fecha de entrada en vigencia del Sistema General de
Pensiones, en el nivel territorial, le faltaban más de 10 años para adquirir el derecho
(cumplió 55 años de edad el 1° de mayo de 2006), por ello, su ingreso de liquidación
debía ser equivalente al promedio de los salarios cotizados en los últimos 10 años de
servicio.

Precisó que, conforme con la Resolución nro. 0011911 del 9 de agosto de 2001, una
vez reconocida la pensión de jubilación, EMCALI continuaría pagando cotizaciones al
Fondo de Pensiones para los riesgos de invalidez, vejez y muerte hasta cuando el
demandado cumpliera los requisitos de ley para pensionarse por vejez; de modo que,
luego de reconocida tal prestación, la empresa pagaría únicamente el mayor valor si
lo hubiere, entre la pensión otorgada por el Fondo de Pensiones y la que viniere
siendo pagada por EMCALI.

Finalmente, indicó que las sumas percibidas por el recurrente fueron de buena fe, por
lo que no había lugar a ordenar la devolución de lo pagado en exceso.

II. RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN

1. Escrito del recurso extraordinario de revisión

El señor Pedro Nel Ortegón Vergara, el 5 de marzo de 2021, interpuso recurso
extraordinario de revisión contra la sentencia del 2 de octubre de 2020, proferida por
el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, porque consideró que se
encuentra incursa en la causal 5 del artículo 250 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, al ordenar la reliquidación de la
pensión aplicando la Ley 33 de 1985, es decir, con el 75 % del promedio de los
salarios cotizados durante los últimos 10 años de servicio.

Aseguró que son dos los hechos que dan lugar a la configuración de la causal: (i) la
nulidad por falta de jurisdicción, en cuanto se arrogó la Sala de Decisión,
competencia atribuida por ley, de manera expresa a la jurisdicción ordinaria laboral, y

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(ii) la nulidad por quebrantamiento del principio de congruencia que debe tener la
sentencia con la causa petendi y con los hechos aducidos y probados en el proceso.

Frente a la nulidad por falta de jurisdicción, indicó que la Sección Segunda,
Subsección B del Consejo de Estado se arrogó competencias que la ley le ha
atribuido expresamente a la Jurisdicción Ordinaria Laboral, toda vez que, en la
providencia cuestionada, se propuso como premisa que el señor Ortegón Vergara
acreditaba la condición de trabajador oficial, hecho que conllevaba a que se analizara
la jurisdicción competente, acorde con lo previsto en el artículo 2 del Código Procesal
del Trabajo, que le asigna la competencia a la Jurisdicción Ordinaria en sus
especialidades Laboral y Seguridad Social, al establecer que competen a esta
jurisdicción “1° los conflictos que se generan directa o indirectamente en el contrato
de trabajo”.

Que acorde con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la nulidad por falta de
jurisdicción es insubsanable, toda vez que tiene su fundamento en el derecho
fundamental al juez natural, consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política,
en tanto “…que la finalidad perseguida con la garantía de que el asunto sea sometido
a un juez competente, es la de evitar la arbitrariedad del Estado a través de la acción
de jueces que no ofrezcan garantía y materializar el principio de igualdad, a través
del deber de juzgar ante los mismos jueces, sin privilegios ni animadversiones frente
al justiciable. Así “dicho principio opera como un instrumento necesario de la rectitud
en la administración de justicia…”1.

Afirmó que la sentencia acusada aceptó que el señor Ortegón Vergara tenía la
condición de trabajador oficial desde el momento en que EMCALI transformó su
naturaleza jurídica, pasando de establecimiento público a empresa industrial y
comercial del Estado, “lo que per-se desestima las pretensiones de la demanda,
fundadas UNICAMENTE en la afirmación de su condición de empleado público y que
en virtud de tal hecho no podía beneficiarse de la convención colectiva de trabajo”,
como se transcribe de la demanda, y que fundamentó en algunos apartes que cita de
la sentencia.

Indicó que las Subsecciones A y B de la Sección Segunda del Consejo de Estado,
tienen posiciones contradictorias sobre situaciones jurídicas idénticas, esto es, la
jurisdicción competente para dirimir el litigio propuesto por EMCALI contra sus
pensionados, una vez establecida y reconocida de manera expresa en la sentencia
definitiva el carácter de trabajadores oficiales de los demandados, como es el caso
del recurrente, lo cual constituye una desigualdad de trato ante la justicia.

En cuanto a la incongruencia de la sentencia, señaló que, la decisión de disminuir el
monto de la pensión del señor Ortegón Vergara obedeció a la interpretación que se
le dio a la norma convencional, en cuanto a que el tiempo para ser acreedor de los
beneficios de la convención debía acreditarse bajo la condición exclusiva de
trabajador oficial, situación que no había sido objeto de reclamo por parte de
EMCALI, pues en el acto de reconocimiento pensional se limitó a considerar que el
cargo que desempeñaba el demandado, esto es el de asistente, no correspondía a la
clasificación de empleo público.

1
CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-537 de 2016.

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Que, por lo anterior, fue sorpresivo que una vez reconocida la condición de
trabajador oficial del demandado en la sentencia y que había sido negado por la
misma Sala de Decisión al resolver el incidente propuesto por falta de jurisdicción, se
condujera la solución del conflicto a unos hechos y razonamientos jurídicos no
controvertidos dentro del proceso; máxime cuando el precedente jurisprudencial de la
Corte Constitucional y del propio Consejo de Estado es enfático en señalar que la
incongruencia de la sentencia tiene la entidad suficiente para configurar una vía de
hecho.

Indicó que, conforme con lo previsto en el artículo 98 de la Convención Colectiva del
Trabajo, solo se exige que el servidor público tenga la condición de trabajador oficial,
que la norma es tan amplia que, permite sumar tiempos de servicios de diferentes
entidades públicas y no condiciona el beneficio a que la calidad de trabajador oficial
haya persistido durante todo el tiempo objeto de acreditación. Que, en esa medida, la
interpretación dada en la sentencia acusada para declarar la nulidad del acto de
reconocimiento pensional es forzada, no corresponde ni al texto ni a la lógica natural
de la disposición y es agresiva contra el demandado, en cuanto se adopta solo para
desfavorecerlo, violentándose el principio de la interpretación más favorable al
trabajador, previsto en el artículo 53 de la Constitución.

2. Trámite procesal

En auto del 25 de mayo de 2021, se admitió el recurso extraordinario de revisión
interpuesto por el señor Pedro Nel Ortegón Vergara, se ordenaron las notificaciones
de rigor2 y, por secretaría, se requirió al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,
para que remitiera en calidad de préstamo, el expediente dentro del cual se tramitó el
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado número: 76001- 23-
31-000-2010-01607-00.

Mediante auto del 22 de junio de 2022, se tuvieron como pruebas los documentos
aportados con la demanda y la contestación.

3. Contestación al recurso

Las Empresas Municipales de Cali – EMCALI EICE E.S.P. solicitó que no se
revocara la sentencia acusada y se condenara en costas a la parte recurrente,
porque no se configura la causal de nulidad invocada.

Lo anterior, teniendo en cuenta que la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo
es la competente para dirimir el asunto, por cuanto las pretensiones de la demanda
estaban encaminadas a que se declarara la nulidad de un acto administrativo
expedido por la misma EMCALI, en virtud de las atribuciones que le fueron
conferidas habida su condición de entidad pública, por lo que, consideró que la
controversia está sujeta al derecho administrativo, pues la teoría del acto
administrativo y del principio de legalidad, sus causales de nulidad y la acción de
lesividad misma, así como la medida cautelar de suspensión provisional del acto
administrativo, son estructuraciones conceptuales propias y exclusivas de esta rama
del derecho.

2
Se ordenó notificar personalmente, a través de los diferentes canales virtuales, a las Empresas Municipales de
Cali – EMCALI EICE E.S.P., al Ministerio Público y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

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Señaló que la decisión acusada se encuentra ajustada a derecho, pues al señor
Ortegón Vergara no le correspondía pensionarse bajo la convención colectiva de
1999-2000, como se indicó en la demanda y en sus pretensiones. Que, fue acertada
la decisión de declarar la nulidad de la Resolución nro. 001911 de agosto 11 de
2011, expedida por la Gerencia de Recurso Humanos de EMCALI y, en
consecuencia, ordenar el reconocimiento de la pensión de jubilación con base en las
Leyes 33 y 62 de 1985.

4. Concepto del Ministerio Público

El Procurador Tercero Delegado ante el Consejo de Estado rindió concepto y solicitó
que se declare infundado el recurso extraordinario de revisión promovido por el señor
Pedro Nel Ortegón Vergara, por las siguientes razones:

Que no se configura la falta de jurisdicción alegada por el recurrente, por cuanto el
trámite del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, promovido
por EMCALI EICE vs. Pedro Nel Ortegón Vergara apuntó a la legalidad del acto
administrativo contenido en la Resolución No. 001911 de la Gerencia de Recursos
Humanos de la entidad, calendada al 9 de agosto de 2001, por la cual se le
reconoció la pensión de jubilación, esto es, la materia litigiosa encajaba dentro la
previsión del inciso primero del artículo 104 del CPACA.

Indicó que, si bien la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado,
en algunos casos similares, ha considerado la falta de jurisdicción, en otros, la
Subsección B se ha declarado competente y consecuentemente, ha resuelto de
fondo las respectivas controversias, en cuyo caso no surge determinante que exista
en el caso, o no, la falta de jurisdicción, mientras no haya una decisión de unificación
al respecto, lo que descarta una eventual violación al debido proceso, pues, en el
ejercicio de la autonomía judicial cada una de las Subsecciones ha adoptado la
postura que considera del caso.

Por otra parte, señaló que tampoco se dan los presupuestos de incongruencia de la
decisión, pues la sentencia cuestionada se atuvo al régimen legal sustantivo
pensional, tal como lo ordenan los artículos 228 y 230 de la Constitución, y tan así
fue la actividad judicial que su situación se le adecuó a las previsiones de los
empleados públicos con aplicación de la Ley 33 de 1985 y las normas
complementarias.

Que, atendiendo los argumentos del fallo de primera instancia, el análisis no se
enmarcó solamente en la naturaleza de trabajador oficial, sino que abarcó toda la
temática atinente con el derecho discutido, esto es, el reconocimiento de la pensión
de jubilación, para cuyo acceso se deben cumplir con unos mínimos de edad
biológica y de edad laboral.

III. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en el inciso 1 del artículo 249 del CPACA, de los
recursos de revisión contra las sentencias dictadas por las secciones o subsecciones

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del Consejo de Estado, conocerá la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo sin
exclusión de la sección que profirió la decisión.

El Acuerdo 321 del 2 de diciembre de 2014, expedido por la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, reglamentó la integración y
funcionamiento de las Salas Especiales de Decisión de que trata el artículo 107 de la
Ley 1437 de 2011.

Por su parte, el numeral 1 del artículo 29 del Acuerdo 080 de 2019, asigna la
competencia a las Salas Especiales de Decisión de los recursos extraordinarios de
revisión interpuestos contra las sentencias de las Secciones o Subsecciones del
Consejo de Estado.

De acuerdo con lo anterior, a la Sala Quinta Especial de Decisión del Consejo de
Estado le corresponde conocer del recurso extraordinario de revisión interpuesto por
el señor Pedro Nel Ortegón Vergara contra la sentencia del 2 de octubre de 2020,
proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B.

2. Oportunidad del recurso

El recurso extraordinario de revisión se presentó el 5 de marzo de 2021, es decir, en
vigencia del CPACA, por lo que, es procedente revisar el término de interposición,
conforme con lo previsto en el artículo 251 ejusdem, según el cual, el recurso podrá
interponerse dentro del año siguiente a la ejecutoria de la respectiva sentencia3.

Comoquiera que la sentencia que se cuestiona quedó ejecutoriada el 20 de enero de
20214 y el recurso extraordinario de revisión se radicó el 5 de marzo del mismo año,
es claro que la demanda se presentó dentro del término.

3. Legitimación en la causa

Respecto del señor Pedro Nel Ortegón Vergara recae el interés jurídico que se
debate en el sub examine, en tanto que, fue la parte demandada vencida dentro del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho objeto de reproche.

Por su parte, las Empresas Municipales de Cali – EMCALI EICE E.S.P., está
legitimada, pues fue parte demandante en el proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho en el cual se profirió la sentencia que ahora se cuestiona.

La Sala procede a pronunciarse respecto de: (i) la naturaleza y marco legal de la
acción extraordinaria de revisión y, (ii) el alcance y requisitos de la causal 5 del

3
“Artículo 251. Término para interponer el recurso. El recurso podrá interponerse dentro del año siguiente a la
ejecutoria de la respectiva sentencia.
En los casos contemplados en los numerales 3 y 4 del artículo precedente, deberá interponerse el recurso dentro
del año siguiente a la ejecutoria de la sentencia penal que así lo declare.
En el caso del numeral 7, el recurso deberá presentarse dentro del año siguiente a la ocurrencia de los motivos
que dan lugar al recurso.
En los casos previstos en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el recurso deberá presentarse dentro de los cinco
(5) años siguientes a la ejecutoria de la providencia judicial o en los casos de que ella no se requiera, dentro del
mismo término contado a partir del perfeccionamiento del acuerdo transaccional o conciliatorio”.
4
Según consta a folio 453 del cuaderno nro. 1 enviado en préstamo.

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artículo 250 del Código de procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

4. Naturaleza y marco legal del recurso extraordinario de revisión

En los términos del artículo 249 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, el recurso extraordinario de revisión procede contra las
sentencias ejecutoriadas dictadas por las Secciones y Subsecciones de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por los Tribunales
Administrativos y por los jueces administrativos, en los eventos contemplados en el
artículo 250 del CPACA5.

Respecto de la naturaleza del recurso extraordinario de revisión, la Corte
Constitucional lo ubica como una verdadera acción contra decisiones injustas, a fin
de restablecer la justicia material6, en el mismo sentido, la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, a través de la Sala Especial
Número Tres7, explicó que, en general, es un medio de impugnación excepcional
contra la sentencia, que permite el rompimiento del principio de cosa juzgada. Se
propone con el fin de restablecer tanto el imperio de la justicia como la vigencia del
ordenamiento jurídico, que pueden resultar quebrantados por las sentencias injustas.

Dicho recurso, sin embargo, no es el mecanismo para cuestionar la actividad
interpretativa, ni la valoración probatoria del juez, ni para que el afectado con la
sentencia proponga cuestiones que no alegó oportunamente en el proceso originario.
Es un instrumento para discutir y ventilar ciertos hechos procesales externos a la
labor funcional del juez, que pueden llegar a afectar el principio de justicia material.
De ahí que, el ámbito de revisión esté restringido por las causales que el legislador
ha determinado de manera taxativa, causales que, en todo caso, por tratarse de
situaciones excepcionales contra el valor de la cosa juzgada, no admiten
interpretaciones más allá de lo que en buena ley se deduce de su texto.

Las causales de revisión previstas en el artículo 250 CPACA básicamente tienen que
ver con hechos como la falsedad, el fraude, el error, la aparición de documentos

5
“Artículo 250. Causales de revisión. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, son
causales de revisión:
1. Haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales se
hubiera podido proferir una decisión diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor
o caso fortuito o por obra de la parte contraria.
2. Haberse dictado la sentencia con fundamento en documentos falsos o adulterados.
3. Haberse dictado la sentencia con base en dictamen de peritos condenados penalmente por ilícitos cometidos
en su expedición.
4. Haberse dictado sentencia penal que declare que hubo violencia o cohecho en el pronunciamiento de la
sentencia.
5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de
apelación.
6. Aparecer, después de dictada la sentencia a favor de una persona, otra con mejor derecho para reclamar.
7. No tener la persona en cuyo favor se decretó una prestación periódica, al tiempo del reconocimiento, la aptitud
legal necesaria o perder esa aptitud con posterioridad a la sentencia o sobrevenir alguna de las causales legales
para su pérdida.
8. Ser la sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre las partes del proceso en que
aquella fue dictada. Sin embargo, no habrá lugar a revisión si en el segundo proceso se propuso la excepción de
cosa juzgada y fue rechazada”.
6
Sentencia C-418 de 1994.
7
Ver, sentencia del 6 de septiembre de 2016, expediente con radicado número: 11001031500020130199800.
M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas, Sala Especial de Decisión número 3.

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decisivos que hubieren modificado el sentido de la decisión o incluso la violación del
debido proceso. Esas causales, como es apenas obvio, no aluden a errores
sustanciales que puedan derivarse de la falta de aplicación, la aplicación indebida o
la interpretación errónea de una norma sustancial. No es un recurso que proceda por
violación de la ley8.

5. Del alcance y requisitos de la causal quinta: -“(…) 5. Existir nulidad
originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede
recurso de apelación”.

De la lectura del numeral 5 del artículo 250 del CPACA, es posible advertir que para
que se configure la causal, deben concurrir los siguientes requisitos: (i) que la
providencia que es recurrida mediante el recurso extraordinario de revisión ponga fin
al proceso; (ii) que contra esta decisión no proceda el recurso de apelación y, (iii)
que la nulidad alegada haya ocurrido en el momento en que se dictó la sentencia y
no antes9.

Pues bien, por regla general, los motivos de nulidad que afectan la sentencia son
aquellos eventos descritos en el artículo 133 del Código General del Proceso10 –
antes el artículo 140 del Código de Procedimiento Civil – y por violación del artículo
29 de la Constitución Política11, ocurre lo propio en las distintas jurisdicciones12.

Será entonces, en los eventos en los que algunas de las circunstancias descritas en
la precitada norma se configuren en el momento procesal de la expedición de la

8
Ibídem.
9
Recuérdese, que de conformidad con el parágrafo del artículo 133 del Código General del Proceso, las demás
irregularidades del proceso que no se impugnan oportunamente por los mecanismos que establece el código se
tendrán por subsanadas.
10
La comprensión del artículo 133 del Código General del Proceso permite advertir que las causales de nulidad
tienen que ver básicamente con sucesos del siguiente orden:
1. Que el juez actúe en el proceso después de declarar la falta de jurisdicción o de competencia.
2. Que el juez proceda contra providencia ejecutoriada del superior, reviva un proceso legalmente concluido o
pretermita íntegramente la respectiva instancia.
3. Que se adelante después de ocurrida cualquiera de las causales legales de interrupción o de suspensión, o si,
en estos casos, se reanude antes de la oportunidad debida.
4. Cuando es indebida la representación de alguna de las partes, o cuando quien actúa como su apoderado
judicial carece íntegramente de poder.
5. Cuando se omiten las oportunidades para solicitar, decretar o practicar pruebas, o cuando se omite la práctica
de una prueba que de acuerdo con la ley sea obligatoria.
6. Cuando se omita la oportunidad para alegar de conclusión o para sustentar un recurso o descorrer su traslado.
7. Cuando la sentencia se profiera por un juez distinto del que escuchó los alegatos de conclusión o la
sustentación del recurso de apelación.
8. Cuando no se practica en legal forma la notificación del auto admisorio de la demanda a personas
determinadas, o el emplazamiento de las demás personas aunque sean indeterminadas, que deban ser citadas
como partes, o de aquellas que deban suceder en el proceso a cualquiera de las partes, cuando la ley así lo
ordena, o no se cita en debida forma al Ministerio Público o a cualquier otra persona o entidad que de acuerdo
con la ley debió ser citado.
11
la Corte Constitucional en las sentencias C-491 de 1995, C-217 de 1996 y C-739 de 2001 precisó que la
nulidad originada en la sentencia no se restringe a las causales que prevé el Código General del Proceso – antes
Código de Procedimiento Civil-, que, adicionalmente, puede derivar de la violación al debido proceso establecido
en el artículo 29 de la Constitución Política.
12
La jurisdicción civil [Artículos 379 y siguientes del Código de Procedimiento Civil.], la jurisdicción penal
[Artículos 192 y siguientes de la Ley 906 de 2004 Código de Procedimiento Penal], la jurisdicción ordinaria laboral
[Artículo 62 y siguientes del Código de Procedimiento Laboral] y la jurisdicción de lo contencioso administrativo
[artículo 250 y siguientes del Código de lo Contencioso Administrativo y de Procedimiento Administrativo].

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Radicado: 11001 03 15 000 2021 00899 00
Demandante: Pedro Nel Ortegón Vergara

sentencia que se habilita el recurso extraordinario de revisión13, pues recuérdese, que
de conformidad con el parágrafo del artículo 133 del Código General del Proceso, las
demás irregularidades del proceso que no se impugnan oportunamente se tendrán
por subsanadas y que, en los términos del inciso final del artículo 135 ejusdem, será
rechazada de plano toda solicitud de nulidad que se funde en hechos que se
propongan después de saneada la nulidad, sin perjuicio de las nulidades insaneables
que describe el parágrafo del artículo 136 de la misma norma.

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de mayo de
2011, en el expediente con radicado número: 11001-03-15-000-2008-00294-00,
identificó algunos eventos es los que se predica la existencia de la nulidad originada
en la sentencia, en los siguientes términos:

“En síntesis, la nulidad que tiene origen en la sentencia se presenta por i) falta de
jurisdicción o competencia, ii) cuando se dicta nueva sentencia en proceso terminado
normalmente por sentencia firme, iii) cuando sin más actuación se dicta sentencia
después de ejecutoriado el auto por el cual hubiera sido aceptado el desistimiento,
aprobada la transacción o declarada la perención del proceso, iv) cuando se dicta
sentencia como única actuación, sin el previo trámite correspondiente, v) cuando se
condena al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la
demanda o por causa diferente de la invocada en ésta, vi) cuando se condena a quien no
ha sido parte en el proceso, vii) o cuando, sin más actuación, se profiere sentencia
después de ocurrida cualquiera de las causas legales de interrupción o de suspensión o,
en estos casos, antes de la oportunidad debida, viii) cuando la sentencia aparece firmada
con mayor o menor número de magistrados, o adoptada con un número de votos diverso
14
al previsto en la ley, ix) cuando la providencia carece completamente de motivación[ ]”.

Aunado a lo anterior, esta Corporación ha previsto que la causal de nulidad originada
en la sentencia también comprende la violación al principio de congruencia, así:

“Ahora bien, la causal quinta del artículo 250 del CPACA también comprende la violación
del principio de congruencia cuando al accionado es condenado por cantidad superior, o
por objeto distinto del pretendido en la demanda o por causa diferente a la invocada en
ésta; también se configura en el evento que la sentencia no se pronuncie sobre todos los
15
puntos litigiosos objeto del debate (cifra petita)”

Se resalta que la Sala Plena de esta Corporación dio un nuevo alcance a la referida
causal, en lo que concierte al derecho al debido proceso. En sentencia de unificación
del 8 de mayo de 2018, proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado, en el
expediente con radicado número: 11001-03-15-000-1998-00153-0116, se refirió
13
Salvo algunos eventos en los que, a pesar de presentarse en un momento previo a la emisión del fallo, no pudo
ser advertida por el afectado, caso en el cual el interesado tiene la carga de probar que no tuvo la oportunidad de
proponer la nulidad o alegar el vicio oportunamente. De lo contrario, la causal de revisión en cuestión se
convertiría en una anormal oportunidad para que las partes subsanen las omisiones del proceso ordinario y
aleguen nulidades o errores procesales que debieron proponer dentro del término oportuno. Al respecto, ver
sentencias del 3 de diciembre de 2019, expediente con radicado número: 11001-03-15-000-2018-01235-00 y del
3 de diciembre de 2019, expediente con radicado número: 11001-03-15-000-20120-00643-00.
14
Al respecto, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia del 20 de octubre
de 2009, dentro del expediente con radicado número: 2003-00133-00, señaló que la nulidad originada en la
sentencia por ausencia de motivación, se presenta solamente ante la carencia total de pronunciamiento del
juez sobre las razones de hecho o de derecho que le permiten arribar a una decisión.
15
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 7 de septiembre de 2018, Rad. REV 2014-
00440-00.
16
En esa oportunidad, la Sala Plena estableció que se configura la nulidad originada en la sentencia i) cuando se
presenta alguno de los hechos enlistados en el artículo 140 del C. P. C, vigente para la época en que se dictó el
fallo de segunda instancia, objeto del recurso de revisión, [actualmente artículo 133 del Código General del

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Radicado: 11001 03 15 000 2021 00899 00
Demandante: Pedro Nel Ortegón Vergara

ampliamente al derecho a la tutela judicial efectiva o recurso judicial efectivo y
consideró que el recurso de revisión y las causales que dan lugar a su solicitud,
constituyen un mecanismo judicial destinado a la protección de derechos
fundamentales como el de acceso a la justicia y el debido proceso, es decir, es
un instrumento o medio de control adicional que el legislador diseñó para la
protección de esos derechos fundamentales y, por tanto, hacen parte del haz de
acciones para la satisfacción plena del derecho fundamental a la tutela judicial
efectiva17.

Al respecto, precisó que toda persona tiene derecho al debido proceso y, por tal
razón, a que los procesos judiciales sean resueltos de fondo cuando el cumplimiento
de los presupuestos procesales así lo permita, pues de lo contrario, iría en
detrimento no solo del derecho al debido proceso, sino del derecho de acceso a una
real y efectiva administración de justicia, dado que la no resolución de las
controversias judiciales, fundada en motivos caprichosos, equivale a una falta de
tutela judicial efectiva y, en forma genérica a una vulneración al debido proceso.

Por tal razón, la Sala concluyó, que también hay una vulneración del derecho
fundamental al debido proceso, artículo 29 Constitucional, cuando una autoridad
judicial dicte sin fundamento válido, razonable, una sentencia inhibitoria, por
considerarla una clara denegación de justicia.

Al tiempo, estableció que, en adelante, «los eventos definidos tradicionalmente por la
jurisprudencia de esta Corporación como constitutivos de nulidades originadas en
sentencia, no son taxativos».

En ese sentido, en aras de hacer efectivos los derechos a la tutela judicial efectiva, al
acceso a la administración de justicia y al debido proceso, estableció como subregla
jurisprudencial: es deber del juez decidir de fondo los litigios cuando las circunstancias así
se lo permitan, lo que significa que la violación a tales preceptos cuando se expide un fallo
inhibitorio injustificado también configura la causal de revisión alegada.

Finalmente, se precisa que esta causal no procede para controvertir las razones del
fallo ni para corregir los errores de apreciación de los hechos y de las pruebas, en
que, a juicio del recurrente, hubiera incurrido el fallador. Un entendimiento distinto
equivaldría a convertir el recurso en un juicio en que se discutirían nuevamente los
hechos, ya dilucidados con fuerza de cosa juzgada18. En los términos de la sentencia
del 11 de octubre de 200519, “no se trata de controvertir la corrección o incorrección del
juzgamiento, ni de corregir los errores de apreciación de los hechos y de las pruebas, en que
a juicio del recurrente hubiera podido incurrir el fallador, pues eso equivaldría a convertir el
recurso en un juicio contra el fondo de la sentencia, discutiendo nuevamente los hechos, ya

Proceso] y ii) por desconocimiento del artículo 29 de la Carta Política, como expresamente lo reconoció esta
Corporación en la sentencia de 7 de febrero de 2006, expediente REV-00150 y la Corte Constitucional en la
Sentencia C-739 de 2001 y entró a determinar si un fallo inhibitorio no justificado, es causal de nulidad
constitucional por violación de los derechos fundamentales al acceso a la administración de justicia y a una tutela
judicial efectiva.
17
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 21 de junio de 2012, Rad. 11001-03-15-000-2012-00676-00.
18
Sentencias del 16 de agosto de 2018, expediente con radicado número: 23001-33-31-003-2007-00107-01
[47300], Sección Tercera, Subsección C del Consejo de Estado, M.P. Guillermo Sánchez Luque Consejo de
Estado, que reitera la sentencia del 11 de octubre de 2005, Rad. 00794-00 de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo.
19
Expediente con radicado número: 11001-03-15-000-2003-00794-01 M.P. Ligia López Díaz, Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo.

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Radicado: 11001 03 15 000 2021 00899 00
Demandante: Pedro Nel Ortegón Vergara

dilucidados con fuerza de cosa juzgada; sino de la inobservancia de las reglas propias de la
sentencia, que vician su validez”.

6. Planteamiento del problema jurídico

En los términos del recurso, a la Sala le corresponde estudiar si la sentencia
proferida el 2 de octubre de 2020, por el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado
con número 76001-23-31-000-2010-01607-01, está incursa en la causal de revisión
prevista en el numeral 5 del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011.

Para lo anterior, la Sala establecerá si los argumentos planteados por la parte
recurrente se enmarcan dentro de los presupuestos para alegar la causal invocada.

7. De la solución al problema jurídico planteado

El señor Pedro Nel Ortegón Vergara pidió que se dejara sin efecto la sentencia del 2
de octubre de 2020, proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B, que revocó el fallo del 15 de enero de 2015, del Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca y, como consecuencia, ordenó la reliquidación de
la pensión de jubilación aplicando la Ley 33 de 1985, con el 75 % del promedio de los
salarios cotizados durante los últimos 10 años de servicio.

La petición del señor Ortegón Vergara se funda en que, la sentencia cuestionada se
encuentra incursa en la causal 5 del artículo 250 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, porque se configuró la nulidad por
falta de jurisdicción, en cuanto la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de
Estado se arrogó una competencia atribuida por ley, de manera expresa a la
Jurisdicción Ordinaria Laboral, y nulidad por quebrantamiento del principio de
congruencia que debe tener la sentencia con la causa petendi y con los hechos
aducidos y probados en el proceso.

En cuanto a la falta de competencia, se advierte que, en la sentencia acusada al
estudiar el caso concreto, se hizo un acápite denominado “De la competencia de la
jurisdicción contencioso administrativa”, en el cual concluyó que el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca debió efectuar un estudio de fondo de las
pretensiones de la demanda, con los siguientes argumentos:

“El señor Pedro Nel Ortegón manifestó en la contestación de la demanda que tenía la
calidad de trabajador oficial, razón por la cual esta jurisdicción carece de competencia
para conocer del fondo de la controversia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
2 del Decreto-ley 2158 de 1948, Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social,
modificado por el artículo 2 de la Ley 712 de 2001, el cual dispone lo siguiente:

“La Jurisdicción Ordinaria, en sus especialidades laboral y de seguridad social conoce de:
1. Los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente en el contrato de
trabajo.
(…)
4. Las controversias relativas a la prestación de los servicios de la seguridad social que
se susciten entre los afiliados, beneficiarios o usuarios, los empleadores y las entidades
administradoras o prestadoras, salvo los de responsabilidad médica y los relacionados
con contratos”.

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Radicado: 11001 03 15 000 2021 00899 00
Demandante: Pedro Nel Ortegón Vergara

Por su parte, el numeral 3º, del artículo 1 del Decreto 1848 de 1969 señala que los
trabajadores oficiales son aquellos servidores públicos que están vinculados mediante
una relación contractual laboral. Esto, en consonancia con lo previsto en el artículo 132
del C.C.A20, permitiría concluir que, en principio, la jurisdicción contencioso administrativa
no es competente para conocer de la presente controversia.

No obstante, la Sala en casos con similitud fáctica al presente, ha aplicado un criterio
interpretativo según el cual la competencia de la jurisdicción no se determina
exclusivamente con base en el tipo de vinculación del servidor público. La tesis de la Sala
explica que también es necesario considerar i) que las pretensiones estén dirigidas a
determinar cuál era el régimen pensional aplicable a un servidor público, para lo cual es
imprescindible efectuar un estudio de fondo que implica una decisión de mérito; ii) que la
competencia exclusiva para emitir juicios de legalidad sobre actos administrativos reside
en esta jurisdicción21; y iii) que la demanda que dio origen al proceso es una acción
reglada bajo las normas del Código Contencioso Administrativo, razón por la cual no es
procedente que el estudio se adelante por parte de la jurisdicción ordinaria: (…)”

De lo anterior, se evidencia que el ad quem resolvió el cargo del recurso de
apelación, sobre la falta de jurisdicción y concluyó que el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho promovido por EMCALI tiene como finalidad que se
dejen sin efecto actos administrativos proferidos por dicha entidad, en consecuencia,
la jurisdicción y competencia de la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de
Estado, estaría reafirmada.

Se debe puntualizar que, en algunas oportunidades la Sección Segunda del Consejo
de Estado decretó la falta de jurisdicción dentro de los procesos de nulidad y
restablecimiento del derecho promovidos por EMCALI, cuando los beneficiarios de la
pensión discutida eran trabajadores oficiales. Sin embargo, actualmente, la postura
es unificada en las dos Subsecciones, en el sentido de considerar que la Jurisdicción
de lo Contencioso Administrativo sí puede conocer estos casos por tratarse de una
acción de lesividad. En este sentido puede consultarse las sentencias del 14 de julio
de 2022 (radicado 85001-23-33-000-2017-00240-01; número interno 6476-2019) y
del 15 de septiembre de 2022 (radicado 76001-23-31-000-2010- 01241-00, número
interno 3415-2020)22, proferidas por la Subsección A, Sección Segunda de la
Corporación.

20
De conformidad con los artículos 132 y 134-B del Decreto 01 de 1984, los jueces y tribunales administrativos
son competentes para tramitar los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral que no
provengan de un contrato de trabajo, en los cuales se controviertan actos administrativos de cualquier autoridad,
los cuales se asignarán según la cuantía.
21
Artículo 82 del Decreto 01 de 1984: “La jurisdicción de lo contencioso administrativo está instituida para juzgar
las controversias y litigios administrativos originados en la actividad de las entidades públicas y de las personas
privadas que desempeñen funciones propias de los distintos órganos del Estado. Se ejerce por el Consejo de
Estado, los tribunales administrativos y los juzgados administrativos de conformidad con la constitución y la ley.
22
En ella se lee lo siguiente: […] En relación con la competencia para conocer de los procesos de nulidad y
restablecimiento del derecho contra un acto propio, la Corte Constitucional a través de Auto 316 de 2021, en el
cual analizó el conflicto negativo de competencias entre la jurisdicción de lo contencioso administrativo y ordinaria
laboral, al advertir que el causante del beneficio pensional era trabajador privado y sus aportes no
correspondieron en ningún momento a un vínculo laboral con el Estado, indicó lo siguiente: «[…] 8.6. Regla de
Decisión. Por lo expuesto, la Corte Constitucional precisa que cuando la administración demanda un acto de su
propia autoría, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, el estudio del asunto será
competencia de la jurisdicción contencioso administrativa, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97 y
104 de la Ley 1437 de 2011.». (Negrillas del texto original). Dicha tesis fue reiterada por el Alto Tribunal
Constitucional por medio del Auto 385 de 2021, en el cual sostuvo:
«[…] 16. Segundo, los artículos 97 y 104 del CPACA disponen que la jurisdicción de lo contencioso
administrativo tiene la competencia exclusiva para conocer todas las acciones de lesividad contra actos
administrativos que estén “sujetos al derecho administrativo”, con independencia de la materia sobre la que
estos actos versen. Esto es así, dado que por medio de la acción de lesividad se debaten “intereses propios de la
administración”, los cuales deben ser resueltos por el juez administrativo. 17. Tercero, la acción de lesividad “no

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13

Radicado: 11001 03 15 000 2021 00899 00
Demandante: Pedro Nel Ortegón Vergara

En este punto, conviene destacar que el Consejo Superior de la Judicatura al
resolver conflictos de jurisdicción, donde se discuten asuntos similares al
cuestionado, indicó:

“Debe precisarse que existe un precedente en materia de la competencia para conocer
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en acción de lesividad
contra actos administrativos que reconocen pensiones, en el cual se ha sostenido lo
siguiente:

“…la competente para conocer de la diligencia referenciada es la Jurisdicción
Contencioso Administrativa en tanto que la acción de lesividad posee las
siguientes características especiales: 1. Hace parte de una habilitación especial
y legal. 2. Refiere solo para sujetos determinados como son las autoridades
administrativas. 3. Se trata de impugnar actos administrativos,
independientemente que sean creadores o no de situaciones particulares. 4. No
existe en el Código Procesal del Trabajo, una habilitación de tal envergadura
23 24
para un empleador…” ”

En igual sentido, la Corte Constitucional al dirimir conflictos de jurisdicción, ha
referido que, la competencia para conocer demandas de nulidad y restablecimiento
del derecho que interpone la administración en contra de un acto propio relativo a la
seguridad social es de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, así:

“Regla de decisión. De la jurisprudencia transcrita, particularmente, del Auto 316 de 2021,
la Sala Plena extrae la siguiente regla de decisión para el presente caso: los artículos 97
y 104 del CPACA prevén una cláusula especial de competencia, por virtud de la cual la
jurisdicción de lo contencioso administrativo tiene la competencia exclusiva para conocer
las demandas que la administración interpone contra actos administrativos propios,
incluidos los que versan sobre asuntos laborales o de la seguridad social. Los jueces
25
laborales carecen de competencia para conocer este tipo de demandas.”

tiene una naturaleza autónoma, lo que implica que para ejercerla se debe acudir a las acciones contenciosas de
simple nulidad o de nulidad y restablecimiento del derecho”. La competencia para conocer de las acciones de
nulidad y restablecimiento del derecho es de la jurisdicción de lo contencioso administrativo (art. 138 del CPACA).
Regla de decisión. De la jurisprudencia transcrita, particularmente, del Auto 316 de 2021, la Sala Plena extrae la
siguiente regla de decisión para el presente caso: los artículos 97 y 104 del CPACA prevén una cláusula especial
de competencia, por virtud de la cual la jurisdicción de lo contencioso administrativo tiene la competencia
exclusiva para conocer las demandas que la administración interpone contra actos administrativos
propios, incluidos los que versan sobre asuntos laborales o de la seguridad social. Los jueces laborales carecen
de competencia para conocer este tipo de demandas.». (Cursivas conforme a la transcripción, resaltado de la
Sala). Finalmente, la Corte Constitucional por medio de Auto 1169 de 20211 , dirimió un conflicto de competencia
entre las jurisdicciones de lo contencioso administrativo y ordinaria laboral, en el marco de un asunto en el que se
discutía el reconocimiento de la pensión de una trabajadora oficial. Para resolver aquel conflicto, replicó lo
sostenido en el Auto 316 de la citada anualidad. Por otra parte, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo
Superior de la Judicatura, en auto del 20 de febrero de 20201 , precisó que en los casos en que la administración
demanda sus propios actos a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, la
competencia para desatar la controversia corresponde a la jurisdicción de lo contencioso administrativo […] En
consecuencia, sin perjuicio de la naturaleza del vínculo que ostentó la demandada con EMCALI EICE ESP, se
colige que esta jurisdicción sí es competente para conocer del asunto, en la medida en que la administración
presentó la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho de la referencia, contra su propio acto
administrativo, pretendiendo que se estudie en el fondo del asunto si a la accionada se le reconoció una pensión
convencional sin tener derecho a ello […]» (subraya fuera del texto original).
23
Providencia de 18 de agosto de 2017 M.P. Julia Emma Garzón de Gómez. Expediente
110010102000201602588. Ver en el mismo sentido Providencia de 12 de febrero de 2018. M.P. Julia Emma
Garzón de Gómez. Expediente 110010102000201703283 / Providencia de 18 de agosto de 2017. M.P. Pedro
Alonso Sanabria Buitrago. Expediente 110010102000201700447
24
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA. Providencia del 20
de febrero de 2020, exp. nro. 110010102000202000200 00, M.P. Dr. Alejandro Meza Cardales.
25
CORTE CONSTITUCIONAL. Auto 385 del 15 de julio de 2021, M.P. Dra. Paola Andrea Meneses Mosquera.

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Radicado: 11001 03 15 000 2021 00899 00
Demandante: Pedro Nel Ortegón Vergara

En esa medida, se advierte que la decisión de la Sección Segunda, Subsección B del
Consejo de Estado fue acertada al determinar que la Jurisdicción que conoce del
asunto es la Contencioso Administrativa, toda vez que se trataba de resolver la
acción de nulidad y restablecimiento del derecho, en la modalidad de lesividad, que
EMCALI promovió contra sus propios actos administrativos, argumentos que para la
Sala son razonables y no merecen reparo.

Por otra parte, en lo referente a la incongruencia de la sentencia, la Sala advierte que
no cumple el presupuesto de procedibilidad de la causal invocada, toda vez que la
pretensión de la parte recurrente es reabrir el debate que ya se dio ante el juez
natural de la causa, como si el recurso extraordinario de revisión constituyera una
tercera instancia, por lo siguiente:

En el caso que se analiza, la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de
Estado, fijó como problema jurídico que, “(…) corresponderá estudiar si el señor
Pedro Nel Ortegón Vergara tiene derecho a que EMCALI ESP le reconozca una
pensión de jubilación con fundamento en la convención colectiva de trabajo 1999-
2000, suscrita entre dicha entidad y SINTRAEMCALI. (…) En caso de determinarse
que no tiene derecho a ello, deberá establecerse si el accionado es beneficiario del
régimen de transición previsto en la Ley 100 de 1993 y si, en consecuencia, puede
reconocérsele una pensión de jubilación en aplicación de la Ley 33 de 1985.”

Para resolver el problema jurídico, hizo referencia a la naturaleza jurídica de EMCALI
y su transformación, posteriormente se pronunció sobre la vinculación del señor
Pedro Nel Ortegón Vergara y concluyó que:

“(…)
Conforme lo expuesto, se considera que el señor Ortegón Vergara prestó sus servicios a
EMCALI en calidad de empleado público del 18 de febrero de 1980 al 31 de diciembre de
1996, mientras aquélla tuvo la naturaleza jurídica de establecimiento público; sin embargo
al haberse transformado a empresa industrial y comercial de Estado, a partir del 1 de
enero de 1997, desde ese momento y hasta el 2 de mayo de 2001, el accionado ostentó
el carácter de trabajador oficial.

(…)
A simple vista, tal disposición pudo haber sido en realidad el fundamento de la pensión de
jubilación otorgada por EMCALI a favor del accionado, pues éste acreditaba más de 50
años de edad y más de los 20 años de servicio exigidos al 9 de agosto de 2001 (fecha en
la que se reconoció la pensión en el acto demandado), sin embargo, se aclara que el
período requerido para ser acreedor de los beneficios convencionales, conforme lo
señaló el artículo 98 de la convención colectiva, debían acreditarse bajo la condición
exclusiva de trabajador oficial, de modo que para efectos del reconocimiento pensional,
solo era posible contabilizar el tiempo laborado bajo esa condición.

(…)
De acuerdo con lo anterior, teniendo en cuenta que el señor Ortegón Vergara ostentó el
carácter de trabajador oficial solo por el lapso de 4 años, 4 meses y 1 día (del 1 de enero
de 1997 al 2 de mayo de 2001), se estima que tampoco tenía derecho al reconocimiento
de una pensión de jubilación en los términos previstos en el artículo 98 de la convención
colectiva de trabajo 1999-2000 suscrita por EMCALI y SINTRAEMCALI.

(…)
Según lo probado en el proceso, es indiscutible que el señor Pedro Nel Ortegón Vergara
es beneficiario del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993,
porque a la fecha de entrada en vigencia del sistema general de pensiones (30 de junio

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Radicado: 11001 03 15 000 2021 00899 00
Demandante: Pedro Nel Ortegón Vergara

de 1995 para entidades del orden territorial) contaba con más de 15 años de servicio,
pues según el acto de reconocimiento de la pensión convencional ingresó a laborar al
servicio de EMCALI el 18 de febrero de 1980, por ello se entiende que cumplió el referido
tiempo de servicio el 18 de febrero de 1995. En este sentido, como trabajó durante más
de 20 años como empleado oficial, para el reconocimiento de su pensión, se aplican las
reglas de la Ley 33 de 1985, en cuanto a edad, tiempo de servicios y tasa de remplazo.

(…)
En este orden de ideas, se precisa que EMCALI EICE ESP debió reconocer la pensión de
jubilación del señor Pedro Nel Ortegón Vergara en los términos definidos en la Ley 33 de
1985, cuyo monto corresponde al 75% (tasa de remplazo), sobre el IBL regulado en el
artículo 21 de la Ley 100 de 1993 porque a la fecha de entrada en vigencia del Sistema
General de Pensiones, en el nivel territorial, le faltaban más de diez años para adquirir el
derecho (cumplió 55 años de edad el 1 de mayo de 2006), por ello, su ingreso de
liquidación equivale “promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el
afiliado durante los diez (10) años anteriores al reconocimiento de la pensión (…)
actualizados anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor,
según certificación que expida el DANE”. (…)”

Luego, la Sección Segunda, Subsección B determinó con claridad la razón por la
cual al señor Pedro Nel Ortegón Vergara no le era aplicable la convención colectiva
de EMCALI y, en consecuencia, su pensión debía reliquidarse acorde con la Ley 33
de 1985, al ser beneficiario del régimen de transición previsto en la Ley 100 de 1993.

El recurrente señaló que, en el proceso ordinario, la demanda de EMCALI se dirigió a
argumentar únicamente que el señor Pedro Nel Ortegón no tenía derecho a la
aplicación de la convención colectiva porque era empleado público, mientras que la
sentencia se extralimitó al considerar que, aunque sí tenía derecho a que se le
aplicara la convención colectiva, porque era trabajador oficial, no reunía los requisitos
para acceder a la pensión establecida en dicho instrumento normativo.

Al respecto, se debe precisar que, las pretensiones del medio de control estaban
dirigidas a desvirtuar el derecho a que el entonces demandado fuese beneficiario de
la pensión en los términos del artículo 98 de la convención colectiva de trabajo 1999-
2000 suscrita por EMCALI y SINTRAEMCALI; de manera que lo resuelto por el ad
quem no supone un exceso en la competencia del juzgador.

Para la Sala, la decisión es congruente, toda vez que se tuvieron en cuenta los
argumentos de la demanda, la contestación y el recurso de apelación presentado por
EMCALI contra la sentencia del 15 de enero de 2015, proferida por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca. Además, es razonable que el ad quem se
ocupara de determinar cuál era el régimen pensional aplicable al señor Ortegón
Vergara, sin que eso desconociera la congruencia de la sentencia, como lo sugiere el
recurrente.

Recuérdese que el recurso extraordinario de revisión no está dado para insistir en
argumentos que fueron analizados y despachados desfavorablemente por los jueces
de instancia.

Tal y como se indicó en párrafos anteriores el recurso de revisión es de naturaleza
extraordinaria, por lo tanto, no es el mecanismo idóneo para solicitar que se
pronuncien sobre argumentos expuestos en el recurso de apelación, pues para ello
está prevista la solicitud de aclaración y/o adición de una providencia.

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Radicado: 11001 03 15 000 2021 00899 00
Demandante: Pedro Nel Ortegón Vergara

En todo caso, la Sala Especial advierte que los puntos objeto de apelación fueron
resueltos, pues el problema se centraba en determinar si en atención a la naturaleza
de la vinculación laboral del señor Pedro Nel Ortegón Vergara, resultaba acorde con
el ordenamiento jurídico el reconocimiento de la pensión de jubilación en virtud de la
convención colectiva celebrada entre EMCALI y el sindicato de sus trabajadores o, si
le era aplicable la Ley 33 de 1985.

Luego, de ninguna manera las afirmaciones en que el recurrente basó el recurso
extraordinario de revisión pueden ser entendidas como verdaderos argumentos que
se enmarquen dentro de los requisitos de la causal invocada, pues, como se vio, no
cumple con alguno de los presupuestos fácticos que la jurisprudencia de esta
Corporación ha determinado para la procedencia del mismo.

En suma, los cargos no prosperan y, en consecuencia, se impone declarar infundado
el recurso extraordinario de revisión interpuesto por el señor Pedro Nel Ortegón
Vergara, contra la sentencia del 2 de octubre de 2020, proferida por el Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección B.

Condena en costas

Lo primero que debe señalarse es que el artículo 255 de la Ley 1437 de 2011, fue
modificado por el artículo 70 de la Ley 2080 de 2021, para prever que “Si se declara
infundado el recurso, se condenará en costas y perjuicios al recurrente”.

Sin embargo, el numeral cuarto del artículo 86 de la referida Ley 2080 de 2021, al
referirse sobre su vigencia, precisó “en estos mismos procesos, los recursos interpuestos,
la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los
términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que
se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se
decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los
términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones.”

Teniendo en cuenta que, en el caso concreto, el recurso extraordinario de revisión se
interpuso en vigencia de la Ley 2080 de 2021 – 5 de marzo de 2021-, es aplicable al
presente asunto la modificación introducida por el artículo 255 del CPACA.

Acorde con lo anterior, en el presente caso procede la condena en costas, teniendo
en cuenta que la causal alegada en el recurso extraordinario de revisión no tiene
vocación de prosperidad y por tanto se declarará infundado.

Como está probada la intervención de Las Empresas Municipales de Cali – EMCALI
EICE E.S.P., con el escrito de oposición del recurso, en cumplimiento del numeral 4
del artículo 366 del Código General del Proceso, se condenará en costas por
concepto de agencias en derecho, en suma equivalente a un (1) salario mínimo legal
mensual vigente a la fecha en que se profiere esta sentencia, atendiendo los criterios
y tarifas establecidos por el numeral 9 del artículo 5 del Acuerdo número PSSAA16-
10554 de 2016 proferido por el Consejo Superior de la Judicatura26. Lo anterior,
teniendo en cuenta, la naturaleza, calidad y duración de la gestión desplegada por el

26
“Por el cual se establecen las tarifas de agencias en derecho”

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Radicado: 11001 03 15 000 2021 00899 00
Demandante: Pedro Nel Ortegón Vergara

apoderado de la demandada en el trámite del recurso de revisión, la cual se
evidencia en el plenario.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sala Quinta Especial de Decisión, administrando justicia, en nombre
de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: Declarar infundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto por
el señor Pedro Nel Ortegón Vergara contra la sentencia del 2 de octubre de 2020,
proferida por la Sección Segunda, Subsección B, dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho radicado con nro. 76001-23-31-000-2010-01607-01, por
las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Condenar en costas a la parte recurrente, únicamente por concepto de
agencias en derecho, a un (1) salario mínimo legal mensual vigente a la fecha en que
se profiere la presente sentencia.

TERCERO: En firme esta providencia, devolver al despacho de origen para lo de su
cargo.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en la sesión de la fecha.

Aclara parcialmente voto
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILLIAM HERNANDEZ GÓMEZ
Presidente de la Sala

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
ROCÍO ARAÚJO OÑATE NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

(Firmado electrónicamente)
NICOLÁS YEPES CORRALES

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