RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2021-01051-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2021-01051-01

Acción de tutela contra providencia judicial

Fecha
16 de julio de 2021
Consejero ponente
Jaime Enrique Rodríguez Navas

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2021-01051-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 6 de mayo de 2021, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, y en su lugar, DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud sobre todos los cargos. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: REMITIR la presente providencia a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2021-01051-01

Consejero ponente: Jaime Enrique Rodríguez Navas

16 de julio de 2021

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / AUSENCIA DE REQUISITOS DE PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL POR FALTA DE SUFICIENCIA Y EXPOSICIÓN DE LOS HECHOS Y ARGUMENTOS QUE SOPORTAN LA AFECTACIÓN IUSFUNDAMENTAL / ARGUMENTO DE LA ACCIÓN DE TUTELA – No expone un error en la providencia o que la misma incurriera en alguno de los defectos que ha desarrollado la doctrina constitucional / INEXISTENCIA DEL DEFECTO FÁCTICO / INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE RELEVANCIA CONSTITUCIONAL – La controversia plantea una inconformidad respecto a la procedibilidad de la medida de aseguramiento / INEXISTENCIA DEL DEFECTO SUSTANTIVO / ACCIÓN DE TUTELA NO ES UNA TERCERA INSTANCIA – Del proceso ordinario / AUSENCIA DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD

La [actora] sostuvo que la afirmación de la autoridad cuestionada respecto de que “el tiempo de privación de la libertad debió computarse a la pena y en tal sentido se tornó jurídico el tiempo por el que fue condenada la demandante”, carece de material probatorio que la apoye. Sin embargo, sobre el defecto acusado no se refirió en los términos antes anotados, pues se limitó a indicar que la conclusión a la que llegó la autoridad cuestionada no estaba soportada en material probatorio allegado al proceso, pero no hizo referencia a una prueba en particular ni fundó sus argumentos de tal forma que se pudiera entender con suficiencia y claridad qué prueba o pruebas, fueron objeto de una valoración indebida y en tal sentido que el análisis de las autoridades accionadas se tornó caprichoso o irrazonable. Tampoco, la Sala encuentra que su argumentación estuviera encaminada a exponer otro tipo de defecto porque, de plano, no trae algún argumento en términos negativos que exponga un error en la providencia en cualquiera de los posibles defectos que ha desarrollado la doctrina constitucional. Sus argumentos en cambio van encaminados a manifestar su inconformidad con la conclusión a la que llegó el juez de la causa respecto del daño y su antijuricidad. Así las cosas, el cargo objeto de estudio no cumple con el requisito de suficiencia en la exposición de los hechos y argumentos que sustentan la violación iusfundamental alegada. (…) Respecto de los cuestionamientos relacionados con el desconocimiento de los tipos penales en relación con los artículos 397 y 400 del Código Penal y el numeral 2° del artículo 7° de la Convención Americana de los Derechos Humanos, la Sala observa que aun cuando estos fueron planteados en los términos de un defecto sustantivo, en realidad van encaminados a plantear una inconformidad respecto a la procedibilidad de la medida de aseguramiento, sin tener en cuenta que la Subsección B de la Sección Tercera de esta Corporación, sostuvo en relación a los hechos y el acervo probatorio allegado al proceso que la medida de aseguramiento de detención preventiva fue impuesta en virtud de: i) el análisis de los indicios de responsabilidad que recayeron sobre la señora Sánchez Macea estaban directamente relacionados con el cargo que ocupaba en el momento que ocurrieron los hechos, ii) que bajo su responsabilidad estaba la custodia de las llaves y claves de seguridad, iii) su coincidente ausencia en el momento de los hechos, iv) las demás acciones que realizó y daban cuenta de su colaboración con el delito por el que fue sindicada, entre otros, v) la necesidad de la medida en razón a las características del hecho y la posibilidad —dado el cargo que ostentaba—, de que pudiera ocultar, destruir o deformar elementos probatorios. En ese orden, los cuestionamientos manifestados por la accionante no están dirigidos a demostrar que la referida autoridad fundamentó su decisión en normas que no eran aplicables, que su aplicación fuera inadecuada en relación con la situación fáctica del caso concreto, o que la interpretación o aplicación de la norma fuera caprichosa, errada, irrazonable o contraevidente y claramente perjudicial para sus intereses legítimos. La Sala advierte que no es suficiente enunciar que una norma fue mal aplicada o no debió ser aplicada, pues la exigencia de la argumentación para este cargo debe estar encaminada a explicar cómo el juez natural en evidente contradicción de la autonomía judicial interpretó o aplicó la norma, por fuera del margen de interpretación razonable, de tal forma que su actuación afectó la decisión final y de ser pertinente, exponer la norma aplicable. En suma, los argumentos dirigidos a la configuración de los defectos sustantivos aludidos no superan el requisito de relevancia constitucional.

En este contexto, la Sala advierte que la pretensión de la accionante va encaminada a que el juez de amparo haga una nueva revisión del asunto, a partir de sus propias consideraciones como si se tratara de una instancia adicional. (…) Empero, el análisis hecho en líneas anteriores da cuenta de que los reproches en virtud de los cuales se alegó: i) un defecto fáctico por la Subsección B de la Sección Tercera de esta Corporación, pues afirmó en la sentencia que, en el proceso penal, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar, computó el tiempo de la privación de la libertad de la [actora] al de la pena, lo cual no era cierto ni contaba con respaldo probatorio; y ii) un defecto sustantivo por desconocimiento de los tipos penales en relación con los artículos 397 y 400 del Código Penal y en relación al numeral 2° del artículo 7° de la Convención Americana de los Derechos Humanos; no resultan procedentes, pues —como se dijo—, respecto del primero, no superó el requisito de suficiencia en la exposición de los hechos y argumentos y respecto del segundo, aun cuando superó el requisito de suficiencia en la exposición de los hechos y argumentos, no ocurrió lo mismo en relación al requisito de relevancia constitucional, pues la [actora] se limitó a presentar una simple inconformidad, desconociendo los argumentos expuestos por el juez de la causa con el fin de que se acepten las consideraciones que darían lugar a acceder a sus pretensiones. Advierte esta Sala que, para que la carga argumentativa satisfaga los requisitos generales de procedibilidad, resulta preciso que exceda el ámbito estrictamente legal en que se desenvolvió la litis en sede ordinaria, de modo que la tutela no obre a la manera de una tercera instancia en la que el juez constitucional reviva el juzgamiento de un asunto que ya se resolvió por el juez natural con fuerza de cosa juzgada.

ACLARACIÓN DE VOTO / REQUISITOS GENERALES DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / RELEVANCIA CONSTITUCIONAL DE LA CONTROVERSIA – Requisito no previsto en la norma / RELEVANCIA CONSTITUCIONAL DE LA CONTROVERSIA – Requisito sometido a la discrecionalidad del juez constitucional

La relevancia constitucional como requisito general de procedencia de la tutela contra providencia judicial no está previsto en norma alguna y su aplicación, a mi juicio, a más de ser otra recepción acrítica de discutibles criterios jurisprudenciales foráneos [“especial trascendencia constitucional” la denomina el Tribunal Constitucional español], plantea serios interrogantes. En efecto: ¿Si la tutela es un mecanismo subsidiario para la protección inmediata de derechos fundamentales, acaso no todas las solicitudes que reúnan los demás presupuestos tendrían -por sí solas- relevancia constitucional? ¿Si el juez en cada caso debe “evaluar” la relevancia constitucional, esa decisión no es otro evento -uno más- de esa discrecionalidad que erige a los falladores en amos y señores del proceso judicial, sin referencia a precepto alguno? ¿Hemos sustituido la arbitrariedad de la Administración por la arbitrariedad del denominado “juez constitucional”, que bajo figuras elásticas -como esta- le entregan un poder absoluto e incontrolado para definir un tema delicado? ¿Es acorde con la Constitución y con la democracia que los jueces decidan cómoda y arbitrariamente a partir de fórmulas tan gaseosas y extremadamente flexibles?

NOTA DE RELATORÍA: Frente a la aclaración de voto en relación con la tutela contra providencia judicial y la aplicación del precedente de la Corte Constitucional para el asunto, el aclarante remite a la aclaración de voto efectuada en la providencia de 7 de febrero de 2019, radicado 11001-03-15-000-2019-00022-00.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS

Bogotá D.C., dieciséis (16) de julio de dos mil veintiuno (2021).

Radicación número: 11001-03-15-000-2021-01051-01(AC)

Actor: NERYS DEL CARMEN SÁNCHEZ MACEA

Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por Javier Andrés Ossa Montoya quien actúa como apoderado de la señora Nerys del Carmen Sánchez Macea, en contra de la sentencia de tutela del 6 de mayo de 2021, que profirió la Sección Quinta de esta Corporación.

ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de tutela

Nerys del Carmen Sánchez Macea mediante apoderado, presentó solicitud de amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia, igualdad, defensa y al principio de buena fe, que consideró vulnerados por la Subsección B de la Sección Tercera de esta Corporación con ocasión de la sentencia del 11 de septiembre de 2020, proferida por la autoridad cuestionada, dentro del proceso ordinario de reparación directa identificado con el número de radicación 20001-23-31-000-2012-00241-01.

1.2. Hechos

1.2.1. Nerys del Carmen Sánchez Macea y otros miembros de su grupo familiar, formularon demanda de reparación directa ante la jurisdicción Contencioso Administrativa, orientada a obtener reconocimiento económico por los daños y perjuicios ocasionados por la privación injusta de la libertad que sufrió la señora Sánchez Macea, con ocasión de la medida de aseguramiento de detención preventiva sin beneficio de libertad que fue proferida en su contra, como probable coautora del punible de peculado por apropiación.

Dentro del proceso penal el Juez Tercero Penal del Circuito Judicial de Valledupar revocó la medida de detención preventiva sin beneficio de libertad en contra de la señora Sánchez Macea y ordenó su libertad. Posteriormente la absolvió de todos los cargos que le fueron imputados pues consideró que no existían elementos para condenarla por ningún delito. Esta decisión fue revocada por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar, que la condenó a una pena de prisión de dieciocho (18) meses, al encontrarla penalmente responsable por el delito de peculado culposo. La señora Sánchez Macea estuvo privada de su libertad por doce (12) meses y veintidós días (22) con ocasión de la medida de detención preventiva que fue ordenada en su contra.

1.2.2. El Tribunal Administrativo del Cesar, mediante sentencia de primera instancia proferida dentro del proceso ordinario de reparación directa, el 21 de noviembre de 2013, negó las pretensiones de la demanda, por lo que la señora Sánchez Macea y otros miembros de su grupo familiar como parte demandante, interpusieron recurso de apelación, en el que manifestaron su inconformidad respecto del sentido del fallo proferido.

1.2.3. El recurso de apelación, lo resolvió la Subsección B de la Sección Tercera de esta Corporación mediante sentencia del 11 de septiembre de 2020, en la que confirmó la decisión del Tribunal Administrativo del Cesar. La Subsección B expuso:

1.2.3.1. De los hechos se construyeron indicios de responsabilidad en contra de la señora Sánchez Macea pues “i) para la fecha de los hechos se desempeñaba como subdirectora de la sucursal del Banco Granahorrar y debido a su cargo, era la persona responsable de la clave y el temporizador, ii) el fin de semana en que presuntamente se perpetró el hurto, la señora Nerys Sánchez Macea se encontraba de permiso, atendiendo algunos asuntos en la ciudad de Montería y encargó de la subgerencia al señor César Augusto Mejía Palacio, quien tenía amplio conocimiento sobre el funcionamiento de los mecanismos de seguridad, sin embargo, para la Fiscalía no resulta explicable que la señora Sánchez Macea haya entregado la clave de seguridad, por cuanto era una de las funciones propias del cargo que ocupaba en la entidad bancaria, iii) el hecho de haber aceptado en diligencia de indagatoria por error colocó el disparo del temporizador en horas no laborales, puso en peligro los bienes del Estado que estaban bajo su custodia y le fueron confiados por el saliente subgerente como se demostró con el acta de entrega, en razón del cargo que asumió como subgerente”-.

1.2.3.2. La necesidad de la medida estaba justificada en razón a los hechos, pues los sindicados —entre ellos la señora Nerys del Carmen Sánchez Macea— podían ocultar, destruir o deformar elementos probatorios para entorpecer la actividad probatoria.

1.2.3.3. Respecto de la existencia del daño, sostuvo:

“22. De conformidad con los hechos probados se tiene por demostrado que la señora Nerys del Carmen Sánchez Macea fue privada de su libertad por cuenta de la investigación sumarial número 167222-469, durante el periodo comprendido entre el 2 de noviembre de 2004 al 23 de noviembre de 2005 -una parte en establecimiento de reclusión y otra en detención domiciliaria-, para un total de doce meses y 22 días. Debe advertirse que si bien en principio, le fue imputado el delito de peculado por apropiación, finalmente fue declarada penalmente responsable por el delito de peculado culposo, a una pena 18 meses de prisión.

23. En el caso particular de la demandante, por efecto de la condena impuesta, el tiempo de privación de la libertad debió computarse a la pena y en tal sentido se tornó jurídico el tiempo por el que fue condenada la demandante al ser declarada responsable por el delito de peculado culposo.

24. Si bien se acredita que el tribunal de segunda instancia, concedió en la sentencia condenatoria el beneficio de suspensión condicional de ejecución de la pena por un periodo de prueba de dos años, al reunirse los requisitos objetivos y subjetivos previstos por el artículo 63 del Código Penal, este beneficio estaba supeditado al pago total de la multa. Debe considerarse entonces, que el delito por el que fue condenada, per se no la hacía merecedora de subrogados penales o medidas sustitutivas a la pena de prisión, para abrir paso a una improcedencia de la reclusión, tanto de manera preventiva como con ocasión de la condena, puesto que los referidos beneficios atienden no sólo al quantum de la pena a imponer, sino a requisitos subjetivos que en cada caso particular deben ser analizados por el juez competente de vigilar la ejecución de la pena.

25. En resumen, la Sala considera que el tiempo de privación de la libertad que tuvo que afrontar la demandante fue menor al tiempo que estaba obligada a soportar, a consecuencia de la pena de prisión finalmente impuesta en su contra.

26. En tal sentido, el daño invocado por la parte demandante no tiene el carácter de antijurídico, razón por la que resulta procedente negar las pretensiones de la demanda”.

1.3. Pretensiones de tutela

Nerys del Carmen Sánchez Macea presentó solicitud de tutela en la que peticionó:

“PRIMERO: DECLARAR que la Sentencia (sic) identificada con radicado: 20001233100020120024101 (50736), proferida el día ONCE (11) de SEPTIEMBRE de 2020, por la SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN “B” conformada por los Honorables Magistrados RAMIRO PAZOS GUERRERO (M.P), ALBERTO MONTAÑA PLATA, y MARTÍN BERMUDEZ MUÑOZ vulnera los derechos fundamentales de NERYS DEL CARMEN SANCHEZ (sic) MACEA.

SEGUNDO: TUTELAR en favor de NERYS DEL CARMEN SANCHEZ (sic) MACEA los Derechos Constitucionales Fundamentales invocados como violados y/o vulnerados.

TERCERO: DEJAR SIN EFECTOS la Sentencia (sic) identificada con radicado: 20001233100020120024101 (50736), proferida el día ONCE (11) de SEPTIEMBRE de 2020, por la SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN “B”.

CUARTO: ORDENESE a la SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN “B” conformada por los Honorables Magistrados RAMIRO PAZOS GUERRERO (M.P), ALBERTO MONTAÑA PLATA, y MARTÍN BERMUDEZ MUÑOZ proferir, en el término que el Juez Constitucional estime pertinente y según la complejidad del caso, nueva Sentencia (sic) en la cual valore en debida forma las pruebas allegadas y se observe los fundamentos normativos, doctrinales y jurisprudenciales que no fueron tenidos en cuenta.”.

1.4. Argumentos de la solicitud de tutela

La parte actora efectúo un recuento amplio de los hechos que dieron curso al proceso penal, en el que se ordenó la medida de restricción de libertad y posteriormente se declaró la absolución a su favor; razón por la cual, inició el proceso de reparación directa ante la jurisdicción contencioso administrativa, en el que fue proferida la sentencia de segunda instancia que, a juicio de los demandantes en tutela, desconoció sus derechos fundamentales e incurrió en varios defectos:

1.4.1. Defecto fáctico, ya que en el fallo la autoridad cuestionada afirmó “que en el proceso que adelantó el Tribunal Superior – Sala Penal se computó el tiempo de la privación sufrida al de la pena que fue impuesta; sin embargo, revisando con detenimiento y paciencia el fallo, es posible corroborar que tal afirmación nunca fue perpetrada (…)”.

La conclusión a la que llegó la autoridad cuestionada respecto de que “el tiempo de privación de la libertad debió computarse a la pena y en tal sentido se tornó jurídico el tiempo por el que fue condenada la demandante”, carece de material probatorio que la apoye. En tal sentido, la aseveración de que “hubo cómputo de la pena” y que por esa razón el daño no se tornaba antijurídico, es errada.

1.4.2. Defecto sustantivo porque desconoció que los tipos penales descritos en los artículos 397 y 400 del Código Penal, son distintos, pues el primero y sobre el cual se sustentó la medida, sí permitía la detención preventiva mientras el segundo, por el que finalmente fue condenada la señora Sánchez Macea, no prescribía dicha medida.

En ese sentido, el artículo 357 de la Ley 600 de 2000, vigente para la fecha de los hechos, establecía como requisito para la procedencia de la medida de aseguramiento, que el delito tuviera prevista una pena de prisión de mínimo 4 años o más, lo que para el caso, en atención al artículo 400 del Código Penal, no era procedente y en ese orden la solicitante de amparo no estaba obligada a soportar la violación a su derecho a la libertad.

La accionante sostuvo que la autoridad cuestionada erró al mezclar dos tipos penales autónomos respecto de una detención preventiva, pues se baso en que la condena era de 18 meses y el tiempo de detención fue de 12 meses y 22 días por lo que la privación de la libertad se tornó jurídica, lo que es irrazonable y apartado de la ley, además de estar en contra del artículo 8 del Código Penal, respecto de una doble incriminación. Así, no se puede equiparar la condena con el tiempo que estuvo privada de su libertad como consecuencia de la medida de aseguramiento que le fue impuesta, pues la primera se produjo en virtud del artículo 397 y la segunda por el artículo 400 del Código Penal.

Agregó que la autoridad judicial trasgredió la interpretación y alcance de los artículos 1° y 7° del Código Penal, referidos a la dignidad humana y a la aplicación de la ley penal sin tener en cuenta consideraciones diferentes a las allí previstas, así como al numeral 2° del artículo 7° de la Convención Americana de los Derechos Humanos, comoquiera que se ordenó una medida de aseguramiento de detención sobre un delito que no la preveía.

Finalmente adujo que la providencia cuestionada incurrió en el referido defecto al afirmar que el daño invocado no tenía carácter antijurídico, pues la señora Sánchez Macea fue condenada por el delito de peculado culposo (artículo 400 del Código Penal) y no por el peculado por apropiación (artículo 397 del Código Penal), por lo que soportó una privación de su libertad a la que no estaba obligada.

1.5. Trámite de tutela e intervenciones

El Magistrado de la Sección Quinta del Consejo de Estado, Luis Alberto Álvarez Parra, admitió la solicitud de tutela por auto del 17 de marzo de 2021. Notificadas las partes y los terceros interesados, recibió respuesta de la Fiscalía General de la Nación.

1.5.1. La profesional especializada delegada de la Unidad de Defensa Jurídica de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Fiscalía General de la Nación, en calidad de tercero interesado, solicitó declarar la improcedencia de la acción de tutela de la referencia, en razón a que la accionante no hizo uso de los recursos que tenía a su alcance para solicitar el amparo de los derechos fundamentales que consideró vulnerados. Asimismo, que no se evidenciaba, así como no se justificó por parte de los accionantes, la materialización de un perjuicio irremediable.

1.5.2. La Subsección B de la Sección Tercera de esta Corporación mediante correo electrónico del 24 de marzo de 2021, remitió el expediente digital del proceso de reparación directa y guardó silencio respecto de la solicitud de tutela.

1.5.3. El Tribunal Administrativo del Cesar y los señores Darío Carmelo Montes Negrete, Darío José Montes Sánchez, Andrés Felipe Montes Sánchez, Mateo Montes Sánchez, Felipe Santiago Sánchez Almanza, Edith Sánchez Macea, Miguel Ángel Sánchez Macea, Ana Lucía Sánchez Macea, Alfy del Carmen Sánchez Macea, Felipe José Sánchez Macea, Rosiris del Carmen Sánchez Macea y Dioselina Sánchez Reyes, pese a ser debidamente notificados guardaron silencio.

1.6. Sentencia de primera instancia

La Sección Quinta de esta Corporación, el 6 de mayo de 2021, negó la solicitud de amparo por considerar que los defectos invocados no se habían configurado.

Respecto del defecto fáctico sostuvo que la parte actora no cumplió con la carga que le correspondía para sustentar la presunta configuración de este, pues “i) no identificó los elementos de prueba que, en su concepto, no fueron valorados por el juez, (ii) no demostró que éstos fueron aportados en forma legal y oportunamente al proceso, (iii) no señaló las razones por las cuales eran relevantes para la decisión y (iv) no precisó razonadamente la incidencia de los mismos para variar el sentido del fallo”. Por lo que no era posible analizar de fondo el aludido vicio.

Frente al defecto sustantivo, indicó que no tenía viabilidad, pues la autoridad cuestionada aun cuando no se refirió en concreto a las normas que la solicitante de amparo adujo, lo cierto es que no hubo desconocimiento de los tipos penales ni de los principios de dignidad humana y aplicación de la ley.

Al respecto sostuvo que la autoridad cuestionada en virtud del análisis de la situación fáctica y las pruebas allegadas al proceso “concluyó que el tiempo de privación de la libertad que tuvo que soportar la señora Sánchez Macea fue menor al tiempo que estaba obligada a soportar en atención a la pena de prisión finalmente impuesta, razón por la cual, precisó, que el daño invocado no tiene carácter de antijurídico”

En consecuencia, al considerar que la sentencia cuestionada del 11 de septiembre de 2020 que puso fin al proceso de reparación directa no incurrió en los defectos fáctico y sustantivo invocados, negó el amparo constitucional.

1.7. Impugnación

La señora Nerys del Carmen Sánchez Macea por medio de apoderado, presentó escrito de impugnación en el que manifestó su inconformidad con la decisión de la Sección Quinta de esta Corporación, así:

1.7.1. Reprochó la rigurosidad del juez constitucional de primera instancia respecto de la exigencia de elementos específicos para poder estudiar el defecto fáctico invocado en la solicitud de amparo, lo que a su juicio impone una obligación de tener que “abrir subtemas de cada elemento”, de tal forma que condiciona a una ritualidad innecesaria e injusta a la acción constitucional de tutela.

Sostuvo que en el escrito de tutela indicó con suficiencia y especificidad cuál fue el elemento probatorio que se valoró inadecuadamente en el proceso de reparación directa y para tal efecto señalo gráficamente los apartes del escrito de tutela en el que se refiere al cómputo de la pena.

1.7.2. Cuestionó el razonamiento de la primera instancia, en el que el juez manifestó que no había un argumento para el análisis de un defecto sustantivo, pues la argumentación al respecto es corta y solo se limitó a transcribir argumentos del juez contencioso de segunda instancia.

1.7.3. Finalmente sostuvo que el fallo de tutela de primera instancia estuvo lejos de “analizar con criterio y rigor jurídico” los argumentos de tutela, pues olvidó referirse a aspectos relevantes como:

“• Los planteamientos sustanciales y procesales de la Ley penal que le fueron indicados.
• Las citas jurisprudenciales de la Honorable CIDH.
• Los principios que rigen la Ley penal.
• Las remisión a la convención americana de los derechos humanos”.

Por todo lo anteriormente expuesto, solicitó revocar el fallo de primera instancia y en su lugar acceder a las pretensiones rogadas en el escrito de tutela.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para decidir la presente impugnación, en virtud de lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Nacional y en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991.

2.2. Procedibilidad de la acción

Como lo ha establecido la jurisprudencia constitucional y particularmente la sistematización realizada en la sentencia C-590 de 2005, en los casos en que la solicitud de amparo se dirige contra una providencia judicial, es pertinente realizar, primero, un examen de procedibilidad general para, luego, en caso de resultar superado dicho estudio, pasar a hacer el pronunciamiento de fondo en el que se resuelva el problema jurídico, en los términos de los defectos aducidos por los accionantes conforme a las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial.

2.3. La Sala encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa, porque la solicitante en nombre propio es la titular de los derechos que afirma son vulnerados, en su condición de parte demandante dentro del proceso ordinario objeto de reproche, y, por lo tanto, en caso de configurarse los defectos alegados, resultaría afectada en relación con sus garantías al debido proceso y acceso a la administración de justicia.

También está probada la legitimación en la causa por pasiva porque la Subsección B de la Sección Tercera de esta Corporación, profirió la sentencia de segunda instancia que, según la solicitante de amparo, vulneró sus derechos fundamentales.

2.4. Requisitos generales de la acción de tutela contra providencias judiciales.

La Corte Constitucional a través de su jurisprudencia ha establecido que, cuando una solicitud de amparo va dirigida en contra de una providencia judicial, el juez de tutela debe, de forma preliminar, analizar los requisitos generales de procedibilidad de la acción. Así, una vez verificada la observación de los requisitos que la determinan, procede el pronunciamiento de fondo sobre la problemática jurídica que el actor plantea en función de los defectos en que considera, incurre la actuación acusada y conforme a las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
En tales términos pasará la Sala a hacer el análisis de procedibilidad de los requisitos generales, en relación con cada uno de los cargos. Estos, como quedó expuesto en el numeral 1.4. de los antecedentes de esta providencia, se refieren a: i) un defecto fáctico porque la autoridad cuestionada afirmó que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar computó el tiempo de la privación de la libertad de la señora Sánchez Macea al de la pena, lo cual no era cierto ni contaba con respaldo probatorio; ii) una defecto sustantivo porque la autoridad cuestionada desconoció las diferencias de los tipos penales de peculado por apropiación y de peculado culposo, pues este último por el cual fue condenada la señora Sánchez Macea, finalmente, no contemplaba la detención preventiva, razón por la cual, no estaba obligada a soportar la violación de su derecho a la libertad. En ese sentido, la autoridad cuestionada trasgredió la interpretación y alcance de los artículos 1° y 7° del Código Penal, referidos a la dignidad humana y a la aplicación de la ley penal sin tener en cuenta consideraciones diferentes a las allí previstas, así como al numeral 2° del artículo 7° de la Convención Americana de los Derechos Humanos, comoquiera que se ordenó una medida de aseguramiento de detención sobre un delito que no la contemplaba.

2.4.1. Primer Cargo. Defecto fáctico

La tutelante manifestó que, la Subsección B de la Sección Tercera de esta Corporación incurrió en un defecto fáctico cuando afirmó en la sentencia que, en el proceso penal, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar, computó el tiempo de la privación de la libertad con ocasión a la medida de aseguramiento tuvo que soportar, al de la pena que le fue impuesta por haber sido declarada responsable penalmente del delito de peculado culposo, lo cual no era cierto ni contaba con respaldo probatorio.

Ahora, para efectos de analizar el defecto fáctico alegado por la señora Sánchez Mecea, es preciso tener en cuenta que la Corte Constitucional ha sostenido que el defecto fáctico se presenta cuando “resulta evidente que el apoyo probatorio en que se basó el juez para aplicar una determinada norma es absolutamente inadecuado (...)”, o cuando “se hace manifiestamente irrazonable la valoración probatoria hecha por el juez en su providencia”. Por lo tanto, en la indebida valoración que hace el operador judicial de las pruebas, sea desde su dimensión positiva o negativa, debe examinarse si tal yerro es ostensible, flagrante y manifiesto, que a su vez incida en el sentido de la decisión adoptada, de modo que, al estar estructurado ese análisis, podría el juez de tutela entrar a amparar los derechos fundamentales conculcados con la providencia objeto de censura. En tal sentido, para que se configure un defecto fáctico, el error en la interpretación del acervo probatorio debe ser de tal magnitud que afecte el sentido de la decisión, por lo que es necesario que se identifique la prueba o pruebas que no fueron valoradas o fueron valoradas indebidamente, de tal forma que el error sea ostensible, flagrante y manifiesto.

La señora Sánchez Macea sostuvo que la afirmación de la autoridad cuestionada respecto de que “el tiempo de privación de la libertad debió computarse a la pena y en tal sentido se tornó jurídico el tiempo por el que fue condenada la demandante”, carece de material probatorio que la apoye. Sin embargo, sobre el defecto acusado no se refirió en los términos antes anotados, pues se limitó a indicar que la conclusión a la que llegó la autoridad cuestionada no estaba soportada en material probatorio allegado al proceso, pero no hizo referencia a una prueba en particular ni fundó sus argumentos de tal forma que se pudiera entender con suficiencia y claridad qué prueba o pruebas, fueron objeto de una valoración indebida y en tal sentido que el análisis de las autoridades accionadas se tornó caprichoso o irrazonable. Tampoco, la Sala encuentra que su argumentación estuviera encaminada a exponer otro tipo de defecto porque, de plano, no trae algún argumento en términos negativos que exponga un error en la providencia en cualquiera de los posibles defectos que ha desarrollado la doctrina constitucional. Sus argumentos en cambio van encaminados a manifestar su inconformidad con la conclusión a la que llegó el juez de la causa respecto del daño y su antijuricidad.

Así las cosas, el cargo objeto de estudio no cumple con el requisito de suficiencia en la exposición de los hechos y argumentos que sustentan la violación iusfundamental alegada.

2.4.2. Segundo Cargo. Defecto sustantivo

La accionante en el escrito de tutela sostuvo que, la Subsección B de la Sección Tercera de esta Corporación, incurrió en un defecto sustantivo porque desconoció las diferencias de los tipos penales de peculado por apropiación y de peculado culposo, pues este último por el cual fue condenada, finalmente, no estipulaba la imposición de una medida de detención preventiva, razón por la cual, no estaba obligada a soportar la violación de su derecho a la libertad.

Agregó que la autoridad cuestionada trasgredió la interpretación y alcance de los artículos 1° y 7° del Código Penal, referidos a la dignidad humana y a la aplicación de la ley penal sin tener en cuenta consideraciones diferentes a las allí previstas, así como al numeral 2° del artículo 7° de la Convención Americana de los Derechos Humanos, comoquiera que se ordenó una medida de aseguramiento de detención sobre un delito que no la contemplaba, lo que, a su juicio, también se configura como un defecto sustantivo.

En tal sentido, la Sala observa que, los anteriores argumentos se enmarcan dentro de los presupuestos de un defecto sustantivo y guardan relación entre sí, aun cuando fueron propuestos de forma separada, por lo tanto, serán analizados integralmente. En ese orden, la accionante sostuvo que, fue condenada en relación con el artículo 400 del Código Penal que refiere el delito de peculado culposo, el cual no dispone la imposición de una medida de detención preventiva y que por el contrario dicha restricción de su libertad fue proferida conforme a lo dispuesto en el artículo 397 del Código Penal que sí la estipula, por lo que, a su juicio, conforme a lo dispuesto en el artículo 357 de la Ley 600 de 2000, vigente para la fecha en la que ocurrieron los hechos, que establece como requisito de la medida de aseguramiento, que el delito tuviera prevista una pena de prisión de mínimo 4 años o más, no era procedente y en ese orden no estaba obligada a soportar la violación a su derecho a la libertad. Por tales motivos, reclama que la autoridad cuestionada trasgredió la interpretación y alcance de los artículos 1° y 7° del Código Penal y el numeral 2° del artículo 7° de la Convención Americana de los Derechos Humanos.

Estas son cuestiones que plantean de forma clara el contenido de su queja en los términos de un defecto sustantivo y, por tanto, en ese punto la solicitud de la señora Sánchez Macea cumple con el requisito de suficiencia en la exposición de los hechos y argumentos.

Ahora, para efectos de satisfacer el requisito de relevancia constitucional, es preciso que la reclamación pueda distinguir entre la competencia del juez ordinario y la del juez de tutela, pues a este último no le corresponde hacer un análisis fáctico adicional del que ya realizó el juez de la causa; sino controlar que la providencia objeto de la solicitud de amparo, no haya devenido en caprichosa o carente de razonabilidad al punto de afectar el derecho al debido proceso. Al respecto, es necesario indicar que la Corte Constitucional ha señalado que el defecto sustantivo (o material) se presenta, “(i) Cuando la decisión judicial tiene como fundamento una norma que no es aplicable, ya que … (v) a pesar de que la norma en cuestión está vigente y es constitucional, no resulta adecuada su aplicación a la situación fáctica objeto de estudio …” o “(ii). Cuando pese a la autonomía judicial, la interpretación o aplicación de la norma al caso concreto, no se encuentra, prima facie, dentro del margen de interpretación razonable o el operador judicial hace una aplicación inaceptable de la norma al interpretarla de forma contraevidente -interpretación contra legem-  o claramente perjudicial para los intereses legítimos de una de las partes o cuando en una decisión judicial se aplica una norma jurídica de manera manifiestamente errada, sacando del marco de la juridicidad y de la hermenéutica jurídica aceptable tal decisión judicial”.

Respecto de los cuestionamientos relacionados con el desconocimiento de los tipos penales en relación con los artículos 397 y 400 del Código Penal y el numeral 2° del artículo 7° de la Convención Americana de los Derechos Humanos, la Sala observa que aun cuando estos fueron planteados en los términos de un defecto sustantivo, en realidad van encaminados a plantear una inconformidad respecto a la procedibilidad de la medida de aseguramiento, sin tener en cuenta que la Subsección B de la Sección Tercera de esta Corporación, sostuvo en relación a los hechos y el acervo probatorio allegado al proceso que la medida de aseguramiento de detención preventiva fue impuesta en virtud de: i) el análisis de los indicios de responsabilidad que recayeron sobre la señora Sánchez Macea estaban directamente relacionados con el cargo que ocupaba en el momento que ocurrieron los hechos, ii) que bajo su responsabilidad estaba la custodia de las llaves y claves de seguridad, iii) su coincidente ausencia en el momento de los hechos, iv) las demás acciones que realizó y daban cuenta de su colaboración con el delito por el que fue sindicada, entre otros, v) la necesidad de la medida en razón a las características del hecho y la posibilidad —dado el cargo que ostentaba—, de que pudiera ocultar, destruir o deformar elementos probatorios.

En ese orden, los cuestionamientos manifestados por la accionante no están dirigidos a demostrar que la referida autoridad fundamentó su decisión en normas que no eran aplicables, que su aplicación fuera inadecuada en relación con la situación fáctica del caso concreto, o que la interpretación o aplicación de la norma fuera caprichosa, errada, irrazonable o contraevidente y claramente perjudicial para sus intereses legítimos. La Sala advierte que no es suficiente enunciar que una norma fue mal aplicada o no debió ser aplicada, pues la exigencia de la argumentación para este cargo debe estar encaminada a explicar cómo el juez natural en evidente contradicción de la autonomía judicial interpretó o aplicó la norma, por fuera del margen de interpretación razonable, de tal forma que su actuación afectó la decisión final y de ser pertinente, exponer la norma aplicable. En suma, los argumentos dirigidos a la configuración de los defectos sustantivos aludidos no superan el requisito de relevancia constitucional.

En este contexto, la Sala advierte que la pretensión de la accionante va encaminada a que el juez de amparo haga una nueva revisión del asunto, a partir de sus propias consideraciones como si se tratara de una instancia adicional.

2.5. Todo el análisis que antecede lleva a concluir la improcedibilidad de la solicitud de tutela presentada por la señora Nerys del Carmen Sánchez Macea. Sin embargo, a distinta conclusión llegó el juez de tutela en la sentencia que es objeto de impugnación. A su juicio:

“De acuerdo con lo argumentado, esta Sala de Decisión negará la solicitud de amparo interpuesta por la accionante contra la Subsección “B” de la Sección Tercera de esta Corporación, comoquiera que se evidenció que la providencia cuestionada de 11 de septiembre de 2020, que puso fin al proceso de reparación directa no incurrió en los defectos fáctico y sustantivo”.

Empero, el análisis hecho en líneas anteriores da cuenta de que los reproches en virtud de los cuales se alegó: i) un defecto fáctico por la Subsección B de la Sección Tercera de esta Corporación, pues afirmó en la sentencia que, en el proceso penal, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar, computó el tiempo de la privación de la libertad de la señora Sánchez Macea al de la pena, lo cual no era cierto ni contaba con respaldo probatorio; y ii) un defecto sustantivo por desconocimiento de los tipos penales en relación con los artículos 397 y 400 del Código Penal y en relación al numeral 2° del artículo 7° de la Convención Americana de los Derechos Humanos; no resultan procedentes, pues —como se dijo—, respecto del primero, no superó el requisito de suficiencia en la exposición de los hechos y argumentos y respecto del segundo, aun cuando superó el requisito de suficiencia en la exposición de los hechos y argumentos, no ocurrió lo mismo en relación al requisito de relevancia constitucional, pues la señora Sánchez Macea se limitó a presentar una simple inconformidad, desconociendo los argumentos expuestos por el juez de la causa con el fin de que se acepten las consideraciones que darían lugar a acceder a sus pretensiones.

Advierte esta Sala que, para que la carga argumentativa satisfaga los requisitos generales de procedibilidad, resulta preciso que exceda el ámbito estrictamente legal en que se desenvolvió la litis en sede ordinaria, de modo que la tutela no obre a la manera de una tercera instancia en la que el juez constitucional reviva el juzgamiento de un asunto que ya se resolvió por el juez natural con fuerza de cosa juzgada.

Por consiguiente, la Sala revocará la sentencia del 6 de mayo de 2021, proferida por la Sección Quinta de esta Corporación que negó el amparo deprecado por la señora Nerys del Carmen Sánchez Macea y, en su lugar, declarará la improcedencia del escrito de solicitud de amparo constitucional, por las razones antes expuestas en relación con los defectos invocados.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 6 de mayo de 2021, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, y en su lugar, DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud sobre todos los cargos.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: REMITIR la presente providencia a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Presidente de Sala

GUILLERMO SÁNCHEZ LUQUE
Magistrado
Aclaración de voto Cfr. Rad. 11001-03-15-000-2019-01299-00

NICOLÁS YEPES CORRALES
Magistrado

CON ACLARACIÓN DE VOTO DEL CONSEJERO GUILLERMO SÁNCHEZ LUQUE
ACLARACIÓN DE VOTO / REQUISITOS GENERALES DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / RELEVANCIA CONSTITUCIONAL DE LA CONTROVERSIA – Requisito no previsto en la norma / RELEVANCIA CONSTITUCIONAL DE LA CONTROVERSIA – Requisito sometido a la discrecionalidad del juez constitucional

La relevancia constitucional como requisito general de procedencia de la tutela contra providencia judicial no está previsto en norma alguna y su aplicación, a mi juicio, a más de ser otra recepción acrítica de discutibles criterios jurisprudenciales foráneos [“especial trascendencia constitucional” la denomina el Tribunal Constitucional español], plantea serios interrogantes. En efecto: ¿Si la tutela es un mecanismo subsidiario para la protección inmediata de derechos fundamentales, acaso no todas las solicitudes que reúnan los demás presupuestos tendrían -por sí solas- relevancia constitucional? ¿Si el juez en cada caso debe “evaluar” la relevancia constitucional, esa decisión no es otro evento -uno más- de esa discrecionalidad que erige a los falladores en amos y señores del proceso judicial, sin referencia a precepto alguno? ¿Hemos sustituido la arbitrariedad de la Administración por la arbitrariedad del denominado “juez constitucional”, que bajo figuras elásticas -como esta- le entregan un poder absoluto e incontrolado para definir un tema delicado? ¿Es acorde con la Constitución y con la democracia que los jueces decidan cómoda y arbitrariamente a partir de fórmulas tan gaseosas y extremadamente flexibles?

NOTA DE RELATORÍA: Frente a la aclaración de voto en relación con la tutela contra providencia judicial y la aplicación del precedente de la Corte Constitucional para el asunto, el aclarante remite a la aclaración de voto efectuada en la providencia de 7 de febrero de 2019, radicado 11001-03-15-000-2019-00022-00.

TUTELA CONTRA PROVIDENCIA GENERAL-Interrogantes sobre la relevancia constitucional como requisito de procedencia del amparo. TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL-El criterio fijado en la sentencia C-543 de 1992 hizo tránsito a cosa juzgada constitucional, reiteración aclaración de voto #1 Rad. n° 11001-03-15-000-2019-00022-00/2019. PRECEDENTE JUDICIAL-No es una figura que pueda trasplantarse a los sistemas de derecho legislado, reiteración aclaración de voto #2 Rad. n° 11001-03-15-000-2019-00022-00/2019.

ACLARACIÓN DE VOTO

Aunque comparto la decisión que se tomó en la providencia del 2 de mayo de 2019, que declaró improcedente la tutela, aclaro voto.

1. La relevancia constitucional como requisito general de procedencia de la tutela contra providencia judicial no está previsto en norma alguna y su aplicación, a mi juicio, a más de ser otra recepción acrítica de discutibles criterios jurisprudenciales foráneos [“especial trascendencia constitucional” la denomina el Tribunal Constitucional español], plantea serios interrogantes.

En efecto: ¿Si la tutela es un mecanismo subsidiario para la protección inmediata de derechos fundamentales, acaso no todas las solicitudes que reúnan los demás presupuestos tendrían -por sí solas- relevancia constitucional? ¿Si el juez en cada caso debe “evaluar” la relevancia constitucional, esa decisión no es otro evento -uno más- de esa discrecionalidad que erige a los falladores en amos y señores del proceso judicial, sin referencia a precepto alguno? ¿Hemos sustituido la arbitrariedad de la Administración por la arbitrariedad del denominado “juez constitucional”, que bajo figuras elásticas -como esta- le entregan un poder absoluto e incontrolado para definir un tema delicado? ¿Es acorde con la Constitución y con la democracia que los jueces decidan cómoda y arbitrariamente a partir de fórmulas tan gaseosas y extremadamente flexibles?

2. En relación con la tutela contra providencia judicial y la aplicación del “precedente” de la Corte Constitucional para su estudio, me remito a los numerales 1 y 2 de la aclaración de voto Rad. n°. 11001-03-15-000-2019-00022-00/19, respectivamente.

GUILLERMO SÁNCHEZ LUQUE

Página 17 del archivo electrónico que contiene el escrito de tutela identificado con certificado: 02B1A6A2B1D55195 E23186A088AC4536 F8C2BFFEB269C27D AE2CD5CAADF285B5. Página 25 del archivo electrónico que contiene el escrito de tutela, que corresponde a la sentencia del 11 de septiembre de 2020, proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar, identificado con certificado: 02B1A6A2B1D55195 E23186A088AC4536 F8C2BFFEB269C27D AE2CD5CAADF285B5. Esta es una trascripción literal. Los errores, erratas, mayúsculas y énfasis forman parte del texto original. Páginas 27 y 28 del archivo electrónico que contiene el escrito de tutela, que corresponden a la sentencia del 11 de septiembre de 2020, proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar, identificado con certificado: 02B1A6A2B1D55195 E23186A088AC4536 F8C2BFFEB269C27D AE2CD5CAADF285B5. Esta es una trascripción literal. Los errores, erratas, mayúsculas y énfasis forman parte del texto original. Página 15 del archivo electrónico que contiene el escrito de solicitud de tutela, identificado con certificado: 02B1A6A2B1D55195 E23186A088AC4536 F8C2BFFEB269C27D AE2CD5CAADF285B5. Esta es una trascripción literal. Los errores, erratas, mayúsculas y énfasis forman parte del texto original. Página 6 del archivo electrónico que contiene el escrito de tutela, identificado con certificado: 02B1A6A2B1D55195 E23186A088AC4536 F8C2BFFEB269C27D AE2CD5CAADF285B5. Peculado por apropiación. Peculado culposo. Archivo electrónico identificado con certificado D95BB65B1138D310 84644E8C036C75CE 0F75A00A2314D96E 24A049138EB19C96. Archivo electrónico identificado con certificado 24F5C2BAE05CC705 3F039D919A1222ED FEF57067134BCF6C E5EA5D4AF9244554. Archivo electrónico identificado con certificado 8E36B6DC065CD674 5ABFD860966892B0 762EC4C32155C677 8D6E982823E4E47E. Archivo electrónico identificado con certificado F82AF69E3801A0EE 94EB54018912BD9A C335B12A76FCFF25 AEC3E46BDC7BCE02. Página 17 del archivo electrónico que contiene el fallo de tutela de primera instancia, identificado con certificado F82AF69E3801A0EE 94EB54018912BD9A C335B12A76FCFF25 AEC3E46BDC7BCE02. Página 16 del archivo electrónico que contiene el fallo de tutela de primera instancia, identificado con certificado F82AF69E3801A0EE 94EB54018912BD9A C335B12A76FCFF25 AEC3E46BDC7BCE02. Archivo electrónico identificado con certificado F577B7051CFD30AC 5FA4C87FE2A0F454 C369F9E2EF9DE9CB 662D14F6FB3CCF92. Copió una fotografía del escrito de tutela y resaltó en rojo varios apartes relacionados con el cómputo de la pena. Página 4 del archivo electrónico que contiene el escrito de impugnación, identificado con certificado F577B7051CFD30AC 5FA4C87FE2A0F454 C369F9E2EF9DE9CB 662D14F6FB3CCF92. Esta es una trascripción literal. Los errores, erratas, mayúsculas y énfasis forman parte del texto original. Antes que todo es necesario (i) verificar la legitimación en la causa como una exigencia preliminar en cualquier acción de amparo, para, posteriormente, pasar a constatar los demás requisitos generales de procedibilidad, en los siguientes términos: (ii) que en la solicitud de tutela se expresen de manera clara los hechos y los fundamentos de la afectación de derechos que se imputa a la decisión judicial; (iii) que la cuestión que se discute tenga relevancia constitucional; (iv) que previo a la solicitud de tutela se hayan agotado todos los medios de defensa judicial con los que cuenta la persona afectada; (v) que se cumpla con el principio de inmediatez; (vi) que en caso de que se alegue una irregularidad procesal, la misma tenga la entidad de afectar la decisión; y de manera general, (vii) no procede elevar una solicitud de amparo contra decisiones proferidas dentro de procesos de tutela.

Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial se concretan en los defectos o errores en que puede incurrir la decisión cuestionada, de modo que, si en una decisión judicial se presenta alguna de las causales específicas, podrá ser razón suficiente para el amparo constitucional. A saber:
a) Defecto orgánico, que se presenta cuando el juez carece de competencia; b) defecto procedimental, que ocurre cuando la autoridad judicial actuó al margen del procedimiento establecido; c) defecto fáctico, esto es, cuando el juez no tuvo en cuenta el material de prueba obrante en el expediente para proferir decisión; d) defecto material o sustantivo, el que se origina en el evento en que se decida con fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales, en contravía de ellas, o existe una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; e) error inducido, cuando la autoridad judicial es víctima de engaño por terceros y el mismo lo condujo a tomar una decisión que afecta derechos fundamentales; f) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional; g) desconocimiento del precedente constitucional, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance y h) violación directa de la Constitución Política, cuando los jueces desconocen la aplicación de la Ley Fundamental, conforme al mandato consagrado en el artículo 4º de la Carta Política que antepone de manera preferente la aplicación de sus postulados. Ibídem. Ibídem. Corte Constitucional, sentencia T-393 de 2017, T-567 de 1998, reiterada en sentencias como la T-555 de 1999, T-1100 de 2008, T-781 de 2011, entre otras. Corte Constitucional, sentencia SU-399 de 2012. Corte Constitucional, sentencia T-385 de 2018. “La Corte Constitucional ha identificado dos dimensiones en las que se puede apreciar el defecto fáctico: 1.) La dimensión negativa del defecto fáctico, según aquella, abarca supuestos como los siguientes: i) ignorar o no valorar, injustificadamente, medios de prueba trascendentales frente a la decisión adoptada; ii) decidir al margen de las pruebas que le hubieren impedido la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la providencia; iii) no decretar pruebas de oficio en los procedimientos en los que el juez se encuentre habilitado legalmente para hacerlo, y siempre que de las circunstancias del caso se derive la obligación de hacerlo para esclarecer hechos oscuros o difusos. 2.) La dimensión positiva del defecto fáctico puede abarcar supuestos tales como: i) valorar pruebas ilícitas, siempre que las mismas hubieren sido determinantes del sentido de la decisión; ii) decidir con medios de prueba que, por disposición legal, no conduzcan a demostrar los hechos en que se fundamenta la providencia judicial que se cuestiona en tutela”. Sentencias T-442 de1994 y T-456 de 2010.“(…) El error en el juicio valorativo de la prueba debe ser de tal entidad que sea ostensible, flagrante y manifiesto, y el mismo debe tener una incidencia directa en la decisión, pues el juez de tutela no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de evaluación probatoria del juez que ordinariamente conoce de un asunto, según las reglas generales de competencia, porque ello sería contrario al principio de que la tutela es un medio alternativo de defensa judicial, aparte de que se invadiría la órbita de la competencia y la autonomía de que son titulares las otras jurisdicciones.(…)”. (Resaltado de la Sala).

El requisito de relevancia constitucional que en el caso de las acciones de tutela contra providencias judiciales se cumple siempre que la posible amenaza o afectación iusfundamental se predique, en concreto, de la providencia por afectar el núcleo constitucional del derecho al debido proceso. Con ello se descarta el uso del mecanismo de amparo como una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces. Luego, un planteamiento general sobre la actuación del fallador (en el caso, omisión en general), llevaría a que el juez de tutela se pronuncie sobre el asunto que ya resolvieron los órganos competentes, y que no supera la relevancia legal. (Corte Constitucional, sentencia T-602 de 16 de febrero de 2006. En igual sentido ver sentencias T-075-18, T-451-18; T-422-18). En las sentencias T-343 de 2011, T-138 de 2011, T-792 de 2010, T-364 de 2009, T-808 de 2007 y T-086 de 2007, la Corte Constitucional se ha referido al defecto sustantivo en el siguiente sentido:
“(i)Cuando la decisión judicial tiene como fundamento una norma que no es aplicable, ya que (i) no es pertinente, (ii) ha perdido su vigencia por haber sido derogada, (iii) es inexistente, (iv) ha sido declarada contraria a la Constitución, (v) a pesar de que la norma en cuestión está vigente y es constitucional, no resulta adecuada su aplicación a la situación fáctica objeto de estudio, así ocurre por ejemplo cuando se le reconocen efectos distintos a los señalados por el legislador.
(ii). Cuando pese a la autonomía judicial, la interpretación o aplicación de la norma al caso concreto, no se encuentra, prima facie, dentro del margen de interpretación razonable o el operador judicial hace una aplicación inaceptable de la norma al interpretarla de forma contraevidente -interpretación contra legem- o claramente perjudicial para los intereses legítimos de una de las partes o cuando en una decisión judicial se aplica una norma jurídica de manera manifiestamente errada, sacando del marco de la juridicidad y de la hermenéutica jurídica aceptable tal decisión judicial.
(iii). Cuando no toma en cuenta sentencias que han definido su alcance con efectos erga omnes.
(iv) Cuando la disposición aplicada se muestra injustificadamente regresiva o contraria a la Constitución.
(v) Cuando un poder concedido al juez por el ordenamiento se utiliza para un fin no previsto en la disposición.
(vi) Cuando la decisión se funda en una interpretación no sistemática de la norma, omitiendo el análisis de otras disposiciones aplicables al caso.
(vii) Cuando el operador judicial con una insuficiente sustentación o justificación de la actuación afecta derechos fundamentales.
(viii) Cuando se desconoce el precedente judicial sin ofrecer un mínimo razonable de argumentación que hubiere permitido una decisión diferente de acogerse la jurisprudencia.” (Resaltado fuera del texto original). Página 16 del archivo electrónico que contiene el fallo de tutela de primera instancia, identificado con certificado F82AF69E3801A0EE 94EB54018912BD9A C335B12A76FCFF25 AEC3E46BDC7BCE02. Esta es una trascripción literal. Los errores, erratas, mayúsculas y énfasis forman parte del texto original.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
PAGE \* MERGEFORMAT13

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
PAGE \* MERGEFORMAT1

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.