Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2021-01054-00
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Acción de tutela contra providencia judicial
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2021-01054-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2021-01054-00
Consejero ponente: Hernando Sánchez Sánchez
9 de julio de 2021
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL POR INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE SUBSIDIARIEDAD / EXISTENCIA DE OTRO MEDIO DE DEFENSA JUDICIAL / PROCEDENCIA DEL RECURSO DEL RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN / REVISIÓN DE RECONOCIMIENTO DE SUMAS PERIÓDICAS A CARGO DEL TESORO PÚBLICO / PERJUICIO IRREMEDIABLE – No acreditado
La Sala advierte que la parte actora contaba con otro medio de defensa para la protección de sus derechos fundamentales, antes de acudir a la acción de tutela, toda vez que tiene la posibilidad de interponer el recurso extraordinario de revisión establecido en el artículo 20 de la Ley 797 de 29 de enero de 2003, en concordancia con el artículo 251 de la Ley 1437 de 2011 para controvertir lo decidido en la sentencia accionada, comoquiera que conforme a las reglas anteriormente establecidas por parte de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado le asiste legitimación en la causa por activa para tal efecto. (…) Así las cosas, como lo ha señalado esta Sección al resolver problemas jurídicos similares, la situación que se presenta no es irremediable, dado que el perjuicio alegado está en posibilidad de desaparecer, para lo cual la entidad accionante está obligada a hacer uso de lo preceptuado en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, por lo que no resulta lógico considerarlo como insuperable, inminente o impostergable. (…) En las anteriores circunstancias, las presuntas irregularidades planteadas en la solicitud de tutela las debe dirimir el juez ordinario en sede del recurso extraordinario de revisión, para que verifique el alcance de la regulación aplicable de conformidad con el precedente mencionado y determinar si la prestación periódica fue reconocida de manera irregular, lo cual trae como consecuencia el no cumplimiento del requisito de subsidiariedad dentro del marco de la acción de tutela.
FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 251 / LEY 797 DE 2003 - ARTÍCULO 20
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá, D.C., nueve (9) de julio de dos mil veintiuno (2021)
Radicación número: 11001-03-15-000-2021-01054-00(AC)
Actor: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL – UGPP
Demandado: SUBSECCIÓN F DE LA SECCIÓN SEGUNDA DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA
Referencia: Acción de tutela
Tema: Acción de tutela contra providencia judicial / falta del cumplimiento del requisito de subsidiariedad
Derechos Fundamentales Invocados: i) Debido proceso y ii) acceso a la administración de justicia
Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela presentada por la parte actora contra la Subsección F de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, porque, a su juicio, al proferir la sentencia de 9 de octubre de 2020, dentro del proceso adelantado en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 110013342053201700038-02, vulneró sus derechos fundamentales invocados supra.
La presente providencia tiene tres partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollarán a continuación.
I. ANTECEDENTES
La solicitud
La parte actora, a través del Subdirector de Defensa Judicial Pensional, presentó acción de tutela contra la Subsección F de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, porque, a su juicio, al proferir la sentencia de 9 de octubre de 2020, dentro del proceso adelantado en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 110013342053201700038-02, vulneró sus derechos fundamentales invocados supra.
Presupuestos fácticos
Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en síntesis, son los siguientes:
Indicó que, la señora Clara Inés Avendaño nació el 23 de agosto de 1942, laboró en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y “[…] adquirió su estatus jurídico de pensionada el 23 de agosto de 1992, cuando cumplió 50 años de edad y contaba con 28 años, 9 meses y 14 días de servicio. […]”.
Manifestó que, la Subdirectora General de Prestaciones Económicas de la Caja Nacional de Previsión Social – CAJANAL, expidió la Resolución núm. 014973 de 14 de diciembre de 1995 “por la cual se reconoce y ordena el pago de una pensión mensual vitalicia de jubilación”, a la señora Clara Inés Avendaño, “[…] en cuantía de $173,740.53, efectiva a partir del 16/06/1995, condicionada a demostrar retiro definitivo del servicio. La liquidación se realizó con el 75% del promedio mensual de sueldos devengados en el último año de servicios, teniendo en cuenta los factores asignación básica y bonificación servicios prestados, de conformidad con las Leyes 33 y 62 de 1985. […]”.
Señaló que, la Subdirectora General de Prestaciones Económicas de la Caja Nacional de Previsión Social – CAJANAL, expidió la Resolución núm. 013488 de 6 de agosto de 1997 “por la cual se reliquida una pensión de jubilación”, “[…] en cuantía de $180,958.42, efectiva a partir del 29 de noviembre de 1995. La liquidación se realizó con el 75% del promedio mensual de sueldos devengados en el último año de servicios, teniendo en cuenta los factores asignación básica y bonificación servicios prestados, de conformidad con las Leyes 33 y 62 de 1985. […]”.
Adujo que, la Subdirectora de Determinación y Derechos Pensionales de la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales – UGPP, expidió la Resolución núm. RDP 30648 de 22 de agosto de 2016 “Por la cual se niega la reliquidación de una pensión” , “[…] con la totalidad de los factores salariales devengados en el último año de servicio, por cuanto, mediante la Resolución No. 014973 del 14 de diciembre de 1995, se incluyeron los factores salariales devengados en el último año de servicios, tales como, asignación básica y bonificación por servicios prestados, en los porcentajes adecuados. En cuanto a los demás factores salariales certificados, se negó porque no se encuentran consagrados por la norma ya mencionada, y no se observa que se les haya realizado los descuentos para pensión, razón por la cual no podían ser incluidos en la liquidación pensional. […]”.
Indicó que la Resolución núm. RDP 30648 de 22 de agosto de 2016 fue confirmada mediante la Resolución núm. RDP 047436 del 16 de diciembre de 2016 expedida por el Director de Pensiones de la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales – UGPP.
Clara Inés Dávila Avendaño presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales – UGPP con el fin de que se declarara la nulidad de la Resolución núm. RDP 30648 de 22 de agosto de 2016 y la Resolución núm. RDP 047436 del 16 de diciembre de 2016, expedidas por la entidad demandada. En ese sentido, la actora solicitó:
“[…] PRIMERO: Se ordene y practique la liquidación de la Reliquidación de la Pensión de Jubilación, que le fue reconocida a mi mandante por medio de la Resolución No. 013488 del 6 de agosto de 1997, con el fin de que la misma quede en cuantía de $252.055.00, efectiva a partir del 29 de noviembre de 1995, pero con efectos fiscales a partir del 13 de abril de 2013 por prescripción trienal.
SEGUNDA: Que al momento de practicar la reliquidación de la pensión se tengan en cuenta TODOS LOS FACTORES DE SALARIO devengados por mi mandante en el año de consolidación del derecho.
TERCERA: Que sobre la nueva cuantía se apliquen los reajustes pensionales de la Ley 71 de 1988.
CUARTA: Que se paguen a favor de mi mandante las diferencias que resulten como consecuencia de la Reliquidación. […]”.
Sentencia de 11 de junio de 2019 proferida por el Juzgado Cincuenta y Tres Administrativo del Circuito de Bogotá dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 110013342053201700038-00
El Juzgado Cincuenta y Tres Administrativo del Circuito de Bogotá, en audiencia realizada el 11 de junio de 2019, profirió sentencia y resolvió:
“[…] PRIMERO: DECLARAR la nulidad parcial de las Resoluciones RDP 030648 del 22 de agosto de 2016 y RDP 047436 del 16 de diciembre del mismo año, proferidas por la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION (sic) PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL – UGPP, por lo expuesto en la parte motiva.
SEGUNDO: Como consecuencia de la anterior declaración, y a título de restablecimiento del derecho, CONDENAR a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION (sic) PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL – UGPP a reliquidar la pensión de jubilación de la señora CLARA INÉS DÁVILA AVENDAÑO, identificada con la C.C. No. 41.306.316, a partir del 29 de noviembre de 1995, con el 75% del valor de los factores salariales sobre los cuales cotizó a seguridad social durante el último año de servicios, es decir, además de asignación básica y bonificación por servicios prestados, el factor de prima de antigüedad computable en una doceava parte (1/12), realizar los descuentos de ley que corresponden a la pensionada sobre tal reajuste, y a pagar la diferencia entre los valores ya cancelados y los que surjan de esta reliquidación, con efectos fiscales a partir de las mesadas no prescritas.
TERCERO: DECLARAR probada la excepción de prescripción trienal, en relación con los pagos aquí ordenados, causados con anterioridad al 13 de abril de 2013, por las razones ya expuestas.
CUARTO: ORDENAR a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION (sic) PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL – UGPP, que indexe las sumas aquí reconocidas – tanto a favor, como de los descuentos de ley-, a partir de las fechas allí ordenadas, por prescripción trienal. La actualización de las sumas liquidas resultantes deberá efectuarse de conformidad con el artículo 187 del C.P.A.C.A. […]”.
El Juzgado Cincuenta y Tres Administrativo del Circuito de Bogotá, fundamentó su decisión argumentando que:
“[…] la señora Flor María Martínez Rodríguez (sic) adquirió el status pensional el 23 de agosto de 1992 —consolida su derecho-, al cumplir los 50 años de edad de que trata el Decreto 3135 de 1968 y acreditar más de 20 años de servicio, antes de entrar en vigencia la Ley 100 de 1993.
Por consiguiente, los factores a tener en cuenta son los previstos por la Ley 62 de 1985, esto es, aquellos respecto de los cuales la demandante realizara cotizaciones, y en ese orden de ideas, como quiera que la UGPP, al momento de estudiar la petición de reliquidación de la pensión de jubilación que devenga la demandante incluyó solo los factores de asignación básica y bonificación por servicios prestados,
desconociendo que aquella realiza cotizaciones al sistema de seguridad social, además, sobre el factor de prima de antigüedad, como lo certificó a folio 116, es evidente que el cargo propuesto contra los actos administrativos acusados que negaron tal reajuste, tiene vocación de prosperidad parcialmente, siguiendo precisamente la orientación vigente del Órgano de Cierre de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa y que ya traía la Corte Constitucional.
En esas condiciones, procede a estudiar la prescripción de los pagos ordenados, conforme a lo previsto en el artículo 41 del Decreto 3135 de 1968, es decir, prescripción trienal, para lo cual se tendrá en cuenta la petición elevada ante la UGPP del 13 de abril de 2016 (fl. 8), y en consecuencia, se tendrá esa como la fecha de interrupción del aludido fenómeno para declarar la prescripción de los pagos adeudados con anterioridad al 13 de abril de 2013, en las mesadas que no fueron
reclamadas de forma oportuna.
4. Conclusión
Sobre el tema de los Órganos de Cierre Constitucional y de esta Jurisdicción. se ha
desvirtuado la presunción de legalidad de los actos administrativos acusados, por lo
mismo, se dispondrá la nulidad de los mismos, al haberse acreditado que desconocieron las normas en que debían fundarse.
En consecuencia, se ordenará a la demandada que reliquide la pensión de jubilación
de la actora, con la inclusión además de la asignación básica y la bonificación por servicios prestados, del factor de prima de antigüedad que devenga en el año anterior a su retiro del servicio, en una doceava parte (1/12) parte, por haber acreditado que cotizó respecto del mismo y se encuentra en la Ley 62 de 1985, con
los descuentos de ley que correspondan a la pensionada y que pague la diferencia
de las mesadas no prescritas. […]”.
Sentencia proferida el 9 de octubre de 2020 por la Subsección F de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 1100133420532017000380-02
La parte resolutiva de la mencionada providencia dispuso lo siguiente:
“[…] PRIMERO: MODIFÍCASE el numeral segundo de la sentencia proferida el 11 de junio de 2019 por el Juzgado Cincuenta y Tres (53) Administrativo de Oralidad de Bogotá D.C., por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia, el cual quedará así:
SEGUNDO: Como consecuencia de la anterior declaración y a titulo de restablecimiento del derecho, CONDENAR a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL – UGPP a reliquidar la pensión de jubilación de la señora CLARA INÉS DÁVILA AVENDAÑO, identificada con C.C. No. 41.306.316 a partir del 29 de noviembre de 1995, con el 75% del valor de todos los factores salariales devengaos en el último año de prestación de servicios, es decir, además de los ya reconocidos (asignación básica, prima de antigüedad y bonificación por servicios prestados), con la inclusión de subsidio de alimentación subsidio de transporte, prima de vacaciones y su respectivo ajuste, bonificación diciembre, efectiva a partir del 13 de abril de 2013.
Sobre los factores que se ordenan incluir la entidad deberá realizar los descuentos por aportes a seguridad social en pensiones del 13 de febrero de 1985 al 29 de noviembre de 1995 en los montos establecidos en la ley vigente, conforme lo expuesto en esta providencia.
La entidad demandada deberá cancelar las diferencias que surjan entre el valor actual de la mesada y el que de la reliquidación de forma actualizada, conforme lo dispone el art. 187 del CPACA, teniendo en cuenta la siguiente fórmula:
R = R.H. X ÍNDICE FINAL
ÍNDICE INICIAL
En la que el valor presente R se determina multiplicando el valor histórico (R.H.), que es lo dejado de percibir por el demandante de la correcta liquidación de su pensión de jubilación, por el guarismo que resulte de dividir el índice final de precios al consumidor certificado por el DANE, vigente a la fecha de ejecutoria de esta providencia, por el índice vigente en la fecha en que se acusaron las sumas adeudadas, teniendo en cuenta los aumentos o reajustes producidos o decretados durante dicho periodo.
Es claro que por tratarse de pagos de tracto sucesivo, la fórmula se aplicará separadamente mes a mes para cada mesada pensional, teniendo en cuenta que el índice inicial es el vigente al momento de la causación de cada uno de ellos.
SEGUNDO: CONFIRMESE en todo lo demás la sentencia proferida el 11 de junio de 2019 por el juzgado Cincuenta y Tres (53) Administrativo de Oralidad de Bogotá […]”.
Consideró que:
“[…] Se encuentra que la señora DÁVILA AVENDAÑO, al momento de entrar en vigencia la Ley 33 de 1985 (13 de febrero de 1985), acreditaba más de 15 años de servicio. Por tal razón, le es aplicable el régimen pensional vigente con anterioridad a dicha norma, que corresponde al establecido en los Decretos Ley 3135 de 1968 y 1045 de 1978.
Además, es claro que la accionante adquirió su status pensional el 23 de agosto de 1992, fecha en la cual contaba con 50 años de edad y más de 20 años de servicio, teniendo en cuenta que nació el 28 de agosto de 1942 y laboró en el ICBF del 15 de febrero de 1967 al 29 de noviembre de 1995.
El Decreto Ley 3135 de 1968, artículo 27, señaló que el empleado público o trabajador oficial que sirva 20 años continuos o discontinuos y llegue a la edad de 50 años, si es mujer, tendrá derecho a que la respectiva entidad de previsión le pague una pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente al 75% del promedio de los salarios devengados durante el último año de servicio.
Ahora bien, se advierte que mediante la Resolución No. 013488 del 6 de agosto de 1997 la extinta CAJANAL reliquidó la pensión de jubilación de la demandante en un 75% del promedio de lo devengado durante el último año de prestación de servicios e incluyendo los factores salariales de asignación básica y bonificación por servicios prestados. Verificados los valores, la suma tenida en cuenta como asignación básica incluye la prima de antigüedad.
Así mismo, encuentra la Sala que la entidad accionada no incluyó en la liquidación los emolumentos de subsidio de alimentación, subsidio de transporte, prima de vacaciones y su respectivo ajuste, bonificación junio y bonificación diciembre que fueron devengados por la accionante en su último año de servicios y que, de acuerdo con lo analizado en precedencia, constituyen factores salariales a incluir en el IBL. […]”.
[…]
“[…] De acuerdo con lo anterior, considera la Sala que las bonificaciones de junio y diciembre para el caso en particular deben ser entendidas como las primas de servicios y prima de navidad establecidas en el Decreto 1045 de 1978 y constituyen factores de liquidación pensional.
Ahora bien, debe precisarse que la demandante es beneficiario del régimen de transición de la Ley 33 de 1985, que tiene como finalidad proteger las expectativas legítimas de los empleados y trabajadores que venían cotizando para pensión en aplicación del régimen anterior, y adquirió su status pensional con sujeción a la normas pensiónales anteriores a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, por lo que tiene un derecho adquirido que debe protegerse a la luz de los artículos 48 y 58 de la Constitución, motivo por el que no puede ser sometida a las condiciones del régimen de transición de dicha Ley 100 de 1993, máxime cuando, se reitera, adquirió su status pensional antes de la entrada en vigencia de dicha norma. […]”.
[…]
“[…] En este orden de ideas, la demandante tiene derecho a que su pensión de jubilación se reconozca en aplicación del régimen pensional previsto en el Decreto Ley 3135 de 1968, con un valor equivalente al 75% de lo devengado en el último año de servicios, incluyendo los factores salariales establecidos en el Decreto 1045 de 1978, por lo cual corresponde modificar la sentencia de primera instancia, respecto a declarar la nulidad de los actos acusados y ordenar la reliquidación en los términos descritos. […]”.
La solicitud de tutela
Pretensiones
La parte actora solicitó en su escrito de tutela:
“[…] PRINCIPALES
Primero. AMPARAR los derechos fundamentales deprecados por la UGPP, vulnerados por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN F por el evidente detrimento del erario, que se genera con el incremento de la prestación de la causante por la inclusión de los factores denominados “subsidio de alimentación, subsidio de transporte, prima de vacaciones y bonificación de junio y de diciembre” a los cuales no tiene derecho y menos sobre ellos se realizaron aportes al Sistema.
Segundo. Como consecuencia de lo anterior:
a.- DEJAR sin efectos el fallo del 09 de octubre de 2020, dictado por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN F, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho No. 2017-00038, en razón a que desconoce que el régimen de transición contenido en la Ley 33 de 1985, no se aplica para determinar los factores que integran el IBL de las personas sujetas al régimen de transición, como así lo determinó la jurisprudencia vigente de la Corte Constitucional en las sentencias SU 395 de 2017, T- 494 de 2017 y T- 328 de 2018, así como por el Consejo de Estado en sentencias de unificación del 28 de agosto de 2018 y 09 de mayo de 2019, sino solo para efectos de respetar la edad, tiempo de servicio y tasa de remplazo, lo que hacía que, en la prestación de la señora CLARA INES DAVILA AVENDAÑO no pudiera serle aplicado la normativa anterior a la Ley 33 de 1985, esto es el Decreto 1045 de 1978, para con base en él se ordenara incluir los factores denominados “subsidio de alimentación, subsidio de transporte, prima de vacaciones y bonificación de junio y de diciembre” y menos pasarse por alto que
sobre esos factores no se hicieron aportes al Sistema.
b.- Se ORDENE al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN F dictar nueva sentencia ajustada a derecho, esto es, confirmando la sentencia del 11 de junio de 2019 dictada por el JUZGADO CINCUENTA Y TRES (53) ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ SECCIÓN SEGUNDA - ORAL, que negó las pretensiones de la demanda contenciosa por encontrar ajustado el actuar de la extinta CAJANAL en los actos administrativos de reconocimiento prestacional donde se aplicó en debida forma los factores enlistados en las Leyes 33 y 62 de 1985 y sobre los cuales se realizaron cotizaciones al Sistema.
SUBSIDIARIAS
En caso de que esa H. Magistratura no acceda a lo anterior en razón a no estar
superado el requisito de subsidiariedad solicitamos:
Primero. Sean amparados TRANSITORIAMENTE los derechos fundamentales deprecados por la UGPP y vulnerados por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CUNDINAMARCA SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN F.
Segundo. Como consecuencia de lo anterior se SUSPENDA de manera transitoria
el fallo del 09 de octubre de 2020 dictado en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho No. 2017-00038, hasta tanto se resuelva el recurso extraordinario de revisión que se iniciaría en virtud de su orden tutelar. […]”.
La parte actora en su escrito de tutela señaló que la autoridad judicial accionada incurrió en un defecto sustantivo comoquiera que, a su juicio:
“[…] los factores salariales sobre los cuales debía liquidarse la pensión de la causante son los enlistados en la Ley 62 de 1985 por la cual se modifica el artículo 3° de la Ley 33 del 29 de enero de 1985, estos son: asignación básica, gastos de representación, primas de antigüedad, técnica, ascensional y de capacitación, dominicales y feriados, horas extras, bonificación por servicios prestados, y trabajo suplementario o realizado en jornada nocturna o en día de descanso obligatorio; como se ve H. Magistrados, el subsidio de alimentación, subsidio de transporte, prima de vacaciones y bonificación de junio y de diciembre, ordenados en el fallo judicial, no están enlistados en esa norma, lo que hacía improcedente su inclusión. En todo caso, las pensiones de los empleados oficiales de cualquier orden, siempre se liquidarán sobre los mismos factores que hayan servido de base para calcular los aportes.
Que los factores salariales que debían tenerse en cuenta en su liquidación solo podrían ser los señalados en la Ley 33 de 1985 modificada por la ley 62 de 1985 teniendo en cuenta la fecha en que se adquirió el estatus de pensionada y porque este tema tampoco estaba sujeto a la transición contenida en la Ley 33 de 1985, lo que hacía que el subsidio de alimentación, subsidio de transporte, prima de vacaciones y bonificación de junio y de diciembre,
Bajo este contexto es evidente que en este caso existe una indebida interpretación de la transición contenida en la Ley 33 de 1985, para determinar los factores integrantes del IBL, así como un total desconocimiento del precedente jurisprudencial decantados tanto por el Consejo de Estado como por la Corte Constitucional, en sede unificación, constitucionalidad y revisión, respecto al tema de transición y de factores integrantes del IBL situaciones que generan que éste caso requiera la intervención URGENTE del Juez Constitucional por la relevancia constitucional que se observa. […]”.
[…]
“[…] Se erró en la aplicación del régimen de transición contenido en la Ley 33 de 1985 para determinar los factores que integrarían el IBL de la pensión de la causante, pues para ello no se podían aplicar los enlistados en el Decreto 1045 de 1978, conforme a la taxatividad del parágrafo 2 del artículo 1º de la Ley 33 de 1985.
Se pasó por alto que la causante NUNCA hizo los aportes al Sistema sobre los factores denominados: subsidio de alimentación, subsidio de transporte, prima de vacaciones y bonificación de junio y de diciembre, lo que hace que tampoco pudieran serle tenidos en cuenta para la reliquidación prestacional.
Se desconoció indebidamente que la norma aplicable al caso de la señora CLARA INES DAVILA AVENDAÑO para determinar los factores salariales era la Ley 33 que fue modificada por la Ley 62 de 1985 que claramente enlistaron los factores salariales que debían integrar el IBL de la pensión de la causante y sobre los que se realizaron aportes al Sistema de la Seguridad Social. […]”. (Resaltado por la Sala).
Asimismo, la parte actora afirmó que la autoridad judicial demandada incurrió en un defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial, toda vez que, a su juicio, desconoció:
“[…] la reiterada jurisprudencia sobre lo factores que integran una prestación, pues en ellas es claro que SOLO podrán ser tenidos en cuenta aquellos factores sobre los cuales se hicieron aportes al Sistema, lo que hace que esté debidamente configurado este defecto en cabeza del accionado para crear una nueva línea separada a los precedentes descritos y vigentes con la única finalidad de incrementar una prestación con la inclusión de unos factores sobre los cuales no solo no se hicieron cotizaciones sino que además no están enlistados en las normas que regulaban la prestación de la causante, esto es las Leyes 33 y 62 de 1985, lo que hace que podamos solicitar la intervención URGENTE de esa H. Magistratura con el fin de poner fin a este tipo de irregularidades con las cuales se afecta claramente el Erario Público que también debe ser protegido por todos los jueces de la república, bajo el principio de moralidad administrativa que rigen sus actuaciones. […]”.
Teniendo en cuenta lo anterior, citó las siguientes providencias:
Corte Constitucional; sentencia SU- 395 de 22 de junio de 2017; M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
Corte Constitucional; sentencia T- 494 de 3 de agosto de 2017; M.P. Alejandro Linares Cantillo.
Corte Constitucional; sentencia T- 328 de 13 de agosto de 2018; M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
Corte Constitucional; sentencia T- 039 de 16 de febrero 2018; M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, “[…]Sección Segunda; sentencia de 25 de febrero de 2016 […]”.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta; sentencia de 22 de mayo de 2019; C.P.; Milton Chaves García; número único de radicación: 11001031500020190075500.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A; sentencia de “[…] 9 de mayo de 2019; C.P. William Hernández Gómez […]”.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de unificación de 28 de agosto de 2018; C.P. César Palomino Cortés; número único de radicación: 520012333000201200143-01.
Actuación
El Despacho sustanciador, mediante auto de 17 de marzo de 2021; i) admitió la acción de tutela, ii) ordenó notificar a los magistrados de la Subsección F de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y iii) vinculó al Juzgado Cincuenta y Tres Administrativo del Circuito de Bogotá y a la señora Clara Inés Dávila Avendaño, en calidad de terceros con interés legítimo, concediéndoles el término de tres (3) días para que rindieran informe sobre el particular.
Intervenciones de la parte demandada y de los terceros con interés legitimo
La Subsección F de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca afirmó que:
“[…] al momento de dictarse la sentencia de segunda instancia que es objeto de censura, esta Subsección tuvo en cuenta el criterio expuesto por el H. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”, en la sentencia del 31 de enero de 2019, radicado No. 41001-23-31-000-2012-00101-00 (1145-2016), en el cual se resolvió un asunto similar al debatido en el proceso judicial.
De este modo, la sentencia de segunda instancia y que es objeto de la presente acción de tutela no generó una vía de hecho, ni abuso flagrante del derecho, como afirma la UGPP. Por el contrario, la sentencia del 9 de octubre de 2020, proferida por esta Subsección, contiene una interpretación razonable que, como se dijo en párrafos anteriores, acató el lineamiento jurisprudencial del H. Consejo de Estado. […]”.
Agregó que:
“[…] de la lectura del escrito de la tutela, se encuentra que los argumentos expuestos por la UGPP ya fueron expuestos a lo largo del trámite del proceso ordinario, por lo que se infiere que la entidad pretende que a través del presente mecanismo constitucional se estudie nuevamente una situación jurídica que ya fue resuelta por el juez natural, es decir, convertir la acción de tutela en una tercera instancia, lo cual no es procedente. Además, no se puede pasar por alto que las decisiones judiciales son adoptadas en ejercicio de la autonomía funcional y bajo la presunción de acierto y legalidad. […]”.
La señora Clara Inés Dávila Avendaño solicitó no acceder a la acción de tutela y en ese sentido “[…] mantener incólume el Fallo de segunda instancia proferido por el Honorable Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, de fecha 9 de octubre de 2020. […]”.
Manifestó que, la autoridad judicial demandada no incurrió en una violación a los derechos fundamentales de la parte actora comoquiera que, a su juicio “[…] se le protegieron los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la justicia […]”.
Teniendo en cuenta lo anterior, afirmó que, la “[…] UGPP a través de su apoderado interpuso recurso de apelación, contra la sentencia de primera instancia en término legal. Asimismo, la UGPP, dentro del término procesal presento (sic) los alegatos de conclusión, reiterando los argumentos expuestos en el recurso de apelación. Entonces se evidenció en el proceso la eficacia de las diferentes garantías que integran el debido proceso, toda vez que en cada trámite procesal se expresaron los principios de legalidad, defensa, contradicción, publicidad y primacía del derecho sustancial (CP. Art 29, 209 y 228). Entonces, no se violaron los principios al debido proceso ni mucho menos el acceso a la justicia. […]”.
Señaló que, la autoridad judicial demandada, no incurrió en un defecto sustantivo por indebida aplicación de las normas jurídicas, comoquiera que, a su juicio:
“[…] en el caso de mi representada tenemos que, la señora DÁVILA AVENDAÑO, nació el 23 de Agosto de 1942, luego cumplió cincuenta (50) años de edad el 23 de Agosto de 1992, fecha en que adquirió el status pensional
Según certificación de tiempos de servicio, expedido por la Directora de Gestión Humana del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, mi mandante laboró desde el desde (sic) 15 de febrero de 1967 hasta el 30 de diciembre de 1995, es decir, que para la entrada en vigencia de la Ley 33 de 1985 (13 de febrero de 1985) contaba con diecisiete (17) Años, once (11) meses y veintinueve (29) días).
De acuerdo a las normas arriba citadas, y teniendo en cuenta el caso concreto de mi representada, en un asunto de idénticas condiciones, se resolvió en Sentencia de fecha 24 de noviembre de 2017, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección “F”, Magistrado Ponente Dr: LUIS ALFREDO ZAMORA ACOSTA, Dte: GLADYS SUSANA NIÑO CAPADOR, Ddo: U.G.P.P. con radicado No. 2015-767-01, y la Sentencia proferida por la Sección Segunda . Sub sección “E”, en Sentencia de fecha 22 de noviembre de 2018, Magistrado Ponente Dr. JAIME ALBERTO GALEANO GARZÓN, donde la dte: MARÍA GLADYS ROJAS PULIDO, radicado 2016-161-01, en el que se manifiestan los argumentos ya descritos y ordenan la reliquidación de la pensión de jubilación con base en el parágrafo 2°del artículo 1°de la Ley 33 de 1985, por lo tanto su derecho pensional debe ser liquidada (sic) con el 75% del salario promedio devengado durante el último año de servicio, teniendo en cuenta lo previsto en el Decreto-Ley 3135 de 1968, reglamentado por el Decreto 1848 de 1969 y conforme a los factores señalados en el artículo 45 de 1978 […]”.
El Juzgado Cincuenta y Tres Administrativo del Circuito de Bogotá guardó silencio en esta etapa procesal.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia de la Sala
Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad con los artículos 1.º y 37 del Decreto 2591 de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021 y en armonía con el Acuerdo 377 de 11 de diciembre de 2018; y, el Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019, que asigna a esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.
Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela ha sido instituida como un instrumento preferente y sumario, destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades públicas, o por los particulares, en los casos expresamente señalados. Procede, a falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.
Problema jurídico
Corresponde a la Sala establecer: i) si, en efecto, es procedente la acción de tutela, acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra sentencias judiciales, concretamente si se cumplió con el requisito de subsidiariedad.
Para resolver el presente problema jurídico esta Sala analizará los siguientes temas: i) procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, ii) requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela cuando se dirige contra providencias judiciales; iii) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al debido proceso; iv) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al acceso a la administración de justicia; procediendo posteriormente a v) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y cuando, se satisfagan los requisitos generales.
Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania Álvarez Bello, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala Plena, en sentencia de 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profiera - que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro determine la ley y la propia doctrina judicial.
Requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra decisiones judiciales
Esta Sección adoptó como parámetros a seguir los señalados en la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el tema.
Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición jurisprudencial, estableció como requisitos generales de procedibilidad de esta acción constitucional, cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia constitucional del asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) la existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de la vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se trate de tutela contra tutela.
De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una providencia judicial: en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso objeto de análisis se configura uno de los defectos especiales, permitiéndole de esta manera “dejar sin efecto o modular la decisión” que encaje en dichos parámetros.
Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.
El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014.
Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela en el caso concreto
La Sala estudiará la procedencia de la acción de tutela bajo la premisa del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, dispuestos por la sentencia C-590 de 2005, proferida por la Corte Constitucional, en especial, el cumplimiento del requisito de subsidiariedad.
Requisito de subsidiariedad de la solicitud de tutela
La jurisprudencia constitucional, en armonía con lo dispuesto en los artículos 86 superior y 6.º del Decreto núm. 2591 de 19 de noviembre de 1991, indica que la solicitud de tutela es un medio de defensa de carácter subsidiario para obtener la protección inmediata y efectiva de los derechos fundamentales, lo que impone su procedencia siempre y cuando en el ordenamiento jurídico no exista otra acción idónea y eficaz para el amparo judicial de estos derechos.
Asimismo, esta Sección respecto de este requisito de subsidiariedad ha señalado:
“[...] La misma Corte Constitucional, de manera reiterada, ha señalado que la acción de tutela contra una providencia judicial es improcedente por no cumplir con el requisito de subsidiariedad cuando: “(i) el asunto está en trámite; (ii) no se han agotado los medios de defensa judicial ordinarios y extraordinarios; y (iii) se usa para revivir etapas procesales en donde se dejaron de emplear los recursos previstos en el ordenamiento jurídico””.
Lo anterior atiende a que, en primer lugar, es el juez ordinario quien debe corregir las irregularidades que llegaren a presentarse en el curso del proceso, de manera oficiosa o a solicitud de parte, a efecto de dictar una sentencia que materialice el derecho a la tutela judicial efectiva y sea el resultado de una actuación conforme a las garantías procesales […]”.
De lo anterior se colige la competencia subsidiaria y residual del juez de tutela para la protección de los derechos constitucionales, salvo que no exista otro medio de defensa judicial de comprobada eficacia para lograr que cese inmediatamente la vulneración. Al respecto la Corte Constitucional ha considerado:
“[…] La regla general es que el mecanismo constitucional de protección no puede superponerse a los mecanismos ordinarios establecidos en el ordenamiento jurídico de forma que los suplante o que se actúe como una instancia adicional para debatir lo que ya se ha discutido en sede ordinaria. En particular, la Sala insiste en que esta regla general conduce a que en los procedimientos administrativos, la tutela no procede contra actos expedidos por una autoridad administrativa, pues para ello se han previsto otros instrumentos judiciales, sin embargo, sólo de manera excepcional esta acción procede transitoriamente cuando se compruebe la existencia de un perjuicio irremediable […]”.
Así las cosas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad, la tutela resulta improcedente cuando es utilizada como mecanismo que desplaza los medios ordinarios de defensa previstos por la ley. Sin embargo, tal regla general encuentra la excepción si el juez constitucional logra determinar que los mecanismos y recursos ordinarios de defensa no son suficientemente idóneos y eficaces para garantizar la protección de los derechos presuntamente vulnerados o amenazados; y se requiere el amparo constitucional como mecanismo transitorio para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable.
Para que el perjuicio tenga categoría de irremediable ha de ser actual y las medidas que se requieran para conjurarlo han de ser urgentes; no basta cualquier perjuicio, se requiere que sea grave, lo que equivale a una gran intensidad del daño o menoscabo material o moral en el haber jurídico de la persona; la urgencia y la gravedad determinan que la acción de tutela sea impostergable, debido a que tiene que ser adecuada para restablecer el orden social justo en toda su integridad.
Requisito de subsidiariedad respecto del agotamiento del recurso extraordinario de revisión señalado en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003
Visto el artículo 20 de la Ley 797, sobre la revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública, señala:
“[…] Artículo 20. Revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública. <apartes tachados inexequibles> Las providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación.
La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una transacción o conciliación judicial o extrajudicial.
La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión por el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier tiempo por las causales consagradas para este en el mismo código y además:
a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y
b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.
[…]”.
Visto el artículo 251 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011, sobre el término para interponer el recurso extraordinario de revisión, señala que podrá interponerse “[…] en los casos previstos en al artículo 20 de la Ley 797 de 2003 dentro de los cinco años siguientes a la ejecutoria de la providencia judicial o en los casos de que ella no se requiera, dentro del término contado a partir del perfeccionamiento del acuerdo transaccional o conciliatorio […]”.
Atendiendo a que, frente al cumplimiento del requisito de subsidiariedad respecto del agotamiento del recurso extraordinario de revisión señalado en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 por parte de las Cajas de Previsión Social, si bien la citada norma señaló las autoridades que se encuentran legitimados por activa para presentarlo “[…] el Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación […]”, lo cierto es que la Corte Constitucional en la sentencia SU – 427 del 2016, consideró que: i) con base en el numeral 6 del artículo 6 del Decreto 5021 de 2009 se atribuyó a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, la competencia para iniciar acciones de tal naturaleza y ii) indicó que además de los sujetos señalados en el artículo 20 de la Ley 797, las administradoras de pensiones se encuentran legitimadas para interponer el citado recurso. Textualmente, señaló:
[…] 7.23. Ahora, frente a la legitimación para interponer el recurso de revisión por la configuración de un abuso del derecho, comoquiera que la Constitución no reguló la titularidad para interponerlo, debe entenderse que recae, además de los sujetos establecidos en la Ley 797 de 2003, en cabeza de las administradoras de pensiones encargadas del pago de las prestaciones periódicas reconocidas de manera irregular, pues son las primeras instituciones llamadas dentro del sistema pensional a velar por su buen funcionamiento financiero […]”.
Asimismo, esta Corporación ha señalado que las administradoras de pensiones deben tomar las medidas necesarias para aplicar el artículo 20 de la Ley 797, entre otras, para solicitar autorización o aval, a las entidades legitimadas para que se surta el recurso extraordinario señalado supra, conforme con lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 797 de 29 de enero de 2003, en armonía con lo señalado en el artículo 251 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011.
De lo anterior se colige que a las administradoras de pensiones, entre ellas, la UGPP les asiste legitimación en la causa por activa para la interposición del recurso extraordinario de revisión, cuando se invoca el artículo 20 de la Ley 797, dentro de los cinco años siguientes a la ejecutoria de la providencia judicial, conforme lo señala el artículo 251 de la Ley 1437.
Esta circunstancia, hace que en principio la acción de tutela sea improcedente, salvo que se evidencie de manera palmaria la ocurrencia del abuso del derecho alegado, caso en el cual, como lo ha señalado esta Sección es necesaria la intervención del juez constitucional para el restablecimiento de los derechos fundamentales involucrados, a través de medidas inmediatas de protección como mecanismo transitorio mientras el juez competente decide de fondo las acciones correspondientes, ante la ocurrencia de un perjuicio irremediable.
En ese sentido, la Sala resalta que la misma Corte Constitucional en las sentencias SU-631 de 12 de octubre de 2017 y T-034 de 13 de febrero de 2018, estableció una serie de criterios o elementos que pueden ser aplicados para evitar la concesión de derechos pensionales fundamentados en situaciones contrarias a la ley por fraude o abuso del derecho. El primero -el elemento objetivo- relacionado con el aumento o incremento significativo de los ingresos de una persona en el último año de servicios o en el periodo que sirve de base para calcular el IBL de la pensión; y, el segundo, -el elemento subjetivo- relacionado con que ese aumento se haya obtenido: i) con un ánimo de defraudar el sistema pensional; ii) mediante una “vinculación precaria” o iii) que se desvirtúe la presunción de buena fe que rige las actuaciones de los particulares.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental al debido proceso
Visto el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que establece que:
“[…] ARTICULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio.
En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. […]”.
Atendiendo a que, la Corte Constitucional ha definido el derecho al debido proceso, como “[…] el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico, a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se logre la aplicación correcta de la justicia. […]”, y ha recordado que “[…] En virtud del citado derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en forma omnímoda, sino dentro del marco jurídico definido democráticamente, respetando las formas propias de cada juicio y asegurando la efectividad de aquellos mandatos que garantizan a las personas el ejercicio pleno de sus derechos[…]” de manera que ha resaltado que el derecho al debido proceso tiene como propósito “[…] la defensa y preservación del valor material de la justicia, a través del logro de los fines esenciales del Estado, como la preservación de la convivencia social y la protección de todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes y demás derechos y libertades públicas (preámbulo y artículos 1° y 2° de la C.P) […]”.
Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental de acceso a la administración de justicia
Visto el artículo 229 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que establece que:
“[…] ARTICULO 229. Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia. La ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin la representación de abogado. […]”.
Atendiendo a que, la Corte Constitucional ha entendido el derecho de acceso a la administración de justicia, “[…] como la posibilidad reconocida a todas las personas de poder acudir, en condiciones de igualdad, ante las instancias que ejerzan funciones de naturaleza jurisdiccional que tengan la potestad de incidir de una y otra manera, en la determinación de los derechos que el ordenamiento jurídico les reconoce, para propugnar por la integridad del orden jurídico y por la debida protección o restablecimiento de sus derechos e intereses legítimos, con estricta sujeción a los procedimientos previamente establecidos y con plena observancia de las garantías sustanciales y procedimentales previstas en la Constitución y la ley […]”.
Análisis del caso concreto
La parte actora, a través del Subdirector de Defensa Judicial Pensional, presentó acción de tutela contra la Subsección F de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, porque, a su juicio, al proferir la sentencia de 9 de octubre de 2020, dentro del proceso adelantado en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 110013342053201700038-02, vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia.
Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el caso concreto.
La Sala procederá a apreciar y valorar las pruebas aportadas por las partes, de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del artículo 176 del Código General del Proceso, aplicando para ello las reglas de la lógica y la certeza que sobre determinados hechos se requiere para efectos de decidir lo que en derecho corresponda, en relación con los problemas jurídicos planteados por la actora en su respectivo escrito de tutela.
Acervo y análisis probatorios
Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra lo siguiente:
55.1. Copia del expediente del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 110013342053201700038-02.
Solución del caso concreto
Análisis del cumplimiento del requisito de subsidiariedad
La Sala advierte que la parte actora contaba con otro medio de defensa para la protección de sus derechos fundamentales, antes de acudir a la acción de tutela, toda vez que tiene la posibilidad de interponer el recurso extraordinario de revisión establecido en el artículo 20 de la Ley 797 de 29 de enero de 2003, en concordancia con el artículo 251 de la Ley 1437 de 2011 para controvertir lo decidido en la sentencia accionada, comoquiera que conforme a las reglas anteriormente establecidas por parte de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado le asiste legitimación en la causa por activa para tal efecto.
Así las cosas, como lo ha señalado esta Sección al resolver problemas jurídicos similares, la situación que se presenta no es irremediable, dado que el perjuicio alegado está en posibilidad de desaparecer, para lo cual la entidad accionante está obligada a hacer uso de lo preceptuado en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, por lo que no resulta lógico considerarlo como insuperable, inminente o impostergable.
En las anteriores circunstancias, las presuntas irregularidades planteadas en la solicitud de tutela las debe dirimir el juez ordinario en sede del recurso extraordinario de revisión, para que verifique el alcance de la regulación aplicable de conformidad con el precedente mencionado y determinar si la prestación periódica fue reconocida de manera irregular, lo cual trae como consecuencia el no cumplimiento del requisito de subsidiariedad dentro del marco de la acción de tutela.
En ese orden de ideas, la Sala encuentra que en el caso sub examine, existen otros mecanismos de control judicial para garantizar la protección de los derechos de la parte actora, como lo es el recurso extraordinario de revisión, previo al cumplimiento de los requisitos legales, para controvertir lo decidido en la sentencia, antes de acudir a la acción de tutela. En esa medida, la Sala declarará la improcedencia del amparo, como se dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.
Ahora bien, la Sala debe precisar que la parte actora incluyó en su escrito de tutela las siguientes prestaciones subsidiarias:
“[…] En caso de que esa H. Magistratura no acceda a lo anterior en razón a no estar
superado el requisito de subsidiariedad solicitamos:
Primero. Sean amparados TRANSITORIAMENTE los derechos fundamentales deprecados por la UGPP y vulnerados por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CUNDINAMARCA SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN F.
Segundo. Como consecuencia de lo anterior se SUSPENDA de manera transitoria
el fallo del 09 de octubre de 2020 dictado en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho No. 2017-00038, hasta tanto se resuelva el recurso extraordinario de revisión que se iniciaría en virtud de su orden tutelar. […]”.
Al respecto la Sala precisa que, al ser el juez natural de la causa el competente para pronunciarse de fondo respecto a los reparos formulados por la parte actora, no puede el juez constitucional en esta instancia inmiscuirse en lo que será objeto de análisis en un eventual recurso extraordinario de revisión. En ese sentido, no resulta procedente acceder a la solicitud del demandante en el sentido de suspender los efectos de los actos administrativos aquí demandados.
Conclusiones de la Sala
La Sala considera que la acción de tutela no es un mecanismo alternativo para lograr la protección de los derechos, en atención a que se trata de un mecanismo residual y subsidiario, es decir que solo procede cuando no existan otros recursos o medios de defensa judicial que permitan proteger los intereses de los afectados, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable que en el presente caso no se configuró.
Conforme con lo anterior y comoquiera que la acción de tutela no cumple con el requisito general establecido en la sentencia C – 590 de 2005, de subsidiariedad, la Sala declarará improcedente el amparo, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
III. RESUELVE:
PRIMERO: DECLARAR improcedente la acción de tutela presentada por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Parafiscales de la Protección Social – UGPP, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: Si no fuere impugnada la sentencia conforme lo señala el artículo 31 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente Consejera de Estado
Consejero de Estado
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Consejero de Estado Consejero de Estado
“Por la cual se reconoce y ordena el pago de una pensión mensual vitalicia de jubilación”
El Despacho advierte que, obra en el expediente copia de la Resolución núm. RDP 30648 de 22 de agosto de 2016, expedida por la Subdirectora de Determinación y Derechos Pensionales de la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales – UGPP, en la cual se relacionó, a modo de antecedente, que Clara Inés Dávila Avendaño “[…] mediante escrito de fecha 13 de abril de 2016 y radicado No. SOP201601011632 se presentó una solicitud de Reliquidación de una pensión […]”.
“Por la cual se niega la reliquidación de una pensión”
“Por la cual se resuelve un recurso de apelación en contra de la resolución 30648 del 22 de agosto de 2016”
“Por la cual se niega la reliquidación de una pensión”
“Por la cual se resuelve un recurso de apelación en contra de la resolución 30648 del 22 de agosto de 2016”
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P. Dra. María Elizabeth García González, Expediente identificado con número de radicación: 2009-01328. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C, P. María Elizabeth García González, número único de radicación 2009-01328
Corte Constitucional, Sentencia de 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño. Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, M.P.Mauricio González Cuervo. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 4 de agosto de 2014, C.P Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación: 11001031500020120220101.
"Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política"
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 15 de diciembre de 2017, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación 11001031500020170300600
La subregla mencionada ha sido aplicada en las sentencias SU-1299 de 2001, T-886 de 2001, T-212 de 2006, T-113 de 2013, T-103 de 2014, entre otras. Al respecto, la sentencia C-590 de 2005 afirmó que es “un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última”. Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño. La subregla jurisprudencial expuesta previamente fue aplicada en la sentencia SU-858 de 2001, SU-1299 de 2001, entre otras. Corte Constitucional, Sentencia T-103 de 2014, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. Corte Constitucional, Sentencia T-001 de 2017
Sentencia T-030 26 de enero de 2015
Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0100_1993.html" \l "1" 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales. Declarado inexequible
“Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”
Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0100_1993.html" \l "1" 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales. Corte Constitucional, sentencia SU-426 de 11 de agosto de 2016, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez. 6.
Adelantar o asumir, cuando haya lugar, las acciones previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 o normas que la adicionen o modifiquen.
“Por el cual se establece la estructura y organización de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP– y las funciones de sus dependencias”. Cfr. Sentencias T-363 de 1998 (M.P. Fabio Morón Díaz) y T-300 de 2014 (M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez). Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Veinte Especial de Decisión, sentencia de 26 de octubre de 2018, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación 11001 03 15 000 2014 01658 00
La Corte Constitucional en sentencia C-258 de 2013 le ordenó a las entidades que tienen a su cargo el reconocimiento y pago de pensiones, como lo es FONPRECON, que tomaran las medidas necesarias para aplicar el artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
“Artículo 251. Término para interponer el recurso. El recurso podrá interponerse dentro del año siguiente a la ejecutoria de la respectiva sentencia. En los casos contemplados en los numerales 3 y 4 del artículo precedente, deberá interponerse el recurso dentro del año siguiente a la ejecutoria de la sentencia penal que así lo declare. En el caso del numeral 7, el recurso deberá presentarse dentro del año siguiente a la ocurrencia de los motivos que dan lugar al recurso. En los casos previstos en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el recurso deberá presentarse dentro de los cinco (5) años siguientes a la ejecutoria de la providencia judicial o en los casos de que ella no se requiera, dentro del mismo término contado a partir del perfeccionamiento del acuerdo transaccional o conciliatorio.”
“Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”. Corte Constitucional, sentencia SU- 068 de 21 de junio de 2018, M.P. Alberto Rojas Ríos. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 29 de octubre de 2018, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación 11001 03 15 000 2018 03457 00. Corte Constitucional, sentencia SU 631 de 12 de octubre de 2017, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Corte Constitucional, sentencia T-034 de 13 de febrero de 2018, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. El principio de la buena fe ha sido definido por la Corte Constitucional como aquel que exige a los particulares y a las autoridades públicas ajustar sus comportamientos a una conducta honesta, leal y conforme con las actuaciones que podrían esperarse de una “persona correcta. Corte Constitucional, Sentencia C 980 de 1º. de diciembre de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo
Corte Constitucional, Sentencia T 799 de 21 de octubre de 2011, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto
“Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0100_1993.html" \l "1" 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales”
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 29 de octubre de 2018, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación 11001 03 15 000 2018 03457 00.
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