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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2021-01081-01

Acción de tutela contra providencia judicial

Fecha
24 de agosto de 2021
Consejero ponente
Carmelo Perdomo Cuéter

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2021-01081-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: 1º. Confírmase la sentencia de 24 de junio de 2021, mediante la cual el Consejo de Estado (sección primera) accedió al amparo deprecado por la empresa Visionary Tecnología Group S. A. S., por las razones expuestas en la motivación. 2º.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2021-01081-01

Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter

24 de agosto de 2021

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / AMPARO DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES / ADJUDICACIÓN DE CONTRATO / ACTO DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATO ESTATAL / DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE JUDICIAL / CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / ACTO ADMINISTRATIVO PRECONTRACTUAL / NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO

Así las cosas, se evidencia que el criterio del Consejo de Estado, que coincide con el de la Corte Constitucional, consiste en que cuando dentro de los treinta (30) días siguientes a la comunicación, notificación o publicación del acto administrativo precontractual no se demanda este a través de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, pero en ese interregno se suscribe el contrato estatal, es dable instaurar demanda de controversias contractuales, con el fin de obtener la nulidad absoluta del negocio jurídico con fundamento en presuntas irregularidades de aquella decisión administrativa; sin embargo, solo hay lugar a acceder a un resarcimiento económico si la referida demanda se formula en dicho lapso. Efectuadas las anteriores precisiones jurídicas, para determinar en el sub lite si la providencia acusada incurre o no en desconocimiento del precedente, resulta indispensable establecer en cuál de los supuestos fácticos que esta Corporación ha fijado, conforme al artículo 87 del CCA, se encuentra el litigio ventilado en el proceso de controversias contractuales 11001-33-31-035-2011-00139-00, para cuyo efecto se anota que la adjudicación del contrato a la Unión Temporal TIC Ecopetrol se publicó el 16 de octubre de 2009, este se suscribió el día 20 de los mismos mes y año y la demanda ordinaria se instauró el 1º de diciembre de 2010. En ese orden de ideas, como el contrato se celebró dentro de los treinta (30) días siguientes a la publicación del acto administrativo de adjudicación, la referida situación fáctica corresponde al tercer escenario analizado en líneas anteriores, por ende, la Unión Temporal GIP contaba con la posibilidad de presentar demanda de controversias contractuales, con el propósito de formular reproches contra aquella decisión administrativa y con fundamento en ellos pedir la nulidad absoluta del negocio jurídico. (…) Por otra parte, aunque los señores magistrados demandados, en la impugnación que se desata, aseveran que el argumento que emplearon justificó que se hayan apartado del criterio jurisprudencial analizado en precedencia, para la Sala no colma las exigencias fijadas por la jurisprudencia para que un juez pueda inobservar el precedente, en razón a que no hicieron referencia a la regla que no iban a acoger (por cuanto no analizaron los escenarios que involucra la aplicación del artículo 87 del CCA, los cuales fueron estudiados en líneas anteriores, y tampoco la postura según la cual una vez suscrito el contrato, no es dable cuestionar el acto administrativo de adjudicación a través de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho) ni expusieron una carga argumentativa suficiente de la que se colija su razonamiento protege en mayor medida derechos.

FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 86 / DECRETO 2591 DE 1991 – ARTÍCULO 1 / C.C.A – ARTÍCULO 87

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: CARMELO PERDOMO CUÉTER

Bogotá, D. C., veinticuatro (24) de agosto de dos mil veintiuno (2021)

Radicación número: 11001-03-15-000-2021-01081-01(AC)

Actor: VISIONARY TECNOLOGÍA GROUP S. A. S.

Demandado: MAGISTRADOS DE LA SUBSECCIÓN C DE LA SECCIÓN
TERCERA DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA

Procede la Sala a decidir la impugnación formulada por las autoridades accionadas contra la sentencia de 24 de junio de 2021, proferida por el Consejo de Estado (sección primera), que accedió al amparo deprecado.

ANTECEDENTES

La solicitud de amparo. La empresa Visionary Tecnología Group S. A. S., por conducto de apoderado, presenta acción de tutela con el fin de obtener la protección de sus derechos constitucionales fundamentales al debido proceso, igualdad y acceso a la administración de justicia, presuntamente quebrantados por los señores magistrados de la subsección C de la sección tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

Como consecuencia de lo anterior, pide se deje sin efectos el fallo de 15 de octubre de 2020, mediante el cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca (subsección C de la sección tercera) confirmó el de 21 de septiembre de 2018, con el que el Juzgado Sesenta y Dos (62) Administrativo de Bogotá negó las pretensiones de la demanda de controversias contractuales instaurada contra la Empresa Colombiana de Petróleos (Ecopetrol S. A.) y la Unión Temporal TIC Ecopetrol (expediente 11001-33-31-035-2011-00139-00); en su lugar, se ordene a las autoridades accionadas dictar una nueva providencia en la que decidan el mencionado trámite contencioso-administrativo, en atención al criterio jurisprudencial vigente sobre la materia allí debatida.

Hechos. Relata la accionante que Ecopetrol S. A. convocó a concurso de méritos (convocatoria 516871 de 27 de julio de 2009), con el objeto de contratar a una empresa que gestionara de manera integral entre los años 2009 y 2010 proyectos relacionados con tecnologías de la información.

Que constituyó, junto a la sociedad Informática Siglo XXI Ltda., la Unión Temporal GIP, que se postuló al referido procedimiento de selección, dentro del cual se le permitió a la Unión Temporal TIC Ecopetrol modificar la «propuesta en cuanto a la experiencia», lo que conllevó que ocupara el primer lugar y le fuera adjudicado el contrato el 16 de octubre de 2009, suscrito el día 20 de los mismos mes y año.

Dice que el 1º de diciembre de 2010 la unión temporal que integraba instauró demanda de controversias contractuales contra Ecopetrol S. A. y la Unión Temporal TIC Ecopetrol (expediente 11001-33-31-035-2011-00139-00), encaminada a obtener la anulación del negocio jurídico y del acto administrativo de adjudicación y el reconocimiento de la correspondiente compensación monetaria, asunto asignado por reparto al Tribunal Administrativo de Cundinamarca (subsección C de la sección tercera), que el 14 de abril de 2011 lo remitió por competencia a los juzgados administrativos de Bogotá.

Que el trámite ordinario fue conocido por el Juzgado Sesenta y Dos (62) Administrativo de Bogotá, que el 21 de septiembre de 2018 negó las pretensiones, al considerar que (i) operó la caducidad respecto de la decisión administrativa de adjudicación del contrato, toda vez que no se incoó dentro del término señalado en el artículo 87 del Código Contencioso Administrativo (CCA), y (ii) no se demostró que el concurso de méritos adelantado por Ecopetrol S. A. haya contrariado el ordenamiento jurídico.

Sostiene que contra el anterior fallo la allí demandante interpuso recurso de apelación, con el argumento de que la propuesta formulada por ella era mejor que la presentada por la Unión Temporal TIC Ecopetrol, por ende, debió adjudicársele el negocio jurídico, desatado el 15 de octubre de 2020 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca (subsección C de la sección tercera), en el sentido de confirmarlo, al estimar que como hubo caducidad en lo atañedero al acto administrativo de adjudicación, no era procedente estudiar la legalidad del acuerdo de voluntades, porque la causal de nulidad formulada contra este concernía a aquel.
Que la providencia atacada incurre en desconocimiento del precedente, puesto que inobservó el criterio de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, según el cual cuando un contrato estatal se celebra dentro de los treinta (30) días siguientes a la publicación de la adjudicación, es procedente controvertir esta a través de la demanda de controversias contractuales, sin que tenga incidencia que no se haya promovido la acción de nulidad y restablecimiento del derecho en el término estipulado en el artículo 87 del CCA, por cuanto los reproches que se formulen contra dicha decisión administrativa se dirigen a anular el negocio jurídico.

Contestaciones de la acción.

La señora Juez Sesenta y Dos (62) Administrativa de Bogotá afirma que la sentencia que decidió en primera instancia el proceso 11001-33-31-035-2011-00139-00, no vulnera los derechos constitucionales fundamentales invocados por la demandante, dado que se profirió de acuerdo con el sistema normativo y previo agotamiento de las correspondientes etapas procesales. Además, la tutelante, durante el mencionado trámite contencioso-administrativo, no demostró que el procedimiento de selección convocado por Ecopetrol S. A. y en el cual participó, haya contrariado los principios de selección objetiva y economía, situación que impedía acceder a las pretensiones ordinarias.

1.3.2 El señor presidente de Ecopetrol S. A., por conducto de apoderada, pide declarar improcedente la acción de tutela de la referencia, habida cuenta de que la actora la emplea como una tercera instancia, lo que evidencia un uso inadecuado de este mecanismo constitucional.

Que lo pretendido por la accionante no es que se amparen sus garantías superiores al debido proceso, igualdad y acceso a la administración de justicia, sino obtener la anulación tanto de la adjudicación del contrato celebrado con la Unión Temporal TIC Ecopetrol como de este, lo que desborda la competencia del juez de tutela, máxime cuando la sentencia atacada atiende el marco jurídico.
Agrega que la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado han precisado que los actos administrativos precontractuales deben enjuiciarse por conducto de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho dentro de los treinta (30) días siguientes a su comunicación, notificación o publicación, so pena de operar la caducidad, y como esa regla no fue observada por la Unión Temporal GIP, se imponía negar las súplicas de la demanda 11001-33-31-035-2011-00139-00.

1.3.3 Los señores magistrados demandados y representantes legales de las sociedades Informática Siglo XXI Ltda. y Unión Temporal Gestión TIC Ecopetrol guardaron silencio en la oportunidad prevista para el efecto.

1.4 Providencia impugnada. El Consejo de Estado (sección primera), mediante sentencia de 24 de junio de 2021, (i) amparó los derechos constitucionales fundamentales invocados por la tutelante, (ii) dejó sin efectos la providencia censurada y (iii) ordenó a las autoridades accionadas emitir una nueva dentro de los cuarenta (40) días siguientes en la notificación de la determinación judicial, en la que atiendan el criterio jurisprudencial aludido en el escrito inicial o expliquen de manera suficiente los motivos por los que se apartan de él.

Que los señores magistrados demandados indicaron que en el proceso ordinario 11001-33-31-035-2011-00139-00 concurren pretensiones tanto de nulidad y restablecimiento del derecho (en cuanto al acto administrativo de adjudicación), como de controversias contractuales (en relación con el contrato), circunstancia por la cual la caducidad debía contabilizarse respecto de cada determinación administrativa acusada, y como aquel trámite no se promovió durante los treinta (30) días de que trata el artículo 87 del CCA, operó dicho fenómeno procesal.

Asevera que tal postura desconoce la de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, según la cual cuando dentro de los treinta (30) días siguientes a la adjudicación del contrato se suscribe este, las determinaciones administrativas precontractuales pueden ser enjuiciadas a través de la demanda de controversias contractuales, pese a no instaurarse la de nulidad y restablecimiento del derecho, por cuanto los reproches contra ellas están encaminados a obtener la anulación absoluta del negocio jurídico.

Que si bien es cierto que la jurisprudencia ha indicado que los jueces están en la posibilidad de apartarse del precedente, también lo es que para ello resulta indispensable que expongan una carga argumentativa suficiente, mandato que no atendieron las autoridades accionadas, situación que impone acceder al amparo deprecado.

1.5 Impugnación. Los señores magistrados demandados, por conducto del ponente de la sentencia atacada, inconformes con la anterior decisión, la impugnaron, al estimar que hubo caducidad en la demanda 11001-33-31-035-2011-00139-00 en relación con la adjudicación del contrato allí enjuiciado, dado que no se instauró dentro de los treinta (30) días siguientes a su publicación, lo que impedía estudiar la anulación del negocio jurídico.

Que como el artículo 87 del CCA prevé que el acto administrativo de adjudicación puede controvertirse por conducto de la acción de controversias contractuales luego de la suscripción del acuerdo de voluntades, se evidencia que en el referido trámite contencioso-administrativo concurren pretensiones tanto de nulidad y restablecimiento del derecho como de aquella, razón por la cual se debe determinar la configuración de la caducidad respecto de cada una, con base en lo que concluyeron, de manera acertada, que en lo concerniente a la adjudicación operó ese fenómeno jurídico, lo que impedía anular el contrato, porque los reproches formulados contra este están relacionados con aquella.

Aseveran que no desconocieron el precedente de la Corte Constitucional, dado que «declaró exequible la precitada disposición», y en la sentencia atacada justificaron de manera suficiente los motivos por los que se apartaban del criterio del Consejo de Estado sobre la materia, por ende, no es dable atribuirles quebranto de los derechos constitucionales fundamentales invocados por la tutelante.

II. CONSIDERACIONES

2.1 Competencia. En virtud de los artículos 32 del Decreto ley 2591 de 1991 y 25 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 expedido por la sala plena del Consejo de Estado, esta subsección es competente para conocer de la presente impugnación.

2.2 La acción. Como se sabe, la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política y reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382 de 2000 y 1983 de 2017, como mecanismo directo y expedito para la protección de los derechos constitucionales fundamentales, permite a las personas reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un trámite preferente y sumario, la protección inmediata de ellos cuando quiera que resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares, siempre que no se disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se trate de impedir un daño irremediable, en cuyo evento procede como mecanismo transitorio.

2.3 Problema jurídico. Se contrae a determinar si es dable a través de la acción de tutela, examinar el eventual quebranto de derechos de linaje constitucional fundamental que pueda comportar la sentencia de 15 de octubre de 2020, por cuyo conducto el Tribunal Administrativo de Cundinamarca (subsección C de la sección tercera) confirmó la de 21 de septiembre de 2018, con la cual el Juzgado Sesenta y Dos (62) Administrativo de Bogotá negó las pretensiones de la demanda de controversias contractuales instaurada por la Unión Temporal GIP (integrada por la tutelante) contra Ecopetrol S. A. y la Unión Temporal TIC Ecopetrol (expediente 11001-33-31-035-2011-00139-00); y en caso afirmativo, si se han vulnerado las garantías superiores al debido proceso, igualdad y acceso a la administración de justicia invocadas en la solicitud de amparo.

2.4 La acción de tutela contra providencias judiciales. El debate jurisprudencial sobre la procedencia de la tutela contra decisiones judiciales tiene génesis en la sentencia C-543 de 1992 de la Corte Constitucional que declaró la inexequibilidad del artículo 40 del Decreto 2591 de 1991. Más adelante, la misma Corte permitió de manera excepcional y frente a la amenaza de derechos fundamentales, el reexamen de la decisión judicial en sede de tutela, con la finalidad de establecer si el fallo judicial se adoptó, en apariencia revestido de forma jurídica, cuando en realidad envolvía una vía de hecho.
La vía de hecho entendida como una manifestación burda, flagrante y desprovista de todo vestigio de legalidad, inspiró la posibilidad de instaurar la acción de tutela contra decisiones judiciales, pues no obstante el reconocimiento al principio de autonomía funcional del juez, quien la administra quebranta, bajo la forma de una providencia judicial, derechos fundamentales.

La evolución de la jurisprudencia condujo a que desde la sentencia T-231 de 1994 se determinaran cuáles defectos podían conducir a que una sentencia fuera calificada como vía de hecho, para lo cual sostuvo que esta se configura cuando se presenta, al menos, uno de los siguientes vicios o defectos protuberantes: (i) defecto sustantivo, que se produce cuando la decisión controvertida se funda en una norma indiscutiblemente inaplicable; (ii) defecto fáctico, que ocurre cuando resulta indudable que el juez carece de sustento probatorio suficiente para proceder a aplicar el supuesto legal en el que se sustenta la decisión; (iii) defecto orgánico, se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello; y (iv) defecto procedimental, que aparece en aquellos eventos en los que se actuó completamente al margen del proceso establecido.

Esta doctrina constitucional ha sido reiterada en varias decisiones de unificación proferidas por la sala plena de la Corte Constitucional, entre las cuales están las sentencias SU-1184 de 2001 y SU-159 de 2002.

Posteriormente, mediante sentencia C-590 de 2005, la Corte Constitucional destacó el carácter excepcional de la acción de tutela, vale decir cuando de manera protuberante se vulneran o amenazan derechos fundamentales. La regla general de improcedencia de la acción de tutela contra tales decisiones, se expone en la citada providencia al destacar que incluso las sentencias judiciales constituyen ámbitos ordinarios de reconocimiento y realización de los derechos fundamentales y, además, porque el valor de cosa juzgada de las sentencias, la garantía del principio de seguridad jurídica y la autonomía e independencia son principios que caracterizan a la jurisdicción en la estructura del poder público.

En otro aparte, en la mencionada decisión se precisó:

[…] 22. Con todo, no obstante que la improcedencia de la acción de tutela contra sentencias es compatible con el carácter de ámbitos ordinarios de reconocimiento y realización de los derechos fundamentales inherente a los fallos judiciales, con el valor de cosa juzgada de las sentencias y con la autonomía e independencia que caracteriza a la jurisdicción en la estructura del poder público; ello no se opone a que en supuestos sumamente excepcionales la acción de tutela proceda contra aquellas decisiones que vulneran o amenazan derechos fundamentales […].

Así las cosas, se determinaron los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, con la finalidad de destacar los eventos excepcionales de aplicación, los cuales deben satisfacerse plenamente para identificar cuándo una sentencia judicial puede someterse al examen de orden estrictamente constitucional, en aras de precisar si con la actuación se afectan derechos de relevancia constitucional o si no alcanza a vulnerarlos porque se profirió dentro del marco de actuación propio de los órganos judiciales ordinarios.

Tales presupuestos son: (i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; lo anterior porque el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. (ii) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable. Al respecto señala la Corte Constitucional que de no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales. (iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se interponga en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. (iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora. Dicha irregularidad debe comportar grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse frente a crímenes de lesa humanidad, y la protección de tales derechos se genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio, por ello hay lugar a la anulación del juicio. (v) Que el actor identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos quebrantados y que lo hubiere alegado en el proceso judicial siempre que esto hubiese sido posible. Sobre este punto, la Corte anota que esta exigencia es comprensible, pues sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que el accionante tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección constitucional de sus derechos. (vi) Que no se trate de sentencias de tutela, en consideración al riguroso proceso de selección que hace la Corporación.

Asimismo, se rediseñó el ámbito de comprensión de la acción de tutela contra sentencias judiciales y quedó superada la noción de vía de hecho por la de causales genéricas de procedibilidad con el propósito de destacar la excepcionalidad de la acción de tutela contra decisiones judiciales, la cual solamente cuando tenga indudable relevancia constitucional resulta procedente.

Al respecto, la Corte indica que los defectos o vicios que debe presentar la decisión que se juzga, son: (i) defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece de competencia; (ii) defecto procedimental absoluto, se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido; (iii) defecto fáctico, que surge cuando el juzgador carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión; (iv) defecto material o sustantivo, cuando se funda la decisión en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre las consideraciones y la decisión; (v) error inducido, se da cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y esto lo condujo adoptar una decisión que afecta derechos fundamentales; (vi) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento por parte de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones; (vii) desconocimiento del precedente, según la Corte Constitucional, en estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental quebrantado; y (viii) violación directa de la Constitución, que procede cuando la decisión judicial supera el concepto de vía de hecho, vale decir, en eventos en los que si bien no se está ante una burda trasgresión de la Carta, sí se trata de decisiones ilegítimas que afectan derechos fundamentales.

Esta Sala se ha detenido en el análisis de la posición de la Corte Constitucional en lo concerniente a la procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, por las razones que se exponen a continuación:

La primera es que en este aspecto, comparte plenamente la idea cardinal de que en el Estado social de derecho la prevalencia de los derechos constitucionales fundamentales compromete la actuación de «cualquier autoridad pública» (artículo 86 de la CP), incluidos desde luego los jueces de la República de todas las jurisdicciones y rangos.

En segundo lugar, de acuerdo con los derroteros jurisprudenciales de la Corte Constitucional si bien la acción de tutela resulta procedente contra providencias judiciales, esta comporta carácter excepcional y no puede significar, en modo alguno, una prolongación indefinida del debate jurídico.

En tercer lugar, la metodología contenida en la jurisprudencia constitucional para verificar si una decisión judicial debe o no ser tutelada, constituye un valioso mecanismo para resolver el asunto, cuya adopción facilita el análisis de este complejo problema.

Por otra parte, se destaca que la sala plena de lo contencioso administrativo del Consejo de Estado, en un principio había sostenido que la acción de tutela resultaba improcedente para controvertir decisiones judiciales, rectificó su posición mediante sentencia de 31 de julio de 2012, en el sentido de disponer que la acción constitucional es procedente contra providencias, cuando vulneren derechos constitucionales fundamentales, con observancia de los parámetros fijados jurisprudencialmente, así como los que en el futuro determine la ley y la jurisprudencia; lineamientos que esta subsección con anterioridad al fallo citado ha aplicado en los términos antes expuestos.
Por último, en el fallo de 5 de agosto de 2014, proferido por la sala plena de lo contencioso-administrativo, por importancia jurídica, se unificó el criterio de que esta acción constitucional procede siempre y cuando se respete el principio de autonomía del juez natural, y se cumplan los requisitos generales y específicos precisados por la Corte Constitucional, entre los que destacaron el de inmediatez y subsidiariedad.

2.5 Caso concreto. Analizados los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, en el sub lite se observa que (i) el asunto planteado comporta relevancia constitucional, pues recae sobre la presunta vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y acceso a la administración de justicia de la actora; (ii) contra la decisión objeto de censura no procede recurso alguno, en atención a que fue emitida en segunda instancia y se encuentra ejecutoriada; (iii) se establecieron los hechos que originaron el supuesto quebranto de las aludidas garantías superiores; (iv) el requisito de inmediatez se satisface, toda vez que la determinación judicial atacada se profirió el 15 de octubre de 2020 y la solicitud de amparo se instauró el 17 de marzo de 2021, es decir, dentro de un término prudencial (5 meses y 2 días); y (v) la providencia acusada no desató una acción de tutela.

En razón a que se colman los anteriores presupuestos, esta Sala examinará el fondo del asunto conforme a la causal específica denominada desconocimiento del precedente.

2.5.1 Desconocimiento del precedente. El desconocimiento del precedente tiene dos modalidades: (i) como causal autónoma de procedencia de la tutela contra providencia judicial cuando se trata del precedente constitucional, y (ii) como defecto sustantivo por el desconocimiento del precedente judicial. La primera tiene su origen en el artículo 241 superior y se predica exclusivamente de los precedentes fijados por la Corte Constitucional en su jurisprudencia, y la segunda hace referencia a cuando la autoridad jurisdiccional se aparta del precedente horizontal o vertical sin justificación suficiente, lo que lleva a concluir que la providencia adolece de un defecto sustantivo conforme a los principios del debido proceso, igualdad y buena fe.

La misma jurisprudencia constitucional ha precisado que el precedente no solo es orientador sino obligatorio, porque (i) si bien es cierto que los jueces únicamente están sometidos al imperio de la ley, también lo es que esta en su sentido amplio comprende todas las fuentes de derecho, incluidas las sentencias, el bloque de constitucionalidad y la jurisprudencia de los órganos de cierre en cada jurisdicción; (ii) su fuerza vinculante se funda en la aplicación de los principios de igualdad, debido proceso y buena fe, pues se debe garantizar la certidumbre en las decisiones de los jueces a la luz de la seguridad jurídica y la confianza legítima frente al ordenamiento jurídico; y (iii) es la solución más adecuada al problema jurídico que se plantea, salvo que en atención a su autonomía e independencia, se aparte por considerar que tiene mejores razones o justificaciones para decidirlo y las sustente de manera expresa, amplia y suficiente.

Se entiende por precedente judicial, como interpretación consolidada de la ley, el conjunto de razones reiteradas, amplias y consolidadas por el juez para dirimir los conflictos que conoce, que deben ser tenidas en cuenta al resolver controversias posteriores siempre que entre el asunto ya decidido y el que está por resolverse medie una correspondencia entre las situaciones fácticas y jurídicas. En otras palabras, la administración de justicia debe solucionar los litigios a su cargo en virtud de la línea jurisprudencial vertical u horizontal, pues constituye una pauta para la solución de casos idénticos que garantiza los principios de seguridad jurídica e igualdad, entre otros.

Por lo anterior, el precedente es el elemento esencial para verificar si con una decisión judicial se han vulnerado o no los derechos constitucionales fundamentales a la igualdad y debido proceso, toda vez que los jueces deben acoger, en procesos con similares fundamentos fácticos, las directrices impartidas por los órganos de cierre en cada una de las jurisdicciones o apartarse razonadamente de ellas.

En lo atañedero a la posibilidad de apartarse del precedente, la Corte Constitucional ha precisado que es dable siempre que se empleen argumentos jurídicamente razonables y suficientes que protejan en mayor medida el ordenamiento jurídico, en especial las normas constitucionales. Al respecto, dicha Corporación sostuvo:

32. No obstante lo anterior, el deber de aplicación del precedente no es absoluto, por lo que el funcionario judicial puede apartarse válidamente de él, bajo las garantías que le otorgan los principios de independencia y autonomía judicial. Para hacerlo, el juzgador debe (i) hacer referencia al precedente que va a dejar de aplicar y (ii) ofrecer una justificación razonable, seria, suficiente y proporcionada, que haga manifiestas las razones por las que se aparta de la regla jurisprudencial previa.

En el asunto sub judice, en atención a los documentos adosados a las presentes diligencias, se evidencia que el 27 de julio de 2009 Ecopetrol S. A. convocó a concurso de méritos 516871, cuyo objeto consistía en «prestar los servicios para realizar una gestión integral de proyectos, para la maduración y ejecución de los proyectos de tecnología de información, soluciones de información y telecomunicaciones (gestión integral de proyectos TIC) 2009 a 2010, de la dirección de tecnología de la información».

La tutelante constituyó, junto con la sociedad Informática Siglo XXI Ltda., la Unión Temporal GIP, la cual presentó propuesta dentro del referido procedimiento de selección, que obtuvo un puntaje inicial de 900, sin embargo, luego de verificaciones del comité evaluador del organismo, se redujo a 750 puntos, porque uno de los contratos con los que se demostró experiencia concernía a prestación de servicios y no a gerencia de proyectos.

El 16 de octubre de 2009 el negocio jurídico le fue adjudicado a la Unión Temporal TIC Ecopetrol, toda vez que su propuesta fue la mejor calificada y colmaba las respectivas exigencias, acto administrativo que se publicó en esa fecha. El contrato se suscribió el día 20 de los mismos mes y año.

El 1º de diciembre de 2010 la Unión Temporal GIP incoó acción de controversias contractuales contra Ecopetrol S. A. y la Unión Temporal TIC Ecopetrol (expediente 11001-33-31-035-2011-00139-00), encaminada a obtener la anulación de la adjudicación del contrato y de este, comoquiera que a la referida unión temporal se le permitió modificar su propuesta sobre aspectos insanables, y el pago de la correspondiente compensación monetaria, trámite del que conoció el Juzgado Sesenta y Dos (62) Administrativo de Bogotá, que el 21 de septiembre de 2018 negó las pretensiones, al considerar que hubo caducidad respecto de la adjudicación, porque no se formuló la demanda en el interregno previsto en el artículo 87 del CCA, y el precitado concurso de méritos se surtió de acuerdo con el sistema normativo y no se demostró que la propuesta de la allí demandante fuera la mejor.

Contra la anterior decisión la actora interpuso recurso de apelación, con el argumento de que probó que su proposición era más conveniente que la de la unión temporal a la que se le adjudicó el contrato, pues esta adolecía de falencias insanables, desatado el 15 de octubre de 2020 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca (subsección C de la sección tercera), en el sentido de confirmar el fallo de primera instancia, al estimar que en el proceso concurren súplicas de nulidad y restablecimiento del derecho, en cuanto al acto administrativo de adjudicación, y de controversias contractuales, en lo atañedero al negocio jurídico, de manera que contra aquella decisión administrativa debía incoarse la demanda dentro de los treinta (30) días siguientes a su publicación, conforme al artículo 87 del CCA, y como la Unión Temporal GIP no lo hizo, operó la caducidad.

Que el Consejo de Estado ha indicado que cuando se instaura la demanda contra la adjudicación luego de treinta (30) días de su comunicación, notificación o publicación, es dable resolver las pretensiones relacionadas con la nulidad de aquella y del contrato, sin embargo, no se comparte este criterio, dado que en ese escenario hay caducidad respecto de la decisión administrativa inicial.

Concluye que la omisión de acudir oportunamente a la jurisdicción contencioso-administrativo con la finalidad de pedir la anulación del acto administrativo de adjudicación, impide emitir un pronunciamiento sobre las súplicas concernientes a la demanda de controversias contractuales, porque la ilegalidad del contrato alegada se fundamenta en reproches formulados contra aquella decisión administrativa.

La tutelante afirma en la solicitud de amparo que la providencia acusada adolece de desconocimiento del precedente, comoquiera que inobservó el criterio de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, según el cual cuando se emite un acto administrativo de adjudicación de un contrato y dentro de los treinta (30) días siguientes a su comunicación, notificación o publicación, se celebra el negocio jurídico, la presunta ilegalidad de aquel puede alegarse como fundamento de la nulidad absoluta de este, a través de la acción de controversias contractuales.

Con la finalidad de determinar si el anterior reproche tiene o no asidero jurídico, resulta oportuno advertir que la caducidad es una institución jurídico-procesal que tiene como fin regular el tiempo con el que cuentan las personas para ejercer el derecho de acción, es decir, para acudir ante la administración de justicia en aras de dirimir controversias, con lo que se materializa el principio de seguridad jurídica, puesto que evita que un conflicto permanezca sin solución indefinidamente. Esta se configura cuando no se instauran los medios judiciales durante el término otorgado en la normativa, lo que imposibilita al juez decidir de fondo el asunto.

Ahora bien, el artículo 87 del CCA (vigente para el momento en que se promovió la demanda 11001-33-31-035-2011-00139-00) preceptúa que la acción de controversias contractuales procede para pedir la declaratoria de existencia o nulidad de contratos estatales. Además, dicha norma establece que los actos administrativos precontractuales son susceptibles de ser enjuiciados a través de demandas de nulidad y de nulidad y restablecimiento del derecho, dentro de los treinta (30) días siguientes a su comunicación, notificación o publicación, siempre que no se haya celebrado el negocio jurídico. No obstante, si este se suscribe en dicho interregno, las presuntas irregularidades de aquellos pueden invocarse para obtener la nulidad absoluta del contrato en un proceso de controversias contractuales. La mencionada disposición prevé:

Cualquiera de las partes de un contrato estatal podrá pedir que se declare su existencia o su nulidad y que se hagan las declaraciones, condenas o restituciones consecuenciales, que se ordene su revisión, que se declare su incumplimiento y que se condene al responsable a indemnizar los perjuicios y que se hagan otras declaraciones y condenas.

Los actos proferidos antes de la celebración del contrato, con ocasión de la actividad contractual, serán demandables mediante las acciones de nulidad y de nulidad y restablecimiento del derecho, según el caso, dentro de los treinta (30) días siguientes a su comunicación, notificación o publicación. La interposición de estas acciones no interrumpirá el proceso licitatorio, ni la celebración y ejecución del contrato. Una vez celebrado éste, la ilegalidad de los actos previos solamente podrá invocarse como fundamento de nulidad absoluta del contrato.

La Corte Constitucional, en sentencia C-1048 de 2001, estudió la constitucionalidad de la citada disposición y precisó que si bien la celebración del contrato impide enjuiciar actos administrativos precontractuales a través de demandas de nulidad y de nulidad y restablecimiento del derecho, ello no imposibilita que las presuntas irregularidades de estos puedan ser alegadas en una acción de controversias contractuales, cuando el negocio jurídico se suscribe dentro del término señalado en la mencionada norma, pues es dable invocarlas para obtener la nulidad absoluta del contrato. En esos términos lo sostuvo el alto tribunal, al indicar:

[…] la Corte entiende que actualmente los terceros pueden demandar la nulidad de los actos previos al contrato, a través de las acciones de nulidad y nulidad y restablecimiento del derecho, dentro del término de caducidad de 30 días siguientes a su comunicación, notificación o publicación. Pero que una vez expirado este término o suscrito el contrato, desaparece la posibilidad de incoar tales acciones respecto de esta categoría de actos previos. A partir de ese momento, los referidos actos previos sólo podrán ser impugnados a través de la acción de nulidad absoluta, la cual puede ser incoada, entre otras personas, por los terceros con interés directo -interés que ha sido reconocido por la jurisprudencia del h. Consejo de Estado como existente en cabeza de los licitantes o proponentes-. En este caso, la ilegalidad de los actos previos se puede alegar como fundamento de la nulidad absoluta del contrato.

La Corte Constitucional, al desatar otra demanda de constitucionalidad presentada contra el artículo 87 del CCA, en la que se plantearon argumentos diferentes a los analizados en la aludida sentencia, concluyó:

[…] ha de resaltarse […] que la posibilidad de demandar los actos administrativos precontractuales por vía de las acciones de nulidad o nulidad y restablecimiento cesa a partir de la celebración del contrato estatal respectivo, y que cuando tal celebración ocurre antes de que se hayan vencido los treinta días que otorga la norma como término de caducidad, opera como una causal de extinción anticipada del término para hacer uso de las referidas acciones.

[…] No sobra reiterar que, en cualquier caso, los interesados que se sientan afectados por los actos precontractuales podrán acudir, para la defensa de sus derechos después de la celebración del contrato, a la vía procesal de la acción contractual, cuyo término de caducidad es de dos años.

De las precitadas providencias, se concluye que la Corte Constitucional ha precisado que la celebración del contrato estatal dentro de los treinta (30) días siguientes a su adjudicación, extingue el término de caducidad respecto de esta e impide promover acciones de nulidad y de nulidad y restablecimiento del derecho en su contra, no obstante, su presunta ilegalidad puede plantearse en una demanda de controversias contractuales y con base en ella pedir la nulidad absoluta del negocio jurídico.

Por su parte, el Consejo de Estado ha anotado que el artículo 87 del CCA contempla tres (3) escenarios. El primero se presenta cuando la demanda de nulidad o nulidad y restablecimiento del derecho se instaura contra un acto administrativo precontractual durante los treinta (30) días siguientes a su comunicación, notificación o publicación, sin que en ese lapso se haya celebrado el contrato, caso en el cual el actor puede obtener la anulación de aquel y la correspondiente compensación monetaria.

El segundo evento consiste en que no se suscribe el negocio jurídico ni se controvierte ante la jurisdicción contencioso-administrativa la decisión precontractual dentro del aludido término, situación fáctica que involucra la configuración de la caducidad respecto de esa determinación, lo que impide someterla a control judicial o pedir la nulidad absoluta del contrato con base en reproches formulados en su contra, por cuanto ello originaría que el demandante escoja a su arbitrio el término con el que cuenta para promover la respectiva demanda, en desconocimiento del principio de seguridad jurídica.

El tercer escenario hace referencia a que durante los treinta (30) días siguientes a la comunicación, notificación o publicación del acto administrativo precontractual, se celebre el contrato estatal sin que se haya instaurado demanda alguna contra aquel, lo que permite exponer argumentos en su contra en una acción de controversias contractuales y con base en ellos pedir la nulidad absoluta del negocio jurídico y el correspondiente resarcimiento económico, el cual está condicionado a que dicho asunto se promueva dentro del término establecido en el artículo 87 del CCA, porque de no acontecer ello, no es dable reconocerlo. Sobre el particular, esta Corporación indicó:

La tercera hipótesis corresponderá a los eventos en los cuales la entidad estatal y el adjudicatario proceden a celebrar el contrato estatal antes de que expire el término de los 30 días siguientes a la notificación, comunicación o publicación del acto de adjudicación, según fuere el caso, sin que para esa fecha el proponente vencido hubiere ejercido la correspondiente acción de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del acto previo, situación que si bien determina que el interesado ya no podrá ejercer la mencionada acción de nulidad y restablecimiento del derecho, la ley expresamente le dejó abierta la opción para ejercer válidamente la acción contractual, dentro de la cual deberá pretender la nulidad del contrato estatal y la declaratoria de ilegalidad de los actos previos, pretensión que –según ya se indicó– incluso servirá de fundamento para que prospere aquella de nulidad del contrato, con la anotación de que en estos casos y siempre que la acción contractual se ejerza dentro del mencionado término de 30 días, el interesado también estará legitimado para solicitar el restablecimiento de los derechos que le fueron desconocidos como resultado de la indebida adjudicación […].

Sobre la tercera situación fáctica que contempla el artículo 87 del CCA, esta Corporación explicó en un pronunciamiento más reciente:

En principio, y de acuerdo con lo establecido por el artículo 87 del Código Contencioso Administrativo, el proponente inconforme con la decisión, podía incoar la acción de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del referido acto administrativo, dentro de los 30 días (hábiles) siguientes a su notificación.

No obstante, se advierte que el contrato adjudicado fue celebrado el 14 de diciembre de 2005 –contrato de obra por el sistema de administración delegada No. 251- (f. 343, c. 2), es decir antes de que transcurrieran los 30 días contemplados en el artículo 87 del C.C.A, razón por la cual, de acuerdo con esta misma norma, sólo resultaba posible cuestionar la validez del acto de adjudicación, como causal de nulidad absoluta del contrato celebrado, en ejercicio de la acción contractual.

[…]

No obstante, resulta necesario advertir que no resulta posible estudiar las pretensiones indemnizatorias de la demanda, toda vez que ellas se derivan del acto administrativo ilegal, que debió ser impugnado dentro de los 30 días siguientes a su notificación, bien sea a través de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, que es la que procede en contra de tales actos, o mediante la acción contractual, en caso de que el contrato hubiera sido suscrito antes del transcurso de esos 30 días.

Así las cosas, se evidencia que el criterio del Consejo de Estado, que coincide con el de la Corte Constitucional, consiste en que cuando dentro de los treinta (30) días siguientes a la comunicación, notificación o publicación del acto administrativo precontractual no se demanda este a través de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, pero en ese interregno se suscribe el contrato estatal, es dable instaurar demanda de controversias contractuales, con el fin de obtener la nulidad absoluta del negocio jurídico con fundamento en presuntas irregularidades de aquella decisión administrativa; sin embargo, solo hay lugar a acceder a un resarcimiento económico si la referida demanda se formula en dicho lapso.

Efectuadas las anteriores precisiones jurídicas, para determinar en el sub lite si la providencia acusada incurre o no en desconocimiento del precedente, resulta indispensable establecer en cuál de los supuestos fácticos que esta Corporación ha fijado, conforme al artículo 87 del CCA, se encuentra el litigio ventilado en el proceso de controversias contractuales 11001-33-31-035-2011-00139-00, para cuyo efecto se anota que la adjudicación del contrato a la Unión Temporal TIC Ecopetrol se publicó el 16 de octubre de 2009, este se suscribió el día 20 de los mismos mes y año y la demanda ordinaria se instauró el 1º de diciembre de 2010.

En ese orden de ideas, como el contrato se celebró dentro de los treinta (30) días siguientes a la publicación del acto administrativo de adjudicación, la referida situación fáctica corresponde al tercer escenario analizado en líneas anteriores, por ende, la Unión Temporal GIP contaba con la posibilidad de presentar demanda de controversias contractuales, con el propósito de formular reproches contra aquella decisión administrativa y con fundamento en ellos pedir la nulidad absoluta del negocio jurídico.

No obstante, las autoridades accionadas aseveraron que, comoquiera que no se promovió acción de nulidad y restablecimiento del derecho en el referido lapso, operó la caducidad respecto de la pretensión de anular la decisión administrativa de adjudicación, lo que impedía analizar la legalidad del contrato, porque las inconformidades estaban orientadas a controvertir aquella.

Para la Sala la providencia cuestionada, como lo concluyó el a quo, incurre en desconocimiento del precedente, dado que desatendió la postura tanto de la Corte Constitucional como del Consejo de Estado, según la cual cuando el negocio jurídico se suscribe dentro de los treinta (30) días siguientes a la comunicación, notificación o publicación de la adjudicación, es procedente atacarlo a través de la acción de controversias contractuales con el fin de obtener la nulidad absoluta del contrato.

Ahora bien, los señores magistrados demandados indicaron que en el proceso 11001-33-31-035-2011-00139-00 concurrían súplicas de acciones de nulidad y restablecimiento del derecho (en cuanto al acto administrativo de adjudicación) y de controversias contractuales (en lo concerniente al contrato estatal), por ende, debían dilucidar si sobre cada una de ellas operaba la caducidad, lo cual hicieron, de lo que concluyeron que en lo atañedero a aquella determinación administrativa se produjo dicho fenómeno procesal, toda vez que la demanda no se incoó en el término previsto en el artículo 87 del CCA (30 días).

Frente a lo anterior se advierte que no concurren pretensiones de diferentes acciones en el referido trámite contencioso-administrativo, pues están dirigidas a obtener la nulidad absoluta del contrato, lo que es propio de demandas de controversias contractuales, y no es dable acceder a un restablecimiento del derecho porque no se promovió dentro los treinta (30) días siguientes a la comunicación, notificación o publicación del acto administrativo de adjudicación, conforme lo explicó esta Corporación, así:

[…] resulta necesario advertir que no resulta posible estudiar las pretensiones indemnizatorias de la demanda, toda vez que ellas se derivan del acto administrativo ilegal, que debió ser impugnado dentro de los 30 días siguientes a su notificación, bien sea a través de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, que es la que procede en contra de tales actos, o mediante la acción contractual, en caso de que el contrato hubiera sido suscrito antes del transcurso de esos 30 días

Por otra parte, aunque los señores magistrados demandados, en la impugnación que se desata, aseveran que el argumento que emplearon justificó que se hayan apartado del criterio jurisprudencial analizado en precedencia, para la Sala no colma las exigencias fijadas por la jurisprudencia para que un juez pueda inobservar el precedente, en razón a que no hicieron referencia a la regla que no iban a acoger (por cuanto no analizaron los escenarios que involucra la aplicación del artículo 87 del CCA, los cuales fueron estudiados en líneas anteriores, y tampoco la postura según la cual una vez suscrito el contrato, no es dable cuestionar el acto administrativo de adjudicación a través de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho) ni expusieron una carga argumentativa suficiente de la que se colija su razonamiento protege en mayor medida derechos.

Además, cabe advertir que las autoridades accionadas, al decidir la demanda 11001-33-31-035-2011-00139-00 con fundamento en su criterio, privilegiaron aspectos formales (como lo es la caducidad) que no resultaban aplicables al caso concreto, por cuanto la celebración del contrato dentro del lapso estipulado en el artículo 87 del CCA «opera como una causal de extinción anticipada del término para hacer uso de la» acción de nulidad y restablecimiento del derecho, con lo que se desconocieron preceptos superiores como el acceso a la administración de justicia y la justicia material.

Por último, se aclara que los demandados acogieron de manera tácita las consideraciones expuestas por esta Corporación para el segundo escenario que fijó respecto del artículo 87 del CCA, según el cual hay caducidad cuando no se enjuicia el acto administrativo de adjudicación, a través de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, dentro de los treinta (30) días siguientes a su comunicación, notificación o publicación, sin embargo, no tuvieron en cuenta que ese supuesto se aplica en el evento en que el negocio jurídico no se suscriba en ese interregno, lo que ocurrió en los hechos que motivaron la demanda de controversias contractuales 11001-33-31-035-2011-00139-00 y que permitía controvertir el contrato con fundamento en reproches formulados contra la adjudicación.

En virtud de lo expuesto, se concluye que las autoridades accionadas desconocieron el precedente al inobservar de manera injustificada la postura de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, consistente en que cuando dentro de los treinta (30) días siguientes a la comunicación, notificación o publicación del acto administrativo de adjudicación no se ataca este a través de las acciones de nulidad o de nulidad y restablecimiento del derecho, pero en ese lapso se suscribe el contrato estatal, es dable deprecar la nulidad absoluta de este a través de la acción de controversias contractuales y con base en inconformidades planteadas contra aquella determinación administrativa precontractual.

A partir de los anteriores prolegómenos y comoquiera que el fallo censurado incurre en desconocimiento del precedente, se impone confirmar la sentencia impugnada, que accedió al amparo deprecado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, sala de lo contencioso-administrativo, sección segunda, subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Constitución Política,

FALLA:

1º. Confírmase la sentencia de 24 de junio de 2021, mediante la cual el Consejo de Estado (sección primera) accedió al amparo deprecado por la empresa Visionary Tecnología Group S. A. S., por las razones expuestas en la motivación.

2º. Notifíquese esta determinación judicial a las partes por el medio más expedito, en la forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991.

3º. Comuníquese el presente fallo al Consejo de Estado (sección primera) y remítasele copia.

4º. Ejecutoriada esta providencia, como lo prevé el artículo 32 del Decreto ley 2591 de 1991 envíese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase,

Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.

Firmado electrónicamente
CARMELO PERDOMO CUÉTER

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ CÉSAR PALOMINO CORTÉS

Sentencias (i) C-1048 de 2001, M. P. Marco Gerardo Monroy Cabara; y (ii) C-712 de 2015, C. P. Manuel José Cepeda Espinosa. Sección tercera, subsección A, sentencia de 12 de diciembre de 2019, C. P. María Adriana Marín, expediente 25000-23-26-000-2006-01435-01. Vinculada por el a quo, mediante auto de 19 de marzo de 2021, al presente trámite constitucional, junto con los señores representantes legales de las sociedades Informática Siglo XXI Ltda. y Unión Temporal Gestión TIC Ecopetrol y presidente de Ecopetrol S. A., en condición de terceros interesados.
«Trámite de la impugnación. Presentada debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días siguientes al superior jerárquico correspondiente […]».
«Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».
«[…]
Las tutelas que sean de competencia del Consejo de Estado en primera y en segunda instancia se someterán a reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y serán resueltas por la sección o subsección de la cual haga parte el magistrado a quien le haya correspondido el reparto.
[…]».
«Reglamento interno del Consejo de Estado». Sobre el particular pueden consultarse las siguientes providencias de la sala plena de lo contencioso-administrativo del Consejo de Estado: 1) 29 de enero de 1992, AC – 009, C. P. Dolly Pedraza de Arenas. 2) 31 de enero de 1992, AC – 016, C. P. Guillermo Chahín Lizcano. 3) 3 de febrero de 1992, AC – 015, C. P. Luis Eduardo Jaramillo. 4) 27 de enero de 1993, AC-429, C. P. Carlos Arturo Orjuela Góngora. 5) 29 de junio de 2004, exp. 2000-10203-01, C. P. Nicolás Pájaro Peñaranda. 6) 2 de noviembre de 2004, exp. 2004-0270-01, C. P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta. 7) 13 de junio de 2006, exp. 2004-03194-01, C. P. Ligia López Díaz. 8) 16 de diciembre de 2009, exp. 2009-00089-01, C. P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta. Expediente 11001-03-15-000-2009-01328-01. C. P. María Elizabeth García González. Entre otras, de esta subsección pueden consultarse las siguientes providencias: 1) 28 de agosto de 2008, exp. 2008-00779-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 2) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00888-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 3) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00889-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 4) 3 de febrero de 2010, exp. 2009-01268-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 5) 25 de febrero de 2010, exp. 2009-01082-01, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 6) 19 de mayo de 2010, exp. 2010-00293-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 6) 28 de junio de 2011, exp. 2010-00540-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 7) 30 de noviembre de 2011, exp. 2011-01218-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 8) 2 de febrero de 2012, exp. 2011-01581-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 9) 23 de febrero de 2012, exp. 2011-01741-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 10) 15 de marzo de 2012, exp. 2012-00250-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. Sentencia de unificación, proferida por la sala plena de lo contencioso-administrativo el 5 de agosto de 2014, C. P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, expediente 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Sentencia T-360 de 2014: «[…] En este orden de ideas, el precedente constitucional puede llegar a desconocerse cuando: (i) se aplican disposiciones legales que han sido declaradas inexequibles por sentencias de control de constitucionalidad, (ii) se contraría la ratio decidendi de sentencias de control de constitucionalidad, especialmente la interpretación de un precepto que la Corte ha señalado es la que debe acogerse a la luz del texto superior, o (iii) se desconoce la parte resolutiva de una sentencia de exequibilidad condicionada, o (iv) se desconoce el alcance de los derechos fundamentales fijado por la Corte Constitucional a través de la ratio decidendi de sus sentencias de control de constitucionalidad o de revisión de tutela». Ver sentencia T-087 de 2007, M. P. Manuel José Cepeda Espinosa.

Ver también, sentencias T-193 de 1995 M. P. Carlos Gaviria Díaz, T-1625 de 2000 M. P. Martha Victoria Sáchica Méndez, T-522 de 2001 M. P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-462 de 2003 M. P. Eduardo Montealegre Lynnet, T-292 de 2006 M. P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-436 de 2009 M. P. Humberto Antonio Sierra Porto, T-161 de 2010 M. P. Jorge Iván Palacio y SU-448 de 2011 M. P. Mauricio González Cuervo. Ver entre otras, sentencias T-049 de 2007 M. P. Clara Inés Vargas Hernández, T-464 y T-794 de 2011 M. P. Jorge Iván Palacio y C-634 de 2011 M. P. Luis Ernesto Vargas Silva. En palabras de la Corte Constitucional: «La misma Corte Suprema de Justicia también ha señalado que la adopción de la Constitución de 1991 produjo un cambio en la percepción del derecho y particularmente del sentido de la expresión “ley”, pues la Constitución se convierte en una verdadera norma jurídica que debe servir como parámetro de control de validez de las decisiones judiciales y como guía de interpretación de las normas de inferior jerarquía». Cfr. Sentencia C-372 de 2011. Cfr. sentencia T-794 de 2011, M. P. Jorge Iván Palacio: «[…] el juez (singular o colegiado) sólo puede apartarse de la regla de decisión contenida en un caso anterior cuando demuestre y cumpla los siguientes requisitos:
(i) Debe hacer referencia al precedente que abandona, lo que significa que no puede omitirlo o simplemente pasarlo inadvertido como si nunca hubiera existido (principio de transparencia).
(ii) En segundo lugar, debe ofrecer una carga argumentativa seria, mediante la cual explique de manera suficiente y razonada los motivos por los cuales considera que es necesario apartarse de sus propias decisiones o de las adoptadas por un juez de igual o superior jerarquía (principio de razón suficiente) […]». Consejo de Estado, sección primera, sentencia de 7 de marzo de 2013, M.P. María Claudia Rojas Lasso, expediente: 11001-03-15-000-2013-00131-00 (AC). Sentencia T-737 de 2015, M. P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Sección tercera, subsección A, sentencia de 27 de abril de 2016, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico, expediente 25000-23-26-000-2007-00466-00. Consejo de Estado, sección tercera, subsección C, sentencia de 21 de febrero de 2011, C. P. Olga Mélida Valle de De La Hoz, expediente: 52001-23-31-000-2010-00214-01 (39360). M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra. Sentencia C-712 de 2005, M. P. Manuel José Cepeda Espinosa. Sección tercera, subsección A, sentencia de 29 de enero de 2014, C. P. Mauricio Fajardo Gómez, expediente 25000-23-26-000-2001-02053-01)
De acuerdo con la sentencia C-712 de 2005 se advirtió que la posibilidad de demandar en forma separada los actos precontractuales cesa a partir de la celebración del contrato respectivo, interpretación en la cual se siguió la jurisprudencia del Consejo de Estado en auto de 13 de diciembre de 2001, expediente 19.777 y que se ha respetado en diversos pronunciamientos de la Sección Tercera de esta Corporación, según se relacionó anteriormente en el cuadro resumen de jurisprudencia. Sección tercera, subsección A, sentencia de 25 de octubre de 2019, C. P. María Adriana Marín, expediente 25000-23-26-000-2007-00677-01. La cual ha sido reiterada en múltiples pronunciamientos de su sección tercera, dentro de los que se destacan los de (i) 13 de junio de 2011, C. P. Ruth Stella Correa Palacios, expediente 54001-23-31-000-1998-01333-01; (ii) 15 de febrero de 2012, C. P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa, expediente 66001-23-31-000-1999-00551-01; y (iii) 14 de marzo de 2013, C. P. Mauricio Fajardo Gómez, expediente 44001-23-31-000-1999-00827-01; entre otros. Sección tercera, subsección A, sentencia de 25 de octubre de 2019, C. P. María Adriana Marín, expediente 25000-23-26-000-2007-00677-01. Corte Constitucional, sentencia SU-354 de 2017, M. P. Iván Humberto Escrucería Mayolo. Corte Constitucional, sentencia C-712 de 2005, M. P. Manuel José Cepeda Espinosa. Corte Constitucional, sentencia T-361 de 2018, M. P.

Antonio José Lizarazo Ocampo: «Así las cosas, el artículo 228 Superior impone que el fin de la actividad jurisdiccional y de la actividad procesal sea la justicia material, entendida como la realización de las garantías consagradas en abstracto en el derecho objetivo. Por ende, los procedimientos son el medio para llegar a dicho fin y, en ese sentido, su ejecución debe conducir al cumplimiento de tal propósito, así como a evitar la consumación de arbitrariedades provenientes de una aplicación rígida del procedimiento o aislada de la finalidad que debe guiarlo».

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