Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2021-01087-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Acción de tutela contra acto administrativo proferido en el marco de un concurso de méritos: convocatoria 27 Rama Judicial
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2021-01087-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2021-01087-02
Consejero ponente: Sandra Lisset Ibarra Vélez
8 de julio de 2021
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA ACTO ADMINISTRATIVO PROFERIDO EN EL MARCO DE UN CONCURSO DE MÉRITOS - Convocatoria 27 Rama Judicial / IMPROCEDENCIA POR INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE SUBSIDIARIEDAD - Frente a los numerales 1 a 7 de la petición / RECURSO DE INSISTENCIA FRENTE A LA INFORMACIÓN DE CARÁCTER RESERVADO
¿La acción de tutela es procedente para revisar los argumentos emanados por la administración a través de los cuales niega las peticiones de información invocando su “reserva”? (…) [Para la Sala,] si bien no se desconoce que la respuesta otorgada por la administración resultó extemporánea, ello no exonera de la obligación al peticionario de agotar el mecanismo establecido por el legislador en protección del derecho de acceso a la información, en el evento de ser negada bajo el argumento de “reserva”, tal como la advirtió el a quo, respecto del recurso de instancia, en los términos de la normativa referida. (…) Ahora, el hecho que la respuesta otorgada fuere proferida durante el trámite de la acción de tutela de la referencia, tampoco constituía impedimento para que el señor Sandoval Borda hubiere insistido ante la administración en la entrega de la información requerida, pues el origen de la acción de tutela se fundamentó en la falta de respuesta de la administración respecto de su derecho de petición; en cambio, el recurso de instancia, se agota para cuestionar la reserva declarada por la administración. Procedimiento este último, de carácter sumario, cuyo núcleo esencial es velar por la protección del derecho fundamental de petición, cuando es limitado bajo el argumento de “reserva”. Por otra parte, alega el impugnante que el a quo se apartó de su propia jurisprudencia en el marco de la Convocatoria 27, contenida en la sentencia de tutela proferida en el expediente 11001031500020190473100, así como de lo resuelto por la subsección C de la sección tercera de la misma Corporación , sobre el derecho fundamental de acceso a la información pública, en la cual se consideró, entre otras cosas, “que la reserva sobre los documentos de un concurso de méritos se excepciona sobre las personas que participan y, en todo caso, no aplica sobre los cuadernillos de pruebas ya realizadas”. Al respecto, la Sala, de manera pedagógica, informa al accionante que las referidas decisiones de tutela no constituyen precedente; además, sin perjuicio de ello, el revisar su contenido si bien tratan del amparo del derecho de petición en el marco de la Convocatoria 27, las situaciones fácticas allí resueltas (derecho a obtener una respuesta y la forma de exhibición de los cuadernillos de preguntas y respuestas) no se acompasan con la “reserva” señalada por la Universidad Nacional de Colombia en esta oportunidad, que hace exigible el recurso de insistencia, como lo consideró el a quo, y lo comparte esta instancia judicial, para declarar la improcedencia de la acción de tutela por no satisfacerse el requisito de la subsidiariedad. Razón por la cual, al Sala [confirmará] el numeral segundo de la decisión del a quo que declaró la improcedencia de la acción de tutela “en relación con las preguntas 1 a la 7 de la petición”.
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA ACTO PROFERIDO EN EL MARCO DE UN CONCURSO DE MÉRITOS - Convocatoria 27 de la Rama Judicial / IMPROCEDENCIA POR INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE SUBSIDIARIEDAD - Frente al numeral 5 del fallo de tutela / ACTO DE TRÁMITE / ACTO DE DECLARA LA NULIDAD DE LA ETAPA DEL EXAMEN DE APTITUDES Y CONOCIMIENTOS / MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO - Medio judicial idóneo / VULNERACIÓN DEL DERECHO FUNDAMENTAL DE PETICIÓN - Se confirma el amparo frente al numeral 8 de la petición
[L]a Sala observa que si bien la Resolución No. CJR20-0202 del 27 de octubre de 2020, “[p]or medio de la cual se corrige una actuación administrativa en el marco de la convocatoria 27”, es un acto de trámite en el marco de la Convocatoria 27, por lo cual no resultaría susceptible de ser cuestionada ante los Jueces Administrativos, no se puede desconocer que, respecto de un grupo determinado de aspirantes, dicho acto administrativo “modificó” su situación en el desarrollo de la misma; pues después de que tenían certeza de haber superado satisfactoriamente la etapa eliminatoria, hoy su situación cambió, en el sentido que tendrán que presentar nuevamente la prueba. Razón por la cual, en el presente asunto, es admisible la premisa de que la Resolución No. CJR20-0202 del 27 de octubre de 2020, pudiere ser demandable ante la jurisdicción contenciosa por parte de quienes consideren que la misma modificó su situación, y que sean los Jueces contenciosos del asunto quienes determinen, basados en argumentos de legalidad propios de su competencia, como los hoy alegados, su procedencia dadas las particularidades de la situación; y que de ser así, los medios de control correspondientes – nulidad o nulidad y restablecimiento del derecho según lo pretendido- serían mecanismos judiciales idóneos, eficientes y eficaces frente a lo hoy pretendido, dejar sin efecto el acto acusado. Dicho ello, y sin emitir un juicio definitivo acerca del calificativo que merezca la Resolución No. CJR20-0202 del 27 de octubre de 2020, esto es, si se trata de un acto definitivo o de mero trámite que permita ser demandado ante la Jurisdicción Contenciosa, se informa que actualmente se encuentra en curso demanda contenciosa con la misma finalidad, bajo radicado 11001032500020210016900(0985-2021); situación que, dadas las particulares presentadas en la Convocatoria 27, ratifica que es el Juez Contencioso quien debe definir lo pertinente. (…) De acuerdo con lo anterior, la Resolución No. CJR20-0202 del 27 de octubre de 2020, ante el Juez de tutela no resulta ser producto de una «actuación arbitraria o desproporcionada» que transgreda o amenace los derechos fundamentales del actor y los coadyuvantes y tampoco puede calificarse como un acto que vaya a tener incidencia negativa en la resolución definitiva del concurso, pues, se recuerda, la corrección conlleva a que se vuelva a presentar la prueba de conocimiento, en igualdad de condiciones, por parte de todos los aspirantes. Situación esta última, que desvirtúa cualquier perjuicio irremediable para el actor que requiera la intervención del Juez de tutela, pues él también está llamado a presentar el examen nuevamente; diferente es, que bajo apreciaciones de carácter subjetivo no comparta tal determinación. De acuerdo con todo lo expuesto, la Sala [revocará] el numeral quinto de la sentencia del 29 de abril de 2021, proferida por la sección quinta Consejo de Estado, que negó el amparo de los derechos fundamentales del actor respecto de la Resolución No. CJR20-0202 del 27 de octubre de 2020 para, en su lugar, [declarar la improcedencia] de la acción de tutela. (…) En cuanto a la orden de amparo proferida por el a quo, respecto del requerimiento 8 de la petición de 11 de noviembre de 2021; en tanto la misma no fue objeto de impugnación, la misma será confirmada sin que haya lugar a consideración al respecto.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Consejera ponente: SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ
Bogotá, D.C., ocho (8) de julio de dos mil veintiuno (2021)
Radicación número: 11001-03-15-000-2021-01087-02(AC)
Actor: JOSÉ FERNANDO SANDOVAL BORDA
Demandado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – UNIDAD ADMINISTRATIVA DE CARRERA JUDICIAL Y OTRO
La Sala procede a decidir la impugnación interpuesta por el señor José Fernando Sandoval Borda y coadyuvantes, contra la sentencia la sentencia del 29 de abril de 2021, proferida por la sección quinta del Consejo de Estado, que resolvió:
«[…]SEGUNDO: DECLARAR la improcedencia en relación con las preguntas 1 a la 7 de la petición, por las razones expuestas.
TERCERO: AMPARAR el derecho fundamental de petición de José Fernando Sandoval Borda, en relación con el punto No. 8 de la petición efectuada el 11 de noviembre de 2020, conforme a las razones expuestas en esta providencia.
CUARTO: ORDENAR a la Universidad Nacional de Colombia y al Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de Carrera Judicial que, en el término de cuarenta y ocho horas (48) contadas a partir de la noti[f]icación de esta providencia, den una respuesta de fondo, clara, precisa y congruente a la pregunta No. 8 formulada por el señor José Fernando Sandoval Borda el 11 de noviembre de 2020, según los términos expresados en la parte motiva de esta sentencia.
QUINTO: NEGAR el amparo de los derechos fundamentales de acceso a la información pública, debido proceso administrativo y al desempeño de funciones y cargos públicos del señor José Fernando Sandoval Borda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. […]».
ANTECEDENTES.
1.1. ESCRITO DE TUTELA
Para una mejor comprensión del asunto, la Sala se permite resumir de la siguiente forma los supuestos fácticos y jurídicos planteados por la parte demandante:
Mediante Acuerdo PCSJA 18-11077 del 16 de agosto de 2018, el Consejo Superior de la Judicatura convocó a concurso de méritos para la provisión de cargos de funcionarios de la Rama Judicial y que, a través de Resolución CRJ18-559 del 28 de diciembre de 2018, se publicaron los resultados de la prueba de conocimiento.
El señor José Fernando Sandoval Borda, se presentó al mencionado proceso de selección para el cargo de Juez Laboral, quien, en principio, no superó el examen correspondiente; sin embargo, mediante Resolución CJR19-0679 del 07 de junio de 2019, se recalifica la prueba aptitudes y conocimientos, cuyo resultado, en su caso, arrojó que “si aprobó”, con un total de 888,56 puntos.
Varios concursantes interpusieron recurso contra la anterior decisión, siendo desatados de forma desfavorables a través de Resolución CJR19-0877 del 28 de octubre de 2019, en la que se indicó:
«[…] Con ocasión de los recursos de reposición presentados contra los resultados de la prueba de conocimientos y aptitudes publicados con la Resolución CJR18-559 de 2018, se realizó un análisis psicométrico y jurídico de los ítems de la misma, tanto en el componente de aptitudes como de conocimientos, por parte de un equipo de profesionales expertos en psicometría y en las diferentes áreas del derecho evaluadas, a partir del cual se evidenció la necesidad de efectuar un ajuste en las claves de respuestas respecto de algunas preguntas, lo que se vio reflejado en los resultados publicados mediante la Resolución CJR19-0679 de 2019.
Teniendo en cuenta que a través de los recursos de reposición y de los escritos de adición a los recursos interpuestos contra la Resolución CJR19-0679 de 2019, algunos de los concursantes formularon cuestionamientos frente a preguntas específicas, se reitera que todas las preguntas fueron objeto de revisión por parte del grupo de expertos de la Universidad Nacional, previo a la expedición del acto administrativo que corrigió la actuación administrativa.
Como quiera que en dicha revisión se advirtió que algunas preguntas podían generar confusión o podían ajustarse como acertadas varias opciones de respuesta, se procede a indicar como se aplicó la calificación en el Anexo 2 – Actualización de claves de respuesta.”
En el numeral 24 de dicha resolución se manifestó: “No es procedente acceder a la repetición de la prueba realizada el 2 de diciembre de 2018, teniendo en cuenta que está debidamente estructurada y responde a las exigencias psicométricas requeridas, máxime si se considera que luego de verificar los procesos técnicos, los protocolos de seguridad implementados para la validación de las preguntas y los indicadores psicométricos, se confirmó que éstos son correctos y concordantes con la metodología y con los parámetros establecidos en el Acuerdo de Convocatoria, lo que garantiza la confiabilidad y validez de los resultados obtenidos, reflejados en los estadísticos de cada componente evaluado. Adicionalmente acceder a esta petición implica la vulneración de los derechos de quienes aprobaron verdaderamente el examen con base en el mérito”. […]».
Mediante Resolución No. CJR20-0202 del 27 de octubre de 2020, «Por medio de la cual se corrige una actuación administrativa en el marco de la convocatoria 27», la Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura, dispuso continuar el proceso de selección, para lo cual convocó a la realización de una nueva prueba de conocimientos generales y específicos, de aptitudes y psicotécnicas.
Inconforme con la anterior decisión, el 11 de noviembre de 2020, el actor interpuso recurso de reposición contra la anterior decisión y elevó derecho de petición en el que solicitó:
«[…] 1. ¿Cuáles fueron las 226 preguntas que presentaron irregularidades dentro las pruebas de la Convocatoria 27? Favor discriminar cada una.
2. ¿Cuántas y cuáles de estas preguntas corresponden al componente de aptitudes?
3. ¿Cuántas y cuáles de estas preguntas corresponden al componente de conocimientos generales?
4. ¿Cuántas y cuáles de estas preguntas corresponden al componente de conocimientos específicos?
5. ¿Se me explique en qué consisten los errores presentados en cada una de las 226 preguntas que presentaron irregularidades dentro las pruebas de la Convocatoria 27? Favor explicar una a una cada pregunta y su error.
6. ¿Cuántas y cuáles de estas 226 preguntas corresponden al componente de conocimientos específicos de la prueba para el cargo de Juez Laboral?
7. ¿Se me explique en qué consisten los errores presentados en cada una de las preguntas que presentaron irregularidades dentro la prueba de conocimientos específicos para el cargo de Juez Laboral? Favor explicar una a una cada pregunta y su error.
8. ¿Cuál fue la respuesta que yo di en cada una de las preguntas que presentaron irregularidades? […]»
Al respecto, informa el accionante que, mediante oficio del 22 de diciembre de 2020, el recurso de reposición fue declarado improcedente en tanto el acto recurrido es de trámite y, «evadieron responder lo solicitado de mi parte y simplemente usaron un formato de respuesta que, según he podido conocer, han usado para dar respuesta a muchos otros concursantes y que es incongruente con lo que yo solicité».
Por otra parte, en cuanto a la Resolución No. CJR20-0202 del 27 de octubre de 2020, considera que la misma vulnera sus derechos fundamentales en tanto se trata de un acto administrativo i) carente de motivación, en tanto su motivación debió corresponder a las respuestas que se debieron otorgar a su derecho de petición, y ii) incurso en falsa motivación, en el entendido de que los hechos en que se funda carecen de veracidad y prueba.
1.1.1. Pretensiones.
Con fundamento en la situación fáctica expuesta, la parte actora elevó como tales:
«[…] amparar mis derechos fundamentales de petición, al debido proceso administrativo y al desempeño de funciones y cargos públicos y, como consecuencia de esto, ordenar al CSJ y a la UN:
1. Dar respuesta oportuna, completa, de fondo y clara al derecho de petición por mi elevado el 11 de noviembre de 2020;
2. Dejar sin efectos la Resolución CJR 20-0202 del 27 de octubre de 2020, “Por medio de la cual se corrige una actuación administrativa en el marco de la convocatoria 27", al ser violatoria de mis derechos al debido proceso administrativo y al desempeño de funciones y cargos públicos; y,
3. Como consecuencia de la anterior orden, proseguir con las etapas faltantes de la Convocatoria 27, incluida la tercera jornada de exhibición ordenada por el Consejo de Estado mediante Sentencia del 25 de septiembre de 2019, dentro del proceso de tutela No. 11001031500020190131001.
En caso de que los honorables Consejeros consideren improcedentes las ordenes de amparo No. 2 y 3 anteriormente descritas, subsidiariamente solicito respetuosamente ordenar al CSJ y a la UN:
1. Suspender la ejecución de la Resolución CJR 20-0202 del 27 de octubre de 2020, “Por medio de la cual se corrige una actuación administrativa en el marco de la convocatoria 27" y del cronograma producto de la misma, hasta tanto el CSJ y la UN me den respuesta a las 8 preguntas efectuadas mediante derecho de petición de fecha 11 de noviembre de 2020 y las mismas sean adicionadas e incluidas dentro de la motivación de la mencionada resolución;
2. Modificar la Resolución CJR 20-0202 del 27 de octubre de 2020, “Por medio de la cual se corrige una actuación administrativa en el marco de la convocatoria 27”, en el sentido de dejar en firme las pruebas de aptitudes, conocimientos generales y conocimientos específicos para el cargo de JUEZ LABORAL y solo repetir aquellas pruebas de conocimientos específicos sobre las cuales exista prueba real de inconsistencias o errores que no permitan una subsanación razonable; y
3. Que en caso de que el CSJ y la UN no den cumplimiento a las tres órdenes anteriores dentro del plazo dado por los honorables Consejeros deberán dejar en firme la prueba de aptitudes, conocimientos generales y de conocimientos específicos para el cargo de JUEZ LABORAL. […]».
1.2. ACTUACIÓN PROCESAL DE PRIMERA INSTANCIA
Mediante auto del 26 de marzo de 2021, la sección quinta del Consejo de Estado i) admitió la acción de tutela de la referencia, ii) negó la solicitud de medida cautelar de suspensión del acto administrativo cuestionado, iii) ordenó notificar al Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Carrera Judicial y la Universidad Nacional de Colombia, como accionadas y, iv) accedió a la solicitud de pruebas elevada.
1.3. INFORMES RENDIDOS EN EL PROCESO
1.3.1. Universidad Nacional de Colombia.
El ente universitario, se opuso a la solicitud de amparo, al considerar que la Resolución No. CJR20-0202 de 27 de octubre de 2020 no vulnera derechos fundamentales al no resultar irrazonable, arbitraria, caprichosa ni desproporcionada; sin contar, con que el derecho de petición elevado por el actor fue atendido mediante oficio CONV27DP-833/CONV27DP-1833 A del 8 de abril de 2021, en el que que se ofreció una explicación respecto de las inconsistencias mencionadas en la resolución referida.
Además, adujo que la acción de tutela se torna improcedente toda que no se satisface el requisito de la subsidiariedad, en tanto la legalidad del acto acusado puede ser desvirtuada ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, y más, cuando se alega la falta de motivación de la misma; sin contar, con que no se evidencia la configuración de un perjuicio irremediable.
1.3.2. Unidad de Administración de Carrera Judicial - Consejo Superior de la Judicatura.
La entidad, a través de escrito el 9 de abril del 2021; solicitó declarar la improcedencia de la acción de tutela al considerar que el actor cuenta con otros mecanismos de defensa judicial ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo para cuestionar la legalidad del acto acusado.
Adujo que no existió vulneración de derechos fundamentales en tanto la actuación adelantada se ciñe al debido proceso y a la legalidad; y que con fundamento en los yerros evidenciados en las pruebas de aptitudes y conocimiento reportados por la Universidad Nacional de Colombia, se encontró la necesidad de repetir la prueba y de esta manera subsanar tal falencia, asumiendo los costos de dicha actividad.
En cuanto al supuesto desconocimiento de la confianza legítima, consideró la entidad que tanto la resolución que publicó los resultados de la prueba, así́ como los demás actos proferidos con anterioridad al Registro Nacional de Elegibles, «son actos de trámite que sólo reconocen a los aspirantes una mera expectativa de derechos subjetivos, los cuales únicamente se concretan con la conformación del mencionado Registro y, en esa medida, no constituyen actos administrativos definitivos generadores de derechos adquiridos en los términos del artículo 43 de la Ley 1437 de 2011.».
En cuanto a la vulneración del derecho de petición, solicitó que se declare la carencia actual de objeto por hecho superado, teniendo en cuenta que «la respuesta ofrecida frente a las solicitudes elevadas mediante petición del 11 de noviembre de 2020, fue genérica y evasiva, se resalta que allegó recurso de reposición y petición los cuales fueron atendidos por la entidad mediante los oficios CONV27DP-1833, CONV27DP- 1833 A de 18 de diciembre de 2020 y CONV27DP-1833 B de 8 de abril de 2021, remitidos al correo electrónico por parte de la Unidad de Administración de la Carrera Judicial, en los cuales se aclaró la improcedencia de recursos contra la Resolución CJR20-0202, además de brindar respuesta a las solicitudes elevadas y relacionadas con la motivación del acto, la explicación de las inconsistencias reportadas por la Universidad Nacional de Colombia y que el contenido específico de los ítems afectados, así como las respuestas que marcó en la prueba, hacen parte de la información contenida en documentos sujetos a reserva legal, de conformidad con lo previsto en el parágrafo 2 del artículo 164 de la Ley 270 de 1996.»
1.3.3. Jairo Hernando Ibáñez Plata y Juan Diego Loaiza Londoño
Presentaron escritos coadyuvando la solicitud de amparo bajo argumentos similares a lo expuestos en el escrito de tutela.
1.4. SENTENCIA IMPUGNADA.
La sección quinta del Consejo de Estado, mediante sentencia del 29 de abril de 2021, i) amparó el derecho fundamental de petición del actor ante la falta de respuesta respecto del numeral 8 del escrito petitorio, ii) declaró improcedente la acción de tutela en cuanto a los numerales 1 a 7 de la misma solicitud y, iii) negó el amparo de los demás derechos invocados; al considerar:
«[…] 114. Por lo anteriormente expuesto, se declarará la improcedencia de la acción por no superar el requisito de subsidiariedad, frente las preguntas 1 a la 7 de la petición efectuada por el actor el 11 de noviembre de 2020, por cuanto este no agotó el recurso de insistencia, mecanismo idóneo y eficaz.
115. Frente al punto No. 8 de la petición, se concederá el amparo al derecho de petición, y, en consecuencia, se ordenará a los accionados que, en el término de cuarenta y ocho horas (48) contadas a partir de la notificación de esta providencia, den una respuesta de fondo, clara, precisa y congruente a la pregunta mencionada.
116. Además, se negará el amparo solicitado de cara a la solicitud de dejar sin efectos la Resolución No. CJR20-0202 del 27 de octubre de 2020, por tratarse la cuestión de un acto administrativo de trámite, el cual no genera derechos adquiridos, frente al cual no hubo falta ni falsa motivación, se aplicó correctamente la potestad de corrección de acto administrativo, no se comprobó desproporcionalidad por repetirse las pruebas y se acreditó el cumplimiento del principio de confianza legítima y debido proceso a lo largo de toda la actuación. […]».
1.5. ESCRITO DE IMPUGNACIÓN.
1.5.1. El señor José Fernando Sandoval Borda impugnó la decisión del a quo señalando que:
• En cuanto a la decisión de declarar la improcedencia de la acción de tutela respecto de los numerales 1 a 7 del derecho de petición del 11 de noviembre de 2020, aduce que no es posible que le exijan agotar el recurso de insistencia descrito en el artículo 26 de la Ley 1437 de 2011, pues la respuesta que le fue emitida invocando la reserva de la información solicitada se expidió durante le trámite de la acción de tutela, cinco meses después de haber sido radicada la solicitud; sin contar, con que el término para interponer el mismo venció desde el pasado 22 de abril, mucho antes de proferirse la sentencia impugnada.
Aduce que la sección quinta del Consejo de Estado se apartó de su propia jurisprudencia en el marco de la Convocatoria 27, contenida en la sentencia de tutela proferida en el expediente 11001031500020190473100; así como de lo resuelto por la subsección C de la sección tercera de la misma Corporación, sobre el derecho fundamental al acceso a la información pública, en la cual se consideró, entre otras cosas, «que la reserva sobre los documentos de un concurso de méritos se excepciona sobre las personas que participan y, en todo caso, no aplica sobre los cuadernillos de pruebas ya realizadas».
Señala, que la decisión de invocar reserva respecto de información del concurso desconoce las disposiciones del «literal d del artículo 6 y los artículos 19 y 28 de la Ley 1712 de 2014; en los artículos 33 y 34 del Decreto 103 de 2014; y en el numeral 1 del artículo 14 del CPACA», de las cuales se extrae que las autoridades no pueden invocar la reserva de la información cada vez lo deseen, ni en cualquier tiempo, ni mucho menos a su conveniencia, y que por el contrario debe prevalece el acceso a la información
• En cuanto a la falta de protección de su derecho fundamental al debido proceso, insistió en la falta y falsa motivación en que incurre la Resolución No. CJR 20-0202 del 27 de octubre de 2020, que ordenó la repetición de la prueba de conocimiento, en ejercicio del uso abusivo y arbitrario de la figura de la corrección de irregularidades en la actuación administrativa; desconociéndose abiertamente el concepto de “razón suficiente” ampliamente desarrollado por la Corte Constitucional.
Luego de referir in extenso las respuestas otorgadas por el Consejo Superior de la Judicatura y la Universidad Nacional de Colombia, a los requerimientos efectuados respecto de las preguntas y respuestas contentivas de las pruebas de aptitudes y conocimientos generales, con ocasión del trámite de diferentes trámites constitucionales, concluyó:
«[…] a. Que la mayoría de las preguntas y respuestas constitutivas de la prueba de aptitudes se encuentran justificadas por parte del CSJ y la UN.
b. Que la mayoría de las preguntas y respuestas constitutivas de la prueba de conocimientos generales se encuentran justificadas por parte del CSJ y la UN.
c. Que los cuestionamientos sobre las preguntas de las pruebas de conocimientos específicos para los distintos cargos son mínimas y, por ende, no es proporcional ni razonable que se decida la repetición de las mismas.
d. Que no se encuentra probado que la prueba de conocimientos específicos para el cargo de JUEZ LABORAL haya sido objeto de cuestionamientos y mucho menos que estos cuestionamientos sean procedentes, por lo cual, resulta desproporcionado e irrazonable que se decida la repetición de la misma.
e. Que todas las preguntas que componen las pruebas fueron objeto de análisis psicométrico y jurídico desde el año 2019, por parte de profesionales expertos en psicometría y en las diferentes áreas del derecho evaluadas. […]».
• Señaló que no comparte el decir del a quo de que la orden de repetir las pruebas sea proporcional, cuando «se bas[a] únicamente en supuestos y estimaciones y no a una realidad fáctica existente», cuando, «el juicio de razonabilidad y proporcionalidad de una decisión de la administración no se basa en la existencia o no de un derecho adquirido, sino que consiste en evaluar, ponderar y determinar si la medida tomada por la administración y su finalidad son ajustadas a la Constitución».
• Finalmente, cuestionó el decir de la sección quinta del Consejo de Estado, de «que la prueba de conocimientos específicos para el cargo de Juez Laboral si contenía errores, sin embargo, llega a esta conclusión basándose únicamente en lo afirmado por las accionadas y sin que exista una sola prueba al respecto ni explicación sobre cuántos o cuáles fueron los presuntos errores que se presentaron».
1.5.2. El señor Juan Diego Loaiza Londoño, en calidad de coadyuvante de la parte actora, impugnó la decisión del a quo insistiendo en los argumentos expuestos en los escritos de tutela y de coadyuvancia, de los cuales se resalta:
«[…] Es que es muy fácil poner en una balanza y ver que son exageradamente sólidos, ostensibles, pesados o robustos los argumentos que apuntan a la nulidad de acto; y que del otro lado son solo conjeturas; por ello, la Sala simplemente se pega de aquellos pocos que pueden dar alguna apariencia de motivación; sin entrar a desvirtuar y deslegitimar los demás, simplemente los calla, para no entrar en conflicto o controversia; y porque conoce que entrar en esa discusión, la decisión termina cayéndose por su propio peso. Es más, no dio respuesta a los interrogantes que presente en mi argumento de conclusión, ni a los esbozados por el coadyuvante, Jairo Hernando Ibáñez Plata.
Este actuar (cobijado del principio de legalidad, buena fe y confianza legítima), por un periodo que inició en el año 2018, ha construido una situación jurídica que se encuentra en proceso de consolidación y que a su vez ha creado una serie de expectativas legítimas, derribándolas solo a partir de simples percepciones subjetivas3, cuando es claro que la Unidad de Carrera Judicial no conoce los estudios que motivaron la decisión, es decir, emitió un acto administrativo con supuestos facticos y jurídicos que desconoce. “ESTO ES DE NO LO PUEDO CREER”.
El Consejo Superior de la Judicatura debió obligatoriamente analizar todos y cada uno de sus actos administrativos previos con la intención de desvirtuar la presunción de legalidad que sobre ellos reposa, sin embargo, de una lectura de la Resolución No. CJR20-0202 del 27 de octubre de 2020 permite evidenciar que la misma fue adoptada con fundamento en una norma abstracta, que no ha sido traída al plano fáctico específico, carece de material probatorio que la sustente, carece de un proceso donde se haya logrado desvirtuar de forma motivada la presunción de legalidad de los actos administrativos previos, (Resolución N° CJR19-0877, de 28 de octubre de 2019) y carece de aplicación alguna de los criterios de razonabilidad y proporcionalidad, es decir, se adoptó con base en criterios subjetivos (lo cual está prohibido expresamente en el ordenamiento jurídico).
En este sentido, presenté al ad quo los factores fácticos y jurídicos relevantes que hacen que el caso que se presenta en esta acción de tutela sea cobijado bajo las reglas de las expectativas legítimas establecidas por el precedente constitucional vinculante, ya que de mantenerse la vigencia de la Resolución No. CJR20-0202 del 27 de octubre de 2020, se afectan los actos administrativos y comunicaciones previas, se crea una situación de contradicción sustancial que deriva en la grave vulneración de los principios constitucionales y derechos fundamentales que deben garantizarse en desarrollo de un concurso de méritos.
Este mismo precedente, exige que la protección de las expectativas legítimas se haga conforme al establecimiento de reglas respetuosas de los derechos fundamentales de todos los participantes, lo cual involucra periodos de transición o la aplicación de la regla contenida en el artículo 97 del CPACA, que dispone: “Salvo las excepciones establecidas en la ley, cuando un acto administrativo, bien sea expreso o ficto, haya creado o modificado una situación jurídica de carácter particular y concreto o reconocido un derecho de igual categoría, no podrá ser revocado sin el consentimiento previo, expreso y escrito del respectivo titular. […]».
II. CONSIDERACIONES
Atendiendo a los argumentos expuestos en el escrito tutelar y las pruebas que obran en el expediente, se decidirá el asunto sometido a consideración en el siguiente orden: i) Competencia, ii) Problemas jurídicos, iii) Del contenido y alcance del derecho de petición, iv) Del amparo del derecho de petición respecto de la solicitud del 11 de noviembre de 2020 y, v) Procedencia en materia de concursos de méritos -debido proceso - caso concreto.
2.1. COMPETENCIA.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el numeral 2° del artículo 1° del Decreto 1382 de 2000 y el literal b) de los artículos 13 y 25 del Acuerdo No. 80 de 12 de marzo de 2019, esta Sala es competente para conocer la presente impugnación contra la sentencia del 19 de abril de 2021, proferida por la sección quinta del Consejo de Estado.
2.2. PROBLEMAS JURÍDICOS.
De acuerdo con los escritos de impugnación, la Sala deberá establecer si:
¿La acción de tutela es procedente para revisar los argumentos emanados por la administración a través de los cuales niega las peticiones de información invocando su “reserva”?
¿La acción de tutela es procedente para cuestionar la legalidad de la Resolución No. CJR20-0202 del 27 de octubre de 2020, «[p]or medio de la cual se corrige una actuación administrativa en el marco de la convocatoria 27», por falta y falsa motivación?
2.3. DEL CONTENIDO Y ALCANCE DEL DERECHO DE PETICIÓN.
El artículo 23 de la Constitución Política estableció que toda persona tiene derecho a presentar peticiones ante la autoridad competente y a obtener dentro del término legal una solución a ellas debiendo ser estas suficientes, efectivas y congruentes, tal como se establece aquí:
« […] ARTICULO 23. Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales […]».
En ese mismo sentido, según lo establecido en la Constitución Política, el derecho de petición comprende varios elementos así: (1) la posibilidad de presentar solicitudes respetuosas ante las autoridades, sin que estas puedan negarse a recibirlas o tramitarlas; (2) el derecho a obtener una respuesta oportuna; (3) el derecho a que dicha respuesta sea de fondo, es decir, que quien la expide tiene la obligación de emitir un pronunciamiento completo y coherente respecto de todos los asuntos relacionados en la solicitud, sin que ello signifique que la misma deba ser favorablemente al peticionario; y, (4) el derecho a recibir una comunicación oportuna frente a la decisión.
De otro lado, cabe mencionar que la entidad competente para dar respuesta al derecho de petición deberá efectuarla en el término legal, pero en caso de no poder hacerlo por algo excepcional o porque simplemente exista un procedimiento especial para ello, deberá informar al interesado las circunstancias de la demora e indicarle la fecha en que recibirá la respuesta al problema, de manera que, no se presente vulneración del derecho fundamental de petición.
Así pues, de conformidad con el artículo 14 del C.P.A.C.A., y la jurisprudencia de la Corte Constitucional -la cual es perfectamente aplicable dentro del nuevo marco sustancial del derecho de petición-, cuando a la entidad no le sea posible resolver de fondo la solicitud dentro del término estipulado en la Ley, ya sea por una situación excepcional o porque esté previsto un procedimiento especial para ello, es necesario que la autoridad competente, dentro del término establecido en la ley, ponga en conocimiento del interesado las circunstancias, explicándole los motivos de la demora e indicándole la fecha de la respuesta, lo cual debe corresponder a un plazo razonable que le permita satisfacer a tiempo su inquietud y definir la conducta que asumirá frente a la administración.
En tratándose, de peticiones que no estén reguladas en norma especial y del plazo para decidir sobre aquellas, el artículo 14 del C.P.A.C.A. establece que transcurridos quince (15) días desde su recepción deben resolverse, de manera que, en caso contrario, se entiende vulnerado el derecho fundamental de petición.
2.4. DEL AMPARO DEL DERECHO DE PETICIÓN RESPECTO DE LA SOLICITUD DEL 11 DE NOVIEMBRE DE 2020.
Previo a decidir, resulta imprescindible establecer las actuaciones que dieron origen a la acción de tutela de la referencia, de conformidad con las pruebas obrantes en el expediente, así:
• El accionante, el 11 de noviembre de 2020, radicó derecho de petición ante la Unidad de Administración de Carrera Judicial, en los siguientes términos:
«[…] 1. ¿Cuáles fueron las 226 preguntas que presentaron irregularidades dentro las pruebas de la Convocatoria 27? Favor discriminar cada una.
2. ¿Cuántas y cuáles de estas preguntas corresponden al componente de aptitudes?
3. ¿Cuántas y cuáles de estas preguntas corresponden al componente de conocimientos generales?
4. ¿Cuántas y cuáles de estas preguntas corresponden al componente de conocimientos específicos?
5. ¿Se me explique en qué consisten los errores presentados en cada una de las 226 preguntas que presentaron irregularidades dentro las pruebas de la Convocatoria 27? Favor explicar una a una cada pregunta y su error.
6. ¿Cuántas y cuáles de estas 226 preguntas corresponden al componente de conocimientos específicos de la prueba para el cargo de Juez Laboral?
7. ¿Se me explique en qué consisten los errores presentados en cada una de las preguntas que presentaron irregularidades dentro la prueba de conocimientos específicos para el cargo de Juez Laboral? Favor explicar una a una cada pregunta y su error.
8. ¿Cuál fue la respuesta que yo di en cada una de las preguntas que presentaron irregularidades? […]»
• Previa remisión que hiciera la Unidad Administrativa de Carrera Judicial, la Universidad Nacional de Colombia, mediante oficio CONV27DP-1833 B del 8 de abril de 2021, atendió la referida solicitud en los siguientes términos:
«[…] Frente a las solicitudes atinentes a que se explique en qué consisten los errores presentados en las preguntas, se recuerda que mediante oficio de radicado CONV27DP-1833, CONV27DP-1833 A remitido el día 18 de diciembre de 2020, se le proporcionó respuesta de fondo, clara y oportuna atendiendo a cada una de las solicitudes planteadas, así mismo se resalta que el acto administrativo mediante el cual se efectuó la corrección expuso los fundamentos por los cuales se tomó la decisión, la cual se basó en los informes técnicos presentados por la Universidad Nacional en su calidad de operador técnico de la Convocatoria 27, a través del contrato 096 de 2018, suscrito para la elaboración, diseño, estructuración, impresión y aplicación de las pruebas psicotécnicas, de conocimientos, competencias y/o aptitudes, para los cargos de funcionarios de la Rama Judicial.
Respecto a sus solicitudes de indicar con exactitud las preguntas que presentaron irregularidades, a qué componente corresponden y cuántas hacen parte de la prueba al cargo en cuestión, es importante señalar que la información requerida hace parte del contenido de las pruebas, y de documentación que constituye soporte técnico de las pruebas, por lo que
reviste el carácter de reservado, de conformidad con lo establecido en el parágrafo 2º del artículo 164 de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia, la cual no contempla ninguna excepción tal como se ha admitido en numerosas y recientes providencias judiciales.
Adicionalmente, es necesario recordar tal como se le informó en el oficio antes referenciado que las inconsistencias presentadas, afectaron negativamente la calidad de la prueba, su estructura básica, así como la calificación del universo de participantes de los cargos convocados. […]».
Respuesta que se entiende notificada al accionante, pues, precisamente, lo considerado por el a quo al respecto, es uno de los puntos de impugnación, sin que se invoque de forma alguna la falta de notificación de la misma.
La sección quinta del Consejo de Estado, como Juez constitucional de instancia, declaró la improcedencia de la acción de tutela respecto de los requerimientos 1 a 7 de la petición del 11 de noviembre de 2020, al señalar que mediante oficio CONV27DP-1833 B del 8 de abril de 2021, la Universidad Nacional de Colombia informó al accionante la reserva que existe respecto de la información solicitada, de conformidad con lo establecido en el parágrafo 2º del artículo 164 de la Ley 270 de 1996.
Frente a este punto, considera el accionante que no es procedente que le exijan agotar el “recurso de insistencia” en los términos del artículo 26 de la Ley 1437 de 2011, cuando la respuesta otorgada por el ente universitario fue extemporánea, durante el trámite de la acción de tutela, y encontrándose a la fecha vencido el término para su agotamiento.
Al respecto, si bien no se desconoce que la respuesta otorgada por la administración resultó extemporánea, ello no exonera de la obligación al peticionario de agotar el mecanismo establecido por el legislador en protección del derecho de acceso a la información, en el evento de ser negada bajo el argumento de “reserva”, tal como la advirtió el a quo, respecto del recurso de instancia, en los términos de la normativa referida que dispone:
«[…] Artículo 26. Insistencia del solicitante en caso de reserva. Si la persona interesada insistiere en su petición de información o de documentos ante la autoridad que invoca la reserva, corresponderá al Tribunal Administrativo con jurisdicción en el lugar donde se encuentren los documentos, si se trata de autoridades nacionales, departamentales o del Distrito Capital de Bogotá, o al juez administrativo si se trata de autoridades distritales y municipales decidir en única instancia si se niega o se acepta, total o parcialmente la petición formulada.
Para ello, el funcionario respectivo enviará la documentación correspondiente al tribunal o al juez administrativo, el cual decidirá dentro de los diez (10) días siguientes. Este término se interrumpirá en los siguientes casos:
1. Cuando el tribunal o el juez administrativo solicite copia o fotocopia de los documentos sobre cuya divulgación deba decidir, o cualquier otra información que requieran, y hasta la fecha en la cual las reciba oficialmente.
2. Cuando la autoridad solicite, a la sección del Consejo de Estado que el reglamento disponga, asumir conocimiento del asunto en atención a su importancia jurídica o con el objeto de unificar criterios sobre el tema. Si al cabo de cinco (5) días la sección guarda silencio, o decide no avocar conocimiento, la actuación continuará ante el respectivo tribunal o juzgado administrativo.
Parágrafo. El recurso de insistencia deberá interponerse por escrito y sustentado en la diligencia de notificación, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella. […]».
Ahora, el hecho que la respuesta otorgada fuere proferida durante el trámite de la acción de tutela de la referencia, tampoco constituía impedimento para que el señor Sandoval Borda hubiere insistido ante la administración en la entrega de la información requerida, pues el origen de la acción de tutela se fundamentó en la falta de respuesta de la administración respecto de su derecho de petición; en cambio, el recurso de instancia, se agota para cuestionar la reserva declarada por la administración. Procedimiento este último, de carácter sumario, cuyo núcleo esencial es velar por la protección del derecho fundamental de petición, cuando es limitado bajo el argumento de “reserva”.
Por otra parte, alega el impugnante que el a quo se apartó de su propia jurisprudencia en el marco de la Convocatoria 27, contenida en la sentencia de tutela proferida en el expediente 11001031500020190473100, así como de lo resuelto por la subsección C de la sección tercera de la misma Corporación, sobre el derecho fundamental de acceso a la información pública, en la cual se consideró, entre otras cosas, «que la reserva sobre los documentos de un concurso de méritos se excepciona sobre las personas que participan y, en todo caso, no aplica sobre los cuadernillos de pruebas ya realizadas».
Al respecto, la Sala, de manera pedagógica, informa al accionante que las referidas decisiones de tutela no constituyen precedente; además, sin perjuicio de ello, el revisar su contenido si bien tratan del amparo del derecho de petición en el marco de la Convocatoria 27, las situaciones fácticas allí resueltas (derecho a obtener una respuesta y la forma de exhibición de los cuadernillos de preguntas y respuestas) no se acompasan con la “reserva” señalada por la Universidad Nacional de Colombia en esta oportunidad, que hace exigible el recurso de insistencia, como lo consideró el a quo, y lo comparte esta instancia judicial, para declarar la improcedencia de la acción de tutela por no satisfacerse el requisito de la subsidiariedad
Razón por la cual, al Sala CONFIRMARÁ el numeral segundo de la decisión del a quo que declaró la improcedencia de la acción de tutela «en relación con las preguntas 1 a la 7 de la petición».
2.5. PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA EN MATERIA DE CONCURSOS DE MÉRITOS – CASO CONCRETO.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela es un mecanismo judicial, preferente para la defensa de los derechos fundamentales, de carácter subsidiario. La subsidiariedad significa que la acción procede únicamente en alguna de las siguientes hipótesis: i) cuando no existen mecanismos judiciales de defensa para proteger un derecho constitucional; ii) cuando existen esos medios de defensa pero, en el marco del caso concreto, no resultan idóneos o eficaces para conjurar la amenaza o violación del derecho; o, iii) cuando la acción se interpone como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
En sentencia T-187 de 2010, Magistrado Ponente Jorge Iván Palacio Palacio, manifestó que la acción de tutela es subsidiaria y, por tanto, no sustituye los mecanismos procesales ofrecidos por el ordenamiento jurídico para defender los intereses de los particulares. Al respecto, precisó que:
«[…]La acción de amparo es un mecanismo preferente y sumario que busca dar protección privilegiada a los derechos fundamentales de las personas cuando los mismos se vean amenazados por una autoridad pública con su acción u omisión y excepcionalmente cuando se vean conculcados por un particular.
De igual manera la acción de tutela, por su naturaleza, opera de manera subsidiaria y residual, lo que implica que para su procedencia el accionante debe i) carecer de un mecanismo de defensa judicial o carezca de eficacia o ii) estar ante la ocurrencia de un perjuicio irremediable y el amparo se promueva como mecanismo transitorio.[…]» (Subrayado fuera del texto).
En virtud de la subsidiariedad que caracteriza a esta garantía de los derechos fundamentales constitucionales, es dable afirmar que un amparo es improcedente cuando el interesado no ejerció los mecanismos ordinarios de defensa, sin justificación alguna, y pretende, por vía de este mecanismo, revivir discusiones que quedaron zanjadas ante la inactividad de quien debió ejercitar las vías constitucionales y legales.
En un proceso de tutela en el que se cuestionaban actuaciones surtidas al interior de un concurso de méritos, esta Sala tuvo la oportunidad de analizar los eventos en los que era procedente la acción de amparo frente a esa materia, criterio que se mantenía incólume y se ha aplicado en causas de contornos similares.
En esa ocasión se partió del hecho de que los concursos de méritos para la provisión de empleos en general, y en especial en el sector público, comportan una de las instituciones más significativas de nuestro Estado Social de Derecho, en razón a que se constituyen en la herramienta más transparente para obtener un empleo en condiciones dignas.
De ahí se consideró que en el marco de un concurso de méritos está en juego el derecho de acceso al trabajo y que por ello tal institución, el concurso de méritos, debe ser vista con rigor constitucional por el funcionario judicial encargado de velar por la aplicación de la norma suprema, en el caso concreto el juez de tutela.
Adicionalmente, en la aludida providencia la Sala aclaró que las controversias que sobre la protección de derechos fundamentales se susciten dentro de un concurso de méritos por el corto plazo del mismo exigen soluciones prontas, eficientes y eficaces, que en la mayoría de los casos únicamente se logran a través de la jurisdicción constitucional por vía de tutela; y, que si bien habría de seguirse la regla general de improcedencia del amparo decantada por la Corte Constitucional, también era cierto que debían tenerse en cuenta excepciones más allá de la existencia o inminencia de un perjuicio irremediable, motivo por el cual, bajo criterios abiertos, estableció como parámetros a seguir que el amparo es improcedente:
1) Contra el acto de convocatoria y contra la lista de elegibles, sobre este último salvo que: 1.1) por cuestiones particulares del caso, como podría ser el acercamiento del actor a la edad de retiro forzoso o la edad máxima para desempeñar el cargo, resulte ilusorio el ejercicio de la acción ordinaria; y, 1.2) el lugar ocupado por el demandante en dicha lista esté por fuera del rango de cargos a proveer; y, 2) contra los actos distintos a los antes mencionados, que no impliquen la eliminación o exclusión del proceso.
Como se observa, si bien la regla general en materia de concursos de méritos es la improcedencia de la acción de tutela respecto de los actos administrativos proferidos en el marco del mismo, excepto aquellos que implican eliminación o exclusión del proceso de selección.
Dicho ello, recuérdese que el acto administrativo es la manifestación unilateral de la voluntad de la administración, que provoca efectos jurídicos que crean, modifica o extinguen situaciones jurídicas de los afectados; los cuales, según su fin, pueden ser de carácter de mero trámite, contra los que no procede recurso alguno, o definitivos, entendidos como aquellos que decidan directa o indirectamente el fondo del asunto o hagan imposible continuar la actuación.
Al respecto la subsección B de la sección segunda del Consejo de Estado, en sentencia del 8 de marzo de 2012, señaló:
«[…] Los actos de trámite, son disposiciones instrumentales que permiten desarrollar en detalle los objetivos de la administración; entonces la existencia de estos actos no se explica por sí sola, sino en la medida en que forman parte de una secuencia o serie de actividades unidas y coherentes con un espectro de más amplio alcance que forma una totalidad como acto. Por el contrario, los actos definitivos ponen fin de manera perentoria a la actuación administrativa, de modo que en ellos se agota la actividad de la administración, o tan sólo queda pendiente la ejecución de lo decidido.
Ahora bien, es cierto que los únicos actos susceptibles de la Acción Contenciosa Administrativa son los actos definitivos, es decir que se excluyen los de trámite, pues éstos se controlan jurisdiccionalmente como parte integrante del acto definitivo y conjuntamente con éste, es decir de aquel que cierra la actuación administrativa. No obstante, el que un acto sea definitivo, no depende siempre de hallarse situado en el final del trámite, pues puede ser que cierre un ciclo autónomo de la actuación administrativa claramente definido y que como tal pueda ser impugnado mediante la acción de nulidad. […]».
Descendiendo al caso en concreto, se recuerda que el acto administrativo cuestionado, esto es, la Resolución No. CJR20-0202 del 27 de octubre de 2020, «[p]or medio de la cual se corrige una actuación administrativa en el marco de la convocatoria 27», obedece a un acto de trámite expedido en el marco de la Convocatoria 27; sin embargo, tal calificativo podría cambiar de cara a quienes, como en el caso del accionante y los coadyuvantes, ya habían superado satisfactoriamente la prueba de aptitudes y conocimientos y, consecuencia de lo resuelto por la administración, tal situación fue dejada sin efecto en el sentido de que la referida prueba deberá ser presentada nuevamente por la totalidad de los aspirantes inscritos en esta.
Sumado a lo anterior, póngase de presente que los cargos endilgados por la parte actora obedecen a argumentos de legalidad “por falta de motivación y falsa motivación”, que no son propios del juez de tutela.
Si bien, la regla general es que sólo son demandables ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo los actos de carácter “definitivo”, que en materia de concursos, normalmente, obedece a la lista definitiva de elegibles en tanto es la que «define la situación jurídica de los participantes, puesto que adquieren un derecho particular y concreto que les da la certeza de poder acceder al cargo para el cual concursaron», entendiendo a todo pronunciamiento previo como «verdaderos actos de trámite en tanto que le dan impulso al proceso de selección, pero no definen la actuación»; lo cierto es, que dadas las particulares que se pudieren presentar respecto de algunos concursantes en el transcurso de la convocatoria, dicha generalidad puede ceder de manera excepcional, por ejemplo, respecto de quien es eliminado del concurso o a quien se le modifica alguna situación particular ya reconocida.
En el asunto bajo estudio, la Sala observa que si bien la Resolución No. CJR20-0202 del 27 de octubre de 2020, «[p]or medio de la cual se corrige una actuación administrativa en el marco de la convocatoria 27», es un acto de trámite en el marco de la Convocatoria 27, por lo cual no resultaría susceptible de ser cuestionada ante los Jueces Administrativos, no se puede desconocer que, respecto de un grupo determinado de aspirantes, dicho acto administrativo “modificó” su situación en el desarrollo de la misma; pues después de que tenían certeza de haber superado satisfactoriamente la etapa eliminatoria, hoy su situación cambió, en el sentido que tendrán que presentar nuevamente la prueba.
Razón por la cual, en el presente asunto, es admisible la premisa de que la Resolución No. CJR20-0202 del 27 de octubre de 2020, pudiere ser demandable ante la jurisdicción contenciosa por parte de quienes consideren que la misma modificó su situación, y que sean los Jueces contenciosos del asunto quienes determinen, basados en argumentos de legalidad propios de su competencia, como los hoy alegados, su procedencia dadas las particularidades de la situación; y que de ser así, los medios de control correspondientes – nulidad o nulidad y restablecimiento del derecho según lo pretendido- serían mecanismos judiciales idóneos, eficientes y eficaces frente a lo hoy pretendido, dejar sin efecto el acto acusado.
Dicho ello, y sin emitir un juicio definitivo acerca del calificativo que merezca la Resolución No. CJR20-0202 del 27 de octubre de 2020, esto es, si se trata de un acto definitivo o de mero trámite que permita ser demandado ante la Jurisdicción Contenciosa, se informa que actualmente se encuentra en curso demanda contenciosa con la misma finalidad, bajo radicado 11001032500020210016900(0985-2021); situación que, dadas las particulares presentadas en la Convocatoria 27, ratifica que es el Juez Contencioso quien debe definir lo pertinente.
Ahora, sin perjuicio de lo expuesto, ante la postura de que la Resolución No. CJR20-0202 del 27 de octubre de 2020, en efecto constituye un acto de trámite, desde cualquier punto de vista, se recuerda que la acción de tutela resulta improcedente como regla general, pues, se insiste, se trata de una actuación de mero impulso que no define la situación del aspirante frente a su exceptiva de ser nombrado en uno de los cargos ofertados, salvo que la misma constituya una flagrante vulneración de derechos fundamentales siendo determinante en el resultado definitivo de la actuación administrativa.
Al respecto la Corte Constitucional en sentencia T-405 de 2018, respecto de la procedencia de la acción de tutela para cuestionar actos de trámite en el marco de cualquier actuación administrativa, señaló:
«[…] Cabe, por excepción, el ejercicio de la acción de tutela, siempre que se acrediten los siguientes requisitos: En primer lugar, el acto de trámite debe ser producto de una actuación arbitraria o desproporcionada que transgrede o amenaza los derechos funda-mentales de una persona. En este sentido, se ha explicado que la finalidad de la acción de tutela en estos casos es impedir que la administración concluya una actuación con desconocimiento de las garantías mínimas constitucionales de una persona, de forma tal que el amparo se convierte en “una medida preventiva encaminada a que la autoridad encauce su actuación conforme a los preceptos constitucionales que amparan los derechos fundamentales, y a que el desarrollo de su actividad sea regular desde el punto de vista constitucional (…)”. En segundo lugar, se requiere que el acto de trámite resuelva algún asunto que se proyecte en la decisión principal. En efecto, aunque los actos prepara-torios no envuelven decisiones definitivas, si se ha advertido que dicha actuación debe tener incidencia en la construcción de la decisión final, pues de lo contrario se trataría de una simple deficiencia, que no tendría la capacidad de afectar el trámite seguido, al carecer de un efecto sustancial. En tercer lugar, además de los anteriores requisitos, también es necesario que la acción de tutela se presente antes de proferirse el acto definitivo, por cuanto si ya existe una decisión de tal naturaleza, la actuación ya habrá concluido y lo que existirá es el deber de activar los medios de defensa judicial ante el juez contencioso. En este punto, cabe insistir que, como se expuso ut supra, la finalidad del amparo contra un acto de trámite es impedir que se culmine una actuación administrativa, en desconocimiento del orden constitucional. […]».
En materia de concursos, específicamente, el impacto de los actos de trámite durante su desarrollo es igual a cualquier actuación administrativa; razón por la que la procedencia excepcional de la acción de tutela dependerá de un análisis del acto acusado de cara a si configura vulneración de derechos fundamentales y si tiene impacto negativo frente a la decisión definitiva de la administración que resuelva la situación para el interesado.
De acuerdo con el contenido de la Resolución No. CJR20-0202 del 27 de octubre de 2020, la Unidad de Carrera de Administración Judicial resuelve «CORREGIR la actuación administrativa contenida en las resoluciones CJR19-0679 y CJR19-0877 de 2019; CJR20-0185, CJR20-0187, CJR20-0188, CJR20- 0189 y CJR20-0200 de 2020, junto con los demás actos administrativos expedidos durante el procedimiento que se corrige, desde la citación a las pruebas de conocimientos generales Hoja No. 4 Resolución CJR20-0202 de 27 de octubre de 2020 “Por medio de la cual se corrige una actuación administrativa en el marco de la convocatoria 27” y específicos, de aptitudes y psicotécnicas, para ajustar todo el trámite a derecho, de conformidad con lo señalado en la parte considerativa de esta resolución, y en consecuencia, CONTINUAR el trámite de la convocatoria, para lo cual, oportunamente se publicarán las citaciones y se aplicarán las pruebas», teniendo en cuenta que:
«[…] Que a pesar de los esfuerzos realizados para corregir los yerros que se presentaron en la Fase 1 de esta convocatoria, se han seguido encontrando errores, en la lectura óptica de las hojas de respuesta y en la construcción de las pruebas, porque incluye temas que no corresponden al cargo evaluado y porque algunas tienen múltiples opciones de respuesta, lo que impide que esos ítems cumplan su función de discriminación, por ser cualquier respuesta válida.
En razón de situaciones como las descritas, la Unidad de Administración de la Carrera Judicial extendió varios requerimientos a la Universidad Nacional de Colombia; indagó sobre los errores identificados en acciones de tutela y le solicitó que certificara la inexistencia de yerros adicionales ante la inminencia de una nueva exhibición, certificación que no ha sido expedida y como repuesta, la Universidad Nacional de Colombia ha ofrecido explicaciones sobre las fallas identificadas por los concursantes.
Es así como, en mayo del presente año la Universidad Nacional de Colombia efectuó una revisión complementaria de items de las pruebas de conocimientos y aptitudes, únicamente desde el punto de vista psicométrico del 100% de las preguntas y no sobre su contenido, análisis del cual concluyó que debía hacerse la verificación de validez del contenido, únicamente de 226 preguntas, en las que los revisores expertos encontraron diferencias referidas a las claves inicialmente otorgadas por el autor, que afectan los componentes de derecho administrativo, civil-comercial, familia, laboral y penal, para magistrados y jueces.
Los mencionados items son adicionales a los ya identificados en la primera corrección de la actuación administrativa, unos que afectaron el componente general de las pruebas y otros impactaron los exámenes para los componentes de laboral, civil, pequeñas causas y competencia múltiple, penal, civil - familia - laboral y salas únicas.
De ello se desprende que dichos errores radican en la estructuración de las preguntas con incidencia directa en el resultado o la calificación, lo que afecta negativamente la calidad de la prueba, en contravía de lo perseguido con la convocatoria, la ley y la Constitución, de la prevalencia del mérito para ingresar o ascender en la rama judicial como juez o magistrado.
Las inconsistencias en la prueba de aptitudes y conocimientos, reportadas por la Universidad Nacional de Colombia, generan como respuesta la repetición de las pruebas a cargo de dicha institución educativa. […]».
Del contenido del acto administrativo acusado, se observa que el mismo se fundamenta en el interés general respecto de todos aquellos aspirantes que se inscribieron el Convocatoria 27, en tanto fueron múltiples los yerros establecidos por la Universidad Nacional de Colombia en la realización de la prueba de conocimiento, considerando corregir dicha actuación a través de la nueva realización de esta.
Actuación que, además, se encuentra amparada bajo el principio de legalidad en los términos del artículo 41 de la Ley 1437 de 2011, que señala:
«[…] Artículo 41. Corrección de irregularidades en la actuación administrativa. La autoridad, en cualquier momento anterior a la expedición del acto, de oficio o a petición de parte, corregirá las irregularidades que se hayan presentado en la actuación administrativa para ajustarla a derecho, y adoptará las medidas necesarias para concluirla. […]»
De acuerdo con lo anterior, la Resolución No. CJR20-0202 del 27 de octubre de 2020, ante el Juez de tutela no resulta ser producto de una «actuación arbitraria o desproporcionada» que transgreda o amenace los derechos fundamentales del actor y los coadyuvantes y tampoco puede calificarse como un acto que vaya a tener incidencia negativa en la resolución definitiva del concurso, pues, se recuerda, la corrección conlleva a que se vuelva a presentar la prueba de conocimiento, en igualdad de condiciones, por parte de todos los aspirantes.
Situación esta última, que desvirtúa cualquier perjuicio irremediable para el actor que requiera la intervención del Juez de tutela, pues él también está llamado a presentar el examen nuevamente; diferente es, que bajo apreciaciones de carácter subjetivo no comparta tal determinación.
De acuerdo con todo lo expuesto, la Sala REVOCARÁ el numeral quinto de la sentencia del 29 de abril de 2021, proferida por la sección quinta Consejo de Estado, que negó el amparo de los derechos fundamentales del actor respecto de la Resolución No. CJR20-0202 del 27 de octubre de 2020 para, en su lugar, DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la acción de tutela.
En cuanto a la orden de amparo proferida por el a quo, respecto del requerimiento 8 de la petición de 11 de noviembre de 2021; en tanto la misma no fue objeto de impugnación, la misma será confirmada sin que haya lugar a consideración al respecto.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por autoridad de la ley,
III. FALLA
PRIMERO. CONFIRMAR PARCIALMENTE la sentencia del 29 de abril de 2021, proferida por la sección quinta del Consejo de Estado, que declaró improcedente la acción de tutela presentada por el señor José Fernando Sandoval Borda respecto de los puntos 1 a 7 del derecho de petición del 11 de noviembre de 2020 y, amparó su derecho fundamental de petición en cuanto al numeral 8 de la misma solicitud, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO. REVOCAR el numeral quinto de la sentencia del 29 de abril de 2021, que negó el amparo de los derechos fundamentales del señor José Fernando Sandoval Borda, respecto de los cargos endilgados contra la Resolución No. CJR20-0202 del 27 de octubre de 2020, para, en su lugar, DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela, de conformidad con la parte motiva de esta providencia.
TERCERO. LIBRAR las comunicaciones de que trata el artículo 30 de Decreto 2591 de 1991, para los fines ahí contemplados.
CUARTO. En acatamiento a las disposiciones del articulo 32 ibídem, dentro de los diez (10) días siguientes REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sección de la fecha.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
Firma electrónica
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ
Firma electrónica Firma electrónica
CÉSAR PALOMINO CORTÉS CARMELO PERDOMO CUÉTER
Se deja constancia que esta providencia se firma de forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del presente documento, en el link: http//relatoría.consejodeestado.gov.co: 8081/vistas/documentos/evalidador
El proceso de la referencia subió al Despacho con informe de Secretaría General de la Corporación de 8 de junio de 2021.
Todas las actuaciones adelantadas e informes y pruebas allegados podrán ser consultados en el respectivo expediente electrónico en el aplicativo SAMAI.
Expediente 11001031500020190131001.
Por medio del cual se establecen competencias para el reparto de la acción de tutela.
Por medio del cual se modifica el Reglamento del Consejo de Estado.
De acuerdo con el parágrafo del artículo 14 de Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, sustituido por la Ley 1775 de 2015, dicho término se reguló así: “Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos aquí señalados, la autoridad deberá informar de inmediato, y en todo, caso antes del vencimiento del término señalado en la ley, esta circunstancia al interesado expresando los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, el cual no podrá exceder del doble del inicialmente previsto”.
Subsección B de la sección segunda del Consejo de Estado. MP Sandra Lisset Ibarra Vélez. Sentencia de tutela del 18 de mayo de 2021. Expediente 11001031500020210182100.
Expediente 11001031500020190131001.
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Consejero Ponente: Dr. Víctor Hernando Alvarado Ardila. Sentencia de 6 de mayo de 2010. Exp. Nº 25000-23-15-000-2010-00238-01. Acción de tutela. Actor: Milton Gonzalo Beltrán Acosta. C/. Comisión Nacional del Servicio Civil.
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Consejero Ponente: Dr. Víctor Hernando Alvarado Ardila. Sentencia de 6 de mayo de 2010. Exp. Nº 25000-23-15-000-2010-00238-01. Acción de tutela. Actor: Milton Gonzalo Beltrán Acosta. C/. Comisión Nacional del Servicio Civil.
“(…) a) En el concurso de méritos puede considerarse que existen dos actos que encierran el mismo, esto es el de convocatoria y el que conforma la lista de elegibles con el cual finalizan las etapas del proceso; en principio el amparo que pretenda enjuiciar estos, debe ser improcedente; en cuanto al primero porque ostenta naturaleza general, expresa las condiciones o reglas de juego que lo abarcan, el cual por sí sólo no afecta una situación particular y concreta; en cuanto al segundo porque si bien es particular, dado que cobija un número determinable de individuos, para su enjuiciamiento existe la acción de nulidad y restablecimiento del derecho donde puede incluso solicitarse la suspensión provisional, salvo que: i) por cuestiones particulares del caso, como podría ser el acercamiento del actor a la edad de retiro o la edad máxima para desempeñar el cargo, resulte ilusorio el ejercicio de la acción ordinaria y ii) el lugar ocupado por el demandante en dicha lista esté por fuera del rango de cargos a proveer, lo cual quiere decir que si se encuentra dentro de dicho ámbito y pretende discutir el mejoramiento de su posición, la acción devendrá improcedente.
b) Dentro del trámite del concurso propiamente dicho, existen etapas, fases o pruebas, algunas de ellas tienen carácter eliminatorio y otras clasificatorio, en consecuencia, el amparo será improcedente en relación con aquellos actos que para el demandante no impliquen la eliminación o exclusión del proceso, esto por cuanto al continuar en el mismo y pretender un mejoramiento de su posición tal asunto podrá ser discutido una vez configurada la lista de elegibles atendiendo a las reglas antes mencionadas(...)”.
Artículo 75 de la Ley 7437 de 2011.
Artículo 43 Ibídem.
CP. Víctor Hernando Alvarado Ardila. Expediente: 11001-03-25-000-2010-00011-00(0068-10) Actor: Amelia Mosquera Hernández. Demandado: Comisión Nacional Del Servicio Civil
T-949 de 2011. MP. Mauricio González Cuervo.
Ibídem.
MP. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
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