Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2021-01097-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2021-01097-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2021-01097-01
Consejero ponente: Rocío Araújo Oñate (e)
22 de julio de 2021
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL - Niega / MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / DEFECTO FÁCTICO - No configuración / ADECUADA VALORACIÓN PROBATORIA
¿Vulneró el Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala Primera de Decisión, el derecho fundamental del debido proceso de la parte actora, por presuntamente incurrir en el defecto fáctico, al proferir la sentencia del 28 de agosto de 2020, mediante la cual se revocó el fallo dictado por el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Pereira el 25 de febrero de 2019, que accedió a lo solicitado, para, en su lugar, negar las pretensiones de la demanda que presentaron la señora [G.I.O.I. y otros], en ejercicio del medio de control de reparación directa contra la Nación – Rama Judicial –y la Fiscalía General de la Nación? (…) [La Sala observa] que los argumentos del Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala Primera de Decisión obedecieron a un estudio razonado de las pruebas que alega la parte actora que fueron valoradas de forma errada, es decir, de la providencia proferida por el Juzgado Penal del Circuito de Descongestión de Dosquebradas, con la cual, a juicio de la parte demandante se demostraba la responsabilidad del Estado, en el entendido de que no se logró desvirtuar la presunción de inocencia y, de la decisión proferida por el Juzgado Primero Penal Municipal con Función de Garantías de Dosquebradas, de la que concluyó el tribunal que el decreto de la medida provisional cumplió con los requisitos objetivos y subjetivos de proporcionalidad y necesidad, a pesar de que realmente no había motivos que indicaran que el señor [M.A.O.I.] había participado en la conducta punible. (…) Así las cosas, la Sala advierte que la parte actora no logró demostrar el presunto defecto fáctico pues no se avizora que el tribunal haya realizado una valoración arbitraria y además alejada de la lógica, de la experiencia y de la sana crítica, contrario a ello lo que se pone en evidencia es el desacuerdo de la parte tutelante respecto de la conclusión a la que arribó el Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala Primera de Decisión, discrepancia que en modo alguno tiene el carácter de lograr el amparo del derecho fundamental alegado en sede de tutela.
NOTA DE RELATORÍA: Sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, dictadas en los medios de control de reparación directa por privación injusta de la libertad, pueden consultarse las siguientes decisiones proferidas por la Sección Quinta de esta Corporación: Sentencia 27.02.20., M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, Rad. 11001-03-15-000-2020-00136-00; Sentencia 13.02.20, M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2019-04159-01; Sentencia del 13.02.20, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, Rad. 11001-03-15-000-2020-00145-00; Sentencia 30.01.20, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, Rad. 11001-03-15-000-2019-02962-01; Sentencia 30.01.20, M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2019-05121-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Consejera ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE (E)
Bogotá, D.C., veintidós (22) de julio de dos mil veintiuno (2021)
Radicación número: 11001-03-15-000-2021-01097-01(AC)
Actor: GLORIA ISABEL ORTIZ ISAZA Y OTROS
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RISARALDA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la Sala a resolver la impugnación presentada por la parte actora contra la sentencia de primera instancia proferida el 29 de abril de 2021 por la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado, mediante la cual negó el amparo del derecho fundamental deprecados por la parte actora.
ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo
1. Con escrito enviado por correo electrónico el 15 de marzo de 2021 al aplicativo dispuesto para la radicación de Tutelas y Hábeas Corpus de la Rama Judicial, los señores Gloria Isabel Ortiz Isaza, Miguel Ángel Ortiz Isaza y Estefanía Conde Ortiz, actuando a través de apoderado, ejercieron acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala Primera de Decisión, con el fin de que les sea amparado su derecho fundamental al debido proceso.
2. Los accionantes consideraron vulneradas las referidas garantías constitucionales con ocasión de la sentencia del 28 de agosto de 2020 proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala Primera de Decisión, mediante la cual se revocó el fallo dictado por el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Pereira el 25 de febrero de 2019, que accedió a las pretensiones del medio de control de reparación directa y, en su lugar, negó las súplicas que presentó la parte actora contra la Nación – Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación.
3. Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:
“1. DEJAR SIN EFECTOS la sentencia aprobada en sesión del veintiocho (28) de agosto de dos mil veinte, radicado: 66001-33-33-003-2016-00430-01(F-0683-2019), medio de control: reparación directa, demandante: MIGUEL ÁNGEL ORTIZ ISAZA Y OTROS. DEMANDADO: NACIÓN- RAMA JUDICIAL Y FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, la cual fue notificada vía correo electrónico el 15 de septiembre de 2020, proferida TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE RISARALDA- SALA PRIMERA DECISIÓN por estar incursa en el defecto fáctico.
2. Como consecuencia de las anteriores declaraciones, ORDENAR al TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE RISARALDA- SALA PRIMERA DE DECISIÓN que en el término que fije su despacho, profiera una nueva sentencia en la cual se garanticen los derechos fundamentales de los cuales son titulares los accionantes, realizando una debida valoración de las pruebas arrimadas al proceso y las cuales serán identificadas con suficiencia en siguiente capítulo”.
1.2. Hechos probados y/o admitidos
La Sala encontró demostrados los hechos que a continuación se relacionan, los cuales son relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:
4. La señora Gloria Isabel Ortiz Isaza y otros, a través de apoderado judicial, presentaron demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa contra la Nación – Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación, con el fin de que se declarara a las entidades patrimonial y administrativamente responsables de los perjuicios causados con ocasión de la presunta privación injusta de la libertad del señor Miguel Ángel Ortiz Isaza, quien fue vinculado a un proceso penal y acusado como autor del delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes en concurso con fabricación, tráfico y porte de armas y municiones, que finalizó con decisión absolutoria en su favor.
5. El proceso le correspondió en primera instancia al Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Pereira, que a través de fallo del 25 de febrero de 2019 accedió a las pretensiones de la demanda y declaró administrativamente responsable a la Fiscalía General de la Nación por la presunta privación injusta de la libertad del señor Miguel Ángel Ortiz Isaza, en consecuencia, la condenó a pagar a los demandantes unas sumas de dinero a título de indemnización por concepto de perjuicios morales, al encontrar la configuración de los elementos constitutivos de la responsabilidad de Estado, comoquiera que la sentencia dictada en el marco del proceso penal absolvió al señor Miguel Ángel Ortiz Isaza de los cargos formulados en su contra, dado que los argumentos de la Fiscalía no desvirtuaron su inocencia la cual fue demostrara por la defensa del acusado, así que esta situación descartaba que la conducta del señor Ortiz Isaza hubiera dado lugar a la apertura del proceso penal y, por ende, la medida de aseguramiento.
6. Inconforme con lo anterior, la Dirección Seccional de la Administración Judicial de Pereira interpuso recurso de alzada, del asunto conoció el Tribunal Administrativo de Risaralda, autoridad que revocó el fallo de primera instancia y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda, al no encontrar la configuración de los elementos de la responsabilidad de Estado.
7. Como fundamento de su decisión indicó que el daño acaecido con la medida preventiva de privación injusta de la libertad del señor Miguel Ángel Ortiz Isaza no fue antijuridico, teniendo en cuenta que las decisiones tomadas tanto por la Fiscalía General de la Nación como por el Juzgado de Control de Garantías de Pereira fueron razonadas por cuanto, los elementos materiales probatorios obtenidos al momento de la imposición de la medida daban cuenta de la posible participación del mencionado en la conducta punible objeto de la investigación.
1.3. Fundamentos de la solicitud
8. La parte actora aseguró que el Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala Primera de Decisión, al proferir la sentencia del 28 de agosto de 2020, vulneró su derecho fundamental al debido proceso, por las razones que se exponen a continuación:
9. Sostuvo que, la autoridad judicial accionada incurrió en defecto fáctico al valorar de forma errónea el material probatorio arrimado al proceso, puntualmente, de la providencia proferida por el Juzgado Penal del Circuito de Descongestión de Dosquebradas, esto, al considerar que la absolución del señor Miguel Ángel Ortiz Isaza se originó por la aplicación del principio de in dubio pro reo, no obstante, lo que sucedió fue que no se logró desvirtuar la presunción de inocencia por cuanto no participó en el hecho punible investigado.
10. Asimismo al valorar la decisión proferida por el Juzgado Primero Penal Municipal con Función de Garantías de Dosquebradas de la que concluyó que el decreto de la medida provisional cumplió con los requisitos objetivos y subjetivos de proporcionalidad y necesidad, sin tener en cuenta que dicho juzgado no encontró motivos indicativos de la efectiva participación del señor Miguel Ángel Ortiz Isaza en la conducta punible.
11. Hizo referencia al principio de presunción de inocencia con apoyo en la sentencia C-003 de 2017 de la Corte Constitucional, así como la diferencia entre este y el in dubio pro reo con cita del tratadista Jairo Parra Quijano.
12. Indicó que el argumento central de la sentencia enjuiciada “tiene que ver con la ausencia de daño antijurídico que deba ser indemnizado por los demandados, en el entendido que, la medida de aseguramiento de la cual fue objeto el señor MIGUEL ÁNGEL ORTIZ ISAZA fue ajustada a derecho y, en consecuencia, no puede considerarse que la misma haya sido injustificada, todo ello, teniendo en cuenta que fue absuelto por el principio del indubio pro reo, estando en todo caso en la obligación de soportar hasta la culminación del proceso penal la limitación de su derecho a la libertad”.
13. Sostuvo que de no haberse incurrido en el defecto fáctico la decisión hubiese sido diferente pues con “la prueba documental allegada al proceso” se podía concluir que la privación de la libertad como medida provisional fue injusta comoquiera que “de los elementos materiales probatorios y la evidencia física” que se tuvo en cuenta en el decreto de dicha medida no se evidenció indicio alguno, autoría o participación en el punible, tal como lo señaló el Juzgado Primero Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Dos Quebradas para lo cual transcribió el aparte pertinente.
14. Dijo que, aunado a ello, en la sentencia absolutoria el Juzgado Único de Descongestión del Circuito de Dosquebradas manifestó que no se logró demostrar qué función cumplió el ahora tutelante en la comisión de los ilícitos, ni el rol que cumplía además de no haber sido identificado por la “fuente humana” y que los argumentos de la Fiscalía no eran suficiente para endilgarle la responsabilidad al señor Ortiz Isaza.
15. Refirió que el Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala Primera de Decisión valoró de forma inapropiada las pruebas, habida cuenta que hizo el análisis de forma fragmentada dejando de valorar apartes importantes, tal “como ocurrió con el auto que ordenó la medida provisional de detención en residencia”.
1.4. Trámite de la acción de tutela
16. El Magistrado Ponente de la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado mediante auto del 24 de marzo de 2021 admitió la demanda de tutela y dispuso su notificación a la parte actora, así como a los Magistrados del Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala Primera de Decisión, en calidad de autoridad judicial accionada.
17. Asimismo, se ordenó vincular como terceros con interés a la Nación – Rama Judicial y a la Fiscalía General de la Nación quien conformó el extremo demandado del medio de control de reparación directa.
18. Ofició al Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Pereira, para que enviara copia del expediente de reparación directa.
19. Reconoció personería a los señores David Díaz Cano y Carlos Hernán Ocampo Ortiz en representación de la parte accionante, aclarando que no podían actuar simultáneamente, de conformidad con el artículo 75 del Código General del Proceso.
1.5. Intervenciones
Realizadas las notificaciones ordenadas, de conformidad con las constancias visibles en la copia digital del expediente de la acción de tutela, se presentaron las siguientes intervenciones:
1.5.1. Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala Primera de Decisión
20. Con escrito enviado por correo electrónico el 3 de febrero de 2020 al buzón web de la Secretaría General del Consejo de Estado, el magistrado ponente de la providencia judicial demandada, sostuvo que, con la sentencia del 25 de julio de 2019 no se vulneró el derecho fundamental deprecado por la parte actora, comoquiera que la misma se profirió de conformidad con la normatividad y la jurisprudencia aplicable a los casos de privación injusta de la libertad.
21. Sostuvo que en el fallo acusado se determinó que la responsabilidad administrativa respecto del proceso penal adelantado en virtud de la Ley 906 de 2004, debe ser analizada a partir del artículo 90 superior y la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, razón por la que se estudió la conducta positiva u omisiva de la administración de justicia pues es frente a esta que se le atribuye la responsabilidad del Estado, para establecer si las actuaciones en el marco de la privación de la libertad fue manifiestamente desproporcionada o arbitraria o contraria a los mandatos normativos.
22. Por lo anterior, realizó el estudio de dicha responsabilidad desde un régimen de imputación subjetivo, por lo que el carácter de injusto de la privación de la libertad lo analizó conforme a los criterios de razonabilidad, proporcionalidad y legalidad de las medidas restrictivas de la libertad. Así, determinó que en efecto el señor Ortiz Isaza fue privado de la libertad pero que al haberse capturado en situación in flagrante en la diligencia de registro y allanamiento en el inmueble en el que éste residía y que en esta se hallaron elementos suficientes para la configuración de una conducta punible, así que “la aprehensión inicial no proviene de una medida de aseguramiento, sino del cumplimiento del deber consagrado en el artículo 32 Superior, donde se consagra la captura de las personas sorprendidas en la comisión de una conducta punible, sin que medie orden judicial alguna, al no comportar una detención preventiva”.
23. Indicó que al encontrarse reunidos los requisitos del artículo 336 del Código de Procedimiento Penal ya que se podía inferir con probabilidad de verdad que la conducta investigada existió y que el señor Miguel Ángel Ortiz Isaza era autor de ésta, la Fiscalía solicitó la medida de aseguramiento con base en el informe policivo de registro y allanamiento, por lo mismo, el Juzgado Primero Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Dosquebradas en audiencia preliminar decretó medida de aseguramiento consistente en detención preventiva con detención domiciliaria.
24. Explicó que el hecho de haber sido absuelto el sindicado, ello no era razón suficiente para determinar la responsabilidad del Estado, así que al analizar las decisiones y medidas proferidas en contra del señor Miguel Ángel Ortiz Isaza se determinó que no fueron injustas porque estas decisiones eran razonables habida cuenta que del material probatorio que tenía a disposición la Fiscalía General de la Nación se podía inferir la posible comisión de la conducta punible.
25. Por lo anterior, consideró que no se demostró la antijuridicidad del daño por lo que no resulta imputable a las autoridades demandadas en el medio de control de reparación directa por consiguiente ante la no responsabilidad del Estado, revocó el fallo de primera instancia, así las cosas, sostuvo que no se quebrantaron los derechos fundamentales de la parte actora y solicitó rechazar por improcedente la solicitud de amparo ante su improcedencia o negarla al demostrarse que no se incurrió en yerro alguno.
1.5.2. Fiscalía General de la Nación
26. Con escrito enviado por correo electrónico el 9 de mayo de 2021 al buzón web de la Secretaría General del Consejo de Estado, la Coordinadora de la Unidad de Defensa Jurídica de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la entidad, sostuvo que la solicitud de amparo constitucional era improcedente, por cuanto, no se supera el requisito de subsidiariedad, no obstante no especificó cual era el medio de defensa procedente, a la respecto dijo la “la Ley 1437 de 2011 prevé diferentes recursos para solicitar el amparo de sus derechos accionados”.
27. Señaló que tampoco se acreditó la existencia de un perjuicio que vulnerara flagrantemente los derechos fundamentales de la parte actora y que además no sustentó las causales específicas de procedibilidad de la acción, pues no se sustentó el presunto defecto alegado, es decir, que no se satisfizo la carga probatoria exigida para la procedencia de la acción constitucional contra providencias judiciales.
28. Sostuvo que no se acreditó el defecto fáctico, en tanto, la decisión de la privación de la libertad no desbordó los criterios de proporcionalidad por cuanto existían indicios de responsabilidad en contra del acusado y que la decisión de segunda instancia dentro del proceso reparación directa contó con los elementos de juicio suficientes para revocar el fallo de segunda instancia de los que hizo una valoración adecuada.
29. Finalmente, adujo que “la acción de tutela no puede ser utilizada para recuperar oportunidades procesales perdidas ni para remediar equivocaciones de las partes que hayan desmejorado su condición procesal o sus posibilidades de éxito frente a una determinada situación litigiosa”.
1.5.3. El Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Pereira aportó el expediente digital acatando lo ordenado en el auto admisorio de la acción de tutela.
1.6. Sentencia de primera instancia
30. El Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A, mediante sentencia del 29 de abril de 2021, denegó el amparo del derecho fundamental deprecado por la parte actora al no encontrar la concreción del defecto fáctico alegado.
31. Al efecto, señaló que la autoridad accionada analizó y valoró las decisiones de la instancia penal del proceso adelantado contra el señor Miguel Ángel Ortiz Isaza, tales como el acta de audiencias preliminares en la que constaba la legalización de captura, formulación de imputación y solicitud de medida de aseguramiento llevada a cabo el 11 de octubre de 2013 por el Juzgado Primero Penal Municipal de Control de Garantías de Dosquebradas así como la sentencia absolutoria del 29 de octubre de 2014 proferida por el Juzgado Penal del Circuito de Descongestión del mismo municipio.
32. De lo que determinó que existían elementos probatorios suficientes para la solicitud de medida de aseguramiento razón por la cual no era de recibo el argumento de la parte actora consistente en que no se tuvo en cuenta la decisión restrictiva de su libertad y la ausencia de indicios para sustentar la solicitud de privación de la libertad por parte de la Fiscalía y el decreto por parte del Juez de garantías de Dos Quebradas.
33. Por otro lado, adujo que si bien la parte actora alegó que se encontraba demostrado dentro del proceso la ausencia de pruebas para la detención en todo caso no especificó cuáles medios probatorios permitían arribar a dicha conclusión, que asimismo, ocurría con el planteamiento consistente en que el tribunal no hizo mención de la inexistencia de motivos que indicaran participación del señor Miguel Ángel Ortiz Isaza en la comisión del delito “comoquiera que la adopción de la mencionada medida no exige plena prueba de la responsabilidad, sino únicamente la inferencia razonable de que el imputado puede ser el autor o participe de la conducta delictiva, en los términos del artículo 308 de la Ley 906 de 2004”.
34. En relación con la censura atinente a que el tribunal determinó que la absolución del señor Miguel Ángel Ortiz Isaza obedeció a la aplicación del principio in dubio pro reo sin tener en cuenta que la Fiscalía no logró desvirtuar la presunción de inocencia al no haber participado en la conducta investigada indicó el a quo constitucional que si bien, en efecto, se hizo esa aseveración, en todo caso, ello no comportaba un yerro que modificara el sentido de la decisión adoptada por cuanto el punto álgido para establecer la responsabilidad estatal era el hecho de que la privación de la libertad fuera atribuible al actuar de los demandados en el proceso de reparación directa, situación que no fue probada.
35. En ese sentido, concluyó que:
“En ese orden de ideas, se evidencia que el accionado valoró integralmente los elementos probatorios obrantes en el plenario del proceso de reparación directa, de conformidad con las reglas de la sana crítica, y determinó que no resultaban suficientes para acreditar un daño antijurídico imputable a la Fiscalía General de la Nación o a la Rama Judicial. En este punto, es necesario recordar, como se anotó en el acápite precedente, que cuando se discute la valoración probatoria por parte del juez natural, el estudio de la autoridad que conoce la acción de tutela se encuentra restringido por los principios de autonomía e independencia judicial, puesto que no se trata de una instancia adicional al proceso ordinario en la que pueda examinarse nuevamente todo el debate probatorio, sino que su análisis de circunscribe a verificar la existencia de un yerro de tal magnitud que exija la intervención de la autoridad constitucional, lo cual no se evidencia en el caso concreto.”
1.7. Impugnación
36. Con escrito enviado por correo electrónico el 20 de mayo de 2021 al buzón web de la Secretaría General del Consejo de Estado, la parte actora impugnó la decisión de primera instancia, para lo cual relató los hechos que sustentaron la captura, la medida de aseguramiento y la decisión que lo absolvió de la conducta punible. También remembró las circunstancias que rodearon la privación de la libertad del señor Miguel Ángel Ortiz Isaza, la decisión de primera instancia en el proceso de reparación directa en referencia, la apelación a esta presentada por la Fiscalía y la sentencia de segunda instancia.
37. Luego expuso lo relativo a la acción de tutela, destacando del fallo del a quo constitucional, las razones por las cuales negó el amparo de sus derechos fundamentales e insistió en la configuración del defecto fáctico por cuanto la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado no valoró las pruebas arrimadas al presente proceso las cuales fueron remitidas por el Juzgado Tercero Administrativo de Pereira e hizo referencia a la sentencia SU – 062 de 2018 para explicar lo relativo al defecto señalado resaltando que este se presenta “se omite por completo la valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos analizados o determinantes en el desenlace del proceso”.
38. Aseveró que el Tribunal demandado omitió por completo la valoración de la “audiencia de solicitud de medida de aseguramiento” adelantada ante el Juzgado Primero Penal Municipal con Función de Control de Garantías para lo cual transcribió el aparte pertinente y concluyó que si bien se tuvo en cuenta el acta de audiencias preliminares la cual contenía aspectos relevantes para la tomar la decisión de la responsabilidad de Estado en el proceso de reparación directa, no contenía en detalle todo lo sucedido en el desarrollo de la audiencia, como sí el audio completo de dicha audiencia, el que “permitía concluir que no existían elementos probatorios y evidencia física que permitieran inferir autoría o participación de MIGUEL ÁNGEL ORTIZ ISAZA en las conductas endilgadas”.
39. También destacó que desde el momento de la orden de la medida de aseguramiento la Fiscalía tenía pleno conocimiento de que el señor Ortiz Isaza no intervino en las conductas punibles, esto, con la confesión de su hermano además de constar que faltaron elementos suficientes para determinar la autoría del delito.
40. Dijo que el señor Miguel Ángel Ortiz Isaza no fue absuelto por duda sino porque se logró demostrar su inocencia, factor determinante para la configuración de la responsabilidad del Estado.
41. Aseveró que el tribunal realizó una valoración fragmentada de las pruebas por lo que dejó de valorarlas de forma completa y frente a aspectos relevantes “tal y como ocurrió la decisión que ordenó la medida provisional de detención en residencia”.
1.8. Trámite de la acción de tutela en segunda instancia
42. La magistrada ponente de la decisión, mediante auto del 29 de junio de 2021 dispuso la vinculación del Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Pereira como tercero con interés por cuanto no fue vinculado inicialmente al trámite constitucional, pues en el auto admisorio de la presente acción, únicamente, se ofició para que enviara copia del expediente de reparación directa que originó la acción de la referencia. Asimismo, ofició tanto a dicho juzgado como al Tribunal Administrativo de Risaralda para que publicaran en las respectivas páginas web algunas piezas procesales de la acción constitucional.
1.9. Intervenciones en el trámite de segunda instancia
Realizadas las notificaciones ordenadas, de conformidad con las constancias visibles en la copia digital del expediente de la acción de tutela, se presentaron las siguientes intervenciones:
1.9.1. El Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Pereira
43. Mediante correo electrónico del 7 de julio de 2021 enviado al buzón web de la Secretaría General del Consejo de Estado, el juzgado en cita informó que había procedido con la publicación ordenada en el auto del 29 de junio de 2021 y aportó la constancia correspondiente.
1.9.2. El Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala Primera de Decisión
44. Mediante correo electrónico del 8 de julio de 2021 dirigido al buzón web de la Secretaría General del Consejo de Estado el tribunal demandado informó que procedió con la publicación ordenada en el auto del 29 de junio de 2021, remitiendo las respectivas constancias.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
45. Esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada por Gloria Isabel Ortiz Isaza y otros contra la sentencia de primera instancia proferida el 24 de abril de 2021 por el Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A que negó el amparo de los derechos fundamentales, de conformidad con lo establecido en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080 de 2019.
2.2. Cuestiones previas
2.2.1. Relativa a la virtualidad de la Rama Judicial y del Consejo de Estado
46. Con ocasión del contagio a gran escala de la pandemia del Covid-19 y el aumento de ocupación en las unidades de cuidado intensivo del país, el Consejo Superior de la Judicatura ha recomendado a los titulares de los despachos judiciales que implementen medidas que beneficien el trabajo en casa, a través de las plataformas tecnológicas institucionales, con el fin de preservar la salud e integridad de los funcionarios de la Rama Judicial, así como de los usuarios de la administración de justicia. En el Consejo de Estado se crearon correos electrónicos exclusivos para la interacción de los ciudadanos y se implementó el sistema de gestión judicial SAMAI, lo que ha permitido que las funciones del Máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo se sigan desarrollando de manera virtual.
2.3. Legitimación en la causa
47. El inciso 1º del artículo 86 Constitucional consagra el derecho que tiene toda persona de reclamar ante los jueces, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando estos resulten amenazados o vulnerados, mediante un procedimiento preferente y sumario.
48. Igualmente, el artículo 10 del Decreto Ley 2591 de 1991 establece que toda persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales podrá ejercer la acción descrita por sí mismo o por representante, o a través de un agente oficioso cuando el titular de los derechos vulnerados o amenazados no esté en condiciones de promover su propia defensa.
49. Desde el proferimiento por parte de la Corte Constitucional de la sentencia T-416 de 1997, se estableció que la legitimación en la causa por activa constituye un presupuesto de la sentencia de fondo, en la medida en que se analiza la calidad subjetiva de las partes respecto del interés sustancial que se discute en el proceso de tutela.
50. En la sentencia T-086 de 2010, la Alta Corporación reiteró que “Esta exigencia significa que el derecho para cuya protección se interpone la acción sea un derecho fundamental propio del demandante y no de otra persona. Lo anterior no se opone a que la defensa de los derechos fundamentales no pueda lograrse a través de representante legal, apoderado judicial o aun de agente oficioso”.
51. Con posterioridad, en la sentencia T-176 de 2011, indicó que la legitimación en la causa por activa constituye una garantía de que la persona que ejerce la acción de tutela tenga un interés directo y particular respecto del amparo que se solicita al juez constitucional, “de tal forma que fácilmente el fallador pueda establecer que el derecho fundamental reclamado es propio del demandante”.
52. En la sentencia T-435 de 2016, la Corte estableció las condiciones que deben concurrir para superar este presupuesto procesal, dentro de los cuales hizo especial énfasis en la titularidad de los derechos fundamentales reclamados, lo cual quedó reiterado en la SU-454 de 2016, en la que, adicionalmente, señaló que el estudio de la legitimación en la causa de las partes es un deber de los jueces constitucionales y constituye un presupuesto procesal de la demanda.
53. Con fundamento en el marco conceptual expuesto, la Sala advierte que la señora Gloria Isabel Ortiz Isaza y otros son los titulares de los derechos fundamentales que reclama, en consideración a que fungieron como demandantes dentro del proceso de reparación directa en el que se profirió la providencia censurada.
54. En consecuencia, los accionantes gozan de legitimación en la causa por activa, presupuesto procesal que al superarse permite el estudio sobre los requisitos de procedibilidad y del núcleo esencial de los derechos presuntamente vulnerados.
55. En relación con la autoridad judicial, se advierte que la demanda se dirigió contra Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala Primera de Decisión, quien profirió la decisión que, a juicio de la parte actora, vulneró sus derechos fundamentales, por lo que se encuentra legitimado por pasiva.
2.4. Problema jurídico
56. Corresponde a la Sala determinar si revoca, modifica o confirma la decisión de primera instancia proferida el 24 de abril de 2021 por el Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A, que negó la acción de tutela, para lo cual se deberán resolver los siguientes interrogantes:
¿Se superan en el caso concreto los requisitos de procedibilidad adjetiva de la acción de tutela contra providencia judicial?
57. De ser positiva la respuesta a la pregunta anterior, la Sala analizará lo siguiente:
¿Vulneró el Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala Primera de Decisión, el derecho fundamental del debido proceso de la parte actora, por presuntamente incurrir en el defecto fáctico, al proferir la sentencia del 28 de agosto de 2020, mediante la cual se revocó el fallo dictado por el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Pereira el 25 de febrero de 2019, que accedió a lo solicitado, para, en su lugar, negar las pretensiones de la demanda que presentaron la señora Gloria Isabel Ortiz Isaza y otros, en ejercicio del medio de control de reparación directa contra la Nación – Rama Judicial –y la Fiscalía General de la Nación?
58. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas: (i) criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii) de los requisitos de procedibilidad adjetiva; y (iii) análisis del caso concreto.
2.5. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial
59. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema y declaró su procedencia.
60. Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros para realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que no se trate de tutela contra tutela; ii) inmediatez; iii) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia del amparo solicitado, sin que se analice el fondo del asunto.
61. Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.
62. Huelga manifestar que esta acción constitucional no puede ser considerada como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.6. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva
2.6.1. Relevancia constitucional
63. Para la Sala es necesario precisar que, este requisito se encuentra superado por cuanto en primer lugar, la parte actora cuestiona la razonabilidad de la providencia del 28 de agosto de 2020, como quiera que, a su juicio, se incurrió en el defecto fáctico, debido a que se valoró de forma parcial las pruebas arrimadas al proceso de reparación directa y se desconoció la presunción de inocencia del señor Miguel Ángel Ortiz Isaza.
64. En segundo lugar, se observa que no se trata de un debate de orden exclusivamente legal, el cual basado en la tutela judicial efectiva no admite que el titular del derecho o el interesado legítimo quede en un estado de indefensión, pues en efecto, la parte actora considera vulnerados su derecho fundamental al debido proceso, por cuanto una vez la autoridad judicial accionada revocó la sentencia de primera instancia para, en su lugar, negar las pretensiones de la demanda, desconoció que tenían derecho a ser reparados por la presunta privación injusta de la libertad del señor Miguel Ángel Ortiz Isaza.
65. En ese sentido, los argumentos que a juicio de la parte actora eran irrazonables y contrarios al ordenamiento jurídico, concretamente de la indebida valoración probatoria, habrían transgredido el alcance y aplicación de su derecho fundamental, lo que conllevó a que se omitiera el deber del juez ordinario de actuar tanto como juez de legalidad, de constitucionalidad y de convencionalidad en la causa ordinaria.
66. Así las cosas, es evidente la tensión alegada por la parte actora entre la razonabilidad de la decisión, al considerar que se valoró de forma parcial las pruebas arrimadas al proceso de reparación directa y se desconoció la presunción de inocencia del señor Miguel Ángel Ortiz Isaza vulnerando así su derecho fundamental al debido proceso.
67. Luego, es de relevancia constitucional cuando subsiste violación o amenaza a los derechos fundamentales, después de haber agotado el procedimiento legal administrativo o judicial establecido por la ley para su protección, como lo alega la parte actora en el caso objeto de estudio, lo que implica que el mecanismo constitucional no fue utilizado como una instancia adicional que busque reabrir el debate procesal.
68. Ello quiere significar que el asunto de la acción de tutela de la referencia tiene importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación, para su eficacia y para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales y libertades públicas, concretamente al debido proceso.
69. Así las cosas, al haberse superado el requisito de relevancia constitucional procede la Sala a estudiar los demás requisitos de procedibilidad adjetiva y, de encontrarlos superados, analizar de fondo la presunta vulneración de los derechos fundamentales que la parte actora invocó.
2.6.2. Tutela contra tutela
70. La Sala observa que no existe reparo alguno en relación con este juicio de procedibilidad, toda vez que no se trata de una tutela contra decisión de tutela, pues, la providencia judicial demanda fue proferida en el trámite del medio de control de reparación directa instaurado por la señora Gloria Isabel Ortiz Isaza y otros contra la Nación – Rama Judicial - Fiscalía General de la Nación.
2.6.3. Inmediatez
71. En relación con el acatamiento del requisito de inmediatez, no se advierte ningún reproche, toda vez que la parte actora considera vulnerados sus derechos con ocasión de la sentencia de segunda instancia dictada en el proceso ordinario el 28 de agosto de 2020, notificada por correo electrónico enviado el 15 de septiembre de 2020, quedando ejecutoriada el día 18 siguiente.
72. Por su parte, la solicitud de amparo fue presentada el 15 de marzo de 2021, lo que para la Sala es un término razonable para el uso del mecanismo de amparo constitucional, en tanto transcurrieron menos de seis (6) meses, desde el día siguiente a la ejecutoria de la providencia cuestionada.
2.6.4. Subsidiariedad
73. En consideración al requisito de subsidiariedad, por tratarse la sentencia del 28 de agosto de 2020 de una providencia que resolvió el recurso de apelación que interpuso la Fiscalía General de la Nación en el trámite del medio de control de reparación directa, con radicado No. 66001-33-33-003-2016-00430-01, es evidente el agotamiento de los recursos ordinarios.
74. Asimismo, no proceden los recursos extraordinarios de revisión y unificación de jurisprudencia, comoquiera que la inconformidad señalada por la parte actora no se adecúa a las causales establecidas en los artículos 250 y 257 de la Ley 1437 de 2011.
75. Superados todos los requisitos de procedibilidad adjetiva, la Sala abordará el fondo el amparo solicitado, no sin antes resaltar el carácter excepcional de la acción de tutela, la cual tiene como fin garantizar la intangibilidad de la cosa juzgada, el respeto de la autonomía judicial, la protección de derechos de terceros de buena fe, la seguridad jurídica y la confianza en las decisiones judiciales.
2.7. Caso concreto
76. La parte actora aseguró que, el Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala Primera de Decisión, al proferir la sentencia del 28 de agosto de 2020, vulneró su derecho fundamental del debido proceso, por cuanto valoró de forma errada el material probatorio arrimado al proceso y desconoció la presunción de inocencia del señor Miguel Ángel Ortiz Isaza.
77. El Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A, mediante sentencia del 29 de abril de 2021, negó el amparo deprecado por la parte actora al considerar que el Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala Primera de Decisión no incurrió en el defecto fáctico alegado porque contrario a lo manifestado por la parte actora, valoró de forma integral las pruebas obrantes en el proceso de reparación directa conforme a las reglas de la sana crítica determinando que no eran suficientes para acreditar el daño antijurídico imputable al Estado.
78. Inconforme con lo anterior, la parte actora impugnó la decisión de a quo constitucional, para lo cual reiteró los argumentos expuestos en el libelo introductorio e insistió en que en la decisión de segunda instancia del proceso de reparación directa se incurrió en el defecto fáctico alegado, pues el juez constitucional no tuvo en cuenta las pruebas arrimadas al expediente por el Juzgado Administrativo de Pereira que daban cuenta de ello, es decir que el ad quem del proceso de reparación directa valoró de forma errónea las pruebas. Adicionalmente, agregó la parte actora en la impugnación, que el Tribunal demandado omitió por completo la valoración de la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento adelantada ante el Juzgado Primero Penal Municipal con Función de Control de Garantías.
2.7.1. Defecto fáctico
2.7.1.1. Generalidades del defecto fáctico
79. Esta Sala en decisión del 12 de noviembre del 2015, precisó los alcances y requisitos que deben atenderse al momento de alegarse la ocurrencia de un defecto fáctico en una providencia judicial, los cuales son traídos a colación en la presente decisión:
80. Los eventos de configuración del defecto fáctico son: i) omisión de decretar o practicar pruebas indispensables para fallar el asunto; ii) desconocimiento del acervo probatorio determinante para identificar la veracidad de los hechos alegados por las partes; iii) valoración irracional o arbitraria de las pruebas aportadas; y iv) dictar sentencia con fundamento en pruebas obtenidas con violación del debido proceso, los cuales tienen las siguientes características:
Evento
Características
Omisión de decreto y práctica de pruebas indispensables para fallar el asunto
Se da cuando la parte, con el fin de probar los hechos que alega, solicitó al juez el decreto de una prueba relevante para resolver el problema jurídico sometido a consideración, y ésta fue negada; ello sin desconocer la facultad del juez ordinario de negar pruebas que no atiendan los requisitos de conducencia, pertinencia e idoneidad. Así las cosas, es importante considerar que no toda negativa a un decreto de pruebas abre la posibilidad a la configuración del defecto, ya que éste procederá cuando se rechace el decreto y práctica de la prueba que, solicitada oportunamente, no cumpla con los parámetros arriba señalados.
De esta manera, se requiere:
Que la parte identifique el elemento probatorio que solicitó
Que la parte demuestre que lo solicitó en oportunidad legal
Se expongan las razones por la cuales la prueba solicitada era conducente, pertinente o idónea.
Señalar de manera razonada la razón por la cual, de haberse decretado la prueba, el sentido de la decisión hubiere sido otro.
Desconocimiento del acervo probatorio determinante para identificar la veracidad de los hechos alegados por las partes
Se presenta cuando, obrando los elementos de convicción en el expediente, y estos resultan decisivos frente a los hechos que se pretenden probar, éstos no son tenidos en cuenta por el fallador ordinario. En este punto, se requiere que de forma específica, se concrete en el escrito de amparo, cuales pruebas, aportadas oportuna y legalmente, fueron desconocidas por el juez.
Así las cosas, se configura siempre que:
Se identifiquen los elementos de prueba no valorados por el juez.
Se demuestre que éstos fueron aportados en forma legal y oportunamente al proceso
Señale las razones por las cuales eran relevantes para la decisión
Se precise, razonadamente, la incidencia de los mismos para variar el sentido del fallo.
Valoración irracional o arbitraria de las pruebas aportadas
Procede cuando, a la luz de los postulados de la sana crítica, la apreciación efectuada por el fallador, resulta manifiestamente equivocada o arbitraria, y por ello, el peso otorgado a la prueba se entiende alterado.
Se requiere entonces que:
La parte precise cual o cuales de las pruebas fueron objeto de indebida valoración por el juez
La razón del por qué, en cada caso en particular, la consideración del operador judicial se aleja de las reglas de la lógica, la experiencia y la sana crítica.
El segundo de los elementos señalados, resulta de vital importancia, pues es claro que un sencillo desacuerdo en relación con la conclusión a la cual arribó el juez de instancia, en ninguna manera puede ser razón para ordenar el amparo constitucional por este aspecto. Aceptar lo contrario, implicaría una sustitución arbitraria del juez natural.
Incidencia de la prueba en el fallo atacado
Dictar sentencia con fundamento en pruebas obtenidas con violación del debido proceso
Refiere al supuesto cuando el fallador de instancia decide el asunto con base en pruebas que no observaron los requisitos legales para su producción o introducción al proceso. Así las cosas, el juez no ignora la prueba ni se equivoca en su apreciación, pero yerra al haberla tenido en cuenta para decidir el problema jurídico que le fue planteado, al ser ésta una prueba que desconoce el debido proceso de las partes.
Para su configuración corresponde señalar:
Señalar con claridad los elementos probatorios aportados con violación al artículo 29 constitucional.
Exponer las razones que sustentan dicha vulneración.
Demostrar que estos elementos de convicción fueron el sustento de la decisión.
81. Como se ve en los elementos señalados, la parte accionante debe precisar en su escrito el cargo que plantea, para demostrar no solo la configuración del defecto, sino también, su incidencia en la decisión judicial.
82. Lo anterior se suma a la exigencia de una carga argumentativa razonable para lograr la prosperidad del cargo, toda vez que, en el caso de una tutela contra una providencia judicial, están en juego valores importantes para el ordenamiento jurídico, como lo son la cosa juzgada, los derechos de terceros, la seguridad, la buena fe y los derivados de los artículos 1º, 2º, 4º, 5º y 6º de la Constitución Política.
83. Así mismo, debe ser cuidadoso el interesado al formular el cargo, en la medida en que los supuestos de hecho hasta aquí mencionados, se excluyen entre sí, de tal manera que no será posible alegar uno y otro respecto de una misma prueba, como suele ocurrir, pues además de ser desacertado, genera confusión al fallador.
2.7.1.2. Análisis del defecto
84. De los argumentos expuestos por la parte actora, en el libelo introductorio y en el escrito de impugnación, los informes allegados al expediente y las pruebas aportadas se puede inferir que el Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala Primera de Decisión, al proferir la sentencia del 28 de agosto de 2020 no incurrió en el defecto fáctico alegado por la parte actora por cuanto no se halla una indebida interpretación de las pruebas señaladas por la parte tutelante.
85. Es de resaltar que si bien el a quo del proceso de reparación directa concluyó que hubo responsabilidad del Estado por la privación injusta de la libertad del señor Miguel Ángel Ortiz Isaza comoquiera que fue absuelto del proceso penal dado que la Fiscalía General de la Nación no logró desvirtuar la presunción de inocencia, en todo caso, el Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala Primera de Decisión señaló que era cierto que el juzgado de conocimiento absolvió al investigado, pero que ello no era suficiente para comprometer la responsabilidad patrimonial del Estado y generar el deber de indemnizar el daño que se le pudo causar con la privación de la libertad.
86. Tal hipótesis, al considerar que de ese daño no se podía predicar la antijuridicidad, elemento constitutivo de la responsabilidad del Estado porque la decisión de privarlo de la libertad provino del cumplimiento tanto de los deberes constitucionales y legales como de la materialización de las disposiciones y procedimientos estatuidos para los eventos en los cuales hay suficientes indicios graves de responsabilidad, pues la privación en este caso obedeció a la captura en flagrancia en desarrollo de una diligencia de registro y allanamiento adelantada por funcionarios de la Policía Judicial al inmueble donde residía el señor Miguel Ángel Ortiz Isaza.
87. Lo anterior, luego de señalar que solo hasta la audiencia de juicio oral se logró establecer la responsabilidad de otra persona en la comisión del delito por lo que el señor Ángel Ortiz Isaza fue absuelto en aplicación del in dubio pro reo, así que si bien, fue privado de la libertad, en todo caso era una carga que tenía que soportar hasta que se estableciera su partición en la comisión del delito en tanto, como se indicó, fue capturado en flagrancia, así que no se advertía una instrucción penal arbitraria o manifiestamente desproporcionada.
88. Al respecto textualmente señaló:
“ Si bien es cierto que el Juzgado Penal del Circuito profirió decisión absolutoria respecto de la investigación adelantada en contra del señor Miguel Ángel Ortiz Isaza, ello obedeció a que en la audiencia de juicio oral se logró establecer que su hermano era quien se dedicaba a la actividad ilícita; por lo que, se encuentra acreditado que la absolución del procesado se debió a la aplicación del indubio pro reo, pues si bien existían pruebas que ameritaban la investigación penal y la imposición de la medida de aseguramiento, ello no significaba que indefectiblemente hubiera de ser condenado penalmente el investigado, comoquiera que el requerimiento probatorio inicial consistente en la inferencia razonable de que el autor podía ser autor o partícipe de la conducta delictiva materia de la investigación (art. 308 C. de P.P) se torna obviamente más riguroso para proferir sentencia condenatoria, que exige el convencimiento de la responsabilidad penal más allá de toda duda (art. 381 ibídem), presupuestos que no concurrían al momento de la sentencia, en consecuencia no se puede sustentar la estructuración de la conducta punible endilgada.
En atención a lo expuesto, concluye la Sala que la privación de la libertad de la que fue objeto la parte demandante estaba obligado a soportarla por virtud de las circunstancias que dieron lugar a la captura en flagrancia y comprometieron de manera grave la responsabilidad penal del susodicho Miguel Ángel Ortiz Isaza, si bien no adquirieron la entidad suficiente para sustentar la responsabilidad penal de manera certera como lo exige la ley penal, el señalamiento de los agentes policiales captores así como la sustancia prohibida y el arma de fuego incautada bajo las circunstancias descritas en dicha diligencia, eran indicadores con alta probabilidad del hecho por el cual se le investigó y eran suficientes para sustentar la imposición de la medida de aseguramiento al momento de la imputación, sin que ello significara un señalamiento definitivo de su participación en el delito o un desconocimiento de su presunción de inocencia.
Por tanto, a diferencia de lo estimado por el a quo, las decisiones y medidas proferidas en contra del señor Miguel Ángel Ortiz Isaza, se insiste no fueron injustas y, por el contrario, fueron el resultado de la convergencia de los elementos recaudados y los requisitos que el estatuto procesal penal vigente para esa época exigía; ahora, es cierto que, el juzgado de conocimiento lo absolvió, empero ese solo hecho no tiene la virtualidad suficiente para comprometer la responsabilidad patrimonial del Estado y generarle el deber de indemnizar el daño que pudo causarse a la parte actora con la privación de su libertad, pues respecto de tal daño no puede predicarse antijuridicidad alguna, teniendo en cuenta que, como viene de explicarse, aquél provino del cumplimiento de deberes constitucionales y legales y de materialización de las disposiciones procedimentales contempladas para los casos en los que se cuenta con suficientes indicios graves de responsabilidad”.
89. De lo narrado se desprende que los argumentos del Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala Primera de Decisión obedecieron a un estudio razonado de las pruebas que alega la parte actora que fueron valoradas de forma errada, es decir, de la providencia proferida por el Juzgado Penal del Circuito de Descongestión de Dosquebradas, con la cual, a juicio de la parte demandante se demostraba la responsabilidad del Estado, en el entendido de que no se logró desvirtuar la presunción de inocencia y, de la decisión proferida por el Juzgado Primero Penal Municipal con Función de Garantías de Dosquebradas, de la que concluyó el tribunal que el decreto de la medida provisional cumplió con los requisitos objetivos y subjetivos de proporcionalidad y necesidad, a pesar de que realmente no había motivos que indicaran que el señor Miguel Ángel Ortiz Isaza había participado en la conducta punible.
90. Ahora, la tesis de la parte accionante no deja entrever el supuesto yerro porque de un lado, no es cierto que la absolución del privado de la libertad conllevara directamente a establecer la responsabilidad del Estado, pues si bien es cierto que el tribunal, en algún momento, sostuvo que la absolución se debió a la aplicación del indubio pro reo, esa sola situación no conllevó a la conclusión de que no se acreditó la antijuridicidad del daño, de tal manera que la autoridad demandada analizó las circunstancias que rodearon la determinación de la imposición de la medida, la cual encontró razonada ya que el señor Ortiz Isaza fue capturado en flagrancia y tanto en ese momento como cuando se decidió privarlo de la libertad no se había demostrado que no fuera autor o partícipe de la conducta punible, así que las autoridades actuaron conforme a los deberes y procedimientos establecidos para tal fin, en ese orden a él le correspondía soportar esa carga.
91. Sentando lo anterior, se denota que la censura obedece a un tema de interpretación de los demandantes, la cual no necesariamente tiene que coincidir con lo considerado y resuelto por el juez natural de la causa.
92. Finalmente, en relación con la omisión de la valoración, puntualmente, de la “audiencia de solicitud de medida de aseguramiento” adelantada ante el Juzgado Primero Penal Municipal con Función de Control de Garantías, la Sala no hará un análisis al respecto por cuanto esta situación constituye un hecho nuevo que no fue alegado en el libelo introductorio de la demanda, así que las demás partes no tuvieron la oportunidad de conocer tal censura en la oportunidad correspondiente para poder ejercer su derecho de defensa y contradicción, de tal manera que de proceder con ese estudio se quebrantaría el debido proceso de dichos sujetos procesales.
93. Así las cosas, la Sala advierte que la parte actora no logró demostrar el presunto defecto fáctico pues no se avizora que el tribunal haya realizado una valoración arbitraria y además alejada de la lógica, de la experiencia y de la sana crítica, contrario a ello lo que se pone en evidencia es el desacuerdo de la parte tutelante respecto de la conclusión a la que arribó el Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala Primera de Decisión, discrepancia que en modo alguno tiene el carácter de lograr el amparo del derecho fundamental alegado en sede de tutela.
2.8. Conclusión
94. El Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala Primera de Decisión al proferir la sentencia del 28 de agosto de 2020 no incurrió en el defecto fáctico y, en consecuencia, no vulneró el derecho fundamental al debido proceso de la parte actora.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
III. FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 29 de abril de 2021 proferida por el Consejo de Estado – Sección Segunda, Subsección A, que negó el amparo del derecho fundamental del debido proceso de la parte actora, de conformidad con los argumentos expuestos en la parte considerativa de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y terceros intervinientes, en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
(Firmado electrónicamente)
ROCÍO ARAUJO OÑATE
Presidente (E)
(Firmado electrónicamente)
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
(Firmado electrónicamente)
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos, conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
La acción de tutela fue enviada al buzón web tutelaenlinea@deaj.ramajudicial.gov.co.
Radicado No. 66001-33-33-003-2016-00430-01.
Folios 8 y 9 del expediente de tutela.
La demanda fue promovida por los señores Miguel Ángel Ortiz Isaza y Estefanía Conde Ortiz.
La sentencia de primera instancia se notificó por correo electrónico, enviado el 14 de mayo de 2021 a las 6:52 a.m.
La impugnación se presentó dentro del término establecido en el artículo 31 del Decreto Ley 2591 de 1991, comoquiera que la sentencia de primera instancia se notificó el 14 de mayo de 2021 y el recurso se interpuso el día 20 del mismo mes y año.
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Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T-416, 28.08.97., M.P. Antonio Barrera Carbonell.
Corte Constitucional, Sala Séptima de Revisión, Sentencia T-083, 15.02.10., M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
Corte Constitucional, Sala Cuarta de Revisión, Sentencia T-176, 14.03.11., M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
Corte Constitucional, Sala Quinta de Revisión, Sentencia T-435, 12.08.16., M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia SU-454, 25.08.16., M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
Sobre el mismo tema, ver Corte Constitucional, Sala Quinta de Revisión, Sentencia T-511, 08.08.17., M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Así mismo, Corte Constitucional, Sala Tercera de Revisión, Sentencia T-318, 19.09.18., M.P. Luis Guillermo Guerrero López, en la cual se señaló: “En el marco de los procesos de amparo, previo al estudio del fondo del caso planteado, el juez constitucional debe verificar el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela, que al tenor del artículo 86 de la Carta Política y del Decreto 2591 de 1991, se sintetizan en: (i) la existencia de legitimación en la causa por activa y por pasiva; (ii) la instauración del recurso de protección de manera oportuna (inmediatez); y (iii) el agotamiento de los mecanismos judiciales existentes, salvo que tales vías no sean eficaces o idóneas, o en su defecto se configure la ocurrencia de un perjuicio irremediable (subsidiariedad)”. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
Cabe destacar que el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Quinta, ha venido aplicando la línea jurisprudencial de la Corte Constitucional, estudiando en las acciones de tutela la legitimación en la causa por activa y por pasiva. Sentencia 27.02.20., M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2019-05083-00.
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 31.07.12., M.P. María Elizabeth García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñado.
Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.”
Al respecto consultar Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, M.P. Rocío Araújo Oñate, Sentencia 27.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2020-00004-00; Sentencia 20.02.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05258-00; Sentencia 20.02.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05291-00; Sentencia 13.02.2020, Rad. 11001-03-15-000-2020-00137-00; Sentencia 13.02.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05354-00; Sentencia 06.02.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05153-00; Sentencia 30.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05121-00; Sentencia 30.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05167-00; Sentencia 23.10.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-04664-00; Sentencia 23.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-04833-00.
Al respecto consultar Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Sentencia 27.02.20., M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Rad. 11001-03-15-000-2020-00014-00; Sentencia 27.02.20., M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, Rad. 11001-03-15-000-2020-00400-00; Sentencia 20.02.20., M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, Rad. 11001-03-15-000-2020-00092-00; Sentencia 20.02.20., M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, Rad. 11001-03-15-000-2020-00179-00; Sentencia 20.02.20., M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, Rad. 11001-03-15-000-2020-00141-00; Sentencia 20.02.20., M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2019-04788-01; Sentencia 13.02.20., M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2020-00137-00; Sentencia 13.02.20., M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2020-00037-00; Sentencia 06.02.20, M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2019-05346-00; Sentencia 06.02.20, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Rad. 11001-03-15-000-2019-05202-00.
Al respecto consultar Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, M.P. Rocío Araújo Oñate, Sentencia 20.01.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-04664-00; Sentencia 23.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-04833-00; Sentencia 30.01.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-05167-00; Sentencia 30.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05121-00; Sentencia 30.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-03890-01; Sentencia 06.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-05153-00; Sentencia 06.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-05346-00; Sentencia 13.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-04693-01; Sentencia 13.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2020-00137-00; y Sentencia 20.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-04788-01.
Al respecto consultar Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, M.P. Rocío Araújo Oñate, Sentencia 23.01.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-04664-00; Sentencia 23.01.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-04833-00; Sentencia 30.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05121-00; Sentencia 30.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05121-00; Sentencia 30.01.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-03890-01; Sentencia 06.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-05025-00; Sentencia 06.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-05153-00; Sentencia 13.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-04693-01; Sentencia 13.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2020-00137-00; y Sentencia 20.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-04788-01.
Consejo de Estado, sentencia del 12 de noviembre de 2015, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Radicación No. 11001-03-15-000-2015-01471-01.
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