Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2021-01139-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Carencia actual de objeto en acción de tutela por hecho superado
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2021-01139-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2021-01139-01
Consejero ponente: Rocío Araújo Oñate (e)
1 de julio de 2021
CARENCIA ACTUAL DE OBJETO EN ACCIÓN DE TUTELA POR HECHO SUPERADO / RESPUESTA A SOLICITUD DE CUMPLIMIENTO DEL FALLO - Dictado al interior de un medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
¿Se configura la carencia actual de objeto por hecho superado en lo relativo a las solicitudes presentadas por el accionante desde el 16 de abril de 2018 hacia el Tribunal Administrativo del Atlántico, las cuales versan sobre el cumplimiento de la sentencia que le reconoció la sanción moratoria en el pago de sus cesantías y la iniciación del proceso ejecutivo del proveído del el 9 de febrero de 2017 emanado por la Sección Segunda - Subsección A del Consejo de Estado en el marco del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado No. 08001-2331-000-2011-01339-00/01? (…) la Sala avizora que en el presente asunto se encuentra configurada la carencia actual de objeto por hecho superado, pero únicamente sobre la solicitud de cumplimiento de la sentencia del 9 de febrero de 2017 proferida dentro del proceso ordinario identificado con el radicado No. 08001-2331-000-2011-01339-00/01. De los documentos adjuntos a la anterior decisión, se encuentra el estado No. 003 fijado desde el 27 al 29 de abril por medio del cual se notifica lo anterior. (…) Luego, resulta palpable que la solicitud de iniciación del proceso ejecutivo reclamada por el accionante no fue objeto de pronunciamiento al interior del citado auto, ello en atención a que existen diferencias entre el procedimiento de cumplimiento de la sentencia y el de iniciación de proceso ejecutivo.
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA ACCIÓN U OMISIÓN DE AUTORIDAD JUDICIAL - Ampara / MORA JUDICIAL INJUSTIFICADA - Configuración / VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES AL DEBIDO PROESO Y DE ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JUDICIAL DE DAR TRÁMITE AL PROCESO EJECUTIVO
[En lo relacionado con la presunta mora judicial endilgada, la Sala] tampoco se avizora que el Despacho hubiere registrado algún tipo de actuación en la página web de la Rama Judicial tendiente a impulsar la ejecución pluricitada. Ahora, bajo el entendido que han transcurrido más de dos años desde la solicitud de ejecución de la sentencia y el Tribunal Administrativo del Atlántico ha guardado silencio, resulta necesario analizar si se configura una mora judicial en razón a la mentada solicitud. (…) Sea claro para esta Sala de Decisión, que pese a la contestación realizada por el Tribunal, en la cual indicó entre otras cosas que, i) no ha sido posible ejecutar labores desde las instalaciones físicas del Despacho dada la situación de emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia del Covid -19, y ii) que el proceso de digitalización de los expedientes se encuentra sujeta a la ejecución de terceros contratistas, lo cierto es que tales argumentos no son suficientes para justificar la demora en dar trámite a lo solicitado; más bien, deja al descubierto la omisión en el cumplimiento del deber de atender a los requerimientos de los ciudadanos, por lo que bajo estos términos, se ha impedido al actor el goce efectivo de su derecho de acceso a la administración de justicia. (…) En consecuencia, este derecho se posiciona como uno de los pilares del modelo de Estado Social de Derecho, al permitir que los individuos puedan acceder ante las autoridades judiciales a dirimir sus conflictos, de suerte que protegen y efectivizan sus derechos. De acuerdo con lo dispuesto por el a quo, esta Sala encuentra palpable la dilación injustificada del Tribunal Administrativo del Atlántico, por los motivos expuestos y, ese sentido procederá a confirmar el amparo de los derechos al debido proceso y al acceso a la administración de justicia del actor.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Consejero ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE (E)
Bogotá, D.C., primero (1º) de julio de dos mil veintiuno (2021)
Radicación número: 11001-03-15-000-2021-01139-01(AC)
Actor: EDWIN MENDOZA SIMANCA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO
La Sala resuelve la impugnación interpuesta por el Tribunal Administrativo del Atlántico contra el fallo del 11 de mayo 2021, proferido por el Consejo de Estado, Sección Cuarta, por medio del cual resolvió, entre otras cosas, AMPARAR los derechos fundamentales invocados en el escrito de tutela.
ANTECEDENTES
Solicitud de amparo
1. El señor Edwin Mendoza Simanca, actuando en nombre propio, promovió acción de tutela el 8 de marzo de 2021, en la cual señaló que el Tribunal Administrativo del Atlántico vulneró sus garantías fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia con ocasión a la falta de pronunciamiento frente a las solicitudes radicadas el 16 de abril de 2018 y 26 de febrero de 2019 sobre el cumplimiento y de la ejecución de la sentencia del 9 de febrero de 2017 proferida por la Sección Segunda- Subsección A de esta Corporación al interior del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado No. 08001-2331-000-2011-01339-00/01.
2. Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de sus derechos fundamentales y, en consecuencia, pidió:
“Comedidamente solicito a los Honorables magistrados, se proteja al suscrito Edwin Mendoza Simanca, los derechos fundamentales consagrados en nuestra Carta Magna: como son Derechos Fundamentales, Al Debido Proceso y el Acceso A La Administración De Justicia.
Así mismo se ordene que, dentro termino establecido por su despacho se comunique al suscrito Edwin Mendoza Simanca, y mi apoderado, la fecha probable en que se decidirá sobre el mandamiento de pago, de acuerdo al proceso ejecutivo iniciado e igualmente la posible fecha para dictar el auto respectivo de mandamiento de pago”. (Sic a toda la cita)
1.2. Hechos probados y/o admitidos
La Sala encontró demostrados los siguientes supuestos fácticos relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:
3. El actor interpuso demanda contenciosa en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del Distrito Especial Industrial y Portuario de Barranquilla y el Concejo Distrital de Barranquilla, pretendiendo el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el pago tardío de cesantías, según lo establecido en el artículo 2º de la Ley 244 de 1995.
4. El proceso contencioso en primera instancia correspondió por reparto al Tribunal Administrativo del Atlántico bajo el radicado No. 08001-2331-000-2011-01339-00, el cual accedió a las pretensiones incoadas por el accionante, mediante sentencia del 11 de abril de 2014 resolvió:
“(…) quien está llamado a responder por la legalidad del acto demandado es en este caso el Distrito, entidad que viene actuando desde que se inició el presente caso. A ello habría que agregarse que en este caso, el Consejo (sic) Distrital, depende del Distrito por carecer de personería jurídica, muy a pesar que goza de autonomía administrativa y presupuestal, siempre y cuando se realicen oportunamente las transferencias de ley y se apropien los dineros necesarios para el pago de las obligaciones laborales de los empleados de estas corporaciones, situación que en este caso no comprobada en el plenario.
(…)
Entonces, descendiendo al caso concreto, se tiene que mediante Resolución No. 055 de 4 de febrero de 2002, el Concejo Distrital de Barranquilla le reconoció al demandante sus cesantías definitivas y demás prestaciones sociales, decisión que le fue notificada el 12 de abril de 2002, obligación que según lo que se encuentra probado en el proceso, no ha sido cumplida por parte del Concejo Distrital de Barranquilla.
De lo anterior se tiene, que el derecho a la indemnización se causa una vez vencido el término de 45 días, contados a partir de la fecha en que quede en firme el acto que conceda las cesantías y debe ser reconocido por la administración, según los términos del parágrafo del artículo 2º de la ley 244 de 1995. Entonces, si los 45 días de que disponía la administración para pagar las cesantías definitivas del actor y teniendo en cuenta que la petición para el reconocimiento de la sanción moratoria fue de 12 de abril de 2011 y la demanda, fuerza concluir que ha operado el fenómeno de prescripción parcial del derecho por haber transcurrido más de los tres años, prescribiendo las causadas en el presente caso, antes del 13 de abril de 2008.
En el caso de marras, la obligación de la entidad demandada de consignar las cesantías surge de manera posterior a la fecha límite de pago, es decir, que las cesantías definitivas debían haberse consignado por parte de la (sic) Concejo Distrital de Barranquilla a más tardar antes del día 15 de abril del año 2005, obligación que de acuerdo con el análisis de las pruebas que obran en el expediente no ha efectuado.
En este orden de ideas, la sanción por mora por la no consignación de las cesantías establecidas en la Ley 244 de 1995, resulta improcedente, en razón a que las cesantías definitivas del señor EDWIN MENDOZA SIMANCA no fueron consignadas por el Concejo Distrital de Barranquilla.
Bajo este entendido, esta Sala decretará la nulidad del oficio de 3 de mayo de 2011, expedido por la (sic) Secretario de Hacienda del Distrito de Barranquilla y en su lugar ordenará a dicha entidad a pagar la sanción de un día de salario por cada día de retraso por concepto de no consignación oportuna de las cesantías definitivas del señor EDWIN MENDOZA SIMANCA, sanción que deberá contarse a partir del día 13 de abril de 2008 hasta la fecha en que efectivamente se realice el pago. (…)” (Negritas del texto) (sic a toda la cita).
5. El Distrito Especial Industrial y Portuario de Barranquilla, inconforme con la decisión, interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto por la Sección Segunda – Subsección A de esta Corporación mediante proveído del 9 de febrero de 2017 en los siguientes términos:
“(…) la Sala considera que se impone adicionar el numeral primero de la sentencia de primera instancia, proferida el 11 de abril de 2014 por el Tribunal Administrativo del Atlántico (Subsección de Descongestión) en el sentido de declarar la nulidad del acto ficto que se configuró por parte del Concejo Distrital de Barranquilla por la falta de respuesta a la petición del 13 de abril de 2011 tendiente a obtener el pago de la sanción moratoria.
De igual manera, se modificará el numeral segundo de la sentencia aludida, en el sentido de indicar que quien debe asumir la condena es el Concejo Distrital de Barranquilla a quien se ordenará cancelar la sanción moratoria equivalente a un día de salario por cada día de retardo a partir del 13 de abril de 2008 y hasta que se realice el pago de las cesantías.”
6. El 16 de abril de 2018 el accionante, actuando a través de apoderado judicial, interpuso solicitud de cumplimiento del fallo mencionado ante el Tribunal Administrativo del Atlántico sin que, a la fecha de interposición de esta acción de tutela, se hubiera pronunciado al respecto. Con motivo de lo anterior, el actor decidió incoar petición de vigilancia administrativa el 28 de noviembre de 2018.
7. A través de memorial del 26 de febrero de 2019, reiteró la solicitud de cumplimiento de la sentencia y a su vez, requirió la iniciación de proceso ejecutivo en los términos del artículo 306 y subsiguientes del Código General del Proceso, sin que con ello se estuviera desistiendo de la petición inicial radicada el 16 de abril de 2018.
8. En escritos posteriores, el actor instó en que fueran resueltas sus solicitudes de cumplimiento y de ejecución de la sentencia ordinaria administrativa.
1.3. Fundamentos de la solicitud
9. La parte accionante consideró vulnerada su garantía constitucional al debido proceso y de acceso a la administración de justicia con ocasión a la falta de pronunciamiento del Tribunal Administrativo del Atlántico frente a las solicitudes de cumplimiento y de ejecución del fallo proferido al interior del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado No. 08001-2331-000-2011-01339-00/01.
1.4 Actuaciones procesales relevantes
1.4.1. Admisión de la demanda
9. La Sección Cuarta del Consejo de Estado, con auto del 5 de abril de 2021, admitió la tutela y ordenó notificar al Tribunal Administrativo del Atlántico, como autoridad accionada y a la secretaría del Tribunal Administrativo del Atlántico como tercero interesado en el resultado del proceso.
1.4.2. Intervenciones
1.4.2.1. Tribunal Administrativo del Atlántico
10. A través de correo electrónico del 14 de abril de 2021, el magistrado ponente del proceso ordinario administrativo censurado, indicó que la situación excepcional que atravesó el mundo con ocasión de la pandemia del Covid – 19 durante el año 2020 rebasó las capacidades humanas y los “precarios recursos institucionales” con que cuenta dicho Tribunal.
11. También informó que en compañía de otro servidor, con quien conforma la planta de personal del Despacho, han presentado comorbilidades de las reseñadas en el inciso 3 del artículo 15 del Acuerdo PCSJA20 – 11567 del 5 de junio de 2020, y por ello, no han podido asistir a la sede “bajo ninguna circunstancia”.
12. En lo referente a la digitalización de los expedientes, manifestó que desde los primeros días de enero en el Distrito de Barranquilla (sic) se está implementando un plan para dicho menester, el cual se ejecuta a través de la contratación con terceros.
13. En el caso en concreto afirmó que:
“(…) se procedió a elaborar el respectivo auto donde se decide la solicitud presentada por el actor, sin embargo, teniendo en cuenta que tuvimos vacancia judicial por semana santa y que además, a partir de la finalización de tal vacancia, los términos se encuentran suspendidos por cierre extraordinario del Tribunal, no se ha podido notificar la decisión en mención, la cual se hará, una vez se reanuden los mencionados términos judiciales”.
14. Así mismo, en memorial del 3 de mayo de 2021, allegó el auto del 28 de abril del mismo año, mediante el cual negó la solicitud de cumplimiento de la citada providencia, bajo las siguientes consideraciones:
“8.- De lo expuesto en precedencia se concluye: i) que la sentencia cuyo cumplimiento se solicita, fue proferida en vigencia del CCA; ii) que este ordenamiento jurídico, no establecía el cumplimiento de sentencia como un procedimiento especial, sino que en el artículo 176, se establecía el procedimiento que debían seguir las autoridades a quienes correspondía la ejecución de una sentencia, y en el artículo 177 de la misma condición, se hacía referencia a la efectividad de condenas contra entidades públicas; iii) que en el último inciso del artículo 87 de aquella obra, se señaló que “en los procesos ejecutivos derivados de condenas impuestas por la jurisdicción contenciosa administrativa se aplicará la regulación del proceso ejecutivo singular de mayor cuantía, contenida en el Código de Procedimiento Civil”; iv) que el procedimiento especial de cumplimiento de sentencia fue establecido por el legislador del 2011, en la Ley 1437 de 2011 de esa anualidad, que la estableció en el artículo 298, respecto de sentencias proferidas en vigencia de la mencionada ley; v) que el artículo 308 del mismo ordenamiento jurídico, señaló de manera expresa el régimen de transición y vigencia de ese código, señalando, como se dijo en precedencia, que el mismo solo se aplicaría, entre otras cosas, a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a su entrada en vigencia y, vi) como la solicitud de complimiento (sic) de sentencia presentada en el asunto que se examina, no es ni una demanda, ni un proceso instaurado con posterioridad a la vigencia de la Ley 1437, es claro que no puede utilizarse para el cumplimiento de sentencias proferidas en vigencia del CCA, como es el caso que nos ocupa, razones por las cuales se negará la solicitud.” (Énfasis propio).
1.4.2.2. La secretaría del Tribunal Administrativo del Atlántico, pese a haber sido notificada en debida forma sobre la admisión de la presente acción de tutela, guardó silencio.
1.4.3. Decisión de primera instancia
15. El Consejo de Estado, Sección Cuarta, mediante fallo del 13 de mayo de 2021, resolvió:
“1. Declarar la carencia actual de objeto por hecho superado con relación a la solicitud de cumplimiento de sentencia, dadas las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
2. Amparar los derechos fundamentales al acceso a la administración de justicia y al debido proceso del señor Edwin Mendoza Simanca, por la mora judicial injustificada en que incurrió el magistrado Javier Eduardo Bornacelly Campbell perteneciente al Tribunal Administrativo del Atlántico frente a la solicitud de iniciar proceso ejecutivo, de acuerdo con el artículo 306 del Código General del Proceso, para el cumplimiento de la sentencia de 9 de febrero de 2017.
3. Ordenar al magistrado Javier Eduardo Bornacelly Campbell perteneciente al Tribunal Administrativo del Atlántico, que dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de esta providencia, resuelva la solicitud formulada.” (Negritas de la cita)
16. Para el efecto, preludió indicando que la acción de tutela comportaba una doble pretensión, por un lado, el cumplimiento de la sentencia en que se dispuso el pago de la sanción moratoria y, por el otro, la iniciación del proceso ejecutivo en contra de la entidad condenada en los términos del artículo 306 del Código General del Proceso.
17. En ese entendido, declaró la carencia actual de objeto por hecho superado frente a la solicitud de cumplimento del proveído judicial, dado que en el transcurso de la acción de tutela el magistrado ponente de la autoridad judicial accionada profirió el auto del 28 de abril de 2021 por medio del cual negó la petición.
18. Ahora bien, en lo que respecta a la solicitud de iniciación del proceso ejecutivo, infirió que el Tribunal censurado incurrió en una mora judicial injustificada puesto que superó el plazo razonable para emitir algún pronunciamiento. Lo anterior lo aseguró atendiendo a que la mentada solicitud de ejecución fue radicada el 28 de febrero de 2019 y que además, el estudio para el efecto no comporta gran complejidad como para justificar la tardanza de dos años, ya que solo deben comprobarse los requisitos del título ejecutivo.
1.4.4. Impugnación
19. La anterior decisión fue impugnada el 24 de mayo de 2021, por el Tribunal Administrativo del Atlántico, a través del magistrado ponente del proceso ordinario antedicho dentro del término fijado por el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991.
20. Indicó previamente que las notificaciones de las actuaciones surtidas por esta vía han sido dirigidas a correos distintos a los del Despacho que preside, y que se ha enterado del fallo emanado por el a quo gracias al reenvío de otras autoridades, precisando entonces que el correo correcto es HYPERLINK "mailto:des07taatl@cendoj.ramajudicial.gov.co" des07taatl@cendoj.ramajudicial.gov.co.
21. Por otro lado, refirió que no compartía lo resuelto en los numerales 2 y 3 del fallo impugnado en atención a que las solicitudes presentadas por el actor ya habían sido resueltas en el auto del 28 de abril de 2021.
1.4.5. Trámite de segunda instancia
22. La Magistrada Ponente por medio de auto del 17 de de junio de 2021 ordenó la vinculación del Concejo Distrital de Barranquilla y el Distrito Especial Industrial y Portuario de Barranquilla, quienes fungieron como demandandos al interior del proceso contencioso administrativo, así como al Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A, en calidad de juez de segunda instancia del mismo trámite ordinario.
1.4.5.1 Distrito Especial Industrial y Portuario de Barranquilla
23. Por medio de correo electrónico recibido el 23 de junio del año en curso, la entidad vinculada indicó que no ha conculcado ningún derecho al accionante, pues infirió que las actuaciones por las cuales de originó la interposicion de la presente accion de tutela atañen unicamente al Tribunal Administrativo del Atlántico.
24. Por lo anterior, solicitó que se declarara en su favor la falta de legitimación en la causa por pasiva.
1.4.5.2 El Concejo Distrital de Barranquilla y el Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A, pese a haber sido notificados en debida forma sobre el trámite de esta acción de tutela, guardaron silencio.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
25. Esta Sala es competente para resolver la impugnación interpuesta por el Tribunal Administrativo del Atlántico contra el fallo del 11 de mayo 2021, proferido por el Consejo de Estado, Sección Cuarta, según lo establecido por el Decreto Ley 2591 de 1991 y el 1069 de 2015, modificado por los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021, siendo aplicable al sub examine el primero por principio de vigencia de la ley en el tiempo, así como en el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.
2. Cuestiones previas
2.1. Relacionada con la declaratoria de la pandemia del COVID - 19
26. Con ocasión de la pandemia generada por el contagio a gran escala del Covid-19 y el aumento de ocupación en las unidades de cuidado intensivo del país, el Consejo Superior de la Judicatura ha recomendado a los titulares de los despachos judiciales que implementen medidas que beneficien el trabajo en casa, a través de las plataformas tecnológicas institucionales, con el fin de preservar la salud e integridad de los funcionarios de la Rama Judicial, así como de los usuarios de la administración de justicia. En el Consejo de Estado se crearon correos electrónicos exclusivos para la interacción de los ciudadanos y se implementó el sistema de gestión judicial SAMAI, lo que ha permitido que las funciones del máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo se sigan desarrollando de manera virtual.
2.2 Referida a la legitimación en la causa del Distrito Especial Industrial y Portuario de Barranquilla
27. El ente territorial fue vinculado a la presente acción de tutela en calidad de tercero con interés jurídico en el resultado de la actuación, en consideración a que fungió como demandado al interior del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado No. 08001-2331-000-2011-01339-00/01.
28. Cabe aclarar que el Distrito Especial Industrial y Portuario de Barranquilla no fue vinculado al proceso como accionado ni se le está imputando la vulneración de los derechos fundamentales reclamados por esta vía, pero sí es evidente que le asiste interés jurídico en el resultado de la presente actuación, por lo que se encuentra legitimado por pasiva.
3. Problema jurídico
29. Corresponde a la Sala dar respuesta al siguiente interrogante
¿Se configura la carencia actual de objeto por hecho superado en lo relativo a las solicitudes presentadas por el accionante desde el 16 de abril de 2018 hacia el Tribunal Administrativo del Atlántico, las cuales versan sobre el cumplimiento de la sentencia que le reconoció la sanción moratoria en el pago de sus cesantías y la iniciación del proceso ejecutivo del proveído del el 9 de febrero de 2017 emanado por la Sección Segunda - Subsección A del Consejo de Estado en el marco del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado No. 08001-2331-000-2011-01339-00/01?
3.1 Razones jurídicas de la decisión
30. Para resolver el problema jurídico planteado, se estudiarán los siguientes temas: (i) las generalidades de la acción de tutela, (ii) carencia actual de objeto por hecho superado, (iii) de la mora judicial y; (iii) análisis del caso concreto.
3.2. Generalidades de la acción de tutela
31. El artículo 86 de la Constitución Política, indica que la acción de tutela es un mecanismo preferente y sumario que permite a cualquier persona reclamar la protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando estos resulten vulnerados por acciones u omisiones de autoridades públicas o, excepcionalmente, de particulares.
32. Su procedencia se supedita de la carencia de medios de defensa judicial ordinarios o, en su defecto, de la falta de idoneidad de aquellos para evitar la consumación de un perjuicio irremediable; caso en el que se habilita su ejercicio como mecanismo transitorio, lo cual limita sus efectos futuros a la activación, por parte del peticionario, de los instrumentos jurídicos pertinentes.
33. En ese orden de ideas, resulta evidente que el mecanismo de amparo demanda la concurrencia de determinados presupuestos procesales que le son inherentes, como son la subsidiariedad y la inmediatez, sin los cuales no le es dable al juez constitucional inmiscuirse en determinada controversia.
34. Lo anterior tiene como objetivo salvaguardar a la tutela del uso inadecuado, irracional y desmesurado, que podría desnaturalizar su valor preeminente y especial dentro del ordenamiento jurídico y, de contera, atentar contra el fin superior que el constituyente le confirió.
3.3. Carencia actual de objeto por hecho superado
35. La Sala ha explicado en varias ocasiones que la acción de tutela ha sido instituida como un instrumento preferente y sumario, dirigido a la protección de derechos fundamentales que sean violentados o amenazados de una manera actual e inminente.
36. No obstante, existen eventos en los que la amenaza al derecho fundamental desaparece en el trascurso de la acción de tutela, o la vulneración del derecho fundamental amenazado se materializa en el curso del proceso, de suerte que el instrumento pierde efectividad, lo que hace inane la intervención del juez constitucional tendiente a impartir órdenes para que cese la vulneración de los derechos fundamentales.
37. En efecto, actualmente la Corte Constitucional ha sostenido que la terminación del proceso de tutela por carencia actual de objeto puede proceder en tres supuestos: (i) por hecho superado; (ii) por daño consumado; y, (iii) por una situación sobreviniente.
38. Al respecto, dicha Alta Corporación, en la sentencia T-481 del 1º de septiembre de 2016, señaló que:
“La acción de tutela fue concebida como un mecanismo para la protección efectiva de los derechos fundamentales que son objeto de una amenaza o afectación actual. Por lo tanto, se ha sostenido en reiterada jurisprudencia que, ante la alteración o el desaparecimiento de las circunstancias que dieron origen a la vulneración de los derechos fundamentales objeto de estudio, la solicitud de amparo pierde su eficacia y sustento, así como su razón de ser como mecanismo extraordinario y expedito de protección judicial. Lo antedicho, pues, al desaparecer el objeto jurídico sobre el que recaería la eventual decisión del juez constitucional, cualquier determinación que se pueda tomar para salvaguardar las garantías que se encontraban en peligro, se tornaría inocua y contradiría el objetivo que fue especialmente previsto para esta acción.
A partir de los anteriores razonamientos, en sentencia T-494 de 1993 se destacó sobre este respecto, que:
“La tutela supone la acción protectora del Estado que tiende a proteger un derecho fundamental ante una acción lesiva o frente a un peligro inminente que se presente bajo la forma de amenaza. Tanto la vulneración del derecho fundamental como su amenaza, parten de una objetividad, es decir, de una certeza sobre la lesión o amenaza, y ello exige que el evento sea actual, que sea verdadero, no que haya sido o que simplemente -como en el caso sub examine- que se hubiese presentado un peligro ya subsanado” (negrillas inexistentes en el texto original)
“Es por esto, que la doctrina constitucional ha desarrollado el concepto de la “carencia actual de objeto” para identificar este tipo de eventos y, así, denotar la imposibilidad material en la que se encuentra el juez de la causa para dictar alguna orden que permita salvaguardar los intereses jurídicos que le han sido encomendados. Sobre el particular, se tiene que éste se constituye en el género que comprende el fenómeno previamente descrito, y que puede materializarse a través de las siguientes figuras: (i) “hecho superado”, (ii) “daño consumado” o (iii) de aquella que se ha empezado a desarrollar por la jurisprudencia denominada como el acaecimiento de una “situación sobreviniente”.”
39. Con base en el anterior marco referencial, el Máximo Tribunal Constitucional ha sostenido que:
“(i) El hecho superado obedece a lo regulado en el artículo 26 del Decreto Ley 2591 de 1991, atinente a la cesación de la actuación impugnada, la cual se materializa cuando en el trámite de una acción de tutela se demuestra que la autoridad demandada ha realizado las acciones necesarias para eliminar la vulneración de los derechos fundamentales.” Negritas por fuera del texto.
40. En palabras de la Corte Constitucional, la “…primera de estas figuras [hecho superado], regulada en el artículo 26 del decreto 2591 de 1991, comprende el supuesto de hecho en el que, entre el momento en que se interpone la demanda de amparo y el fallo, se evidencia que, como producto del obrar de la entidad accionada, se eliminó la vulneración a los derechos fundamentales del actor, esto es, tuvo lugar la conducta solicitada (ya sea por acción o abstención) y, por tanto, (i) se superó la afectación y (ii) resulta inocua cualquier intervención que pueda realizar el juez de tutela para lograr la protección de unos derechos que, en la actualidad, la accionada ha dejado de desconocer…”.
41. En sentido de lo anterior, para la aplicación del hecho superado resulta irrelevante determinar si la eliminación de la vulneración de los derechos fundamentales ocurre antes o después del fallo de primera instancia (resalta esta Sección Quinta), lo que indica que el juez podría optar por analizar de fondo la conducta de la autoridad demandada, para determinar si en todo caso se vulneraron o no los derechos fundamentales.
42. En efecto, la Corte Constitucional ha empleado esta figura incluso en aquellos casos en los cuales la cesación de la vulneración de los derechos fundamentales ocurre luego de que se ha proferido la decisión de segunda instancia, durante el trámite de revisión ante ese Tribunal.
43. En estas situaciones, aunque la vulneración de los derechos fundamentales se supere antes del pronunciamiento judicial de primera o segunda instancia, se ha destacado que no es perentorio para el fallador de instancia pronunciarse sobre la conducta desplegada por la autoridad demandada, para formular un juicio de reproche, en caso de que sea necesario, y advertir sobre la no repetición de la conducta lesiva de los derechos afectados. Así lo ha indicado la Corte Constitucional:
“En estos casos, “no es perentorio para los jueces de instancia, aunque sí para Corte en sede de Revisión, incluir en la argumentación de su fallo el análisis sobre la vulneración de los derechos fundamentales planteada en la demanda. Sin embargo puede hacerlo, sobre todo si considera que la decisión debe incluir observaciones acerca de los hechos del caso estudiado, incluso para llamar la atención sobre la falta de conformidad constitucional de la situación que originó la tutela, o para condenar su ocurrencia y advertir la inconveniencia de su repetición, so pena de las sanciones pertinentes, si así lo considera”. Según la jurisprudencia de la Corte, lo que sí resulta ineludible en estos casos, es que la providencia judicial incluya la demostración de la reparación del derecho antes del momento del fallo, es decir que se demuestre el hecho superado”.”. (Negritas por fuera de texto).
44. (ii) El daño consumado se produce cuando la vulneración del derecho fundamental que se pretendía evitar se materializa con posterioridad a la interposición de la acción de tutela. Al respecto ha sostenido el Tribunal Constitucional: “[l]a segunda de las figuras referenciadas [daño consumado], consiste en que a partir de la vulneración ius-fundamental que venía ejecutándose, se ha consumado el daño o afectación que con la acción de tutela se pretendía evitar, de forma que ante la imposibilidad de hacer cesar la vulneración o impedir que se concrete el peligro, no es factible que el juez de tutela dé una orden al respecto”.
45. (iii) Por último, de manera reciente, la Corte Constitucional ha distinguido el supuesto de hecho correspondiente a la situación sobreviniente, caso en el cual la vulneración de los derechos fundamentales cesa luego de la interposición de la acción de tutela, con ocasión del obrar del actor o de un tercero distinto a la autoridad demandada.
46. La citada Corporación ha indicado lo siguiente sobre este supuesto de hecho para declarar la carencia actual de objeto:
“[P]ara finalizar, se ha empezado a diferenciar por la jurisprudencia una tercera modalidad de eventos en los que la protección pretendida del juez de tutela termina por carecer por completo de objeto y es en aquellos casos en que como producto del acaecimiento de una “situación sobreviniente” que no tiene origen en el obrar de la entidad accionada la vulneración predicada ya no tiene lugar, ya sea porque el actor mismo asumió la carga que no le correspondía, o porque a raíz de dicha situación, perdió interés en el resultado de la litis.
“Se tiene que, esta nueva y particular forma de clasificar las modalidades en que puede configurarse la carencia actual de objeto en una acción de tutela, parte de una diferenciación entre el concepto que usualmente la jurisprudencia ha otorgado a la figura del “hecho superado” y limita su alcance únicamente a aquellos eventos en los que el factor a partir del cual se superó la vulneración está directamente relacionado con el accionar del sujeto pasivo del trámite tutelar. De forma que es posible hacer referencia a un “hecho superado” cuando, por ejemplo, dentro del trámite tutelar una E.P.S. entrega los medicamentos que su afiliado demandaba, y una “situación sobreviniente” cuando es el afiliado quien, al evidenciar la excesiva demora en su suministro, decide asumir su costo y procurárselos por sus propios medios”.
3.4 De la mora judicial
47. La Corte Constitucional ha señalado que el fenómeno de la mora judicial puede llegar a violar el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia, en aquellos casos en los que la dilación en el trámite de una actuación es originada no en la complejidad del asunto o en la existencia de problemas estructurales de exceso de carga laboral de los funcionarios, si no en la falta de diligencia y en la omisión sistemática de sus deberes por parte de los mismos.
48. Asimismo, el Máximo Tribunal Constitucional ha considerado que “atendiendo la realidad del país, en la gran mayoría de casos el incumplimiento de los términos procesales no es imputable al actuar de los funcionarios judiciales”.
49. Continuando con el criterio de esa Corporación frente al particular se tiene que:
“… por ejemplo, existen procesos en los cuales su complejidad requiere de un mayor tiempo del establecido en las normas y en la Constitución para su estudio, para valorar pruebas o para analizar la normatividad existente. Por ello, la jurisprudencia ha destacado que cuando la tardanza no es imputable al actuar del juez o cuando existe una justificación que explique el retardo, no se entienden vulnerados los derechos al debido proceso y al acceso a la administración de justicia. En este sentido, en la Sentencia T-803 de 2012, luego de hacer un extenso recuento jurisprudencial sobre la materia, esta Corporación concluyó que el incumplimiento de los términos se encuentra justificado (i) cuando es producto de la complejidad del asunto y dentro del proceso se demuestra la diligencia razonable del operador judicial; (ii) cuando se constata que efectivamente existen problemas estructurales en la administración de justicia que generan un exceso de carga laboral o de congestión judicial; o (iii) cuando se acreditan otras circunstancias imprevisibles o ineludibles que impiden la resolución de la controversia en el plazo previsto en la ley. Por el contrario, en los términos de la misma providencia, se está ante un caso de dilación injustificada, cuando se acredita que el funcionario judicial no ha sido diligente y que su comportamiento es el resultado de una omisión en el cumplimiento de sus funciones”. (Negrillas fuera del texto original).
50. Por su parte, la Sección Quinta del Consejo de Estado tiene una posición reiterada en relación con la existencia de mora judicial, según la cual solo se predica si hay dilación injustificada al resolver los asuntos sometidos a la competencia del juez. Que, de acreditarse esta conducta, constituye violación al derecho de acceso a la administración de justicia y de contera, al debido proceso de las partes en un proceso.
3.5. Caso en concreto
51. Del escrito de impugnación se desprende que el Tribunal Administrativo del Atlántico reclama la declaratoria de carencia actual de objeto por hecho superado, bajo el entendido que con el auto del 28 de abril de 2021 emitió pronunciamiento respecto de las solicitudes de cumplimiento y de ejecución que el actor persiguió por esta vía.
52. En efecto, la Sala avizora que en el presente asunto se encuentra configurada la carencia actual de objeto por hecho superado, pero únicamente sobre la solicitud de cumplimiento de la sentencia del 9 de febrero de 2017 proferida dentro del proceso ordinario identificado con el radicado No. 08001-2331-000-2011-01339-00/01. Lo anterior se asevera puesto que el referido auto dispuso lo siguiente:
“PRIMERO: NEGAR la solicitud de cumplimiento de sentencia formulado por el apoderado judicial de la parte demandante, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.” (Negritas del texto)
53. De los documentos adjuntos a la anterior decisión, se encuentra el estado No. 003 fijado desde el 27 al 29 de abril por medio del cual se notifica lo anterior, como se observa a continuación:
54. Luego, resulta palpable que la solicitud de iniciación del proceso ejecutivo reclamada por el accionante no fue objeto de pronunciamiento al interior del citado auto, ello en atención a que existen diferencias entre el procedimiento de cumplimiento de la sentencia y el de iniciación de proceso ejecutivo. Al respecto se ha pronunciado esta Corporación así:
“[…] El artículo 298 del CPACA consagra un procedimiento para que el funcionario judicial del proceso ordinario requiera a las entidades accionadas sobre el cumplimiento de las sentencias debidamente ejecutoriadas (pago de sumas dinerarias), sin que implique mandamiento de pago y, los artículos 305, 306 del CGP el proceso ejecutivo de sentencias que se adelanta mediante escrito (debidamente fundamentado) elevado por el acreedor ante el juez de conocimiento del asunto ordinario, el cual librará mandamiento de pago de acuerdo con lo señalado en la parte resolutiva de la providencia. […]”
55. A su vez, es de resaltar que el Consejo de Estado unificó algunas subreglas de competencia en procesos ejecutivos, de las cuales concluyó sobre la ejecución de sentencias de condena a entidades públicas lo siguiente:
“se concluye que en el caso de obligaciones al pago de sumas de dinero contenidas en los títulos ejecutivos previstos en el artículo 297 ordinales 1.º y 2.º del CPACA, el acreedor podrá optar por:
i) Instaurar el proceso ejecutivo a continuación y con base en solicitud debidamente sustentada o mediante escrito de demanda, presentados en los términos previstos en el artículo 192 incisos 1 y 2 y en artículo 299 ib., ante el juez de primera instancia que tramitó el proceso ordinario.
En ambos casos, si se cumplen los requisitos se librará el mandamiento de pago respectivo y se surtirán los trámites propios de un proceso ejecutivo.
ii) Solicitar que se requiera a la autoridad obligada al cumplimiento de estos títulos con obligaciones dinerarias para que proceda a su cumplimiento inmediato si en el término de 1 año o 6 meses siguientes a la fecha de ejecutoria de la sentencia o a la prevista para su cumplimiento en el mecanismo de solución de conflictos, esta no lo ha realizado, según el caso.
En este evento el mismo juez de conocimiento procederá a librar un requerimiento de carácter judicial en el que indique las consecuencias legales de carácter penal y disciplinario de ese proceder, sin que ello conlleve adelantar un proceso ejecutivo.”
56. Superado lo anterior, tampoco se avizora que el Despacho hubiere registrado algún tipo de actuación en la página web de la Rama Judicial tendiente a impulsar la ejecución pluricitada.
57. Ahora, bajo el entendido que han transcurrido más de dos años desde la solicitud de ejecución de la sentencia y el Tribunal Administrativo del Atlántico ha guardado silencio, resulta necesario analizar si se configura una mora judicial en razón a la mentada solicitud.
58. Sobre ello, la Corte Constitucional ha señalado que el fenómeno de la mora judicial puede llegar a violar el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia, en aquellos casos, en los que, la dilación en el trámite de una actuación es originada no en la complejidad del asunto o en la existencia de problemas estructurales de exceso de carga laboral de los funcionarios, sino en la falta de diligencia y en la omisión sistemática de sus deberes por parte de los mismos.
59. En tal sentido, el Máximo Tribunal Constitucional ha sostenido que, en la mayoría de los casos el incumplimiento de los términos procesales no es imputable al actuar de los funcionarios judiciales. Frente a ello, la corporación señaló:
“… por ejemplo, existen procesos en los cuales su complejidad requiere de un mayor tiempo del establecido en las normas y en la Constitución para su estudio, para valorar pruebas o para analizar la normatividad existente. Por ello, la jurisprudencia ha destacado que cuando la tardanza no es imputable al actuar del juez o cuando existe una justificación que explique el retardo, no se entienden vulnerados los derechos al debido proceso y al acceso a la administración de justicia. En este sentido, en la Sentencia T-803 de 2012, luego de hacer un extenso recuento jurisprudencial sobre la materia, esta Corporación concluyó que el incumplimiento de los términos se encuentra justificado (i) cuando es producto de la complejidad del asunto y dentro del proceso se demuestra la diligencia razonable del operador judicial; (ii) cuando se constata que efectivamente existen problemas estructurales en la administración de justicia que generan un exceso de carga laboral o de congestión judicial; o (iii) cuando se acreditan otras circunstancias imprevisibles o ineludibles que impiden la resolución de la controversia en el plazo previsto en la ley. Por el contrario, en los términos de la misma providencia, se está ante un caso de dilación injustificada, cuando se acredita que el funcionario judicial no ha sido diligente y que su comportamiento es el resultado de una omisión en el cumplimiento de sus funciones”.
60. Sea claro para esta Sala de Decisión, que pese a la contestación realizada por el Tribunal, en la cual indicó entre otras cosas que, i) no ha sido posible ejecutar labores desde las instalaciones físicas del Despacho dada la situación de emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia del Covid -19, y ii) que el proceso de digitalización de los expedientes se encuentra sujeta a la ejecución de terceros contratistas, lo cierto es que tales argumentos no son suficientes para justificar la demora en dar trámite a lo solicitado; más bien, deja al descubierto la omisión en el cumplimiento del deber de atender a los requerimientos de los ciudadanos, por lo que bajo estos términos, se ha impedido al actor el goce efectivo de su derecho de acceso a la administración de justicia, por el cual, en voces de la Corte Constitucional:
“(…) se pretende garantizar la prestación jurisdiccional a todos los individuos, a través del uso de los mecanismos de defensa previstos en el ordenamiento jurídico. De esta forma, el derecho de acceso a la administración de justicia constituye un presupuesto indispensable para la materialización de los demás derechos fundamentales, ya que, como ha señalado esta Corporación “no es posible el cumplimiento de las garantías sustanciales y de las formas procesales establecidas por el Legislador sin que se garantice adecuadamente dicho acceso”.”
61. En consecuencia, este derecho se posiciona como uno de los pilares del modelo de Estado Social de Derecho, al permitir que los individuos puedan acceder ante las autoridades judiciales a dirimir sus conflictos, de suerte que protegen y efectivizan sus derechos. De acuerdo con lo dispuesto por el a quo, esta Sala encuentra palpable la dilación injustificada del Tribunal Administrativo del Atlántico, por los motivos expuestos y, ese sentido procederá a confirmar el amparo de los derechos al debido proceso y al acceso a la administración de justicia del actor.
III. DECISIÓN
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: NEGAR la solicitud de falta de legitimación en la causa por pasiva propuesta por el Distrito Especial Industrial y Portuario de Barranquilla, de conformidad con la parte considerativa de esta providencia.
SEGUNDO: CONFIRMAR el fallo del 11 de mayo 2021, proferido por el Consejo de Estado, Sección Cuarta, por medio de la cual decidió declarar la carencia actual de objeto por hecho superado respecto a la solicitud de cumplimiento de la sentencia, y amparar los derechos fundamentales al acceso a la administración de justicia y al debido proceso del accionante respecto de la solicitud de iniciación del proceso ejecutivo, de conformidad con la parte motiva de la presente decisión.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes según lo establecido por el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.
CUARTO: ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, de conformidad con lo establecido por el artículo 32 del Decreto No. 2591 de 1991.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
ROCÍO ARAÚJO OÑATE (E)
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”.
Artículo 306. Ejecución. “Cuando la sentencia condene al pago de una suma de dinero, a la entrega de cosas muebles que no hayan sido secuestradas en el mismo proceso, o al cumplimiento de una obligación de hacer, el acreedor, sin necesidad de formular demanda, deberá solicitar la ejecución con base en la sentencia, ante el juez del conocimiento, para que se adelante el proceso ejecutivo a continuación y dentro del mismo expediente en que fue dictada. Formulada la solicitud el juez librará mandamiento ejecutivo de acuerdo con lo señalado en la parte resolutiva de la sentencia y, de ser el caso, por las costas aprobadas, sin que sea necesario, para iniciar la ejecución, esperar a que se surta el trámite anterior.
Si la solicitud de la ejecución se formula dentro de los treinta (30) días siguientes a la ejecutoria de la sentencia, o a la notificación del auto de obedecimiento a lo resuelto por el superior, según fuere el caso, el mandamiento ejecutivo se notificará por estado. De ser formulada con posterioridad, la notificación del mandamiento ejecutivo al ejecutado deberá realizarse personalmente.
Cuando la ley autorice imponer en la sentencia condena en abstracto, una vez ejecutoriada la providencia que la concrete, se aplicarán las reglas de los incisos anteriores.
Lo previsto en este artículo se aplicará para obtener, ante el mismo juez de conocimiento, el cumplimiento forzado de las sumas que hayan sido liquidadas en el proceso y las obligaciones reconocidas mediante conciliación o transacción aprobadas en el mismo.
La jurisdicción competente para conocer de la ejecución del laudo arbitral es la misma que conoce del recurso de anulación, de acuerdo con las normas generales de competencia y trámite de cada jurisdicción. De acuerdo con los anexos del escrito de tutela, se avizora que son varios los escritos presentados para tal fin, luego no es posible determinar con exactitud la fecha en que fueron radicados habida cuenta de la ilegibilidad de los respectivos sellos”. Magistrado Javier Eduardo Bornacelly Campbell. Notificado mediante correo electrónico del 20 de mayo de 2021, visible en el índice No. 15 del aplicativo SAMAI.
“SAMAI es un aplicativo web producto de la innovación interna, que recoge las necesidades y las buenas prácticas de gestión judicial; permite gestionar y controlar un expediente judicial desde su inicio hasta su terminación; la incorporación de los antecedentes del expediente digitalizados; notificaciones electrónicas; la participación de sujetos procesales autorizados y el trámite de los expedientes dentro cada despacho; integra en una sola aplicación funcionalidades dispersas y brinda un tablero de control al servidor judicial para el seguimiento de su despacho. Integra otros sistemas internos como la gestión de personal y el sistema de relatoría (…)”
Ver, por ejemplo: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencias del 15 de noviembre de 2017, expediente No. 2017-00085-01, M.P. Alberto Yepes Barreiro y del 19 de octubre de 2017, radicado No. 2017-2365-00, M.P. Rocío Araújo Oñate, entre otras.
«El pasaje bajo transcripción presenta la siguiente nota de pie de página, bajo el número 5, la cual se transcribe literalmente: “Sentencias: SU-225 de 2013; T-317 de 2005”».
«El pasaje bajo transcripción presenta la siguiente nota de pie de página, bajo el número 6, la cual se transcribe literalmente: “Ver sentencias T-988 de 2007, T-585 de 2010 y T-200 de 2013”». Corte Constitucional. Sentencia T-038/19. Sentencia T-481 del 1º de septiembre de 2016. A manera de ejemplo, ver la sentencia T-662 de 2016.
«El pasaje bajo transcripción presenta la siguiente nota de pie de página, con el número 45, la cual se transcribe literalmente: “Esto se debe a que la Corte Constitucional, como Juez de máxima jerarquía de la Jurisdicción Constitucional tiene el deber de determinar el alcance de los derechos fundamentales cuya protección se solicita».
«El pasaje bajo transcripción presenta la siguiente nota de pie de página, con el número 46, la cual se transcribe literalmente: “Ver sentencia T-612 de 2009».
«El pasaje bajo transcripción presenta la siguiente nota de pie de página, con el número 47, la cual se transcribe literalmente: “Sentencia T-170/09».
«Corte Constitucional. Sentencia T-112/2010, M.P. Mauricio González Cuervo».
«Corte Constitucional. Sentencia T-030/2017, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado».
«El pasaje bajo transcripción presenta la siguiente nota de pie de página, con el número 8, la cual se transcribe literalmente: “Ya no entendido como la situación a partir de la cual los factores que dieron lugar a la interposición de la acción de tutela fueron superados por cualquier motivo (Ver Sentencias: SU-225 de 2013; T-630 de 2005; T-597 de 2008; T-170 de 2009; T-100 de 1995; T-570 de 1992; T-675 de 1996) sino que limita su campo de aplicación a aquellos eventos en los que dicha situación tuvo lugar con ocasión al obrar de la entidad accionada».
«Corte Constitucional. Sentencia T-481/2016». Corte Constitucional. T-1019 de 2010. Magistrado Ponente: Nilson Pinilla Pinilla. Corte Constitucional. T-230 de 2013. Magistrado Ponente: Luis Guillermo Guerrero Pérez. Entre otras, consultar las sentencias de: (i) 10.8.2012, Exp. No: 11001-03-15-000-2012-01093-00(AC). M.P. Alberto Yepes Barreiro (E) y, (ii) 19.6.2014, Exp. No: 25000-23-41-000-2014-00415-01(AC). Actor: Mario Aristizábal Muñoz. Demandado: Procuraduría General de la Nación. Entre otras, consultar:
Consejo de Estado, Sección Quinta, i) sentencia del 14.11.2019, Exp: 11001-03-15-000-2019-04391-00, M.P. Rocío Araújo Oñate y; ii) sentencia del 1.3.2018, Exp: 11001-03-15-000-2017-02657-01, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio. Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A. Sentencia de Tutela del 18-02-2016, Consejero Ponente: William Hernández Gómez, Expediente núm.: 1001-03-15-000-2016-00153-00. Consejo de Estado, Sección Segunda – Subsección A. Auto de importancia jurídica I.J.O – 001 del 25 de julio de 2016. Consejero Ponente: William Hernández Gómez, número interno 4935-2014. Corte Constitucional. T-1019 de 2010. Magistrado Ponente: Nilson Pinilla Pinilla. Corte Constitucional. T-230 de 2013. Magistrado Ponente: Luis Guillermo Guerrero Pérez. Corte Constitucional Sentencia T-268 de 1996.
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