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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2021-01234-01

Acción de tutela contra providencia judicial

Fecha
2 de julio de 2021
Consejero ponente
María Adriana Marín

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2021-01234-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO. Confirmar la sentencia del 29 de abril de 2021, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, por las razones expuestas en la presente providencia. SEGUNDO.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2021-01234-01

Consejero ponente: María Adriana Marín

2 de julio de 2021

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS A LA SEGURIDAD SOCIAL, VIDA DIGNA, MÍNIMO VITAL, DEBIDO PROCESO E IGUALDAD / CONFIGURACIÓN DEL DEFECTO POR DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE / MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / RECONOCIMIENTO DE LA PENSIÓN GRACIA / DOCENTE TERRITORIAL / COLEGIO OFICIAL - De propiedad de establecimiento público distrital, cuyo objeto principal es el servicio de energía / VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE AUTONOMÍA JUDICIAL - No se reúnen los supuestos de transparencia y razón suficiente

[E]l Tribunal Administrativo de Cundinamarca fundamentó su decisión en jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, que no resultaba vinculante ni aplicable al caso concreto. (…) la autoridad judicial demandada no se preocupó por justificar las razones por las cuales se apartaba del precedente aplicado. Se limitó a señalar que no compartía el criterio esbozado por el a quo, porque, a su juicio, la EEB prestaba un servicio netamente de energía y, por ello, el tiempo laborado por la docente no podía computarse, pero omitió por completo mencionar que, como sustento de su decisión, el juez de primera instancia había citado unas providencias de la Sección Segunda del Consejo de Estado (…), según las cuales los docentes que prestaran sus servicios en planteles educativos de propiedad de establecimiento públicos del orden distrital debían considerarse como docentes territoriales y, por ende, podían acceder al reconocimiento de la pensión gracia de jubilación, previa verificación del cumplimiento de los demás requisitos. Es claro, entonces, que en este caso no se reúnen los supuestos de transparencia y razón suficiente, como para entender que, en virtud del principio de autonomía judicial, el Tribunal accionado ejerció el derecho de apartamiento. (…) la autoridad judicial accionada incurrió en desconocimiento del precedente fijado por la Sección Segunda del Consejo de Estado, según el cual los docentes que prestaron sus servicios en instituciones educativas de propiedad de un establecimiento público, durante el tiempo en que dicha entidad tuvo esa naturaleza jurídica, deben ser considerados docentes territoriales para efectos del reconocimiento de la pensión gracia de jubilación, dado el carácter oficial de aquellos planteles educativos y su pertenencia al orden distrital.

FUENTE FORMAL: CONSTITUCION POLÍTICA - ARTÍCULO 86 / LEY 114 DE 1913 / LEY 116 DE 1928 / LEY 91 DE 1989 - ARTÍCULO 15 - NUMERAL 2 - LITERAL B) / LEY 114 DE 1993 - ARTÍCULOS 1 - NUMERAL 3 / DECRETO 3135 DE 1968 - ARTÍCULO 5 / DECRETO 1848 DE 1969 - ARTÍCULO 102 - NUMERAL 2 / DECRETO 2591 DE 1991

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A

Consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá D.C., dos (2) de julio de dos mil veintiuno (2021)

Radicación número: 11001-03-15-000-2021-01234-01(AC)

Actor: FLOR ALBA MORALES HERNÁNDEZ

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN E

La Sala decide las impugnaciones presentadas por la parte accionada y por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, en adelante UGPP, quien actúa como tercera con interés, contra la sentencia del 29 de abril de 2021, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, que concedió la solicitud de amparo.

I. ANTECEDENTES

Demanda

1.1. Pretensiones

La señora Flor Alba Morales Hernández, por conducto de apoderado judicial y a través de correo electrónico, interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, con el objeto de que se ampararan sus derechos fundamentales a la seguridad social, a la vida digna, al mínimo vital, al debido proceso, a la igualdad, a los «derechos adquiridos» y a las «expectativas legítimas», los cuales consideró vulnerados con la sentencia del 12 de junio de 2020, que denegó las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho promovida contra la UGPP. Formuló las siguientes pretensiones:

1. Amparar los derechos a la seguridad social, vida digna y mínimo vital de las personas de la tercera edad, derechos adquiridos y expectativas legítimas, principio de seguridad jurídica, debido proceso, y derecho a la igualdad procesal, de la señora Flor Alba Morales Hernández.

2. Ordenar al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda - Subsección “E”, en amparo a los derechos enunciados, revocar la sentencia proferida el 12 de junio de 2020, que revocó la sentencia de primera instancia por la cual accedió a las pretensiones de la demanda, y en consecuencia se reconozca la pensión de jubilación gracia a favor de la señora Flor Alba Morales Hernández.

1.2. Hechos

Los supuestos fácticos de la solicitud de amparo se resumen así:

La demandante prestó sus servicios como docente y directora en el Colegio San José, de propiedad de la Empresa de Energía Eléctrica de Bogotá, en adelante EEB, entre el 29 de enero de 1968 y el 12 de abril de 1993, esto es, durante más de 25 años, para un total de 9.205 semanas.

El 3 de diciembre de 2010, la señora Flor Alba Morales Hernández formuló una petición ante la Caja Nacional de Previsión Social E.I.C.E., a fin de que se le reconociera y pagara su pensión gracia de jubilación, con la inclusión de todos los factores salariales y la respectiva indexación, “interrumpiendo cualquier prescripción de conformidad con el numeral 2° del artículo 102 del Decreto 1848 de 1969”, petición que fue despachada desfavorablemente en Resolución UGM 033358 del 15 de febrero de 2012.

Como consecuencia de lo anterior, presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, asunto que le correspondió al Juzgado 13 Administrativo de Bogotá, el que, en fallo del 2 de noviembre de 2016, accedió a las súplicas de la demanda, en el sentido de reconocer la pensión de jubilación gracia a favor de la señora Morales de Hernández; sin embargo, dicha decisión fue apelada por la UGPP.

Mediante fallo del 22 de septiembre de 2020, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, revocó la providencia de primera instancia, por considerar que el tiempo que laboró la accionante en la EEB no podía computarse para efectos del reconocimiento de la pensión gracia de jubilación, dado que esa entidad, aunque de carácter oficial, no tenía como objeto la prestación del servicio de educación, sino de energía.

Uno de los integrantes de la Sala que participó en la discusión, en su salvamento de voto, advirtió que las providencias que se tuvieron en cuenta para sustentar la decisión mayoritaria no guardaban relación con el asunto examinado, dado que «la señora Flor Alba Morales Hernández laboró como docente de primaria en un colegio que ostentaba la naturaleza de oficial de carácter distrital y por esto debía tenerse en cuenta como válido para el reconocimiento de la pensión gracia, sin perjuicio del cumplimiento de los demás requisitos».

1.3. Argumentos de la tutela

Concretamente, la parte actora indicó que, en la providencia atacada, la autoridad judicial incurrió en los siguientes defectos:

1.3.1. Sustantivo, porque, a su juicio, impuso «mayores barreras a las exigidas por el legislador para conceder el derecho» y se apartó de las normas aplicables al caso concreto, en la medida en que la señora Flor Alba Morales Hernández cumplió las exigencias previstas en las Leyes 114 de 1916, 116 de 1928 y 37 de 1933 y 91 de 1989, para el goce y disfrute de una pensión gracia de jubilación; además, se acreditó que prestó sus servicios laborales como docente de tiempo completo durante más de 20 años en una entidad educativa oficial y que cumple con la edad exigida (50 años).

1.3.2. Fáctico y procedimental absoluto por exceso ritual manifiesto, toda vez que la determinación se adoptó con «extremo rigor en la aplicación de las normas procesales y la renuncia consciente a la verdad jurídica objetiva», máxime cuando se afirmó que el Colegio San José de la EEB no era una entidad que prestaba el servicio de educación oficial.

Sostuvo que el tribunal arribó a esa conclusión, sin tener en cuenta (i) que la EEB fue creada como un establecimiento público descentralizado del orden distrital, naturaleza jurídica que mantuvo hasta diciembre de 1996, cuando se transformó en empresa oficial de servicios públicos con capital oficial regido por el derecho privado y bajo la regulación de la Ley 142 de 1994; (ii) que las personas nombradas por la EEB a partir de 1967 y 1996, ostentaban la calidad de empleados públicos y no la de trabajadores oficiales o privados; (iii) que el artículo 5 del Decreto 3135 de 1968 definió quienes eran empleados públicos y (iv) que al transformarse la EEB en empresa de servicios públicos se determinó que era viable catalogar a los colegios como entidades de carácter oficial durante el lapso en el que aquella mantuvo la calidad de establecimiento público descentralizado del orden distrital, más allá de que su objeto fuera la prestación del servicio de energía.

1.3.3. Desconocimiento del precedente, pues, según dijo, se ignoraron las sentencias del 24 de enero y del 21 de agosto de 2008, radicados (1275-06) y (2542-07), dictadas por la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante las cuales se reconoció la pensión gracia de jubilación a docentes que prestaron sus servicios en la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, en adelante ETB, la cual, al igual que la Empresa de Energía de Bogotá, tenían la misma naturaleza jurídica para el tiempo en que se prestó el servicio de docencia, lo que hacía procedente su reconocimiento.

Reprochó que la sentencia cuestionada se fundamentó en decisiones que no tenían relación con el caso concreto. En particular, destacó que se citó una providencia que estudió una controversia de una pensión gracia de un docente que prestó sus servicios en el Instituto de Bellas Artes del Valle del Cauca.

Por último, puso de presente que la Sección Quinta del Consejo de Estado dejó sin efectos el fallo del 26 de julio de 2019, proferido por la misma autoridad judicial que aquí demandada, decisión que fue confirmada por la Sección Tercera, Subsección C, del Consejo de Estado, mediante sentencia del 19 de agosto de 2020, expediente 2020-00819-01, proceso en el que se había planteado un problema jurídico similar.

2. Trámite impartido e intervenciones

2.1. Mediante auto del 6 de abril de 2021, se admitió la presente acción de tutela y se ordenó que aquel se notificara (i) a los magistrados del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, como parte demandada, y (ii) al Juzgado 13 Administrativo de Bogotá y a la UGPP, como terceros con interés.

2.2. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, a través del magistrado ponente de la providencia objeto de tutela, adujo que la acción constitucional carecía de relevancia constitucional, dado que la accionante alegó que debía tenerse en cuenta el tiempo laborado en la EEB para el reconocimiento de la pensión gracia, lo cual ya se había decidido.

Afirmó que la decisión atacada se fundó en el análisis de las pruebas obrantes en el expediente y de las normas aplicables al asunto examinado, razón por la cual no adolecía de ningún vicio que implicara dejarla sin efectos y, en todo caso, que el hecho de no resultar favorable a los intereses de la demandante, no generaba por sí sola una vulneración de los derechos fundamentales.

Aclaró que la discusión planteada en el proceso ordinario no se centró en determinar si la señora Flor Alba Morales Hernández era empleada pública durante el tiempo en que prestó sus servicios en el Colegio San José de la EEB y, por tal motivo, si era válido tal plazo para el reconocimiento de la pensión gracia, sino que se circunscribió a analizar si el tiempo en que la accionante laboró para la entidad debían computarse, pese que no pertenecía al magisterio oficial.

Arguyó que, para para resolver el caso, citó “una tutela del Consejo de Estado” que, a su parecer, constituye precedente y que concluye que uno de los requisitos para acceder a la prestación era que se hubiera laborado al menos veinte (20) años como docente territorial o nacionalizado en instituciones de educación básica primaria, secundaria, normalista o inspectores de instrucción pública.

Anotó que el tiempo laborado por la causante no podía valorarse para el reconocimiento de la pensión gracia, pues el objeto de la entidad era la prestación del servicio público de energía eléctrica, y no el de educación oficial, aunado a que no pertenecía al magisterio oficial.

En lo atinente al cargo por desconocimiento del precedente, expresó que se omitió relacionar los pronunciamientos recientes del Consejo de Estado sobre la pensión gracia, en particular, exponer las consideraciones de la «sentencia de unificación del 2018, que fue atendida suficientemente por el fallo impugnado en el presente asunto».

2.3. La UGPP solicitó que se declarara improcedente la acción de tutela, porque, en su criterio (i) no constituye el mecanismo judicial idóneo para el reconocimiento de peticiones prestacionales (ii) en el evento de accederse a las pretensiones, se causaría un grave perjuicio al patrimonio del Estado, puesto que los dineros con los cuales se pagan las pensiones administradas por la UGPP, que se encuentran a cargo de la cuenta del FOPEP, se verían afectados y, como consecuencia de ello, la sostenibilidad financiera del sistema y (iii) se está utilizando con un fin netamente económico.

2.4. El Juzgado 13 Administrativo de Bogotá, a pesar de haber sido notificado en debida forma, guardó silencio.

3. Fallo impugnado

La Sección Quinta del Consejo de Estado, en sentencia del 29 de abril de 2021, de una parte, amparó los derechos fundamentales de la actora, por considerar que la autoridad judicial accionada desconoció el precedente vinculante y aplicable al caso concreto y, de otro lado, negó la acción de tutela en lo relativo a los defectos sustantivo, fáctico y procedimental absoluto por exceso ritual manifiesto.

En lo pertinente, el a quo encontró que la accionada no tuvo en cuenta el precedente vinculante y aplicable al caso particular, esto es, el establecido por la Sección Segunda del Consejo de Estado en las sentencias mencionadas en la solicitud de amparo, en las que se reconoció la pensión gracia de jubilación a docentes que prestaron sus servicios en planteles educativos de propiedad de propiedad de establecimientos públicos distritales. Textualmente, esto sostuvo:

Por otro lado, se tiene que la parte actora señaló como desatendidas las siguientes providencias:
• Sentencia de 24 de enero de 2008, M.P. Gustavo Eduardo Gomez Aranguren, rad. 25000-23-25-000-2004-90767-01(1275-06), actora: Ana Cecilia Morales Leguizamon, demandado: Caja Nacional de Prevision Social – Cajanal
(…)
• Sentencia 21 de agosto de 2008, M.P. Bertha Lucia Ramírez de Paez, rad. 25000-23-25-000-2004-02042-01 (2542-07), actora: Olga Mariela García Santander, demandado: Caja Nacional de Previsión Social – Cajanal
(…)

Como se lee, en los proveídos citados por la parte actora se abordaron casos con circunstancias fácticas y jurídicas idénticas al de la señora Morales de Hernández, en los cuales se analizó que la referida empresa fue creada como un establecimiento público descentralizado del orden distrital hasta que en el Acuerdo 21 de 1997 se transformó en empresa de servicios públicos, por lo que se determinó que era viable catalogar a los colegios de la ETB como entidades de carácter oficial durante el lapso en el que la entidad tuvo dicha naturaleza jurídica, más allá de que su objeto fuera el de las telecomunicaciones.

Por lo expuesto, se advierte que le asiste razón a la tutelante al considerar que la autoridad tutelada no tuvo en cuenta para dictar su decisión los aludidos pronunciamientos en los que la Sección Segunda del Consejo de Estado realizó un análisis en torno al reconocimiento de la pensión gracia de los docentes que prestaron sus servicios en el Colegio Álvaro Camargo de la Torre de la ETB.

En efecto, esta Sala de Decisión se pronunció en un caso similar al que ocupa en esta oportunidad su atención, en el que se concluyó que sí se había desconocido el precedente de la Sección Segunda del Consejo de Estado:

“La razón de ello, se justifica en que si bien la colegiatura enjuiciada trajo a colación fallos en los cuales se abarcó el tema de la pensión gracia, lo cierto es que los escenarios que se analizaron en los mismos no tienen similitud fáctica y jurídica con el planteado en el medio de control objeto de estudio, teniendo en cuenta que aquellos casos correspondían a un docente universitario y una cuidadora de un jardín infantil, mas no a los de maestros de primaria como lo fue la señora Alejandrina Romero de Romero, ni trataron sobre la naturaleza de la institución educativa en la que prestó sus servicios, el cual precisamente era el punto central de la controversia expuesta en el medio de control.

La situación descrita permite a la Sala concluir que la decisión objeto de tutela no se sustentó en el precedente aplicable al asunto sub judice, esto es, el que tratara sobre los docentes que prestaron sus servicios en los planteles educativos de la ETB, razón por la cual se concederá el amparo del derecho fundamental a la igualdad invocado por el actor, pero se negará la solicitud de tutela respecto de los demás cargos”.

De modo que, a la misma conclusión arriba la Sala en esta oportunidad al encontrar que la autoridad judicial acusada -que correspondió a la misma judicatura demandada en el asunto citado líneas atrás- desconoció el precedente aplicable al caso concreto de los docentes que prestaron sus servicios a instituciones educativas al amparo de la ETB, como fue el caso de la accionante (sic).

En consecuencia, se dejará sin efecto la sentencia de 12 de junio de 2020 y se ordenará al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E proferir una nueva decisión, mediante la cual se resuelva el caso de cara a los pronunciamientos que guardan identidad fáctica y jurídica con el de la docente Flor Alba Morales Hernández y que se han proferido recientemente sobre la materia por esta Corporación, sin perjuicio de que se verifiquen los demás requisitos exigidos para el reconocimiento de la prestación reclamada por la actora.

4. Impugnaciones

4.1. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, pidió que se revocara el fallo de primera instancia y, en su lugar, se negara la acción constitucional, por considerar que explicó de manera «objetiva, lógica, razonada y con suficiencia» los motivos por los que no accedía a la pensión gracia de la señora Flor Alba Morales Hernández, argumentos que, además, soportó en la jurisprudencia aplicable al proceso.

Precisó que la tutelante y el a quo no hicieron referencia a la sentencia de unificación del 21 de junio de 2018, radicado 2013-04683-01 (3633-14), mediante la cual la Sección Segunda del Consejo de Estado abordó la problemática de la pensión gracia y fue aplicada en el fallo que se dejó sin efectos con la decisión impugnada, providencia que sentó el precedente en el caso, y no las sentencias de 2008 invocadas en la demanda.

Recordó que antes se realizaba una interpretación amplia de la labor docente para el reconocimiento de pensión gracia, pero dicha posición fue recogida en recientes providencias, para lo cual citó las siguientes decisiones:

C.E, Sec. Segunda, Sent. 2013-06310-01(3633-14), sept. 15/2016. M.P Sandra Lisset Ibarra Vélez.
Lo anterior, es aún más evidente dentro del régimen de la pensión gracia, pues obedeciendo a la filosofía que la Ley 114 de 1913, la naturaleza de ésta prestación es excepcional, de allí que devenga una interpretación restrictiva en el campo de su aplicación, donde la asignación de estos derechos pensionales debe circunscribirse únicamente a los supuestos fácticos y jurídicos contemplados por las normas que rigen la prestación. (…) En este contexto, considera la Sala que contrario a lo solicitado por el demandante, con respecto a la interpretación amplia, se omitirá cualquier tipo de hermenéutica que rebase los contenidos legales en perjuicio de los derechos pensionales de las futuras generaciones, y en contra de los valores de sostenibilidad fiscal, solidaridad y legalidad en la asignación de derechos pensionales.

Por esta razón, se dará completa observancia a los presupuestos contenidos en el Estatuto del Docente y la Ley 37 de 1933, donde se fijan los requisitos para acceder a esta prestación.
C.E, Sec. Segunda, Sent. 2014-00489-01, abril. 26/2018. M.P Sandra Lisset Ibarra Vélez.
El debate de si procede o no la pensión gracia, no se puede resolver a partir del simple análisis de la actividad docente y la naturaleza del nominador del educador, más cuando la creación y constitución de la institución educativa dependió de un órgano que por definición no presta servicio de educación. En tales casos, es necesario además, que el docente dependiente de una institución descentralizada en principio ajena al servicio público de la educación, acredite que no pertenece a la estructura orgánica de dicha entidad, porque en tal caso, asume el régimen salarial y prestacional del sector a donde formalmente se vinculó. En otros términos, para el reconocimiento de la pensión gracia, un profesor en las condiciones previstas y exigidas por las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928 y 37 de 1933, debe demostrar que aun sin pertenecer a la estructura orgánica de las Secretarías de Educación territoriales, su salario está gobernado por las reglas previstas para los educadores que sí pertenecen a ella; pues de lo contrario, sería entender que la sola actividad docente es el referente para su reconocimiento, sin tener en cuenta que el cargo ocupado en función de la entidad que lo nombró, puede generar que su ingreso salarial sea mayor al que justifica aquella prestación, es decir, el del docente territorial.

Añadió que no basta con que la accionante desempeñara una labor docente, como se dijo en las «sentencias de antaño», sino que era necesario verificar si cumplía con los requisitos previstos en las Leyes 114 de 1913 y 116 de 1928, pues lo que buscó la pensión gracia fue nivelar los salarios de los docentes territoriales.

Insistió que, de conformidad con la aludida sentencia de unificación, en la que se trajo a colación el estudio de constitucionalidad del artículo 15, numeral 2, literal b) de la Ley 91 de 1989, se estableció que la pensión gracia no se aplica a todos los empleados que cumplieron funciones inherentes a la docencia, sino solo a aquellos profesores que laboraron en el sector oficial nacionalizado, que no es el caso de la demandante y, además, cumplieran con los requisitos de las Leyes 114 de 1913 y 116 de 1928.

4.2. La UGPP presentó el mismo escrito de contestación de la demanda, en el que consideró que la acción de tutela de la referencia debe declararse improcedente.

II. CONSIDERACIONES

1. La acción de tutela contra providencias judiciales

La acción de tutela es un mecanismo judicial cuyo objeto es la protección de los derechos fundamentales amenazados o vulnerados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o por un particular, en el último caso, cuando así lo permita expresamente la ley.

La tutela procede cuando el interesado no dispone de otro medio de defensa, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En todo caso, el otro mecanismo de defensa debe ser idóneo para proteger el derecho fundamental vulnerado o amenazado, pues, de lo contrario, el juez de tutela deberá examinar si existe perjuicio irremediable y, de existir, concederá el amparo impetrado, siempre que esté acreditada la razón para conferir la tutela.

En principio, la Sala Plena de esta Corporación consideraba que la acción de tutela era improcedente contra las providencias judiciales; sin embargo, a partir del año 2012, cambió su postura, de conformidad con las reglas que ha fijado la Corte Constitucional, en el sentido de estudiarlas cuando exista violación flagrante de algún derecho fundamental.

Con todo, la tutela no puede convertirse en la instancia adicional de los procesos judiciales, pues los principios de seguridad jurídica y de coherencia del ordenamiento jurídico no permiten la revisión permanente y a perpetuidad de los mismos.

Entonces, para aceptar la procedencia de esta acción constitucional contra providencias judiciales, el juez de tutela debe verificar el cumplimiento de los requisitos generales y específicos que fijó la Corte Constitucional, en la sentencia C-590 de 2005.

Según la Corte, los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: (i) que el actor indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; (ii) que el accionante hubiera utilizado todos los mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos fundamentales (subsidiariedad); (iii) que la acción se hubiera interpuesto en un término prudencial (inmediatez); (iv) que el asunto sea de evidente relevancia constitucional y (v) que no se trate de una decisión proferida en sede de tutela.

En relación con este último requisito general, cabe anotar que la Corte Constitucional, en sentencia SU-627 de 2015, estableció que la acción de tutela contra decisiones proferidas en sede de tutela procede en dos eventos excepcionales.

El primero de ellos se presenta cuando la solicitud de amparo está dirigida contra actuaciones del proceso ocurridas antes de la sentencia, consistentes, por ejemplo, en la omisión del deber del juez de informar, notificar o vincular a terceros que podrían verse afectados con la decisión. El segundo, por su parte, acaece cuando con la acción de tutela se busca proteger un derecho fundamental que habría sido vulnerado en el trámite del incidente de desacato.

Una vez la acción de tutela supere el estudio de las causales anteriores, llamadas genéricas, el juez puede conceder la protección siempre que advierta la presencia de alguno de los siguientes defectos o vicios de fondo: (i) defecto sustantivo, (ii) defecto fáctico, (iii) defecto procedimental absoluto, (iv) defecto orgánico, (v) error inducido, (vi) decisión sin motivación, (vii) desconocimiento del precedente y (viii) violación directa de la Constitución. La Corte Constitucional describió tales causales, así:

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.

e. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.

f. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

g. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.

h. Violación directa de la Constitución.

Conviene decir, además, que al demandante le corresponde identificar y sustentar la causal específica de procedibilidad y exponer las razones que sustentan la violación de los derechos fundamentales. Para el efecto, no basta con manifestar inconformidad o desacuerdo con las decisiones tomadas por los jueces de instancia, sino que es necesario que el interesado demuestre que la providencia cuestionada ha incurrido en alguna de las causales específicas para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. De lo contrario, la tutela carecería de relevancia constitucional.

Justamente, las causales específicas que ha decantado la Corte Constitucional (y que han venido aplicando la mayoría de las autoridades judiciales) buscan que la tutela no se convierta en una instancia adicional para que las partes reabran discusiones que son propias de los procesos judiciales ordinarios o expongan los argumentos que dejaron de proponer oportunamente.

Por último, cabe anotar que, en diversos pronunciamientos, la Corte Constitucional ha restringido aún más la posibilidad de cuestionar, por vía de tutela, las providencias dictadas por la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. En ese sentido, la Corte señaló que, además del cumplimiento de los requisitos generales y la configuración de una de las causales específicas antes mencionados, la acción de tutela contra providencias proferidas por los denominados órganos de cierre, «sólo tiene cabida cuando una decisión riñe de manera abierta con la Constitución y es definitivamente incompatible con la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional al definir el alcance y límites de los derechos fundamentales o cuando ejerce el control abstracto de constitucionalidad, esto es, cuando se configura una anomalía de tal entidad que exige la imperiosa intervención del juez constitucional».

2. Problema jurídico

En los términos de la impugnación propuesta por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, corresponde a la Sala determinar si hay lugar a confirmar, revocar o modificar el fallo del 29 de abril de 2021, proferido por la Sección Quinta del Consejo de Estado, que concedió el amparo solicitado, porque, a su juicio, se incurrió en desconocimiento del precedente judicial.

Se emitirá un pronunciamiento sobre el fondo de la controversia, esto es, acerca de si la autoridad judicial demandada incurrió o no el desconocimiento del precedente alegado, teniendo en cuenta que el juez de tutela verificó el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la tutela contra providencia, análisis que, de hecho, comparte esta Subsección. Solo en el evento de que no se encuentre configurado el desconocimiento del precedente, la Sala estudiará los demás defectos invocados por la parte actora.

3. Análisis de la Sala

El Consejo de Estado o cualquier otra autoridad judicial idónea para generar precedentes, al resolver un determinado asunto, establece el alcance de una norma o resuelve un problema jurídico específico y el juez, en un caso semejante que se presenta con posterioridad, afronta la situación desconociendo que en dicho pronunciamiento se definió, en principio de manera vinculante, el alcance de la disposición aplicable o se fijó una regla para resolver esa clase de problemas jurídicos. En estos casos, entonces, la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del derecho a la igualdad y resguardar la eficacia de otros principios básicos del orden constitucional.

Siguiendo de cerca la jurisprudencia constitucional y su construcción de la teoría de los precedentes, se tiene que, para identificarlos, es preciso realizar un análisis técnico de la jurisprudencia, en virtud del cual resulta imperativo distinguir entre el decisum, la ratio decidendi y el obiter dictum. El decisum es la parte resolutiva de la sentencia, aquello que se dictamina en el caso concreto y que, dependiendo del tipo de pretensión invocada ante el juez administrativo, tendrá fuerza erga omnes o efecto inter partes. Por su parte, la ratio decidendi «corresponde a aquellas razones de la parte motiva de la sentencia que constituyen la regla determinante del sentido de la decisión y de su contenido específico» o, en su definición original, a la «formulación del principio, regla o razón general de la sentencia que constituye la base de la decisión judicial». Finalmente, el obiter dictum será «lo que se dice de paso» en la providencia, esto es, «aquello que no está inescindiblemente ligado con la decisión».

Teniendo en cuenta que el decisum de una sentencia puede tener efectos erga omnes o inter partes, según la naturaleza de la pretensión invocada ante el juez, se impone señalar que en aras de salvaguardar principios fundantes de nuestro ordenamiento constitucional como la igualdad, la seguridad jurídica y la confianza legítima, y de amparar derechos y garantías fundamentales como el debido proceso, la jurisprudencia constitucional ha reiterado en numerosas ocasiones la fuerza vinculante de los precedentes judiciales que han resuelto situaciones análogas anteriores. Lo anterior, en el sentido antes descrito, conforme al cual «únicamente se forma precedente a partir de la ratio decidendi que resuelve un caso».

De otra parte, y en lo que tiene que ver con la definición de si la regla invocada como ratio controlante del caso a fallar realmente resulta aplicable o no, se tiene que, conforme a las consideraciones de la Corte Constitucional vertidas en la sentencia T-292 de 2006, para determinar si un precedente es relevante o no «se deben tener en cuenta factores como que: i) En la ratio decidendi de la sentencia se encuentra una regla relacionada con el caso a resolver posteriormente, ii) La ratio debió haber servido de base para solucionar un problema jurídico semejante, o a una cuestión constitucional semejante, iii) Los hechos del caso o las normas juzgadas en la sentencia anterior deben ser semejantes o plantear un punto de derecho semejante al que debe resolverse posteriormente. En este sentido será razonable que cuando en una situación similar, se observe que los hechos determinantes no concuerdan con el supuesto de hecho, el juez esté legitimado para no considerar vinculante el precedente».

En definitiva, para examinar la procedencia de la tutela contra providencias judiciales, por desconocimiento del precedente judicial, se deben observar las siguientes reglas:

El demandante debe identificar el precedente judicial que se habría desconocido y exponer las razones por las que estima que se desconoció.

El juez de tutela debe confirmar la existencia del precedente judicial que se habría dejado de aplicar. Esto es, debe identificar si de verdad existe un caso análogo ya decidido.

Identificado el precedente judicial, el juez de tutela debe comprobar si se dejó de aplicar.

Si, en efecto, el juez natural dejó de aplicarlo, se debe verificar si existen diferencias entre el precedente y el conflicto que decidió, o si el juez expuso las razones para apartarse del precedente judicial. Si existen diferencias no habrá desconocimiento del precedente judicial. Aunque los casos sean similares, tampoco habrá desconocimiento del precedente si el juez identifica el criterio jurisprudencial supuestamente ignorado y expone las razones para apartarse (principios de transparencia y razón suficiente).

El precedente judicial vinculante es aquel que se encuentra ligado a la razón central de la decisión (ratio decidendi). La razón central de la decisión surge de la valoración que el juez hace de las normas frente a los hechos y el material probatorio en cada caso concreto.
Si no se acató el precedente judicial la tutela será procedente para la protección del derecho a la igualdad, la tutela judicial efectiva, el debido proceso y la garantía de la confianza legítima.

4.2. Caso concreto y solución del problema jurídico

En la impugnación, la autoridad judicial accionada insistió en que no incurrió en desconocimiento del precedente, tal como lo afirmó la Sección Quinta del Consejo de Estado, con fundamento en lo siguiente:

Las sentencias de 2008, dictadas por la Sección Segunda de esta Corporación que se invocaron en la demanda y frente a las que se predicó su desatención, no resultaban aplicables al caso bajo estudio, sino que la negativa del reconocimiento de la pensión de gracia de la señora Flor Alba Morales Hernández se sustentó en la sentencia de unificación del 21 de junio de 2018, radicado 2013-04683-01(3633-14), decisión que sí resultaba vinculante y en que la se estableció que tal prestación no aplicaba a todos los empleados que cumplieron funciones inherentes a la docencia, sino solo a aquellos profesores que laboraron en el sector oficial nacionalizado, que no era el caso de la demandante y, además, que cumplieran los requisitos de las Leyes 114 de 1913 y 116 de 1928.

En la decisión cuestionada se explicaron «objetiva, lógica, razonada y con suficiencia» los motivos por los cuales no accedía a la pensión gracia a favor de la demandante, argumento que, además, se apoyó en la jurisprudencia aplicable al caso.

En la sentencia de primera instancia se concluyó que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, dictó el fallo del 22 de septiembre de 2020, mediante el cual revocó el reconocimiento de la pensión gracia de la señora Morales Hernández, sin tener en cuenta el precedente aplicable al asunto, particularmente, las sentencias del 24 de enero y del 21 de agosto de 2008, radicados (1275-06) y (2542-07), dictadas por la Sección Segunda del Consejo de Estado, «que reconocieron la pensión gracia de los docentes que prestaron sus servicios en la ETB».

Aquí debe aclararse que, pese a que el a quo entendió que la prestación de los servicios de docencia de la actora fueron prestados en la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB), como ya lo había estudiado en un caso anterior, y no en la Empresa de Energía de Bogotá (EEB), esa situación de manera alguna hace improcedente la aplicación del procedente invocado, pues lo relevante es la regla jurisprudencial que se definió para resolver esos asuntos que, además, tienen características similares al analizado.

Ahora bien, en la providencia objeto de tutela, luego de precisarse que la EEB era un establecimiento público distrital y que posteriormente se trasformó en una sociedad por acciones del distrito, se indicó que no podía echarse de menos que su objeto era la prestación del servicio público de energía eléctrica, y no el de educación oficial, «lo que impedía que los tiempo laborados a dicha entidad en calidad de docente pudieran ser considerados para el reconocimiento de la prestación».

Para respaldar esa determinación, el tribunal demandado trajo a colación el fallo de tutela proferido el 24 de mayo de 2019 por la Sección Primera del Consejo de Estado, en el cual se analizó el caso de un docente que prestó sus servicios en el Instituto de Bellas Artes del Valle del Cauca, a quien se le negó la pensión gracia por no cumplir la totalidad de los requisitos previstos en las Leyes 114 de 1913 y 116 de 1928.

Luego citó la sentencia de la Corte Constitucional C-479 de 1998, por medio de la cual se analizó la constitucionalidad de los artículos 1º y el numeral 3º de la Ley 114 de 1993, a fin de exponer que la pensión gracia fue creada exclusivamente para los educadores que prestaran sus servicios en entidades oficiales territoriales, aspecto que fue validado en la sentencia del 26 de abril de 2018, dictada por la Sección Segunda del Consejo de Estado.

Finalmente, destacó que la Sección Segunda de esta Corporación:

[A]cogió el criterio relativo a que el beneficio de la pensión gracia debía extenderse a todos los empleados que cumplieron funciones inherentes a la docencia, pero esa posición fue replanteada en una providencia en la que se estudió el caso de una cuidadora en un jardín infantil y se le negó el reconocimiento de la pensión gracia dado que su labor se encontraba excluida para que fuera beneficiaria del derecho reclamado y, de esta forma, indicó que el reconocimiento de derechos pensionales debe circunscribirse únicamente a los supuestos fácticos y jurídicos contemplados por las normas que rigen las prestaciones, sin exceder el marco normativo.

Conforme a lo expuesto y analizados los pronunciamientos que citó el tribunal para resolver la controversia, se tiene que estos no resultaban aplicables al caso particular, tal como pasa a exponerse:

El fallo de tutela de la Sección Primera de esta Corporación, relacionado con el posible reconocimiento de la pensión gracia de jubilación a una docente que laboró en el Instituto de Bellas Artes del Valle del Cauca, no guarda semejanza fáctica y jurídica con el asunto bajo estudio, puesto que en esa oportunidad la demandante había prestado sus servicios en una institución educativa universitaria, mas no en una institución de educación básica primaria y secundaria, como es el caso de la señora Flor Alba Morales Hernández. Ese resulta ser un elemento claramente diferenciador entre ambas controversias, pues ocurre que la pensión gracia de jubilación se reconoce a los docentes que hubieran prestado sus servicios en planteles educativos de primaria y secundaria, lo cual, desde luego, descarta de plano la posibilidad de que los maestros universitarios accedieran a este beneficio.

Con todo, se observa que, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por la aquí actora, el objeto de litis se centró en determinar si el tiempo de servicios prestados por los docentes de colegios pertenecientes a entidades descentralizadas distritales, cuyo objeto principal es el servicio de energía, podía computarse para efectos de acceder el reconocimiento de la pensión gracia de jubilación, lo cual difiere sustancialmente del análisis realizado en la sentencia de tutela proferida el 24 de mayo de 2019 por la Sección Primera del Consejo de Estado (exp. 2018-04253-01).

Adicionalmente, la Sala advierte que el Tribunal accionado tampoco explicó la regla jurídica ni hizo referencia alguna a la validación para esos efectos de los servicios docentes en la EEB, en lo referente a la sentencia de la Corte Constitucional C-479 de 1998, que determinó los fines legítimos de la pensión gracia. De hecho, en la sentencia cuestionada únicamente se mencionó dicho fallo de constitucionalidad para señalar que la pensión gracia de jubilación se reconoce a educadores que prestaron sus servicios en entidades oficiales territoriales, pero ni siquiera definió si la demandante era o no educadora del nivel territorial.

Por si fuera poco, los fallos de la Sección Segunda de esta Corporación resultan disímiles con la discusión planteada por el accionante, porque, en el expediente 3633-14, se discutió si a una docente que prestaba sus servicios en el Departamento Administrativo de Bienestar Social, hoy Secretaría Distrital de Integración Social, como instructor, se le podía computar ese tiempo para el reconocimiento de la pensión gracia, teniendo en cuenta que provenía de una entidad que no era una institución educativa autorizada por el Ministerio de Educación Nacional, mientras que en el expediente 2110-07 se negó el reconocimiento de la pensión gracia, al probarse que la demandante prestó sus servicios en una institución educativa como celadora, y no como docente, cuestiones que, como se vio, distan mucho del objeto del debate en el caso de la señora Morales Hernández.

Así las cosas, la Subsección encuentra que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca fundamentó su decisión en jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, que no resultaba vinculante ni aplicable al caso concreto.

Hay que destacar, además, que no es cierto que la providencia atacada se hubiera fundado en la sentencia de unificación del 21 de junio de 2018, dictada por la Sección Segunda del Consejo de Estado, tanto así que esta última decisión ni siquiera fue citada por la autoridad judicial demandada, que no mencionó alguna de sus reglas jurisprudenciales, las cuales, en todo caso, tampoco resultaban aplicables.

Lo anterior, por cuanto en esa providencia se reiteró el cumplimiento de los requisitos para acceder a la pensión gracia y el problema jurídico estuvo encaminado a establecer la naturaleza de la vinculación (nacional o territorial) de los docentes nombrados por entidades territoriales financiadas por el situado fiscal, a efectos de establecer si tenían derecho a la pensión gracia, para lo cual se concluyó que sí. La decisión de unificación se basó en lo siguiente:

Unificase la jurisprudencia respecto de las controversias relacionadas con el reconocimiento de pensión gracia, en particular en lo que concierne al origen de los dineros de la entidad nominadora, en el sentido de que (i) los recursos del antiguo situado fiscal, regulados tanto en la Constitución de 1886 como en la de 1991, que transfería o cedía la Nación a las entidades territoriales para atender al sostenimiento de los fondos educativos regionales, una vez ingresaban a los presupuestos locales, le pertenecían de forma exclusiva a los entes territoriales; (ii) la calidad de docente territorial o nacionalizado es otorgada por la ley, y no se pierde, o cambia a nacional, cuando en el acto de vinculación del docente haya intervenido el delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional ante el respectivo fondo educativo regional o haya certificado la disponibilidad presupuestal o la vacancia definitiva del cargo; (iii) en consecuencia, lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la aludida prestación, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada, pues en lo que respecta a los educadores territoriales, el pago de sus acreencias provenía directamente de las rentas endógenas de la respectiva localidad, o de las exógenas -situado fiscal- cuando se sufragaban los gastos a través de los fondos educativos regionales, y en lo que tiene que ver con los educadores nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se enmarcan en los recursos del situado fiscal, hoy sistema general de participaciones; y (iv) para acreditar la calidad de docente territorial, se requiere copia de los actos administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter territorial.

Aunado a ello, cabe anotar que en la sentencia del 21 de junio de 2018 no se hizo referencia puntual al debate sobre el reconocimiento de la pensión gracia de jubilación a aquellos docentes vinculados a instituciones educativas pertenecientes a un establecimiento público del orden distrital, razón suficiente para que no resulte vinculante dicha decisión en la solución del sub lite.

Aclarado lo anterior, es necesario traer a colación las sentencias que, según la tutelante y el a quo, fueron desconocidas:

SENTENCIA
RAZONES DE LA DECISIÓN
Sentencia del 24 de enero de 2008, M.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, expediente (1275-06): se demandó un acto administrativo que negó el reconocimiento y pago de la pensión gracia por haber laborado por más de 20 años en colegios de la ETB, debido a que la entidad demandada consideró que tales instituciones educativas no pertenecen al magisterio oficial. Se accedió a lo pedido.
Se observa que la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá fue constituida como un establecimiento público descentralizado del orden distrital, organizada en virtud del acuerdo 79 de 1940 y reorganizada por el acuerdo 72 de 1967, proferidos por el Concejo Distrital de Bogotá, encargada de la prestación del servicio público telefónico, y si bien es cierto, la Ley 142 de 1994, dispuso en su artículo 17 que las empresas de servicios públicos son sociedades por acciones, durante el tiempo que la actora laboró al servicio de la entidad, ésta era oficial.  Es decir, de conformidad con la certificación obrante en el expediente, el lapso laborado por la actora, del 23 de mayo de 1973 al 22 de julio de 1998, como profesora de primaria y bachillerato de los colegios Álvaro Camargo de la Torre y Tomas Alva Edison, instituciones educativas dependientes de la Empresa de Telecomunicaciones de Santa Fe de Bogotá, lo fue para una entidad de carácter oficial. Por tanto, no le asiste razón a la Caja Nacional de Previsión Social para negar la pensión gracia por la razón expuesta en los actos acusados, pues teniendo la entidad tal carácter, sus empleados y los servicios que presten no pueden clasificarse en una categoría diferente.
Sentencia del 21 de agosto de 2008, M.P. Bertha Lucía Ramírez de Páez, expediente (2542-07): la demandante pidió el reconocimiento y pago de la pensión gracia por haber cumplido los requisitos establecidos en las leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y 91 de 1989, dado que trabajó como maestra en el nivel de la enseñanza primaria en un colegio de la ETB. Se accedió a lo pedido.
La Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá́ fue creada como Establecimiento Público Descentralizado del orden Distrital, organizada mediante Acuerdo 79 de 1940, reorganizado por Acuerdo 74 de 1967 del Concejo Distrital de Bogotá́.

En el lapso en que la actora prestó sus servicios en el Plantel de la Empresa de Telecomunicaciones, era de carácter oficial de nivel Distrital; por lo tanto, no le asiste razón a Cajanal para haber negado la pensión gracia por considerar que la entidad para la que trabajo la actora era del ámbito privado.

Como se lee, en esas decisiones sí se abordaron controversias de contornos fácticos y jurídicos similares a los de la señora Flor Alba Morales Hernández, pues allí se determinó que la ETB fue creada como un establecimiento público descentralizado del orden distrital hasta que se transformó en empresa de servicios públicos, por lo que se concluyó que era procedente catalogar esos colegios como entidades de carácter oficial durante el lapso que la entidad tuvo dicha naturaleza jurídica, más allá de que su objeto fuera el de prestar servicios asociados a las telecomunicaciones; por consiguiente, debía entenderse que eran docentes territoriales, que es justamente uno de los requisitos para acceder a la pensión gracia de jubilación.

Así pues, la misma regla aplicaría al sub examine, toda vez que, como bien lo explicaron los jueces naturales de la causa, la Empresa de Energía de Bogotá fue organizada por medio de los Acuerdos 18, 30 y 129 de 1959 del Concejo de Bogotá, como un establecimiento público del orden distrital, naturaleza que se ratificó en el Acuerdo 34 de 1967 y en el Decreto 3133 de 1968 y, posteriormente, luego de que entrara en vigencia la Ley 142 de 1994, se expidió el Acuerdo 1° de 1996, mediante el cual se transformó en empresa de servicios públicos, constituida como sociedad por acciones.

Es decir, la EEB fue establecimiento público del orden distrital desde 1959 hasta 1996, lapso en el cual la demandante prestó sus servicios como docente (estuvo vinculada desde el 29 de enero de 1968 hasta el 12 de abril de 1993), por lo que debía entenderse, en los términos expuestos por esta Corporación, que tenía la calidad de docente oficial territorial, dado que el establecimiento educativo Colegio San José pertenecía a una entidad pública del orden distrital y, como consecuencia, le resultaba aplicable el estatuto docente, independientemente de que la EEB prestara el servicio de energía, pues debía primar la naturaleza de las actividades laborales realizadas por los profesores en aquella institución oficial del orden distrital.

La anterior postura ha sido acogida por esta Corporación, así:

En fallo del 15 de septiembre de 2011, la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, expediente (0448-11), expresó:

(...) si bien es cierto que la actividad legalmente asignada a la Empresa de Teléfonos de Bogotá no fue la prestación del Servicio Público Educativo, también lo es que esta circunstancia no implica que el personal que desempeñó la labor docente en esas condiciones se encuentre excluido del régimen especial que les asiste en algunos aspectos como la pensión gracia, justamente por la naturaleza pública de sus servicios, determinada por la Entidad en la que fueron prestados y de quien emanó su vinculación.

En providencia del 21 de mayo de 2009, la Subsección A de la Sección Segunda de esta Corporación, expediente (0876-08), sostuvo:

(...) Así los períodos de servicios laborados por la actora como docente de primaria en la antigua Empresa de Teléfonos de Bogotá, hoy Empresa de Telecomunicaciones -ETB-, se enmarcan dentro de aquellos válidos para el reconocimiento de dicha prestación ya que ésta fue constituida como un Establecimiento Público Descentralizado del Orden Distrital encargado de la prestación del servicio público telefónico en virtud del Acuerdo 79 de 1940 expedido por el Concejo Distrital de Bogotá, por lo que los servicios allí prestados se reputan de carácter territorial o distrital. Ahora, si bien es cierto que la Ley 142 de 1994, dispuso en su artículo 17 que las Empresas de Servicios Públicos son sociedades por acciones, durante el tiempo que la actora laboró al servicio de dicha Entidad, ésta mantuvo su carácter oficial.

Debe precisarse además, que aun cuando la actividad legalmente asignada a la Empresa de Teléfonos de Bogotá no fue precisamente la prestación del Servicio Público Educativo, ello no implica que el personal que desempeñó la labor docente en esas condiciones se encuentre excluido del régimen especial que les asiste en algunos aspectos como la pensión gracia, justamente por la naturaleza pública de sus servicios, determinada por la Entidad en la que fueron prestados y de quien emanó su vinculación.
Recientemente, en un fallo de tutela del 19 de agosto de 2020, la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, expediente 2020-00819-01, al resolver un caso semejante, estimó:

(...) la Sala coincide con la Sección Quinta de la Sala Contenciosa de esta Corporación en que la autoridad judicial accionada obró en contra de la jurisprudencia reiterada que sostiene que, sin perjuicio del eje principal del objeto de la ETB, que gira en torno al servicio de telecomunicaciones, es necesario atender, en casos como este, a la naturaleza de las actividades laborales realizadas por los profesores en aquella institución oficial del orden distrital. Por tanto, declarará acreditado el defecto que la parte accionante le endilgó al acto acusado por desconocimiento del precedente vinculante, situación que claramente trae consigo la vulneración del derecho a la igualdad del accionante, en la medida que su circunstancia personal fue objeto de un trato diferenciado, sin justificación alguna.

(...) Más cuando, como se explicó anteriormente, el Consejo de Estado sí ha definido el tema concreto de quienes presentan servicios educativos en entidades como la ETB y le ha otorgado la pensión gracia.

La Sala no desconoce que el juez puede apartarse del precedente, siempre que identifique el criterio jurisprudencial supuestamente ignorado y exponga las razones para hacerlo, en virtud de los principios de transparencia y razón suficiente; sin embargo, se tiene que, en el fallo del 22 de septiembre de 2020, objeto de tutela, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca no hizo referencia a ninguna de las sentencias de la Sección Segunda de esta Corporación en las que se habían definido controversias de similares circunstancias fácticas y jurídicas. Esto, pese que en el fallo de primera instancia del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho el Juzgado 13 Administrativo de Bogotá no solo las citó, sino que identificó las reglas jurisprudenciales allí descritas para sustentar su decisión.

Es decir, la autoridad judicial demandada no se preocupó por justificar las razones por las cuales se apartaba del precedente aplicado. Se limitó a señalar que no compartía el criterio esbozado por el a quo, porque, a su juicio, la EEB prestaba un servicio netamente de energía y, por ello, el tiempo laborado por la docente no podía computarse, pero omitió por completo mencionar que, como sustento de su decisión, el juez de primera instancia había citado unas providencias de la Sección Segunda del Consejo de Estado (especializada en asuntos de índole pensional), según las cuales los docentes que prestaran sus servicios en planteles educativos de propiedad de establecimiento públicos del orden distrital debían considerarse como docentes territoriales y, por ende, podían acceder al reconocimiento de la pensión gracia de jubilación, previa verificación del cumplimiento de los demás requisitos.

Es claro, entonces, que en este caso no se reúnen los supuestos de transparencia y razón suficiente, como para entender que, en virtud del principio de autonomía judicial, el Tribunal accionado ejerció el derecho de apartamiento.

Por todo lo anterior, la Sala coincide con la tesis planteada por el juez de tutela de primera instancia, en el sentido de que la autoridad judicial accionada incurrió en desconocimiento del precedente fijado por la Sección Segunda del Consejo de Estado, según el cual los docentes que prestaron sus servicios en instituciones educativas de propiedad de un establecimiento público, durante el tiempo en que dicha entidad tuvo esa naturaleza jurídica, deben ser considerados docentes territoriales para efectos del reconocimiento de la pensión gracia de jubilación, dado el carácter oficial de aquellos planteles educativos y su pertenencia al orden distrital. Es por ello que se confirmará la sentencia del 29 de abril de 2021, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley

F A L L A:

PRIMERO. Confirmar la sentencia del 29 de abril de 2021, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, por las razones expuestas en la presente providencia.
SEGUNDO. Notifíquese a las partes y a los interesados por el medio más expedito y eficaz.

TERCERO. Por Secretaría General, envíese el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del presente documento:
HYPERLINK "http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador" http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
La Sala advierte que, el 19 de mayo de 2021, el expediente ingresó al despacho de la magistrada ponente, para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.
La demandante también consideró desconocidos los principios de seguridad jurídica, favorabilidad laboral e inescindibilidad de la ley.
Original de la cita: «Ver, entre otras, sentencia de 15 de septiembre de 2011, M.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila, rad. 25000-23-25-000-2008-00152-02 (0448-11)».
Sentencia del 31 de julio de 2012, expediente No. 2009-01328-01(IJ), M.P. María Elizabeth García González.
Ver, entre otras, las sentencias SU-917 de 2010 y SU-573 de 2017.
Corte Constitucional. Sentencia T-534 de 2017.
Corte Constitucional. Sentencia T-292 de 2006.
En efecto, de acuerdo con el artículo 189 CPACA.
Corte Constitucional. Sentencia T-292 de 2006.
Corte Constitucional. Sentencias SU-047 de 1999 y SU- 1300 de 2001.
Corte Constitucional. Sentencia SU-1300 de 2001. Ver también, entre otras, la sentencia SU-047 de 1999.
Corte Constitucional. Sentencia T-292 de 2006.
Una completa reconstrucción de esta línea jurisprudencial puede verse en la sentencia C-634 de 2011 de la Corte Constitucional.
Corte Constitucional. Sentencia T-960 de 2001.
Sobre el tema, ver entre otras, la sentencia T-482 de 2011.
Sobre el tema, la Corte Constitucional ha dicho: «la existencia de un precedente no depende del hecho de que se haya dictado una sentencia en la cual se contenga una regla de derecho que se estime aplicable al caso. Es necesario que se demuestre que efectivamente es aplicable al caso, para lo cual resulta indispensable que se aporten elementos de juicio –se argumente- a partir de las sentencias. Quien alega, tiene el deber de indicar que las sentencias (i) se refieren a situaciones similares y (ii) que la solución jurídica del caso (su ratio decidendi), ha de ser aplicada en el caso objeto de análisis. También podrá demandarse la aplicación del precedente, por vía analógica» (se destaca).
En relación con el derecho de apartamiento y los principios de transparencia y razón suficiente, ver, entre otras, las sentencias T-698 de 2004, T-794 de 2011 y T-364 de 2017 de la Corte Constitucional.
Para la Corte Constitucional, la ratio decidendi es «la formulación general, más allá de las particularidades irrelevantes del caso, del principio, regla o razón general que constituyen la base de la decisión judicial específica. Es, si se quiere, el fundamento normativo directo de la parte resolutiva». Ver, por ejemplo, la sentencia T-443 de 2010.
Expediente 11001-03-15-000-2018-04253-01, M.P. Nubia Margoth Peña Garzón.
Expediente 2014-0089-01, M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
Original de la cita: «Sentencia de 24 de julio de 2008, expediente 2004-02010-01 (2110-07), M.P. Gerardo Arenas Monsalve».
Original de la cita: «Sentencia de 15 de septiembre de 2016, expediente 2013-06310-01 (3633-14), M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez».
Si bien en 1994 se transformó en empresa industrial y comercial del estado, esa decisión fue declarada nula por el Consejo de Estado.

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