Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2021-01237-00
Consejo de Estado · Sección Cuarta
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2021-01237-00
Consejo de Estado · Sección Cuarta
Acción de tutela contra providencia judicial
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2021-01237-00
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 11001-03-15-000-2021-01237-00
Consejero ponente: Myriam Stella Gutiérrez Argüello
9 de julio de 2021
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / AUSENCIA DE DEFECTOS SUSTANTIVO Y POR VIOLACIÓN DIRECTA A LA CONSTITUCIÓN / NULIDAD ABSOLUTA DEL ACTO DE ADJUDICACIÓN / AUSENCIA DE DEFECTO POR DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE - Las sentencias que se alegan como desconocidas no constituyen precedente judicial / CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA
[L]a Sala anticipa que no se configuran los defectos alegados por el Consorcio Urbano 2009, comoquiera que los argumentos en que se sustentan, más que demostrar la posible vulneración o amenaza de sus derechos fundamentales, lo que hacen es dejar en evidencia su desacuerdo con la interpretación que hizo el juez natural de las normas procesales y providencias judiciales que conformaron la premisa jurídica para decidir las pretensiones de la demanda de controversias contractuales promovida por el Consorcio Urbano 2009, en contra del Instituto de Desarrollo Urbano -IDU y del Consorcio TMK Vial. (…) Se observa que la decisión de declarar la caducidad de la pretensión indemnizatoria derivada de la nulidad del acto de adjudicación estuvo sustentada en las normas procesales aplicables para tal fin, esto es: los artículos 87 y 136 del CCA, la jurisprudencia que le ha dado alcance y los hechos relevantes para decidir la excepción, como la fecha en que se expidió el acto administrativo de adjudicación, la fecha en la que suscribió el contrato y la de la radicación de la demanda en la jurisdicción de lo contencioso administrativo. (…) Frente al presunto desconocimiento de las sentencias de constitucionalidad C-221 de 1999 y C-1048 de 2001, la Sala observa que estas providencias fueron relacionadas y analizadas por la Subsección accionada con el propósito de establecer el alcance del presupuesto de legitimación en causa por activa en el caso concreto. (…) Los apartes expuestos dan cuenta de que las sentencias de constitucionalidad mencionadas en el escrito de tutela sí fueron tenidas en cuenta por la autoridad judicial accionada y a partir del análisis de su contenido fundamentó la decisión adoptada. De igual modo, la interpretación que hizo la autoridad judicial se estima ajustada al contenido de las decisiones de constitucionalidad y no se evidencia error ostensible o interpretación irrazonable que sugiera la concreción de un yerro en la sentencia acusada. (…) La autoridad judicial accionada también analizó el cargo expuesto en el recurso de apelación en el que se discutió si el Consorcio tenía interés directo. Este cargo, que se reiteró en la acción de tutela en los mismos términos, fue analizado y descartado en el acápite 3.2.3. de la sentencia del 6 de noviembre de 2020. Análisis que se hizo atendiendo a las pruebas del proceso y aplicación del marco jurídico pertinente, por lo que su reiteración en sede de tutela evidencia que los accionantes pretenden promover una instancia adicional en la cual discutir sus desacuerdos con la decisión que no les favorece, pero que en realidad no existe un escenario de vulneración de derechos fundamentales.
FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 86 / DECRETO 2591 DE 1991 – ARTÍCULO 1 / C.C.A – ARTILUCULO 87 / C.C.A – ARTÍCULO 136
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
Consejera ponente: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá D.C., nueve (9) de julio de dos mil veintiuno (2021)
Radicación número: 11001-03-15-000-2021-01237-00(AC)
Actor: CONSORCIO URBANO 2009
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA- SUBSECCIÓN A
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sección Cuarta, decidir en primera instancia la acción de tutela instaurada por el Consorcio Urbano 2009 de conformidad con lo dispuesto por el Decreto 1983 de 2017.
ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 25 de marzo de 2021, el Consorcio Urbano 2009, por conducto de apoderado judicial, presentó acción de tutela contra la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado. Estimó vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia al proferir la sentencia del 6 de noviembre de 2020, dentro del proceso de controversias contractuales Nro. 25000-23-26-000-2010-00044-00. En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
“PRIMERA: Tutelar el Derecho Fundamental al DEBIDO PROCESO y, consiguientemente, los Derechos igualmente Fundamentales a la DEFENSA, a la CONTRADICCIÓN, a la DOBLE INSTANCIA y al ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA de los cuales es titular el accionante respecto de la actuación judicial que dio como resultado la expedición de la sentencia judicial fechada en noviembre 6 de 2020, radicación 25000232600020100004401, por medio de la cual se ordenó “DECLARAR la caducidad de la acción, para obtener la indemnización de los perjuicios originados en la supuesta ilegalidad de la Resolución 5921 del 30 de diciembre de 2008, expedida por el IDU”, así como “NEGAR las demás pretensiones de la demanda”
SEGUNDA: Dejar sin efectos la sentencia judicial fechada en noviembre 6 de 2020, radicación 25000232600020100004401, por medio de la cual la Subsección A de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado se ordenó “DECLARAR la caducidad de la acción, para obtener la indemnización de los perjuicios originados en la supuesta ilegalidad de la Resolución 5921 del 30 de diciembre de 2008, expedida por el IDU”, así como “NEGAR las demás pretensiones de la demanda”.
TERCERA: Declarar que no operó el fenómeno jurídico de la CADUCIDAD para el caso concreto y, en consecuencia, ORDENAR revisar de fondo el caso de cara a las alegaciones presentadas en la apelación contra la sentencia de primera instancia.
CUARTA: Las demás que se consideren procedentes y/o pertinentes para asegurar la efectividad de los derechos Constitucionales de los cuales es titular mi poderdante.”
2. Hechos
En el expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
2.1. El 4 de febrero de 2010, el CONSORCIO URBANO 2009, presentó demanda de controversias contractuales, contra el Instituto de Desarrollo Urbano -IDU y contra el CONSORCIO TMK VIAL.
El consorcio demandante afirmó que tiene un interés directo en la nulidad absoluta del contrato porque presentó la mejor propuesta, y añadió que, al estar acreditadas varias causales de rechazo de la propuesta del Consorcio adjudicatario, se impone la declaratoria de ilegalidad del acto de adjudicación y, a su turno, la nulidad absoluta del contrato junto con el restablecimiento del derecho que ello implica a su favor.
2.2. En sentencia del 18 de abril de 2013, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera - Subsección B negó las pretensiones de la demanda, porque no encontró probadas las causales de rechazo que fueron invocadas por la parte actora y resaltó que la propuesta formulada por los actores no era la mejor, en atención al porcentaje de participación de Mipymes, ya que estaba en un lugar de elegibilidad posterior al consorcio CCU; sostuvo que el hecho de que este último fuera adjudicatario de forma posterior del grupo 4, no conduce a ubicar de manera automática en segundo lugar al consorcio URBANO 2009 en el grupo 1, toda vez que no tenía el mayor porcentaje de participación de Mipyme.
Los demandantes apelaron la decisión de primera instancia.
2.3. En instancia de apelación, la Sección Tercera, Subsección A del Consejo de Estado mediante sentencia del 6 de noviembre de 2020 modificó la decisión de primera instancia para, en su lugar, declarar la caducidad de la acción en relación con la indemnización de perjuicios derivados de la Resolución 5921 del 30 de diciembre de 2008 -acto administrativo de adjudicación-, expedida por el IDU y negó las demás pretensiones de la demanda.
Como fundamento de su decisión expuso los siguientes argumentos que fueron ampliamente desarrollados en la sentencia:
“(…) como corolario de todo lo expuesto, se concluye que i) el restablecimiento solicitado en el sub examine no está llamado a prosperar, por cuanto la acción está caducada en este aspecto, como se manifestó en el numeral 3.2.1. de esta providencia; (ii) al verificarse que el interés directo del demandante se situó exclusivamente en el acto de adjudicación, y no existió un interés directo distinto dirigido a la nulidad del contrato, no se accederá a la revocatoria de la sentencia de primer grado; y (iii) la Sala constató que, en todo caso, el demandante no podía haber sido adjudicatario del proceso de selección, dado que ocupó el tercer lugar bajo los criterios de desempate y, por ende, no resultaba ser la mejor y más ventajosa de las propuestas, careciendo entonces de legitimación material para haber promovido tal pretensión.
En línea de lo expuesto, la Sala modificará la sentencia de primera instancia, para declarar la caducidad de la acción, en relación con las pretensiones indemnizatorias y negar las demás súplicas de la demanda, de conformidad con las razones aducidas en esta providencia.”
3. Fundamentos de la acción
3.1. La parte accionante considera que la sentencia emitida por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado incurrió en defecto sustantivo al declarar la caducidad de la acción contractual a partir de una interpretación restrictiva y rígida del artículo 87 del Código Contencioso Administrativo -CCA.
Recordó que el Tribunal de primera instancia acogió la interpretación más favorable del artículo 87 del CCA, por lo que no es de recibo que en segunda instancia se cambie la postura frente a la caducidad, para aplicar una tesis restrictiva.
A más de lo anterior, considera que la tesis de caducidad acogida por la autoridad judicial accionada desconoce el precedente constitucional relativo a la exequibilidad del artículo en comento que no condicionó su interpretación, por lo que debe interpretarse de manera que garantice el acceso a la administración de justicia. También alegaron desconocido el precedente contencioso administrativo contenido en la providencia del 13 de junio de 2011, vigente al momento de interposición de la demanda, en la que se indicó “(…) si el contrato adjudicado se suscribe antes del vencimiento de los treinta días señalados para la caducidad de las acciones de nulidad y nulidad y restablecimiento del derecho de los actos previos, o vencido este término, quien esté legitimado para impugnarlos, sólo podrá hacerlo como fundamento de la nulidad del contrato, es decir en ejercicio de la acción contractual y dentro del término de caducidad de dos años previsto en el art. 136 del C.C.A para las acciones contractuales”.
A juicio del actor este cambio abrupto de tesis en la segunda instancia afectó los derechos fundamentales del consorcio demandante al debido proceso y acceso a la justicia material.
3.2. De otra parte, los accionantes expusieron que la argumentación de la Sala de decisión accionada para declarar la falta de legitimación material del Consorcio Urbano 2009, desconoció las sentencias C-221 de 1999, C-1048 de 2001 y C-712 de 2005. Recordó que en estas providencias la Corte Constitucional declaró la exequibilidad sin condicionamientos del artículo 87 del CCA, por lo que considera arbitraria la determinación de la accionada derivar de esta misma disposición una condición de legitimación por activa que no trajo la Corte.
En esa vía, concluyó que la decisión de restringir la legitimación material de la demanda al interés del oferente que debió ser escogido, desconoce el precedente constitucional, para aplicar una interpretación subjetiva de la norma. Actuación ésta que redunda en la afectación de los derechos fundamentales de la parte actora.
En todo caso, recordó que el Consorcio demandante no solo participó en el proceso de selección, sino que, demostró que de no haber sido adjudicado el contrato al Consorcio TMK VIAL, el adjudicatario hubiera sido el Consorcio Urbano 2009, dado que presentó la mejor oferta.
3.3. Dadas las razones expuestas, estima que es claro que la motivación de la sentencia del 6 de noviembre de 2020 incurrió en violación directa a la Constitución en tanto afectó los derechos fundamentales del consorcio al debido proceso y acceso a la administración de justicia.
Trámite impartido e intervenciones
En auto del 16 de abril de 2021, el despacho ponente admitió la acción de tutela; ordenó notificar a las partes y vinculó, en calidad de terceros, a las sociedades KHB Ingeniería Ltda., Tecniconsulta S.A. y a Maquinaria, Ingeniería y Construcción S.A.S – MAINCO S.A.S, integrantes del Consorcio TMK Vial; y al Instituto de Desarrollo Urbano - IDU, quienes actuaron como demandados en el proceso ordinario y al Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera quien profirió la sentencia de primera instancia dentro del proceso de controversias contractuales con radicado Nro. 25000-23-26-000-2010-00044-00.
Asimismo, el despacho ofició a la Secretaría de la Sección Tercera del Consejo de Estado y a la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, para que quien tuviera a disposición el expediente ordinario, (i) notificara la existencia de esta acción a la sociedad Maquinaria, Ingeniería y Construcción S.A.S. – MAINCO S.A.S., que actúo como parte dentro del proceso ordinario; y (ii) remitiera el expediente en medio digital y en el término de dos (2) días para que forme parte de la acción de tutela de la referencia.
La secretaria de la Sección Tercera del Consejo de Estado allegó oficio OFI-0274-2021-SMD del 22 de mayo de 2021. En el documento informó la remisión a la Secretaría General de la Corporación, en calidad de préstamo, del expediente físico Nro. 25000-23-26-000-2010-00044-00/01, pero no adelantó la gestión referida a notificar a MAINCO S.A.S. de la existencia de esta acción de tutela, de conformidad con lo ordenado en el auto del 12 de mayo de 2021.
El expediente físico de la acción contractual Nro. 25000-23-26-000-2010-00044-00/01 subió a despacho el 31 de mayo de 2021. Ese mismo día, el despacho sustanciador profirió auto en el que dispuso que se surtiera la notificación de MAINCO S. A. S. a la dirección física que aparecía registrada en el certificado de existencia y representación legal de la sociedad, visible a folios 179 y 208 del expediente. Asimismo, dispuso que se fijara edicto en la página web del Consejo de Estado y de la Rama Judicial a efectos de materializar la notificación pendiente.
La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por conducto del ponente de la providencia que se cuestiona, presentó una pretensión principal y una subsidiaria en relación con la demanda de tutela. La principal apunta a que se declare la improcedencia de la acción de tutela, porque no tiene relevancia constitucional. Considera que no están cumplidos los requisitos desarrollados por la Sala Plena del Consejo de Estado, para concluir que la solicitud de amparo tiene relevancia, comoquiera que la carga argumentativa no evidencia un real escenario de vulneración de derechos fundamentales sino el desacuerdo con los argumentos expuestos por la autoridad judicial accionada. En esa vía, expone que la acción de tutela se instauró para procurar una instancia adicional para exponer los desacuerdos de la parte demandante con una decisión que no le favorece.
Como argumento subsidiario, expuso que la decisión que se cuestiona se adoptó con conocimiento y apego al marco jurídico aplicable y a la jurisprudencia que le ha dado alcance. Frente al cargo por caducidad, explicó que “como la demanda se presentó por fuera de los 30 días de que trata el aludido artículo 87 del CCA –en específico, el libelo introductorio se impetró 13 meses después de la expedición del acto de adjudicación– se indicó que no procedía el restablecimiento pedido como consecuencia de la nulidad del acto previo, dado que frente al mismo había operado la caducidad de la acción.” En esa medida, concluyó que mal podría considerarse que, habiendo operado la caducidad del acto previo, se permitiera revivir la oportunidad en ejercicio de la acción contractual.
Agregó que, contrario a lo indicado por el actor, la providencia que se acusa está en concordancia con las sentencias C-1084 de 2001 de la Corte Constitucional y con la sentencia del 18 de abril de 2013 del Consejo de Estado.
Relativo a la alegada restricción de la legitimación en causa por activa, recordó que en la providencia acusada se estableció con claridad y suficiencia en qué consiste el interés directo que deben acreditar los terceros para solicitar la nulidad absoluta de un contrato. En resumen, “sólo está en cabeza del proponente vencido, es decir, quien debiendo ser escogido, no lo fue, de manera que si en el proceso judicial se advierte que la propuesta de este último no era la mejor para la administración, se torna forzoso aseverar que carecía de interés para impugnar la legalidad del contrato estatal, en la medida que no acudió a la jurisdicción en aras de obtener un pronunciamiento general y abstracto sobre la consonancia del acto previo con el ordenamiento jurídico, sino que pretendió el restablecimiento de su situación particular por considerarla lesionada con la supuesta trasgresión emanada del acto administrativo de adjudicación.”
El Instituto de Desarrollo Urbano -IDU, por conducto del director Técnico de Gestión Judicial, solicitó que se nieguen las pretensiones de la demanda, ya que la sentencia acusada no incurrió en vulneración alguna de los derechos fundamentales de la parte actora. Recordó que la caducidad de la acción y la falta de legitimación en causa por activa fueron asuntos discutidos desde la contestación de la demanda por el IDU y que merecía ser analizado en la segunda instancia.
En relación con el alegado desconocimiento del precedente y las supuestas interpretaciones que derivan del artículo 87 para contabilizar la caducidad, precisó que no se trata de opciones de cómputo sino de situaciones y la Sala de decisión accionada explicó las razones por las que el caso objeto de análisis se enmarcaba en la tercera hipótesis, análisis del que no deriva defecto alguno.
Finalmente, señaló que el análisis de la legitimación en causa que hace la accionada en sentencia del 6 de noviembre de 2020, se acompasa con las particularidades del caso concreto y la jurisprudencia contenciosa pertinente.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y reglamentada por el Decreto 2591 de 1991, fue concebida como un mecanismo para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales, ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo, es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
La acción de tutela contra providencias judiciales de altas Corporaciones
La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales, y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales y especiales que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se deben reunir todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o requisitos especiales de la acción.
De manera pacífica y reiterada, la jurisprudencia constitucional ha indicado que cuando se interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen de los requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para no desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad, cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido proceso.
Por lo anterior, la procedencia de la acción contra providencias judiciales exige un mayor rigor en la fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia judicial objeto de tutela y el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe restringirse únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes en el proceso.
Cuando por vía de tutela se cuestiona una providencia judicial proferida por la Corte Suprema de Justicia o por el Consejo de Estado, la procedencia de la acción de amparo es más restrictiva debido a que estas corporaciones son las encargadas de unificar la jurisprudencia en sus respectivas jurisdicciones. Por ende, los principios de autonomía e independencia judicial adquieren mayor relevancia. Es así que, la Corte Constitucional ha indicado que, como presupuesto adicional para admitir la procedencia de la acción de tutela, la providencia judicial atacada debe contener un error ostensible, manifiesto y flagrante que riña de manera directa con la Constitución Política y que justifique la intervención del juez constitucional.
Según lo anterior, en los eventos en que por vía de tutela se cuestione una providencia proferida por una alta corporación, corresponde al juez de tutela verificar el cumplimiento de: i) los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales; ii) la existencia de una o varias causales especiales de procedibilidad; y iii) la configuración de un defecto en la providencia judicial acusada que haga que esta riña de manera abierta con la Constitución Política y sea incompatible con la jurisprudencia constitucional.
Planteamiento del problema jurídico
Corresponderá a la Sala establecer si al proferir la sentencia del 6 de noviembre de 2020, el Consejo de Estado, Sección Tercera- Subsección A, incurrió en defecto sustantivo, en defecto por desconocimiento del precedente y en defecto por violación directa a la Constitución, porque el estudio de la caducidad de la acción y de la legitimación en causa por activa se adelantó -según el Consorcio accionante- al margen del precedente judicial pertinente y porque el ad quem del proceso ordinario procedió con aplicación rígida de las normas procedimentales y sustanciales aplicables al caso.
Alcance de los defectos alegados
4.1. El defecto sustantivo es aquel vicio relacionado con la interpretación y aplicación de las disposiciones que integran el ordenamiento jurídico, que tiene una incidencia directa en la decisión y del que se puede predicar que de forma directa y autónoma lesiona los derechos fundamentales.
De esta forma, la jurisprudencia constitucional ha considerado este defecto se produce cuando el juez toma una decisión con fundamento en normas inexistentes, inconstitucionales o inaplicables al caso, lo que genera una contradicción evidente entre los fundamentos y la decisión. Igualmente, puede presentarse cuando se interpreta una disposición en forma incompatible con las circunstancias fácticas y, por tanto, la interpretación dada por el juez resulta a todas luces improcedente. En estos casos, la jurisprudencia ha sido enfática en predicar que no cualquier interpretación inadecuada puede considerarse vulneradora del derecho al debido proceso, sino que esta debe ser abiertamente arbitraria y carecer de razonabilidad.
En atención a lo anterior, si bien el juez ordinario goza de autonomía e independencia para interpretar y aplicar las disposiciones del ordenamiento jurídico, el ejercicio de estas potestades no puede ser caprichoso.
4.2. El precedente judicial alude a que un caso similar ya ha sido resuelto en el pasado y sirve como referente para que se decidan otros conflictos semejantes. Ese precedente, por su pertinencia, debe ser considerado por el juez al momento de decidir el nuevo caso. Por lo anterior, la aplicación del precedente busca armonizar y salvaguardar los principios de igualdad y seguridad jurídica para que asuntos idénticos se decidan de la misma forma y, consecuentemente, se garantice el debido proceso del ciudadano.
La Corte Constitucional ha sostenido que la aplicación del precedente judicial implica que, “…un caso pendiente de decisión debe ser fallado de conformidad con el(los) caso(s) del pasado, sólo (i) si los hechos relevantes que definen el caso pendiente de fallo son semejantes a los supuestos de hecho que enmarcan el caso del pasado, (ii) si la consecuencia jurídica aplicada a los supuestos del caso pasado, constituye la pretensión del caso presente y (iii) si la regla jurisprudencial no ha sido cambiada o ha evolucionado en una distinta o más específica que modifique algún supuesto de hecho para su aplicación”.
Para la Sala, puede plantearse la transgresión del precedente si se demuestra: (i) la existencia de una o varias decisiones judiciales que guardan identidad fáctica y jurídica con el caso en que se solicita su aplicación; (ii) que tales decisiones eran vinculantes para la autoridad judicial demandada, tanto por ser el precedente vigente, como por tener la fuerza vinculante suficiente; (iii) que la decisión judicial que se cuestiona en sede de tutela es contraria al precedente vinculante, (iv) y que el juez de instancia no presentó una justificación razonable para apartarse del precedente vinculante.
El desconocimiento del precedente constitucional es una causal autónoma y específica de procedibilidad, que se configura, entre otros motivos: (i) cuando se contraría la ratio decidendi de sentencias de constitucionalidad y/o (ii) cuando se desconoce el alcance de los derechos fundamentales fijado a través de la ratio decidendi de sus sentencias de tutela, mucho más cuando se trata de sentencias de unificación.
El defecto por violación directa de la Constitución se estructura cuando el juez ordinario adopta una decisión que desconoce la Carta Política, ya sea porque (i) deja de aplicar una disposición ius fundamental a un caso concreto; o porque (ii) aplica la ley al margen de los dictados de la Constitución.
En el primer caso, la Corte ha dispuesto que procede, cuando: a) en la solución del caso se dejó de interpretar y aplicar una disposición legal de conformidad con el precedente constitucional, b) se trata de un derecho fundamental de aplicación inmediata y c) el juez en sus resoluciones vulneró derechos fundamentales y no tuvo en cuenta el principio de interpretación conforme con la Constitución.
En el segundo evento, la jurisprudencia ha afirmado que el juez debe tener en cuenta en sus fallos que, con base en el artículo 4º de la C.P, la Constitución es norma de normas y que en todo caso en que encuentre, deduzca o se le interpele sobre una norma que es incompatible con la Constitución, debe aplicar las disposiciones constitucionales con preferencia a las legales mediante el ejercicio de la excepción de inconstitucionalidad.
5. Análisis del caso concreto
5.1. Descendiendo al caso concreto, la Sala anticipa que no se configuran los defectos alegados por el Consorcio Urbano 2009, comoquiera que los argumentos en que se sustentan, más que demostrar la posible vulneración o amenaza de sus derechos fundamentales, lo que hacen es dejar en evidencia su desacuerdo con la interpretación que hizo el juez natural de las normas procesales y providencias judiciales que conformaron la premisa jurídica para decidir las pretensiones de la demanda de controversias contractuales promovida por el CONSORCIO URBANO 2009, en contra del Instituto de Desarrollo Urbano -IDU y del CONSORCIO TMK VIAL.
5.2. Para evidenciar lo anterior, es importante hacer un recuento de los argumentos expuestos por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado para fundamentar la decisión de declarar la caducidad de la pretensión indemnizatoria por la supuesta ilegalidad de la Resolución 5921 del 30 de diciembre de 2008 (acto administrativo de adjudicación) y negar las demás pretensiones de la demanda.
Téngase en cuenta que en el caso objeto de estudio, la demanda se presentó en vigencia del Decreto 01 de 1984 y, como hecho relevante frente al cómputo de caducidad de la acción, se relacionaron los siguientes: la adjudicación del concurso público IDU-CM-DG-013-2008 en el grupo 1 se realizó por medio de Resolución 5921 del 30 de diciembre de 2008 y el contrato de interventoría, se celebró el 31 de diciembre de ese año. De otra parte, la demanda se radicó el 4 de febrero de 2010.
En esa línea, la Subsección accionada dijo que de conformidad con el artículo 87 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 32 de la Ley 446 de 1998, los actos administrativos previos a la celebración del contrato deben cuestionarse en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho dentro de los 30 días siguientes a su comunicación, notificación o publicación; pero, una vez celebrado el contrato, la ilegalidad de los actos previos únicamente puede invocarse como fundamento de la nulidad del contrato.
Para establecer el alcance del artículo 87 y 136 del CCA, cuando, en virtud de la celebración del contrato estatal, procede la acumulación de las pretensiones relacionadas con la ilegalidad de los actos previos y la nulidad absoluta del contrato, la autoridad judicial accionada acudió a la sentencia emitida el 29 de enero de 2014 (Exp. 350.250) por la Sección Tercera del Consejo de Estado, en la que explicó tres escenarios sobre las acciones que pueden impetrarse en contra de los actos previos a la celebración del contrato.
Frente al caso concreto, la accionada estimó pertinente aplicar el tercer escenario, que en la providencia que acogió se explicó en los siguientes términos:
(…)
“La tercera hipótesis corresponderá a los eventos en los cuales la entidad estatal y el adjudicatario proceden a celebrar el contrato estatal antes de que expire el término de los 30 días siguientes a la notificación, comunicación o publicación del acto de adjudicación, según fuere el caso, sin que para esa fecha el proponente vencido hubiere ejercido la correspondiente acción de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del acto previo, situación que si bien determina que el interesado ya no podrá ejercer la mencionada acción de nulidad y restablecimiento del derecho, la ley expresamente le dejó abierta la opción para ejercer válidamente la acción contractual, dentro de la cual deberá pretender la nulidad del contrato estatal y la declaratoria de ilegalidad de los actos previos, pretensión que –según ya se indicó– incluso servirá de fundamento para que prospere aquella de nulidad del contrato, con la anotación de que en estos casos y siempre que la acción contractual se ejerza dentro del mencionado término de 30 días, el interesado también estará legitimado para solicitar el restablecimiento de los derechos que le fueron desconocidos como resultado de la indebida adjudicación, puesto que resultaría ilógico y contrario a los más elementales conceptos de justicia y de equidad, que se asumiere que dicho interesado no pudiere ya formular pretensiones económicas o resarcitorias dentro de la acción contractual que será la única que en este caso tendrá a su disposición, aunque la ejerza dentro del plazo que inicialmente se le fijó para la acción de nulidad y restablecimiento del derecho cuya desaparición sobrevino por razón de la celebración del correspondiente contrato estatal.
“Ahora bien, si en el marco de esta tercera eventualidad se ejerce la correspondiente acción contractual con posterioridad al vencimiento de los mencionados 30 días siguientes a la notificación, comunicación o publicación del acto de adjudicación, según fuere el caso, necesariamente habrá de concluirse de nuevo que en este específico contexto las únicas pretensiones que podrían abrirse paso serán (sic) aquellas encaminadas a obtener las correspondientes declaratorias de nulidad del acto administrativo previo de adjudicación y la consiguiente o consecuencial nulidad absoluta del contrato, sin que resulte posible para el Juez de lo Contencioso Administrativo considerar y menos aún estimar las pretensiones económicas resarcitorias del restablecimiento del derecho por la no adjudicación del contrato estatal correspondiente” (Subraya la Sala)
Bajo ese escenario fáctico y jurídico, la Subsección A de la Sección Tercera de esta Corporación, concluyó:
(…)
“En el marco de lo expuesto, como el contrato se celebró antes del cumplimiento de los 30 días siguientes a la notificación del acto de adjudicación, el caso que se estudia se ubica en la tercera hipótesis reseñada en la jurisprudencia de esta Corporación; por tanto, la acción procedente para procurar la nulidad del acto de adjudicación y del negocio jurídico derivado de aquél era la contractual, como ocurrió en el sub judice; así, y dado que la demanda se interpuso vencidos los 30 días antes mencionados, comoquiera que se presentó 13 meses después de la expedición del acto de adjudicación, se concluye que las pretensiones incoadas para reclamar el restablecimiento patrimonial de los derechos aducidos por el demandante no estaban disponibles para ser esgrimidas en procura de obtener un resarcimiento económico.
En este orden de ideas, la Sala pasa a analizar las pretensiones encaminadas a obtener la declaratoria de nulidad absoluta del contrato, por cuanto esta fue instaurada dentro del plazo de caducidad de dos años previsto en el artículo 136 del C.C.A., para lo cual se hace necesario reparar sobre los siguientes aspectos (…)” (Subraya la Sala)
Descartada como quedó la pretensión indemnizatoria, la accionada siguió con el estudio de la pretensión de nulidad absoluta del contrato que sí fue interpuesta en oportunidad.
El primer aspecto que analizó fue el interés directo, serio y legítimo de la parte actora como condición de la legitimación en causa por activa. Al respecto indicó, en resumen, que solo está en cabeza del proponente vencido, esto es, “quien debiendo ser escogido no lo fue”, esto implica que, si la propuesta de quien demanda no era la mejor, entonces carecía de interés para demandar la legalidad del contrato estatal. Como fundamento de la anterior afirmación, la autoridad judicial accionada acudió a la clásica división entre la legitimación formal y la legitimación material. Recordó que la primera, emana en el momento en que se traba el litigio, según quienes componen los extremos del proceso, mientras que la segunda requiere que exista una relación real entre la parte demandante, para este caso, y la pretensión que se formula. En ese contexto, indicó:
“En estas condiciones, la nulidad absoluta del contrato con fundamento en la ilegalidad del acto de adjudicación, exige al tercero que la pretensión de restablecimiento del derecho se soporte en la existencia real y verificable de un interés directo que, en estos casos, no es otro que la acreditación de haber sido la mejor propuesta; lo anterior se explica bajo el juicio de incidencia o repercusión en los derechos que se aducen vulnerados y en función del interés del actor situado en el restablecimiento que pretende, concretando así la legitimación material en la causa que es exigida.
Sin embargo, cuando ya no es discutible un beneficio patrimonial o negocial, por haberse presentado la demanda por fuera del término de los 30 días frente a los actos previos en sede contractual, como en el caso sub judice, habrá de señalarse que ese tercero no está habilitado ni siquiera para proponer la pretensión anulatoria, en tanto carece del interés subjetivo que la ley exige para ello.
En consecuencia, la nulidad absoluta del contrato sólo estará disponible cuando ese tercero u otros terceros, acrediten un interés directo distinto al que proviene de la causal de nulidad de los actos previos, pues, se reitera, en tales casos ya el plazo para un restablecimiento quedó agotado; así las cosas, la nulidad del contrato será susceptible de análisis judicial, si existen otras causales que puedan dar lugar a su declaratoria o, como antes se indicó, siempre que el tercero logre acreditar un interés distinto al del restablecimiento, que tenga trascendencia jurídica, y capacidad para repercutir de cualquier modo en la situación de ese tercero demandante.”
Dicho esto, la accionada también procedió a analizar el cargo expuesto en el escrito de apelación, en el que el consorcio demandante asevera que tiene un interés serio y directo en el proceso dado que participó en un concurso de méritos, con lista multiusos de 6 grupos y con la posibilidad de ser adjudicatario de máximo 1 contrato por oferente. Recordó que el proponente ubicado en el segundo orden de elegibilidad del grupo 1, resultó adjudicatario del grupo 4, razón por la cual se convirtió, al ocupar el tercer orden, en el legitimado para demandar la nulidad absoluta del contrato, con fundamento en la ilegalidad de la resolución que adjudicó el grupo 1.
La Subsección accionada descartó la prosperidad de este cargo a partir de tres argumentos, dos principales y uno subsidiario, que se exponen en ese orden: (i) “el actor no formuló dentro de los 30 días siguientes a la notificación del acto de adjudicación la demanda de que trata el asunto de la referencia, lo cual conduce a afirmar que carece entonces de interés directo de cara al beneficio económico planteado en su demanda –lo que a su turno veda el curso de una pretensión llana de nulidad absoluta (…)”; “(ii) al verificarse que el interés directo del demandante se situó exclusivamente en el acto de adjudicación, y no existió un interés directo distinto dirigido a la nulidad del contrato, no se accederá a la revocatoria de la sentencia de primer grado; y (iii) la Sala constató que, en todo caso, el demandante no podía haber sido adjudicatario del proceso de selección, dado que ocupó el tercer lugar bajo los criterios de desempate y, por ende, no resultaba ser la mejor y más ventajosa de las propuestas, careciendo entonces de legitimación material para haber promovido tal pretensión.”
En relación con el último argumento, se destacan las principales razones que lo fundamentaron, así:
“En relación con este grupo, al sumar todos los factores –experiencia específica del proponente, formación y experiencia del personal clave y protección a la industria nacional- se concluyó que 11 proponentes se ubicaban en el primer orden de elegibilidad, razón por la cual el IDU aplicó el criterio de desempate dispuesto en el numeral 3.9 del pliego de condiciones y con base en ello decidió adjudicar el grupo 1 al consorcio TMK VIAL, por tener mayor porcentaje de participación de Mipyme -60%-, en relación con los otros oferentes.
Posteriormente, la entidad contratante procedió a adjudicar el grupo 4 –distrito de conservación sur-, para lo cual también tuvo que aplicar el mismo criterio de desempate y en atención a éste concluyó que el adjudicatario era el consorcio CCU, por acreditar un mayor porcentaje de participación como Mipyme -55%-. (…)
Para el efecto, se destaca que el Legislativo, en cumplimiento del mandato constitucional dado al Estado, en aras de estimular y fortalecer el desarrollo empresarial, como fundamento del progreso social, expidió las Leyes 590 de 2000 y 905 de 2004, las cuales tienen por objeto propender por la creación y mantenimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas, dada su aptitud y potencial para la creación de empleo en las regiones y el fortalecimiento de la capacidad productiva de los colombianos. (…)
En este orden de ideas, los anteriores eran los parámetros que debían seguir las unidades de explotación económica para tener la condición de Mipymes; por ende, todos aquellos proponentes que demostraran ese carácter podrían ser beneficiarios de la aplicación de los criterios de desempate del concurso de méritos IDU-CM-DG-013-2008, cuando a ello hubiera lugar.
Con este contexto normativo, la Sala no comparte la postura de la parte actora, sobre la exigencia de que la empresa debe tener al menos 1 año de constitución para que pueda participar como Mipyme –para lo cual se refiere a las previsiones del artículo 12 de la Ley 1150 de 2007– toda vez que esa interpretación no se acompasa con lo previsto en el referido artículo, ni a lo exigido en los pliegos. (…)
De modo que, para el caso que acá se estudia, no resultaban aplicables los requerimientos de Mipymes de que trata el artículo 12 de la Ley 1150 de 2007, por cuanto el concurso de méritos IDU-CM-DG-013-2008 no se enmarca en una convocatoria dirigida a la promoción del desarrollo en los términos del artículo acabado de nombrar, esto es, para participar en un proceso de selección dirigido exclusivamente a Mipymes; por ende, al no referirse a un procedimiento limitado a las Mipymes departamentales, regionales o locales de su lugar de ejecución, no es procedente exigir los supuestos específicos establecidos para estos casos, entre ellos, la demostración de al menos 1 año de existencia.
Pues bien, en el expediente está acreditado que el consorcio TMK VIAL tuvo el mayor porcentaje de participación de Mipyme –60%–, razón por la que fue adjudicatario, seguido por el consorcio CCU donde la mayor participación de uno de sus integrantes fue del 55%; y en tercer lugar quedó el consorcio URBANO 2009 cuya contribución ascendía al 50%, lo cual significa que, en aplicación del criterio de desempate antes transcrito, el consorcio CCU se ubicaba en un mejor orden de elegibilidad que el consorcio URBANO 2009, quien funge como demandante.
Es cierto que el consorcio CCU fue adjudicatario del grupo 4, pero también lo es que esa adjudicación ocurrió después de la asignación del grupo 1, por la cual se demanda en el sub examine; por tanto, no es cierto que el actor tuviera un lugar preferente en el orden de selección de ofertas, pues, para el momento de la adjudicación, el llamado a ser el proponente ganador, si no se hubiese escogido al consorcio TMK VIAL, era el consorcio CCU, por tener un mayor porcentaje de participación de Mipyme, y era en ese momento, el de la adjudicación, donde corresponde hacer el análisis, y no frente a eventos subsiguientes y posteriores al mismo.
En estos términos, no es de recibo sustentar el interés alegado con base en escenarios ajenos al acto de adjudicación demandado, pues lo cierto es que, para el momento de la adjudicación, el segundo orden de elegibilidad era ocupado por el consorcio CCU y, además, en ese instante no se podía prever que iba a resultar ganador del grupo que se evaluó con posterioridad.
En conclusión, en el evento en que no se seleccionara al consorcio TMK VIAL, bajo la perspectiva de la actora, ello no comportaba que el consorcio URBANO 2009 ascendiera al primer puesto en el orden de elegibilidad, pues ocupó el tercer lugar bajo los criterios de desempate y, por ende, no resultaba ser la mejor y más ventajosa de las propuestas en el concurso de méritos que se estudia; los insumos probatorios demuestran que existía una propuesta, la del consorcio CCU, que la superaba en el mencionado orden, por lo que, en suma, la parte demandante no acreditó que su propuesta fuese la más favorable para la administración, careciendo, en consecuencia, del interés directo y subjetivo exigido bajo la acción promovida.”
5.3. Establecido lo anterior, se tiene que la sentencia acusada - proferida el 6 de noviembre de 2020 - estuvo debidamente fundamentada, y que los argumentos expuestos en la acción de tutela se traducen en simple inconformidad con (i) la interpretación normativa que aplicó el juzgador para decidir lo relativo a la caducidad de la acción y la legitimación en causa por activa del Consorcio Urbano 2009, y con (ii) las providencias que fueron relacionadas como sustento de su argumentación.
Se observa que la decisión de declarar la caducidad de la pretensión indemnizatoria derivada de la nulidad del acto de adjudicación estuvo sustentada en las normas procesales aplicables para tal fin, esto es: los artículos 87 y 136 del CCA, la jurisprudencia que le ha dado alcance y los hechos relevantes para decidir la excepción, como la fecha en que se expidió el acto administrativo de adjudicación, la fecha en la que suscribió el contrato y la de la radicación de la demanda en la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
La accionada procedió con la interpretación de las disposiciones normativas que consagran la caducidad en ejercicio de las competencias que le otorga su investidura de juez de la República y de órgano de cierre de la jurisdicción contencioso administrativo, cumpliendo con las exigencias de motivación y acogiendo el marco jurídico que estimó pertinente. En esa vía dado que la interpretación de las leyes es una cuestión de mera legalidad que corresponde adelantar al juez de la causa dentro del ejercicio legítimo de su autonomía e independencia y que al tratarse de un órgano de cierre el respeto de estos principios cobra mayor relevancia; es claro que, no es procedente la intromisión del juez de tutela con miras a indicar según su criterio cual es la correcta aplicación de la norma procesal ni menos aún exigir que acoja la interpretación sugerida por el accionante.
5.4. Adicional a lo anterior, debe indicarse que en la providencia que extraña el actor (Exp. 19.936), se estudió una demanda de simple nulidad y en ella el problema jurídico que abordó la Sección Tercera del Consejo de Estado y frente a la cual unificó su postura refiere a ¿si el acto administrativo de adjudicación es susceptible de ser demandado a través del contencioso de simple nulidad? Cuestión que fue resuelta de manera negativa.
La Sección Tercera en pleno expuso que en el caso, “se impone aceptar que la interpretación que en oportunidad precedente había hecho la Sala, en el sentido de que el acto de adjudicación del contrato es susceptible de ser demandado por cualquier persona interesada solamente en el restablecimiento de la legalidad, ampliaba sin soporte normativo la procedencia del contencioso objetivo de anulación a este evento, para en cambio precisar que el enjuiciamiento del citado acto solo procede, en los términos del artículo 77 de la Ley 80 de 1993, a través del contencioso subjetivo de anulación.”
Como se observa, la regla jurídica que se creó en esta sentencia no atiende al término de caducidad para reclamar los perjuicios derivados del acto de adjudicación, por lo que no se erige como precedente para decidir el caso concreto.
5.5. La misma argumentación aplica frente al cargo contra la decisión de declarar la falta de legitimación en causa por activa, pues la conclusión allí expuesta está debidamente sustentada en el marco jurídico pertinente y en las particularidades del caso concreto.
Ahora, frente al presunto desconocimiento de las sentencias de constitucionalidad C-221 de 1999 y C-1048 de 2001, la Sala observa que estas providencias fueron relacionadas y analizadas por la Subsección accionada con el propósito de establecer el alcance del presupuesto de legitimación en causa por activa en el caso concreto.
Así pues, en lo que respecta a la primera de las sentencias de constitucionalidad, la autoridad judicial expuso:
“Debe recordarse, además, que la cualificación de quien “acredite un interés directo”, contenida en el tercer inciso del artículo 32 de la ley 446 de 1998 (modificatorio del artículo 87 del Código Contencioso Administrativo) fue declarada exequible por la Corte Constitucional mediante sentencia C-221 de 1999, providencia en la que esa Corporación coincidió con el Consejo de Estado en razonar que el interés directo al que alude aquel artículo no guarda correspondencia con el ánimo público dirigido exclusivamente a mantener un estado inalterable de legalidad, sino que se trata de aquel que surge respecto de quien tiene la necesidad de promover el proceso en consideración a que lo que en él se resuelva respecto de la validez del contrato tiene la virtualidad de afectar su situación e intereses, o el goce o efectividad de sus derechos.
Al respecto, se afirma en la sentencia C-221 de 1999 lo siguiente, (se transcribe conforme obra):
(...)
Ello significa que, en el régimen actual, el legislador no habilita a interponer la acción de nulidad absoluta de los contratos estatales, a quienes no tengan un interés directo que los conduzca a impetrar la nulidad del contrato; ni a quienes simplemente persigan tutelar la legalidad abstracta de la actuación de la administración.
(…)
“Entiende la Corte que ‘el interés directo’ connota la legitimación que puede derivarse del hecho o circunstancia que lo vincula a la necesidad, no de promover un proceso para definir lo relativo a la nulidad, sino para intervenir en el mismo en razón de que las resultas pueden incidir, repercutir o afectar en cualquier forma o modo su situación e intereses, o el goce o efectividad de sus derechos -no sólo económicamente-.” (Subraya la Sala)
Relativo a la sentencia C-1048 de 2001, en la providencia del 6 de noviembre de 2020, se lee lo siguiente:
Estas condiciones, impuestas para la impugnación judicial de los actos previos, han sido consideradas por la Corte Constitucional como requisitos congruentes y ajustados al ordenamiento jurídico, toda vez que proveen estabilidad al proceso de selección sin coartar las garantías de todos aquellos que se consideren perjudicados; a la vez que dotan de firmeza al contrato una vez este ha sido suscrito, al permitir que solo pueda ser discutido judicialmente por el Ministerio Público, las partes o un tercero que acredite un interés directo. Sobre el particular, el alto Tribunal Constitucional ha manifestado [C-1048 de 2001]:
“… Estos límites, a juicio de la Corte, pretenden dar agilidad al proceso licitatorio, y estabilidad a las etapas surtidas del mismo, proceso que se dificultaría en exceso si cada uno de los actos administrativos separables se sometiera a plazos de caducidad más extensos, y a la acción de simple nulidad sin término de caducidad, según la regla general. Y de otro lado, las limitaciones comentadas también pretenden contribuir a la firmeza del contrato administrativo una vez que este ha sido suscrito, poniéndolo al amparo de todo tipo de demandas provenientes de terceros sin interés directo y ajenos a la relación contractual. Ahora bien, estos límites en principio no tienen el alcance de eliminar ni la protección de los derechos de terceros interesados (quienes pueden impugnar los actos que los perjudiquen dentro del plazo de los treinta días que señala la disposición), ni la del interés general, pues éste, después de la celebración del contrato, puede ser protegido a través de la acción de nulidad absoluta del contrato, que puede ser alegada por las partes, por el agente del ministerio público, por cualquier persona que acredite un interés directo, o declarada de oficio”
Los apartes expuestos dan cuenta de que las sentencias de constitucionalidad mencionadas en el escrito de tutela sí fueron tenidas en cuenta por la autoridad judicial accionada y a partir del análisis de su contenido fundamentó la decisión adoptada.
De igual modo, la interpretación que hizo la autoridad judicial se estima ajustada al contenido de las decisiones de constitucionalidad y no se evidencia error ostensible o interpretación irrazonable que sugiera la concreción de un yerro en la sentencia acusada.
Así que, la insistencia del accionante de que se interprete el artículo 87 del Decreto 01 de 1984 y las sentencias que estudiaron su constitucionalidad, de acuerdo con una tesis que él estima correcta, es una pretensión que desconoce las competencias que por Ley han sido asignadas a jueces especializados y los principios de autonomía e independencia que se predican de sus decisiones.
De otra parte, en la sentencia C-712 de 2005, la Corte Constitucional estudió acción pública de inconstitucionalidad contra el artículo 32 parcial de la Ley 446 de 1998, que modificó el artículo 87 del C.C.A. En este caso el problema jurídico se concentró en resolver “si el hecho de que con la celebración del contrato cese la posibilidad de demandar los actos precontractuales por la vía del contencioso de nulidad, implica una vulneración del derecho constitucional al debido proceso en la medida en que los interesados no tienen la posibilidad de conocer con certeza cuándo se ha de celebrar el contrato, y por ende hasta cuándo tienen derecho a interponer las acciones de nulidad o nulidad y restablecimiento del derecho contra tales actos.”
Consideró la Corte que tal determinación no desconoce el derecho al debido proceso de los interesados en demandar, porque la fecha de celebración del contrato estatal debe estar establecida en los términos de referencia que son de público conocimiento, según lo exige el artículo 24 de la Ley 80 de 1993 y las prórrogas que puedan introducirse debe efectuarse en acto administrativo sujeto al principio de publicidad.
En esa medida, se tiene que la sentencia relacionada por el accionante no constituye precedente a efectos de establecer el presupuesto de legitimación en causa por activa en el caso que se analiza. Esto porque el problema jurídico que se trató en aquella oportunidad difiere de la ratio de la sentencia proferida por la Sección Tercera, Subsección A del Consejo de Estado.
5.6. Adicional a lo anterior, la autoridad judicial accionada también analizó el cargo expuesto en el recurso de apelación en el que se discutió si el Consorcio tenía interés directo. Este cargo, que se reiteró en la acción de tutela en los mismos términos, fue analizado y descartado en el acápite 3.2.3. de la sentencia del 6 de noviembre de 2020. Análisis que se hizo atendiendo a las pruebas del proceso y aplicación del marco jurídico pertinente, por lo que su reiteración en sede de tutela evidencia que los accionantes pretenden promover una instancia adicional en la cual discutir sus desacuerdos con la decisión que no les favorece, pero que en realidad no existe un escenario de vulneración de derechos fundamentales.
Recuérdese que la jurisprudencia constitucional ha dicho que la acción de tutela contra providencias judiciales no se instituyó como un análisis de las mejores razones entre las expuestas en la decisión atacada y la interpretación sostenida por el tutelante o por el juez de instancia, en tanto que no obedece a su naturaleza y propósito. Luego, no es aceptable que se exija al ad quem acoger el análisis de la caducidad a partir de la interpretación normativa expuesta por el juzgador de la primera instancia, como lo pretende el Consorcio accionante al indicar en su escrito de tutela que la accionada olvidó aplicar en su análisis la providencia del Consejo de Estado que sirvió como fundamento al Tribunal Administrativo de Cundinamarca para declarar no probada la caducidad en el caso concreto.
6. Por las razones expuestas en precedencia, la Sala negará las pretensiones de la acción de tutela de la referencia, por no encontrar acreditada la configuración de los defectos alegados frente a la sentencia del 6 de noviembre de 2020, proferida por la Sección Tercera, Subsección A del Consejo de Estado.
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
Negar las pretensiones de la acción de tutela promovida por el Consorcio Urbano 2009, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.
Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.
De no ser impugnada la presente providencia, enviarla a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Cópiese, notifíquese y cúmplase
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
(Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente
(Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
(Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
(Firmado electrónicamente)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ
Acta de reparto del expediente digitalizado de la acción de tutela. Consultado a través del sistema de gestión judicial del Consejo de Estado: SAMAI.
Integrado por las sociedades Diconsultoría S.A., Geotecnia y Cimientos Ingeocim S.A.S. e Ingeniería y Consultoría Ingecon S.A.S.
Páginas 7 y 8 de la acción de tutela. Expediente digitalizado, Consultado a través del sistema de gestión judicial del Consejo de Estado: SAMAI.
Folio 66 del cuaderno 1 (reverso).
Conformado por Ingeniería y Consultoría INGECON S.A., DICONSULTORÍA S.A. y Geotecnia y Cimientos INGEOCIM LTDA.
Conformado por TECNICONSULTA S.A., MAQUINARIA, INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A. -MAINCO S.A.- y KHB INGENIERÍA LTDA.,
Página 29 de la sentencia del 6 de noviembre de 2020
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sala Plena de la Sección tercera. Sentencia del 13 de junio de 2011. Radicación No. 5400123310001998133301 (19936). MP. Ruth Stella Correa Palacio. Decreto 2591 de 1991, Art. 1º: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto”. Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i) que el actor indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; ii) el accionante haya utilizado todos los mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos fundamentales (subsidiariedad); iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial (inmediatez); iv) que el asunto sea de evidente relevancia constitucional; v) que no se trate de una decisión proferida en sede de tutela; vi) injerencia de la irregularidad procesal en la providencia atacada. Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i) defecto orgánico, ii) defecto procedimental, iii) defecto fáctico, iv) defecto material o sustantivo, v) defecto por error inducido, vi) defecto por falta de motivación, vii) defecto por desconocimiento del precedente y viii) defecto por violación directa de la Constitución. Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-686 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Y Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. Proceso No. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez R. Sentencia SU-159 de 2002 proferida por la Corte Constitucional. Corte Constitucional. SU-573 de 2017. CONSEJO DE ESTADO. Sección Cuarta. Sentencia del 23 de abril de 2014. Expediente No. 11001-03-15-000-2013-02625-00. C.P. Jorge Octavio Ramírez. Al respecto se puede consultar la sentencia SU-198 de 2013, por mencionar una de tantas. Conformado por Ingeniería y Consultoría INGECON S.A., DICONSULTORÍA S.A. y Geotecnia y Cimientos INGEOCIM LTDA. Conformado por TECNICONSULTA S.A., MAQUINARIA, INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A. -MAINCO S.A.- y KHB INGENIERÍA LTDA. Decreto 01 de 1984. Artículo 87. De las controversias contractuales. Modificado por el artículo 32 de la Ley 446 de 1998. Cualquiera de las partes de un contrato estatal podrá pedir que se declare su existencia o su nulidad y que se hagan las declaraciones, condenas o restituciones consecuenciales, que se ordene su revisión, que se declare su incumplimiento y que se condene al responsable a indemnizar los perjuicios y que se hagan otras declaraciones y condenas. Los actos proferidos antes de la celebración del contrato, con ocasión de la actividad contractual, serán demandables mediante las acciones de nulidad y de nulidad y restablecimiento del derecho, según el caso, dentro de los treinta (30) días siguientes a su comunicación, notificación o publicación. La interposición de estas acciones no interrumpirá el proceso licitatorio, ni la celebración y ejecución del contrato.
Una vez celebrado éste, la ilegalidad de los actos previos solamente podrá invocarse como fundamento de nulidad absoluta del contrato. (…)
Nota del original: “De acuerdo con la sentencia C-712 de 2005 se advirtió que la posibilidad de demandar en forma separada los actos precontractuales cesa a partir de la celebración del contrato respectivo, interpretación en la cual se siguió la jurisprudencia del Consejo de Estado en auto de 13 de diciembre de 2001, expediente 19.777 y que se ha respetado en diversos pronunciamientos de la Sección Tercera de esta Corporación, según se relacionó anteriormente en el cuadro resumen de jurisprudencia”. Nota del original: “Esta conclusión se apoya también con un argumento a contrario sensu, que se utiliza para cuidarse de no extender la consecuencia de la norma a casos no previstos en ella, como sería la de permitir a la acción que se incoa después de vencido el término de 30 días un alcance distinto del establecido explícitamente en la parte final del párrafo segundo del artículo 87, cual es el de obtener la nulidad del contrato celebrado; en este sentido, el argumento que soporta la hipótesis consiste en señalar que la norma dispone que antes del vencimiento del término de los 30 días sí no se ha celebrado el contrato, procede demandar el acto en forma separada con el objeto de obtener su nulidad o la nulidad y el restablecimiento del derecho y en sentido contrario una vez vencido el término mencionado sólo procede la impugnación conjunta de ambos actos y con el objeto exclusivo de la declaratoria de nulidad del contrato, lo cual excluye el restablecimiento del derecho no impetrado oportunamente”.
“Artículo 136. Caducidad de las acciones
(…)
“e) La nulidad absoluta del contrato podrá ser alegada por las partes contratantes, por el Ministerio Público o cualquier persona interesada, dentro de los dos (2) años siguientes a su perfeccionamiento. Si el término de vigencia del contrato fuere superior a dos (2) años, el término de caducidad será igual al de su vigencia, sin que en ningún caso exceda de cinco (5) años, contados a partir de su perfeccionamiento”. Artículo 333 de la Constitución Nacional. Consejo de Estado. Sección Tercera, Subsección A. sentencia del 29 de enero de 2014, número interno: 30.250. Consejero Ponente: Mauricio Fajardo Gómez-
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.