Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2021-01324-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Confirma el fallo impugnado: la solicitud de amparo no
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2021-01324-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2021-01324-01
Consejero ponente: Roberto Augusto Serrato Valdes
10 de marzo de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., diez (10) de marzo de dos mil veintidós (2022)
Consejero Ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Radicación: 11001-03-15-000-2021-01324-01
Accionantes: DARÍO DE JESÚS ARICAPA CARDONA
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RISARALDA
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – SE
CONFIRMA EL FALLO IMPUGNADO – La solicitud de amparo no
incurre en defecto alguno como causal de procedibilidad contra
sentencia judicial
Sentencia de segunda instancia1
La Sala decide la impugnación presentada por la parte accionante en contra de la
sentencia de 28 de abril de 2021, proferida por la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado y a través de la cual se denegó el amparo
solicitado.
I. LA SOLICITUD DE TUTELA
1. El ciudadano Darío de Jesús Aricapa Cardona, actuando a través de apoderado
judicial, presentó acción de tutela con miras a obtener el amparo de sus derechos
fundamentales a la «igualdad, al debido proceso, al acceso a la administración de
justicia y a los principios de mantener la pensión su poder adquisitivo constante,
irrenunciabilidad a los beneficios mínimos de las normas laborales, a la situación
más favorable al trabajador», cuya vulneración le atribuyó a la sentencia de 29 de
septiembre de 2020, proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda, dentro
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicación
número 66001-33-33-007-2018-00018-00.
II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA
2. De conformidad con lo planteado por el extremo accionante, los hechos y razones
que motivan la solicitud de amparo se contraen, en síntesis, a lo siguiente:
2.1. Manifestó que la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional le reconoció
asignación de retiro a través de la Resolución No. 4423 de 9 de noviembre de 1988,
con el 74% de las partidas computables.
1
El expediente de la referencia fue asignado por reparto para resolver el trámite de la segunda instancia el 11 de febrero de
2022.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Accionante: Darío de Jesús Aricapa Cardona
2.2. Indicó que solicitó reliquidación de su asignación de retiro la cual le fue negada,
por lo que, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, presentó demanda en contra de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía
Nacional, con el propósito de que se declarara la nulidad de los actos
administrativos acusados y, a título de restablecimiento, se ordena reliquidar su
asignación de retiro.
2.3. Señalóque el conocimiento del referido proceso le correspondió al Juzgado
Séptimo Administrativo del Circuito de Pereira, autoridad judicial que, en sentencia
de 12 de febrero de 2019, negó las pretensiones de la demanda.
2.4. Comentó que la anterior decisión fue confirmada por el Tribunal Administrativo
de Risaralda, mediante sentencia de 29 de septiembre de 2020.
2.5. Afirmó que en la sentencia de 29 de septiembre de 2020 dictada por el Tribunal
Administrativo de Risaralda se incurrió en violación directa de la Constitución y en
desconocimiento del precedente.
III. PRETENSIONES
3. La parte accionante, en su demanda de tutela, formuló las siguientes
pretensiones:
[…] Ruego de manera respetuosa a los señores Magistrados del Consejo de
Estado, amparar los derechos fundamentales del actor violados con la decisión
recurrida.
Como consecuencia de ello, dejar sin efectos la sentencia de septiembre 29 de
2020 denunciada y en su lugar, ordenarle al Tribunal Administrativo de
Risaralda dictar otra sentencia, en la cual se disponga a la Caja de Sueldos de
Retiro de la Policía Nacional dar aplicación al sistema o principio de oscilación
del artículo 42 del Decreto 4433 de 2004, incrementando la prima de actividad
que hace parte de la asignación de retiro del actor en los mismos porcentajes
en que se aumentó dicha prima al personal en servicio activo por mandato de
los artículo 23 del Decreto 4433 de 2004 y artículo 4 del Decreto 2863 de 2007.
[…].
IV. TRÁMITE DE LA TUTELA
4. El magistrado de la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de
Estado a cargo de la sustanciación del proceso, mediante auto de 8 de abril de
2021, admitió la acción de tutela de la referencia en contra del Tribunal
Administrativo de Risaralda. En la misma providencia, vinculó como tercero con
interés directo en los resultados del proceso a la Caja de Sueldos de Retiro de la
Policía Nacional.
5. El a quo profirió fallo de primera instancia el 28 de abril de 2021 y concedió la
impugnación que fue interpuesta en contra de dicha decisión, mediante auto de 9
de julio de 2021; sin embargo, esta última providencia tan solo fue notificada el 1°
de febrero de 2022.
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Accionante: Darío de Jesús Aricapa Cardona
V. INTERVENCIONES
6. Realizadas las comunicaciones a las autoridades accionadas y al vinculado, se
produjeron las siguientes intervenciones:
6.1. El Tribunal Administrativo de Risaralda, a través de la magistrada ponente de
la sentencia enjuiciada, rindió informe en el que se opuso a la prosperidad de las
pretensiones de amparo, en atención a que «la decisión adoptada obedeció al
análisis ponderado e integral de la situación fáctica planteada, a la luz de los
pronunciamientos jurisprudenciales del H. Consejo de Estado, aplicables al caso
concreto, así como del material probatorio allegado al expediente, estudio que
permitió a esta corporación judicial arribar a la conclusión que el Decreto 4433 de
2004 no es aplicable en forma retroactiva al personal que hubiere adquirido el
derecho a la asignación de retiro con anterioridad a su entrada en vigor».
6.2. A partir de lo anterior, manifestó que «la providencia objeto de reparo en tutela,
lejos de desconocer el precedente jurisprudencial establecido por el H. Consejo de
Estado, se ajusta a los lineamientos fijados por este órgano de cierre; como tampoco
vulnera el derecho al debido proceso en su componente del derecho de acceso a la
administración de justicia, por cuanto, si bien este derecho busca la tutela real
efectiva del derecho sustancial, tal reconocimiento está supeditado a la causación
efectiva del derecho, sin que la decisión judicial desestimatoria de las pretensiones
atinentes a derechos para cuyo reconocimiento no concurren los presupuestos
normativos y jurisprudenciales, pueda catalogarse desconocedora del derecho al
debido proceso».
6.3. El Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Pereira, por
conducto de la secretaria de ese despacho judicial, remitió el link que contiene las
actuaciones procesales que se surtieron dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicación No. 66001-33-33-007-2018-00/01.
VI. EL FALLO IMPUGNADO
7. Mediante sentencia de tutela de 28 de abril de 2021, la Subsección B de la
Sección Segunda del Consejo de Estado, negó el amparo solicitado por el
accionante, al considerar que la sentencia enjuiciada no incurrió en ninguna de las
causales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial.
8. Como sustento de lo anterior, el a quo efectuó las siguientes consideraciones:
[…] En el presente caso al actor se le reconoció la prima de actividad en un
25% según lo disponía el Decreto 2062 de 1984 que regía al momento de
adquirir el status, y luego se le aumentó en un 50% como lo dispuso el artículo
4 del Decreto 2863 de 2007, es decir, se le subió en un 12.5% más, por lo que
el porcentaje reconocido al actor quedó en un 37.5%.
Es así como el Tribunal consideró que las pretensiones del actor carecían de
fundamento, en tanto que el Decreto 4433 de 2004 no es aplicable de forma
retroactiva al personal que hubiere adquirido su asignación de retiro con
anterioridad a su entrada en vigor, tal como lo pretende el tutelante.
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Accionante: Darío de Jesús Aricapa Cardona
Posteriormente, la autoridad judicial accionada destacó que el Consejo de
Estado – Sección Segunda, mediante sentencia de 22 de abril de 201916 ,
señaló que para establecer el monto de la prima de actividad es necesario
respetar las condiciones fácticas y el régimen jurídico vigente al momento del
reconocimiento de la prestación, es por tal razón que no es procedente la
aplicación de normas posteriores sobre situaciones previamente consolidadas,
como lo es acudir al principio de oscilación para pretender que la prima de
actividad se compute a la asignación de retiro. […]
VII. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
9. La parte accionante impugnó la sentencia de tutela de primera instancia, al reiterar
e insistir en los argumentos consignados en el escrito inicial de la tutela.
10. Además de ello, sustentó su escrito de impugnación con base en los siguientes
argumentos:
[...] Vemos que la principal preocupación de la Sala es deshacerse de la
jurisprudencia sobre este punto de derecho, a lo que la parte accionante aclara
que en ninguna parte de la acción de tutela invocó violación del derecho a la
igualdad por desconocimiento del precedente; teniendo en cuenta que es un
sistema de aumento exótico, muy comentado y poco entendido, el accionante
creyó acertado mostrarle al Juez Constitucional la regulación legal histórica
desde el año 1945 hasta el año 2004 y la forma como ha sido aplicado en la
diferentes decisiones del Consejo de Estado – Sala Plena desde 1959 y la
Sección Segunda siguiendo la misma línea hasta el año 2013.
Fue la razón por la cual en el acápite de hechos, se transcribieron los “hechos”
in extenso del trámite ordinario, en el mismo acápite se consignó un subtítulo
llamado “ANTECEDES DEL SISTEMA O PRINCIPIO DE OSCILACIÓN -
Regulación legal: …” en el cual se citaron las normas que lo establecen desde
el año 1945 al año 2004; seguidamente se consignó otro subtítulo
“PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL”, dentro del cual se cita la jurisprudencia
vertical y unificada de la Sala Plena y las decisiones de la Sección Segunda en
la misma línea sobre el tema, después viene el acápite de “FUNDAMENTOS
DE LA ACCIÓN” - Primer cargo: Violación al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia.
Pero el juez constitucional dentro de su competencia panorámica
lamentablemente en vez de tomarlo como referente para mejor proveer lo que
hizo fue desecharlo, afirmando que fue dictado dentro de la autonomía del
Consejo de Estado y no era aplicable al presente asunto y negó la súplica. Por
estas razones, lo manifestado por la Sección no corresponde a lo que se
consignó en la acción de tutela, reitero que ese mismo precedente fue
consignado en el proceso contencioso pasando desapercibido, porque tanto el
juez como el tribunal ni siquiera se percataron que existió. Lo que es innegable
que cuando la justicia administrativa en especial la Sección Segunda “debe”
defender a la administración en un asunto, se acude a cualquier argumento
para quitárselo de encima y salir del paso, así le toque pasar por encima del
ordenamiento jurídico o dictar decisión que contradiga otras.
Teniendo en cuenta que la acción de tutela es un mecanismo de defensa
informal, en el cual el operador de justicia no tiene restricciones, me pregunto
qué hubiere hecho el magistrado ponente si el precedente mencionado le
favoreciera al establecimiento; ¿habría manifestado lo mismo?
[2] Lo dispuesto en el artículo 2 y 4 del Decreto 2863 de 2007, es muy claro y
no permite acudir a interpretaciones amañadas, pues la misma norma marca la
diferencia entre prestaciones unitarias y la asignación de retiro o pensión. Es
5
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Accionante: Darío de Jesús Aricapa Cardona
tan elemental que un estudiante de segundo semestre encontraría la diferencia,
por esta razón es inane recabar en un tema cuando el otro osadamente impone
una decisión sofista a los derechos encontrados.
No sé de dónde se inventaron que el sistema de oscilación se aplica
únicamente a la partida básica, pues en irónica contradicción en el fallo se trae
la Ley marco 923 de 2004 […].
Como se puede observar, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo
de Estado y la Sección Segunda, desde tiempos que aún no habíamos nacido
ya habían descubierto la intención que le había imprimido el legislado (sic)
ordinario y extraordinario al sistema o principio de oscilación y lo dejaron
plasmado en su precedente de unificación, pero ahora los integrantes de la
Sección Segunda afirmando que los tiempos cambiaron y la legislación también
dejan de lado todo ese valioso aporte y desconocen el derecho que le asiste al
personal jubilado de fuerzas armadas. […]
11. Finalmente, y con fundamento en los anteriores argumentos, solicitó revocar el
fallo impugnado y que, como consecuencia de ello, se amparen sus derechos
fundamentales invocados.
VIII. CONSIDERACIONES DE LA SALA
VIII.1. Competencia de la Sala
12. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la impugnación presentada
por la parte actora en contra de la sentencia de 28 de abril de 2021, proferida por la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, de conformidad
con lo establecido en el artículo 32 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de
19912, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 26 de mayo
de 20153, modificado por el artículo 1º del Decreto 1983 de 30 de noviembre de
20174.
VIII.2. Problemas jurídicos
13. Deacuerdo con la situación fáctica planteada, y teniendo en cuenta que
corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo impugnado
debe ser confirmado o revocado5, la Sala debe establecer:
a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de procedencia
excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales.
b) Si ello es así, determinar si la sentencia de 29 de septiembre de 2020
proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda, en el interior del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho número 66001-33-33-007-
2018-01, vulneró los derechos fundamentales invocados por el accionante, al
2
"Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política".
3
"Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho".
4
“Por la cual se modifican os artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario
del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
5
Artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.
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Accionante: Darío de Jesús Aricapa Cardona
incurrir presuntamente en violación directa a la constitución política y en
desconocimiento del precedente.
14. Con el fin de resolver estos problemas jurídicos, se harán previamente algunos
planteamientos respecto de: (i) los requisitos generales y especiales de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales; procediendo posteriormente a
(ii) resolver el caso concreto relacionado con los defectos alegados, siempre y
cuando se superen los requisitos generales y/o exigencias adjetivas.
VIII.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad
15. En sentencia de 31 de julio de 20126, la Sala Plena del Consejo de Estado cambió
su postura inicial y decidió asumir el estudio de fondo de las acciones de tutela
dirigidas en contra de providencias judiciales violatorias de derechos fundamentales
siguiendo los lineamientos dispuestos por la Corte Constitucional y su propia
jurisprudencia.
16. Ahorabien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte
Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para
que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:
17. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional
del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la
existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto
decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los
hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que la acción
no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia
SU-627 de 2015.
18. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez
constitucional dejar sin efectos una providencia judicial7, la sentencia C-590 de 2005
estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental
absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución8.
6
Radicación: 2009-01328-01(IJ). Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.
7
Sentencia T-619 de 2009, Magistrado Jorge Iván Palacio Palacio.
8
«Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de
jurisdicción o competencia para ello.
Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido.
Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica
sin existir evidencia probatoria de la misma.
Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o
que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño
lo llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales.
Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la
decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.
Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte
Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado.
Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a
las normas establecidas en la Constitución Política»
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Radicación: 11001-03-15-000-2021-01324-01
Accionante: Darío de Jesús Aricapa Cardona
19. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales ya explicados, permitiéndole de
esta manera «[…] dejar sin efecto o modular la decisión9» que se encaje en dichos
parámetros.
20. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de
procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y
valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad
jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.
21. El criterio
expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 11001-
03-15-000-2012-02201-01.
VIII.4. El caso concreto
22. El ciudadano Darío de Jesús Aricapa Cardona, actuando a través de apoderado
judicial, presentó acción de tutela con miras a obtener el amparo de sus derechos
fundamentales a la «igualdad, al debido proceso, al acceso a la administración de
justicia y a los principios de mantener la pensión su poder adquisitivo constante,
irrenunciabilidad a los beneficios mínimos de las normas laborales, a la situación
más favorable al trabajador», cuya vulneración le atribuyó a la sentencia de 29 de
septiembre de 2020, dictada por el Tribunal Administrativo de Risaralda, dentro
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado número
66001-33-33-007-2018-00018-01.
23. En este punto, es preciso indicar que, aunque el apoderado judicial del actor no
especificó concretamente la causal de procedibilidad en que presuntamente incurrió
el Tribunal accionado, de la lectura del escrito de tutela se advierte que los
argumentos expuestos están dirigidos a demostrar la configuración de un defecto
sustantivo por desconocimiento del procedente y una violación directa de la
Constitución.
VIII.4.1. Cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción
de tutela
24. La Sala encuentra que en la acción de tutela de la referencia se cumplen tales
requisitos, en razón a que: i) la solicitud de amparo tiene relevancia constitucional
en tanto se invoca la vulneración de unos derechos de orden fundamental como lo
son la igualdad, debido proceso, acceso a la administración de justicia y seguridad
social; ii) la parte accionante no tiene otro medio para la defensa de los derechos
fundamentales que estima vulnerados con la decisión proferida en segunda
9
Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr. Mauricio González Cuervo.
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Accionante: Darío de Jesús Aricapa Cardona
instancia por el Tribunal accionado; iii) la situación a la cual se atribuye la
vulneración de los derechos fundamentales fue debidamente puntualizada en el
escrito de tutela; iv) la providencia objeto de amparo se notificó el 2 de octubre de
2020, mientras que la acción de tutela se presentó el 5 de abril de 2021, lapso que
resulta razonable si se tiene en cuenta que los días 2, 3 y 4 de abril de 2021 fueron
días no laborales; v) no se alega la existencia de una irregularidad procesal, por lo
que no resulta necesario efectuar un análisis al respecto, y vi) la acción
constitucional no se dirige contra una sentencia dictada en un proceso de idéntica
naturaleza o índole.
VIII.4.2. Análisis de los requisitos específicos de la presente acción de tutela
25. Encontrándose satisfechos y cumplidos los requisitos generales de procedencia
de la acción de tutela, la Sala abordará los requisitos especiales frente a la
presunta vulneración de los derechos constitucionales fundamentales invocados por
el apoderado judicial de la accionante, la Sala pasa a estudiar si en sub examine se
configura el defecto sustantivo por desconocimiento del precedente y violación
directa a la Constitución Política, los cuales se estudiarán de forma conjunta.
VIII.4.2.1. Del defecto sustantivo por desconocimiento del precedente
jurisprudencial
26. En cuanto a la caracterización de este defecto, se tiene que la jurisprudencia10 ha
entendido por precedente, la sentencia o el conjunto de sentencias proferidas con
anterioridad al asunto que debe resolverse que presentan similitudes con un caso
nuevo objeto de escrutinio en materia de i) patrones fácticos y ii) problemas
jurídicos, y en las que en su ratio decidendi se ha fijado una regla para resolver la
controversia, que sirve también para solucionar el nuevo caso.
27. Igualmente, la Corte Constitucional ha precisado la distinción entre el precedente
horizontal y el vertical teniendo en cuenta la autoridad que profiere la providencia,
para explicar que el primero hace referencia a aquellas sentencias fijadas por
autoridades de la misma jerarquía o por el mismo operador judicial, y el segundo se
relaciona con los lineamientos sentados por las instancias superiores encargadas
de unificar la jurisprudencia dentro de la respectiva jurisdicción11.
VIII.4.2.2. De la violación directa a la Constitución Política
28. Esta causal de procedibilidad de la acción de tutela contra sentencias judiciales
se fundamenta en el principio de supremacía constitucional previsto en el artículo 4
de la Constitución Política, en virtud del cual los preceptos y mandatos allí
10
Ver entre otras las sentencias T-158 de 2 de marzo de 2006 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto. “La correcta aplicación
del precedente judicial implica que un caso pendiente de decisión debe ser fallado de conformidad con el(los) caso(s), solo (i)
si los hechos relevantes que definen el caso pendiente de fallo son semejantes a los supuestos de hecho que enmarcan el
caso del pasado, (ii) si la consecuencia jurídica aplicada a los supuestos del caso pasado, constituye la pretensión del caso
presente y (iii) si la regla jurisprudencial no ha sido cambiada o ha evolucionado en una distinta o más específica que modifique
algún supuesto de hecho para su aplicación”. Sentencia T-812 de 28 de septiembre de 2006, M.P. Marco Gerardo Monroy
Cabra. T-355 de 10 de mayo de 2007, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto; y T-309 de 22 de mayo de 2015, M.P. Jorge
Ignacio Pretelt Chaljub.
11
T-102 de 25 de febrero de 2014. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
9
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Accionante: Darío de Jesús Aricapa Cardona
dispuestos son normas jurídicas de aplicación inmediata, de carácter vinculante y
eficacia directa, cuya fuerza normativa impone a todos los administradores de
justicia el deber de velar por su cumplimiento y prevalencia12.
29. A este respecto, la jurisprudencia constitucional ha insistido en que el actual
ordenamiento constitucional reconoce valor normativo a los preceptos superiores,
al punto que de ellos se derivan mandatos y previsiones cuya aplicación
corresponde a las distintas autoridades y, en determinados eventos, a los
particulares. En esas circunstancias, resulta plenamente factible que una decisión
judicial pueda cuestionarse a través de la acción de tutela cuando desconoce o
aplica indebida e irrazonablemente tales postulados13.
30. En esa medida, la causal de procedibilidad por violación directa de la Constitución
se asienta en el modelo de Estado Social de Derecho adoptado en 1991 y parte de
la obligación «que les asiste a todas las autoridades judiciales de velar por el
cumplimiento del mandato consagrado en el artículo 4° de la Carta Política, según
el cual ‘la Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre
la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones
constitucionales»14.
31. En criterio de la Corte Constitucional, esta causal tiene lugar cuando el juez
ordinario adopta una decisión que representa la inaplicación de una norma
constitucional para el caso concreto, o cuando aplica una norma de rango
inferior al constitucional, al margen de los dictados de la Constitución15.
32. Ante la evidencia de que muchas de las situaciones caracterizadas coinciden con
las causales de configuración de los defectos sustantivo y desconocimiento del
precedente, la jurisprudencia constitucional ha reconocido que entre las causales
especiales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial «no
existe un límite indivisible» y que una misma circunstancia bajo análisis puede
encuadrarse dentro de varios de ellos16.
33. La Corte ha explicado que la violación directa de la Constitución debe ser
entendida como una causal específica autónoma de procedencia del amparo
constitucional contra una decisión judicial, ante la exigencia de razonabilidad
y de proporcionalidad en el proceso interpretativo que realizan los jueces o
autoridades administrativas, el cual siempre estará sujeto, entre otros aspectos,
a la concordancia con la Carta Política17.
VIII.4.3. Solución al caso concreto
34. Descendiendo al sub examine, se tiene que la parte actora sostuvo que, en la
sentencia de 29 de septiembre de 2020, proferida por el Tribunal Administrativo
12
Corte Constitucional, Sentencia SU-024 de 2018, M.P.: Cristina Pardo Schlesinger.
13
Corte Constitucional, Sentencia SU-1073 de 2012, M.P.: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
14
Corte Constitucional, Sentencia SU- 918. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
15
Corte Constitucional, Sentencia T-704 de 2012, M.P.: Luis Ernesto Vargas Silva. En este mismo sentido pueden verse las
sentencias T-967 de 2014, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; T-310 de 2009, M. P. Mauricio González Cuervo y T-555 de 2009
M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
16
H. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 1º de agosto de 2019, exp.
No.11001-03-15-000-2019-02930-00(AC). C.P. Oswaldo Giraldo López.
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Corte Constitucional, Sentencia T-088 de 2018. M.P.: José Fernando Reyes Cuartas.
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Radicación: 11001-03-15-000-2021-01324-01
Accionante: Darío de Jesús Aricapa Cardona
de Risaralda, se incurrió en la vulneración de sus derechos fundamentales por las
siguientes razones:
Primero: A juicio del actor, el Tribunal accionado desconoció el precedente
jurisprudencial contenido en las siguientes decisiones emitidas por el Consejo de
Estado – Sección Segunda: (i) sentencia de 2 de octubre de 1991, expediente No.
S-025, (ii) sentencia de 9 de julio de 2009, expediente No. 25000-23-25-000-2007-
00922-01 (1851-08), (iii) sentencia de 28 de enero de 2010, expediente No. 25000-
23-25-000-2007- 00900-01 (1615 – 08), (iv) sentencia de 15 de abril de 2010,
expediente No. 25000-23-25-000-2008-90149-01 (0333 – 2009), (v) sentencia de 2
de mayo de 2013, expediente No. 25000-23-25-000-2009-00466-01 (2238 – 11).
Segundo: El actor afirmó que el Tribunal accionado omitió aplicar el principio de
oscilación regulado en los artículos 151 del Decreto 1212 de 1990, artículo 3°
numeral 3.13 de la Ley Marco 923 de 2004 y 42 del Decreto 4433 de 2004, normas
según las cuales a las asignaciones de retiro reconocidas al personal retirado con
anterioridad al año 2004, se les debe computar el mismo porcentaje que se decretó
en la partida base de prima de actividad del personal de oficiales y suboficiales en
servicio activo.
35. Ahora bien, al revisar el fallo objeto de cuestionamiento se advierte que, tal como
lo expuso el a quo en la sentencia impugnada, el Tribunal Administrativo de
Risaralda, examinó de manera rigurosa lo relativo a la prima de actividad de los
miembros de la Fuerza Pública y estudió los regímenes especiales y los beneficios
prestacionales, de conformidad con las normas y la jurisprudencia constitucional18
aplicables al caso, para concluir que la partida solicitada se creó como una
prestación a favor de los miembros activos de la Fuerza Pública y posteriormente
se convirtió en factor de liquidación de las asignaciones de retiro. Puntualmente, el
Tribunal accionado expuso lo siguiente:
[…] La prima de actividad desde su creación se estableció como una prestación
en favor de los miembros activos de la Fuerza Pública, y posteriormente se
convirtió en factor de liquidación de las asignaciones de retiro según el
porcentaje establecido para los años en que el interesado estuvo en servicio
activo.
[…]
El artículo 81 del referido decreto19, estableció sobre la prima de actividad y la
asignación de retiro de los policiales oficiales y suboficiales que se encontraban
en servicio activo durante su vigencia, lo que a continuación se transcribe:
“Prima de actividad. Los oficiales y suboficiales de la Policía Nacional, que
servicio activo, tendrán derecho a una prima mensual de actividad, que será
equivalente al treinta y tres por ciento (33%) del respectivo sueldo básico”.
Ahora bien, en la base de liquidación de la asignación el Decreto consagró la
prima de actividad, en su artículo 141 de la siguiente manera:
“(…) b) Asignaciones de retiro y pensiones sobre: 1. sueldo básico, 2.
prima de actividad en los porcentajes previstos en este estatuto, 3. prima
de antigüedad, 4. Prima de oficial diplomado en academia superior de
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Sentencia C 432 de 2004 de 6 de mayo de 2004
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Ver Decreto 2062 de 1984.
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Accionante: Darío de Jesús Aricapa Cardona
Policía, 5. Doceava parte de la prima de navidad, 6. Prima de vuelo en
las condiciones establecidas en este decreto, 7. Gastos de
representación y 8. Subsidio familiar”
La disposición en cita, establece la inclusión de la prima de actividad en la base
de liquidación de la asignación de retiro, en los porcentajes previstos en el
artículo 142 del Decreto 2062 de 1984 […].
Posteriormente, se expidió el Decreto 96 de 11 de enero de 1989 “Por el cual
se reforma el estatuto de carrera de oficiales y suboficiales de la Policía
Nacional”, que derogó en su artículo 227 el Decreto, y en lo relativo a las
asignaciones mensuales de los oficiales y suboficiales de la Policía Nacional,
en su artículo 68 consignó la prima de actividad y su porcentaje como partida
computable así:
“Artículo 68. PRIMA DE ACTIVIDAD. Los oficiales y suboficiales de la
Policía Nacional, en servicio activo, tendrán derecho a una prima mensual
de actividad, que será equivalente al 33% del respectivo sueldo básico”.
No obstante lo anterior, la Corte Suprema de Justicia en virtud de la demanda
de inconstitucionalidad promovida en contra de algunos artículos del Decreto
96 en cita, declaró entre otras, la inexequibilidad del artículo 68 […].
36. Adicionalmente y en cuanto a la finalidad y aplicación en el tiempo del principio
de oscilación, el Tribunal accionado sostuvo lo siguiente:
[…] el principio de oscilación se funda y tiene un alcance sobre el
incremento o actualización del valor de la asignación de retiro, y el
porcentaje aplicable, ante la depreciación monetaria de la prestación. Al
respecto, la jurisprudencia del Consejo de Estado considera que: “…En
vigencia de la Ley 238 de 1995 el reajuste por favorabilidad de las asignaciones
de retiro de los miembros de las Fuerzas Militares y de Policía Nacional
conforme al índice de precios al consumidor señalado en el artículo 14 de la
Ley 100 de 1993, en cada caso concreto, aplica desde el año de 1996 hasta el
2004, toda vez que a partir del 1° de enero de 2005 se implementó nuevamente
la aplicación del principio de oscilación a través de la expedición del Decreto
4433 de 2004”.
[…] no es procedente la aplicación de normas posteriores, respecto de
situaciones previamente consolidadas, como en este caso la asignación de
retiro, y su afectación por el porcentaje de la prima de actividad como partida
computable.
Esta situación impide acudir al concepto del principio de oscilación, para
pretender que la prima de actividad se compute a la asignación de retiro, en
igual porcentaje a lo devengado en el servicio activo, en cuanto, si bien es cierto
este tiene como finalidad proteger el poder adquisitivo constante de las
asignaciones de retiro reconocidas a los miembros de la Fuerza Pública,
también lo es que en virtud del mismo las asignaciones de retiro se incrementan
anualmente en igual porcentaje al del aumento de las asignaciones en actividad
para cada grado, sin que se refiera a las partidas computables ni a su cuantía
[…].
37. Asimismo, el Tribunal accionado analizó la aplicabilidad y vigencia del Decreto
2062 de 1984, norma con fundamento en la cual le fue reconocida al actor la
asignación de retiro, a través de la Resolución 4423 de 9 de noviembre de 1988 y
por haber prestado sus servicios durante un tiempo de 21 años, 3 meses y 20 días
en un porcentaje del 25%, conforme lo establece el artículo 142 del mencionado
decreto, precepto que dispone lo siguiente: «Cómputo prima de actividad. A los
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Accionante: Darío de Jesús Aricapa Cardona
Oficiales y Suboficiales que se retiren o sean retirados del servicio activo a partir de
la vigencia del presente decreto, para efectos de asignación de retiro […] con 20 o
más años de servicio, pero menos de 25, se reconocerá el (25%) del sueldo básico».
38. Al respecto, en la sentencia aquí enjuiciada, se consignó lo siguiente:
[…] En el sub lite, mediante Resolución N°4423 del 9 de noviembre de 1988 y
en atención a que el demandante prestó servicio un tiempo equivalente a 21
años, 3 meses y 20 días, la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional
reconoció asignación de retiro, en vigencia del Decreto 2062 de 1984.
[…] teniendo en cuenta que el recurrente como disenso frente a la decisión
adoptada en primera instancia, insiste que el incremento del artículo 2 ut supra
fue del 50% más el 33% de la prima de actividad establecida en el Decreto
1212 de 1990, lo que se traduce en el 16.5% de reajuste, luego manifiesta que
el artículo 4° de la misma norma ordenó en aplicación al principio de oscilación
que ese mismo porcentaje se hiciera extensivo a la partida de prima de
actividad que hace parte de la asignación de retiro percibida por el actor, esto
es, que se ajuste la base de la prima del 25% al 33% conforme al artículo 68
del Decreto 1212 de 1990.
En este punto debe diferenciarse entre el porcentaje de la partida prima de
actividad devengada en servicio activo y, de otro lado, como factor de
liquidación de la asignación de retiro, de manera que si la partida prima de
actividad para efectos de liquidación de la asignación fue del 25%, según
Decreto 2062 de 1984, norma aplicable al momento de adquirir el status, el
aumento del 50% al que se refiere el artículo 4° del Decreto 2863 de 2007,
corresponde al 12.5% como en efecto se hizo (37.5%), razones por las cuales
para la Sala carecen de fundamento jurídico las pretensiones formuladas
en el libelo demandatorio, como que (sic) los porcentajes que reclama el
actor desbordan el cómputo de la prima de actividad en la asignación de
retiro. Se reitera entonces, que el Decreto 4433 de 2004 no es aplicable en
forma retroactiva al personal que hubiere adquirido su asignación de
retiro con anterioridad a su entrada en vigor y que el incremento ordenado
en el Decreto 2863 de 2007, se ajusta a derecho.
Ahora, se plantea por el actor en el recurso de apelación interpuesto, un reparo
por desconocimiento del principio de oscilación contenido en el Decreto 4433
de 2004. Al respecto, se debe precisar el concepto de principio de oscilación
contenido en el artículo 42 del Decreto 4433 de 2004 […].
Del tenor literal del artículo 42 del Decreto 4433 de 2004, se puede establecer
que el principio de oscilación allí consagrado, busca que los incrementos de
la asignación de retiro tengan un porcentaje igual al de las asignaciones
en actividad, de tal manera que la norma se limita al aumento anual por
depreciación monetaria de la mesada correspondiente a la asignación de
retiro, para poner fin a la discusión y litigios originados por aumentos de
asignaciones de retiro inferiores al índice de precios al consumidor […].
39. Lo anterior permite inferir que la sentencia objeto de tutela de manera rigurosa
estudió las reformas realizadas al Estatuto de Carrera de Oficiales y Suboficiales de
la Policía Nacional -Decretos 96 de 1989 y 1212 de 1990-, en los que se determina
que los oficiales y suboficiales de la Policía Nacional en servicio activo tendrán
derecho a una prima de actividad del 33% del sueldo básico.
40. En estas condiciones, resulta dable concluir que el Tribunal Administrativo de
Risaralda efectuó un análisis razonable de las normas y jurisprudencia aplicables al
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caso concreto, de allí que resulta inadmisible concluir que dicha Corporación judicial
incurrió en violación directa de la Constitución.
41. Ahora bien, la Sala considera que las sentencias que se aducen desatendidas y
que fueron referenciadas en el numeral 34 de la presente providencia no
constituyen precedente jurisprudencial, en atención a que no fueron proferidas por
la Sala Plena del Consejo de Estado o por la Sala Plena de la Sección Segunda de
esta Corporación -Sala especializada en asuntos laborales y pensionales-, conforme lo
previsto en el artículo 270 del CPACA.
42. Sumado a lo anterior, debe resaltarse que las decisiones que se alegan como
desconocidas no comparten identidad fáctica al caso del aquí accionante, tal como
se muestra a continuación:
42.1. En la sentencia de 2 de octubre de 199120, proferida por la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, se estudió un caso asociado a
la sustitución de una asignación de retiro, cuyo análisis concluyó que se aplican las
normas vigentes al a la fecha del fallecimiento del causante.
42.2. En la sentencia de 9 de julio de 200921, proferida por la Subsección B de la
Sección Segunda del Consejo de Estado, se analizó la regulación de la prima
mensual de las fuerzas militares y de policía en la cual se concluyó que no se puede
efectuar un reajuste pensional aplicando normas posteriores a las vigentes al
momento en que se adquirió el derecho pensional.
42.3. En la sentencia de 28 de enero de 201022, proferida por la Subsección A de la
Sección Segunda del Consejo de Estado, se estudió el reconocimiento de la prima
mensual como factor salarial no computable en la asignación de retiro, a partir de
la cual se concluyó que el principio de oscilación se refiere a la variación porcentual
que puede sufrir un factor básico de liquidación y no a la creación de un nuevo
factor computable en la asignación de retiro.
42.4. En la sentencia de 15 de abril de 201023, proferida por la Subsección B de la
Sección Segunda del Consejo de Estado, se evaluó el reajuste de la prima mensual
en la asignación de retiro, en cuyo análisis se concluyó que la misma no puede ser
incluida como factor computable por no estar contemplada en el Decreto 096 de
1989.
42.5. Finalmente, en la sentencia de 2 de mayo de 201324, proferida por la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, se estudió el reajuste
de la asignación de retiro con la inclusión de la prima mensual para concluir que no
es factor salarial para incluir en la liquidación de dicha prestación económica.
43. Por los anteriores razonamientos, la Sala considera que la decisión de 29 de
septiembre de 2020, adoptada por el Tribunal Administrativo de Risaralda dentro
20
Radicado No. S-025; C.P. Dr. Libardo Rodríguez.
21
Radicado No. 25000-23-25-000-2007-00922-01 (1851-08); C.P. Dra. Bertha Lucía Ramírez de Páez.
22
Radicado No. 25000-23-25-000-2007- 00900-01 (1615 – 08); C.P. Dr. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.
23
Radicado No. 25000-23-25-000-2008-90149-01 (0333 – 2009); C.P. Dr. Víctor Hernando Alvarado Ardila.
24
Radicado No. 25000-23-25-000-2009-00466-01 (2238 – 11); C.P. Dr. Luis Rafael Vergara Quintero.
14
Radicación: 11001-03-15-000-2021-01324-01
Accionante: Darío de Jesús Aricapa Cardona
del nulidad y restablecimiento del derecho No. 66001-33-33-007-2018-00018-01, no
incurrió en los defectos sustantivo por desconocimiento del precedente
jurisprudencial y violación directa a la Constitución Política, y, por ende, no
resulta lesiva de los derechos fundamentales de la parte actora. Por tanto, se
confirmará la sentencia impugnada, que negó la solicitud de amparo de la
referencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 28 de abril de 2021, proferida por la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, que negó el
amparo solicitado, con base en las consideraciones expuestas.
SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de
los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de 1991.
TERCERO: REMITIR el expediente a la H. Corte Constitucional para su eventual revisión,
dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria, de conformidad con el artículo 31 del
Decreto Ley No. 2591 de 1991.
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
P (16)
CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley
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