RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2021-01341-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2021-01341-01

Fecha
8 de julio de 2021
Consejero ponente
Rafael Francisco Suárez Vargas

01Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2021-01341-01

Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas

8 de julio de 2021

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL - Niega / RELIQUIDACIÓN DE LA PRIMA DE ACTIVIDAD EN LA ASIGNACIÓN DE RETIRO / AUSENCIA DE DEFECTO SUSTANTIVO / DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE JUDICIAL - No configuración / LIQUIDACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE ACUERDO CON LA NORMATIVA VIGENTE A LA CONSOLIDACIÓN DEL DERECHO

El Tribunal fue enfático en señalar que al haber sido consolidado el derecho prestacional en vigencia del Decreto 1213 de 1990, es a esta norma a la que se debe acudir para la liquidación de la asignación de retiro, resultando improcedente la aplicación retroactiva del Decreto 4443 de 2004, al no existir dentro del ordenamiento jurídico normativa alguna que permita inferir que el decreto gobierna situaciones consolidadas y completamente definidas con anterioridad a su entrada en vigencia. Es claro que el Tribunal no hizo una aplicación indebida de la norma, sino que resolvió el asunto bajo el respeto de los postulados y/o principios de consolidación del derecho pensional y aplicación de la ley en el tiempo, a partir de los cuales se debe regir el operador jurídico. (…) La Sala concluye, entonces, que en la providencia del 2 de octubre de 2020, que profirió el Tribunal Administrativo de Antioquia que confirmó parcialmente la del 10 de septiembre de 2019 del Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito de Medellín, no se incurrió en defecto sustantivo ni en desconocimiento del precedente constitucional.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D. C., ocho (8) de julio de dos mil veintiuno (2021)

Radicación número: 11001-03-15-000-2021-01341-01(AC)

Actor: ALBERTO AGUIRRE VALENCIA

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA Y OTRO

Decide la Sala la impugnación que formula la parte demandante contra la sentencia de 13 de mayo de 2021, mediante la cual el Consejo de Estado, Sección Cuarta, declaró improcedente la solicitud de amparo.

Antecedentes

La solicitud de tutela

El señor Alberto Aguirre Valencia promueve acción de tutela contra la providencia del 2 de octubre de 2020 que dictó el Tribunal Administrativo de Antioquia, por medio de la cual confirmó parcialmente la sentencia del 10 de septiembre de 2019, proferida por el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito Judicial de Medellín.

Pretensiones

El accionante formula las siguientes súplicas:

1. Que se tutelen mis derechos fundamentales al debido proceso, mínimo vital, vida en condiciones dignas, seguridad social, mantenimiento del poder adquisitivo de mi pensión, in dubio pro operario, igualdad, y cualquier otro derecho que considere la [c]orporación violado.

2. Que se dejen sin valor ni efecto los fallos proferidos por el JUZGADO 08 ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO MEDELLÍN el 10 de septiembre de 2019 y el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA – SALA QUINTA DE DECISIÓN el 02 de enero de 2020 en el proceso con Rad. 050013333 008 2018 00327 00.

3. Que se ordene proferir una sentencia en la que se garantice el poder adquisitivo de mi asignación de retiro y mantenimiento de las condiciones de vida logradas con mi trabajo-vida digna ligados con la seguridad social, y la aplicación del entendimiento más favorable de las normas laborales.

4. Se tome cualquier otra medida que la judicatura estime pertinente para proteger y restablecer mis derechos fundamentales.

Hechos de la solicitud

Como hechos relevantes, el accionante señaló los siguientes:

i) Durante veinte años, nueve meses y diez días prestó sus servicios en la Fuerza Pública alcanzando el grado de agente. Mediante la Resolución 1081 del 27 de marzo de 1991, la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional le reconoció asignación de retiro conforme con el Decreto 1213 de 1990.

ii) Antes de su desvinculación su salario estaba constituido por un factor denominado prima de actividad que se pagaba en un equivalente al 45 % del sueldo básico, pero en la liquidación de la asignación ese emolumento se disminuyó al 20 %, lo cual varió notablemente lo que devengaba.

iii) Solicitó el reajuste de su asignación de retiro teniendo en cuenta el pago de la prima de actividad en el porcentaje que percibía, lo cual se negó por medio del Oficio E-00003-201807082-CASUR Id: 318144 del 18 de abril de 2018, inconforme con esa decisión impetró medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

iv) El Juzgado Octavo Administrativo del Circuito Judicial de Medellín profirió sentencia dentro del proceso con radicación 05001 33 33 008 2018 00327 00, negando las pretensiones de la demanda porque consideró que esa prestación está determinada por las normas vigentes al momento de la consolidación del derecho, y que los preceptos posteriores no contemplaron una aplicación retroactiva.

v) El 2 de octubre de 2020, el Tribunal Administrativo de Antioquia al desatar la alzada que formuló contra el fallo de primer grado lo confirmó con fundamento en las mismas razones del a quo.

Fundamentos jurídicos

El accionante alega la vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, al mínimo vital, a la vida en condiciones dignas, a la seguridad social, al mantenimiento del poder adquisitivo de la pensión, al in dubio pro operario y a la igualdad. Así mismo, aduce que los juzgadores de instancia incurrieron en defecto sustantivo, violación directa de la Constitución, desconocimiento del precedente constitucional y falta de motivación por las siguientes razones:

i) Las autoridades demandadas sostuvieron que la Ley 923 de 2004 no contempla un reajuste de las prestaciones periódicas.

a. En su caso es cierto que la asignación de retiro se concedió y liquidó conforme a la normativa vigente al momento en que adquirió el derecho, esto es, de acuerdo con el Decreto 1213 de 1990, lo cual no discute ni reprocha, pero, contrario a lo decidido, el régimen previsto en la Ley 923 de 2004 sí dispone el reajuste de las asignaciones de retiro y pensiones.

b. El concepto de violación de la demanda no se basó en que los efectos de la mencionada norma y del Decreto 4433 de 2004 establezcan el momento en que adquirió el derecho a la prestación periódica, sino que se alegó, por un lado, que a pesar de que ese nuevo régimen prevé un reajuste de tales derechos, no se hubiera recalculado su asignación de retiro, y, por otro, que las accionadas examinaran las disposiciones del Decreto 4433 de 2004, de forma aislada y no de manera sistemática con la Ley 923 de 2004 y con otras normas como la Constitución Política, la Ley 4.ª de 1992 y el bloque de constitucionalidad.

c. La nivelación a través del reajuste de la prestación social periódica implica que se liquide teniendo en cuenta los factores salariales reales devengados en el servicio, es decir, en su porcentaje íntegro y no en valores injustificada y artificialmente inferiores, que le restan capacidad adquisitiva a la asignación de retiro por la desproporción entre la remuneración en servicio y los montos que se toman para la liquidación de la asignación de retiro o pensión, que, en la práctica, hace que no se logre para el retirado el mantenimiento de unas condiciones de existencia acorde a las que alcanzó gracias a su trabajo y esfuerzo durante la edad productiva.

d. En la Ley 923 de 2004 y en el Decreto 4433 de 2004, en cumplimiento de la obligación impuesta al Estado en el artículo 13 de la Ley 4.ª de 1992, se corrigió la injusticia y violación sistemática de los derechos laborales y garantías mínimas de los servidores de la Fuerza Pública, consistente en que los haberes devengados en actividad y sobre los que aportó a la Caja de Sueldos de Retiro, esto es, el ingreso base de cotización, no son tomados en su dimensión real para la liquidación de la asignación de retiro o pensión, lo que genera una diferencia entre lo percibido en actividad y lo que se recibe en retiro.

e. Lo anterior, se traduce en el hecho de que el retirado devenga ya no un 100 % de la sumatoria de todas las partidas salariales, sino un porcentaje que va del 50 % al 95 %, dependiendo del tiempo de servicio, según el artículo 104 del Decreto 1213 de 1990 y, además, se disminuye el porcentaje del factor salarial prima de actividad en un 30 %, esto es, del 45 % al 20 %, que se calcula sobre el sueldo básico antes de realizar esa operación inicial, lo que implica que el salario base de liquidación no coincida con lo percibido en servicio y en una doble rebaja, maniobra que afecta gravemente el nivel de vida alcanzado con el esfuerzo y trabajo del miembro de la Fuerza Pública cuando pasa de la actividad al retiro.

f. Esa injusticia, reitera, se corrigió en el artículo 13 de la Ley 4.ª de 1992 y los estándares constitucionales y convencionales sobre derechos fundamentales y derechos sociales, económicos y culturales, que se materializó con el reajuste ordenado por la Ley 923 de 2004.

g. Al establecer esa norma el reajuste de las prestaciones periódicas debe aplicarse el régimen necesariamente a aquellas ya reconocidas y con sujeción a los criterios y objetivos señalados en la misma ley, entre los que se encuentran el respeto de los derechos adquiridos y el mantenimiento del poder adquisitivo de las prestaciones concedidas legalmente.

h. La Corte Constitucional ha considerado la posibilidad de que una norma reajuste situaciones ya consolidadas, y ha dispuesto que el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones es un fin obligado, que se logra tomando un salario base de liquidación acorde con el valor real devengado en su momento.

ii) También se consideró que el régimen traído por la Ley 923 de 2004 no establece una aplicación retroactiva, por consiguiente, de accederse a las pretensiones se quebrantaría el principio de irretroactividad de la ley.

a. Al respecto, no se reclama la aplicación retroactiva de ese precepto, sino que se concedan los efectos que sobre el reajuste contempla el sistema normativo a partir de su vigencia.

b. La referida ley no contempla de forma explícita la «palabra retroactividad» frente al reajuste de la partida computable prima de actividad, pero las súplicas de la demanda no se encaminaron a solicitar la aplicación retroactiva de la ley, sino a que se reajustara la asignación de retiro desde su entrada en vigor, esto es, a partir del 31 de diciembre de 2004, y solo desde esa fecha hacia adelante, con sujeción a los criterios de respeto a los derechos adquiridos y la conservación del poder adquisitivo, y no que ese reajuste surta efectos desde el año 1995.

iii) Se estimó que no es posible aplicar el principio de favorabilidad porque con ello se viola el principio de inescindibilidad de la ley.

a. El reajuste de la asignación de retiro no implica que se estén tomando los aspectos favorables del Decreto 1213 de 1990 y del Decreto 4433 de 2004, pretendiendo crear un tercer régimen, sino que la Ley 4.ªde 1992, al igual que la 923 de 2004, ordenan que esos beneficios y derechos que ya había adquirido conforme al Decreto 1213 de 1990 no se pierdan por el reajuste, y que tampoco se vea desmejorada su prestación social.

b. Aunque la Ley 923 de 2004, en principio, trae unas exigencias mayores en tiempo de servicio para acceder al derecho a percibir una asignación de retiro o pensión, y ello implicaría que al reliquidar la asignación de retiro bajo los parámetros de este régimen, se hiciera la exigencia de esos mayores tiempos debido a la prohibición de tomar parte de un régimen y parte de otro, creando uno nuevo, lo cierto es que la Ley 4.ª de 1992, artículo 2-a y, posteriormente, la Ley 923 de 2004, artículo 2-2.1, establecieron el respeto por los derechos adquiridos y la prohibición de desmejorar las prestaciones sociales, entonces es el propio régimen legal, visto de forma sistemática, el que da lugar a que se reajusten las prestaciones periódicas sin que ello implique la renuncia a los derechos, garantías, prerrogativas, servicios y beneficios adquiridos conforme a disposiciones anteriores.

c. Precisamente por eso el Decreto 4433 de 2004, en el artículo 23, regula la conformación de las asignaciones de retiro y pensiones de forma general, mientras que en los artículos 24 y 25, que contemplan la exigencia de un mayor tiempo de servicio, condicionan sus efectos a situaciones configuradas con posterioridad a la entrada en vigencia de la norma, es decir, que se da un alcance general al primero de los artículos mencionados, esto es, frente a los beneficiarios de las prestaciones periódicas, mientras que restringe el alcance de los artículos 24 y 25 a los que concreten el derecho a la prestación periódica una vez empiece a regir la disposición.

d. Las accionadas desconocen la literalidad de los artículos 23, 24 y 25 del Decreto 4433 de 2004, 1.°, 2.°, numerales 2.1 y 2.4, y 3.°, numeral 3.1, de la Ley 923 de 2004, así como las sentencias del Consejo de Estado del 12 de abril de 2012, expediente 11001 03 25 000 2006 00016 00, del 28 de febrero de 2013, expediente 11001 03 25 000 2007 00061 00 y del 23 de octubre de 2014, expediente 11001 03 25 000 2007 00077 01.

e. De las sentencias arriba referenciadas se puede extraer que el Consejo de Estado declaró la nulidad del artículo 24 y los parágrafos del artículo 25, por exigir un mayor tiempo de servicio al previsto en regímenes anteriores para acceder a la asignación de retiro; y que al personal que se encontraba en servicio activo se le aplica el artículo 23, y no se le pide un mayor tiempo de servicio.

iv) El a quo sostuvo que en el caso no aplica el principio de favorabilidad y el ad quem ni siquiera aborda su transgresión, lo cual no es aceptable, pues el principio de favorabilidad en materia laboral es de obligatorio acatamiento por su consagración en la Constitución, en el bloque de constitucionalidad y en la Ley.

a. La aplicación del principio de favorabilidad cuya materialización se solicita en el presente caso, es el conocido en la manifestación de in dubio pro operario, es decir, que se opte por el entendimiento normativo, la interpretación o los efectos que resultaren más beneficiosos para el trabajador.

b. En la demanda no se plantea una tensión entre dos normas vigentes que consignan diferentes efectos, sino que el régimen creado por la Ley 923 de 2004 contempla el reajuste de las prestaciones sociales periódicas por retiro de la Fuerza Pública o muerte, cumpliendo la orden contenida en el artículo 13 de la Ley 4.ª de 1992, y que pone en concordancia el estado de esos derechos con la Constitución y los compromisos internacionales, siendo ese entendimiento más favorable para el trabajador debe preferirse sobre otros que le son perjudiciales.

v) En las sentencias se hace un recuento y análisis de la prima de actividad, de lo cual se concluye que este factor se devenga en servicio, y que su razón de ser es el estado activo del miembro de la Fuerza Pública, por lo que al retiro los porcentajes no se mantienen indefinidamente.

a. Ese argumento es distractor, pues la causa y fin del factor salarial prima de actividad no tiene la capacidad para quitarle el adjetivo o naturaleza de salario y no existe justificación constitucional para desconocer el salario real del trabajador al momento de liquidar la prestación periódica.

b. No importa cuál es la finalidad que inspiró el nacimiento de la prima de actividad, pues al ser salario y al tenerse en cuenta en su integridad para pagar los aportes a CASUR, no existe justificación válida para artificialmente disminuir o cercenar ese factor salarial al incluirlo en el ingreso base de liquidación cuando se adquiere el derecho a la prestación periódica, más cuando no se disminuye para las cotizaciones, sino que se toma íntegramente.

vi) Las accionadas no estudiaron la posible vulneración del derecho a la igualdad, pero dan a entender que se justifica el trato diferenciado con el personal retirado con posterioridad al 31 de diciembre de 2004.

a. El personal retirado con anterioridad a la vigencia de la Ley 923 de 2004 cumplió con la misma naturaleza de funciones, responsabilidades y riesgo inherente a la actividad, que el personal que se vinculó después de entrar en vigor esa norma.

b. Son entonces más relevantes las similitudes que las divergencias, pues los dos grupos se encuentran sujetos a iguales condiciones y exigencias, siendo la única diferencia el requerirse un mayor tiempo de servicio, el cual se justifica por una más alta esperanza de vida, que a su vez implica una vida productiva más amplia, y que no alcanza a quitarle la relevancia a las similitudes.

c. El análisis efectuado por la judicatura entra en contradicción con lo establecido por la Corte Constitucional sobre cómo abordar el estudio de esos escenarios mediante el test de igualdad.

d. El fallador, al eludir el estudio o dictaminar la ausencia de vulneración al principio de igualdad en el caso concreto, basado en la sola disparidad entre un momento y otro de la adquisición del derecho a la prestación periódica, incurre en una falta de motivación, pues omite dar las razones que justifiquen el por qué a pesar de todas las similitudes la diferencia es más relevante, y con ella justifica un trato desigual a dos sujetos con un derecho idéntico que se disfruta por ambos de forma actual y en idénticas circunstancias modales.

vii) Si a pesar de todo lo dicho se sigue considerando que frente a prestaciones periódicas consolidadas bajo el imperio de regímenes anteriores, la norma que estaba vigente al momento de la causación del derecho continúa surtiendo efectos sobre él o regulándolo hasta la actualidad, se debe tener en cuenta entonces que los efectos de esas disposiciones no son compatibles con la actual Constitución y los compromisos internacionales adquiridos por el Estado colombiano, en especial los relacionados con los derechos de los trabajadores y la seguridad social y, por tanto, se debe dar efectividad al artículo 4.° de la Constitución Política e inaplicar esos efectos por excepción de inconstitucionalidad.

a. La incompatibilidad con la carta se evidencia en mayor medida en que el retirado de la Fuerza Pública se ve sometido desde el inicio a la pérdida del poder adquisitivo de su pensión o asignación de retiro, dado que el ingreso base de liquidación con el cual se calcula el monto de su primera mesada pensional se toma disminuido en relación con el que realmente devenga al momento de la desvinculación de la institución.

b. La mencionada reducción se presenta respecto del factor salarial prima de actividad que pasa de un 55 % estando en servicio, a un 25 % en la asignación de retiro, según lo ordenado en el Decreto 1213 de 1990, evento que carece de justificación constitucionalmente válida y es artificial, pues hace que la prestación se calcule sobre un salario inferior al que realmente se percibía.

c. La deficiencia de la base de liquidación afecta el poder adquisitivo de la pensión y con ello se viola el orden constitucional. Al respecto, ha sido clara y reiterada la línea jurisprudencial de la Corte Constitucional en la que se ha abordado el tema de la indexación de la primera mesada pensional, y cuya ratio decidendi resulta aplicable a su caso, pues la base de liquidación resulta evidentemente reducida y afecta la cuantía de la mesada pensional.

d. El mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones no solo exige que se actualice periódicamente la mesada pensional luego de que es reconocida, sino que también requiere un salario base de liquidación cuya cuantía y poder de compra corresponda con el devengado por el trabajador en su momento. Al respecto, puede consultarse la Sentencia C-862 de 2006.

e. El diferenciar la base de liquidación de unos pensionados y otros, más cuando ambos adquirieron el derecho en desarrollo de un mismo cargo, donde a unos se les mutila el salario devengado y a otros se les toma íntegramente, no puede justificarse en la sola disparidad del momento de consolidación del derecho, porque ello no es una justificación suficiente y constitucionalmente válida ni tampoco expresa finalidades loables.

f. La interpretación acogida por los demandados viola directamente la Constitución, pues pone en desigualdad a los pensionados que accedieron ulteriormente al derecho, y afecta gravemente el mínimo vital al dar perpetuidad a una arbitrariedad que ordena calcular la prestación periódica por retiro sobre un salario significativamente inferior al efectivamente recibido en la etapa productiva.

g. Lo más acorde con la Constitución es que se reajuste la asignación de retiro o pensión, tomando como base de liquidación las partidas computables en su integridad, tal y como eran devengadas al momento del retiro, con el fin de que 1) el poder adquisitivo de la pensión sea proporcional al del salario devengado en actividad, de modo que la calidad de vida del miembro de la Fuerza Pública al pasar al retiro, no se vea considerablemente desmejorada afectando su mínimo vital o vida en condiciones dignas; 2) que no se desmejore el salario del trabajador y consecuencialmente su prestación social; 3) que se supere la desigualdad con sus colegas que se retiran con posterioridad y a los que sí se les liquidó la prestación periódica teniendo en cuenta la integridad de las partidas computables; y 4) que la pensión sea acorde con el esfuerzo realizado en actividad. La consecución de esos fines es constitucionalmente válida y esperable.

h. Entonces, debe ser inaplicada la norma que impide que la asignación de retiro se reajuste tomando la partida computable prima de actividad en el mismo porcentaje en que era devengada en el momento anterior a la salida del servicio.

Actuación procesal

La acción de tutela se admitió mediante auto del 8 de abril de 2021, que se ordenó notificar a los magistrados del Tribunal Administrativo de Antioquia y al Juzgado Octavo Administrativo del Circuito Judicial de Medellín, como demandados. Así mismo, se dispuso la notificación a la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, que actuó como parte demandada dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho 05001 33 33 008 2018 00327 01, como tercero interesado en las resultas de esta acción, para que, dentro del término de tres días, y en uso de su derecho de defensa, rindieran el respectivo informe.

Intervenciones

Tanto las autoridades demandadas como la entidad vinculada guardaron silencio, no obstante, fueron debidamente notificadas.

La sentencia que se impugna

El Consejo de Estado, Sección Cuarta, mediante fallo del 13 de mayo de 2021, declaró improcedente el amparo deprecado con base en los siguientes argumentos:

i) El señor Alberto Aguirre Valencia formuló inconformidades que coinciden con las que expuso en el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia que negó las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho que promovió contra la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, es decir, la tutela busca revivir la discusión jurídica respecto del reajuste de la asignación de retiro, asunto que ya fue resuelto por el Tribunal Administrativo de Antioquia, en la providencia del 2 de octubre de 2020.

ii) En consecuencia, aunque el accionante alega la vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, al mínimo vital, a la igualdad, a la vida, a la seguridad social y a mantener el poder adquisitivo de la pensión, lo cierto es que termina ejerciendo indebidamente la tutela para obtener un pronunciamiento que acceda a sus pedimentos.

iii) Así las cosas, no hay lugar a hacer pronunciamiento de fondo sobre los defectos que le endilga la parte actora a la sentencia objeto de censura.

1.8. Impugnación

El accionante impugna la decisión anterior, para que se revoque y, en su lugar, se protejan sus derechos fundamentales. Como motivos de inconformidad alega lo siguiente:

i) La primera instancia declaró improcedente el amparo porque estimó que se formulan idénticos argumentos a los que se expusieron en el medio de control ante los jueces administrativos; sin embargo, si bien se hicieron razonamientos similares, ello no les resta relevancia per se, por el contrario, es requisito plantear los reparos en el proceso ordinario para satisfacer la subsidiariedad.

ii) Como lo señaló en el escrito de tutela, el mecanismo de liquidación de la asignación de retiro afecta el poder adquisitivo de la prestación periódica que se le reconoció, lo que es incompatible con la Constitución y la corrección de esa violación se hace necesaria conforme a la ratio decidendi de los precedentes referenciados de la Corte Constitucional.

iii) Como lo indicó, el método que se empleó en su caso mutiló un factor salarial al incluirlo en el ingreso base de liquidación, es decir, si se ganaba diez pesos como salario, para liquidar la asignación de retiro se tomaron cinco, y la fórmula de cálculo a su vez implica una disminución en porcentaje, razón por la que se aplica un doble descuento y se desconoce la realidad salarial, situaciones que evidentemente afectan el poder adquisitivo de la prestación, ya que hay una notoria desproporción entre lo devengado en servicio activo y lo que se pasa a recibir en retiro, que impide mantener la calidad de vida alcanzada con el trabajo durante la etapa productiva.

iii) Se desconoció el principio in dubio pro operario, pues las normas admiten una interpretación más favorable al pensionado si se aplican sistemáticamente las Leyes 4.ª de 1992 y 923 de 2004 y el Decreto 4433 de 2004.

iv) Así mismo, se vulnera el derecho a la igualdad, porque el tratamiento diferenciado no está justificado, ya que son mayores las semejanzas que las diferencias, al punto de que quien se retiró el 30 de diciembre de 2004 tiene idénticas exigencias para acceder a la prestación periódica e iguales condiciones de prestación del servicio que aquel que se desvinculó el 1.º de enero de 2005, pero al primero se le computa la prima de actividad en la asignación de retiro en un porcentaje del 15 % al 30 % sobre el sueldo básico dependiendo del tiempo de servicio, mientras que, al segundo, se le calcula la prima de actividad en el mismo porcentaje en el que la devengaba al retiro, que usualmente es del 50 %.

v) La cuestión planteada está directamente relacionada con los derechos a la seguridad social, al mínimo vital y a la vida digna. Además, por ser una persona de la tercera edad, la Constitución establece una protección reforzada de esas garantías.

Consideraciones de la Sala

Competencia

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 constitucional y en el inciso segundo del artículo 25 del Acuerdo 80 de 2019, según el cual «las tutelas que sean de competencia del Consejo de Estado en primera instancia y en segunda instancia se someterán a reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y serán resueltas por la sección o subsección de la cual haga parte el magistrado a quien le haya correspondido el reparto», esta Sala es competente para conocer de la presente impugnación, interpuesta contra el fallo de tutela proferido por la Sección Cuarta de esta corporación.

Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si en el presente caso se cumplen los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales para efecto de estudiar por «vía de excepción» los cuestionamientos que plantea el señor Alberto Aguirre Valencia contra la providencia del 2 de octubre de 2020, que profirió el Tribunal Administrativo de Antioquia dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicación 05001 33 33 008 2018 00327 01.

2.3. De la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales

La acción de tutela fue prevista en el artículo 86 de la Constitución Política como un mecanismo a través del cual toda persona puede reclamar ante los jueces, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos fundamentales «cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública».

El Decreto 2591 de 1991 reglamentó su ejercicio y, en los artículos 11, 12 y 40, estableció la posibilidad de emplearla para controvertir sentencias ejecutoriadas. Sin embargo, aquellos fueron declarados inexequibles por la Corte Constitucional en la Sentencia C-543 de 1992, pues consideró que atentaban contra los principios de la cosa juzgada y de la seguridad jurídica, además de que transgredían la autonomía e independencia judicial y las normas de competencia que fija la Constitución.

No obstante lo anterior, la ratio decidendi de la mentada sentencia abrió la posibilidad para que, de manera excepcional y como mecanismo transitorio, la acción de tutela procediera en aquellos casos en los que «el juez incurriera en dilaciones injustificadas, actuaciones de hecho que desconozcan derechos fundamentales o cuando la decisión pueda causar un perjuicio irremediable».

Bajo este criterio, la jurisprudencia constitucional ha evolucionado en torno a la consideración de la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales y ha desarrollado diferentes reglas para su estudio, las cuales, finalmente, convergieron en la Sentencia C-590 de 2005, donde la Corte concentró y diferenció las causales genéricas y específicas de procedibilidad necesarias para verificar la oportunidad del amparo.

Como causales genéricas de procedibilidad señaló las siguientes: (i) que la cuestión sea de evidente relevancia constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial, salvo que se trate de evitar un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, contado a partir del hecho que originó la vulneración; (iv) cuando se trate de una irregularidad procesal, que se señale, de manera clara, el efecto determinante que tiene en la sentencia; (v) que se identifiquen los hechos que generaron la vulneración, los derechos lesionados y que se haya alegado tal violación en el proceso judicial, siempre que haya sido posible; y (vi) que no se trate de sentencias de tutela.

A su vez, como causales específicas de procedibilidad, recogió las siguientes: defecto orgánico, defecto procedimental absoluto, defecto fáctico, defecto material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente, violación directa de la Constitución; resaltando el hecho de que para que proceda el amparo, debe estar plenamente demostrada al menos una de ellas.

El Consejo de Estado, en sentencia del 31 de julio de 2012, unificó su jurisprudencia en torno a la procedibilidad excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales, y admitió que debe acometerse su estudio de fondo cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de derechos fundamentales relacionados con el acceso a la administración de justicia, el debido proceso y el derecho de defensa, para lo cual habrá de seguirse los parámetros fijados por la ley y la jurisprudencia.

Así mismo, como garantía del principio de la seguridad jurídica, en sentencia del 5 de agosto de 2014, acogió un plazo de seis meses, contados a partir de la notificación o ejecutoria de la sentencia, según el asunto, como tiempo razonable para determinar si la acción de tutela contra providencias judiciales se ejercía oportunamente, es decir, con inmediatez, que debe estudiarse según cada caso concreto, de acuerdo con los presupuestos señalados para el efecto por la Corte Constitucional.

2.4. Hechos probados

De conformidad con el acervo probatorio, que obra dentro del proceso, se puede establecer lo siguiente:

2.4.1. El señor Alberto Aguirre Valencia interpuso demanda contra la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, para que se declarara nulo el Oficio E-00003-201807082-CASUR id: 318144 del 18 de abril de 2018, mediante el cual le negó la reliquidación de su asignación de retiro.

2.4.2. El 10 de septiembre de 2019, el Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito de Medellín profirió fallo dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicación 05001 33 33 008 2018 00327 00, en el que dispuso lo siguiente:

PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, conforme las razones expuestas en la parte motiva.

SEGUNDO: Las costas estarán a cargo de la parte demandante, las cuales serán liquidadas a través de la secretaría del [d]espacho en el momento procesal oportuno.

TERCERO: La presente providencia será notificada de conformidad con lo previsto en el artículo 203 del CPACA.

CUARTO: ARCHIVAR el expediente una vez en firme la presente decisión.

2.4.3. El 2 de octubre de 2020, el Tribunal Administrativo de Antioquia, al decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la providencia anterior, resolvió lo siguiente:

PRIMERO: REVOCAR el NUMERAL SEGUNDO de la sentencia proferida por el Juzgado Octavo Administrativo de Oralidad del Circuito de Medellín, el 10 de septiembre de 2019, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia apelada, conforme a lo expuesto.

TERCERO: Sin condena en costas en esta instancia.

[…]

2.5. Caso concreto. Análisis de la Sala

2.5.1. Examen de procedencia de la acción de tutela

2.5.1.1. Considera la Sala que, contrario a lo señalado en la sentencia impugnada, el caso en estudio «reviste suficiente relevancia constitucional», toda vez que el debate que plantea el señor Alberto Aguirre Valencia gira en torno a la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, al mínimo vital, a la vida en condiciones dignas, a la seguridad social, al mantenimiento del poder adquisitivo de la pensión, al in dubio pro operario y a la igualdad.

2.5.1.2. En cuanto al «requisito de subsidiaridad» como lo precisó la Sala al resolver un asunto similar, se advierte que, aunque la decisión censurada hace referencia a una sentencia de segunda instancia que puso fin a la controversia que se ventiló dentro de un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, respecto a muchos de los alegatos presentados por el accionante no se cumple esta exigencia, pues desbordan el estudio que al juez de tutela le compete realizar en materia de revisión de providencias judiciales, como se explica a continuación:

i) El accionante aduce que el Tribunal no abordó el estudio del principio de favorabilidad, en la manifestación del in dubio pro operario, es decir, que se opte por el entendimiento normativo, la interpretación o los efectos que resulten más beneficiosos al trabajador, evento que constituye una falta de motivación.

Es de advertir, al respecto, que si existe un punto de la litis que no fue resuelto en el juicio ordinario, ello no conlleva un pronunciamiento del juez constitucional en la materia, pues este solo está habilitado para analizar las consideraciones expuestas por el juez ordinario respecto a las causales previstas por la Corte Constitucional para el estudio de providencias judiciales.

De manera que, si el cargo no se examinó por el ad quem, el demandante tenía a su disposición el recurso extraordinario de revisión, con el fin de que se resolviera sobre el punto de derecho que no fue objeto de pronunciamiento, en términos de lo dispuesto en el artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, de ahí que la acción de tutela frente a esta pretensión se encuentra afectada por falta de subsidiariedad.

ii) También se alega que en el asunto se concluyó que el monto que se reconoce por concepto del factor salarial prima de actividad durante el servicio, tiene su razón de ser en el estado activo del miembro de la Fuerza Pública, por lo que al momento del retiro los porcentajes no se mantienen indefinidamente, argumento que considera es distractor, pues explica que no importa cuál es la finalidad que inspiró el nacimiento de esa prestación, en tanto que el salario es lo que se tiene en cuenta para pagar los aportes a CASUR; por ello, no existe justificación válida para rebajar o cercenar ese emolumento al calcular el IBL, cuando se adquiere el derecho a la prestación periódica, más cuando no se disminuye para la cotización, sino que se toma íntegramente.

En este punto, el accionante está discutiendo, de manera tácita, la legalidad del artículo 101 del Decreto 1213 de 1990, que le asignó una escala gradual porcentual a la prima de actividad en la asignación de retiro, por ello, no puede ser objeto de estudio por parte del juez de tutela al analizar la providencia judicial porque no puede inmiscuirse en el estudio de legalidad de normas, de ahí que la acción de tutela frente a este cargo es improcedente.

iii) En otro de los planteamientos presentados se cuestiona el hecho de que no se examinó la posible vulneración del derecho a la igualdad, pese a que se da a entender que se justifica el trato diferenciado con el personal retirado con posterioridad al 31 de diciembre de 2004, por tanto, existe decisión sin motivación.

Argumenta el accionante que el análisis efectuado por la judicatura, que justifica la disparidad de trato en el hecho de que las circunstancias fácticas varían por una simple diferencia de ubicación temporal entre el momento en el cual se perfeccionó el derecho de los sujetos comparados, comprende razones superficiales y que chocan o entran en contradicción con lo establecido por la Corte Constitucional sobre la manera en que se debe abordar el estudio de esos escenarios mediante el test de igualdad.

En el asunto, el accionante presenta argumentos como si se estuviera controvirtiendo la constitucionalidad de la norma con fundamento en la cual le fue liquidada la partida prima de actividad en su asignación de retiro, evento que no corresponde definir al juez de tutela en contra de providencias judiciales.

Si el accionante no está de acuerdo con la diferencia de trato en materia de liquidación de la prima de actividad en la asignación de retiro prevista entre el artículo 101 del Decreto 1213 de 1990 y el artículo 23 de Decreto 4433 de 2004, bien puede demandar la constitucionalidad del aparte normativo.

Así las cosas, respecto a esta pretensión no se supera el requisito de subsidiariedad, lo cual torna en improcedente la solicitud de amparo porque esa inconformidad debe debatirse a través del recurso extraordinario de revisión previsto en el artículo 250 de la Ley 1437 de 2011.

iv) Finalmente, se solicita inaplicar la norma que impide que su asignación de retiro sea reajustada tomando la partida computable prima de actividad en el mismo porcentaje en que era devengada en el momento anterior al retiro del servicio, dando efectividad así al artículo 4.º de la Constitución Política.

Es de advertir que, si bien es cierto, la «inaplicación de la excepción de inconstitucionalidad» es un evento a partir del cual se justifica la existencia de la causal de violación directa de la Constitución, también lo es que el demandante no sometió a consideración del juez ordinario la aplicación de dicha figura, a efectos de que realizara un trabajo argumentativo en torno al tema, por lo que no puede el fallador constitucional entrar a verificar la configuración de dicha causal en el asunto, ya que resulta indispensable determinar cuál es la diferencia interpretativa del juzgador en la materia, para efectos de estudio de la causal.

2.5.1.3. Se «cumple con el requisito de inmediatez», por cuanto el fallo objeto de censura constitucional data del 2 de octubre de 2020, se notificó electrónicamente en la forma dispuesta por el artículo 203 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en esa misma fecha, quedó ejecutoriado el 7 de octubre de 2020, y la presente acción de tutela se radicó en la Secretaría General del Consejo de Estado el 7 de abril de 2021, es decir, dentro del término de los seis meses que señaló esta corporación como prudencial para el ejercicio de la acción de tutela contra providencia judicial.

2.5.1.4. En el caso «no se cuestiona una irregularidad procesal».

2.5.1.5. Dentro de la demanda de tutela «se identificaron razonablemente los hechos y argumentos frente a los que se alega vulneración».

2.5.1.6. El asunto «no se refiere a una sentencia de tutela», toda vez que la decisión que se cuestiona se profirió dentro del trámite de un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

Bajo este contexto, la Sala responde de manera afirmativa al interrogante que se presentó primigeniamente, en el sentido de señalar que en el asunto se cumplen las exigencias que habilitan el uso de la acción de tutela para rebatir la providencia del 2 de octubre de 2020, que emitió el Tribunal Administrativo de Antioquia, con excepción de los argumentos analizados en el numeral 2.5.1.2. subnumerales i) a iv), en relación con los cuales se estableció la improcedencia de este medio constitucional porque no se satisface el requisito de subsidiariedad.

2.5.2. Análisis de procedibilidad de la acción de tutela

2.5.2.1. Desarrollo jurisprudencial del defecto sustantivo

La Corte Constitucional en Sentencia C-590 de 2005, señala que el «defecto material o sustantivo» se presenta en casos en que se resuelve con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.

De acuerdo con el desarrollo jurisprudencial que se ha dado en el tema, una providencia judicial incurre en «defecto material o sustantivo» cuando la autoridad jurisdiccional: 1) aplica una disposición que perdió vigencia por cualquiera de las razones previstas por la normativa, por ejemplo, su inexequibilidad; 2) aplica un precepto manifiestamente inaplicable al caso, verbigracia porque el supuesto de hecho del que se ocupa no tiene conexidad material con los presupuestos del caso; 3) a pesar del amplio margen hermenéutico que la Constitución le reconoce a las autoridades judiciales, realiza una interpretación contraevidente —interpretación contra legem— o claramente irrazonable o desproporcionada; 4) se aparta del precedente judicial —horizontal o vertical— sin justificación suficiente; o 5) se abstiene de aplicar la excepción de inconstitucionalidad ante una violación manifiesta de la Constitución, siempre que su declaración haya sido solicitada por alguna de las partes en el proceso.

2.5.2.2. Desconocimiento del precedente constitucional

Según lo previsto en el artículo 241, la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución se le confía a la Corte Constitucional, por tanto, se predica únicamente de los pronunciamientos emitidos por esa corporación y se presenta cuando el funcionario judicial, al resolver un caso concreto, se aparta de la interpretación fijada por la Corte.

En tal sentido, se desconoce el precedente constitucional cuando (i) se aplican disposiciones legales que han sido declaradas inexequibles; (ii) se contraría la ratio decidendi de sentencias de control de constitucionalidad, especialmente la interpretación de un precepto que la Corte ha establecido que es la que debe acogerse a la luz del texto superior; (iii) se desconoce la parte resolutiva de una sentencia de exequibilidad condicionada; y (iv) se desconoce el alcance de los derechos fundamentales fijado a través de la ratio decidendi de sus fallos de control de constitucionalidad o de revisión de tutela.

La Corte ha sintetizado las reglas bajo las cuales se debe estudiar la configuración del defecto, así: (i) determinar la existencia de un precedente o de un grupo de precedentes aplicables al caso concreto y distinguir las reglas decisionales contenidas en estos precedentes; (ii) comprobar que el fallo judicial impugnado debió tomar en cuenta necesariamente tales precedentes, pues de no hacerlo incurriría en un desconocimiento del principio de igualdad; (iii) verificar si el juez tuvo razones fundadas para apartarse del precedente judicial por encontrar diferencias fácticas entre el precedente y el caso analizado, o por considerar que la decisión debería ser adoptada de otra manera para lograr una interpretación más armónica en relación con los principios constitucionales, y más favorable a la vigencia y efectividad de los derechos fundamentales, de acuerdo con el principio pro homine.

Ello no implica, en todo caso, que la obligación de acoger el precedente constitucional coarte la libertad del juez o la autonomía judicial, pues existe la posibilidad para los operadores judiciales de apartarse de este si cumple con los requisitos establecidos para el efecto, esto es, siempre que cumpla con una carga argumentativa adecuada y suficiente que justifique su actuar, evento que, en palabras de la Corte, ocurre «cuando se verifica que existen hechos en el proceso que hacen inaplicable el precedente al caso concreto», o que «existan elementos de juicio no considerados en su oportunidad por el superior, que permitan desarrollar de manera más coherente o armónica la institución jurídica».

2.5.2.3. Análisis de la Sala. Caso concreto

Cuestiona el accionante, en su calidad de agente retirado de la Policía Nacional, el hecho de que al liquidar su asignación de retiro, se aplicó en la partida computable prima de actividad, la escala gradual porcentual prevista en el artículo 101 del Decreto 1213 de 1990, que reduce el porcentaje de ese factor del 45 % al 20 % del sueldo básico que percibía en servicio.

Insiste que, en su caso, se debe aplicar el artículo 23 del Decreto 4433 de 2004, que no contempló una escala porcentual para la prima de actividad, sino que solo varió el porcentaje a aplicar sobre el salario base de liquidación de las asignaciones de retiro, y que, por tanto, permite liquidar su asignación de retiro tomando en cuenta el 100 % del valor de la prima de actividad devengada al momento de su retiro.

En ese contexto, el accionante somete a juicio lo resuelto en sede ordinaria, al considerar que el análisis efectuado incurrió en los defectos sustantivo y desconocimiento de precedente constitucional, que procedió a sustentar bajo un sinnúmero de argumentos que la Sala dilucidará de acuerdo con las materias endilgadas, esto es, el reajuste de prestaciones periódicas, retroactividad de la ley, y principio de inescindibilidad normativa.

Así las cosas, se controvierte, en primer lugar, el hecho de que no se hubiera reajustado su asignación de retiro, pese a que la Ley 923 de 2004 contempla este derecho que, según explica, implica que se liquide su asignación de retiro tomando los factores salariales reales devengados en el servicio y no valores inferiores que le restan capacidad adquisitiva.

El Tribunal Administrativo de Antioquia, respecto a la liquidación de la asignación de retiro del accionante, efectuó las siguientes consideraciones:

Se encuentra probado en el asunto, que el demandante ingresó al servicio de la Policía Nacional, el 21 de febrero de 1972, ocupando con posterioridad el grado de agente hasta la fecha de su retiro el 16 de marzo de 1991 […]

Así mismo, se encuentra acreditado que mediante Resolución N° 1081 del 27 de marzo de 1991, la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, reconoció a favor del demandante una asignación de retiro, teniendo en cuenta para su reconocimiento y liquidación, lo consagrado en el Decreto 1213 de 1990 […]

Posteriormente, mediante petición radicada ante la entidad el 12 de marzo de 2018 […] el demandante solicitó la reliquidación de su asignación de retiro, con la inclusión del 100 % de lo devengado en servicio activo, por prima de actividad, en virtud de la aplicación del principio de oscilación. Dicha petición fue resuelta desfavorablemente mediante Oficio N° E-00003-201807082-casur id: 318144 del 18 de abril de 2018, en el cual la entidad argumentó la imposibilidad de dar aplicación al Decreto 4433 de 2004 en tanto empezó a regir con posterioridad al retiro del demandante […]

Frente al asunto de la referencia, el Aquo (sic) resolvió negando las pretensiones de la demanda bajo el entendido que la normatividad contenida en la Ley 923 de 2003 (sic) y el Decreto 4433 de 2004, no es aplicable al demandante por cuanto aquel adquirió su derecho pensional con anterioridad a la vigencia de las mismas.

Frente a dichas consideraciones, el accionante aduce que la Corte Constitucional ha decantado desde antaño la posibilidad de que una norma reajuste situaciones ya consolidadas y que, particularmente, en las Sentencias C-862 de 2006 y SU-1073 de 2012, advirtió que el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones es un fin obligado y se logra tomando un salario base de liquidación acorde con el valor real devengado en su momento.

De igual forma, cuestiona el hecho de que no se hayan examinado de forma sistemática, las disposiciones de la Ley 923 de 2004 y el Decreto 4433 de 2004, con i) la Ley 4.ª de 1992, artículos 13 y 14, que imponen la obligación al Estado de nivelar la remuneración del personal retirado con la del personal que se encuentra activo, así como el deber de respetar derechos adquiridos y la prohibición de desmejorar prestaciones sociales; ii) la Constitución de 1991, artículos 53, 93 y 94 que contemplan el bloque de constitucionalidad en material laboral; y iii) la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en los que se señalaron los principios de progresividad, favorabilidad e in dubio pro operario, seguridad social en conexidad con el mínimo vital e igual trabajo igual remuneración.

Es claro que en este punto el accionante pretende hacer ver la existencia de una pérdida de poder adquisitivo de la asignación de retiro, al no ser liquidada la prima de actividad sobre el monto o porcentaje total en que era liquidada estando en servicio activo, esto es, del 45 % sobre el sueldo básico, y que en la asignación de retiro pasó a un 20 %, perdiendo así un total del 25 %.

Sin embargo, también es claro que, para efectos de sustentar su planteamiento, el accionante utiliza de manera indistinta los términos reajuste y liquidación, cuando lo cierto es que no pueden equiparse pues cada uno de ellos tiene efectos diferentes.

Es cierto que en las Sentencias C-862 de 2006 y SU-1073 de 2012, la Corte Constitucional abordó el estudio del derecho constitucional de los pensionados a mantener el poder adquisitivo de la mesada pensional, pero de las conclusiones a las que se arribó no se advierte la afirmación referida por el accionante, esto es, que «que el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones se logra tomando un salario base de liquidación acorde con el valor real devengado en su momento».

En los referidos pronunciamientos, la Corte dejó sentado que el derecho de mantener el poder adquisitivo de la mesada pensional se materializa en el reajuste o actualización periódica, tanto de las mesadas pensionales ya reconocidas, como del ingreso base para la liquidación de la primera mesada pensional, o indexación de la primera mesada pensional.

Ahora bien, lo que se advierte es que tratándose del derecho a la indexación de la primera mesada pensional, que opera cuando ha mediado un tiempo sustancial entre el momento en que el trabajador se retiró del servicio y el reconocimiento de la pensión, la corporación estableció la siguiente definición:

La indexación ha sido definida como un «sistema que consiste en la adecuación automática de las magnitudes monetarias a las variaciones del nivel de precios, con el fin de mantener constante, el valor real de éstos, para lo cual se utilizan diversos parámetros que solos o combinados entre sí, suelen ser: el aumento del costo de la vida, el nivel de aumento de precios mayoristas, los salarios de los trabajadores, los precios de productos alimenticios de primera necesidad, etc.».

Quiere decir lo dicho, que el reajuste pensional al que se hizo referencia por la Corte obedece a la actualización monetaria de las mesadas pensionales ya reconocidas, y del ingreso base para la liquidación de la primera mesada pensional, y no de las partidas que comprenden ese ingreso base de liquidación, según la lógica o entendimiento dado por el accionante.

En este contexto, se concluye, entonces, que la interpretación del accionante en relación con el derecho al reajuste pensional no es el que la Corte Constitucional ha referido en la materia, pues lo analizado por esta no trató sobre las partidas del ingreso base de liquidación, sino de la actualización del valor monetario de la pensión, que como se encargó de explicar la parte actora, es un derecho que se encuentra previsto en la Ley 4.ª de 1992 y que se reiteró en la Ley 923 de 2004, por lo que en este cargo no se advierte la existencia de un desconocimiento de precedente constitucional.

Ahora bien, se censura, en segundo lugar, el hecho de que el Tribunal considerara que en el asunto se solicitó la aplicación retroactiva de la Ley 923 de 2004, cuando lo que realmente se pretende es que se apliquen los efectos que sobre el reajuste contempla el sistema normativo a partir de su vigencia, esto es, que se reajustara su asignación de retiro a partir del 31 de diciembre de 2004, y no desde el año 1995, cuando le fue reconocida esa prestación.

En este punto, el accionante insiste en que el reajuste pensional en términos de lo establecido en la Ley 923 de 2004, también comprende las partidas computables para la liquidación de la prestación, y que, en ese contexto, se debe dar aplicación a lo previsto en el Decreto 4433 de 2004, artículo 23.

El Tribunal accionado, al abordar el asunto de la retroactividad de la ley hizo las siguientes consideraciones:

De la normatividad y la jurisprudencia citada en aparte anterior, se desprende que por regla general la aplicación de las leyes en el tiempo, está supeditada a la fecha de su promulgación, situación contemplada en el artículo 52 del Código del Régimen Político y Municipal que subrogó los artículos 11 y 12 del Código Civil.

De acuerdo con ello, para efectos de establecer el régimen jurídico aplicable, es preciso determinar el momento a partir del cual se adquiere el derecho pensional, o en este caso, el derecho al reconocimiento de asignación de retiro. Para el caso concreto, [comoquiera] que el demandante consolidó su derecho en el año 1991, le era aplicable el régimen consagrado en el Decreto 1213 de 1990, con el cual la demandada liquidó su prestación.

Ahora, en relación con el Decreto 4433 de 2004, este no contempla ningún tipo de excepción en lo relacionado con la vigencia de la Ley en el tiempo, por el contrario, el artículo 45 de la citada norma, indica que la misma rige a partir de su promulgación, siendo claro que solo se aplica una vez entra en vigencia, motivo suficiente para negar la aplicación de forma retroactiva que pretende el demandante.

El Tribunal fue enfático en señalar que al haber sido consolidado el derecho prestacional en vigencia del Decreto 1213 de 1990, es a esta norma a la que se debe acudir para la liquidación de la asignación de retiro, resultando improcedente la aplicación retroactiva del Decreto 4443 de 2004, al no existir dentro del ordenamiento jurídico normativa alguna que permita inferir que el decreto gobierna situaciones consolidadas y completamente definidas con anterioridad a su entrada en vigencia.

Es claro que el Tribunal no hizo una aplicación indebida de la norma, sino que resolvió el asunto bajo el respeto de los postulados y/o principios de consolidación del derecho pensional y aplicación de la ley en el tiempo, a partir de los cuales se debe regir el operador jurídico.

El accionante no puede pretender que so pretexto de la protección del respeto a derechos adquiridos y el poder adquisitivo de la pensión, se pasen por encima instituciones jurídicas como las referidas, pues ello atentaría contra el debido proceso y la seguridad jurídica de los administrados y, además, iría en contravía del querer del legislador, quien es el encargado de fijar el momento a partir del cual debe entrar a regir la ley. De manera que en el asunto no se advierte la configuración de un defecto sustantivo.

En tercer lugar, se alega que, contrario a lo sostenido por el juez ordinario, en su caso no se viola el principio de inescindibilidad de la ley al reajustarse su asignación de retiro teniendo en cuenta el real porcentaje sobre el sueldo básico devengado como prima de actividad.

Lo anterior, según explica, por cuanto el Decreto 4433 de 2004, en el artículo 23, regula la conformación de las asignaciones de retiro y pensiones de forma general, mientras que en los artículos 24 y 25, que contemplan la exigencia de un mayor tiempo de servicio, condicionan sus efectos a situaciones configuradas con posterioridad a la entrada en vigor de la norma.

Advierte que ello se puede extraer de las sentencias del Consejo de Estado del 12 de abril de 2012, expediente 11001 03 25 000 2006 0001600; del 28 de febrero de 2013 expediente 11001 03 25 000 2007 000 6100; y del 23 de octubre de 2014 expediente 11001 03 25 000 2007 000 7701.

No obstante, la interpretación propuesta por el señor Alberto Aguirre Valencia es errada y no se sustenta con la jurisprudencia traída como referente, pues en esta el Consejo de Estado analizó la legalidad del artículo 24 y los parágrafos del artículo 25 del Decreto 4433 de 2004, por exigirse un mayor tiempo de servicio, al previsto en regímenes anteriores, para acceder a la asignación de retiro, y en ningún aparte se analiza la aplicación general del artículo 23, según el entendimiento del accionante.

Tampoco es cierto que de los referidos pronunciamientos se pueda inferir una aplicación general del artículo 23 del Decreto 4433 de 2004, y que se restrinja el alcance de los artículos 24 y 25, a los servidores que concreten el derecho a la prestación periódica una vez entrada en vigencia la disposición. El accionante hace una interpretación errónea de las sentencias invocadas como referente.

Así las cosas, el hecho de que en el artículo no se indique, expresamente, que este se aplica a partir de la entrada en vigencia del decreto de que hace parte, no quiere decir que ello no sea así, pues es claro que en al final de las normas siempre se establece una vigencia tácita o expresa y, para el caso particular del Decreto 4433 de 2003, se dispuso que «el decreto rige a partir de la fecha de su publicación», que ocurrió el 31 de diciembre de 2004, por lo que frente a este alegato tampoco se advierte la configuración de un defecto sustantivo.

Conclusión

La Sala concluye, entonces, que en la providencia del 2 de octubre de 2020, que profirió el Tribunal Administrativo de Antioquia que confirmó parcialmente la del 10 de septiembre de 2019 del Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito de Medellín, no se incurrió en defecto sustantivo ni en desconocimiento del precedente constitucional.

Así mismo, no se cumple el requisito de subsidiariedad en relación con los cargos por falta de pronunciamiento del Tribunal respecto a la aplicación del principio in dubio pro operario y en relación con la vulneración al derecho a la igualdad analizados en el numeral 2.5.1.2. y subnumerales i) a iv) del ítem «examen de procedencia de la acción de tutela», frente a los cuales se impone el rechazo de la presente acción de tutela.

En tal sentido, la Sala procederá a revocar la sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, mediante la cual declaró improcedente la acción interpuesta por falta de relevancia constitucional y, en su lugar, se denegará el amparo que solicita el señor Alberto Aguirre Valencia en lo que se refiere al defecto sustantivo y desconocimiento del precedente constitucional y a adicionarla para rechazar el mecanismo de amparo en cuanto a la omisión de pronunciamiento sobre la aplicación del principio in dubio pro operario y la violación del derecho a la igualdad, por falta del requisito de subsidiariedad.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso- Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

Falla:

Primero. Revocar la sentencia del 13 de mayo de 2021, que dictó el Consejo de Estado, Sección Cuarta, mediante la cual declaró la improcedencia de la acción por falta de relevancia constitucional. En su lugar, se niega el amparo que solicita el señor Alberto Aguirre Valencia respecto al defecto sustantivo y desconocimiento del precedente constitucional, conforme a la parte considerativa que antecede.

Segundo. Adicionar la sentencia que profirió la Sección Cuarta de esta corporación el 13 de mayo de 2021, en el sentido de rechazar la acción de tutela por falta del requisito de subsidiariedad en lo que se refiere a la falta de pronunciamiento en relación con la aplicación del principio in dubio pro operario y la violación del derecho a la igualdad, por las razones expresadas en la parte motiva de esta providencia.

Tercero. Remitir el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia se estudia y aprueba por la Sala en sesión de la fecha.

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del Consejo de Estado denominada Samái. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
Ley 153 de 1887.
El artículo 53 de la Constitución establece el bloque de constitucionalidad en material laboral y los artículos 93 y 94 consagran el bloque de constitucionalidad.
El artículo 13 impone la obligación al Estado de nivelar la remuneración del personal que se encuentra retirado con la remuneración del personal que se encuentra activo, el Art. 2 literal a) dispone el deber de respetar los derechos adquiridos y la prohibición de desmejorar las prestaciones sociales, y el Art. 10 le quita efectos a toda norma que contravenga las disposiciones de dicho estatuto.
Tales como i) la Convención Americana Sobre Derechos Humanos suscrita en la Conferencia Especializada Interamericana Sobre Derechos Humanos, ii) el Pacto de San José de Costa Rica aprobado por la Ley 16 de 1972, iii) la Declaración Universal De Los Derechos Humanos y iv) el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En los cuales que se establecen los principios de progresividad, favorabilidad e in dubio pro operario, seguridad social en conexidad con el mínimo vital e igual trabajo igual remuneración.
Sentencia C-177 de 2005.
Sentencias C-862 de 2006 y SU-1073 de 2012.
Sentencias C-177 de 2005, T-752 de 2008 y SU-1073 de 2012.
Sentencia SU-1073 de 2012.
Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado.
T-079 de 1993, T-158 de 1993, T-173 de 1993, T-231 de 1994, T-118 de 1995, T-492 de 1995, T-567 de 1998, SU-047 de 1999, T-382 de 2001, T-1031 de 2001, T-441 de 2003, T-462 de 2003, T-589 de 2003, T-949 de 2003, T-200 de 2004, T-774 de 2004.
Reiteradas en las sentencias SU-813 de 2007 y SU-913 de 2009.
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. C.P. María Elizabeth García González. Expediente radicado 11001-03-15-000-2009-01328-01(IJ).
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. C.P. Jorge Octavio Ramírez, expediente radicado 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
Índice 7, del expediente electrónico.
Índice 7, del expediente electrónico.
Índice 7, del expediente electrónico.
Sentencia de 3 de septiembre de 2020. Expediente 11001 03 15 000 2020 03279 00.
Índice 7, del expediente electrónico.
Corte Constitucional. Sentencias T-193 de 1995, T-1625 de 2000, T-462 de 2003, T-292 de 2006, T-087 de 2007, T-436 de 2009, T-161 de 2010, SU-448 de 2011, y T-830 de 2013, entre otras.
Sentencia T-369 de 2015.
Sentencia SU-640 de 2008.
Sentencia SU-091 de 2016. Cfr. Sentencias T-1092 de 2007 y T-656 de 2011.
Sentencia T-351 de 2011. Reiterada en la sentencia SU-091 de 2016.
Ver sentencias T-566 de 1998, T-439 de 2000 y T-569 de 2001.
Ley 153 de 1887.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.