República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2021-01344-01
Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas
8 de julio de 2021
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL - Niega / AUSENCIA DE DEFECTO FÁCTICO / FALLO DE RESPONSABILIDAD FISCAL - Incumplimiento de los deberes del cargo de subdirector administrativo y financiero de la CAR
La Sala debe resaltar que al tenor del artículo 53 de la Ley 610 de 2000, la acción de responsabilidad fiscal es de naturaleza personal y, en cumplimiento del deber de individualización del detrimento patrimonial causado por los funcionarios que en él participaron, las conductas son analizadas de forma independiente, con fundamento en la plena observancia de las funciones asignadas, así como en las circunstancias particulares que rodearon las actuaciones que dieron lugar al detrimento patrimonial de las entidades involucradas, porque el ejercicio de la gestión fiscal implica obligaciones específicas referidas a la administración de bienes ajenos como son los del Estado, que resultan menoscabados con la actuación irregular del funcionario. (…) Conforme a lo anterior, la Sala evidencia que la Sección primera de esta corporación efectuó un estudio minucioso de las objeciones propuestas, que le permitió, de acuerdo con los hechos probados dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, llegar a la certeza de que no se logró desvirtuar la presunción de legalidad de los actos administrativos demandados. EnE ese orden de ideas, esta Subsección encuentra que no le asiste razón a la parte accionante al afirmar que la providencia cuestionada incurrió en un defecto fáctico por ausencia o defectuosa valoración probatoria, pues la decisión proferida en sede ordinaria se encuentra debidamente sustentada con argumentos explicativos y justificativos, coherentes con la realidad procesal.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá, D. C., ocho (8) de julio de dos mil veintiuno (2021)
Radicación número: 11001-03-15-000-2021-01344-01(AC)
Actor: ANDRÉS BOTERO ARBELÁEZ
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN PRIMERA
Decide la Sala la impugnación que formula la parte demandante contra la sentencia del 13 de mayo de 2021, mediante la cual el Consejo de Estado, Sección Quinta, negó el amparo que deprecó el accionante.
1. La acción de tutela
El señor Andrés Botero Arbeláez, a través de apoderado, promueve acción de tutela contra el Consejo de Estado, Sección Primera, por estimar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad.
Pretensiones
En protección de los derechos reclamados, solicita:
1. Dejar sin efectos la decisión de fecha 13 de agosto de 2020 proferida por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, con ponencia de la consejera doctora Nubia Margoth Peña Garzón, en el marco del proceso tramitado bajo radicado 25000234100020130277001.
2. Como consecuencia de lo anterior, exhortar a la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, para que profiera una nueva decisión revocando la decisión de primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, siguiendo las directrices que ordene el juez constitucional.
1.2. Hechos de la solicitud
Como hechos relevantes, la parte accionante señaló los siguientes:
i) La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (en adelante CAR) desde el año 2002, sostenía una relación contractual con la sociedad Corredores del Caribe S. A. (CORCARIBE), en virtud de la cual le entregaba a la comisionista unos recursos con el fin de gestionar inversiones en el mercado abierto de la Bolsa Nacional, en nombre propio y por cuenta de la entidad administrativa.
ii) Posterior a la ejecución del mencionado contrato, en mayo de 2003, se celebró un nuevo mandato sin representación, el cual tendría vigencia anual y sería renovado de forma automática. Estando en vigor lo estipulado, la CAR le entregó a CORCARIBE S. A. la suma de $20.252’338.719, de los cuales, para finales de ese año, aún se encontraban invertidos $12.289’251.515. Por otro lado, las inversiones se iban renovando a través de operaciones de reinversión de los recursos adeudados, los cuales, únicamente, eran solicitados por la CAR cuando las necesidades de liquidez de la entidad así lo exigían.
iii) El 27 de enero de 2004, el señor Andrés Botero Arbeláez se vinculó a la CAR en el cargo de subdirector administrativo y financiero, el cual ocupó hasta el día 25 de mayo de 2004. En cumplimiento de sus funciones, autorizó la prórroga de las inversiones que dicha entidad poseía en el portafolio de inversiones de CORCARIBE S.A. y resolvió la reducción de los plazos de vencimiento.
iv) El 16 de diciembre de 2004, la CAR entregó a Corredores del Caribe S.A., la suma de $2.750’000.000, movimiento efectuado en fecha posterior a su retiro. En el año 2005 CORCARIBE S. A. comenzó a incumplir su obligación de retornar el dinero a la CAR.
v) La Superintendencia de Valores mediante las Resoluciones 630 y 807 del 1.° de agosto y 23 de septiembre de 2005, respectivamente, ordenó, en primera instancia, la toma de bienes, haberes y negocios de Corredores del Caribe S. A. y, posteriormente, su liquidación por ausencia de recursos para atender los gastos que demandaba su operación.
vi) A través de la Resolución 115 del 13 de octubre de 2005, el Comité de Vigilancia de la Bolsa Nacional Agropecuaria sancionó a la sociedad como consecuencia de los malos manejos en que estaba incurriendo, con la «exclusión definitiva para ejercer la actividad de miembro de la Bolsa Nacional Agropecuaria, por la comisión de faltas disciplinarias».
vii) En el proceso liquidatorio iniciado contra CORCARIBE S. A., la CAR presentó acreencias por la suma de $5.674’205.031, producto de 18 reclamaciones por recursos dejados de pagar, de los cuales recibió como pago parcial un valor de $614’908.617,
viii) La Contraloría General de la República inició proceso de responsabilidad fiscal con radicado 01-07, con ocasión del detrimento patrimonial de la CAR por un valor estimado en $5.104’244.437.
ix) El 25 de febrero de 2013, la Dirección de Investigaciones Fiscales de la Contraloría General de la República, profirió fallo de responsabilidad fiscal 003, por medio del cual encontró al señor Andrés Botero Arbeláez y a otras personas, solidariamente responsables por el menoscabo al patrimonio de la CAR, estimado en la suma de $1.880’425.418.
x) Contra la anterior decisión interpuso recurso de apelación, pero fue confirmada en todas sus partes mediante auto No. 199 del 3 de mayo de 2013. La anterior providencia fue adicionada el 6 de mayo siguiente a través del auto 205, el cual incluyó unos puntos que habían sido inicialmente omitidos.
xi) El señor Andrés Botero Arbeláez radicó el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Contraloría General de la República, con el propósito de que fuera declarada la nulidad de los siguientes actos administrativos: a. fallo de responsabilidad fiscal 00003 del 25 de febrero de 2013, por medio del cual fue declarado responsable fiscalmente; b. auto 000346 del 7 de abril de 2003, que decidió no reponer la providencia anterior; y c. fallo de segunda instancia 000199 del 3 de mayo de 2013, mediante el cual confirmó el de primera; y, a título de restablecimiento, solicitó: a. declarar que no había lugar a endilgarle responsabilidad fiscal y, por consiguiente, no era procedente exigir el pago de suma alguna; y b. ordenar la cancelación de la inscripción realizada en el Boletín de Responsables Fiscales, así como levantar las medidas cautelares instauradas en su contra.
xii) El 30 de agosto de 2018, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, negó las pretensiones de la demanda tras considerar que no se logró desvirtuar la legalidad de las decisiones proferidas por la Contraloría General de la República.
xiii) El 13 de agosto de 2020, la Sección Primera del Consejo de Estado confirmó la providencia proferida por el a quo, salvo la condena en costas, decisión que fue revocada.
Fundamentos jurídicos del accionante
Luego de atender el cumplimento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, el señor Andrés Botero Arbeláez, en su escrito de tutela, centró su reparo en los siguientes defectos:
1.3.1. Violación directa de la Constitución
Consideró que la Sección Primera del Consejo de Estado no garantizó el derecho fundamental a la igualdad de trato que las autoridades judiciales deben asegurar a todos los ciudadanos, en la medida que, en casos de similares supuestos fácticos y jurídicos en los cuales analizó el daño patrimonial padecido por la CAR derivado de las conductas desplegadas por Corredores del Caribe S. A. (CORCARIBE), efectuó un estudio diferente respecto de la causa eficiente de dicho menoscabo.
Al respecto precisó que existen decisiones contrarias tomadas por la Sección Primera del Consejo de Estado, respecto de idénticos hechos pero en relación con sujetos diferentes:
La sentencia del 30 de julio de 2020, por medio de la cual decidió declarar la nulidad parcial del fallo de responsabilidad fiscal 00003 del 25 de febrero de 2013, en lo que concierne a la señora Ana María Ramírez Franco. En dicha oportunidad, consideró que la causa eficiente del daño patrimonial sufrido por la CAR con ocasión de la conducta irregular de CORCARIBE S. A. era impredecible para los funcionarios de dicha entidad.
Teniendo en cuenta que las reclamaciones por las cuales se imputó responsabilidad fiscal al accionante son aquellas que se identifican con los números 77, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 85 y 87 y que respecto de aquellas la Sección Primera de esta corporación se había pronunciado afirmando que obedecieron a operaciones realizadas en la Bolsa Nacional Agropecuaria con el amparo de la Cámara de Compensación correspondiente, le asistía a la autoridad judicial en la providencia en estudio, el deber de sustentar las razones por las cuales, con tan pocos días de diferencia, entendió que para el caso específico del señor Andrés Botero Arbeláez existía prueba irrefutable, no solo de que dichas operaciones se habían llevado a cabo por fuera de la bolsa, sino además de que el detrimento patrimonial acaecido 16 meses después de su renuncia, se debía a una conducta atribuible jurídicamente a este.
Esta circunstancia, desde el punto de vista del tratamiento igualitario no se comprende, porque en esa oportunidad sí prosperó la pretensión de nulidad, mientras que en el fallo objeto de litis no se llegó a la idéntica conclusión.
1.3.2. Defecto fáctico
1.3.2.1. Por ausencia y defectuosa valoración del acervo probatorio
Argumentó que en el marco de los procesos de responsabilidad fiscal y de nulidad y restablecimiento del derecho se ha prescindido de otorgarle el valor que corresponde al material probatorio aportado por el accionante; en particular mencionó las Resoluciones 630 de agosto y 115 del 15 de octubre de 2005, proferidas por la Superintendencia de Valores y la Bolsa Nacional Agropecuaria, respectivamente, por medio de las cuales se indicó, de manera expresa, que las operaciones irregulares realizadas por CORCARIBE S. A. por fuera de la Bolsa Nacional Agropecuaria y, con ello, sin el respaldo de la Cámara de Compensación de dicha bolsa, tuvieron lugar a partir del segundo semestre del año 2004, fecha para la cual, el señor Botero Arbeláez no se encontraba vinculado con la CAR.
En igual medida, consideró que la Sección Primera del Consejo de Estado no advirtió que dentro de las funciones asignadas al cargo de subdirector administrativo y financiero que ocupaba el accionante, no se encontraba la de decidir acerca de la realización o el retiro de las inversiones hechas por la entidad; pues, por el contrario, debía ejecutar las decisiones que eventualmente tomara la dirección general de la entidad. Así las cosas, en su criterio, no podía entonces la conducta o la supuesta omisión del accionante generar un detrimento patrimonial a la CAR, comoquiera que no se encontraba configurado uno de los elementos esenciales de la responsabilidad fiscal, cual es el nexo de causalidad.
Finalmente, adujo que, contrario a lo señalado en la providencia sub examine, el señor Botero Arbeláez actuó con la diligencia debida, de lo que da cuenta la carta de entrega del cargo dirigida a la dirección de la entidad, en la que advierte la necesidad de tomar decisiones, específicamente, en relación con el portafolio que la CAR manejaba en la Bolsa Nacional Agropecuaria a través de CORCARIBE S. A.
Actuación procesal
La tutela de la referencia fue admitida por auto del 12 de abril de 2021, por el cual se ordenó notificar a los magistrados del Consejo de Estado, Sección Primera, como demandados y, como terceros interesados, a los magistrados del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, y a la Contraloría General de la República, como juez de primera instancia y demandado, respectivamente en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado núm. 25000 23 41 000 2013 02770 01, para que dentro del término de tres días, y en uso de su derecho de defensa, rindieran el respectivo informe.
Intervenciones
1.5.1. La magistrada del Consejo de Estado, Sección Primera, Nubia Margoth Peña Garzón, ponente de la decisión reprochada, luego de referirse sucintamente a los antecedentes del caso, precisó respecto a los cargos esbozados en el escrito de tutela que, en el caso concreto, la decisión de la Contraloría General de la República, pese a que condenó a varias personas por los mismos hechos y de forma solidaria, en forma alguna implica que la suerte de uno y otro deba ser idéntica, por lo que estimó que «[a]l ser diferentes las circunstancias de tiempo, modo y lugar bajo las cuales fue condenada fiscalmente la señora Ana María Ramírez Franco, de aquellas que surgieron frente al aquí accionante para ser declarado responsable fiscal, deviene en improcedente alegar la vulneración de sus derechos al debido proceso y a la igualdad respecto de la sentencia de 13 de agosto de 2020, comoquiera que no se trata de situaciones iguales que tuvieran que ser resueltas en el mismo sentido que lo hizo la sentencia de 30 de julio de 2020».
En lo que concierne al supuesto defecto fáctico, precisó que el análisis jurídico contenido en la providencia fue realizado de manera acuciosa, atendiendo las normas que regulan la materia, y con base en las pruebas arrimadas al proceso. Así, consideró que «a través de la acción constitucional de la referencia, lo que se pretende es revivir la discusión en torno a la legalidad de los actos acusados, lo que también descarta la vulneración de los derechos fundamentales invocados».
1.5.2. El magistrado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, Moisés Rodrigo Mazabel Pinzón, consideró que no deben prosperar las pretensiones del amparo deprecado, en la medida que al cotejar las dos decisiones, esto es, la del 30 de julio de 2020 y la acá reprochada, no existió un criterio unánime en torno a las mismas.
Frente al defecto fáctico, indicó que en el presente asunto, lo pretendido por la parte es abrir un debate que fue superado tanto en primera como en segunda instancia, y, en consecuencia, no se puede plantear tal aspecto a través de la acción de tutela.
1.5.3. El apoderado de la Contraloría General de la República, Anderson Enrique James Parada, señaló que la acción de tutela es improcedente, por cuanto no satisface el requisito de subsidiariedad. Lo anterior, por cuanto considera que en el presente caso resulta procedente acudir al recurso extraordinario de revisión.
De cara a los cargos alegados por la parte accionante, puso de presente que no se configura la vía de hecho judicial alegada, en razón a que no se evidencia la existencia de un error por parte de la Sección Primera del Consejo de Estado, en cuanto a la producción, validez o apreciación del material probatorio dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que culminó con las sentencias que se cuestionan mediante la presente acción de tutela.
1.6. Sentencia impugnada
El Consejo de Estado, Sección Quinta del Consejo de Estado, en sentencia del 13 de mayo de 2021, negó la solicitud de amparo, y al efecto, analizó por separado los defectos alegados por la parte accionante, así:
Respecto de la violación directa de la Constitución contrastó las decisiones proferidas por la Sección Primera (del 30 de julio de 2020, expediente radicado núm. 25000 23 41 000 2013 02729 0113 y del 13 de agosto de 2020, expediente radicado núm. 25000 23 41 000 2013 02770 01), para establecer si, conforme a lo alegado por la parte accionante, efectivamente no se siguió un criterio igualitario para la resolución de los casos.
Dilucidado cada segmento de las providencias comparadas, concluyó que no se configura la trasgresión del derecho fundamental a la igualdad, en la medida que la Sala de Decisión no se encontró conformada por los mismos magistrados que participaron de la decisión que acá es reprochada; del mismo modo, resaltó que, frente a la sentencia del 30 de julio de 2020, la decisión no fue unánime y, por el contrario, hubo un salvamento de voto y una aclaración de voto de los magistrados Nubia Margoth Peña Garzón y Hernando Sánchez Sánchez, respectivamente.
Conforme a tal derrotero, consideró que no puede pregonarse la vulneración aducida si no se cumple con la homogeneidad en las decisiones, además, se debe dar prelación a principios tales como la autonomía e independencia judicial, los cuales, de avalarse la tesis del extremo accionante, se verían profundamente socavados.
En relación con el defecto fáctico, anotó que tal y como lo expuso la Sección Primera del Consejo de Estado, en la providencia del 13 de agosto de 2020, en el fallo de responsabilidad fiscal se detalló con suficiencia la conducta que en su momento desplegó el accionante, la cual, a su turno, sirvió de fundamento para ser declarado responsable. Las anteriores consideraciones, aunado a otras que se encontraban vertidas en el fallo, le permitieron sostener que las pruebas presuntamente omitidas por la autoridad judicial accionada no tenían la trascendencia para mutar el sentido de la decisión.
Sostuvo que el hecho de que la Sección Primera no haya destinado un acápite específico al análisis de la Resolución 115 de 13 de octubre de 2005, por medio de la cual se sancionó disciplinariamente a Corredores del Caribe S. A. (CORCARIBE) con la «exclusión definitiva para ejercer la actividad de miembro de la Bolsa Nacional Agropecuaria, por la comisión de faltas disciplinarias», o las Resoluciones 630 y 807 del 1 de agosto y 23 de septiembre de 2005, en virtud de las cuales la Superintendencia de Valores ordenó, en primera instancia, la toma de bienes, haberes y negocios de Corredores del Caribe S.A., y posteriormente su liquidación por ausencia de recursos para atender los gastos que demandaba su operación, no significa automáticamente que la responsabilidad fiscal del señor Botero Arbeláez sea inexistente.
Destacó que, respecto a la errónea valoración de los medios de prueba, esa Sala ha sostenido que la estructuración del cargo impone, en cabeza de la parte accionante, puntualizar cuál o cuáles fueron los medios de prueba que supuestamente no se analizaron en debida forma, punto que se echa de menos en el escrito de amparo. En igual sentido, precisó que resultaba imperioso indicar la trascendencia que tendría tal ejercicio hermenéutico en el sentido de la decisión, para determinar si resulta procedente o no acceder a las súplicas de la tutela.
1.7. Impugnación
El señor Andrés Botero Arbeláez consideró que las conclusiones a las que arribó el juez a quo de tutela en relación con la violación directa de la Constitución no son de recibo, en tanto en los procesos del 30 de julio de 2020, expediente radicado núm. 25000 23 41 000 2013 02729 0113 01 y del 13 de agosto de 2020, expediente radicado núm. 25000 23 41 000 2013 02770 01, se evidencia lo siguiente:
i) En la toma de ambas decisiones participaron los consejeros Oswaldo Giraldo López, Nubia Margoth Peña Garzón y Hernando Sánchez Sánchez, razón por la cual no le era dable a la Sección Quinta afirmar que existía una diferencia insalvable en la conformación de las salas de decisión cuando se evidencia que existe identidad en los tres magistrados que participaron para proferir las decisiones comparadas; además, en ambos casos, el órgano jurisdiccional es la Sección Primera del Consejo de Estado, con independencia de los consejeros que conformaron la sala de decisión.
Resaltó que, en el presente caso, se enfrentan dos decisiones emanadas del mismo órgano jurisdiccional, con tan solo 13 días de diferencia, en las cuales se adoptaron decisiones completamente contrarias en relación con la causa eficiente del detrimento patrimonial ocasionado a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca.
Bajo esa línea argumentativa expuso que la Corte Constitucional ha dejado claro que constituye una evidente vulneración de los derechos fundamentales de los particulares la emisión de decisiones que, pese a versar sobre el mismo asunto, resulten sustancialmente contrarias.
Respecto del defecto fáctico manifestó que, contrario a lo afirmado en el fallo impugnado, las pruebas dejadas de valorar sí tenían la virtualidad de modificar las conclusiones a las que se llegó en la providencia objeto de Litis, y reiteró que las Resoluciones 0630 de agosto y 115 del 13 de octubre de 2005 eran claras en señalar que las inversiones realizadas por CORCARIBE S. A. por fuera de la Bolsa Nacional Agropecuaria se iniciaron únicamente a partir del segundo semestre de 2004, fecha para la cual el señor Andrés Botero Arbeláez ya no se encontraba vinculado a la CAR.
En relación con la supuesta ausencia de carga argumentativa en el acápite denominado defectuosa valoración probatoria, expuesta por el juez a quo de tutela, advirtió que en el libelo tutelar sí se identificaron cada una de las pruebas, así: i) interpretación equivocada del manual de funciones, ii) la carta de entrega del cargo dirigida a dirección de la CAR, iii) la reducción de los plazos de las inversiones que tenía la CAR con CORCARIBE S. A., propuestas por el accionante.
2. Consideraciones de la Sala
2.1. Competencia
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 constitucional y en el inciso segundo del artículo 25 del Acuerdo 80 de 2019,1 según el cual «las tutelas que sean de competencia del Consejo de Estado en primera instancia y en segunda instancia se someterán a reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y serán resueltas por la sección o subsección de la cual haga parte el magistrado a quien le haya correspondido el reparto», esta Sala es competente para conocer de la presente impugnación, interpuesta contra el fallo de tutela proferido por la Sección Quinta de esta corporación.
2.2. Problema jurídico
Se contrae a determinar si el Consejo de Estado, Sección Primera, vulneró los derechos fundamentales invocados por el accionante al haber proferido la sentencia del 13 de agosto de 2020, por medio de la cual negó las pretensiones del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho promovida por el señor Andrés Botero Arbeláez contra la Contraloría General de la República.
2.3. Marco normativo y jurisprudencial
2.3.1. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales
La acción de tutela fue prevista en el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia como un mecanismo a través del cual toda persona puede reclamar ante los jueces, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos fundamentales «cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad».
El Decreto 2591 de 1991 reglamentó su ejercicio y estableció, en sus artículos 11, 12 y 40, la posibilidad de utilizar la acción de tutela para controvertir sentencias judiciales ejecutoriadas, artículos que posteriormente fueron declarados inexequibles por la Corte Constitucional en la Sentencia C-543 de 1992, al considerar que atentaban contra los principios de la cosa juzgada y la seguridad jurídica, además de trasgredir la autonomía e independencia judicial, así como las normas de competencia fijadas por la Constitución.
Sin embargo, dentro de la ratio decidendi de dicha sentencia, se abrió la posibilidad, de manera excepcional y como mecanismo transitorio de protección, de utilizar la acción de tutela en casos en que «el juez incurriera en dilaciones injustificadas, actuaciones de hecho que desconozcan derechos fundamentales o cuando la decisión pueda causar un perjuicio irremediable», hipótesis frente a las que, señaló la Corte, no puede hablarse de atentado contra la seguridad jurídica de los asociados.
En este criterio, la jurisprudencia constitucional ha evolucionado en torno a la consideración de la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial y ha desarrollado diferentes reglas para su estudio, consolidadas en la Sentencia C-590 de 2005, en la que se hace distinción entre causales genéricas, aquellas que hacen referencia a los requisitos que posibilitan la interposición de la acción, y causales específicas de procedibilidad, que persiguen verificar la procedencia del amparo, una vez cotejada la validez de su interposición.
De esta forma, se señalaron como causales genéricas de procedencia las siguientes: (i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio irremediable; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, contado a partir del hecho que originó la vulneración; (iv) que cuando se trate de una irregularidad procesal, se señale, de manera clara, que esta tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora; (v) que ésta identifiquen razonablemente tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos lesionados y que se hubiere alegado la violación en el proceso judicial, siempre que hubiere sido posible; y (vi) que no se trate de sentencias de tutela.
El Consejo de Estado, en sentencia del 31 de julio de 2012, unificó su jurisprudencia en torno a la procedibilidad excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales, y admitió que debe acometerse el estudio de fondo cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de derechos fundamentales relacionados con el acceso a la administración de justicia, el debido proceso y el derecho de defensa, para lo cual habrá de seguirse los parámetros fijados por la ley y la jurisprudencia.
Asimismo, como garantía del principio de la seguridad jurídica, en sentencia del 5 de agosto de 2014, acogió un plazo de seis (6) meses, contados a partir de la notificación o ejecutoria de la sentencia, según el asunto, como tiempo razonable para determinar si la acción de tutela contra providencias judiciales se ejerce oportunamente, término de inmediatez que debe considerarse en cada caso concreto, de acuerdo con los parámetros señalados para el efecto por la Corte Constitucional.
2.3.2. La procedencia de la acción de tutela de la referencia
La Sala considera que el presente asunto cumple con el requisito de subsidiariedad, debido a que se dirige contra la sentencia proferida por el Consejo de Estado, Sección Primera, que resolvió la apelación propuesta contra la decisión adoptada en providencia del 30 de agosto de 2018 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B; en ese sentido, la parte accionante agotó todos los medios ordinarios de defensa, es decir, que acudió al juez constitucional de forma subsidiaria.
De otra parte, se encuentra cumplido el requisito de inmediatez, en cuanto la providencia acusada fue proferida el 13 de agosto de 2020, notificada por correo electrónico el 9 de octubre siguiente, mientras que la acción de tutela de la referencia fue radicada el 8 de marzo de 2021, es decir, dentro de los 6 meses que han sido acogidos por esta corporación como término prudencial para recurrir al medio de amparo constitucional.
La solicitud de tutela identifica razonablemente los hechos y los argumentos con fundamento en los cuales se cuestiona la vulneración de derechos fundamentales en la sentencia enjuiciada.
El asunto no se refiere a una sentencia de tutela, toda vez que la decisión que se cuestiona se profirió dentro del trámite del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
2.4. Hechos probados
Al expediente se aportaron las siguientes pruebas:
2.4.1. En el mes de mayo de 2003, [el día es ilegible] se celebró entre la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca y la firma comisionista de la Bolsa Nacional Agropecuaria, CORREDORES DEL CARIBE S.A. (CORCARIBE), el mandato sin representación para operaciones de compra y venta de mercado abierto de la Bolsa Nacional Agropecuaria, «en nombre propio, por cuenta nuestra», con un término de duración de un año, «renovándose automáticamente si ninguna de las partes decide terminarlo y expirará al momento de la desvinculación como clientes de CORCARIBE».
2.4.2. El 25 de mayo de 2004, el señor Andrés Botero Arbeláez radicó escrito mediante el cual renunció al cargo que desempeñaba como subdirector administrativo y financiero de la Corporación Autónoma Regional (CAR).
2.4.3. El 25 de mayo de 2004, la señora Lilian Alexandra Hurtado Buitrago de la oficina de Recursos Humanos de la Subdirección Administrativa y Financiera de la CAR, dirigió oficio 2004-0000-06300, por medio del cual le informó al señor Botero Arbeláez que a través de Resolución 513, le fue aceptada la renuncia por él radicada.
2.4.4. El 27 de mayo de 2004, el señor Andrés Botero Arbeláez radicó ante la CAR escrito mediante el cual efectuó la entrega del cargo de subdirector administrativo y financiero.
2.4.5. El 1.° de agosto de 2005, la Superintendencia de Valores, mediante Resolución 0630, tomó posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios de la sociedad Corredora del Caribe S. A. (CORCARIBE).
2.4.6. El 13 de octubre de 2005, el Comité de Vigilancia de la Bolsa Nacional Agropecuaria expidió la Resolución 115 a través del cual sancionó disciplinariamente «al miembro de la comisionista de la Bolsa Nacional Agropecuaria CORCARIBE con la exclusión definitiva para ejercer la actividad de miembro por las faltas descritas en la parte motiva».
2.4.7. El 9 de abril de 2008, mediante auto 0363, la Dirección de Investigaciones Fiscales de la Contraloría General de la República dio inicio al proceso de responsabilidad fiscal solidaria 01-07, vinculando en calidad de presuntos responsables a los señores Gloria Lucía Álvarez Pinzón, Diego José Pineda Sánchez, Gladys María Bustamante Nova, Ana María Ramírez Franco, Luz Clemencia Escobar de Pulido.
2.4.8. El 1.° de marzo de 2010, con auto 0141, la Dirección de Asuntos Fiscales de la Contraloría General de la República vinculó a la actuación, como presuntos responsables, a los señores Blanca Myriam López Aragón, Andrés Botero Arbeláez y a la sociedad Corredores del Caribe S.A. (CORCARIBE).
2.4.9. El 25 de febrero de 2013, la Contraloría General de la República, mediante fallo de responsabilidad fiscal 00003, declaró fiscalmente responsables, entre otros, al señor Andrés Botero Arbeláez «en su condición de subdirector administrativo y financiero de la CAR desde el 27 de enero de 2004 hasta el 25 de mayo de 2004, solidariamente en cuantía indexada de mil ochocientos ochenta millones cuatrocientos veinticinco mil cuatrocientos dieciocho pesos ($1.880.425.418) correspondientes a las reclamaciones 77, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 87 efectuadas por la CAR ante la liquidación obligatoria de CORCARIBE».
2.4.10. El 3 de mayo de 2013, mediante auto 000199, el contralor delegado de investigaciones, juicios fiscales y jurisdicción coactiva de la Contraloría General de la Republica resolvió confirmar, en su integridad, el fallo de responsabilidad fiscal 00003 del 25 de febrero de la misma anualidad.
2.4.11. El 5 de diciembre de 2013, el señor Andrés Botero Arbeláez radicó el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Contraloría General de la República, con el propósito de que fuera declarada la nulidad de los siguientes actos administrativos: i) fallo de responsabilidad fiscal 00003 del 25 de febrero de 2013, por medio del cual fue declarado responsable fiscal; ii) fallo de primera instancia proferido a través de auto 000346 del 7 de abril de 2003, que decidió no reponer la providencia anterior, y iii) fallo de segunda instancia 000199 del 3 de mayo de 2013, mediante el cual confirmó el de primera; y a título de restablecimiento del derecho, solicitó: i) declarar que no había lugar a declarar responsabilidad fiscal y, por consiguiente, no era procedente exigir el pago de suma alguna, y ii) ordenar la cancelación de la inscripción realizada en el Boletín de Responsables Fiscales, así como el levantamiento de las medidas cautelares en su contra.
2.4.12. El 30 de agosto de 2018, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, denegó las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la parte demandante al no haber desvirtuado la presunción de legalidad de los actos administrativos demandados y ante la improsperidad de los cargos de violación de las normas en que debía fundarse, falta de competencia y desviación de poder de la Contraloría, falsa motivación y vulneración del derecho de audiencia y defensa.
2.4.13. El 13 de agosto de 2020, el Consejo de Estado, Sección Primera, resolvió revocar la condena en costas y confirmar en lo demás la sentencia proferida por el juez a quo.
2.5. Análisis de la Sala. Caso concreto
Como quedó expuesto en los antecedentes de este proveído, la parte actora estimó que la providencia del 13 de agosto de 2020, fallada por el Consejo de Estado, Sección Primera, incurrió en los defectos de violación directa de la Constitución y fáctico, al haber confirmado la decisión proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, que negó las pretensiones del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, y abstenerse de declarar la nulidad del fallo con responsabilidad fiscal 00003 del 25 de febrero de 2013 proferido por la directora de Investigaciones Fiscales de la Contraloría General de la República.
Establecido el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad del mecanismo de amparo, procederá la Sala a estudiar los cargos endilgados contra la providencia en mención, para, a partir de dicho análisis, establecer si la Sección Primera de esta corporación transgredió los derechos fundamentales invocados por el tutelante.
2.5.1. Violación directa de la Constitución
Respecto de este primer disenso, el accionante sostuvo que este defecto se sustenta en que la Sección Primera de esta corporación no garantizó el derecho fundamental a la igualdad de trato que las autoridades judiciales deben asegurar a todos los ciudadanos, en la medida en que en casos de similares supuestos fácticos y jurídicos en los cuales analizó el daño patrimonial padecido por la CAR, derivado de las conductas desplegadas por Corredores del Caribe S. A. (CORCARIBE), efectuó un análisis diferente respecto a la causa eficiente de dicho menoscabo.
Derecho a la igualdad
Valga recordar al efecto, que el derecho a la igualdad, consagrado en el artículo 13 de la Constitución, se traduce en la identidad de trato que debe darse a aquellas personas que se encuentren en una misma situación y en la divergencia de trato respecto de las que presenten características diferentes, el cual se reguló en dos dimensiones: i) la formal o ante la ley: hace relación a que todas las personas nacen libres e iguales ante la ley y, por ende, deben recibir la misma protección y trato de las autoridades, y gozar de iguales derechos, libertades y oportunidades sin ninguna clase de discriminación; y ii) la material o de trato, según la cual el Estado debe adoptar medidas positivas para superar las desigualdades de grupos que históricamente han sido discriminados, y de aquellas personas que se encuentran en una situación de debilidad manifiesta.
Con el fin de establecer cuándo se presenta una vulneración del derecho a la igualdad, en cualquiera de sus dos modalidades, es necesario identificar si ante situaciones semejantes se otorgó un trato diferente, sin justificación alguna, o si, por el contrario, a personas o circunstancias distintas se les brindó un trato igual.
Al efecto, la Corte Constitucional ha planteado el test integrado de igualdad, compuesto por tres etapas: i) determinación de los criterios de comparación, esto es, determinar si se trata de sujetos de la misma naturaleza, ii) definir si existe un trato desigual entre iguales o igual entre desiguales y, iii) concluir si la diferencia de trato se encuentra justificada constitucionalmente.
La jurisprudencia constitucional ha sostenido que este principio comporta un mandato complejo, al respecto precisó lo siguiente:
De acuerdo con el artículo 13 Superior, comporta un conjunto de mandatos independientes y no siempre armónicos, entre los que se destacan (i) la igualdad formal o igualdad ante la ley, relacionada con el carácter general y abstracto de las disposiciones normativas dictadas por el Congreso de la República y su aplicación uniforme a todas las personas; (ii) la prohibición de discriminación, que excluye la legitimidad constitucional de cualquier acto (no solo las leyes) que involucre una distinción basada en motivos definidos como prohibidos por la Constitución Política, el derecho internacional de los derechos humanos, o bien, la prohibición de distinciones irrazonables; y (iii) el principio de igualdad material, que ordena la adopción de medidas afirmativas para asegurar la vigencia del principio de igualdad ante circunstancias fácticas desiguales.
Teniendo en cuenta lo anterior, en el presente caso el señor Andrés Botero Arbeláez argumenta que se encuentra en plano de igualdad formal con la decisión proferida el 30 de julio de 2020 por el Consejo de Estado, Sección Primera, al resolver en segunda instancia el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho instaurado por la señora Ana María Ramírez Franco contra la Contraloría General de la República mediante la cual fue declarado parcialmente nulo el fallo de responsabilidad fiscal 00003 proferido el 25 de febrero de 2013 por la directora de Investigaciones Fiscales de esa entidad, por el cual se la había declarado fiscalmente responsable de manera solidaria. El accionante considera que, a pesar de tener idéntica situación fáctica al determinarse el daño patrimonial padecido por la CAR, derivado de las conductas desplegadas por Corredores del Caribe S. A. (CORCARIBE), se efectuó un análisis diferente respecto a la causa eficiente de dicho menoscabo.
Por lo tanto, para determinar si en el sub lite se presenta vulneración del derecho a la igualdad, primero se debe estudiar si el señor Botero Arbeláez se encuentra en una situación igual a la planteada en la providencia del 30 de julio de 2020, proferida por la Sección Primera de esta corporación, así:
El señor Andrés Botero se encuentra en una situación fáctica diferente a la de la señora Ana María Ramírez pues la Sección Primera, en dicho fallo, encontró que las funciones del cargo de profesional especializado que ella desempeñaba permitían colegir que no ejerció gestión fiscal, contrario a lo señalado en la providencia objeto de litis, pues en el caso del señor Botero Arbeláez se determinó que desde el punto de vista funcional y orgánico sí llevó a cabo ese tipo de gestión mientras ejerció el cargo de subdirector administrativo y financiero de la CAR.
En el caso de la señora Ana María Ramírez no se configuró el elemento subjetivo, esto es, que la actividad a su cargo implicara disposición de los recursos públicos y, por ende, que pudiera predicarse una responsabilidad en su contra, pues ello exigía que se acreditara que tenía poder decisorio en el cargo o que, como partícipe del comité de inversiones en calidad de profesional de la subdirección financiera, su criterio resultaba determinante a la hora de aprobar la ejecución de los respectivos recursos. Por el contrario, en el caso del señor Andrés Botero Arbeláez, se verificó que durante el ejercicio de sus funciones estaba habilitado para definir el origen, disposición y destino de los dineros de la Corporación Autónoma Regional.
Respecto de las inversiones iniciales que originaron las reclamaciones 76 a 93 que presentó la CAR en el proceso de liquidación de CORCARIBE S. A. y atribuidas a la señora Ana María Ramírez, la Sección Primera evidenció que los dineros no fueron devueltos a la CAR sino reinvertidos automáticamente y en tales eventos no se especificó conducta alguna atribuible a ella, menos como causante del detrimento patrimonial. En el caso del señor Andrés Botero Arbeláez, la misma Sección encontró que «a través de los oficios de 27 de febrero de 2004, 2004-000-04067-2 de 5 de abril de 2004, 2004-000-04780-2 de 28 de abril de 2004, 2004-000-05349 del 11 de mayo de 2004 y 2004-000-05655 del 17 de mayo de 2004, el señor ANDRÉS BOTERO ARBELÁEZ, de forma ligera y descuidada, ordenó la prórroga de algunas operaciones de la CAR con CORCARIBE S.A. sin verificar que los respectivos movimientos, efectivamente, se realizaran en el mercado bursátil y con el respaldo de la Cámara de Compensación de la Bolsa Nacional Agropecuaria. Lo anterior, sumado a que, al final, mediante comunicación de 21 de mayo de 2004, autorizó que, a partir de esa fecha y de conformidad con el último cuadro de vencimiento de las inversiones, las operaciones fuesen renovadas indefinidamente, hasta tanto la directora general de la CAR tomara una decisión en la materia, por lo cual dispuso, además, que en el momento en que la Corporación Autónoma requiriera la liquidación de tales inversiones, se informaría a CORCARIBE S. A. con mínimo cinco días de anticipación», […] «la trazabilidad de esos dineros invertidos y prorrogados por el actor fueron detallados en el fallo fiscal tomando como referencia las reclamaciones efectuadas por la CAR en el proceso liquidatorio de CORCARIBE S. A., números de operaciones que coinciden con las autorizadas, reinvertidas y prorrogadas por el actor».
De lo anterior, coligió la Sección Primera que en el caso de la señora Ana María Ramírez Franco, como profesional especializada del área financiera, no fue tomada u omitida decisión alguna que ocasionare el detrimento patrimonial, pues le era impredecible la situación financiera de la comisionista y su posterior intervención para ser liquidada, que era la única causa eficiente del daño ocasionado que se encuentra acreditada dentro del proceso. Por el contrario, esa misma Sección, con ponencia de la doctora Nubia Margoth Peña Garzón, consideró que la investigación fiscal acaeció por las presuntas irregularidades halladas en las inversiones autorizadas por los miembros del Comité de Inversiones de la CAR, las cuales quedaron sin retorno a la entidad pública por vía de la garantía, al no contar con esta. Lo que le permitió concluir que en el caso del accionante «emerge con claridad que el nexo causal entre el daño patrimonial y la conducta gravemente culposa de Andrés Botero Arbeláez, mientras se desempeñó como subdirector administrativo y financiero de la CAR al disponer la prórroga y/o permitir que recursos públicos de esa entidad, que aún permanecen impagos, -correspondientes a las reclamaciones 77, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 85 y 87 del proceso liquidatorio de CORCARIBE S. A.-, fuesen reinvertidos en operaciones con esa comisionista por fuera del mercado bursátil de la Bolsa Nacional Agropecuaria y sin respaldo de la Cámara de Compensación y, por lo mismo, sin ninguna garantía, participando así en los hechos generadores de la pérdida de aquellos en forma determinante».
Conforme a lo expuesto, la Sala debe resaltar que al tenor del artículo 53 de la Ley 610 de 2000, la acción de responsabilidad fiscal es de naturaleza personal y, en cumplimiento del deber de individualización del detrimento patrimonial causado por los funcionarios que en él participaron, las conductas son analizadas de forma independiente, con fundamento en la plena observancia de las funciones asignadas, así como en las circunstancias particulares que rodearon las actuaciones que dieron lugar al detrimento patrimonial de las entidades involucradas, porque el ejercicio de la gestión fiscal implica obligaciones específicas referidas a la administración de bienes ajenos como son los del Estado, que resultan menoscabados con la actuación irregular del funcionario. Así, al aplicar el test al caso bajo estudio, este no supera ni siquiera la primera etapa, puesto que no existe un criterio de comparación, por tratarse de situaciones disímiles.
En ese orden de ideas, una vez analizados los anteriores razonamientos, se observa que no se vulneró el derecho a la igualdad del señor Andrés Botero Arbeláez, comoquiera que el supuesto planteado en el expediente 25000 23 41 000 2013 02729 01 del 30 de julio de 2020, no se ajusta a su situación, en la medida en que difieren las circunstancias fácticas y probatorias en uno y otro caso.
2.5.2. Defecto fáctico
Para sustentarlo el accionante reiteró que en el libelo tutelar sí se identificaron cada una de las pruebas omitidas en la providencia objeto de litis, así: i) interpretación equivocada del manual de funciones, ii) la carta de entrega del cargo dirigida a dirección de la CAR. iii) la reducción de los plazos de las inversiones que ostentaba la CAR con CORCARIBE S. A., propuestas por el accionante.
Respecto de la presunta omisión de la Sección Primera del Consejo de Estado en relación con la interpretación equivocada del manual de funciones entre las que, en su criterio, no se encontraba la de decidir acerca de la realización o el retiro de las inversiones efectuadas por la entidad, y que, por el contrario, el señor Botero Arbeláez debía ejecutar las decisiones que eventualmente tomara la dirección general de la entidad, esta Sala debe precisar lo siguiente.
La Sección Primera de esta corporación, con fundamento en el Manual de Funciones y Requisitos de la Corporación Autónoma Regional, expedido a través de la Resolución 1342 de 2002 (vigente para la época de los hechos), señaló que el señor Andrés Botero Arbeláez en ejercicio del cargo de subdirector administrativo y financiero de la CAR, incumplió las funciones contempladas en los numerales 5.º, 7.º y 14, y, al efecto, discurrió:
Los soportes, tales como los comprobantes de negociación expedidos por la BNA, así como las certificaciones de su Cámara de Compensación, debieron haber sido solicitados y verificados por el actor, en virtud de las mencionadas funciones núms. 5, 7 y 14 de cuyos contenidos quedaba en evidencia que solo algunas operaciones de la CAR con CORCARIBE, se estaban haciendo en dicha Bolsa y con el amparo de la Cámara de Compensación. En los demás casos, los dineros de la Corporación Autónoma estaba por fuera del mercado bursátil, tal como se apreciaba en los propios reportes de los movimientos entregados por CORCARIBE, en los que citaba números de antiguas operaciones que no correspondían a los actuales o en los comprobantes de negociación de la BNA, en los que no participa la CAR sino que detallaba el NIT de una empresa distinta en las casillas de mandante, sumado a la ausencia de certificaciones de la Cámara de Compensación de la BNA.
Según lo expuesto, tal y como lo señaló la Sección Primera en la providencia en estudio, al accionante durante su gestión le era exigible no solo asesorar a la directora de la Corporación Autónoma, sino también la de dirigir y coordinar los procesos financieros, efectuar su seguimiento y proponer los correctivos necesarios; tal situación conllevó a que encontrara que el accionante «actuara con falta de pericia en la dirección, control y administración de los recursos financieros de la CAR con aquel cuidado que aún las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus propios negocios».
El señor Andrés Botero, de igual manera, indicó que se desatendió el contenido de la carta de renuncia en la que advirtió la necesidad de tomar decisiones, específicamente, en relación con el portafolio que la CAR mantenía en la Bolsa Nacional Agropecuaria a través de CORCARIBE S. A., así como la reducción de plazos de esas inversiones. Al respecto, la Sección Primera evidenció que la autoridad judicial señaló que las funciones a él asignadas no daban cuenta de una gestión eficaz y que si se lograron algunos resultados, estos se debían al cumplimiento normal de los oficios encomendados. Sobre el particular, señaló.
No obstante, en aras de discusión, en términos de responsabilidad fiscal, el gestor no puede pretender que con su conducta antieconómica e ineficaz se subsane, o en alguna medida se convalide, con el hecho de las labores realizadas que eventualmente generaron algunos resultados positivos, como lo fue para el caso concreto el retorno parcial de unos recursos. Lo anterior por cuanto de un lado, esa no constituye la conducta reprochada por la CRG y, de otro, porque era su deber como funcionario público ejercer una debida y eficiente gestión fiscal.
Más adelante, la Sección Primera manifestó:
Ahora, con oficio núm. 3004-0000-05318-1 del 25 de mayo de 2004, el señor ANDRÉS BOTERO ARBELÁEZ, al entregar su cargo, le manifestó a la entonces directora de la CAR, también condenada fiscal con los actos acusados, que […] continúan pendientes las decisiones que, en materia financiera, tome la corporación, en especial frente al portafolio que se tiene con CORCARIBE S. A., situación que debe ser observada al detalle y tomar lo antes posible una determinación frente a continuar prorrogando estas inversiones o reubicarlas en otros escenarios del mercado fiduciario y bursátil, banca externa o interna o lo que la administración considere más seguro y rentable […].
Al respecto, la Sala no comprende como el actor, durante su gestión fiscal, mantuviera los recursos financieros de la CAR, muy a pesar de ser plenamente consciente de tener que tomar una decisión definitiva al respecto; lejos de despojar a CORCARIBE S. A de los dineros públicos que estaban en riesgo, cuando aún estaba a tiempo de hacerlo y en ejecución de sus facultades y funciones legales y reglamentarias que lo empoderaban para ello, lo que hizo fue prorrogar tales operaciones y autorizar las reinversiones mencionadas.
Conforme a lo anterior, la Sala evidencia que la Sección primera de esta corporación efectuó un estudio minucioso de las objeciones propuestas, que le permitió, de acuerdo con los hechos probados dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, llegar a la certeza de que no se logró desvirtuar la presunción de legalidad de los actos administrativos demandados.
En ese orden de ideas, esta Subsección encuentra que no le asiste razón a la parte accionante al afirmar que la providencia cuestionada incurrió en un defecto fáctico por ausencia o defectuosa valoración probatoria, pues la decisión proferida en sede ordinaria se encuentra debidamente sustentada con argumentos explicativos y justificativos, coherentes con la realidad procesal.
Así las cosas, no se advierte la configuración de los defectos alegados.
3. Conclusión
La Sala concluye que la providencia del 13 de agosto de 2020 proferida por el Consejo de Estado, Sección Primera, no vulneró los derechos fundamentales invocados por el señor Andrés Botero Arbeláez.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
Falla:
Primero: Confirmar la sentencia del 13 de mayo de 2021, que dictó el Consejo de Estado, Sección Quinta mediante la cual negó el amparo de tutela solicitado por el señor Andrés Botero Arbeláez, por las razones expuestas en la parte considerativa que antecede.
Segundo: Ejecutoriada esta providencia, remitir el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
Notifíquese y cúmplase
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
CRG
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
Consejo de Estado, Sección Primera, del 30 de julio de 2020, exp. núm. 25000 23 41 000 2013 02729 01.
«En suma, no se desprende que la demandante como profesional especializado del área financiera haya tomado u omitido decisión alguna que ocasionare el detrimento patrimonial, pues le era impredecible la situación financiera de la comisionista y su posterior intervención para ser liquidada, que es la única causa eficiente del daño ocasionado que se encuentra acreditada dentro del proceso. Ello, se reitera, porque no hay vínculo alguno demostrado dentro de la investigación fiscal que permita deducir que las operaciones autorizadas el 16 de diciembre de 2004 no fueron honradas, por lo que una eventual falta de garantías no sería el elemento causal determinante del deterioro en el patrimonio público». Expediente digital de tutela. Expediente digital de tutela. Expediente digital de tutela. Consejo de Estado, Sección Primera, del 30 de julio de 2020, exp. núm. 25000 23 41 000 2013 02729 0113, actora: Ana María Ramírez Franco. Consejo de Estado, Sección Primera, del 13 de agosto de 2020, exp. núm. 25000 23 41 000 2013 02770 01, actor: Andrés Botero Arbeláez. Corte Constitucional, Sentencias T-1072 de 2000 y C-836 de 2001. Proferida por la Superintendencia de Valores. Proferida por la Comisión de Vigilancia de la bolsa Nacional Agropecuaria. Reiteradas en la sentencia SU-813 de 2007 y SU-913 de 2009. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. C.P. María Elizabeth García González. Expediente radicado 11001-03-15-000-2009-01328-01(IJ). Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. C.P. Jorge Octavio Ramírez, expediente radicado 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Folio 117 expediente digital original de segunda instancia medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=110010315000202101344001100103. Carpeta principal 8 Folios 1402- 1460. PDF. Folios 11 y 12 del archivo. CD. Folio 51 cuaderno 1 del expediente digital original de nulidad y restablecimiento del derecho. Folio 52 cuaderno 1 del expediente digital original de nulidad y restablecimiento del derecho. Folios 53 y 54 cuaderno 1 del expediente digital original de nulidad y restablecimiento del derecho.
cuaderno 1 del expediente digital original de nulidad y restablecimiento del derecho. Folios 677 a 696 cuaderno 1 del expediente digital original de nulidad y restablecimiento del derecho. Folio 140 cuaderno 1 del expediente digital original de nulidad y restablecimiento del derecho. Folios 142 cuaderno 1 del expediente digital original de nulidad y restablecimiento del derecho. Folios 139 a 242 cuaderno 1 del expediente digital original de nulidad y restablecimiento del derecho. Folios 243 a 319 cuaderno 1 del expediente digital original de nulidad y restablecimiento del derecho. Folios 1 a 50, cuaderno 1 del expediente digital original de nulidad y restablecimiento del derecho. Folios 1 59 a cuaderno principal 3 del expediente digital original de nulidad y restablecimiento del derecho
Folios 53 a 116 expediente Consejo de Estado de nulidad y restablecimiento del derecho. Corte Constitucional, Sentencias T-629 de 2010, C-093 de 2001. Ibídem. Corte Constitucional, Sentencias C-178 de 2014
Consejo de Estado, Sección Primera, del 30 de julio de 2020, exp. núm. 25 000 23 41 000 2013 02729 01, actora: Ana María Ramírez Franco. Consejo de Estado, Sección Primera, 30 de julio de 2020, exp. núm. 25 000 23 41 000 2013 02729 01, actora:
Ana María Ramírez Franco: «Por otro lado, las funciones del cargo de profesional especializado de la demandante descritas en acápites anteriores, tampoco permiten colegir que ejerció gestión fiscal, puesto que estaban orientadas a brindar apoyo y asesoría a su jefe inmediato, el subdirector administrativo y financiero de la CAR, así como a estudiar, analizar, proyectar, perfeccionar y recomendar las acciones financieras y presupuestales que debían adoptarse en la dependencia y en el diseño, organización, ejecución y control de los planes, programas, proyectos o actividades de carácter financiero o presupuestal, garantizando la correcta aplicación de las normas y los procedimientos vigentes, lo que no comportaba un poder decisorio». (Folios 63 a 63). Consejo de Estado, Sección Primera, 13 de agosto de 2020, exp. núm. 25001 23 41 000 2013 02770 01, actor: Andrés Botero Arbeláez. «El servidor público, Andrés Botero Arbeláez desde el punto de vista funcional y orgánico, tal como se aprecia en relación con las actividades y labores que le correspondía llevar a cabo, se desempeñó como gestor fiscal, mientras ejerció el cargo de subdirector administrativo y financiero de la CAR, habida cuenta que administraba fondos públicos, tuvo asignada la dirección y control de los procesos y recursos financieros, la proposición y ejecución de políticas administrativas y financieras, permaneciendo, durante ese lapso habilitado para definir, el origen, disposición y destino de los dineros de la Corporación Autónoma resultando así innegable su calidad de gestor fiscal». (Folios 72 a 74)
Sentencia Consejo de Estado, Sección Primera del 13 de julio de 2020, folios 63 y 64. Sentencia Consejo de Estado, Sección Primera del 30 de agosto 2020, folios 75 a 82. Sentencia Consejo de Estado, Sección Primera del 30 de agosto de 2020, folios 83 a 88. «i) número de reclamación 77, número de operación 3085410-3085411; ii) número de reclamación 78, número de operación 3083423-3083424; iii) número de reclamación 79, número de operación 3301418 /(reinvertida bajo la operación núm. 3553634, iv) número de reclamación 80, número de operación 3301419-3301429-3301422-3301420.3301417-3301416 (reinvertida bajo la operación 3553635) v) número de reclamación 84, número de operación 3460087 (reinvertida bajo la operación 3611594), vi) número de reclamación 85, número de operación 3408922 (reinvertida bajo la operación 362297), vii) reclamación 82, número de operación 3718187, viii) reclamación 87, número de operación 362295»
Sentencia Consejo de Estado, Sección Primera del 30 de agosto de 2020, folio 93. Artículo 53. Fallo con responsabilidad fiscal. El funcionario competente proferirá fallo con responsabilidad fiscal al presunto responsable fiscal cuando en el proceso obre prueba que conduzca a la certeza de la existencia del daño al patrimonio público y de su cuantificación, de la individualización y actuación cuando menos con culpa del gestor fiscal y de la relación de causalidad entre el comportamiento del agente y el daño ocasionado al erario, y como consecuencia se establezca la obligación de pagar una suma líquida de dinero a cargo del responsable.
«Dirigir y controlar los procesos administrativos y financieros de la corporación en todos los niveles».
«Proponer y ejecutar las políticas, planes, programas y proyectos y demás acciones relacionadas con la gestión financiera y presupuestal de la corporación».
«Administrar los recursos humanos, físicos y financieros de la corporación, orientado a fortalecer la eficiencia y el desempeño institucional, de conformidad con las normas legales vigentes. Sentencia Consejo de Estado, Sección Primera del 30 de agosto de 2020, folios 89 y 90.
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