Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2021-01350-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Acción de tutela contra providencia judicial
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2021-01350-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2021-01350-01
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzón
20 de agosto de 2021
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA / AUSENCIA DE DEFECTO FÁCTICO - Por adecuada valoración probatoria / AUSENCIA DE DEFECTO SUSTANTIVO - Se aplicaron adecuadamente las normas pertinentes / PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD – La imposición de la medida de aseguramiento fue legal, razonable y proporcional
Se advierte que la Sección Tercera analizó los hechos probados y los elementos probatorios allegados al expediente llegando a la conclusión de que la medida de detención preventiva impuesta a la señora [A.S.T.V] fue legal, razonable y proporcional. (…) Se observa que la Sección Tercera no incurrió en defecto fáctico, por cuanto de la revisión de la sentencia de 29 de abril de 2020, se advierte que la accionada valoró conforme a las reglas de la sana crítica los elementos probatorios allegados al proceso de reparación directa incluyendo la sentencia de 10 de julio de 2008, proferida por el Juzgado Octavo Penal del Circuito Especializado de Bogotá. En efecto, de la revisión de la providencia objeto de la solicitud, se advierte que con base en la valoración de medios probatorios como las pruebas documentales recaudadas dentro del proceso penal allegadas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN- Seccional Barranquilla, una fuente anónima y las incautadas en diligencias de allanamiento y registro, se podía llegar a la conclusión de que la imposición de la medida de aseguramiento había respondido a criterios de legalidad, proporcionalidad y razonabilidad. En ese sentido, se observa que la Sección Tercera teniendo en cuenta los elementos probatorios allegados al proceso, verificó que la medida de aseguramiento era razonable, habida cuenta que en el momento de su imposición existían elementos probatorios que permitían inferir el conocimiento y la participación de la señora [A.S.T.V] en los hechos delictivos denunciados, toda vez que varios de los procesos que tenía a su cargo finalizaron con decisiones falsificadas en beneficio de deudores tributarios que pagaron por la realización de los actos irregulares a través de la sociedad Ortiz & Martínez, a la que le fueron incautados documentos en los que aparecía su nombre, junto al de otros empleados y particulares que confesaron las conductas delictivas. (…) También se advierte que la Sección Tercera no incurrió en defecto sustantivo por aplicar indebidamente el artículo 356 de la Ley 600, pues de la revisión de la providencia objeto de la solicitud se observa que la accionada analizó los fundamentos y los documentos con base en los cuales la Fiscalía impuso la medida privativa de la libertad a la señora [A.S.T.V], llegando a la conclusión de que al momento de su aplicación existían varios elementos probatorios e indicios que hacían que la medida fuera legal, razonable y proporcional.
FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 86 / DECRETO 2591 DE 1991 – ARTÍCULO 1
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejera ponente: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Bogotá, D. C., veinte (20) de agosto de dos mil veintiuno (2021)
Radicación número: 11001-03-15-000-2021-01350-01(AC)
Actor: AMANDA SOFÍA TOVAR VIZCAYA Y OTROS
Demandado: CONSEJO DE ESTADO SECCION TERCERA SUBSECCION C
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Al no haber obtenido la mayoría de votos el proyecto de fallo presentado a consideración de la Sala por el Consejero doctor OSWALDO GIRALDO LÓPEZ, se procede a decidir la impugnación interpuesta por la parte actora contra la providencia de 3 de junio de 2021, proferida por la SECCIÓN CUARTA DEL CONSEJO DE ESTADO, mediante la cual se denegó el amparo solicitado.
ANTECEDENTES
I.1.- La Solicitud
Los señores AMANDA SOFÍA, HERMINSO y JOSÉ MAURICIO TOVAR VIZCAYA, ANDRÉS FELIPE MÉNDEZ TOVAR, EDWIN TOVAR VIZCAYA, EMILIO TOVAR DÍAZ, FRAVIR MATEO PADILLA TOVAR y LUCILA VIZCAYA DE TOVAR, actuando a través de apoderado, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, solicitaron la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a la dignidad humana, a la igualdad, a la libertad y a la honra, los cuales estiman vulnerados por la SECCIÓN TERCERA -SUBSECCIÓN “C”- DEL CONSEJO DE ESTADO al haber proferido la providencia de 29 de abril de 2020, dentro del proceso de reparación directa identificado con el número único de radicación 25000-23-26-000-2010-00698-01.
I.2.- Hechos
Afirmaron que la señora AMANDA SOFÍA TOVAR VIZCAYA fue privada de su libertad desde el 19 de abril de 2006, por la presunta comisión de los delitos de concierto para delinquir, falsedad material en documento público y cohecho propio, previstos en los artículos 287, 340 y 405 de la Ley 599 de 24 de julio de 2000.
Señalaron que el Juzgado Octavo Penal del Circuito Especializado de Bogotá, mediante sentencia de 10 de julio de 2008, declaró no culpable a la señora AMANDA SOFÍA TOVAR VIZCAYA por cuanto no se logró desvirtuar la presunción de su inocencia, decisión que no fue recurrida.
Expusieron que, debido a lo anterior, presentaron demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa contra la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, con la finalidad de que se le declarara administrativamente responsable por la privación injusta de la libertad que padeció la señora AMANDA SOFÍA TOVAR VIZCAYA, proceso que fue identificado con el número único de radicación 25000-23-26-000-2010-00698 y le correspondió en primera instancia a la SECCIÓN TERCERA -SUBSECCIÓN “C”- DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA que, mediante sentencia de 8 de febrero de 2017, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
Señalaron que la SECCIÓN TERCERA conoció del proceso en grado jurisdiccional de consulta y que, mediante providencia de 29 de abril de 2020, revocó la decisión del a quo y, en su lugar, denegó las súplicas de la demanda.
Indicaron que la SECCIÓN TERCERA incurrió en defecto fáctico por cuanto, a su juicio, valoró incorrectamente la sentencia de 10 de julio de 2008 proferida por el Juzgado Octavo Penal del Circuito Especializado de Bogotá, en la que se demostró que la medida privativa de la libertad de la señora AMANDA SOFÍA TOVAR VIZCAYA fue dictada sin fundamento alguno.
Manifestaron que dentro del proceso se demostró que la señora AMANDA SOFÍA TOVAR VIZCAYA fue privada injustamente de su libertad, por cuanto la FISCALÍA no cumplió con su obligación de verificar que se cumplieran todos los requisitos establecidos en la ley para que fuera procedente la medida.
Señalaron que la SECCIÓN TERCERA vulneró el artículo 90 de la Constitución Política, habida cuenta que sostuvo que la privación de la libertad de la señora AMANDA SOFÍA TOVAR VIZCAYA era una carga que estaba en el deber de soportar.
Indicaron que dentro del proceso se demostró que no se cumplía con el requisito de que existieran dos indicios graves de responsabilidad, conforme con lo previsto en el artículo 356 de la Ley 600 de 2000, para que fuera procedente la medida de aseguramiento impuesta a la señora AMANDA SOFÍA TOVAR VIZCAYA.
Manifestaron que los indicios que tuvo en cuenta la FISCALÍA fueron desvirtuados según lo considerado en la sentencia de 10 de julio de 2008 proferida por el Juzgado Octavo Penal del Circuito Especializado de Bogotá.
I.3.- Pretensiones
La parte actora solicitó el amparo de sus derechos fundamentales invocados como violados y, en consecuencia, pide que se deje sin efecto la providencia de 29 de abril de 2020, proferida dentro del proceso de reparación directa identificado con el número único de radicación 25000-23-26-000-2010-00698-01, en los siguientes términos:
“[…] 2.1. Como mecanismo de protección eficaz, solicito señor Juez, TUTELAR a favor de mis defendidos AMANDA SOFÍA TOVAR VIZCAYA, ANDRÉS FELIPE MÉNDEZ TOVAR, EDWIN TOVAR VIZCAYA, EMILIO TOVAR DÍAZ, FRAVIR MATEO PADILLA TOVAR, HERMINSO TOVAR VIZCAYA, JOSÉ MAURICIO TOVAR VIZCAYA Y LUCILA VIZCAYA, los derechos fundamentales a la DIGNIDAD HUMANA, IGUALDAD, DEBIDO PROCESO, A LA LIBERTAD, y de ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, y de los que llegare a determinar esta Honorable Corporación, los cuales han sido vulnerados abiertamente por la accionada.
2.2. Como consecuencia de la anterior decisión se sirva DEJAR SIN EFECTO la sentencia proferida dentro del proceso de reparación directa, en segunda instancia, por el Honorable CONSEJO DE ESTADO- SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN “C” y ORDENAR a dicha autoridad judicial que, en el término de 30 días profiera un fallo de reemplazo en el que al resolver el caso concreto, profiera una nueva decisión atendiendo que la señora AMANDA SOFÍA TOVAR VIZCAYA no estaba en el deber jurídico de soportar la privación de su libertad, atendiendo a lo normado en los artículo 90 y 95 de nuestra Carta Política.
2.3. Las demás que determine su majestad […]”.
I.4.- Defensa
I.4.1.- La SECCIÓN TERCERA sostuvo que la solicitud de tutela es improcedente por no cumplir con el requisito de relevancia constitucional, toda vez que los argumentos expuestos por la parte actora tienen como finalidad debatir el objeto del proceso de reparación directa en una tercera instancia.
Indicó que la providencia objeto de la solicitud no vulneró los derechos fundamentales invocados por cuanto tuvo en cuenta los medios de prueba allegados al expediente y las normas aplicables al caso concreto sobre la procedencia de la detención preventiva.
Manifestó que en la providencia de 29 de abril de 2020, valoró las pruebas allegadas al proceso y consideró que la FISCALÍA demostró que la medida de aseguramiento se ajustó a los límites de razonabilidad y proporcionalidad, pues los hechos inferidos de los medios de prueba recaudados constituían indicios suficientes para que el ente investigador la decretara por la presunta comisión de los delitos de falsedad en documento público, cohecho propio y concierto para delinquir.
Adujo que dentro del proceso se tuvo en cuenta que la FISCALÍA expuso que la medida restrictiva de la libertad resultaba necesaria para asegurar la comparecencia de los investigados al proceso, evitar la continuación de la conducta delictiva que comprometía el erario e impedir la realización de actos de ocultamiento o destrucción de pruebas pues varios de los vinculados informaron que un alto funcionario reversaría las actuaciones irregulares a cambio del pago de mil millones de pesos.
I.5.- Interviniente
I.5.1.- La FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN manifestó que la solicitud de tutela era improcedente, por cuanto, a su juicio, la parte actora no sustentó las causales específicas de procedibilidad de la acción de tutela que invocó contra la sentencia de 29 de abril de 2020, proferida por la SECCIÓN TERCERA.
Señaló que la parte actora no demostró que la autoridad accionada hubiera interpretado irregularmente el artículo 68 de la Ley 270 de 1996, ni la Constitución Política, toda vez que dentro de la providencia objeto de la solicitud se verificó que la medida privativa de la libertad fue legal, razonada y proporcional.
Expuso que la decisión de la SECCIÓN TERCERA no fue irrazonable, desproporcionada, arbitraria o caprichosa, pues se fundó en la norma aplicable al caso concreto y en los elementos probatorios allegados al proceso de reparación directa.
Manifestó que la SECCIÓN TERCERA no incurrió en defecto fáctico, pues contó con los elementos de juicio suficientes para adoptar una decisión en segunda instancia, los cuales fueron valorados de manera adecuada.
Indicó que la SECCIÓN TERCERA no vulneró derecho fundamental alguno, pues fundamentó su decisión en la sentencia SU 072 de 2018, proferida por la Corte Constitucional, que examinó el régimen de responsabilidad aplicable en los procesos de reparación directa que versan sobre presuntas privaciones injustas de la libertad.
Señaló que la solicitud no cumple con el requisito de la subsidiariedad, sin embargo, no indicó cual era el medio de defensa judicial que la parte actora tenía a su alcance para la protección de sus derechos fundamentales.
I.5.2.- el Tribunal pese a ser debidamente notificado, guardó silencio.
II. FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA
Mediante sentencia de 3 de junio de 2021, la SECCIÓN CUARTA denegó el amparo solicitado.
Sostuvo que si bien de la lectura de la sentencia de 10 de julio de 2008, proferida por el Juzgado Octavo Penal del Circuito Especializado de Bogotá, se advertía que la señora AMANDA SOFÍA TOVAR VIZCAYA fue absuelta de los cargos imputados por la FISCALÍA, dicha circunstancia por sí sola no implicaba que hubiera sido privada injustamente de su libertad.
Indicó que la absolución de responsabilidad penal del investigado no constituye la declaratoria automática de responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad, pues el Juez Contencioso Administrativo debe estudiar dentro del proceso las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se produjo la medida de detención preventiva.
Sostuvo que la SECCIÓN TERCERA no aplicó indebidamente el artículo 356 de la Ley 600 de 2000, pues efectuó un análisis de las pruebas allegadas al proceso y llegó a la conclusión de que la medida de detención preventiva impuesta a la señora AMANDA SOFÍA TOVAR VIZCAYA cumplía con los criterios de razonabilidad, proporcionalidad y necesidad.
III. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
La parte actora solicitó revocar la decisión proferida por la SECCIÓN CUARTA y, en su lugar, acceder a las pretensiones de la acción.
Señaló que, contrario a lo señalado por el a quo, la SECCIÓN TERCERA sí incurrió en defecto fáctico pues no tuvo en cuenta que en la sentencia de 10 de julio de 2008, el Juzgado Octavo Penal del Circuito Especializado de Bogotá desvirtuó los indicios en que fue fundamentada la medida de detención preventiva impuesta a la señora AMANDA SOFÍA TOVAR VIZCAYA.
Indicó que la SECCIÓN TERCERA también incurrió en defecto sustantivo, por cuanto no tuvo en cuenta que no se cumplieron los requisitos establecidos en el artículo 356 de la Ley 600, para imponer la medida de detención preventiva a la señora AMANDA SOFÍA TOVAR VIZCAYA, habida cuenta que estos fueron desvirtuados por el Juzgado Octavo Penal del Circuito Especializado de Bogotá.
IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en concordancia con el artículo 1º del Decreto 1983 de 30 de noviembre de 2017 y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la distribución de negocios entre las secciones.
Generalidades de la acción de tutela contra providencia judicial
Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012 (Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello, Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela contra providencias judiciales cuando se esté en presencia de la violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente.
En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, con ponencia del Consejero doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).
En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, así:
“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones HYPERLINK "http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2005/c-590-05.htm" \l "_ftn4#_ftn4" [4]. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable HYPERLINK "http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2005/c-590-05.htm" \l "_ftn5#_ftn5" [5]. De allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración HYPERLINK "http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2005/c-590-05.htm" \l "_ftn6#_ftn6" [6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora HYPERLINK "http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2005/c-590-05.htm" \l "_ftn7#_ftn7" [7]. No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible HYPERLINK "http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2005/c-590-05.htm" \l "_ftn8#_ftn8" [8]. Esta exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección constitucional de sus derechos.
f.
Que no se trate de sentencias de tutela HYPERLINK "http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2005/c-590-05.htm" \l "_ftn9#_ftn9" [9]. Esto por cuanto los debates sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.
… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican.
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales HYPERLINK "http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2005/c-590-05.htm" \l "_ftn10#_ftn10" [10] o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado HYPERLINK "http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2005/c-590-05.htm" \l "_ftn11#_ftn11" [11].
i. Violación directa de la Constitución […]”. (Negrillas fuera del texto)
La Sala observa que en el presente caso se cumple con el requisito de la relevancia constitucional, por cuanto la parte actora plantea con suficiente carga argumentativa las razones por las cuales, en su criterio, se han vulnerado sus derechos fundamentales; contra la decisión cuestionada no procede recursos y tampoco se estructuran las causales de los recursos extraordinarios de revisión (artículo 248 y ss. del CPACA) y unificación de jurisprudencia (artículo 256 y ss., ídem); la acción de tutela se interpuso en un plazo razonable, la solicitud identifica los hechos y el derecho que se estima lesionado; y, por último, no se trata de una acción de tutela contra sentencia de tutela.
Verificado lo anterior, a la Sala le corresponde examinar si la autoridad judicial accionada vulneró los derechos fundamentales invocados por la parte actora.
Análisis del caso concreto
En el presente asunto, la Sala advierte que la parte actora pretende que se deje sin efecto la providencia de 29 de abril de 2020, proferida por la SECCIÓN TERCERA dentro del proceso de reparación directa identificado con el número único de radicación 25000-23-26-000-2010-00698-01.
A la citada providencia se le atribuye la vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a la dignidad humana, a la igualdad, a la libertad y a la honra, habida cuenta que, a juicio de la parte actora, la autoridad judicial accionada incurrió en defecto fáctico al valorar incorrectamente la sentencia de 10 de julio de 2008, proferida por el Juzgado Octavo Penal del Circuito Especializado de Bogotá, en la que consideran, se demostró que la medida privativa de la libertad de la señora AMANDA SOFÍA TOVAR VIZCAYA fue dictada sin fundamento alguno.
Estiman que la SECCIÓN TERCERA vulneró el artículo 90 de la Constitución Política y aplicó indebidamente el artículo 356 de la Ley 600, habida cuenta que se demostró que la medida de detención preventiva impuesta a la señora AMANDA SOFÍA TOVAR VIZCAYA fue arbitraria e ilegal.
La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por la SECCIÓN CUARTA, mediante sentencia de 3 de junio de 2021, en la que denegó el amparo solicitado, por considerar que la SECCIÓN TERCERA no había incurrido en el defecto fáctico invocado, pues de la revisión de la providencia objeto de la controversia se desprendía que la accionada había valorado debidamente las pruebas practicadas dentro del proceso de reparación directa.
Sostuvo que no se vulneraron los artículos 90 de la Constitución Política y 356 de la Ley 600, pues de la revisión de las pruebas allegadas al proceso se podía concluir que la medida de detención preventiva fue razonable, proporcional y legal.
La parte actora impugnó la anterior decisión, debido a que, a su juicio, en el presente caso si se demostró que si se configuraron los defectos fáctico, vulneración de la Constitución y sustantivo.
Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala advierte que para establecer si la SECCIÓN TERCERA vulneró los derechos fundamentales invocados por los actores, resulta necesario referirse a lo considerado por la Corte Constitucional y la Sección Tercera sobre el régimen de imputación en los casos de privación injusta de la libertad.
La Corte Constitucional en la sentencia SU 072 de 2018, se refirió al alcance del artículo 68 de la Ley 270 y al régimen de imputación aplicable en los casos de responsabilidad del Estado por la privación de la libertad, en el siguiente sentido:
“[…] De esta manera, dependiendo de las particularidades del caso, es decir, en el examen individual de cada caso, como lo han sostenido el Consejo de Estado y la Corte Constitucional, el juez administrativo podrá elegir qué título de imputación resulta más idóneo para establecer que el daño sufrido por el ciudadano devino de una actuación inidónea, irrazonable y desproporcionada y por ese motivo, no tenía por qué soportarse.
105. Esta Corporación comparte la idea de que en dos de los casos deducidos por el Consejo de Estado –el hecho no existió o la conducta era objetivamente atípica- es posible predicar que la decisión de privar al investigado de su libertad resulta irrazonable y desproporcionada, luego, para esos eventos es factible aplicar un título de atribución de carácter objetivo en el entendido de que el daño antijurídico se demuestra sin mayores esfuerzos.
[…]
106. Así las cosas, los otros dos eventos definidos por el Consejo de Estado como causas de responsabilidad estatal objetiva –el procesado no cometió la conducta y la aplicación del in dubio pro reo- exigen mayores esfuerzos investigativos y probatorios, pues a pesar de su objetividad, requiere del Fiscal o del juez mayores disquisiciones para definir si existen pruebas que permitan vincular al investigado con la conducta punible y presentarlo como el probable autor de la misma.
La condena automática del Estado cuando se logra demostrar que el acusado no fue responsable de la conducta punible –antes, “no cometió el hecho”- o que su responsabilidad no quedó acreditada con el grado de convicción que exige la normativa penal, no satisface la necesidad de un ordenamiento armónico que además avance a la par de los desafíos normativos.
Téngase en cuenta, por ejemplo, que en el esquema procesal penal anterior al actual el Fiscal tenía la posibilidad de interactuar de manera más directa con la prueba; sin embargo, una vez se expide la Ley 906 de 2004, el protocolo procesal e investigativo cambió trascendentalmente de tal manera que la inmediación probatoria queda como asunto reservado al juez de conocimiento y, en ese orden, una investigación que en principio parecía sólida, podría perder vigor acusatorio en el juicio oral.
En un esquema acusatorio, que se basa en actos de investigación a cargo principalmente de la policía judicial, en el cual la contradicción y la valoración de la prueba , se materializan en el juicio oral, es desproporcionado exigirle al Fiscal y al juez con función de control de garantías que hagan valoraciones propias de otras fases procesales en aras de definir, en etapas tan tempranas y a partir de elementos con vocación probatoria que se mostraban uniformes, la imposibilidad de que el procesado hubiera ejecutado la conducta, ya que, se reitera, quien tiene la competencia para decidir acerca de la contundencia demostrativa de aquellos elementos es un funcionario judicial que actúa en etapas posteriores a las previstas para definir asuntos como la libertad.
Es incuestionable, entonces, que solo ante la contradicción en el juicio oral se puede evidenciar que los testimonios, las pericias y los demás tipos de prueba obtenidos por el Estado tenían fallas o admitían lecturas contrarias.
107. Así las cosas, incluir la absolución en ese caso o cuando, por ejemplo, no se logra desvirtuar la presunción de inocencia; concurre una causal de ausencia de responsabilidad como la legítima defensa o el estado de necesidad; o la conducta, a pesar de ser objetivamente típica, no lo era desde el punto de vista subjetivo, en los eventos en los cuales es indiscutible la responsabilidad estatal, además de negar los principios que la determinan, soslaya que tales circunstancias están determinadas por juicios esencialmente subjetivos.
Todo ello además exige tomar en cuenta que el nuevo sistema de procesamiento penal, inserto en la Ley 906 de 2004, es de naturaleza tendencialmente acusatoria y ha introducido figuras procesales propias de tal forma de investigar y acusar, entre las cuales ha de mencionarse –por ser relevantes para el asunto subjudice, el principio de oportunidad, la justicia premial y los preacuerdos y negociaciones.
Piénsese, por ejemplo, en los casos en que el ciudadano procesado, capturado en flagrancia o incluso mediando su aceptación de los cargos –confesión--, por razones de política criminal, después de varios meses de encarcelamiento efectivo, es beneficiado con la aplicación del principio de oportunidad (art. 324 y ss. del C. de P.P), caso en el cual a la postre será absuelto.
108. Lo anterior permite afirmar que establecer el régimen de imputación, sin ambages y como regla definitiva de un proceso de reparación directa por privación injusta de la libertad, contraviene la interpretación contenida en la sentencia C-037 de 1996 que revisó el artículo 68 de la Ley 270 de 1996, el cual debe entenderse como una extensión del artículo 90 superior, dado que así fue declarado en la correspondiente sentencia de constitucionalidad.
Conclusiones
118. El artículo 68 de la Ley 270 de 1996, al igual que la sentencia C-037 de 1996, no definen un régimen de imputación concreto.
119. Tanto la Corte Constitucional como el Consejo de Estado han aceptado que el juez administrativo, en aplicación del principio iura novit curia, deberá establecer el régimen de imputación a partir de las particularidades de cada caso.
120. Definir, una fórmula rigurosa e inflexible para el juzgamiento del Estado en los casos de privación injusta de la libertad contraviene el entendimiento del artículo 68 de la Ley 270 de 1996 y de paso el régimen general de responsabilidad previsto en el artículo 90 de la Constitución Política.
121. Determinar, como fórmula rigurosa e inmutable, que cuando sobrevenga la absolución por no haberse desvirtuado la presunción de inocencia –aplicación del principio in dubio pro reo, o incluso en otros eventos, por ejemplo, cuando no se acreditó el dolo, es decir, operó una atipicidad subjetiva, el Estado debe ser condenado de manera automática, esto es, a partir de un título de imputación objetivo, sin que medie un análisis previo que determine si la decisión a través de la cual se restringió preventivamente la libertad fue inapropiada, irrazonable, desproporcionada o arbitraria, transgrede un precedente constitucional con efecto erga omnes, concretamente la sentencia C-037 de 1996.
Ahora bien, a pesar del criterio aplicado por el juez penal, el juez administrativo deberá establecer si está frente a un caso de duda acerca del valor demostrativo de la prueba recaudada o de su absoluta inexistencia y, en tal caso, elegir, si a ello hubiere lugar, un título de atribución objetiva. Esa libertad judicial también se extiende a la nominación de las causales de privación injusta, dado que estas no se agotan en el derogado artículo 414 del Código de Procedimiento Penal, en tanto responden a cierto estado de cosas, independientemente de estar o no normados […]”.
Igualmente, la Sección Tercera, en sentencia de 29 de noviembre de 2018, al estudiar la responsabilidad del Estado por privación de la libertad, para determinar si existía un daño antijurídico, estudió si la medida de detención preventiva era razonable y proporcional. Al respecto, sostuvo:
“[…] Para la Sala es claro que la detención preventiva que afrontó el señor Rafael Montes Miranda, entre el 14 de enero y el 8 de octubre de 2003, no es injusta, por cuanto la conducta de actos sexuales con menor de catorce años, al momento de la imposición de la medida, se consideraba como probable. De manera que el daño alegado en la demanda por la privación de la libertad del antes nombrado no es antijurídico y, en ese orden, estaría en el deber de soportarlo.
De lo anterior, se evidencia que, en el presente caso, la captura del señor Rafael Montes Miranda se dio en cumplimiento de una orden debidamente proferida y con base en el cumplimiento de los requisitos estipulados en la Ley 600 de 2000 para imponer la medida de aseguramiento.
Para la Sala es claro que, en el sub judice, la medida de detención preventiva fue razonable y proporcional, en atención a la especial confiablidad del relato de la menor XXX XXX XXX y porque obedecía a la necesidad de asegurar la comparecencia del sindicado al proceso y proteger a la menor, circunstancias por las que se debe descartar una falla en el servicio.
Para la Sala, la presunción de inocencia que se mantuvo incólume en la providencia de preclusión no constituye un emplazamiento indemnizatorio automático, ya que el juez contencioso, además de verificar si la decisión que privó de la libertad al señor Rafael Montes Miranda se apartó o no de los criterios que gobiernan la imposición de medidas preventivas, también se encuentra en el deber de considerar la conducta desplegada por la víctima, desde la perspectiva de los deberes generales de convivencia. Análisis ajeno a la responsabilidad penal, en cuanto se trata de establecer, en el marco de los hechos y de las pruebas consideradas en el proceso penal, si se está ante una conducta gravemente culposa o dolosa.
Si bien en materia penal las pruebas recaudadas no resultaron suficientes para convencer al juez penal más allá de toda duda razonable del acaecimiento del hecho, en materia extracontractual devienen en suficientes para negar la reparación reclamada por los demandantes. Esto es así porque responden a la explicación más razonable de lo probado […]”.
Así mismo, en sentencia de 28 de marzo de 2019, indicó:
“[…] De esta manera, observa la Sala que aun cuando a favor del señor Luis Rafael Redondo Uriana se profirió resolución de preclusión de la investigación en aplicación del principio de in dubio pro reo, porque la Fiscalía consideró que no existían suficientes elementos probatorios que permitieran mantener la medida de aseguramiento impuesta, la Subsección concluye que valoradas las pruebas allegadas al expediente, el juicio de las mismas se hizo en el trámite de la investigación penal y proferir la medida de aseguramiento resultaba plenamente razonable; ajustado a las disposiciones legales y, por tanto, era proporcional.
Con todo lo mencionado anteriormente, se deduce que el ente investigador tenía indicios y soporte probatorio suficiente para inferir que la denunciante había sido víctima del acceso carnal, obligada mediante intimidación, por lo que la Fiscalía General de la Nación se encontraba en el deber de investigar al sindicado y, además, privarlo de la libertad mediante una medida de aseguramiento en centro carcelario debido a la gravedad del delito por el cual fue procesado […]”. (Resaltado fuera de texto).
De la jurisprudencia anteriormente resaltada de la Corte Constitucional y de la Sección Tercera, se desprende que, en los casos en que se estudie la responsabilidad del Estado por privación de la libertad, corresponde al juez de lo contencioso administrativo determinar el régimen de imputación aplicable a cada caso concreto, sin que opere de forma automática el régimen objetivo, por cuanto en cada caso, debe realizarse un análisis que determine si la decisión a través de la cual se restringió preventivamente la libertad fue inapropiada, irrazonable, desproporcionada o arbitraria.
Descendiendo al caso concreto, se observa que a través de la sentencia de 29 de abril de 2020, la SECCIÓN TERCERA revocó la providencia de 8 de febrero de 2017 dictada por el Tribunal y, en su lugar, denegó las pretensiones de la demanda, por considerar que la FISCALÍA no era responsable administrativamente por la privación de la libertad de la señora AMANDA SOFÍA TOVAR VIZCAYA, por cuanto de la revisión de las pruebas obrantes en el expediente de reparación directa se desprendía que la actuación de la demandada no fue caprichosa ni deliberada. En la providencia tuvo como hechos probados los siguientes:
“[…] 4.1.2. La Fiscalía General de la Nación impuso medida de aseguramiento de detención preventiva en contra de Amanda Sofía Tovar Vizcaya y otros, el 19 de abril de 2006, porque consideró que los documentos aportados por la DIAN y los recaudados en el trámite de la investigación demostraron la existencia de un grupo de empleados públicos conformado para defraudar la recaudación de deudas tributarias por medio de la expedición de resoluciones falsas que permitían el archivo del proceso en beneficio del deudor que pagaba por el trámite fraudulento. Amanda Sofía Tovar Vizcaya, en condición de empleada pública de la DIAN, con funciones en la División de Cobranzas de la DIAN, tenía a su cargo varios de los procesos archivados en forma fraudulenta y su nombre apareció en uno de los documentos incautados a la empresa de asesoría tributaria Ortiz y Martínez, constituida por los implicados para contactar a los deudores tributarios.
[…]
4.1.6. El Juzgado Octavo Penal del Circuito Especializado de Bogotá profirió sentencia absolutoria a favor de Amanda Sofía Tovar Vizcaya y otro, con el argumento de que no existía prueba que condujera a la certeza sobre la responsabilidad de los sindicados en la comisión de la conducta punible. Aclaró que la materialidad de las conductas punibles y el aspecto objetivo de la tipicidad no ofrecía duda alguna, porque los hechos objeto de juzgamiento fueron definidos en la sentencia anticipada proferida en contra de Olga Acevedo, Henry Alejandro Álvarez, Enrique Martínez y William Alfonso Saltarén, que aceptaron, por lo que centró el análisis en determinar si Amanda Sofía Tovar Vizcaya y Ernesto Manuel Campo tuvieron algún grado de participación y responsabilidad en los delitos.
Al respecto, el juez penal consideró que si bien los indicios permitían inferir la participación de Amanda Sofía Tovar Vizcaya en los hechos delictivos, pues tenía a su cargo procesos de cobro archivados con resoluciones falsas y su nombre aparecía en los documentos incautados a la sociedad que cobraba por los trámites irregulares, tales demostraciones resultaban insuficientes para proferir sentencia condenatoria dado que no ofrecían certeza sobre la responsabilidad de la sindicada.
“(…) [A]firmar que el solo hecho de que un expediente afectado hubiera sido asignado a un procesado, quien lo tenía dentro de su haber de competencias laborales, ya constituye la prueba reina de la participación en el delio o de la responsabilidad en el proceso, es totalmente equivocado, al igual, que de manera contraria, creer que como en ninguna parte aparece que el expediente fue asignado al procesado esto inmediatamente lo libera de responsabilidad.
Lo anterior, en verdad, de una forma u otra constituye un indicio en cualquiera de los dos sentidos reseñados en el párrafo anterior, pero no alcanza a recibir un adjetivo definitivo o una graduación determinada, pues esto se lo dará las circunstancias específicas del caso concreto. En el asunto que hoy centra nuestra atención realmente tenemos un hecho probado, esto es, se le asignó el caso a un funcionario y este estaba dentro de sus tareas y obligaciones, sin embargo el as de posibilidades es muy amplio y a medida que se van analizando otros sucesos, el hecho indicador va perdiendo peso (…)
Los defensores de los procesados se preocuparon por tratar de mostrar que una serie de circunstancias y de hechos probados no se ajustaban a sus patrocinados y que, si bien es cierto, podía existir algo, como por ejemplo que la señora TOVAR VIZCAYA estuviera en el listado obtenido en la firma ORTIZ & MARTINEZ, esto no era suficiente en razón a que se debía tener en cuenta que en la agenda no estaba; asimismo que no había prueba testimonial en su contra (…)
(…) [E]l debate probatorio y argumentativo que se llevó a cabo en la audiencia pública, no hace sino llevar al convencimiento a este funcionario de que la sentencia que se debe proferir en este caso es de carácter absolutorio y que cualquier indicio, cualquier elemento argumentativo respecto a estos procesados, por mínimos que sean, son aplastados contundentemente por el principio de que toda duda debe resolverse a favor de ellos y así tendrá que decirse en la parte resolutiva de este fallo” […]”.
De lo anterior, se advierte que la SECCIÓN TERCERA analizó los hechos probados y los elementos probatorios allegados al expediente llegando a la conclusión de que la medida de detención preventiva impuesta a la señora AMANDA SOFÍA TOVAR VIZCAYA fue legal, razonable y proporcional, con fundamento en lo siguiente:
“[…] En este caso está acreditado que la Fiscalía General de la Nación impuso medida de aseguramiento de detención preventiva en contra de Amanda Sofía Tovar Vizcaya como presunta autora de los delitos de concierto para delinquir, cohecho propio y falsedad en documento público, por medio de decisión escrita proferida el 19 de abril de 2006, en ejercicio de las funciones de investigación e instrucción de la acción penal previstas en el artículo 250 de la Constitución Política vigente en esa época.
En relación con los requisitos sustanciales, los artículos 356 y 357 del Código de Procedimiento Penal, Ley 600 de 2000, vigentes al momento de imposición de la medida, establecían que la detención preventiva procedía, entre otros eventos, cuando el delito imputado tuviera prevista una pena de prisión mínima o superior de cuatro (4) años y solo cuando existieran dos indicios graves de responsabilidad procedentes de los medios de prueba legalmente practicados en el proceso.
Respecto del primer requisito, la norma penal aplicada al caso prevé que los delitos de falsedad en documento público y cohecho propio imputados a Amanda Sofía Tovar Vizcaya, en condición de servidor público de la DIAN, tenían una pena de prisión mínima de cuatro (4) y cinco (5) años, por lo que la medida de aseguramiento proferida por la Fiscalía Doce Delegada ante los Jueces Penales Especializados de Bogotá, encaja dentro de los casos en que era procedente.
En lo que tiene que ver con el segundo requisito, está acreditado que la Fiscalía General de la Nación al definir la situación jurídica de los investigados tomó como punto de partida las pruebas documentales aportadas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales ⎯DIAN⎯ Seccional Barranquilla, las entregadas por la fuente anónima y las incautadas en las diligencias de allanamiento y registro a la empresa Ortiz y Martínez Asociados Ltda. y en la vivienda de uno de los servidores públicos implicados en las conductas delictivas, que daban cuenta de las defraudaciones cometidas en los procesos de cobro de deudas tributarias finalizados con resoluciones falsas en beneficio de los deudores que pagaban una suma de dinero a cambio de la actuación irregular ofrecida por servidores públicos del organismo.
“Véase que en la información contenida en los CDs entregados por la fuente, se confirma con la contenida en los computadores incautados a la firma ORTIZ & MARTINEZ ASOCIADOS, empresa ésta señalada como una de las oficinas paralelas a la DIAN; archivos estos que se refieren no solo a los contribuyentes que han sido beneficiados por medio de actos irregulares, sino además las personas fueron (sic) las encargadas de contactar a dichos contribuyentes, el monto de su obligación para con el fisco, el cobro realizado a los mismos y la distribución de dichos dineros obtenidos en forma irregular. Asimismo, la contabilidad de pago a terceros, refiriéndose estos a las mismas personas señaladas por la fuente como los comprometidos en las defraudaciones.
(…)
Contribuyentes estos que fueron beneficiados, al ser borradas sus deudas fiscales del sistema SISCOBRA, amparados en resoluciones de remisibilidad ficticias, tal como lo certifica la DIAN y como se demuestra a continuación:
(…)
PARA AMANDA TOVAR
INVERSIONES ESCHAMS LEIVA Y CIA., con resolución de remisibilidad N° 900005 del 5 de febrero de 2004 por renta; UNIÓN TEMPORAL CASTRO TCI, con resolución de remisibilidad 928 de 15 de diciembre de 2003, por retención en la fuente e INVERSIONES CHAMS PUCHE, con resolución de remisibilidad N° 928 de 5 de diciembre de 2003, por renta.
(…)
Demostrado como queda la afectación de las cuentas corrientes de dichos contribuyentes, por medio de las resoluciones de remisibilidad, de los cuales no se encontraron soporte, se concluye que las cifras que aparecen en los cuadros que aparecen en la CPU incautada a la EMPRESA ORTIZ & MARTINEZ, hacen alusión al valor de la deuda fiscal, lo cobrado para realizar las defraudaciones y la forma como se repartieron dichos dineros.
Por igual, se llega a la misma conclusión en relación con LILIAN BENAVIDES, JOSÉ ALFREDO MINDIOLA DÁVILA Y AMANDA TOVAR, respecto de los cuales obran las mismas pruebas ya reseñadas con relación a los sindicados nombrados en precedencia
(…)
AMANDA TOVAR, aparece como responsable de los expedientes de varias empresas beneficiarias por el proceder ilícito, según el listado aportado por la DIAN, en concreto, en el folio 17 y 105 (sic) del primer cuaderno. Es señalada como comprometida, en concreto, en las resoluciones de remisibilidad espurias N° 929 del 15 de diciembre de 2004 que ella misma llevaba del contribuyente FUNCIONES DE LIMA, por concepto de ventas; con el mismo número y de la misma fecha a favor de INVERSIONES CHAMS y UNIÓN TEMPORAL CASTRO CHERRASSSI (sic); aparece además en el cuadro de folio 119 del cuaderno 3”[ - ].
Los medios de prueba descritos por la Fiscalía General de la Nación fueron apreciados en conjunto con las diligencias de indagatoria en las que varios de los implicados asumieron responsabilidad en los hechos e implicaron a varios servidores públicos de la DIAN adscritos a las Divisiones de Cobranzas y de Recaudación que tenían a su cargo la elaboración o revisión de resoluciones de remisibilidad, como era el caso de Amanda Sofía Tovar Vizcaya.
Una de las diligencias de indagatoria citadas en la resolución que resolvió la situación jurídica de los investigados, fue la rendida por Henry Alejandro Álvarez Rubio en la que afirmó que los nombres de los empleados de la DIAN que aparecen en los archivos de los computadores incautados a la empresa Ortiz y Martínez, están allí porque participaron en los actos delictivos.
Las pruebas recaudadas por la Fiscalía General de la Nación al momento de definir la situación jurídica de los investigados, demostraron la existencia de un grupo de empleados de la DIAN conformado con la finalidad de realizar actuaciones fraudulentas valiéndose de las funciones atribuidas al cargo público que desempeñaban, entre otras, las de proferir y revisar resoluciones que ponían fin a procesos de cobro de deudas tributarias, y la de registrar actuaciones en las bases de datos Siscobra candado y SIPAC de uso exclusivo de la DIAN, protegidas con clave de acceso.
En ese contexto, la Fiscalía General de la Nación reunió pruebas que demostraron la condición de servidora pública de Amanda Sofía Tovar Vizcaya, con funciones en la División de Cobranzas de la DIAN en Barranquilla, encargada de procesos de cobro de deudas tributarias que, en varios casos, terminaron con resoluciones de remisibilidad falsas registradas en las bases de datos.
De los hechos probados referidos, la Fiscalía General de la Nación infirió que Amanda Sofía Tovar Vizcaya conocía las actuaciones ilegales y participó en su realización, porque varios de los procesos que tenía a su cargo como servidor público de la DIAN terminaron con decisiones falsificadas, registradas en la base de datos protegidas con claves que ella manejaba, en beneficio de deudores tributarios que pagaron por la realización de los actos irregulares a través de la fachada creada por la sociedad Ortiz & Martínez, a la que le fueron incautados documentos en los que aparecía su nombre, junto al de otros empleados y particulares que confesaron las conductas delictivas.
Lo expuesto demuestra que la restricción de la libertad impuesta por la Fiscalía General de la Nación en contra de Amanda Sofía Tovar Vizcaya se ajustó a los límites de razonabilidad y proporcionalidad pues los hechos inferidos de los medios de prueba recaudados constituían indicios suficientes para que la Fiscalía General de la Nación decretara la medida de aseguramiento de detención preventiva por los delitos de falsedad en documento público, cohecho propio y concierto para delinquir.
Asimismo, la Fiscalía General de la Nación expuso que la medida restrictiva de la libertad resultaba necesaria para asegurar la comparecencia de los investigados al proceso, evitar la continuación de la conducta delictiva que comprometía el erario y para impedir la realización de actos de ocultamiento o destrucción de pruebas pues varios de los vinculados informaron que un alto funcionario reversaría las actuaciones irregulares a cambio del pago de mil millones de pesos. […]”
Teniendo en cuenta lo anterior, se observa que la SECCIÓN TERCERA no incurrió en defecto fáctico, por cuanto de la revisión de la sentencia de 29 de abril de 2020, se advierte que la accionada valoró conforme a las reglas de la sana crítica los elementos probatorios allegados al proceso de reparación directa incluyendo la sentencia de 10 de julio de 2008, proferida por el Juzgado Octavo Penal del Circuito Especializado de Bogotá.
En efecto, de la revisión de la providencia objeto de la solicitud, se advierte que con base en la valoración de medios probatorios como las pruebas documentales recaudadas dentro del proceso penal allegadas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN- Seccional Barranquilla, una fuente anónima y las incautadas en diligencias de allanamiento y registro, se podía llegar a la conclusión de que la imposición de la medida de aseguramiento había respondido a criterios de legalidad, proporcionalidad y razonabilidad.
En ese sentido, se observa que la SECCIÓN TERCERA teniendo en cuenta los elementos probatorios allegados al proceso, verificó que la medida de aseguramiento era razonable, habida cuenta que en el momento de su imposición existían elementos probatorios que permitían inferir el conocimiento y la participación de la señora AMANDA SOFÍA TOVAR VIZCAYA en los hechos delictivos denunciados, toda vez que varios de los procesos que tenía a su cargo finalizaron con decisiones falsificadas en beneficio de deudores tributarios que pagaron por la realización de los actos irregulares a través de la sociedad Ortiz & Martínez, a la que le fueron incautados documentos en los que aparecía su nombre, junto al de otros empleados y particulares que confesaron las conductas delictivas.
Igualmente, se advierte que la SECCION TERCERA no vulneró el artículo 90 de la Constitución Política, pues analizó el caso de la privación de la libertad que padeció la señora AMANDA SOFÍA TOVAR VIZCAYA, teniendo en cuenta lo previsto en el artículo artículo 68 de la Ley 270 y los criterios establecidos por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, según los cuales en los casos en que la persona es absuelta en aplicación del principio in dubio pro reo debe estudiarse la razonabilidad y proporcionalidad de la medida por medio de la cual se priva de la libertad a la persona con miras a determinar la existencia de un daño antijurídico.
También se advierte que la SECCIÓN TERCERA no incurrió en defecto sustantivo por aplicar indebidamente el artículo 356 de la Ley 600, pues de la revisión de la providencia objeto de la solicitud se observa que la accionada analizó los fundamentos y los documentos con base en los cuales la FISCALÍA impuso la medida privativa de la libertad a la señora AMANDA SOFÍA TOVAR VIZCAYA, llegando a la conclusión de que al momento de su aplicación existían varios elementos probatorios e indicios que hacían que la medida fuera legal, razonable y proporcional.
Situación diferente es que el Juzgado Octavo Penal del Circuito Especializado de Bogotá, mediante sentencia de 10 de julio de 2008, haya llegado a la conclusión de que no podía condenarse penalmente a la señora AMANDA SOFÍA TOVAR VIZCAYA por la comisión de los delitos de concierto para delinquir, falsedad material en documento público y cohecho propio, en aplicación del principio in dubio pro reo, circunstancia que no impide que el Juez de lo Contencioso Administrativo analice la responsabilidad del Estado por su privación de la libertad analizando la legalidad, razonabilidad y proporcionalidad de la medida al momento de su imposición para determinar la existencia de un daño antijurídico.
Circunstancia distinta es el hecho que la parte actora no comparta lo decidido en la providencia cuestionada, lo cual no implica la vulneración de los derechos fundamentales invocados ni la configuración de los defectos alegados.
En consecuencia, se confirmará el fallo impugnado, que denegó la solicitud de amparo presentada por la actora, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: CONFIRMAR el fallo impugnado, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma más expedita.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 20 de agosto de 2021.
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Salva voto
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
En adelante Sección Cuarta.
En adelante Sección Tercera.
“ARTICULO 287. FALSEDAD MATERIAL EN DOCUMENTO PÚBLICO. El que falsifique documento público que pueda servir de prueba, incurrirá en prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento ocho (108) meses.
Si la conducta fuere realizada por un servidor público en ejercicio de sus funciones, la pena será de sesenta y cuatro (64) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de ochenta (80) a ciento ochenta (180) meses”.
“ARTÍCULO 340. Cuando varias personas se concierten con el fin de cometer delitos, cada una de ellas será penada, por esa sola conducta, con prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento ocho (108) meses.”.
“ARTÍCULO 405. El servidor público que reciba para sí o para otro, dinero u otra utilidad, o acepte promesa remuneratoria, directa o indirectamente, para retardar u omitir un acto propio de su cargo, o para ejecutar uno contrario a sus deberes oficiales, incurrirá en prisión de ochenta (80) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses, multa de sesenta y seis punto sesenta y seis (66.66) a ciento cincuenta (150) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de ochenta (80) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses”.
“Por la cual se expide el Código Penal”.
En adelante la Fiscalía.
En adelante el Tribunal.
Ley estatutaria de la administración de justicia.
Así lo determinó la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 (Expediente nro. 2012-02201, Consejero ponente: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez).
“ARTÍCULO 68. PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD. Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado reparación de perjuicios”.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 29 de noviembre de 2018, C.P. María Adriana Marín, número único de radicación 2005-01917-01.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 28 de marzo de 2019, C.P. María Adriana Marín, número único de radicación 2004-00987-01.
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